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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02506-00

Fecha
29 de mayo de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02506-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Declarar la carencia actual de objeto por configurarse un hecho superado en la acción de tutela promovida por el señor José Danilo Torres Villafañe, quien actúa en nombre propio. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02506-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

29 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02506-00
Demandante: José Danilo Torres Villafañe

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02506-00
Demandante: JOSÉ DANILO TORRES VILLAFAÑE
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE
LA JUSTICIA

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Solicitud de expedición de
tarjeta profesional de abogado. Carencia actual de objeto por hecho
superado

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor José Danilo Torres Villafañe, quien actúa en nombre propio,
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 30 de abril de 2025, la parte actora pidió al juez constitucional la protección de
sus derechos fundamentales de petición, al mínimo vital, al trabajo y al debido
proceso, supuestamente vulnerados por la autoridad accionada.

En el escrito de tutela formuló las siguientes:

“1. Tutelar mis derechos fundamentales al derecho de petición, debido proceso, trabajo,
mínimo vital y ejercicio de profesión.

2. Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura que, en un término perentorio, responda
de fondo mi solicitud de expedición de tarjeta profesional de abogado radicada el 17 de
enero de 2025 y el derecho de petición presentado el 11 de marzo de 2025.

3. De ser procedente, ordenar la expedición inmediata de la tarjeta profesional, en caso
de que no exista motivo legal para la demora.

4. Cualquier otra medida que el despacho considere pertinente para la protección de mis
derechos fundamentales”.

2. Hechos

El accionante mencionó que el 17 de enero de 2025 radicó ante el Consejo Superior
de la Judicatura solicitud de expedición de la tarjeta profesional de abogado, para
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02506-00
Demandante: José Danilo Torres Villafañe

lo cual remitió los anexos correspondientes que dan cuenta del cumplimiento de los
requisitos exigidos para ello.

Señaló que ante la falta de respuesta a lo pedido, el 11 de marzo de 2025 elevó
solicitud por correo electrónico con el fin de que le dieran información sobre el
estado del trámite y manifestó que a la fecha de interposición de la presente acción
no ha obtenido respuesta por parte de la autoridad accionada.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora hizo referencia a los artículos 1, 2, 23, 25, 26, 29 y 53 de la
Constitución Política, a los artículos 14 y 33 de la Ley 1437 de 2011. Asimismo,
mencionó el Decreto 2591 de 1991 y las sentencias T-377 de 2002 y T-585 de 2019
de la Corte Constitucional y expuso que la falta de respuesta a lo solicitado vulnera
los derechos fundamentales invocados, ya que sin el documento le es imposible
ejercer la profesión de abogado.

4. Trámite procesal

Por auto de 8 de mayo de 2025, el despacho sustanciador admitió la demanda y
ordenó notificar al accionante y a la autoridad accionada - Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia-.
De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en
virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 60700 a 60703 de 12 de
mayo de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión1.

5. Oposición

Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

El director de la Unidad rindió informe al asunto en el que pidió declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado. Al respecto, indicó que mediante acta de
registro n.° 56217 de 14 de mayo de 2025 se efectuó la inscripción del accionante
en el Registro Nacional de Abogados y, consecuentemente, se le asignó la tarjeta
profesional n.° 442.719, a lo que agregó que dicha actuación puede ser verificada
por el demandante en la página web de la Rama Judicial o del Sistema de
Información del Registro Nacional de Abogados -SIRNA-, a lo que agregó que el
plástico del documento sería remitido a través de la empresa de servicios postales
4-72.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la

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Índice 7 SAMAI.
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Demandante: José Danilo Torres Villafañe

Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, vulneró los derechos
fundamentales de petición, al mínimo vital, al trabajo y al debido proceso, con la
falta de respuesta a la solicitud elevada el 17 de enero de 2025 en la que pidió la
expedición de la tarjeta profesional de abogado.

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.

Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas
son hábiles para interponer la acción de tutela (…)”.

En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y subsidiario
de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona, cuando éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares.

4. Estudio y solución del caso concreto

De conformidad con las pruebas allegadas al trámite constitucional, la Sala
evidencia que el 17 de enero de 2025, el accionante solicitó a la autoridad accionada
la expedición de la tarjeta profesional de abogado para lo cual remitió copia del
formulario único de múltiples trámites, fotocopia del documento de identificación,
fotografía fondo azul, acta de grado n.° 367 de 13 de diciembre de 2024 expedida
por la Universidad Popular del Cesar, recibo de pago y resultado de la aprobación
del examen de idoneidad.

Con el informe rendido a esta acción de tutela, la Unidad de Registro Nacional de
Abogados acreditó que el 14 de mayo de 2025, le dio respuesta a lo pedido por el
actor, en el sentido de enviar copia del acta de registro n.° 56717 por la cual se
efectuó la inscripción del actor en el Registro Nacional de Abogados, en la que
consta que se le asignó la tarjeta profesional n.° 442.719. También le indicó que el
plástico del documento se encuentra en proceso de impresión y que al momento en
que se tenga el mismo, le será remitido a la dirección física informada.

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La anterior comunicación junto con los correspondientes soportes fue enviada por
mensaje de datos a la dirección electrónica del accionante:
abogado.josetorresv@outlook.com, que coincide con la informada en el escrito de
petición y tutela.

Así las cosas, al haberse otorgado respuesta a lo solicitado el 17 de enero de 2025,
lo pretendido con la solicitud de amparo constitucional se satisfizo, ya que la
finalidad de la acción de tutela es la protección de los derechos fundamentales
invocados que, para el caso, se superó con la actuación de la autoridad demandada,
pues se observa que procedió con la inscripción del actor en el Registro Nacional
de Abogados y le otorgó el número de tarjeta profesional 442.719 de 14 de mayo
de 2025. De este modo, la orden del juez de tutela relativa a lo pedido en la demanda
de tutela (responder las peticiones) no surtiría ningún efecto, debido a que lo
pretendido se resolvió antes de emitirse la decisión de primera instancia.

Cabe resaltar que en sentencia SU-274 de 20192, la Corte Constitucional reiteró que
“ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la
vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial”. Ello se justifica en que al desaparecer el supuesto de hecho que
motivó la presentación de la solicitud, cualquier determinación por el juez
constitucional sería inocua y no atendería el objetivo de esta acción consagrado en
el artículo 86 de la Constitución Política.

En términos concretos dijo la Corte, “la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar
un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad
de las pretensiones”.

Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte Constitucional
ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto, que permite evidenciar
la imposibilidad material del juez constitucional para dictar alguna orden para
salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido solicitada. Este fenómeno
se materializa a través de tres figuras: (i) hecho superado; (ii) daño consumado y
(iii) el acaecimiento de una situación sobreviniente.

El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto 2591
de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de la
acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba la
afectación ius fundamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se superó
la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado
de desconocer”3.

De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se
pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir
que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela, dé en principio, una orden al
respecto”4.

2
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
3
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
4
Cfr. SU-225 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada.
4

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02506-00
Demandante: José Danilo Torres Villafañe

Por último, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una tercera modalidad
que comprende supuestos de hecho que no se encajan en un hecho superado o un
daño consumado, la cual ha denominado acaecimiento de una situación
sobreviniente, “que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración
predicada (…), ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o
porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis”5.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de objeto
porque se acreditó la configuración de un hecho superado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,

FALLA

Primero.- Declarar la carencia actual de objeto por configurarse un hecho
superado en la acción de tutela promovida por el señor José Danilo Torres Villafañe,
quien actúa en nombre propio.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Aclara voto

(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx

5
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
5

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