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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02487-00

Fecha
4 de junio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02487-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Miguel Alberto Vergara Sandoval en contra del Consejo de Estado, Sección Quinta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no es impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-02487-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

4 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., cuatro (04) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02487-00
Accionante: Miguel Alberto Vergara Sandoval
Accionado: Sección Quinta del Consejo de Estado

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad
electoral. Subtema 2: Doble militancia en la modalidad de apoyo. Subtema 3: defecto
fáctico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud de amparo interpuesta por el señor Miguel Alberto Vergara Sandoval contra
el Consejo de Estado, Sección Quinta.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Miguel Alberto Vergara Sandoval presentó acción de tutela con la pretensión
de amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que consideró vulnerado
con ocasión de la sentencia de única instancia proferida el 12 de diciembre de 2024,
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad electoral
identificado con el radicado núm. 11001-03-28-000-2023-00127-00 (principal), al que
fueron acumulados los procesos con radicados núms. 11001-03-28-000-2024-00014-
00, 11001-03-28-000-2024-00015-00 y 11001-03-28-000-2024-00019-00.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. El 29 de julio de 2023, a través del formulario E–6 GOB, la coalición «Boyacá
Grande», integrada por los partidos Alianza Verde, agrupación a la que pertenece, En
Marcha, Verde Oxígeno, Dignidad & Compromiso y Colombia Renaciente, inscribió al
señor Carlos Andrés Amaya Rodríguez como candadito a la Gobernación de Boyacá;
y el mismo día, mediante el formulario E-6 CO, el partido Alianza Verde inscribió su
lista de candidatos al Concejo Municipal de Cómbita (Boyacá).

3. El 27 de agosto de 2023, el señor Carlos Amaya, entonces candidato, celebró una
reunión en el municipio de Cómbita (Boyacá), con el propósito de impulsar su campaña

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política, la del señor Juan Carlos García, candidato a la alcaldía del municipio, y la de
otros aspirantes al Concejo Municipal pertenecientes a diferentes partidos políticos.

4. Con posterioridad a la reunión se difundió en las redes sociales un video en el cual
el señor Carlos Andrés Amaya Rodríguez manifestó su apoyo al señor Óscar Julián
Correa Hernández, candidato al Concejo Municipal de Cómbita por el partido de la U,
a sabiendas de que la colectividad que lo avaló contaba con lista propia a la
corporación edilicia.

5. El 12 de enero de 2024, el señor Miguel Alberto Vergara Sandoval presentó
demanda en ejercicio del medio control de nulidad electoral en la que solicitó la nulidad
del acto de elección del señor Carlos Andrés Amaya Rodríguez como gobernador del
departamento de Boyacá, periodo 2024 a 2027, contenida en el formulario E-26 GOB
del 6 de noviembre de 2023, por doble militancia en la modalidad de apoyo. Como
prueba, adjuntó un video en formato MP4 en el que se puede apreciar que el
demandado manifestó su apoyo al candidato al concejo del municipio de Cómbita por
el partido de la U.

6. El asunto se radicó ante la Sección Quinta del Consejo de Estado con el número
11001-03-28-000-2024-00015-00 y fue asignado por reparto al despacho del
consejero Pedro Pablo Vanegas Gil, que, por auto del 29 de febrero de 2024, admitió
la demanda; y mediante auto del 22 de abril de 2024, remitió el expediente para el
estudio de la eventual acumulación con los radicados 11001-03-28-000-2023-00127-
001 y 11001-03-28-000-2024-00014-002 y 11001 03-28-000-2024-00019-003.

7. A través de auto del 4 de junio de 2024, proferido en el proceso 11001-03-28-000-
2023-00127-00, el consejero Luis Alberto Álvarez Parra dispuso la acumulación de los
radicados 11001-03-28-000-2024-00014-00, 11001-03-28-000-2024-00015-00 y
11001-03-28-000-2024-00019-00, y tuvo como expediente principal el identificado con
el número 11001-03-28-000-2023-00127-00.

8. A través de sentencia de única instancia del 12 de diciembre de 2024, La Sección
Quinta del Consejo de Estado negó las pretensiones de las demandas. La decisión fue
objeto de un salvamento de voto y de una aclaración de voto.

2.2. Pretensiones

9. La parte actora solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:

1. Tutelar de conformidad con los hechos narrados anteriormente el DERECHO DE DEBIDO
PROCESO consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, hoy
desconocido y vulnerado con una injustificada omisión de valoración probatoria
materializándose la vulneración por DEFECTO FACTICO por parte de LA SALA QUINTA DEL
CONSEJO DE ESTADO.

2. Que en virtud de lo anterior se deje sin efectos la Sentencia del doce (12) de diciembre
de dos mil veinticuatro (2024) en el que se negaron las pretensiones de la demanda

1 Demandante: José Amelio Esquivel Villabona. Demandado: Carlos Andres Amaya Rodríguez.
2 Demandante: Alix María Gómez Sánchez. Demandado: Carlos Andrés Amaya Rodríguez.
3 Demandante: Ximena Echavarría Cardona. Demandado: Carlos Andrés Amaya Rodríguez.

2

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contra el acto de elección del señor Carlos Andrés Amaya Rodríguez como Gobernador
del Departamento de Boyacá para el periodo 2024 a 2027.

3. Que se ordene a LA SALA QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO competente emitir una nueva
decisión, con observancia de los principios del debido proceso y una valoración
razonable, objetiva e integral del acervo probatorio4.

2.3. Argumentos de la tutela

10. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó lo siguiente:

11. La decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en un defecto
fáctico por omisión en el decreto de pruebas e indebida valoración del acervo
probatorio recaudado en el proceso.

12. Pese a que, junto con las señoras Alix María Gómez Sánchez y Ximena Echavarría
Cardona solicitaron el decreto de pruebas testimoniales y de interrogatorio de parte
para ratificar las declaraciones extrajuicio aportadas por el demandado o ampliar el
contenido de aquellas, el juzgador resolvió no decretarlas en auto del 13 de agosto de
2024. Las pruebas solicitadas eran pertinentes, conducentes y útiles para aclarar las
dudas que se hubieran podido generar al valorar las declaraciones extrajuicio y el video
aportados por el demandado.

13. Lo anterior ocasionó que se diera un valor probatorio erróneo al contenido de las
declaraciones, con incidencia directa en la decisión. Ello, por cuanto la Sala dio valor
prevalente a las declaraciones extrajuicio, que no fueron objeto de contradicción, y le
restó valor a una prueba objetiva, directa y no controvertida como lo es el video en el
cual se aprecia que el señor Carlos Andrés Amaya solicitó abiertamente el apoyo a
favor del candidato que pretendía llegar a la corporación edilicia del municipio de
Cómbita por un partido distinto al suyo. Las declaraciones extrajuicio son una
modalidad de prueba débil que debe ser valorada con cautela, especialmente cuando
contradicen evidencia directa, pública y verificable.

14. Las declaraciones extrajuicio no fueron rendidas bajo control de contradicción ni
con condiciones de imparcialidad, por lo que, al darle más valor probatorio, se omitió
considerar el carácter objetivo de la figura de la doble militancia que no exige intención
dolosa ni depende del estado de conocimiento del actor político. Aplicar la figura del
error, propia del ámbito civil o penal, al análisis de la prohibición de doble militancia,
particularmente, en su modalidad de apoyo, resulta inadecuado y forzado, ya que este
tipo de procesos se enmarcan en un juicio objetivo de legalidad, no de culpabilidad o
intencionalidad.

15. En el proceso de nulidad electoral, el juez no evalúa la intención, el conocimiento
o el estado mental del demandado, sino que se limita a verificar si existió o no un acto
efectivo de apoyo a un candidato distinto al avalado por su partido, lo cual configura
per se la causal. Por tanto, no cabe introducir elementos subjetivos como el error, ya
que la evaluación no depende de si el apoyo fue consciente o producto de una
equivocación, sino únicamente si ocurrió o no de manera verificable en los hechos.

4 Se transcribe incluso con errores de texto.

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2.4. Trámite procesal

16. Mediante auto del 2 de mayo de 2025, el despacho ponente admitió la solicitud de
tutela; vinculó al trámite constitucional, como terceros con interés, a los demandantes,
demandados y terceros vinculados en el proceso de nulidad electoral con radicado
11001-03-28-000-2023-00127-00 y de los procesos acumulados con radicación
11001-03-28-000-2024-00014-00, 11001-03-28-000-2024-00015-00 y 11001-03-28-
000-2024-00019-00; ordenó la notificación de la providencia a las partes y vinculados;
requirió a la Sección Quinta del Consejo de Estado para que remitiera, en medio digital,
los expedientes arriba mencionados; y tuvo como pruebas los documentos
relacionados y allegados con el escrito de tutela.

2.5. Intervenciones

17. La Sección Quinta del Consejo de Estado5 solicitó declarar improcedente la
acción de tutela por incumplimiento de los requisitos de procedibilidad de
subsidiariedad y de relevancia constitucional.

18. Expuso que no es admisible que el tutelante alegue la ausencia de un decreto de
pruebas que consideraba relevante para la resolución del caso, cuando en el proceso
ordinario no hizo uso de los mecanismos judiciales establecidos para cuestionar tal
aspecto, como sí lo hicieron los demás sujetos procesales. Asimismo, que lo
pretendido es convertir el mecanismo de amparo en un escenario de debate legal y
probatorio al no estar de acuerdo con lo resuelto.

19. Advirtió que en el asunto no se incurrió en el defecto fáctico endilgado pues, en
concordancia con las reglas de la sana crítica, la Sala concluyó que, aunque se probó
la expresión de apoyo por parte del gobernador demandado, esta no fue inequívoca
como lo exige la jurisprudencia, sino que estuvo mediada por un error en la transmisión
de la información por parte de quien recibió el patrocinio prohibido.

20. El Consejo Nacional Electoral6 pidió que se declarara su falta de legitimación en
la causa por pasiva y, en consecuencia, que se ordenara su desvinculación del trámite
de tutela. Lo anterior, en atención a que los hechos y pretensiones de la acción recaen
sobre actuaciones judiciales surtidas dentro de un medio de control de nulidad
electoral, que difieren de las competencias constitucionales y legales otorgadas a la
entidad.

21. El señor Carlos Andrés Amaya Rodríguez7 solicitó declarar improcedente la
acción de tutela por incumplimiento de los requisitos de procedibilidad de relevancia
constitucional y de subsidiariedad.

22. Argumentó que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela no pasa de ser
una inconformidad con lo resuelto por el juez especializado y, en ese orden, que lo que
el accionante pretende es usar la acción constitucional como una tercera instancia. De

5 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-02487-00, índice 00010, certificado EB22EEFFD6035B92
AA2BD0C687790F24 D4F733CBF96C29FD E74427F0B6B15C18.
6 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-02487-00, índice 00014, certificado A141348958162CEF
4842E3E0E8231EBF 032A1DD8029FEC08 70475D71A20C83E5.
7 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-02487-00, índice 00015, certificado ED186DD538D0FE1B

648FB881AC7F9368 0F0CEA80EDDBE1E6 8A901F397DBA69C7.

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igual forma, que, si el actor no se encontraba conforme con la negativa del ponente de
decretar las pruebas que solicitó, debió interponer los recursos de reposición y, en
subsidio, de súplica, previstos en los artículos 242 y 246 del CPACA.

23. Agregó que las diferencias en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto
fáctico, pues, precisamente, la práctica judicial demanda que los jueces adopten
posturas en circunstancias en las que se presentan dos interpretaciones de los hechos,
diversas pero razonables. Por lo tanto, como ha señalado la Corte Constitucional en
estos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume de buena fe y
puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por el que le resulte
convincente, tal como ocurrió en la sentencia atacada.

24.Los demás vinculados al trámite constitucional, como terceros con interés,
guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por el señor Miguel Alberto Vergara Sandoval
contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

26. La legitimación en la causa por activa del señor Miguel Alberto Vergara
Sandoval se encuentra acreditada, por cuanto fue la persona que promovió una de las
demandas con fundamento en la cual se expidió la decisión que acusó de desconocer
su derecho fundamental al debido proceso.

27. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en la medida en que fue la autoridad judicial que profirió
la sentencia que, a juicio del tutelante, vulneró su garantía constitucional.

28. El Consejo Nacional Electoral solicitó su desvinculación al considerar que no
estaba llamado a responder por los hechos y pretensiones de tutela; sin embargo, la
Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de tercero con interés
a fin de garantizar sus derechos de defensa y contradicción. En ese orden, al no acudir
a este trámite constitucional como autoridad accionada, no es posible declarar su falta
de legitimación en la causa por pasiva y, por tanto, se negará su petición.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

29. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado

núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional. 9

30.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

31. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales10 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

32. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución.11

3.4. Problema jurídico

33. La Sala debe decidir si la presente solicitud de amparo supera los requisitos de
procedibilidad para controvertir la sentencia del 12 de diciembre de 2024 proferida
dentro del proceso de nulidad de la elección del gobernador de Boyacá, señor Carlos
Andrés Amaya Rodríguez. En caso afirmativo, tendrá que definir si la Sección Quinta
del Consejo de Estado incurrió en la decisión en el defecto alegado y, en consecuencia,
vulneró el derecho fundamental al debido proceso del señor Miguel Alberto Vergara
Sandoval.

3.5. Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto

34. Respecto del requisito de subsidiariedad, se advierte que este se cumple respecto
del defecto fáctico alegado por indebida valoración probatoria, por cuanto la parte
accionante no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de su derecho fundamental.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
11 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.

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35. No ocurre lo mismo frente al defecto fáctico por omisión en el decreto de pruebas,
toda vez que el actor no agotó las instancias respectivas dentro del proceso de nulidad
electoral, porque en contra del auto del 13 de agosto de 2024, que negó la solicitud de
pruebas testimoniales y de declaración de parte, procedían los recursos de reposición
y, en subsidio, súplica, previstos en los artículos 242 y 246 del CPACA, de los cuales no
hizo uso.

36. La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que, de
encontrarse configurado el defecto fáctico expuesto en el escrito de tutela, prosperaría
la pretensión de amparo consistente en ordenarle a la Sección Quinta del Consejo de
Estado que emita una sentencia de reemplazo en la que estudie de nuevo la
configuración de la prohibición de la doble militancia en el caso concreto. En este
escenario, estaría afectado el derecho fundamental al debido proceso del señor Miguel
Alberto Vergara Sandoval.

37. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho porque la sentencia que profirió
la Sección Quinta del Consejo de Estado es del 12 de diciembre de 2024 y el escrito
de tutela se presentó el 29 de abril de 202512, esto es, dentro del plazo razonable de
los seis meses establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional13 como del
Consejo de Estado14.

38.En el escrito de amparo, la parte actora expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerado su derecho fundamental al
debido proceso, y expuso una posible irregularidad en la valoración probatoria.

39. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad electoral.

40. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos generales
de procedibilidad y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo, en los términos
que planteó la parte actora, esto es, el estudio de la causal específica de procedencia
de defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas.

3.6. Análisis de la causal específica de procedencia «defecto fáctico»

3.6.1. Generalidades del defecto fáctico

41. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión».15 Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa
en la decisión»16 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.

12 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-02487-00, índice 00001.
13 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
15 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
16 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.

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42. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”».17 Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan».18

43. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en
contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de
conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del
proceso.19

44. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el análisis
del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e independencia
judicial,20 lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta, las razones por
las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede
convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez
que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de
competencia».21

45. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica, por
lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta ―
siguiendo las reglas de la lógica― a la que se desprende del contenido de los materiales
probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento objetivo.
Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o
voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas de manera
integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba en
relación con otras, sin que exista justificación para ello.

17 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
19 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
20 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
21 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.

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52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas].22

3.6.2. Caso concreto

46. En el asunto bajo estudio, el señor Miguel Alberto Vergara Sandoval presentó
escrito en ejercicio del medio de control de nulidad electoral para que se declarara la
nulidad del acto de elección del señor Carlos Andrés Amaya Rodríguez como
gobernador de Boyacá, para el periodo 2024 a 2027, contenido en el formulario E-26
GOB del 6 de noviembre de 2023.

47. A la demanda se le asignó el radicado núm. 11001-03-28-000-2024-00015-00 y
fue acumulada a los procesos de nulidad electoral identificados con los radicados
núms. 11001-03-28-000-2024-00014-00 y 11001-03-28-000-2024-00019-00, al
proceso principal de nulidad electoral núm. 11001-03-28-000-2023-00127-00.

48.La Sección Quinta del Consejo de Estado negó las pretensiones de las demandas
mediante sentencia de única instancia proferida el 12 de diciembre de 2024.

49. Ahora bien, la parte accionante alegó en el escrito de tutela que la Sección Quinta
del Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico. En concreto, expuso que el
juzgador dio valor prevalente a las declaraciones extrajuicio, que no fueron objeto de
contradicción, y le restó valor a una prueba objetiva, directa y no controvertida como
lo es el video en el cual se aprecia que el señor Carlos Andrés Amaya solicitó
abiertamente el apoyo a favor del candidato que pretendía llegar a la corporación
edilicia del municipio de Cómbita por un partido distinto al suyo.

50. Asimismo, que, dado que las declaraciones extrajuicio no fueron rendidas bajo
control de contradicción ni en condiciones de imparcialidad, al darles más valor
probatorio se omitió considerar el carácter objetivo de la figura de la doble militancia
que no exige intención dolosa ni depende del estado de conocimiento del actor político.
Además, porque las declaraciones extrajuicio son una modalidad de prueba débil que
debe ser valorada con cautela, especialmente, cuando contradicen evidencia directa,
pública y verificable.

51. Revisado el fallo objeto de tutela, se observa que la Sección Quinta del Consejo
de Estado realizó la siguiente valoración probatoria:

185. En el video allegado como prueba, el cual no fue objeto de alguna tacha por el
accionado, este invita a votar por el señor Óscar Julián Correa Hernández. Así, en la
reproducción del material audiovisual «VIDEO CONCEJO PARTIDO DE LA U COMBITA.mp4»,
se observa a Carlos Amaya, vistiendo una chaqueta verde al lado de dicho ciudadano,
quien porta un buzo de igual color sin ningún logo de partido o número de candidato,
pronunciando las siguientes palabras:

Para todos los habitantes del hermoso municipio de Cómbita de Santa Bárbara y
queremos invitarlos a votar por Óscar un líder campesino que quiere lo mejor para
Cómbita que para esta tierra bendita los días mejores están por venir.

22 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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186. A lo largo de los 14 segundos de duración del video, se observa que, mientras el
demandado emite las expresiones mencionadas se encuentra al lado de dicho
candidato. […]

187. Asimismo, se tiene que, con la contestación de la demanda, se aportaron varias
fotografías y videos del evento político del 10 de octubre de 2023, en las que se observa
al señor Óscar Julián Correa Hernández (con una prenda de vestir de color verde, la cual
coincide con el video que fue publicado en la red social Facebook), situación que además
se reiteró en los alegatos de conclusión presentados por los demandantes: […]

190. Al lado de dichas capturas de pantalla, la parte accionada allegó diferentes
declaraciones extrajuicio de los señores Óscar Julián Correa Hernández, Carlos Andrés
Amaya Rodríguez, Gustavo Castañeda, Lorenzo Camargo Zárate, Julián Rodríguez y
Juan Carlos García García, cuya ratificación fue negada mediante providencia del 13 de
agosto de 2024.

191. No obstante, se ordenó tenerlas como documentos declarativos emanados de
terceros, conforme el artículo 262 del CGP, aspecto que no fue objeto de
cuestionamiento por las partes. Así mismo, dichas probanzas fueron trasladadas a la
contraparte para que ejercieran su derecho de defensa.

192. Dicha tesis también es del resorte de la Corte Constitucional, cuya jurisprudencia
se ha decantado por señalar que las declaraciones extrajuicio sin ratificación, pueden
ser valoradas como documentos declarativos, cuando se permite el derecho de defensa
y contradicción de la contraparte. Al respecto, se tiene que, en providencia del 16 de
mayo de 201623, se consideró:

7.4. Sin embargo, esta Corte ha admitido la posibilidad de que sean valoradas como
pruebas las declaraciones extraprocesales que no hubieren sido previamente
ratificadas, a través de dos vías: (i) otorgándoles el carácter de documentos
declarativos de terceros en los términos del artículo 277 del CPC; o, (ii) mediante
la potestad oficiosa del juez de ordenar su ratificación cuando, en virtud del principio
de la sana crítica, lo considere necesario para la formación de su convencimiento y
así garantizar los derechos de defensa y contradicción de la contraparte. Para la
Corte, las dos medidas “se armonizan con el respeto de los derechos y garantías de
las partes […] el juez deberá determinar cuál es la medida idónea para valorar la
prueba en el marco de la sana crítica”. [Énfasis del despacho].

193. Por las anteriores razones, dichas probanzas serán objeto de valoración, toda vez
que al juzgador le es permitido estudiar y valorar en conjunto todos aquellos medios de
convicción acopiados en la instancia respectiva, con el fin de garantizar armónicamente
el desarrollo del contencioso electoral y el debido proceso de las partes, y con sustento
en la noción que se le ha dado a la comunidad de la prueba, que permite su análisis
integral para llenar de certeza los hechos cuya comprobación se pretende.24

194. Frente a lo anterior, esta Sección ha señalado que «tal razonamiento, también se
soporta en que la prueba introducida legalmente al proceso debe tenérsele en cuenta
para determinar la existencia o inexistencia del suceso a que se refiere, sin que se
condicione qué sujeto procesal la aportó y en qué medida le benefició o no, pues lo
relevante será qué convicción le otorga al juez sobre una situación común frente las
diversas causas que se le presentan»25.

23 Corte Constitucional, sentencia T-247 de 2016.
24 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de octubre del 2024, rad. 47001-23-33 000-2023-00267-

01.
25 Ibidem.

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52. De los apartes trascritos, se aprecia que la Sección Quinta del Consejo de Estado
explicó que, aunque en el asunto se negó la ratificación de las declaraciones extrajuicio
aportadas al proceso, dichas probanzas fueron trasladadas a la contraparte para que
ejerciera su derecho de defensa, de ahí que no sea cierto lo referido por el accionante
en cuanto a que no fueron objeto de contradicción.

Asimismo, se encuentra evidente que la autoridad accionada procedió a explicar el
valor probatorio de las declaraciones extrajuicio sin ratificación, a partir de lo cual
concluyó que estas pueden ser valoradas como documentos declarativos cuando se
permite el derecho de defensa y contradicción de la contraparte, lo cual, como se dejó
visto, ocurrió en el caso concreto.

En este contexto, procedió al análisis de las declaraciones extrajuicio, en conjunto con
las demás pruebas aportadas al plenario, y a partir de ello presentó las siguientes
conclusiones:

206. Lo anterior, evidencia que el apoyo prohibido endilgado al señor Amaya Rodríguez
se dio en el marco de una reunión convocada por un candidato perteneciente al partido
Alianza Verde y en el contexto de un acto público de proselitismo político donde
concurrieron aspirantes que se identifican con la enunciada colectividad política.

207. De igual forma, sostuvo la defensa del demandado que, al finalizar la reunión, el
señor Óscar Julián Correa Hernández, vestido con una prenda verde y quien, según su
juicio, siempre ha sido seguidor del partido Alianza Verde, pero en esta ocasión aspiró
al Concejo de Cómbita por el partido de la U, se acercó al entonces candidato a la
gobernación, Carlos Andrés Amaya y, sin indicarle su origen, le solicitó un mensaje de
apoyo para su candidatura al concejo.

208. Sobre lo anterior declaró el señor Óscar Julián Correa Hernández lo siguiente:

7. Al finalizar la reunión, varias personas nos acercamos a Carlos Amaya para
tomarnos fotos con él y algunos candidatos al concejo le pedimos que si nos podía
grabar un video.
[…]

10. A dicha reunión yo asistí con un buso de color verde, lo cual también generó en
el ingeniero Amaya la confusión sobre el partido político que me avalaba, pues ese
día yo no portaba ningún elemento distintivo del partido de la U.

209. El demandado, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, manifestó:

CUARTO: Al finalizar la reunión varias personas se me acercaron con finalidad de
tomarse fotografías conmigo o para grabar videos.
QUINTO: A lo largo de la campaña, previo a grabar un video de apoyo a algún
candidato, siempre le preguntaba si aspiraba por el Partido Verde y si la respuesta
era afirmativa si accedía a realizar el video.
[…]
SÉPTIMO: Frente al video con el señor Óscar Julián Corea, quien además ese día
estaba con buso color verde y no tenía ningún distintivo que me permitiera saber si
pertenecía a otro partido, previo a grabar el video le pregunté si era del Partido Verde
y ante su respuesta positiva procedimos a realizar la grabación.

210. El ciudadano Lorenzo Camargo Zárate, elegido concejal de Cómbita por el partido
Alianza Verde, afirmó:

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3. En esa reunión solo había publicidad del partido Verde y al final un espacio para
quienes quisieran tomarse fotos o vídeos con Carlos Amaya lo pudieran hacer, pues
el genera mucho fervor en el pueblo por la colaboración y la gestión que ha realizado
por nuestro municipio.

211. Las anteriores declaraciones y las imágenes aportadas demuestran que los
asistentes al evento político se acercaban al demandado para pedirle fotos y grabar
videos y, entre ellos, también lo hizo el señor Óscar Julián Correa Hernández, con quien
se realizó la videograbación que se analiza en esta oportunidad, quien afirma que la
prenda de vestir que portaba ese día propició en el candidato una confusión que le
impidió conocer que realmente aspiraba por la colectividad política de La U.

212. También, llama la atención de la Sala que la defensa manifiesta que el señor Carlos
Andrés Amaya Rodríguez, antes de grabar cualquier video preguntaba sobre la filiación
política del otro aspirante, en particular, respecto del video con el señor Correa
Hernández, preguntó a este si era del partido Verde, a lo que aquel le respondió
afirmativamente, circunstancia que conllevó a que en el video se expresara el apoyo
prohibido.

213. Sobre lo anterior declaró el señor Óscar Julián Correa Hernández de la siguiente
manera:

8. El ingeniero Carlos Amaya previo a grabar el video me preguntó si yo era verde,
ante lo cual respondí que sí, motivo por el cual él accedió a grabar el video.
9. Soy una persona campesina y ante la oportunidad de poder tener un video con
Carlos Amaya, a quien admiro y respeto profundamente, y es mi referente político,
omití aclararle que mi aspiración al concejo era por el partido de la U. […]

219. Conforme lo expuesto, los accionantes consideran que el elemento objetivo se
encuentra configurado con las pruebas analizadas, específicamente, en lo atinente al
apoyo del accionado al señor Correa Hernández. Contrario a ello, la tesis de la defensa
radica en que dicho patrocinio se dio por cuenta de un error inducido por parte de aquel
al señor Amaya Rodríguez. Así las cosas, encuentra la Sala la necesidad de referirse al
alcance del elemento objetivo, con el fin determinar si dichas expresiones configuran la
prohibición de la doble militancia. […]

227. Siguiendo dicha noción, en lo atinente al problema jurídico que ocupa la atención
de la Sala, el acto de apoyo que configura la doble militancia, esto es, la conducta
prohibida (elemento objetivo), se entiende como un acto o comportamiento,
necesariamente precedido de una declaración de voluntad de cualquier índole (verbal,
escrita, oral o gestual), en virtud del cual un candidato inscrito por una colectividad
política a una corporación pública o cargo uninominal expresa su deseo de patrocinar a
otro candidato ajeno a sus toldas políticas, conducta que se encuentra proscrita en el
artículo 2.° de la Ley 1475 de 2011.

228. Aunado a lo anterior, surge la noción de consentimiento, la cual resulta de toda la
relevancia del caso, en cuanto no se puede obviar que, así como la declaración de
voluntad es un requisito para tener por cierto la existencia de un acto, aquel elemento
conlleva la aprobación o ratificación unilateral de lo que se declara o pretende, escenario
que desde luego debe estar exento de vicios.

229. En ese orden de ideas, el consentimiento no se trata de un elemento extraño a la
prohibición de la doble militancia, al menos en la modalidad de apoyo, basta con recordar
lo que prescribe el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011: […]

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247. […] de las declaraciones valoradas, se concluye que i) el demandado fue invitado
al evento del 10 de octubre de 2013, por el candidato del partido Alianza Verde a la
Alcaldía de Cómbita, Juan Carlos García García; ii) el respaldo prohibido se hizo en el
contexto de un acto público de proselitismo político donde concurrieron aspirantes que
se identifican con la enunciada colectividad política y con prendas del color verde alusivo
a las mismas; y iii) el comportamiento del señor Correa Hernández indujo en un error al
señor Amaya Rodríguez, pues de su propio dicho se desprende que le manifestó ser de
su colectividad Alianza Verde, razón por la que aquel accedió a grabar el video que
contiene el enunciado apoyo.

248. Así las cosas, la Sala concluye que el demandado, al manifestar su consentimiento
de apoyar al candidato prohibido, lo hizo con la firme convicción de que el señor Óscar
Julián Correa Hernández estaba inscrito por el partido Alianza Verde, dado a que este
mismo, de manera errada, le transmitió tal información con el fin de tomarse un video y
exhibirlo «ante familiares y amigos, no como parte de mi campaña sino por puro orgullo
personal, como trofeo personal nunca como parte de mi campaña».

249. De igual forma, el señor Correa Hernández esgrimió que es «una persona
campesina y ante la oportunidad de poder tener un video con Carlos Amaya, a quien
admiro y respeto profundamente, y es mi referente político, omití aclararle que mi
aspiración al concejo era por el partido de la U».

250. Por consiguiente, se puede inferir que el apoyo prohibido que se predica del
demandado fue provocado por la conducta del señor Correa Hernández, quien con su
manifestación de que pertenecía al partido Verde, lo indujo a que realizará una
declaración cuyo consentimiento estuvo afectado por un error que neutralizó su voluntad,
en tanto que, si no hubiese surgido ese yerro inducido por el aspirante del partido de La
U, seguramente no hubiese acaecido el desconocimiento sin intencionalidad del artículo
2.° de la Ley 1475 de 2011.

251. En otras palabras, de las pruebas valoradas en conjunto se evidenció que el
demandado tenía la convicción de que el señor Óscar Julián Correa Hernández era un
candidato de su propia colectividad, por lo que consideraba acertado brindarle su apoyo.
Sin embargo, contrario a lo que el señor Carlos Andrés Amaya Rodríguez creía, aquel
había sido avalado por el partido de la U como candidato al Concejo de Cómbita, lo cual,
en ese preciso momento, resultaba de imposible verificación por parte del demandado
o, en otros términos, por el contexto en que se desarrolló la reunión del 10 de octubre de
2023 se trató de una situación insuperable.

252. Es decir, el señor Correa Hernández le hizo creer verdadero al señor Amaya
Rodríguez lo que, realmente, era falso. Por ende, es acertado afirmar que su voluntad
estuvo viciada por un error en que lo indujo el primero, lo que conlleva a que no se tenga
como válida dicha declaración a efectos de tener como configurada la prohibición de la
doble militancia en la modalidad de apoyo y, como consecuencia, declarar la nulidad de
la elección.

253. Dicha discrepancia entre la percepción del demandado y la realidad resulta
fundamental para comprender su actuar, toda vez que demuestra que su apoyo se basó
en una creencia errónea sobre la afiliación política del señor Correa Hernández, a la cual
este último lo indujo. Por lo tanto, no se puede afirmar que su intención fuera la de
transgredir con libertad y consciencia la disciplina y lealtad partidista, lo que desvirtúa el
cargo en su contra. […]

255. Por las razones expuestas, el cargo propuesto por los demandantes, por el apoyo
que el señor Amaya Rodríguez brindó a Óscar Julián Correa Hernández, no está llamado
a prosperar.
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53.Bajo dicho derrotero, la Subsección accionada llegó a la convicción de que el
consentimiento del señor Carlos Andrés Amaya Rodríguez de apoyar al candidato de
manera prohibida «se hizo con la firme convicción de que el señor Óscar Julián Correa
Hernández estaba inscrito por el partido Alianza Verde, dado a que este mismo, de
manera errada, le transmitió tal información con el fin de tomarse un video».

54. Dicha conclusión no se advierte irracional, pues, además de que dejó en evidencia
todo el acervo probatorio encontrado en el plenario, estableció el valor de cada una de
las pruebas y explicó lo que de ellas pudo extraer, ámbito en el que el juez natural, a
partir de las reglas de la sana crítica, cuenta con mayor libertad de análisis.

55. Ahora, el accionante controvierte el hecho de que, al darse valor prevalente a las
declaraciones extrajuicio, se omitió considerar el carácter objetivo de la figura de la
doble militancia que no exige intención dolosa ni depende del estado de conocimiento
del actor político, ya que este tipo de procesos se enmarcan en un juicio objetivo de
legalidad, no de culpabilidad o intencionalidad.

56. Sin embargo, se aprecia que la Subsección accionada explicó in extenso tal
elemento y llegó a la conclusión de que el acto de apoyo que configura la doble
militancia, esto es, la conducta prohibida (elemento objetivo), se entiende como un
acto o comportamiento, necesariamente precedido de una declaración de voluntad en
virtud de la cual un candidato expresa su deseo de patrocinar a otro ajeno a sus toldas
políticas, y que aunado a ello, surge la noción de consentimiento, la que resulta de
toda la relevancia del caso, pues este implica la aprobación o ratificación unilateral de
lo que se declara o pretende; de ahí que haya centrado su estudio en torno del
consentimiento del demandado, que encontró viciado.

57. A juicio de la Sala, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, desarrolló una
valoración coherente de las declaraciones extrajuicio aportadas al proceso de nulidad
electoral y que, por tanto, respetó la garantía constitucional al debido proceso del
accionante.

58. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad
electoral, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a sus
intereses y pretensiones.

IV. CONCLUSIÓN

59. La Sala concluye que la providencia proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado no vulneró el derecho fundamental al debido proceso del accionante, por
cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario, infundado o caprichoso
ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que configure un defecto
fáctico y que exija la intervención del juez de tutela. Por tal motivo, se negará el amparo
invocado.

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V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Miguel Alberto Vergara Sandoval
en contra del Consejo de Estado, Sección Quinta, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si esta decisión no es impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

YASM/DACJ/SEJV

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