Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02511-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02511-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02511-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
19 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02511-01
Demandantes: Daniel Avilés Rodríguez y otros1
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro2
Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa por muerte
de persona civil / Recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia / Defectos fáctico, desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución Política
Decisión: Revocar la decisión de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la impugnación interpuesta por Daniel Avilés Rodríguez y otros en
contra de la providencia proferida el 2 de marzo de 2026, por el Consejo de Estado,
Sala de Conjueces, Sección Tercera mediante la cual declaró improcedente la
solicitud de tutela.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud3
1. Daniel Avilés Rodríguez y otros promovieron solicitud de tutela con el fin de que se
amparara su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideraron vulnerado
con ocasión de las providencias proferidas el 13 de julio de 2017 y el 17 de octubre
de 2024 por el Tribunal Administrativo del Tolima y el Consejo de Estado, Sala de
Conjueces, Sección Tercera, respectivamente, dentro del proceso de reparación
directa identificado con el radicado 73001-33-31-005-2012-00016-00/01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo y en la documental que obra en el
expediente se sintetizan los hechos en los siguientes términos:
1
Isabel Rodríguez, Aicardo Avilez Rodríguez, Mauricio Avilés Rodríguez, Yojan Estiben Rodríguez,
Omar Rodríguez, Yamile Rodríguez, Adriana Jazmín Avilés Rodríguez, Yon Edinson Rodríguez y
Orleyda Avilés Rodríguez.
2
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
3 Ver índice 002 del expediente de primera instancia. Archivo denominado «4ED_Demanda(.pdf)
NroActua 2(.pdf) NroActua 2».
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02511-01
Demandante: Daniel Avilés Rodríguez y otros
2.1. El 17 de abril de 2010, Abundio Aviles, residente en el municipio de El Paujil,
Tolima, se dirigía a su domicilio cuando fue erróneamente identificado por miembros
del Ejército Nacional como integrante de un grupo guerrillero. En consecuencia, los
uniformados le dispararon y le causaron la muerte.
2.2. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentaron demanda en
contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con la
finalidad de que se les declarara responsables por la muerte de Abundio Avilés y se
ordenara el pago de perjuicios causados.
2.3. El Juzgado Administrativo en Descongestión de Bogotá en providencia del 9 de
agosto de 2016, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el sentido
de condenar al pago de perjuicios morales y negar por los derivados de la alteración
grave de las condiciones de la existencia, al considerar que la muerte de Abundio
Avilés ocurrió con ocasión del enfrentamiento entre el Ejército Nacional y un grupo al
margen de la ley ocurrido el 17 de abril de 2010 en la vereda El Paujil. Si bien no
existía prueba directa sobre la autoría de los disparos, mediante indicios concluyó
que el deceso se produjo durante el combate. En consecuencia, aplicó la teoría del
daño especial, al estimar que los demandantes soportaron un perjuicio que no
estaban obligados a asumir. En contra de esta decisión se interpuso recurso de
apelación.
2.4. El Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia del 13 de julio de 2017, revocó
la decisión del a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que, si bien se encontraba demostrado el daño antijurídico con la muerte
de Abundio Avilés, no se acreditaron los demás elementos de la responsabilidad,
pues no se demostró que la conducta de los militares hubiera sido la causa eficiente
del daño. Señaló que el cuerpo fue hallado en coordenadas distintas al lugar del
enfrentamiento, no se determinó el tipo de heridas, el arma de fuego, la clase de
proyectiles ni la trayectoria de los disparos. En consecuencia, consideró que existía
una ruptura del nexo causal.
2.5. En contra de la anterior decisión presentaron recurso extraordinario de unificación
de jurisprudencia, al considerar que en dicha providencia se desconoció la sentencia
de unificación proferida el 28 de agosto de 2014 por la Sección Tercera del Consejo
de Estado. Como sustento de su recurso, expusieron los siguientes argumentos:
i) El Ejército Nacional desconoció el principio de distinción, propio del derecho
internacional humanitario, al efectuar disparos sin adoptar las debidas precauciones y
confundir a la víctima con un integrante de un grupo guerrillero.
ii) El Tribunal omitió valorar las circunstancias particulares en las que ocurrió el deceso,
en tanto los hechos se produjeron en una zona habitada por población civil.
iii) En la sentencia del 13 de julio de 2017 debió flexibilizarse la carga probatoria de la
parte demandante, de conformidad con los criterios establecidos en la sentencia de
unificación invocada, por tratarse de un asunto relacionado con graves violaciones de
derechos humanos. En su criterio, los testimonios recaudados permitían establecer que
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Demandante: Daniel Avilés Rodríguez y otros
el fallecimiento de Abundio Avilés se produjo como consecuencia de un cruce de
disparos en el marco del conflicto armado, mientras que la prueba documental
evidenciaba las irregularidades presentadas durante la investigación penal, por ende,
sostuvieron que la valoración probatoria debía efectuarse de acuerdo con los
estándares internacionales aplicables a esta clase de hechos.
2.6. El Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Tercera en sentencia del 17 de octubre
de 2024 desestimó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, al
considerar que las reglas de unificación de la sentencia del 28 de agosto de 2014 se
refirieron a la reparación de perjuicios inmateriales derivados de afectaciones
relevantes a bienes o derechos constitucional y convencionalmente amparados, así
como al tope indemnizatorio de los perjuicios morales en casos de graves violaciones
a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario4.
2.7. La Sala precisó que la sentencia de 2014 también abordó la flexibilización de la
apreciación y valoración de los medios probatorios en casos de graves violaciones a
los derechos humanos e infracciones al DIH, mediante un trato privilegiado a las
pruebas indirectas y a las inferencias lógicas. Sin embargo, señaló que estos
aspectos no fueron objeto de unificación ni constituyeron ratio decidendi extensible a
casos análogos, por consiguiente, las reglas sobre valoración probatoria flexible,
inversión de la carga de la prueba y aplicación de estándares internacionales que
pretendían hacer valer los recurrentes no tenían la condición de reglas de unificación.
2.8. En el caso concreto, concluyó que los cuestionamientos sobre el principio de
distinción, el lugar de los hechos, la muerte en el marco del conflicto armado interno
y la valoración basada en conjeturas no se fundaron en las reglas unificadas, sino
que correspondieron al debate propio del proceso de reparación directa. Así,
consideró que los recurrentes pretendían reabrir la controversia del proceso originario
y cuestionar la valoración de los testimonios y documentos efectuada por el Tribunal
Administrativo del Tolima.
2.9. La autoridad judicial demandada, Tribunal Administrativo del Tolima, vulneró su
derecho fundamental al debido proceso al incurrir en defecto fáctico y
desconocimiento del precedente judicial en la sentencia del 13 de julio de 2017, al
valorar de manera rigurosa el material probatorio y no aplicar los criterios de
flexibilización de la prueba previstos para casos de graves violaciones a los derechos
humanos e infracciones al DIH. Lo anterior, por cuanto cuestionó las condiciones en
que se practicó la inspección del cadáver y descartó los testimonios porque los
declarantes no presenciaron directamente los hechos, sin tener en cuenta las
particularidades de la zona en la que ocurrió la muerte de Abundio Avilés.
4 En adelante DIH.
3
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Demandante: Daniel Avilés Rodríguez y otros
2.10. Enese sentido, afirmaron que desconoció el precedente sobre valoración
probatoria flexible contenido en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del
28 de agosto de 2014 y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional5.
2.11. En cuanto a la sentencia del 17 de octubre de 2024 de la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, sostuvieron que vulneró su derecho fundamental al
debido proceso al desconocer el precedente, pues desestimó el recurso
extraordinario bajo el argumento de que los criterios de flexibilización probatoria
examinados en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 no habían sido
objeto de unificación, cuando tales criterios hacían parte de la ratio decidendi de esa
providencia y, por ende, constituían precedente vinculante de conformidad con la
Sentencia T-210 de 2022, según la cual la fuerza vinculante del precedente recae en
la ratio decidendi y no se limita a lo decidido en la parte resolutiva.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitaron:
«[…] 1. Tutelar el derecho fundamental constitucional al debido proceso de los
accionantes y, en consecuencia:
a) Dejar sin valor y efecto las sentencias judiciales accionadas.
b) Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima para que dicte una
sentencia de reemplazo que confirme la providencia del Juzgado Administrativo de
Descongestión de Bogotá, fechada nueve (9) de agosto de 2016, en el proceso de
reparación directa promovido por los accionantes contra LA NACIÓN-MINISTERIO DE
DEFENSA-EJERCITO NACIONAL, con radicado 73001333100520120001600, en
aplicación a los estándares de flexibilización en la valoración de las pruebas como
precedente judicial fijado por la Corte Constitucional especialmente en las sentencias
citadas en el numeral 5.2.3. de esta tutela.
2. Solicito al señor Juez, en caso de ser necesario, acudir a los criterios legales de
Extra y Ultra Petita, procedentes en sede de tutela de acuerdo con la sentencia T-104
de 2018. […]» [sic].
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional6 sostuvo que la solicitud de
tutela no cumplía los requisitos generales ni específicos de procedencia contra
providencias judiciales, pues los demandantes no señalaron con claridad los defectos
en que habrían incurrido las autoridades judiciales ni demostraron la indebida
valoración probatoria alegada. Por lo que la verdadera intención fue reabrir el debate
surtido en el proceso de reparación directa, como si se tratara de una tercera
instancia.
5 Al respecto citaron las sentencias SU-439 de 2024, SU-060 de 2021, SU-035 de 2018, T-237 de
2017, T-540 de 2024 y SU-484 de 2024.
6 Ver índice 24 del expediente de primera instancia. Archivo denominado
«19_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-TUTELAYANEXOS(.pdf) NroActua 24».
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Demandante: Daniel Avilés Rodríguez y otros
4.1. Asimismo, indicó que los demandantes contaron con las oportunidades
procesales para demostrar la falla del servicio, aportar y controvertir pruebas y ejercer
sus derechos y garantías, pero no cumplieron con la carga probatoria prevista en el
artículo 167 del Código General del Proceso.
4.2. Por último, no se configuraron los defectos fáctico, procedimental o sustantivo,
porque las actuaciones se surtieron en debida forma y no se acreditó una ruptura
flagrante, ostensible y grave de la normativa constitucional o legal, en consecuencia,
solicitó que se negaran las pretensiones de la tutela.
5. El Consejo de Estado, Sección Tercera7 solicitó que se declarara improcedente
la petición de amparo por no acreditar el requisito de relevancia constitucional, pues
no se justificó razonablemente una afectación desproporcionada de derechos
fundamentales, por el contrario, la inconformidad de los demandantes se limitó a
cuestionar los criterios efectivamente unificados en la sentencia del 28 de agosto de
2014 e insistir en una interpretación jurídica distinta a la acogida en la providencia del
17 de octubre de 2024, mediante la cual se desestimó el recurso extraordinario de
unificación al considerar que, aunque aquella sentencia abordó la flexibilización de la
valoración probatoria en asuntos relacionados con infracciones al DIH, ese aspecto
no fue objeto de unificación.
6. El Tribunal Administrativo del Tolima8 requirió que se negara, o en su defecto,
se declarara improcedente la petición de amparo por cuanto la providencia del 13 de
julio de 2017 negó las pretensiones porque, aunque se acreditó el daño antijurídico
derivado de la muerte de Abundio Avilés, no se demostró que este fuera imputable a
la administración, pues no existían elementos probatorios que permitieran establecer
que la conducta de los militares hubiera sido causa eficiente del daño.
6.1. Asimismo, la valoración de las pruebas y la interpretación jurídica corresponden a
la autonomía del juez y en este caso, la decisión cuestionada no obedeció al capricho
de los operadores judiciales ni implicó una ruptura abierta y grosera del ordenamiento
jurídico.
1.3. Sentencia de primera instancia9
7. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de Conjueces en sentencia del 2 de
marzo de 2026 declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que,
respecto de la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima del 13 de julio de
2017, no se cumplió el requisito de inmediatez, pues fue notificada entre el 19 y el 24
de julio de 2017 y la solicitud de tutela se presentó el 30 de abril de 2025, sin que se
7 Ver índice 25 del expediente de primera instancia. Archivo denominado
«21CONTESTACIONDE_InformeTutelaRad2025(.pdf) NroActua 25».
8 Ver índice 27 de Samai en primera instancia. Actuación denominada
«3RECIBEMEMORIAL_20250251100CONTESTAC(.pdf) NroActua 27».
9 Ver índice 40 de Samai en primera instancia. Actuación denominada
«30Sentencia_20250251100(.pdf) NroActua 40».
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Demandante: Daniel Avilés Rodríguez y otros
acreditara una circunstancia que justificara la inactividad de los accionantes. Precisó
que la interposición del recurso extraordinario de unificación no afectó dicho cómputo,
porque su concesión no impedía la ejecución de la sentencia de segunda instancia.
8. Frente a la providencia del 17 de octubre de 2024 de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, consideró que no se acreditó la relevancia constitucional, pues
los demandantes pretendían reabrir la controversia sobre la valoración probatoria y
el alcance de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014. Esta última no
unificó criterios sobre la flexibilización de la valoración probatoria, la inversión de la
carga de la prueba ni la valoración conforme a estándares internacionales, sino sobre
la reparación de perjuicios inmateriales y el tope de los perjuicios morales en casos
de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH.
9. En consecuencia, las críticas formuladas a la sentencia en cuestión correspondían
al debate propio del proceso ordinario y no podían trasladarse a la solicitud de tutela,
pues esta tiene carácter residual y excepcional y no puede utilizarse como una
instancia adicional para controvertir decisiones judiciales ni desconocer la autonomía
e independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica.
1.4. Escrito de impugnación10
10. Los demandantes impugnaron la decisión del a quo, para lo cual indicaron que la
solicitud de tutela cumplió con el requisito de inmediatez, pues una vez notificada la
decisión de segunda instancia del 13 de julio de 2017, promovieron de manera
inmediata el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y nunca
permanecieron inactivos.
11. El a quo erró al contar el término desde el 24 de julio de 2017, fecha de ejecutoria
de dicha sentencia, sin considerar que el recurso extraordinario se encontraba en
trámite, así las cosas, la fecha para iniciar el cómputo debía ser el 30 de octubre de
2024, cuando fueron notificados de la decisión que resolvió dicho recurso, por lo que
la tutela fue presentada en tiempo. Además, el agotamiento de los medios ordinarios
y extraordinarios de defensa constituía un requisito de procedibilidad conforme a la
sentencia C-590 de 2005.
12. De otra parte, en cuanto a la providencia del 17 de octubre de 2024, la solicitud de
tutela cumplía con el requisito de relevancia constitucional, ya que en esta se
cuestionaron dos decisiones judiciales proferidas dentro del mismo proceso de
reparación directa, relacionadas con asuntos sustanciales de este, por lo que si dicho
requisito se cumplía respecto de la decisión proferida en el medio de control, también
debía cumplirse frente a la providencia que resolvió de fondo el recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia.
10 Ver índice 44 de Samai en primera instancia. Archivo denominado «32_MemorialWeb_Recurso-
Impugnacion(.pdf) NroActua 44».
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Demandante: Daniel Avilés Rodríguez y otros
2. Consideraciones
13. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y de las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en
el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación de los problemas jurídicos; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
14. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 200011 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 201912, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala de Conjueces.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
15. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado13 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema14. Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».
16. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
11 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
12 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Demandante: Daniel Avilés Rodríguez y otros
17. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo15, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
18. Ahora bien, la Corte Constitucional16 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
19. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 17, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales18.
20. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problemas jurídicos
21. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir si:
21.1. ¿la solicitud de tutela cumple el requisito de inmediatez respecto de la sentencia
proferida el 13 de julio de 2017 por el Tribunal Administrativo del Tolima y, en caso
afirmativo, si dicha autoridad vulneró el derecho fundamental al debido proceso de
los demandantes, al incurrir, presuntamente, en defecto fáctico y desconocimiento
del precedente?
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
17 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: Daniel Avilés Rodríguez y otros
21.2. ¿el Consejo de Estado, Sección Tercera vulneró el referido derecho fundamental
con la sentencia del 17 de octubre de 2024, mediante la cual desestimó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, con la que incurrió, presuntamente,
en desconocimiento del precedente judicial?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
22. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo señalado
por el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados puede llevar
consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales constituyen bienes
jurídicos constitucionalmente amparados.
23. Asimismo, la Sala recuerda que, además, el a quo declaró improcedente la
petición de amparo respecto de la sentencia del 13 de julio de 2017 del Tribunal
Administrativo del Tolima por no acreditar el requisito de inmediatez, porque la tutela
se presentó el hasta el 30 de abril de 2025, sin que el recurso extraordinario de
unificación interpuesto contra aquella providencia incidiera en dicho cómputo.
24. Al respecto, una vez revisado el expediente, se advierte que luego de proferida la
sentencia del 13 de julio de 2017 los demandantes acudieron oportunamente al
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia para cuestionar el supuesto
desconocimiento de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014,
particularmente, en relación con los criterios de flexibilización de la valoración
probatoria, aunque dicho recurso no prosperó, su interposición no se advierte
abiertamente injustificada ni encaminada a revivir el término para acudir al juez de
tutela, máxime cuando debía promoverse dentro de los diez días siguientes a la
ejecutoria de la providencia recurrida.
25. Además, para la Sala, no resulta razonable atribuir a los demandante el tiempo
que tardó la autoridad judicial en resolver el recurso extraordinario, pues este fue
interpuesto oportunamente y solo fue decidido por la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia del 17 de octubre de 2024,
después de transcurridos cerca de siete años desde la providencia recurrida, así,
durante ese periodo no existió una inactividad imputable a la parte accionante que
permita concluir que abandonó la defensa de sus derechos.
26. Esta conclusión cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, tratándose de
tutela contra providencias judiciales, el agotamiento de los mecanismos ordinarios y
extraordinarios disponibles constituye uno de los presupuestos de subsidiariedad, por
consiguiente, no resultaría coherente exigir al interesado acudir a esos recursos y,
una vez agotados, considerar que el tiempo empleado por la jurisdicción para
resolverlos determina el incumplimiento de la inmediatez respecto de la providencia
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Demandante: Daniel Avilés Rodríguez y otros
inicialmente cuestionada, pues ello conduciría a impedir el acceso al amparo tanto si
el interesado acude directamente a la tutela como si previamente agota los
mecanismos extraordinarios de defensa.
27. En esa línea argumentativa, como el recurso extraordinario fue promovido
oportunamente, guardaba relación directa con los cuestionamientos formulados
contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima y la demora en su
resolución no fue atribuible a la parte demandante, la Sala encuentra satisfecho el
requisito de inmediatez respecto de la providencia del 13 de julio de 2017.
28. En consecuencia, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de
la solicitud de tutela, y, por lo tanto, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo
actuado, procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto planteado.
2.4.2. Defecto fáctico
29. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 19, tiene una
dimensión negativa y otra positiva.
30. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»20, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»21. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»22.
31. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.4.3. Desconocimiento del precedente judicial
32. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar
que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un
imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad
jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las
decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como
19 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
20 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
21 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
22 Sentencia T-538 de 1994.
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medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado social de derecho.
33. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si
existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.
34. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
35. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta
mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se
derivara de la desobediencia al precedente.
2.4.4. Sobre el caso concreto
36. Daniel Avilés Rodríguez y otros acudieron al juez de tutela con el fin de que se
amparara su derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, se dejaran
sin efectos las sentencias proferidas el 13 de julio de 2017 por el Tribunal
Administrativo del Tolima y el 17 de octubre de 2024 por el Consejo de Estado, Sala
de Conjueces, Sección Tercera, dentro del proceso de reparación directa identificado
con el radicado 73001-33-31-005-2012-00016-01, mediante las cuales,
respectivamente, se revocó la decisión que había declarado la responsabilidad de la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte de Abundio Avilés
y, en su lugar, se negaron las pretensiones de la demanda, y se desestimó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia interpuesto contra dicha decisión.
37. Lo anterior, según insistieron en el escrito de impugnación, al considerar que el
Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en defecto fáctico porque valoró con
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excesivo rigor las pruebas relacionadas con la muerte de Abundio Avilés, en
particular, la inspección del cadáver, los testimonios y los documentos relacionados
con la investigación de los hechos.
38. En desconocimiento del precedente jurisprudencial porque omitió aplicar los
criterios jurisprudenciales de flexibilización probatoria previstos para asuntos
relacionados con graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, que
permitían acreditar la responsabilidad del Estado a partir de pruebas indirectas e
indiciarias.
39. Para mayor claridad del asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado por la
autoridad judicial demandada en la providencia del 13 de julio de 2017, a efectos de
concluir que no se acreditaron la totalidad de los elementos de la responsabilidad, al
existir una ruptura del nexo causal, en los siguientes términos:
«[…] De conformidad con el material probatorio obrante en el cartulario y siendo el primer
elemento de análisis de -responsabilidad, ya sea en el régimen subjetivo u objetivo, se
encuentra ampliamente demostrado el daño antijurídico, pues este surge con el deceso
del señor Abundio Aviles, el 17 de abril de 2010, según se vislumbra en el registro civil de
defunción.
Ahora bien, como segundo ítem a tratar y teniendo en cuenta que está en discusión el
régimen de responsabilidad a aplicar y con ello el estudio de los demás elementos, es
pertinente abordar las particularidades del caso sub-examine, a lo cual se procede.
Por una parte, tenemos que el señor Abundio Aviles fue ultimado el 17 de abril de 2010,
además, según los datos de la inspección técnica del cadáver la hipótesis de muerte fue
violenta y al parecer por arma de fuego; sin embargo, se hizo énfasis en que el cuerpo,
fue bañado, la vestimenta cambiada y las heridas vendadas por lo que estas no se
pudieron observar ni fotografiar. Desde esta perspectiva, no existe dentro del cartulario
ningún otro documento que refiera las lesiones sufridas por el obitado, ni la posición en la
que fue hallado, ni la trayectoria de los disparos, si hubo o no huella de tatuaje o
ahumamiento, o el tipo de munición que se utilizó para sosegar la vida del señor Aviles.
Frente a las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto a la forma como falleció La
víctima directa, observa esta Sala que, por un lado los testimonios solicitados por la parte
demandante de los señores Edison Osma Rincón, Edgar Buenaventura Salazar y Jairo
Oyola Gaviria, fueron coincidentes en manifestar que fue el Ejército Nacional quien ultimó
al señor Aviles, teniendo en cuenta que la tropa se encontraba en el sector y que habían
escuchado unos disparos; no obstante, dichos testimonios distan de brindar una
información veraz por cuanto ninguno de ellos se encontraba en el lugar de los hechos,
es más, el señor Oyola Gaviria por ejemplo, estaba a unos cuarenta minutos del lugar
donde fue encontrado el cuerpo sin vida, razón por la cual ningún testigo fue directo, tan
solo efectúan apreciaciones de carácter subjetivas tendientes a inculpar a las fuerzas
militares sin sustento alguno, considerando que dicho actuar obedece a que estos lo
confundieron con un guerrillero.
De manera que, ninguno de tos testimonios rendidos hasta este momento pudieron
apreciar quién fue la ,persona o personas que cegaron la vida del señor Aviles, pues estos
estaban en lugares diferentes al momento en que fue ultimado, dejándose llevar por
simples rumores.
Por otra parte, en cuanto a las declaraciones rendidas por tos soldados profesionales
dentro de la investigación preliminar adelantada por la Brigada Móvil Nro. 08, Batallón de
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Contraguerrillas Nro. 68, se tiene que ninguno de estos vio, ni se percató de la muerte de
un civil durante ei enfrentamiento armado sostenido al parecer con la columna móvil
Héroes de Marquetalia de las ONT-FARC el 17 de abril de 2010, pese haber hecho
inspección del lugar de los hechos posterior al contacto de fuego cruzado, por lo que no
se reportó baja alguna.
En cuanto a la ubicación del cuerpo sin vida del señor Aviles, según copia del informe de
inteligencia de la Quinta División, Brigada Móvil Nro. 8, del 18 de abril de 2010, este fue
ultimado en la vereda el Paujil, en coordenadas aproximadas N 03° 21'41' W 75° 40 -28' ,
que distan de la ubicación de la tropa del Ejército según radiograma de resultados
operacionales las cuales eran N 03° 19'44 W75° 39'35''y aunque estos documentos fueron
suministrados por la entidad demandada, los mismos son conocidos por la parte contraria,
quien no manifestó reproche alguno.
De igual manera, resulta pertinente traer a colación la denuncia efectuada por la Quinta
División, Brigada Móvil Nro. 8 "Coronel José Alberto Salazar Arana" Nro.
7341/MDNCGFM-CE-DIV05-FTSUT-BRIM8-65, el 27 de abril de 2010, la cual puso en
conocimiento del Fiscal Local Nro. 48 de Planadas-Tolima la muerte del señor Abundio
Aviles por presuntos 111111 integrantes de la columna móvil de Héroes de Marquetalia,
quienes lo innpactaron en tres oportunidades cegando su existencia; información
suministrada por inteligencia y datos de la SIJIN de Ataco; ahora, se desconoce dentro
del plenario las actuaciones adelantadas por el funcionario en mención respecto de tos
hechos objeto de análisis.
Hasta aquí, a la luz procesal se tiene acreditado que el día 17 de abril de 2010, el Ejército
Nacional sostuvo fuego cruzado con integrantes de las FARC cerca a la vereda el Paujil,
los cuales estaban en desarrollo de la misión táctica Armagedón, fragmentaria Acrópolis,
pertenecientes a la brigada móvil 8, BCG-68, pelotón D6, al mando del ST. Santiago
Castaño Salazar, por lo que la actuación al repeler el ataque al que fueron sometidos
cuando estaban incurso de dejar el lugar fue legitimado, comoquiera que no solo estaban
salvaguardando su vida sino la del resto de la comunidad del sector.
Corolario a lo expuesto, si se efectúa un análisis de responsabilidad bajo el régimen
subjetivo, el reproche central del raciocinio jurídico es el actuar de la administración
contrario al ordenamiento. Así, es dable colegir, como bien se manifestó ab initio, que el
daño antijurídico está plenamente consolidado con la muerte del señor Abundio Aviles; no
obstante, el mismo no le es imputable a la administración en el entendido que no se
vislumbra que la conducta de los militares haya sido la causa eficiente para la producción
del daño; primero, porque no se demostró, siendo la carga procesal de la parte actora
hacerlo, que el obitado estuviera en el lugar donde se realizó el enfrentamiento armado
entre el Ejército y los integrantes de las FARC, razón por la cual los miembros de las
fuerzas militares no pudieron ocasionar el hecho fatídico, y segundo, tampoco se
determinó el tipo de heridas que tenía el de cujus, como para establecer que fue por
negligencia o imprudencia de los militares que se accionó el arma de fuego, la clase de
proyectiles que impactaron en la humanidad del señor Aviles, es más ni siquiera se conoce
con precisión cuáles fueron las heridas causadas teniendo en cuenta que estas habían
sido vendadas y la vestimenta cambiada por los familiares; razón por la cual existe ruptura
del nexo causal.
Desde la perspectiva del régimen objetivo, bajo el título de imputación de daño especial,
para imputársele responsabilidad a la administración esta debió actuar bajo el marco de
la legitimidad, razón por la cual no debe ser una carga publica a soportar el hecho de que
exista conflicto armado interno y que con fundamento en este se haya ocasionado el daño
antijurídico. En este orden de ideas, está superado el elemento del daño antijurídico, résta
determinar si el mismo es imputable a la administración bajo la óptica objetiva.
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En el presente asunto no hay discusión respecto al enfrentamiento armado que hubo el
17 de abril de 2010, cerca de la verada el Paujil entre los miembros de la fuerza pública y
la columna móvil héroes de Marquetalia de las ONT-FARC, actuar que es legítimo en el
entendido que los militares repelieron el ataque indiscriminado e intempestivo de estos,
con el objeto de salvaguardar la propia existencia y la de la población civil circunvecina.
Sin perjuicio de lo anterior, es del caso señalar que: i) el cuerpo del obitado fue hallado
en coordenadas distintas a donde se desarrolló la línea de fuego cruzado, ii) no está
acreditado el tipo de heridas recibtdas, el arma de fuego que las causó, ni existe
descripción del lugar de los hechos, posición del cadáver, trayectoria de los disparos, entre
otros elementos fundamentales para determinar la responsabilidad y iii) no se demostró
que la muerte del señor Abundio Aviles haya sido con ocasión al conflicto armado, por lo
que puede obrar otro móvil distinto al alegado por la parte actora, ejemplo de ello es el
plasmado en la denuncia que hiciera la Quinta División, Brigada Móvil Nro. 8, la cual hace
alusión a un ajuste de cuentas, es decir, una situación aislada a la aquí estudiada y que
exonera de responsabilidad a la administración.
Entonces, si bien se configuró el daño antijurídico no ocurre lo mismo con los demás
elementos de ,responsabilidad frente a uno u otro régimen, comoquiera que no es de
recibo que por el solo hecho de existir un deceso el mismo ipso facto sea causalmente
imputable ala administración partiendo de la premisa de que en un lugar cercano hubo un
contacto armado entre los miembros de la fuerza pública y grupos delincuenciales y que
por ende, la síntesis sea que la muerte del señor Aviles es consecuencia de ello, sin
contemplar otras posibles variables como en efecto se manifestó, es decir, un ajuste de
cuentas, argumento que valga la pena señalar no fue desvirtuado por la parte actora.
Es pertinente advertir que la parte demandante desconoció la regla general aplicable a
todo proceso judicial, consistente en que el interesado le corresponde probar los hechos
que alega a su favor para la consecución de un derecho, principio procesal conocido como
"onus prodandi, incumbit actor", contemplado en el artículo 177 del Código de
Procedimiento Civil.
En cuanto al análisis que efectúa el a-quo para endilgarle responsabilidad a la
administración a partir de la prueba indiciaria, considera esta Sala que tal razonamiento
fue efectuado de manera soslayada con la realidad procesal que aquí se presenta, puesto
que no se puede inferir que habiendo un cadáver-hecho conocido- y un enfrentamiento
armado en un lugar aledaño, la conclusión sea que con ocasión al segundo el primero
aconteció, comoquiera que no hay una inferencia lógica razonada que lleve a tal síntesis,
máxime si se tiene en cuenta que el indicio va de lo conocido a lo desconocido pero a la
luz del principio de causalidad23.
En este orden, no se dejó "huellas" de la comisión del tipo delictivo, toda vez que no hay
datos de la escena del crimen, tampoco se tiene información sobre las heridas, la
ubicación de estas en el cuerpo, la trayectoria del proyectil dentro del mismo, la clase de
munición utilizada, el momento exacto del deceso, las personas que hayan presenciado
el in suceso; elementos que sí podrían indicar si le era o no atribuible la responsabilidad
a la , entidad demandada, razón por la cual las premisas utilizadas por el juzgador de
primera instancia no se perfilan como la causa más probable del hecho indicado.
El tratadista Jairo Parra Quijano24advirtió que: "siendo los indicios hechos accesoriós de
un hecho principal, o partes circunstanciales de un suceso único,..., deben
necesariamente obedecer a la ley de las tres unidades de tiempo, de lugar y de acción;
de modo que cada indicio, ..., estará obligado a combinarse con los otros, a tomar su lugar
23 Nicola Framarino Dei Malatesta, en su libro "Lógica de Las pruebas en materia criminal", Editorial
Temis, Tomo I, Bogotá 1995, pág. 251 y ss,
24 Manual de Derecho Probatorio, 'Decirna Sexta Edición, Librería Ediciones del Profesional Ltda.,
2008, pág. 685-694
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correspondiente en el tiempo y en el espacio, y todos a combinarse entre sí, cada uno
según su carácter o naturaleza, según las relaciones de causa a efecto, dé medio a fin,
de coexistencia, etc., que los vinculan, y de conformidad con las relaciones necesarias
que derivan de la naturaleza delas cosas..."
De manera que, no se puede efectuar la valoración de una prueba indiciaria considerando
aisladamente cada hecho, pues es el conjunto de estos lo que conlleva al juzgador a tener
un alto grado de convicción frente al hecho desconocido que se pretende esclarecer, razón
.por la cual llama la atención de esta Sala la falta de estructuración en el raciocinio lógico
de lá sentencia apelada al solo enunciar que por indicios se responsabiliza a La
administración sin establecer de manera clara cuáles son y la eficacia que estos aportan
al proceso para llegar a la verdad jurídica.
En conclusión, en el presente asunto no se configuran todos los elementos de
responsabilidad de la administración en ninguno de los dos regímenes estudiados, es
decir, • tanto en el subjetivo como en el objetivo, razón por la cual debe ser revocada la
sentencia de primera instancia y consecuencialmente negarse las pretensiones de la
demanda» [Sic]
40. Respecto de lo anterior, para la Sala, contrario al decir de la parte demandante, la
autoridad judicial demandada realizó una valoración probatoria acorde con la
evidencia con la que contaba, pues sí valoró la inspección del cadáver, los
testimonios, los documentos relacionados con la actuación militar y la prueba
indiciaria, caso distinto es que, con fundamento en esos elementos, aunque tuvo por
acreditadas la muerte de Abundio Avilés y la ocurrencia de un enfrentamiento armado
cerca de la vereda El Paujil, concluyó que no se demostró la imputabilidad del daño
al Ejército Nacional.
41. En relación con la inspección del cadáver, explicó que el cuerpo había sido
bañado, la vestimenta cambiada y las heridas vendadas, por lo que no fue posible
establecer las características de las lesiones, la trayectoria de los disparos ni el tipo
de munición. Asimismo, frente a los testimonios, señaló que ninguno de los
declarantes presenció directamente los hechos, razón por la cual no les atribuyó
fuerza suficiente para demostrar la autoría.
42. En ese mismo sentido, el tribunal examinó la prueba indiciaria y consideró que la
existencia de un cadáver y de un enfrentamiento armado en un lugar cercano no
permitía, por sí sola, inferir que la muerte ocurrió como consecuencia de la actuación
militar, pues no existían otros elementos que permitieran establecer esa conexión.
43. En esas condiciones, no se configura el defecto fáctico alegado, pues la autoridad
judicial no omitió pruebas relevantes ni sustentó su decisión en una valoración
arbitraria, sino que explicó las razones por las cuales el material probatorio no
permitía establecer la imputación del daño a la administración en los términos
planteados en la demanda contenciosa.
44. Así las cosas, lo que la Sala evidencia es la inconformidad de los demandantes
con el análisis probatorio efectuado por el tribunal y con la conclusión a la que arribó
respecto de la falta de imputación del daño a la administración; sin embargo, ese
desacuerdo no configura por sí mismo un defecto fáctico ni habilita al juez de tutela
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para efectuar una nueva valoración de las pruebas o sustituir el criterio adoptado por
el juez natural.
45. De otra parte, en cuanto al desconocimiento del precedente jurisprudencial, los
demandantes sostuvieron que el Tribunal Administrativo del Tolima se apartó de los
criterios de flexibilización probatoria desarrollados por el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional para asuntos relacionados con graves violaciones de derechos
humanos e infracciones al DIH.
46. Respecto de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, se advierte que el tribunal no adoptó una regla
contraria a la flexibilización probatoria allí desarrollada, pues no exigió prueba directa
como único medio para establecer la responsabilidad del Estado ni excluyó la
posibilidad de acudir a indicios o medios indirectos; por el contrario, examinó
expresamente la prueba indiciaria y explicó por qué los hechos acreditados no
permitían inferir que la muerte de Abundio Avilés hubiera sido causada por miembros
del Ejército Nacional.
47. Por lo anterior, aún si se tiene en cuenta el carácter vinculante de las reglas de
unificación contenidas en esa providencia, no se acredita su desconocimiento, pues
la flexibilización probatoria no impone al juez una determinada conclusión sobre los
hechos ni supone que toda prueba indirecta resulte suficiente para demostrar la
imputación, en este caso, el tribunal valoró esos elementos y justificó por qué no
alcanzaban el grado de convicción necesario para atribuir el daño a la administración.
48. Respecto de las sentencias de la Corte Constitucional25 invocadas por los
demandantes, se indica que fueron proferidas con posterioridad a la sentencia
cuestionada, de manera que no podían constituir precedente desconocido por el
Tribunal al adoptar su decisión el 13 de julio de 2017, por esa razón, su contenido
tampoco permite estructurar el defecto alegado.
49. Finalmente, en cuanto a la Sentencia T-237 de 2017, se recuerda que fue proferida
en el marco de un proceso constitucional, cuyos efectos son inter-partes, razón por
la cual, no fijó ninguna regla de unificación ni imponía al tribunal la obligación de
reproducir la solución adoptada en ese asunto, pues si bien los jueces deben
observar el precedente constitucional aplicable, ello no excluye su autonomía para
valorar las pruebas conforme a las particularidades del caso, siempre que no se
aparten injustificadamente de una regla jurisprudencial vinculante.
50. En consecuencia, los demandantes no demostraron que la autoridad judicial
demandada hubiera desconocido una regla jurisprudencial vinculante aplicable al
caso, su cuestionamiento corresponde a la inconformidad con el alcance otorgado al
material probatorio y con la conclusión sobre la falta de imputación del daño, lo cual
25 Al respecto citaron las sentencias SU-035 de 2018, SU-060 de 2021, SU-439 de 2024, T-540 de
2024 y SU-484 de 2024.
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no configura el defecto por desconocimiento del precedente ni habilita al juez de tutela
para sustituir la interpretación del juez natural, por lo que se negará el amparo
respecto de esta providencia.
51. Así las cosas, esta Sala de decisión observa que la corporación judicial
demandada no incurrió en ninguna de las causales específicas de procedencia de la
solicitud de tutela contra providencia judicial alegadas, debido a que su decisión fue
proferida conforme a las normas y jurisprudencia reguladoras de su función judicial,
apoyada en el material probatorio obrante en el proceso para efectuar la
interpretación que consideró más ajustada al caso concreto.
52. Por otra parte, frente a la sentencia proferida el 17 de octubre de 2024 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, los demandantes sostuvieron que se
desconoció el precedente contenido en la sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2014, al considerar que los criterios de flexibilización probatoria allí desarrollados
no habían sido objeto de unificación, pues hacían parte de la ratio decidendi de esa
providencia y, por tanto, tenían carácter vinculante, de conformidad con lo señalado
por la Corte Constitucional en la Sentencia T-210 de 2022.
53. Frente a lo cual, la Sala recuerda el análisis probatorio efectuado el Consejo de
Estado, Sección Tercera, en la sentencia enjuiciada, a efectos de desestimar el
recurso extraordinario al concluir que aun cuando la sentencia del 28 de agosto de
2014 abordó un asunto de infracción al DIH y trató el tema de la flexibilización en la
apreciación probatoria, este no fue el objeto de la unificación, así:
«[…] 2.4.1 La connotación de sentencia de unificación invocada
La Sala considera que, efectivamente, la sentencia expedida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado el 28 de agosto de 2014 (exp. 32.988), corresponde a una sentencia
de unificación porque: (i) fue expedida por el pleno de la Sección Tercera; (ii) en la
introducción se define como sentencia de unificación; (iii) fueron enunciados los tópicos
específicos que serían materia de unificación44; y (iv) tanto en su parte motiva como
resolutiva se encargó de unificar criterios frente a los temas anunciados y sentó las
subreglas de unificación.
2.4.2. Identificación de las reglas y subreglas unificadas en la sentencia invocada
2.4.2.1. La Sección Tercera de esta Corporación, en la sentencia del 28 de agosto de
2014 (exp. 32.988), unificó jurisprudencia en relación con (i) la reparación de los perjuicios
inmateriales derivados de afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados; y (ii) el tope indemnizatorio de los perjuicios morales en
casos en los que el daño antijurídico imputable al Estado tiene su origen en graves
violaciones a los DDHH e infracciones al DIH.
Para el primer nodo de unificación, concerniente a los perjuicios inmateriales derivados de
afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente
amparados, estableció la siguiente regla: Se reconoce, dentro del derecho de daños, una
tercera categoría de daños inmateriales autónomos — que no depende para su
configuración de otros— denominada “afectaciones a bienes o derechos constitucional o
convencionalmente amparados”. Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las
cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos
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constitucionales y convencionales. Tal vulneración o afectación relevante puede ser
temporal o definitiva. Debe ser expresamente declarado por el juez y, se incardina en el
principio de reparación integral.
En desarrollo de la regla de unificación, se establecieron de forma unificada las siguientes
subreglas para la indemnización del mencionado perjuicio: (i) propende por reparar
plenamente a la víctima, esto es, restaurar sus derechos o bienes constitucionales o
convencionales afectados, enervar las causas de la lesión, poner a la víctima en
condiciones de disfrute del derecho lesionado, evitar afectaciones futuras y garantizar el
derecho a la igualdad sustancial; (ii) la reparación procede de oficio, siempre que esté
demostrada su existencia; (iii) se reconoce en favor de la víctima directa y su núcleo
familiar hasta el primer grado de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la
civil derivada de la adopción y aquellas denominadas "de crianza", en atención a las
relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos; (iv) se repara
principalmente con medidas no pecuniarias, no indemnizatorias; (v) excepcionalmente, si
las medidas no pecuniarias son insuficientes, podrá reconocerse únicamente en favor de
la víctima directa una indemnización pecuniaria de hasta 100 SMLMV, siempre y cuando
la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud, dicho
quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño o a la
naturaleza del bien o derecho afectado.
Para el segundo nodo de unificación, consistente en el tope indemnizatorio de los
perjuicios morales en casos en los que el daño antijurídico imputable al Estado tiene su
origen en graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, se estableció
que, en asuntos excepcionales, la indemnización que se otorgue por perjuicio moral podrá
ser mayor al tope de 100 SMLMV para los casos de muerte —quantum que deberá motivar
el juez— cuando esté probado que el daño revistió una considerable intensidad y
gravedad, siempre y cuando el reconocimiento no exceda el triple de los montos
indemnizatorios inicialmente dispuestos. Las anteriores fueron, por disposición expresa,
las subreglas definidas en ejercicio de la función de unificación y, por consiguiente, las
que constituyen un precedente jurisprudencial reforzado.
2.4.2.2. Como consideraciones adicionales, pero que no fueron enmarcadas
expresamente en el ámbito de las reglas de unificación, en la referida sentencia se abordó
la adopción de criterios flexibilizados para la apreciación y valoración de los medios
probatorios en casos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH.
Dentro del acápite “[s]obre la validez de los medios de prueba” se dio un trato privilegiado
a los medios de prueba indirectos y a las inferencias lógicas, como una forma de garantizar
los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, en razón a la innegable desigualdad
de armas de las partes concurrentes al proceso.
Particularmente la Sala: (i) refirió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
realizado exigencia probatorias mayores para los Estados en casos de desaparición
forzada y de ejecuciones sumarias, (ii) incorporó el contenido del artículo 175 del CPC; y
(iii) anunció que adecuaría la valoración probatoria a los estándares que ya han sido
reconocidos por los instrumentos internacionales. Sin soslayar la importancia de estas
consideraciones, al fallar un asunto de esta naturaleza, lo cierto es que no fue objeto de
unificación.
La subsunción de las reglas unificadas al caso concreto
2.4.3.1. En el siguiente cuadro se muestra la identidad o disparidad entre las subreglas de
unificación y las invocadas en el presente asunto, pues la sincronía entre lo unificado y lo
que se solicita aplicar determina la prosperidad del recurso extraordinario de unificación.
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Así las cosas, aun cuando la sentencia de unificación abordó un asunto de infracción al
DIH y trató el tema de la flexibilización en la apreciación probatoria, este no fue el objeto
de la unificación. De ahí, que las reglas que pretende hacer valer la parte actora quedaron
expuestas dentro del fundamento general no unificado y, por ende, no tienen la condición
de ratio decidendi que sería extensible a todos los casos análogos que compartan
identidad. En otras palabras, en punto a la eficacia probatoria, la providencia si bien trajo
a colación los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
refirió que, incluso, esta Corporación en decisión anterior45, ya había tratado el tema de
la flexibilización de los estándares probatorios en materia de prueba documental, lo cierto
es que la Sala no le dio a este fundamento un carácter de unificación.
2.4.3.2. La Sala advierte, por demás, que el aludido desconocimiento del principio de
distinción y del lugar en que se presentaron los hechos, así como una eventual
inobservancia de que la muerte ocurrió en el marco del conflicto armado interno, y una
posible valoración soportada en conjeturas, que son las razones adicionales por las que
el recurrente aduce que el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia es
procedente, tampoco se fundan en las reglas unificadas con la sentencia invocada, sino
que corresponde a argumentos propios del debate surtido en el trámite de reparación
directa.
Con estos argumentos, se hace patente el interés que tiene la recurrente en reabrir el
debate propio del proceso originario, como si se tratara de una tercera instancia judicial,
al discutir, primordialmente, la valoración que de los testimonios y de las documentales
efectuó el Tribunal Administrativo del Tolima y, al poner de presente los hechos que, a su
juicio, quedaron probados, así como a descalificar el análisis que llevó a cabo el Tribunal
al catalogarlo de inadecuado y conjetural en contravía de lo previsto en el artículo 175 del
CPC, todo lo cual permitiría solidificar la postura en torno a la responsabilidad del ente
estatal.
2.4.3.3. Así las cosas, al no estar satisfechos los supuestos para la prosperidad del
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, será desestimado […]». [sic]
54. Como se observa, la autoridad judicial demandada analizó la sentencia de
unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 28 de agosto
de 2014, así como las reglas y subreglas que fueron objeto de unificación. Aunque
reconoció su carácter de precedente reforzado, concluyó que los criterios sobre
flexibilización de la valoración probatoria invocados por la parte recurrente no
formaban parte de la ratio decidendi de dicha providencia, pues correspondían a
consideraciones adicionales que no fueron objeto de unificación.
55. Por ello, determinó que tales criterios no resultaban extensibles al caso concreto
y que los demás reproches planteados pretendían reabrir el debate probatorio propio
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02511-01
Demandante: Daniel Avilés Rodríguez y otros
del proceso de reparación directa, razón por la cual desestimó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia.
56. Ese análisis resulta acorde con la naturaleza del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, cuyo objeto no consiste en revisar nuevamente la
decisión adoptada por el juez ordinario, sino en establecer si esta se opone a una
regla unificada por el Consejo de Estado, por ende, correspondía a la Sección
Tercera determinar cuáles eran las reglas fijadas con ese carácter en la providencia
invocada y verificar si la sentencia del tribunal las había desconocido.
57. En ese ejercicio, la autoridad judicial no ignoró que la sentencia del 28 de agosto
de 2014 se refirió a la flexibilización de la valoración probatoria en casos de graves
violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, caso distinto es que
determinó fue que tales consideraciones no integraban las reglas y subreglas objeto
de unificación y, por esa razón, no podían sustentar la prosperidad del recurso
extraordinario. Esta distinción fue explicada de manera expresa en la providencia
cuestionada.
58. Ahora, la Sentencia T-210 de 2022 invocada por los demandantes, tampoco
permite concluir que la decisión cuestionada desconoció el precedente, ya que si bien
en aquella providencia la Corte Constitucional precisó que la ratio decidendi
corresponde a las razones jurídicas necesarias para adoptar una decisión y tiene
carácter vinculante, de ello no se deriva que todas las consideraciones contenidas en
una sentencia de unificación tengan la condición de regla unificada, precisamente, la
Sección Tercera examinó ese aspecto y concluyó que los criterios probatorios
invocados correspondían al fundamento general no unificado de la sentencia de
2014.
59. Además, los cuestionamientos relacionados con el principio de distinción, el lugar
en el que ocurrieron los hechos, la relación de la muerte con el conflicto armado y la
valoración de los testimonios y documentos correspondían al debate probatorio
propio del proceso de reparación directa, por consiguiente, la Sección Tercera
consideró que su examen a través del recurso extraordinario implicaba convertir ese
mecanismo en una instancia adicional para controvertir la valoración efectuada por
el Tribunal.
60. En consecuencia, no se observa un desconocimiento del precedente invocado,
sino una interpretación razonada sobre el alcance de las reglas contenidas en la
sentencia de unificación y sobre los asuntos susceptibles de examen mediante el
recurso extraordinario. La inconformidad de los demandantes con esa interpretación
no habilita al juez de tutela para sustituir el criterio adoptado por el órgano de cierre
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, máxime cuando la decisión expuso
las razones jurídicas que sustentaron la desestimación del recurso.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02511-01
Demandante: Daniel Avilés Rodríguez y otros
61. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
62. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
3. Conclusión
63. En este orden de ideas, las inconformidades planteadas por los demandantes
quedaron desvirtuadas, por lo cual, la Sala revocará la decisión del a quo, para, en
su lugar, negar el amparo del derecho fundamental de Daniel Avilés Rodríguez y otros
en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena.
64. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 2 de marzo de 2026 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Sala de Conjueces. En su lugar, negar el amparo del
derecho fundamental de Daniel Avilés Rodríguez, Isabel Rodríguez, Aicardo Avilez
Rodríguez, Mauricio Avilés Rodríguez, Yojan Estiben Rodríguez, Omar Rodríguez,
Yamile Rodríguez, Adriana Jazmín Avilés Rodríguez, Yon Edinson Rodríguez y
Orleyda Avilés Rodríguez en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo del Tolima y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02511-01
Demandante: Daniel Avilés Rodríguez y otros
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Con salvamento de voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
DMOR/LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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