Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02522-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02522-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02522-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
1 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., primero (1.°) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02522-01
Accionante: HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA
Accionado: CORTE CONSTITUCIONAL Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial// improcedencia por falta de
relevancia constitucional // la acción de tutela se utiliza como una tercera instancia
para reabrir debates ya concluidos.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Antecedentes
1. El actor sostiene que a mediados de 2024 promovió varias acciones públicas de
inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. En estas demandas solicitó que
cualquier exigencia sobre su admisión fuese posible corregirla mediante
videograbación. Sin embargo, la Corte Constitucional profirió diversos tipos de autos
en los que, rechazó o confirmó auto de rechazo sin atender a la petición. Por ello
solicitó dejar sin efecto el auto de rechazo y los autos de súplica dentro de los
procesos de constitucionalidad radicados con números “2024-02840-00 y D-15940,
D-15982 y D-15985”.
2. Sostuvo que el artículo 285 del Código General del Proceso permite presentar
solicitud de aclaración respecto de providencias. En su momento solicitó aclaración
de los autos inadmisorios de las demandas de inconstitucionalidad. No obstante, se
le indicó que, durante el examen de calificación de la demanda no era procedente
la aclaración del auto de inadmisión. Puesto que no corrigió las demandas de acción
pública de inconstitucionalidad las mismas fueron rechazadas. Contra los autos de
rechazo interpuso recurso de súplica ante la Sala Plena, los cuales fueron
rechazados.
3. Posterior a esto, a finales del año 2024, promovió medio de control de
cumplimiento contra la Corte Constitucional (Radicado 2024-01840-00). No precisa
las pretensiones de dicha demanda. El proceso correspondió a la Subsección A de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad que
inadmitió la demanda.
4. Sostiene que las decisiones judiciales afectan sus derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia, y los reconocidos en el artículo 84 y 13
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02522-01
Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
superior, y los artículos 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre derechos
humanos. Por lo anterior solicita que se deje sin efecto “el auto de rechazo de plano
y los decisorios de recurso de súplica respectivamente proferidos en los procesos
con radicado 2024-01840-00 y D-15940, 15982 y 15985.” Y que se ordene a las
accionadas proferir sentencias de reemplazo “en las cuales aprecie las
circunstancias fácticas y sustantivas sustento de la tutela interpuesta”.
5. Admitida la demanda, se vinculó a las dos autoridades judiciales accionadas. En
el caso del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se solicitó negar el amparo
pues la decisión de rechazo de la demanda promovida por el actor no vulneró sus
derechos fundamentales. En el caso de la Corte Constitucional, la Vicepresidenta
de la Corporación sostuvo que el escrito de amparo es en gran parte ininteligible y
sus reproches carecen de fundamento pues no se ajustan al decreto ley 2067 de
1991 respecto al trámite de acciones públicas. Sostuvo que las decisiones que
resuelven el recurso de súplica contra un auto de rechazo no son objeto de recurso
judicial alguno.
Sentencia de primera instancia
6. En fallo de 3 de junio de 2025, la Subsección B de la Sección Tercera de la
Corporación declaró improcedente la acción de tutela por carecer de relevancia
constitucional, pues las razones que sostiene el medio de amparo carecen del
mínimo de argumentación respecto a la identificación y claridad. Precisó el juez de
primera instancia: “En la demanda se expusieron argumentos confusos que no
guardan una coherencia entre sí, lo cual torna aún más improcedente el mecanismo,
máxime si se tiene en cuenta que si lo que pretende el actor es cuestionar el hecho
de que se le hayan rechazado varias demandas de constitucionalidad, así como el
medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos
administrativos, dichos asuntos ya fueron abordados, decididos y resueltos por las
autoridades judiciales demandadas tanto en la providencias cuestionadas como con
ocasión de las solicitudes de aclaración que de igual manera fueron despachadas
desfavorablemente, sin que la acción de tutela pueda emplearse como una tercera
instancia.”
Recurso de impugnación1
7. El demandante sostuvo que la providencia de primera instancia aplicó el
precedente sobre procedencia de tutela contra providencias judiciales “violatoria del
artículo 84 de la constitución l porque la convierte en un requisito sine qua non para
el ejercicio del derecho consagrado en el literal a) del artículo 3 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, numeral 1 del artículo 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos y artículos 8 de la Declaración
Universal de Derechos Civiles y Políticos y XVIII del capítulo primero de la
Declaración Americana de Derechos Humanos”.
8. Manifestó que la acción de tutela satisface el requisito de relevancia
constitucional, pues recae sobre el órgano cierre de la jurisdicción constitucional y
1
Índice samai 18.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02522-01
Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
la acción gira en torno “a (i) la inobservancia del principio constitucional señalado
en sentencia de C-429 de 2001 de ‘El individuo puede hacer todo aquello que no le
esté expresamente prohibido por la ley’”. Reitera que, en su escrito sostiene que es
procedente que la corrección de las demandas de inconstitucionalidad se realice a
través de medios audiovisuales “inexistiendo norma legal alguna en la cual esté
expresamente restringido dicha forma de subsanación”. Señala que carece de
recurso judicial que garantice imparcialidad, pues ha presentado demanda de
nulidad electoral contra la elección del magistrado Fernández Andrade y contra la
elección como presidente de la Corte del magistrado Reyes Cuartas.
9. Indicó que, el fallo habría sido favorable si no se le hubiese exigido la carga
argumentativa en la providencia de primera instancia “por cuanto no es procedente
restringir la interposición de acción de tutela a una carga argumentativa determinada
en fallos de operadores judiciales sino únicamente con la modificación de normas
legales sobre ello y por razones de interés general, seguridad nacional, moral
pública o el bien común y en cambio una apreciación del contenido de la interpuesta
conforme a los principios regentes al respecto (q. e. informalidad y prevalencia de
lo sustancial sobre lo formal) permite atisbar cada una de las circunstancias
procesales señaladas de vulnerantes del derecho fundamental alegado”.
10. Agregó con el escrito de impugnación un auto de aclaración proferido dentro del
radicado D-13973 de 19 de agosto de 2021, proferido por la Sala Plena de la Corte.
Otro auto de 11 de octubre de 2023 proferido por la Sala Plena dentro del radicado
D-13956, y el auto de 9 de abril de 2025, dentro del proceso de constitucionalidad
D-15912.
Consideraciones
Competencia
11. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela, en
segunda instancia, conforme el artículo 33 del decreto 2591 de 1991 y el artículo 13
del Acuerdo 080 de 2019, reglamento del Consejo de Estado.
Problema jurídico
12. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la
referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal, y en caso de resolver
positivamente el anterior interrogante, se formulará el problema jurídico de fondo.
13. Con el fin de resolver el primer problema jurídico de manera sucinta, la
Subsección reiterará el precedente constitucional sobre procedencia de tutela
contra providencias, y posteriormente resolverá el caso concreto.
Procedibilidad de tutela contra providencia. Reiteración de precedente.
14. El Decreto con fuerza de ley 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional2 ha
indicado los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
2
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02522-01
Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
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Referencia: Segunda instancia acción de tutela
judiciales. Se ha señalado que la procedencia resulta excepcional y sometida a
condiciones como el agotamiento de todos los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios (Artículo 6 del decreto 2591 de 1991). Adicionalmente, en la parte
resolutiva de sentencias de constitucionalidad3 se ha precisado que la acción de
tutela resulta procedente contra providencias judiciales cuando satisfacen varios
requisitos en cabeza del actor.
15. Se ha indicado que, el actor de tutela debe satisfacer seis causales generales
de procedencia formal4; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5,
10 y 13, Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela5, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado o una sentencia interpretativa proferida por la sección de
apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz; (iii) que
se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable6 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
16. Tal como lo concluyó el juez de primera instancia, en el caso de la referencia,
el escrito no satisface los requisitos de procedencia formal. Prescindiendo de que la
solicitud de amparo es vaga y ambigua en señalar las providencias cuestionadas
pues nunca precisó la identificación de las decisiones, en identificar las causales
específicas de procedencia material, o que se tratan de decisiones judiciales de
impulso proferidas por la Corte Constitucional, lo cierto es que, presenta un
argumento de índole estrictamente legal.
17. En efecto, el actor estima que, en su particular interpretación resulta procedente
que la corrección de la demanda de acción pública se haga mediante una
videograbación, ello pues legalmente no está prohibido. Ello interpelando a una
interpretación amplia de una norma de índole legal como es el Decreto con fuerza
3
Conforme el artículo 48 de la ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la parte resolutiva de
las sentencias de constitucionalidad tiene efecto erga omnes.
4
Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de
2022.
5
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
6
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02522-01
Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
de ley 2067 de 1991, el cual regula los juicios ante la Corte Constitucional. El actor
presenta una discusión de índole legal sobre su interpretación de una norma infra
constitucional y la remisión que puede realizarse al Código General del Proceso en
el control abstracto. Esta argumentación que hace falta es indispensable, ya que la
Corte Constitucional ha expresado el carácter especial de sus procedimientos, al
punto que en muchas ocasiones escapan a la normatividad procesal general, como
expresamente se señaló en la Sentencia C-134 de 2023. No plantea un debate
constitucional.
18. Adicional utiliza la acción de tutela como un mecanismo para presentar sus
inconformidades, disgustos y diferencias con las providencias que estima negaron
sus pretensiones. Es decir, acude a la acción de tutela para reabrir un debate propio
del juez de control abstracto. Usa la acción de tutela como una tercera instancia.
Además, tiene importancia que, el ataque parece dirigirse en contra providencias
que resuelven recursos de súplica, proferidas por la Sala Plena de la Corte
Constitucional, razón por la cual, al ser una tutela contra una providencia de una
alta corte, el actor sí tiene el deber de mostrar una alta carga argumentativa. Ello
ha sido un requisito previsto pacífica y reiteradamente por la jurisprudencia
constitucional en sentencias como la T-202 de 2025, SU-128 de 2021 o SU- 215 de
2022.
19. Lo que resulta más evidente es que el actor ataca decisiones proferidas por la
Sala Plena de la Corte Constitucional en sede de control abstracto, las cuales son
improcedentes conforme el propio decreto 2067 de 1991 y la jurisprudencia
proferida en sede de control abstracto.
20. En relación con el ataque al auto proferido dentro del radicado que el actor
identificó como “2024-02840-00” y que fue proferido por la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de
control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley, el actor no identificó
las razones por las cuales estima que la providencia es inconstitucional y no explicó
si agotó los mecanismos judiciales para cuestionar la misma. En relación con el
señalamiento contra la providencia de rechazo del medio de control de cumplimiento
de normas con fuerza de ley, de la misma manera, carece de relevancia
constitucional, pues el escrito de tutela presenta justificaciones de disenso o
interpretaciones alternativas a la de la providencia atacada, más no una razón de
índole constitucional. Por lo anterior, se confirmará en su integridad la sentencia de
primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02522-01
Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otro
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la sentencia de 3 de junio de 2025
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación.
SEGUNDO: ORDENAR por secretaría informar a las partes por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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