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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02517-00

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02517-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la señora María Eugenia del Socorro Pérez Buitrago, respecto de los derechos al debido proceso y acceso efectivo a la administración al no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 22 Radicado: 11001 03 15 000 2025 02517 00 Demandante: María Eugenia del Socorro Pérez Buitrago SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo del derecho a la igualdad, al no demostrarse su vulneración en el caso concreto, según las razones expuestas en esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en los términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2° del artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02517-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

5 de junio de 2025

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 02517 00
Demandante: María Eugenia del Socorro Pérez Buitrago

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Expediente: 11001 03 15 000 2025 02517 00
Accionante: María Eugenia del Socorro Pérez Buitrago
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Subsección A
Tesis: No cumple con el requisito de relevancia constitucional frente a los derechos
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, la acción de tutela en
la que no se explica la afectación al núcleo esencial de dichos derechos, se trata de
un asunto meramente legal y se pretende abrir el debate de instancia.
Cumple con el requisito de relevancia constitucional frente al derecho a la igualdad,
la acción de tutela en la que se explica la afectación al núcleo esencial de dicho
derecho, no se trata de un asunto meramente legal y no se pretende abrir el debate
de instancia.
No incurre en desconocimiento del precedente judicial la providencia que negó la
reliquidación de cesantías de forma retroactiva, al considerar que la accionante se
acogió al régimen anualizado, y que los precedentes invocados no resolvían un caso
similar.

ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora María Eugenia del
Socorro Pérez Buitrago en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Segunda Subsección A.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. La señora María Eugenia del Socorro Buitrago, actuando por medio de
apoderado judicial, instauró acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo

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Radicado: 11001 03 15 000 2025 02517 00
Demandante: María Eugenia del Socorro Pérez Buitrago

de Cundinamarca Sección Segunda Subsección A, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de
justicia e igualdad, con ocasión de la sentencia del 24 de octubre de 2024, proferida
en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
número de radicado 11001 3335 030 2023 00100 01, en la que se resolvió confirmar
la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2023, por el Juzgado Treinta
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá D.C. – Sección Segunda.

Para el efecto, formuló la siguiente pretensión:

“IV.- PRETENSIONES

Por los argumentos fácticos, probatorios, jurídicos y jurisprudenciales
expuestos, respetuosamente solicito al Juez Constitucional acceda a la
protección de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso,
acceso efectivo a la administración de justicia e igualdad que le asisten a mi
poderdante y, consecuencialmente, se deje sin efectos la providencia proferida
el 24 de octubre de 2024 por la Sección Segunda, Subsección “A” del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y le sea ordenado que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo de tutela respectivo, emita decisión
siguiendo los lineamientos del juez constitucional, tendiente a revocar la
providencia del A quo y, en su lugar se acceda a las pretensiones de la
demanda, consistente en anular los actos administrativos demandados, con el
respectivo restablecimiento del derecho en los términos del líbelo demandatorio.
(sic)”1.

1.2. Como fundamento de su solicitud, en el apartado de hechos, indicó que laboró
en la Cámara de Representantes desde 3 de enero de 1994 al 31 de agosto de 2019.

1.3. Informó que, el 30 de agosto de 2022, solicitó a la Cámara de Representantes
y al Fondo de Previsión Social del Congreso (en adelante Fonprecon), la reliquidación
de cesantías y el pago retroactivo de las mismas. El 19 de septiembre de 2022, la
División de Personal de la Cámara de Representantes rechazó la petición y señaló
que de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Decreto 3118 de 1968 y la
Ley 33 de 1985, la liquidación de cesantías de los funcionarios del Congreso de la
República se rige por el sistema de liquidación anualizado. Esta decisión fue
confirmada por el Director de Fonprecon a través de la Resolución N° 0737 del 24 de
noviembre de 2022.

1 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

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Demandante: María Eugenia del Socorro Pérez Buitrago

1.4. Inconforme con lo anterior promovió una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objetivo de invalidar los actos administrativos que
le negaron la reliquidación de sus cesantías de forma retroactiva. Manifestó que, el
Juzgado Treinta Oral Administrativo de Bogotá profirió sentencia de primera instancia
el 9 de noviembre de 2023, mediante la cual negó las pretensiones formuladas, en
consecuencia, apeló dicha decisión.

1.5. Sostuvo que, en segunda instancia, la Sección Segunda, Subsección “A” del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 24 de octubre de
2024, confirmó la negativa inicial.

1.6. Resaltó que la demanda era relevante constitucionalmente, dada la vulneración
de los derechos al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de
justicia, consagrados en los artículos 29, 13 y 229 de la Constitución Política, así como
en los artículos 8, 14 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sostuvo que, lo anterior se
produjo por la omisión en la aplicación del principio de favorabilidad en la interpretación
del régimen de cesantías retroactivas y por el desconocimiento del precedente
horizontal por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. También expresó
que la acción de tutela fue interpuesta dentro del plazo razonable, antes de seis (6)
meses desde la firmeza de la sentencia del 24 de octubre de 2024, confirmada el 19
de noviembre, y que se cumple la legitimación por activa y pasiva. Indicó que se
satisface la subsidiariedad, al no existir recursos ordinarios contra la providencia
impugnada, y que se configuraron los defectos sustantivos, por violación directa de la
Carta del 91 y por desconocimiento del precedente, lo que habilita la intervención del
juez constitucional.

1.7. Alegó que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda Subsección incurre en defecto sustantivo al aplicar
la Ley 344 de 1996, que estableció el régimen de cesantías anualizadas para todos
los empleados del Estado, salvo quienes ya contaban con el esquema retroactivo y al
aplicar indebidamente el Decreto 3118 de 1968, que regula las cesantías para la Rama
Ejecutiva del Orden Nacional por remisión del Decreto 1111 de 1992, sin considerar
que dicho marco normativo exceptúa expresamente a los empleados del Congreso.
Adujo que se vulneró directamente la Constitución Política, como lo ha señalado la
Corte Constitucional en la sentencia SU-038 de 2023, al interpretar la ley al margen

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del artículo 53 del ordenamiento constitucional que consagra el principio de
favorabilidad en la interpretación de las fuentes formales del derecho, el cual exige
aplicar la más favorable al trabajador en caso de duda, lo que no se hizo al extender
el régimen de cesantías de la Rama Ejecutiva a los empleados del Congreso, pese a
su expresa exclusión normativa.

1.8. Indicó que la sentencia desconoció precedentes judiciales verticales y
horizontales. En cuanto al precedente vertical, señaló que se ignoró la jurisprudencia
reiterada del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, contenida en las
sentencias 25000 2325 000 2001 00798 01, de 24 de julio de 2008, y 08001 2331 000
2011 00649 01, de 20 de febrero de 2020, en las cuales se ha establecido que la
afiliación a fondos privados o al Fondo Nacional del Ahorro no implica renuncia al
régimen retroactivo de cesantías salvo que exista una autorización expresa. En
relación con el precedente horizontal, sostuvo que la misma Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca reconoció, en un fallo del 3 de octubre de 2024, el
derecho a cesantías retroactivas en un caso similar, criterio que fue omitido sin
justificación en la sentencia impugnada, vulnerando así el principio de igualdad.

Por último, advirtió la ausencia de una posición uniforme dentro de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca frente a la aplicación del régimen
retroactivo de cesantías a los empleados públicos del Congreso de la República
vinculados antes del 1.º de enero de 1997, fecha en la que entró en vigor la Ley 344
de 1996. Expresó que, mientras en algunos procesos se accede a la nulidad de actos
administrativos que negaron la aplicación de dicho régimen, en otros bajo
circunstancias fácticas idénticas se rechazaban las pretensiones, lo cual genera una
afectación al derecho a la igualdad. Reiteró que en el presente caso, no puede
desconocerse que la decisión cuestionada se basó en la postura adoptada por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en una sentencia aislada
del 21 de marzo de 2024, identificada con el radicado 25000 2342 000 2022 00423
01, en la cual se concluyó que, dado que la demandante fue vinculada al Senado con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 5.ª de 1992, el 17 de junio de ese mismo
año, le resultaba aplicable el régimen anualizado de cesantías previsto para los
empleados de la Rama Ejecutiva del orden nacional desde la expedición del Decreto
3118 de 1968, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1111 del 8 de julio de 1992, a
pesar de que no existe una sentencia de unificación que zanje dicha controversia.

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II. TRÁMITE DE LA TUTELA

2.1. El expediente fue sometido a reparto el 30 de abril de 20252 y allegado al
Despacho Sustanciador el 2 de mayo de la presente anualidad3.

2.2. El proceso de la referencia fue admitido mediante providencia del 6 de mayo de
20254, en el que particularmente se ordenó notificar a los Magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección A y comunicar al
Juzgado Treinta Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá D.C. – Sección
Segunda, al titular de la Nación – Congreso de la República - Cámara de
Representantes, Fondo de Previsión Social del Congreso de la República –
Fonprecon y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.3. El 14 de mayo de 20255, el Jefe de la División Jurídica de la Cámara de
Representantes solicitó que se niegue el amparo de la acción de tutela,
argumentando que la sentencia C-590 de 2005, de la Corte Constitucional establece
que la tutela contra providencias judiciales procede solo si se cumplen requisitos
generales para su procedencia. Adujo que se debe comprobar una causal específica
como defecto de competencia, procedimiento, pruebas, motivación, desconocimiento
del precedente o violación directa de la Constitución Política, para evitar que la tutela
sea una instancia adicional que afecte la cosa juzgada.

Señaló que, la tutela no reemplaza recursos ordinarios y solo aplica cuando hay
arbitrariedad clara tras agotarlos y según la jurisprudencia, debe tratar asuntos
constitucionales que impliquen una restricción grave a derechos fundamentales, no
debates meramente legales o económicos. Manifestó que en el caso concreto la
accionante busca reabrir un debate judicial ya resuelto, sin demostrar vulneración real,
por lo que no hay relevancia constitucional ni procedencia de la tutela.

2.4. El Director General y Representante Legal del Fondo de Previsión Social del
Congreso de la República mediante memorial del 16 de mayo de 20256, solicitó
declarar improcedente la acción de tutela o, en su defecto, negarla por la inexistencia

2 Visible a índice 1 ibídem.
3 Visible a índice 4 ibídem.
4 Visible a índice 4 ibídem.
5 Visible a índice 8 ibídem
6 Visible índice 9 ibídem

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de vulneración de derechos, argumentando que con ella se pretende reabrir una
tercera instancia para revisar un proceso judicial en el que se garantizó el debido
proceso y se emitió una decisión desfavorable para la accionante, quien solicitaba el
reconocimiento retroactivo de sus cesantías. Adujo que, en ese proceso, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca concluyó que, dado que la demandante se vinculó
con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 5.ª de 1992, le resultaba aplicable el
régimen anualizado de cesantías previsto para los empleados públicos del orden
nacional, conforme al Decreto 3118 de 1968 y en virtud de lo dispuesto en el Decreto
1111 de 1992. Esta interpretación fue confirmada tanto en sede administrativa como
judicial. Además, sostuvo que el Fondo de Previsión Social del Congreso no es
responsable de la reliquidación ni del pago de cesantías, funciones que corresponden
a la Cámara de Representantes como empleador directo.

2.5. El Juzgado Treinta Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá D.C.
– Sección Segunda, en memorial del 16 de mayo de 20257, allegó el expediente
digital y solicitó que se tengan en cuenta los razonamientos de hecho y de derecho
expuestos en las decisiones de primera y segunda instancia.

2.6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Subsección A, en escrito de 16 de mayo de 20258, se opuso a las pretensiones de
la accionante, pues las instancias judiciales ya negaron estas solicitudes basándose
en que, desde 1969, los empleados públicos nacionales están sujetos al régimen
anualizado de cesantías establecido en el Decreto 3118 de 1968 y confirmado por
el Decreto 1111 de 1992, aplicable a la demandante por su vinculación en 1994.
Asimismo, indicó que, el Fondo de Previsión Social del Congreso no es responsable
de la reliquidación ni el pago de cesantías, funciones que corresponden a la Cámara
de Representantes como empleador directo.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el numeral quinto del artículo 2.2.3.1.2.1. del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333

7 Visible índice 10 ibídem
8 Visible índice 11 ibídem

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de 20219, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado, que asignó a esta Sección el conocimiento de
este tipo de acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del
presente asunto.

3.2. Hechos relevantes

3.2.1. El 30 de agosto de 2022, la accionante solicitó a la Cámara de
Representantes y a Fonprecon la reliquidación y pago de acuerdo de sus cesantías
con base en el régimen retroactivo, petición que fue negada el 19 de septiembre del
mismo año por la División de Personal de la Cámara de Representantes, bajo el
argumento que el régimen aplicable a la actora era el anualizado. Esta decisión fue
confirmada por Fonprecon mediante la Resolución N.º 0737 del 24 de noviembre de
2022.

3.2.2. La señora María Eugenia del Socorro Pérez Buitrago promovió demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos que le
negaron la reliquidación de sus cesantías correspondientes al periodo del 3 de
enero de 1994 al 31 de agosto de 2019, fecha en la que finalizó su vínculo laboral
con la Cámara de Representantes.

3.2.3. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho le correspondió al
Juzgado Treinta Oral Administrativo de Bogotá, que profirió sentencia de primera
instancia el 9 de noviembre de 2023, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda.

3.2.4. La Sección Segunda, Subsección A, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca confirmó dicha decisión en sentencia del 24 de octubre de 2024.

3.2.5. Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso acción de tutela contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

9 “Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo

2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
5.⁠ ⁠Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional
accionada.”

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3.3. Análisis de la Sala

3.3.1. De la verificación del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

3.3.1.1. De la relevancia constitucional

En la sentencia C 590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
es que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En
ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.

Asimismo, la mencionada sentencia precisó que “los fundamentos de una decisión
de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a
estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de lo dicho, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En sentencia SU 573 de 2019 10, el
alto tribunal constitucional explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad.

10 M.P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-

103 de 2022.

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(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la citada
sentencia SU 215 de 202211, decisión en la cual, además, expuso la clave que sirve
al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto entendimiento de los hechos y
del problema jurídico”.

3.3.1.2. De la constancia sobre la posible afectación a derechos
fundamentales

Al respecto, es pertinente señalar que la Corte Constitucional, en las sentencias T
422 de 2018, SU 573 de 2019, SU 128 de 2021, SU 103 de 2022 y SU 215 de 2022,
ha entendido que para la acreditación de este primer elemento es necesario que la
parte interesada, en el escrito de tutela: (i) invoque la vulneración de derechos
fundamentales, (ii) exponga los motivos por los cuales considera que la sentencia
atacada está vulnerando tales derechos fundamentales y (iii) compruebe que la
transgresión supone un atentado contra el núcleo esencial de los derechos
invocados12.

En otras palabras, para superar dicho elemento el Juez no puede limitarse a
convalidar el requisito de la relevancia constitucional con la sola mención de un
derecho fundamental, sino que debe evaluar si, de acuerdo con los argumentos
expresados en el escrito correspondiente, hay amenaza o violación efectiva del
núcleo esencial del mismo. Por ende, únicamente cuando se observe que la
vulneración del derecho acontece en su núcleo esencial, es posible advertir que el

11 Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección

de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la
acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal”.
12 La Corte Constitucional en sentencia C-756 de 2008 ha entendido el núcleo esencial de un derecho

como: “esa parte del derecho que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un
necesario grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido
negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental como aquel sin el cual un
derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica
al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también, puede verse
como la parte del derecho fundamental que no admite restricción porque en caso de hacerlo resulta
impracticable o se desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección”

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caso reviste la trascendencia necesaria para permitir que se logre exceptuar en un
juicio constitucional, el principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje
institucional en el que se funda nuestro sistema jurídico.

3.3.1.3. Impedir que se controviertan asuntos de mera legalidad o económicos
en la acción de tutela

En este punto, el Juez debe verificar que en la acción de amparo no tenga como
finalidad la protección de intereses económicos y/o se debatan asuntos meramente
legales, dado que éstos no tienen trascendencia constitucional. Al respecto, la Corte
Constitucional en sentencia SU 215 de 2022, señaló:

“no significa que en todos los casos en los que se cuestione la definición y
aplicación judicial de normas de rango legal se incumple el requisito de
relevancia constitucional (…) en la labor judicial la indebida aplicación de
normas de rango legal puede derivar en una violación de derechos
fundamentales. Justamente esa situación es la que sustenta la existencia,
caracterización y definición del defecto sustantivo. En todo caso, la relevancia
constitucional exige que el accionante vincule la discusión legal con la violación
de una garantía fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia
el por qué la interpretación o aplicación de una norma de rango legal afectó
garantías constitucionales”.

Para precisar aún más el alcance de este planteamiento, el referido fallo de
unificación advirtió:

“Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en
un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos
se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en
acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se
discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales y las sentencias de anulación; (iv)
procesos ejecutivos, entre otras materias que implican pretensiones
económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto
siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a
obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión
definida ante los jueces ordinarios.”.

3.3.1.4. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia adicional

Por último, frente al tercer elemento, es pertinente señalar que en las sentencias SU
215 de 2022 y SU 128 de 2021, la Corte estableció que “la tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo

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cuestionado”, pues, según explicó, solo de esa forma se previene la irrupción del
juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se previene que el recurso
de amparo sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial.

Dicho en otras palabras, en un proceso judicial el debate gira sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado y, por ende, la decisión del Juez se fundamenta precisamente en las
razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho que ellas
ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley prevé, de
conformidad con las facultades oficiosas que tiene. Por lo tanto, en los eventos en
los cuales la autoridad judicial decide precisamente sobre la controversia que se le
ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes, simplemente está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el
ámbito de sus competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera
de las competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En una condición de esta naturaleza, sería entonces el Juez Constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia,
entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del
juez competente para conocer del asunto, en el escaso término que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con
el evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga
decirlo, no tiene la formación requerida.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido
el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando
ella está por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han
formulado demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede
comprometer el núcleo fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho
a la defensa, en la medida en que tal decisión no haya podido ser controvertida.

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3.3.1.5 De la valoración del anotado requisito en el caso en concreto

La parte actora invocó como violados los derechos fundamentales a “al debido
proceso, acceso efectivo a la administración de justicia e igualdad”13, los cuales
consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 24 de octubre de 2024,
proferida en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con número de radicado 11001 3335 030 2023 00100 01, en la que se
resolvió confirmar la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2023, por el Juzgado
Treinta Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá D.C. – Sección Segunda.

a. En cuanto al derecho al debido proceso, la jurisprudencia constitucional lo ha
definido como el conjunto de garantías que aseguran a las personas la protección
de sus derechos dentro de una actuación judicial o administrativa. Este derecho
comprende, entre otras cosas, el acceso a un juez imparcial, el respeto de las
formas procesales, la posibilidad de defensa y contradicción, y el deber de
motivación de las decisiones.

En el presente caso, no se advierte una vulneración al núcleo esencial de esta
garantía, por cuanto la accionante promovió una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que fue conocida por autoridades judiciales
competentes, conforme a las reglas procesales vigentes. A lo largo del proceso se
respetaron las etapas propias del juicio, las partes ejercieron adecuadamente sus
derechos de defensa y contradicción, y las decisiones adoptadas en ambas
instancias fueron debidamente motivadas en derecho. Así las cosas, la sola
inconformidad con el sentido del fallo o con la interpretación normativa realizada por
los jueces naturales no configura, por sí misma, una transgresión al debido proceso.

Además, del contenido de la acción de tutela se desprende que la pretensión de la
accionante está orientada a obtener una nueva valoración judicial respecto del
régimen de cesantías aplicable, lo cual supone una discusión meramente legal y
económica. Esta circunstancia revela que se está acudiendo al mecanismo de tutela
para reabrir un debate previamente resuelto en sede ordinaria, lo cual desnaturaliza
su carácter excepcional y subsidiario y convierte el amparo constitucional en una
tercera instancia, contraviniendo con ello su finalidad.

13 Visible a índice 2 ibidem

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b. Respecto del derecho al acceso a la administración de justicia, tampoco se
encuentra comprometido su núcleo esencial, toda vez que la accionante hizo uso
de los mecanismos judiciales ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico,
obtuvo pronunciamientos en primera y segunda instancia y contó con todas las
garantías procesales para controvertir los actos administrativos que le negaron la
reliquidación retroactiva de sus cesantías. El hecho de que las decisiones
enjuiciadas hayan sido desfavorables no constituye, por sí solo, una barrera al
acceso efectivo a la jurisdicción, especialmente cuando no se alega ni se prueba
una exclusión arbitraria o discriminatoria, en consecuencia, el debate que se
presenta en sede de tutela no obedece a una denegación de justicia, sino a la
intención de reabrir una controversia ya resuelta, sin una dimensión constitucional
que justifique la intervención del juez de tutela. Por ello, no se acredita la relevancia
constitucional en relación con este derecho, y no procede el amparo por esta vía.

c. Situación diferente ocurre frente al derecho a la igualdad, pues la actora sostiene
que en su caso existió un trato diferenciado injustificado respecto de otros procesos
en los que se reconoció el régimen retroactivo de cesantías en contextos fácticos
sustancialmente similares. Aduce que las sentencias del 24 de julio de 2008 con
radicado número 250002325000200100798 01 y del 20 de febrero de 2020
expediente 080001 2331 000 2011 00649 01, proferidas por la Sección Segunda
del Consejo de Estado, resolvieron situaciones análogas aplicando el régimen
retroactivo. Igualmente, afirma que la misma Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca reconoció ese régimen mediante providencia del 3
de octubre de 2024, lo que pone de presente una contradicción de criterios en
asuntos sustancialmente iguales. En este sentido, no se trata de una simple
discrepancia interpretativa, sino de una posible vulneración del principio de igualdad
por desconocimiento del precedente judicial vinculante, tanto vertical como
horizontal.

Esta acusación sí plantea una cuestión de relevancia constitucional, pues la
aplicación inconsistente de la jurisprudencia puede afectar principios como la buena
fe, la confianza legítima y la seguridad jurídica, que fundamentan el derecho a la
igualdad ante la ley. Por ello, en relación con este derecho, se encuentra satisfecho

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el requisito de relevancia constitucional que habilita el estudio de fondo por parte
del juez de tutela.

3.3.1.6. Del desconocimiento del precedente

3.3.1. De manera previa a abordar el alcance del defecto aludido, se debe precisar
que la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha definido como
precedente judicial “la sentencia o conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado, que por su pertinencia o semejanza en los problemas jurídicos
resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo”14. Al respecto, estableció como criterios para concluir
cuando se está ante un precedente, los siguientes: “i) que en la ratio decidendi de
la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a
resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en
el nuevo caso y iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente”15.

Bajo los parámetros indicados, un precedente se configura cuando la sentencia
pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva jurídica y fáctica, lo
que supone un mismo aspecto jurídico a considerar y unos mismos hechos
relevantes, probados y debidamente connotados. A estos efectos, el examen de los
requisitos que deben cumplirse para que se ataque la sentencia en sede de tutela
por desconocimiento del precedente, impone al actor la carga de identificar el
problema jurídico que resolvió la sentencia cuestionada para compararlo con el
problema jurídico resuelto por el precedente, determinando consecuentemente su
identidad en los hechos y en el objeto del litigio.

Visto así, el desconocimiento del precedente supone que la sentencia cuestionada
se identifica con aquél en su objeto y en los hechos. No habrá entonces
desconocimiento del precedente si la sentencia analizada difiere en cualquiera de
los aspectos indicados.

14 Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018, T-499 de 2017, T-292 de 2006 y Auto 397 de

2014.
15 Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y SU-053 de 2015.

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Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional16 ha hecho la distinción entre
precedente horizontal y precedente vertical, entendiendo por el primero aquellas
decisiones proferidas por el mismo funcionario, mientras que el segundo se refiere
a las decisiones que son emitidas por el superior jerárquico o la autoridad encargada
de unificar la jurisprudencia. La fuerza vinculante del precedente horizontal se
predica de las decisiones de la misma autoridad y se genera en atención a los
principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima y al derecho a la
igualdad17 ; mientras que el precedente vertical, al provenir de la autoridad de cierre
dentro de cada jurisdicción, limita la autonomía del juez, en tanto se debe respetar
la postura del superior18.

En el escenario hasta aquí esbozado, es posible concluir que, cuando un juez
desconoce una regla jurisprudencial vinculante y plenamente aplicable a
determinada situación, sin cumplir con la carga argumentativa descrita, incurre en
la causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
relacionada con el desconocimiento del precedente judicial y, en consecuencia,
vulnera el derecho fundamental a la igualdad de las personas que acudieron a la
administración de justicia. Contrario sensu, cuando la sentencia que difiere del
precedente fundamenta su decisión de manera razonable y suficiente, justificando
tal posición, no resultará procedente la acción de tutela por esta causal específica.

Finalmente, la jurisprudencia ha sido reiterativa en señalar las premisas bajo las
cuales habrá de interpretarse una decisión judicial acusada de incurrir en el defecto
en mención, anotando al respecto que se debe: “i) determinar la existencia de un
precedente o de un grupo de precedentes aplicables al caso concreto y distinguir
las reglas decisionales contenidas en estos precedentes; ii) comprobar que el fallo
judicial impugnado debió tomar en cuenta necesariamente tales precedentes pues
de no hacerlo incurriría en un desconocimiento del principio de igualdad; iii) verificar
si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente judicial por encontrar
diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado, o por considerar que la
decisión debería ser adoptada de otra manera para lograr una interpretación más
armónica en relación con los principios constitucionales, y más favorable a la

16Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y T-460 de 2016.
17 Corte Constitucional. Sentencia T-049 de 2007, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
18 Corte Constitucional. Sentencia SU-354 de 2017, M.P.: Iván Humberto Escrucería Mayolo.

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vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, de acuerdo con el principio
pro homine”19

3.1.2. Así las cosas, deberá establecerse si las providencias judiciales cuestionadas
incurrieron en desconocimiento del precedente judicial y, con ello, vulneraron el
derecho fundamental a la igualdad, al apartarse sin justificación de las reglas
jurisprudenciales en casos sustancialmente similares, relativos al régimen de
cesantías retroactivas aplicable a los empleados del Congreso de la República.

Pues bien, en cuanto al presunto desconocimiento de un precedente horizontal
proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Sala advierte que no
es posible efectuar su análisis, toda vez que la parte accionante no identificó de
forma concreta el número de expediente ni allegó copia de la providencia que habría
sido desatendida, lo cual impide su individualización y comparación con las
decisiones que se controvierten en esta tutela.

En lo que hace al precedente vertical, se observa que se invocaron como
precedentes desconocidos las siguientes decisiones: (i) la sentencia del 24 de julio
de 2008, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del
expediente núm. 250002325000200100798 01, y (ii) la sentencia del 20 de febrero
de 2020, dictada por la misma Sección dentro del expediente núm. 080001 2331
000 2011 00649 01, razón por la cual, el estudio de este cargo procederá a partir
del siguiente cuadro en el que, en primer lugar se analizarán cuáles son los hechos
relevantes y problema jurídico abordado en el trámite ordinario objeto de reproche:

Hechos relevantes Problema jurídico analizado por el
Sentencia 11001 3335 030 2023 Tribunal Administrativo de
00100 01 de 24 de octubre de 2024 Cundinamarca Sección Segunda
Subsección A
(i) María Eugenia del Socorro Pérez ¿Es nulo el acto administrativo que
Buitrago prestó sus servicios como negó la reliquidación de cesantías bajo
funcionaria de planta en la Cámara de el régimen retroactivo a una
Representantes entre el 3 de junio de exfuncionaria del Congreso que fue
1994 y el 31 de agosto de 2019. vinculada con anterioridad a la entrada

19 Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y T-351 de 2011.

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(ii) Solicitó a la Cámara de en vigor de un nuevo esquema de
Representantes y al FONPRECON la liquidación?
reliquidación de sus cesantías bajo el
régimen retroactivo, con base en el Tesis: No, determinó que la
promedio salarial del último año de demandante fue vinculada al Congreso
servicios. de la República cuando ya se aplicaba
(iii) Las entidades negaron su solicitud un régimen diferente al retroactivo, esto
mediante actos administrativos, es, el anualizado y que durante su
argumentando que la demandante se permanencia en el cargo estuvo sujeta
encontraba cobijada por el régimen a ese régimen, sin que constara
anualizado de cesantías previsto en el oposición o manifestación alguna para
Decreto 3118 de 1968 y el Decreto cambiarlo. Además, se comprobó que
1111 de 1992, al haber sido vinculada se encontraba afiliada a un sistema de
en vigencia de la Ley 5ª de 1992. cesantías en el que se le realizaron
(iv) La demandante interpuso demanda aportes periódicos y retiros parciales, lo
de nulidad y restablecimiento del que evidenciaba su aceptación del
derecho contra los actos régimen aplicado.
administrativos que negaron su
solicitud, argumentando que por haber Fuente: Ley 5ª de 1992, artículo 1º del
sido vinculada antes del 31 de Decreto 1111 de 1992
diciembre de 1996 debía aplicársele el
régimen retroactivo, invocando además
el principio de favorabilidad.

En efecto, en la sentencia 11001 3335 030 2023 00100 01 del 24 de octubre de
2024, objeto de reproche, se analizó si la demandante tenía derecho al régimen de
cesantías retroactivas, a pesar de haberse vinculado al servicio público después de
la entrada en vigor de la Ley 5ª de 1992. El Tribunal concluyó que no era procedente
reconocerle dicho beneficio, dado que al momento de su ingreso (3 de junio de
1994) estaba en vigor el régimen de cesantías anualizadas para los empleados del
Congreso de la República, de conformidad con el artículo 1º del Decreto 1111 de
1992. Esta norma dispuso que dichos funcionarios estarían sujetos al mismo
régimen prestacional aplicable a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del
orden nacional, que contempla el sistema de liquidación anual previsto en el Decreto
3118 de 1968.

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Al respecto, la anotada providencia señala textualmente:

“4. Caso concreto. Una vez relacionados los supuestos fácticos a considerar
para el presente asunto, en primer lugar, la Sala debe destacar que entre las
razones planteadas por las entidades demandadas, tanto en los actos acusados
como en las contestaciones a la demanda, para negar la liquidación retroactiva
de las cesantías reclamada por la parte demandante, consisten en que la
demandante se vinculó a la Cámara de Representantes el 3 de junio de 1994
cuando la normativa no contemplaba el pago retroactivo de las cesantías.

Así las cosas, frente a la anterior argumentación, la Sala deberá esclarecer si
efectivamente la demandante, quien se encuentra vinculada como empleada de
la Cámara de Representantes desde el 3 de junio de 1994, tiene derecho a un
régimen de liquidación retroactivo de sus cesantías.

Para esos efectos, es del caso reseñar que, conforme a lo expuesto en el
fundamento normativo de esta providencia, inicialmente se estableció un
régimen retroactivo para la liquidación de las cesantías para los empleados
públicos. Luego, a partir del 1º de enero de 1969, se contempló la liquidación
anual de las cesantías para los empleados públicos de los ministerios, los
departamentos administrativos, los establecimientos públicos y las empresas
industriales y comerciales del Estado.

También es de indicar que lo señalado en el Decreto 2837 de 1986 consistente
en que “(e)l auxilio de cesantía de los empleados del Fondo de Previsión Social
del Congreso de la República será liquidado, reconocido y cancelado por éste,
de conformidad con lo previsto en las disposiciones legales que rigen para la
Rama Ejecutiva del Poder Público”, no resulta aplicable a la demandante, ya
que ésta no es empleada del FONPRECON.

La demandante no es destinataria del Decreto 906 de 1992 que prohibió un
régimen retroactivo de las cesantías de los nuevos congresistas, al no tener la
calidad de congresista sino de empleada del Congreso de la República, ni del
artículo 386 de la Ley 5ª de 1992, puesto que no se encontraba vinculada al
Congreso de la República el 17 de junio de 1992.

Y finalmente, la Ley 344 de 1996, que consagró el régimen de liquidación
anualizada de las cesantías, no regula la situación de la demandante, puesto
que ésta se vinculó al Estado con anterioridad al 31 de diciembre de 1996.

Corresponde entonces determinar cuál es la normativa aplicable para los
empleados del Congreso de la República, en materia de régimen de cesantías,
para el 3 de junio de 1994, fecha de vinculación de la demandante a la Cámara
de Representantes.

De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado antes referida, en
desarrollo de la Ley 5ª de 1992, el Decreto 1111 de 1992 estableció que los
empleados públicos del Congreso de la República referidos en su artículo 1º
disfrutarán del régimen prestacional de los empleados públicos de la Rama
Ejecutiva del poder público del nivel nacional, lo que incluye el régimen
anualizado para la liquidación de las cesantías contemplado en el Decreto 3118
de 1968.

Para el caso en concreto se tiene que la demandante se vinculó a la Cámara
de Representantes el 3 de junio de 1994, es decir, con posterioridad a la
vigencia de la Ley 5ª de 1992, por lo que le resulta aplicable el régimen

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anualizado para la liquidación de sus cesantías consagrado para los empleados
públicos de la Rama Ejecutiva del poder público de nivel nacional por el Decreto
3118 de 1968, en estricto cumplimiento de lo señalado por el Decreto 1111 de
1992.” 20(Subrayas de la Sala).

Ahora bien, una vez precisado el marco normativo aplicable al caso concreto y
analizada la situación jurídica de la demandante, corresponde examinar los
precedentes judiciales que fueron invocados como supuestamente desconocidos,
con miras a determinar si eran aplicables a ese asunto:

Hechos relevantes Problema jurídico analizado por el
Sentencia 25000 2325 000 2001 Consejo de Estado
00798 01 del 24 de julio de 2008
i) La señora María Inés Alarcón Amaya, ¿Es nulo el acto administrativo
se vinculó al servicio público del Distrito mediante el cual se negó la
Capital en 1979, cuando estaba vigente reliquidación y pago de unas cesantías
el régimen tradicional de cesantías de forma retroactiva, si fueron
retroactivas, conforme a la Ley 6.ª de solicitadas por una servidora pública
1945, la Ley 65 de 1946, los Decretos que se trasladó a un fondo privado?
2567 de 1946 y 1160 de 1947, que
establecen el derecho a liquidar la Tesis: Sí, el Consejo de Estado declaró
cesantía con base en el último salario y la nulidad de los actos administrativos
por todo el tiempo de servicios, de expedidos por la Secretaría de
manera acumulada. Hacienda del Distrito Capital, al
(ii) En 1999 solicitó el traslado de sus considerar que vulneraron derechos
cesantías de FAVIDI a Colfondos. adquiridos de la demandante. La Sala
(iii) La demandante solicitó al Distrito concluyó que la afiliación voluntaria a
Capital la reliquidación y pago un fondo privado de cesantías no
retroactivo de sus cesantías. implica, por sí sola, el cambio del
(iv) Dicha petición le fue negada, bajo el régimen aplicable, y que no existió una
argumento que, como la accionante se manifestación expresa por parte de la
trasladó de fondo de cesantías, su actora de renunciar a su situación
régimen había cambiado al anualizado. prestacional previa ni de acogerse a un
(v) La actora promovió demanda de nuevo régimen. Adicionalmente, no se
nulidad y restablecimiento del derecho, acreditó la existencia de un convenio

20 Visible a índice 2 ibidem

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alegando que nunca manifestó voluntad suscrito entre el empleador y el fondo
de cambiar de régimen, que no existió privado que justificara el traslado de
convenio alguno que modificara su régimen
situación prestacional y que se le
desconocieron derechos adquiridos al Fuente: Artículos 1º, 2º y 3º del Decreto
aplicar un régimen distinto al vigente al 1582 de 1998, artículo 2º del Decreto
momento de su vinculación. 1252 de 2000, artículos 13 y 14 de la
Ley 344 de 1996.
Hechos relevantes Problema jurídico analizado por el
Sentencia 08001 2331 000 2011 Consejo de Estado
00649 01 de 20 de febrero de 2020
(i) La señora Rosa del Amparo ¿Es nulo el acto administrativo que
Caballero solicitó el reconocimiento y negó el reconocimiento de la sanción
pago de la sanción moratoria por la falta moratoria por la consignación
de consignación oportuna de sus extemporánea de cesantías
cesantías definitivas correspondientes anualizadas a una servidora pública
a los años 1997 a 2008. vinculada antes del 30 de diciembre de
(ii) La administración municipal negó su 199621 y que continuaba
solicitud mediante oficio, señalando que desempeñando funciones?
dicha sanción solo resulta procedente
cuando se ha producido la Tesis: No, concluyó que la actora se
desvinculación del servicio. encontraba bajo el régimen tradicional
(iv) La actora promovió demanda de de cesantías, el cual prevé su
nulidad y restablecimiento del derecho, acumulación durante la relación laboral
solicitando la anulación del acto y el pago únicamente al momento del
administrativo que negó la sanción y el retiro. En consecuencia, negó la
pago actualizado de la misma desde la solicitud de sanción moratoria, al
fecha en que debieron hacerse las considerar que, al no haberse
consignaciones. producido la desvinculación del

21 El artículo 1.º del Decreto 1582 de 1998 amplió el régimen de cesantías de que trata la Ley 50 de

1990 (anualizado) a los servidores públicos del orden territorial, así: “El régimen de liquidación y
pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de
diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos
99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del
mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás
normas pertinentes de la Ley 432 de 1998”

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servicio, no existía exigibilidad del
pago.

Fuente: Ley 344 de 1996 y artículo 1 del
Decreto 1582 de 1998.

En consecuencia, esta Sala concluye que no se configura una vulneración del
derecho a la igualdad por desconocimiento del precedente judicial, dado que las
decisiones citadas por la accionante no resultan aplicables al caso objeto de estudio.
En efecto, la sentencia del 20 de febrero de 2020 (Exp. 08001 2331 000 2011 00649
01) se refirió a si la allí demandante tenía derecho a la sanción moratoria por la
demora en la consignación de sus cesantías, mientras que la del 24 de julio de 2008
(Exp. 25000 2325 000 2001 00798 01) analizó si la entonces accionante perdió el
derecho al régimen retroactivo y pasó al anualizado como consecuencia del traslado
a un fondo privado, de modo que ambas decisiones abordan situaciones jurídicas
distintas a la presente, en la que el eje del debate radica en determinar si la señora
Pérez Buitrago, al haberse vinculado al Congreso en 1994, bajo la vigencia de la
Ley 5.ª de 1992 y el Decreto 1111 del mismo año, tenía derecho de origen al
régimen retroactivo de cesantías.

Así, no se acredita identidad fáctica ni jurídica entre los casos comparados, lo que
impide considerar las decisiones citadas como precedentes verticales vinculantes,
por lo que el reproche no prospera.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

IV. FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la
señora María Eugenia del Socorro Pérez Buitrago, respecto de los derechos al
debido proceso y acceso efectivo a la administración al no superar el requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa
de esta providencia.

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SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo del derecho a la igualdad, al no
demostrarse su vulneración en el caso concreto, según las razones expuestas en
esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada oportunamente la presente providencia en los
términos señalados por la ley, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2° del artículo 31 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 5 de junio de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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