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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02491-00

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02491-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la carencia actual de objeto. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02491-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

5 de junio de 2025

Radicado: .11001-03-15-000-2025-02491-00
Demandante: Ruth Johany Sánchez Gómez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS (E)

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02491-00
Demandante: RUTH JOHANY SÁNCHEZ GÓMEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECRETARÍA SECCIÓN SEGUNDA
Temas: Derecho al debido proceso, petición ante autoridad judicial,
expedición de copias auténticas de sentencia.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por la señora Ruth
Johany Sánchez Gómez, contra la Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo establecido en el artículo 1
del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 29 de abril de 2025 la señora Ruth Johany Sánchez Gómez, en nombre propio,
interpuso acción de tutela contra la Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales de petición y de acceso a la administración de justicia. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Se declare que la Secretaria del Tribunal Administrativo Sección Segunda de
Cundinamarca, ha vulnerado mi derecho fundamental de Petición y Acceso a la
Administración de Justicia.

SEGUNDO: Como consecuencia, se le ordene que, dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo de tutela, expida copia auténtica y constancia de ejecutoria del auto
que aprobó el acuerdo conciliatorio de 30 de octubre de 2020 de la sentencia adiada el
29 de noviembre de 2020, e incluso la que se dictó en segundo grado el 5 de diciembre
de 2023, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuyo
radicado es 25000234200020150646700.»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La señora Ruth Johany Sánchez Gómez manifestó que el 13 de febrero de 2025
radicó petición ante la Secretaria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, con el fin de obtener copia auténtica de algunas actuaciones que
se surtieron al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 25000-23-42-000-2015-06467-00.

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Radicado: .11001-03-15-000-2025-02491-00
Demandante: Ruth Johany Sánchez Gómez

En dicha solicitud la señora Sánchez Gómez solicitó copia auténtica y constancia
de ejecutoria de: (i) el auto que aprobó el acuerdo conciliatorio del 30 de octubre de
2020 y (ii) la sentencia del 29 de noviembre de 2020.

Como respuesta a la solicitud anterior, la Secretaría de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante correo electrónico del 25 de
marzo de 2025 indicó que no era procedente tramitar la solicitud en la medida en
que el único facultado para hacerlo era su apoderado.

3. Argumentos de la tutela

La demandante explicó que en la actualidad la petición de copias no ha sido
atendida porque no le han sido entregadas las piezas procesales solicitadas, pese
a que es parte del proceso y que la respuesta brindada no es de fondo e impone
cargas que ninguna normativa consagra, e impide materializar el derecho que
otorgó las piezas procesales que solicite.

4. Trámite previo

Mediante auto del 6 de mayo de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela, ordenó notificar a la demandante y a la Secretaría de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en calidad de demandada, a quien se
le remitió copia de la demanda.

5. Oposición

La Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca indicó que la Señora Ruth Johany Sánchez Gómez, actuó dentro
del expediente 25000-23-42-000-2015-06467-00, mediante apoderada, quien a la
fecha tiene poder vigente.

Aclaró que en virtud del derecho de postulación la apoderada de la señora Sánchez
Gómez solicitó las copias y constancias respectivas dentro del expediente,
requerimientos que fueron atendidos en su momento por la presente Secretaría de
la Sección Segunda, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

En ese orden de ideas, señaló que cumplió con las actividades necesarias para que
la parte demandante adelantara las gestiones necesarias y posteriores a la
expedición de los fallos judiciales, motivo por el cual considera que no era correcto
afirmar que se le vulneró el derecho de acceso de justicia y de petición.

Sin embargo, resaltó que bajo la observancia de las reglas establecidas en los
artículos 114 y 115 del Código General del proceso, el 8 de mayo de 2025 expidió
las copias solicitadas por la demandante, dejó las respetivas anotaciones para el
caso en particular, que ya se habían expedido previamente.

Al efecto allegó copia de las constancias de envío de lo solicitado mediante correo
electrónico a la demandante.

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Demandante: Ruth Johany Sánchez Gómez

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar si en el presente caso se encuentra vulnerado
el derecho fundamental invocado por la señora Ruth Johany Sánchez Gómez por
parte de la Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca con la presunta omisión en dar respuesta a la solicitud de expedición
de copias del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
25000-23-42-000-2015-06467-00, que ejerció el 13 de febrero de 2025.

La Sala anticipa que declarará carencia actual de objeto, toda vez que de acuerdo
con lo probado en el trámite con ocasión a la interposición de la presente solicitud
de amparo fueron atendidos los requerimientos de la demandante, porque a la fecha
ya fueron expedidas y entregadas las copias solicitadas.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: (i) al derecho fundamental de
petición ante autoridades judiciales y, (iii) al análisis del caso concreto.

(i) Derecho de petición ante autoridades judiciales

Sobre el alcance del derecho de petición ante autoridades judiciales la Corte
Constitucional ha considerado que solo las solicitudes que se realicen en virtud de
las funciones administrativas que desempeñan se rigen por lo dispuesto en el
artículo 23 de la Constitución Política; lo anterior, sin desconocer que en los eventos
en que se presenten reclamaciones que requieren una actuación judicial, tanto el
juez, las partes y los intervinientes, están sometidos a las reglas que rigen los
procesos ante la Jurisdicción 1.

Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente 2:

«(…) En ese orden de ideas, la Corporación ha establecido que el trámite de las
peticiones ante las autoridades judiciales son de dos tipos, las de asuntos administrativos
cuyo trámite debe darse en los términos del derecho de petición consagrado en el artículo
23 de la Constitución y el Código Contencioso Administrativo, dentro de las cuales se
pueden mencionar la solicitud de copias; y las de carácter judicial o jurisdiccional, que
deben tramitarse de conformidad con los procedimientos propios de cada juicio, por lo
que la omisión del funcionario judicial en resolver las peticiones formuladas en relación
con los asuntos administrativos constituirán una vulneración al derecho de petición, en

1
Sentencia T-334 de 1995.
2
Sentencia de la Corte Constitucional T-215 A de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
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Demandante: Ruth Johany Sánchez Gómez

tanto que la omisión de atender las solicitudes propias de la actividad
jurisdiccional, configuran una violación del debido proceso 3 y del derecho al acceso
de la administración de justicia, 4 en la medida en que dicha conducta, al desconocer los
términos de ley sin motivo probado y razonable, implica una dilación injustificada 5 dentro
del proceso judicial, la cual está proscrita por el ordenamiento constitucional (C.P., Arts.
29 y 229) (…)».

Ahora bien, en razón a que en el momento de precisar el tipo de petición o solicitud
frente a la que se encuentra el juez en determinados casos se pueden presentar
dificultades conceptuales, la Corte Constitucional precisó 6:

«(…)Puede concluirse que cuando se trate de solicitudes de las partes de un proceso
judicial en el curso, ambas tienen el carácter de derecho fundamental; pero para
distinguir si se hacen en uso del derecho de petición (artículo 23 C.P.) o en el de
postulación (artículo 29 ibídem), y por tanto, cuál sería el derecho esencial afectado con
su desatención, es necesario establecer la esencia de la petición, y a ello se llega por la
naturaleza de la repuesta; donde se debe identificar si ésta implica decisión judicial sobre
algún asunto relacionado con la litis o con el procedimiento; pues en este caso, la
contestación equivaldría a un acto expedido en función jurisdiccional, que por tanto, está
reglado para el proceso que debe seguirse en la actuación y así, el juez, por más que lo
invoque el petente, no está obligado a responder bajo las previsiones normativas del
derecho de petición, sino que, en acatamiento al debido proceso, deberá dar prevalencia
a las reglas propias del juicio que establecen los términos, procedimiento y contenido de
las actuaciones que correspondan a la situación, a las cuales deben sujetarse tanto él
como las partes (…)».

Finalmente, las partes y los intervinientes dentro de un proceso cuentan con todas
las posibilidades de defensa derivadas de las reglas propias de cada juicio [artículo
29 de la Constitución Política] y por lo tanto las solicitudes que formulen ante el juez
están sujetas a las oportunidades y formas señaladas en la ley.

(ii) Caso concreto

Lo primero que conviene decir es que en el presente caso, por tratarse de una
actuación al interior de un proceso judicial, como lo es que se expidan copias
auténticas de piezas procesales, el análisis de la presunta vulneración invocada
debe ser estudiada a partir del análisis de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

De la revisión del expediente, se advierte que la señora Ruth Johany Sánchez
Gómez, el 13 de febrero de 2025, solicitó a la Secretaría de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca copia auténtica del auto que aprobó el
acuerdo conciliatorio del 30 de octubre de 2020 y de la sentencia del 29 de
noviembre de 2020 con las constancias de ejecutoria proferidos dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2015-
06467-00.

Sin embargo, la Sala observa que en el caso objeto de estudio existe carencia actual
de objeto, porque con ocasión a la interposición de la presente acción de tutela, esto
es, el 29 de abril de 2025, la Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 8 de mayo de 2025 expidió y entregó las copias
solicitadas por la demandante, tal y como consta en la siguiente captura de pantalla:

3
Sentencias T-377 de 2000; T-178 de 2000; T-007 de 1999, T-604 de 1995.
4
Sentencia T-006 de 1992; T-173 de 1993; C-416 de 1994 y T-268 de 1996.
5
Sentencia T-368.
6
Sentencia de la Corte Constitucional T-920 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
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De hecho, al consultar el mencionado proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en SAMAI se evidencia que ya fueron entregadas las copias requeridas.

El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer
que la orden impartida por el juez en la sentencia tutela se torne inocua. Es decir,
que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En reiterada jurisprudencia, la
Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto se materializa
en las siguientes circunstancias: el daño consumado 7, el hecho superado 8, y el
acaecimiento de una situación sobreviniente 9.

En lo que aquí interesa, hay que decir que el hecho superado exige que la
pretensión de tutela se satisfaga sin que medie orden judicial tal como sucede en el
caso objeto de estudio pues con ocasión a la solicitud de las autoridades judiciales
demandadas atendieron y tramitaron lo solicitado por la actora.

En esa medida, en el presente caso, se declarará la existencia de la carencia actual
del objeto, ya que la situación que generó la presunta vulneración del derecho
fundamental de la señora Ruth Johany Sánchez Gómez, ya fue corregida por
Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

7
Daño consumado Es aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño o la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera
que, el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se materialice el peligro. Así, al existir la
imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el resarcimiento del daño causado por la violación de derecho. No obstante, la Corte
ha indicado que, por regla general, la acción constitucional es improcedente cuando se ha consumado la vulneración pues, esta acción fue concebida
como preventiva mas no indemnizatoria.
Ver, sentencia SU-225 de 2013 de la Corte Constitucional.
8
Hecho superado Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que, como
consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superación se
configura cuando se realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez
constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado.
Ver, entre otras, las sentencias: T-970 de 2014, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-021 de 2017, T-382 de 2018.
9
Se presenta en aquellos casos en que tiene lugar una situación sobreviviente, que, a diferencia del escenario anterior, no debe tener origen en una
actuación de la accionada, y que hace que ya la protección solicitada no sea necesaria, ya sea porque el accionante asumió la carga que no le correspondía,
o porque la nueva situación hizo innecesario conceder el derecho.
Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-038 de 2019.
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FALLA

1. Declarar la carencia actual de objeto.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha,

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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