Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02479-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-02479-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02479-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02479-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
21 de agosto de 2025
1
Radicado: 11001 03 15 000 2025 02479 01
Demandante: Luz Stella Carranza Aguirre
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025).
Expediente: 11001 03 15 000 2025 02479 01
Accionante: Luz Stella Carranza Aguirre
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Tesis: Cumple el requisito de subsidiariedad la acción de tutela contra providencia
judicial si la actora agotó los medios ordinarios de defensa y sustancialmente la
controversia planteada en sede constitucional es la misma que en la ordinaria.
No cumple con el requisito de relevancia constitucional la acción de tutela en la que
se pretende reabrir el debate de instancia.
ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia del 20 de junio de 2025, proferida por la Sección Tercera Subsección B
del Consejo de Estado.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La señora Luz Stella Carranza Aguirre, actuando por intermedio de
apoderado, interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del
Tolima, al considerar vulnerados sus derechos al debido proceso, defensa, mínimo
vital en conexidad con el derecho a la vida, con ocasión de la sentencia de 5 de
diciembre 2024, proferida en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicado 73001 3333 009 2022 00280
00/01.
Para el efecto, formuló las siguientes pretensiones:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001 03 15 000 2025 02479 01
Demandante: Luz Stella Carranza Aguirre
«I. PRETENSIONES
1.1. Se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, derecho de
defensa, derecho al mínimo vital y móvil en conexidad con el derecho a la vida
de LUZ STELLA CARRANZA AGUIRRE identificada con la cédula de
ciudadanía No.28.741.892.
1.2. En consecuencia, de la anterior declaración, se deje sin valor ni efectos
jurídicos la sentencia del 05 de diciembre de 2024 que negó las pretensiones
de la demanda, ordenado el reintegro de la actora hasta que cumpla los
requisitos para obtener su pensión de vejez y sea ingresada a nómina de
pensionados, dado que su historia laboral de COLPENSIONES únicamente
refleja 1.288,29 semanas de cotización y para el momento del retiro contaba
con 54 años de edad.
1.3. Así mismo, en el término que prudencialmente fije la H. Corporación, se
ordene al Tribunal Accionado dictar el fallo de reemplazo en el que se imprima
la debida valoración probatoria.
1.4. De manera subsidiaria y de no ser posible lo anterior, se INSTE a la entidad
demandada Policía Nacional a que oficie a COLPENSIONES con miras a que
se corrija y actualice la historia laboral.»1.
1.2. Como fundamento de su solicitud, expuso que, mediante Orden Administrativa
de Personal No. 1-085 del 21 de abril de 1997, fue nombrada en provisionalidad en el
cargo de Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa, código 6-1, grado 11, en la
Policía Nacional. Indicó que, a pesar de haber laborado en la entidad por más de
veinticinco (25) años, en su historia laboral de Colpensiones únicamente figuran mil
doscientas ochenta y ocho coma veintinueve (1.288,29) semanas cotizadas. Señaló
que, como resultado de un concurso de méritos, en la Resolución No. 1038 de 25 de
abril de 2022 se dispuso la terminación de su nombramiento, con efectos a partir del
6 de mayo del mismo año.
Indicó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto
administrativo que dispuso su retiro, radicada bajo el No. 73001 3333 009 2022 00280
00.
En primera instancia, el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué, mediante
sentencia del 15 de marzo de 2024, negó las pretensiones al considerar que la
desvinculación se ajustó a derecho. Particularmente, resaltó que la vinculación de la
actora estaba regida por las normas del personal no uniformado de la Policía Nacional,
que integraban la carrera administrativa, y que, al encontrarse en provisionalidad,
1 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001 03 15 000 2025 02479 01
Demandante: Luz Stella Carranza Aguirre
podía ser retirada para proveer el cargo con un candidato en lista de elegibles. En
cuanto a la condición de prepensionada, señaló que aunque la actora ya contaba con
más de veinticinco (25) años de labores y únicamente le faltaba alcanzar la edad, no
reunía los requisitos para ser considerada dentro de dicha categoría. Asimismo,
descartó la estabilidad reforzada por madre cabeza de familia, al establecer que
convivía en unión libre.
Inconforme con la decisión, la señora Carranza Aguirre interpuso recurso de
apelación. Sostuvo que gozaba de estabilidad reforzada, pues al momento de su
desvinculación tenía cincuenta y cuatro (54) años, menos de tres para pensionarse,
era madre cabeza de familia y padecía una enfermedad de origen laboral.
El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 5 de diciembre de 2024,
confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
Estableció que la actora fue vinculada en 1997, cuando el Decreto 1214 de 1990 ya
había sido declarado inexequible por la Corte Constitucional, y que su nombramiento
debía entenderse como provisional al no haber sido precedido por concurso de
méritos. Indicó que, si bien algunas pruebas registraban su vinculación en propiedad,
ello obedecía a errores administrativos sin efectos jurídicos. Determinó que el acto
demandado estuvo debidamente motivado, que la estabilidad relativa de los
empleados provisionales no prevalece sobre el derecho de quien supera un concurso
de méritos, y que la provisión del cargo mediante lista de elegibles constituía justa
causa para el retiro. Verificó que la demandante contaba con más de mil trescientas
(1.300) semanas de cotización y que solo le restaba cumplir la edad para acceder a la
pensión. Finalmente, descartó la aplicación de la estabilidad reforzada por condición
de madre cabeza de familia o por discapacidad, al no existir dictamen que acreditara
pérdida de capacidad laboral.
La accionante cuestionó que la anotada providencia aplicara de forma indiscriminada
la sentencia SU-003 de 2018, relativa a la protección de prepensionados en empleos
de libre nombramiento y remoción, categoría que no correspondía a su caso, pues
ocupaba un cargo de carrera en provisionalidad que exigía justa causa para el retiro.
Alegó que no se valoró adecuadamente su historia laboral ni que, bajo el régimen de
la Ley 100 de 1993, contaba con mil doscientas ochenta y ocho punto veintinueve
(1.288,29) semanas cotizadas, de manera que no es cierto que superara las mil
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001 03 15 000 2025 02479 01
Demandante: Luz Stella Carranza Aguirre
trescientas (1.300) semanas exigidas. Manifestó que padece múltiples patologías que
afectan su vida diaria e impiden generar ingresos para continuar cotizando, entre ellas
«G560 Síndrome del túnel carpiano, M150 Artrosis primaria generalizada, M751
Síndrome de manguito rotatorio, M432 Cervicalgia, I10X Hipertensión, E669 Obesidad
y G473 Apnea del sueño»2, entre otras registradas en su historia clínica.
Adicionalmente, afirmó que presenta obligaciones financieras con GNB Sudameris y
Banco Popular, que se encuentran en mora y son objeto de procesos ejecutivos en su
contra.
1.3. En cuanto a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, afirmó
que el asunto reviste relevancia constitucional, pues la decisión cuestionada afecta su
derecho al debido proceso y mínimo vital al impedirle acceder a la pensión de vejez.
Explicó que, al momento del retiro, el 6 de mayo de 2022, tenía cincuenta y cuatro (54)
años y mil doscientas ochenta y ocho coma veintinueve (1.288,29) semanas
cotizadas, lo que la ubicaba en situación de prepensionada.
Indicó que cumplió con la subsidiariedad ya que la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima no es susceptible de otros recursos. Sobre la inmediatez,
precisó que la tutela se presentó cuatro (4) meses después de la decisión, plazo que
calificó como razonable.
Por último, manifestó que las irregularidades alegadas son de carácter sustantivo,
fáctico, por desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución
Política, no de orden procesal.
II. TRÁMITE DE LA TUTELA
2.1. La Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado, admitió la tutela
a través de auto de 5 de mayo de 20253 y ordenó notificar en calidad de accionado
al Tribunal Administrativo del Tolima. Además, vinculó como terceros con interés al
Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué, a la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional y a Colpensiones.
2 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai
3 Visible índice 4 del expediente 11001 0315 000 2025 02479 00 del Sistema de Gestión Judicial
Samai
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001 03 15 000 2025 02479 01
Demandante: Luz Stella Carranza Aguirre
2.2. El Tribunal Administrativo del Tolima mediante memorial de 12 de mayo de
20254, explicó que la terminación de la provisionalidad de la actora se sustentó en la
provisión del cargo mediante lista de elegibles, conforme al concurso de méritos.
Precisó que, aunque los empleados provisionales gozan de estabilidad relativa, esta
no puede prevalecer sobre los derechos de carrera de quienes superan el concurso.
Dijo que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos, toda
vez que el retiro se ajustó a los lineamientos legales y jurisprudenciales aplicables.
Alegó que la demandante no acreditó la condición de prepensionada, ya que aunque
cumplía el tiempo de servicios, únicamente le restaba alcanzar la edad para
pensionarse. Del mismo modo, descartó su calidad de madre cabeza de familia, dado
que sus hijas eran mayores de edad y no se probó su dependencia económica, así
como la estabilidad laboral reforzada por discapacidad, al no existir dictamen que
certificara pérdida de capacidad laboral. Precisó, además, que la providencia
cuestionada estuvo debidamente motivada, que se garantizaron los derechos al
debido proceso y al mínimo vital, y que no era posible controvertirla por vía de tutela,
al no configurarse una vía de hecho ni cumplirse los requisitos constitucionales para
la procedencia del amparo.
2.3. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional el día 12 de mayo de
20255, indicó que la providencia enjuiciada se fundamentó en razones jurídicas y
fácticas claras, sin que ello obedezca a una decisión caprichosa o arbitraria, y que se
brindaron todas las garantías procesales y sustanciales previstas en la Constitución
Política. Sostuvo que no se acreditaron los requisitos de procedencia fijados por la
Corte Constitucional para la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que
solicitó negar el amparo al no evidenciarse vulneración de derechos fundamentales.
2.4. El 12 de mayo de 20256, el Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué indicó
que la sentencia emitida y las demás actuaciones surtidas en el proceso ordinario se
ajustaron a fundamentos jurídicos y no fueron arbitrarias.
4 Visible índice 10 ibidem
5 Visible índice 11 ibidem
6 Visible a índice 13 ibidem
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001 03 15 000 2025 02479 01
Demandante: Luz Stella Carranza Aguirre
2.5. La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, en escrito de 13
de mayo de 20257, sostuvo que no existió vulneración de derechos fundamentales en
las decisiones judiciales cuestionadas, pues las mismas contaron con fundamentos
jurídicos y probatorios suficientes. Indicó que la desvinculación de la accionante
obedeció al resultado de un concurso de méritos.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado, en sentencia de 20
de junio de 2025, resolvió declarar improcedente la acción de tutela presentada por
la señora Luz Stella Carranza Aguirre en contra del Tribunal Administrativo del
Tolima, bajo las siguientes consideraciones:
Indicó que no se cumplía el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la
actora pretendía reabrir el debate ya resuelto en el proceso ordinario respecto de su
supuesta condición de prepensionada y la protección derivada de la misma. Señaló
que la acción de tutela no puede erigirse en una instancia adicional para controvertir
decisiones judiciales, y que las diferencias interpretativas con el juez natural no
constituyen, por sí solas, un asunto de relevancia constitucional. Además, si bien la
actora alegó la indebida aplicación de la Sentencia SU-003 de 2018, constató que
el Tribunal sí analizó dicha providencia, junto con otros precedentes, y concluyó que
su vinculación fue en provisionalidad y que no gozaba de estabilidad laboral
reforzada, pues únicamente le faltaba cumplir el requisito de edad, circunstancia
que no impide acceder a la pensión.
Frente al requisito de subsidiariedad, concluyó que tampoco se satisfizo, pues la
actora contaba con medios de defensa judicial idóneos que no utilizó
adecuadamente. En particular, no planteó sus reparos en el recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, mecanismo idóneo para controvertir la
valoración sobre las semanas cotizadas, y tampoco acreditó la existencia de un
perjuicio irremediable que justificara la intervención del juez de tutela.
7 Visible índice 14 ibidem
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001 03 15 000 2025 02479 01
Demandante: Luz Stella Carranza Aguirre
lV. IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la decisión anterior, bajo las consideraciones que se
sintetizan enseguida:
En cuanto a la relevancia constitucional, indicó que la acción no buscaba reabrir el
debate propio del proceso ordinario, sino proteger sus derechos fundamentales,
afectados por una desvinculación arbitraria. Sostuvo que, al momento de su
desvinculación, contaba con cincuenta y cuatro (54) años y mil doscientas ochenta
y ocho coma veintinueve (1.288,29) semanas cotizadas, por lo que cumplía las
condiciones para acceder a la estabilidad laboral reforzada. Alegó que el Tribunal
incurrió en error al concluir que superaba las mil trescientas (1.300) semanas, razón
por la cual negó dicha protección.
Expuso que la providencia cuestionada erró al considerar que no se cumplía el
requisito de subsidiariedad. Sostuvo que su apelación en el proceso ordinario se
centró en cuestionar la forma de vinculación y la aplicación del Decreto 1214 de
1990, argumentando que su nombramiento fue en propiedad y que su retiro fue
arbitrario, lo que exigía una valoración de las circunstancias concretas y no un
análisis estrictamente formalista. Precisó que, aunque la discrepancia en semanas
cotizadas no fue el eje central de la alzada, sí tenía relevancia constitucional por su
impacto en la posibilidad de acceder a la pensión y, por ende, en su mínimo vital.
Finalmente, enfatizó que se omitió efectuar una valoración integral de la
jurisprudencia aplicable a los servidores públicos próximos a pensionarse, así como
del impacto que su desvinculación tuvo sobre su mínimo vital.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
De conformidad con lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1. del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 20218, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la
8«Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001 03 15 000 2025 02479 01
Demandante: Luz Stella Carranza Aguirre
Sala Plena del Consejo de Estado, que asignó a esta Sección el conocimiento de
este tipo de acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del
presente asunto.
3.2. Hechos relevantes
3.2.1. Luz Stella Carranza Aguirre laboró en la Policía Nacional por más de 25 años
y fue desvinculada del servicio mediante la Resolución 01942 del 29 de mayo de
2020.
3.2.2. Inconforme con su desvinculación, promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho ante el Juzgado Noveno Administrativo Oral del
Circuito de Ibagué, solicitando que se declarara la nulidad del acto de retiro y se
ordenara su reintegro con el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir.
3.2.3. En primera instancia, el Juzgado Noveno Administrativo Oral de Ibagué,
mediante sentencia del 16 de febrero de 2024, negó las pretensiones de la
demanda.
3.2.4. Frente a lo resuelto, la señora Carranza Aguirre interpuso recurso de
apelación.
3.2.5. El Tribunal Administrativo del Tolima, en segunda instancia, confirmó lo
decidido, reiterando que la actora no cumplía con la condición de prepensionada.
3.2.6. Posteriormente, la señora Carranza Aguirre promovió acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo del Tolima, alegando la configuración de defectos por
desconocimiento del precedente judicial, defecto sustantivo y violación directa de la
Constitución Política.
3.2.7. En sentencia del 20 de junio de 2025, la Sección Tercera Subsección B del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela, al concluir que no se
cumplían los requisitos de relevancia y subsidiariedad.
5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional
accionada.».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001 03 15 000 2025 02479 01
Demandante: Luz Stella Carranza Aguirre
3.2.8. La parte actora impugnó la mencionada decisión.
3.3. Análisis de la Sala
3.1. Del requisito de subsidiariedad
En este punto, tendrá que absolverse si cumple el requisito de subsidiariedad la acción
de tutela presentada en contra de una sentencia de segunda instancia, si se alega que
la demandante no planteó los mismos cargos en la petición de amparo y en el recurso
de alzada contra la sentencia apelada.
3.1.1. Con miras a resolver ese interrogante, debe indicarse que el artículo 86 de la
Constitución Política dispone que la acción de tutela sólo procede cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que «la acción de
tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto,
en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante» (Subrayas y negrillas de la Sala).
Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida
que solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable9.
9 La Corte Constitucional en la sentencia T-441 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, dijo
que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si, efectivamente, en un caso concreto, se
está ante la presencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria del
mecanismo de amparo constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente
sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de
reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere
la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal
magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 11001 03 15 000 2025 02479 01
Demandante: Luz Stella Carranza Aguirre
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad
envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial10: (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento
en que no se han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron
de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.
No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones a dicho
principio: (i) cuando el mecanismo ordinario de defensa no es idóneo ni eficaz para
la protección inmediata de los derechos fundamentales, y (ii) cuando se pretende
evitar la configuración de perjuicio irremediable, el cual debe acreditarse que cumple
con la características de ser inminente y grave, que requiere de la adopción de
medidas de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la protección
constitucional es impostergable11.
3.1.1.1. En este contexto, es pertinente señalar que la parte actora sí agotó los
mecanismos ordinarios de defensa judicial a su alcance, en tanto interpuso el
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que negó sus
pretensiones dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Ahora bien, no se desconoce que, en la decisión de primera instancia proferida en
el presente trámite constitucional, se concluyó que no se satisfacía dicho requisito,
por cuanto los cargos expuestos en la solicitud de amparo no coincidían de manera
exacta con los formulados en la alzada, ya que en este último no se discutió el
número de semanas cotizadas por la demandante. Sin embargo, lo cierto es que la
accionante sí ejerció dicho medio de defensa, y que, si bien los reproches de ambos
escritos no son idénticos, coinciden en discutir la presunta ilegalidad de la
desvinculación por su condición de prepensionada y la consecuente vulneración
de derechos fundamentales como el mínimo vital y la seguridad social.
De ahí que, en el caso bajo examen, sí encuentre satisfecho el requisito de
subsidiariedad exigido para la procedencia excepcional de la presente acción de
tutela, por lo que se pasará a analizar si se observó el de relevancia constitucional.
10 Sentencia T-396 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
11 Sentencia T-150 de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 11001 03 15 000 2025 02479 01
Demandante: Luz Stella Carranza Aguirre
3.4. De la relevancia constitucional
Se verificará si cumple con el requisito de relevancia constitucional, la acción de
tutela interpuesta en contra la sentencia que, en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, negó las pretensiones de la demanda al considerar
que el retiro de la actora de un cargo público estaba ajustado a derecho, si se alega
que en dicha providencia no se valoró que no podía ser desvinculada al tener la
calidad de prepensionada.
3.4.1. Al respecto, es pertinente indicar que en la sentencia C–590 de 2005, la Corte
Constitucional indicó que uno de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial es que la cuestión que se discute resulte
de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que «el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe
indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver
es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes».
Asimismo, la mencionada sentencia precisó que «los fundamentos de una decisión
de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a
estudiar esta cuestión y ninguna otra».
A partir de lo dicho, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En sentencia SU–573 de 201912, el
alto tribunal constitucional explicó que este requisito persigue tres finalidades13:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
12 M.P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-
103 de 2022.
13 Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022,
decisión en la cual, además, expuso la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es «el
correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 11001 03 15 000 2025 02479 01
Demandante: Luz Stella Carranza Aguirre
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben
estar reunidos los tres elementos que conforman tal requisito. De manera que, si no
se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar ese presupuesto.
Siendo ello así, se observa que los siguientes elementos no se cumplen en el caso
en concreto:
3.3.1.4. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia adicional
Frente al mencionado elemento, es pertinente señalar que en las sentencias SU
215 de 2022 y SU 128 de 2021, la Corte estableció que «la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado», pues, según explicó, solo de esa forma se previene la irrupción
del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se previene que el
recurso de amparo sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Dicho en otras palabras, en un proceso judicial el debate gira sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado y, por ende, la decisión del Juez se fundamenta precisamente en las
razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que ellas
ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley prevé, de
conformidad con las facultades oficiosas que tiene. Por lo tanto, en los eventos en
los cuales la autoridad judicial decide precisamente sobre la controversia que se le
ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes, simplemente está
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 11001 03 15 000 2025 02479 01
Demandante: Luz Stella Carranza Aguirre
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el
ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera
de las competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el Juez Constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia,
entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del
juez competente para conocer del asunto, en el escaso término que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con
el evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga
decirlo, no tiene la formación requerida.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido
el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando
ella está por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han
formulado demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede
comprometer el núcleo fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho
a la defensa, en la medida en que tal decisión no haya podido ser controvertida.
3.3.1.4.1. En el caso concreto, la controversia se circunscribe a la interpretación
que, en el marco de sus competencias, efectuaron el Juzgado Noveno
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué y, en grado de apelación, el Tribunal
Administrativo del Tolima, respecto de la eventual calidad de prepensionada de la
señora Luz Stella Carranza Aguirre. Este examen se desarrolló a partir de la
normativa aplicable al asunto y de la valoración de los elementos probatorios
incorporados al proceso.
Tal circunstancia evidencia que el núcleo del debate no radica en una afectación
directa e inmediata de un derecho fundamental, sino en el control de legalidad de
los actos administrativos expedidos por la entidad demandada, así como en la
interpretación jurídica y valoración probatoria realizadas por el juez ordinario dentro
de un proceso contencioso administrativo. Dichas determinaciones se adoptaron
con observancia de las etapas procesales, el derecho de contradicción y defensa, y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 11001 03 15 000 2025 02479 01
Demandante: Luz Stella Carranza Aguirre
conforme a las reglas de competencia y al procedimiento legal, por lo que lo
pretendido en esta sede es reabrir un debate ya resuelto en la jurisdicción natural.
De hecho, resulta suficiente traer a colación lo señalado en la sentencia enjuiciada,
en la que se advierte que el juez natural de la causa ya se pronunció sobre el debate
que ahora ocupa la atención de la Sala. Veamos:
«Ahora bien, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha sostenido de
manera reiterada que el simple hecho de estar próximo a consolidar el status
pensional con el cumplimiento de los requisitos legales no produce un fuero de
estabilidad relativa, razón por la cual será en cada cado particular y concreto
donde se analice la situación particular del trabajador, ello a fin de realizar una
ponderación y adecuación del ejercicio de la facultad discrecional.
En esa medida, en palabras del Consejo de Estado, la protección especial en
razón a la condición de sujeto "pre pensionado", resulta aplicable siempre y
cuando el servidor público esté próximo a pensionarse, es decir, le falten tres
(3) o menos años para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o
semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o
vejez, es decir que si la persona ya cumplió los requisitos para tal fin no es dable
considerar que se encuentra dentro del grupo especial de pre pensionados.
Ahora bien, la H. Corte Constitucional en sentencia SU 003-2018, hizo un
análisis profundo sobre la estabilidad reforzada de los servidore públicos en su
condición de prepensionados, en donde se establecieron como reglas de
unificación, las siguientes:
“4. Análisis del primer problema jurídico sustancial, relativo al alcance de
la estabilidad laboral reforzada para los servidores públicos que ocupan
cargos de libre nombramiento y remoción.
42. La resolución del primer problema jurídico sustancial, a que se hizo
referencia en el numeral 2 supra, supone, como seguidamente se precisa,
unificar la jurisprudencia constitucional en cuanto a si los servidores
públicos que ocupan cargos de libre nombramiento y remoción gozan de
estabilidad laboral reforzada.
43. Para la Sala Plena, con fines de unificación jurisprudencial, por regla
general, los empleados públicos de libre nombramiento y remoción no
gozan de estabilidad laboral reforzada. Para efectos de fundamentar esta
primera regla de unificación jurisprudencial se hace referencia a la
normativa que regula esta categoría especial de servidores públicos, a su
delimitación cuando ejercen función administrativa y a las razones
relevantes para su justificación.
(…)
53. Estas razones, asociadas, bien al ejercicio de funciones de dirección,
conducción u orientación institucional, ora de un alto grado de confianza,
justifican no solo la excepción a la regla constitucional de ingreso por
concurso a la carrera administrativa, sino que también habilita un
tratamiento distinto en la aplicación de los distintos fueros de estabilidad
laboral, entre ellos el de “pre pensión”, en los términos de la primera regla
de unificación de esta sentencia. En consecuencia, tal como allí se indicó,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 11001 03 15 000 2025 02479 01
Demandante: Luz Stella Carranza Aguirre
por regla general, los empleados públicos de libre nombramiento y
remoción, que relaciona el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 909 de 2004,
no gozan de estabilidad laboral reforzada como consecuencia, bien, de
las funciones a su cargo o de la suma confianza que exige su labor.
5. Análisis del segundo problema jurídico sustancial, relativo al alcance de
la figura de “prepensionable”
58. La resolución del segundo problema jurídico sustancial, a que se hizo
referencia en el numeral 2 supra, supone, como seguidamente se precisa,
unificar la jurisprudencia constitucional en cuanto alcance del fuero de
estabilidad laboral reforzada de prepensionable. Para tales efectos, debe
la Sala Plena determinar si cuando el único requisito faltante para acceder
a la pensión de vejez es el de edad, dado que se acredita el cumplimiento
del número mínimo de semanas de cotización, puede considerarse que la
persona en esta situación es beneficiaria de dicha garantía de estabilidad
laboral reforzada.
59. Para la Sala Plena, con fines de unificación jurisprudencial, cuando el
único requisito faltante para acceder a la pensión de vejez es el de edad,
dado que se acredita el cumplimiento del número mínimo de semanas de
cotización, no hay lugar a considerar que la persona es beneficiaria del
fuero de estabilidad laboral reforzada de prepensionable, dado que el
requisito faltante de edad puede ser cumplido de manera posterior, con o
sin vinculación laboral vigente. En estos casos, no se frustra el acceso a
la pensión de vejez. Para fundamentar esta segunda regla de unificación
jurisprudencial se hace referencia a la jurisprudencia constitucional que
ha desarrollado la figura y a su finalidad específica, en aras de determinar
por qué, en el supuesto de unificación, no se frustra el acceso a la pensión
de vejez”. (Resalta la Sala).
(…)
De la calidad de prepensionada de la demandante.
De otro lado, alega el apoderado de la parte actora que su prohijada
revestía la calidad de prepensionada, en razón a que le faltaban menos de
tres años para acceder a su beneficio pensional. Al respecto, resulta
pertinente señalar, que una vez verificada las probanzas allegadas al
expediente, se observa que la señora Luz Stella Carranza Aguirre nació el
22 de marzo de 1968, es decir que para la fecha en que fue declarada
insubsistente (25 de abril de 2022) la misma tenía 54 años de edad,
faltándole por ende 3 años para cumplir con el requisito de edad exigido
para sus reconocimiento pensional (57 años). Igualmente está probado en
el proceso, tal como se extrae de la hoja de servicios de la actora, que la
misma estuvo vinculada con la Policía Nacional desde el 21 de abril de
1997 hasta el 06 de mayo de 2022, es decir, durante 25 años y 15 días más
los tres meses de alta, que equivalen a un poco más de 1300 semanas de
cotización, encontrándose entonces que el requisito de tiempo de
servicios exigido para obtener la pensión de jubilación se encuentra
acreditado, no gozando por ende la citada señora de la prerrogativa de la
estabilidad laboral reforzada en razón a su supuesta calidad de
prepensionada, pues como lo ha señalado nuestro Órgano de Cierre
Jurisdiccional, cuando el único requisito faltante para acceder a la
pensión de jubilación es el cumplimiento de la edad, en atención a que ya
se tiene acreditado el tiempo de servicios o número de semanas exigido,
no se es beneficiario de dicho fuero de estabilidad laboral, como quiera,
que el requisitos faltante – edad- puede acreditarse sin que obre
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 11001 03 15 000 2025 02479 01
Demandante: Luz Stella Carranza Aguirre
vinculación laboral alguna y por ello no se impide o frusta el acceso a la
prestación pensiona.»14 (Subrayas y negrillas de la Sala).
Así, es evidente que lo que en realidad plantea la accionante es reabrir el debate
procesal y probatorio ya resuelto por el juez natural, lo cual desborda el ámbito
excepcional de la acción de tutela y desconoce su carácter subsidiario y residual,
de modo que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional.
En suma, es menester confirmar la sentencia impugnada, en tanto declaró la
improcedencia de la tutela de la referencia, pero por las razones antes expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
IV. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la
providencia.
SEGUNDO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de 21 de agosto de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
14 Visible a índice 13 ibidem
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicado: 11001 03 15 000 2025 02479 01
Demandante: Luz Stella Carranza Aguirre
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.