Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02523-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02523-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02523-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
30 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02523-00
Accionante: ÁNGELA ANDREA CIFUENTES ACUÑA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia
excepcional / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La parte actora acudió a la
acción de tutela con el propósito de que se estudie nuevamente si se presentó relación
laboral / TERCERA INSTANCIA – Se pretende reabrir la discusión definida en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por la señora María del Carmen Calle Ruiz, de conformidad con lo consagrado en
el Decreto 333 del 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 30 de abril de 2025, la señora Ángela Andrea Cifuentes Acuña, en nombre
propio, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a “la igualdad de trato ante las autoridades (…), prevalencia del
derecho sustancial, tutela judicial efectiva y los principios generales del trabajo
consagrados en el art. 53 constitucional, particularmente la primacía del contrato
realidad y el trabajo en condiciones digas (sic) y justas” los cuales considera
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
Hechos relevantes
2. La actora prestó sus servicios a la ESE Centro de Salud Nuestra Señora del
Rosario de Chivatá durante los años 2015 y 2016, desempeñándose como
odontóloga en una de sus sedes. Las condiciones de su vinculación, incluidos los
horarios y el número de pacientes a atender, eran determinadas directamente por
la entidad.
3. El 14 de junio de 2016, la señora Cifuentes informó a la Gerencia de la ESE su
estado de embarazo. Posteriormente, el 30 de junio de ese mismo año, la entidad
le comunicó verbalmente que no renovaría su contrato, razón por la cual continuaría
laborando únicamente hasta el 31 de diciembre de 2016. La accionante señaló que
1 Que ingresó al despacho para fallo el 19 de mayo de 2025.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02523-00
Accionante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
tal decisión se adoptó sin contar con la autorización previa del Inspector de Trabajo,
requisito indispensable para la terminación del vínculo laboral en el marco de una
protección reforzada por maternidad.
4. El 2 de enero de 2017, hizo entrega formal del consultorio odontológico junto
con los elementos suministrados para el desarrollo de su labor, y el 31 de enero del
mismo año dio a luz a su hijo. No obstante, al no recibir el pago correspondiente a
la licencia de maternidad, presentó un derecho de petición solicitando el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral entre el 4 y el 29 de mayo
de 2015, y entre el 1º de marzo y el 31 de diciembre de 2016, así como el pago de
las prestaciones sociales a que tenía derecho. Dicha solicitud fue negada mediante
el Oficio ESECH-005 del 15 de enero de 2018.
5. Con fundamento en lo anterior, instauró una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con miras a que se declarara la existencia de una
relación laboral de carácter legal y reglamentario en los períodos mencionados con
la E.S.E, con el consecuente pago de los emolumentos reconocidos a un servidor
público que desempeñe funciones similares. También pidió que se ordenara la
compensación de los aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y
riesgos laborales; el reconocimiento de la licencia de maternidad por 18 semanas
conforme a la Ley 1822 de 2017; el pago de la correspondiente indemnización por
maternidad, equivalente a la remuneración dejada de percibir entre la fecha efectiva
de retiro y los 60 días posteriores al parto, y el reintegro al cargo con el consecuente
pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir.
6. El conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Doce Administrativo Oral
del Circuito de Tunja, que mediante sentencia del 14 de octubre de 2021 resolvió: i)
declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio ESECH-005 del 15
de enero de 2018, por el cual se negó el reconocimiento de los derechos laborales
reclamados; ii) declarar la existencia de una relación laboral en los períodos
comprendidos entre el 4 y el 29 de mayo de 2015, y entre el 30 de marzo (sic) y el
31 de diciembre de 2016; iii) declarar improcedente el reconocimiento y reembolso
de determinados conceptos solicitados; iv) condenar a la entidad demandada, a
título de restablecimiento del derecho, a liquidar y pagar a favor de la actora las
prestaciones correspondientes a un empleado de planta; v) ordenar que, de existir
diferencias entre los aportes al sistema pensional efectuados y los efectivamente
debidos, se realice la liquidación y traslado al fondo correspondiente, con base en
el IBC aplicable; vi) declarar ineficaz la desvinculación de la odontóloga; vii) ordenar
el reconocimiento y pago de la licencia de maternidad por 18 semanas; viii) indexar
mensualmente las sumas a favor de la demandante conforme al artículo 187 del
CPACA; ix) negar las demás pretensiones; y x) otras disposiciones adicionales.
7. Inconforme con dicha decisión, la ESE Centro de Salud Nuestra Señora del
Rosario de Chivatá interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala
de Decisión No. 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá a través de sentencia del
22 de octubre de 2024, en la que revocó la providencia de primera instancia y, en
su lugar, negó las súplicas de la demanda.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02523-00
Accionante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
8. Fundamentó su decisión en que la actora no acreditó el elemento de
subordinación, el cual resulta esencial para la configuración de una relación laboral
de carácter legal y reglamentario. En consecuencia, no se configuraban los
presupuestos necesarios para anular el acto administrativo demandado ni para
reconocer los derechos laborales pretendidos.
Pretensiones
9. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal):
“1. Vincular procesalmente: Juzgado 12 Administrativo de Tunja y a la ESE
Centro de Salud Nuestra Señora del Rosario de Chivatá como interesados
en el presente proceso constitucional.
2. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso (Art.29 Const), a
la tutela judicial efectiva (art. 229 superior), y al principio de igualdad de trato
ante las autoridades (art. 13Const.), del accionante, vulnerado por el
Tribunal Administrativo de Boyacá.
3. Dejar sin efecto la sentencia emitida en segunda instancia el 22 de octubre
de 2024, notificada el 30 de octubre de esa calenda, por la Sala de Decisión
No 3 del Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del proceso
No.15001333301220180009401, en virtud de la cual negó las suplicas de la
demanda.
4. Ordenarle al Despacho accionado a emitir nueva providencia en donde
se respeten los derechos fundamentales de la parte actora, respetando el
debido proceso, la tutela judicial efectiva y particularmente el principio de
igualdad de trato ante las autoridades, teniendo en cuenta los
pronunciamientos de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia
sobre la materia.”
Fundamentos de la demanda de tutela
10. La parte demandante sostuvo que existía una relación laboral con la ESE, toda
vez que prestaba sus servicios utilizando los insumos y herramientas
proporcionados por la entidad, cumplía un horario establecido, recibía una
remuneración periódica y estaba sujeta a las órdenes impartidas por la misma.
Además, debía presentar informes periódicos sobre las actividades, consultas y
servicios prestados a los usuarios. No obstante, durante el tiempo en que estuvo
vinculada mediante contrato de prestación de servicios, no recibió el pago de
prestaciones sociales ni se realizaron aportes al sistema de seguridad social integral
(salud, riesgos laborales y pensión), como sí ocurría con otros servidores públicos
que desempeñaban funciones similares en el mismo centro de salud.
11. Indicó que el fallador de segunda instancia desconoció el principio de
igualdad en el trato por parte de las autoridades, así como los principios generales
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02523-00
Accionante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
del trabajo consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política, particularmente
la primacía de la realidad sobre las formalidades y el derecho a condiciones
laborales dignas y justas. Destacó que tanto el Consejo de Estado como la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han
desarrollado jurisprudencia sobre la aplicación de la Recomendación 198 de 2006
de la OIT, orientada a erradicar relaciones laborales encubiertas que menoscaben
el trabajo digno.
12. Si bien reconoció que la Sección Segunda del Consejo de Estado no está
obligada a acoger el precedente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
afirmó que sí debe considerar la aplicación de los principios constitucionales en
materia laboral y, en particular, la Recomendación 198 de 2006 de la OIT, que
contiene criterios sobre los indicios y presunciones de subordinación en relaciones
laborales encubiertas o bajo la figura del “contrato realidad”. En respaldo de su
postura, citó sentencias de la Corte Constitucional como la C-154 de 1997, la SU-
448 de 2016 y la SU-040 de 2018, que definen el contrato de prestación de servicios
como una figura de carácter excepcional, temporal y eminentemente técnico, en la
que debe primar la autonomía e independencia técnica y científica del contratista.
13. Sostuvo que la Sala Laboral de la Corte Suprema ha construido abundante
jurisprudencia en torno a la duda razonable sobre la subordinación en relaciones
contractuales, acogiendo los lineamientos de la Recomendación 198 de la OIT,
como ocurre en la sentencia SL305 de 2024. También el Consejo de Estado ha
aplicado dichos lineamientos, entre otros en la sentencia SUJ-025-CE-S2-2021, en
la cual no solo se analizaron los indicios de subordinación, sino que se efectuó un
examen constitucional sobre la utilización del contrato de prestación de servicios,
conforme al artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Allí se enfatizó que: (a) dicho contrato
solo puede celebrarse por el término estrictamente necesario para desarrollar
actividades relacionadas con la administración o el funcionamiento de la entidad,
sin cubrir necesidades permanentes; (b) en el caso de personas naturales, debe
justificarse en los estudios previos por qué no puede realizarse con personal de
planta y por qué se requiere conocimiento especializado; y (c) debe garantizarse la
autonomía del contratista.
14. Agregó que la Ley 65 de 1967, el artículo 1° del Decreto 3074 de 1968 y el
Decreto 1042 de 1978, así como jurisprudencia unificada del Consejo de Estado,
prohíben expresamente el uso del contrato de prestación de servicios para el
desempeño de funciones propias o permanentes en entidades públicas.
15. Reprochó que el Tribunal Administrativo de Boyacá omitió considerar los
precedentes de las Altas Cortes y la aplicación de la Recomendación 198 de la OIT,
en contravía de los principios constitucionales del trabajo, la primacía de la realidad
sobre las formalidades y el derecho a condiciones laborales dignas y justas.
16. De otro lado, explicó que si bien el Tribunal no negó que la actora desarrollaba
funciones misionales de la entidad, consideró que ello no impedía la celebración de
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02523-00
Accionante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
contratos de prestación de servicios, al estimar que el cargo no era de carácter
permanente, sino temporal, durante el periodo comprendido entre 2016 y 2018.
17. Asimismo, la parte demandante expuso los puntos que buscaban desvirtuar los
fundamentos de la sentencia del Tribunal, especialmente en cuanto al principio de
primacía del contrato realidad y a la presunción de subordinación. Señaló que la
prueba indiciaria y las presunciones constituyen medios de prueba indirectos
válidos, reconocidos por la jurisprudencia y coherentes con la Recomendación 198
de la OIT, los cuales fueron analizados en el caso concreto2.
18. De otra parte, mencionó que el relato de la testigo Elizabeth Corredor Soler
corroboró que se trataba de una relación subordinada, dado que trabajó en un
tiempo en la ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Rosario de Chivatá como
auxiliar de enfermería y frente a la declaración del señor Jaime Rivera López fue
tachado por sospecha por ser funcionario de esa entidad, siendo evidente que faltó
a la verdad al señalar que asistía solo 3 días a la semana, cuando los demás
afirmaron que la prestación del servicio se daba los 5 días a la semana y los días
sábados en vacunación.
2 “a) no fueron excepcionales las labores de la demandante, poco comunes o de poca frecuencia; al
contrario, según se desprende de los testigos, el servicio de Odontología era una actividad
permanente de la ESE demandada, e incluso este cargo sí estaba en la planta de personal así sea
temporal atendiendo los pocos pacientes del Municipio; b) En este punto, como lo desarrollaremos
más adelante, la intención del constituyente primario y del legislador no ha sido convertir al contrato
de prestación de servicios como instrumento con el cual se vincule permanentemente a personas
por varios años para desempeñar lasmismas funciones de empleados públicos o realizar actividades
misionales de la entidad; c) Tampoco hubo Temporalidad, mi representada estuvo por más de 2
años, desarrollando la misma actividad como odontóloga de la ESE de Chivatá con exactamente el
mismo objeto contractual, de hecho la demandante fue nombrada como tal en calidad de empleada
pública desarrollando exactamente las mismas funciones; d) La relación contractual no se
caracterizó por la independencia y autonomía de la contratista, pues estuvo sujeta al cumplimiento
de horario, llamados de atención y órdenes, así mismo la dotación, carnet y herramientas de trabajo
la suministraba la entidad; e) El control y supervisión de otra persona (CSJ SL4479-2020): La
demandante estuvo bajo el control y supervisión de la accionada, debía rendir informes, así como
cumplir varias obligaciones derivadas del contrato de la cual no se puede predicar autonomía e
independencia no sólo las relacionadas con la atención al público, toma de muestras, participación
en jornadas de prevención, estar disponible a las urgencias odontológicas, propias de su actividad
como odontóloga; f) la disponibilidad del trabajador (CSJ SL2585-2019): Además de la jornada
laboral, se demostró con todas las testigos que la demandante debía estar disponible para urgencias
en las noches y los fines de semana; g) la concesión de vacaciones (CSJ SL6621-2017); Sobre este
aspecto, la entidad accionada le permitió a la demandante que se ausentara durante el tiempo que
estuvo en etapa de alumbramiento de su hijo en, y una vez sucedió el parto se reincorporó
laboralmente a la entidad; h) cierta continuidad del trabajo (CSJ SL981-2019); La actora estuvo poco
más de 2 años prestando las mismas funciones de odontóloga en el dispensario médico de Tunja. i)
el cumplimiento de una jornada u horario de trabajo (CSJ SL981-2019); La misma juez reconoce
estar debidamente demostrado el cumplimiento de horario de la trabajadora hoy demandante; j)
Realización del trabajo en los locales o lugares definidos por el del beneficiario del servicio (CSJ
SL4344-2020); También existe consenso respecto a este tópico de que la actora prestó sus servicios
en las instalaciones de la entidad accionada. k) El suministro de herramientas y materiales (CSJ
SL981-2019): También está demostrado, tanto que la misma juez lo reconoce en su sentencia, pues
la entidad dotó a la demandante de carnet de identificación como bacterióloga del dispensario
médico, así como le dio dotación de bata, tapabocas, guantes y demás herramientas de trabajo. l) el
hecho de que exista un solo beneficiario de los servicios (CSJ SL4479- 2020); La única beneficiaria
fue la entidad pública. m) el desempeño de un cargo en la estructura empresarial (SL, 24 ag. 2010,
rad. 34393); y la integración del trabajador en la organización de la empresa (CSJ SL4479-2020 y
CSJ SL5042-2020). Nada más y nada menos que la demandante se incorporó a al estructura de la
ESE de Chivatá como la Odontóloga , y así la recocieron sus compañeros y demás integrantes de
aquella unidad médica, no de otra manera le dieron carnet que la identificaba como tal.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02523-00
Accionante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
19. Adicionalmente, destacó que la declaración de la testigo Elizabeth Corredor
Soler evidenció la existencia de una relación subordinada, dado que laboró en la
ESE como auxiliar de enfermería. De otro lado, la declaración del señor Jaime
Rivera López fue desvirtuada por sospecha, al ser funcionario de la entidad y afirmar
que la actora solo asistía tres veces por semana, cuando otros testimonios
acreditaron que trabajaba cinco días, incluyendo sábados en jornadas de
vacunación.
20. Finalmente, señaló que el Tribunal no valoró adecuadamente el precedente
sobre la temporalidad del contrato de prestación de servicios, ligado al principio de
planeación. A juicio de la actora, no se acreditó que los contratos celebrados
respondieran a un término estrictamente necesario, ni que los estudios previos
justificaran su celebración. Alegó, además, que su trabajo no se ejecutó con
autonomía ni independencia, dado que utilizaba elementos de la entidad como bata,
carné, guantes y otros insumos clínicos. Añadió que, si bien reconoció haber
prestado servicios para un consorcio, ello fue por un tiempo limitado, lo cual no
contradice su argumento, en tanto que el artículo 2 de la Ley 269 de 1996 permite
a los empleados públicos del sector salud desempeñar más de un cargo en
entidades de derecho público.
21. En conclusión, afirmó que se acreditan tanto los requisitos generales como los
específicos de procedencia de la acción de tutela, particularmente por la existencia
de un defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente jurisprudencial,
conforme fue expuesto.
Trámite en primera instancia
22. A través de auto del 5 de mayo de 2025, el despacho sustanciador admitió la
tutela de la referencia; ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Boyacá como
accionado; al Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Tunja y a la ESE
Nuestra Señora del Rosario Chivatá y a los demás intervinientes dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-012-2018-
00094-00/01 como terceros interesados en las resultas del proceso y ordenó a la
titular del Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Tunja que remitiera
copia digital de expediente identificado con el radicado 15001-33-33-012-2018-
00094-00/01.
Intervenciones
23. El Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja remitió
el enlace del expediente ordinario3.
24. La ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Rosario del Municipio de
Chivatá señaló que la parte actora no sustentó adecuadamente la existencia de una
3 El link es el siguiente:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=15001333301220180
0094001500133
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02523-00
Accionante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
irregularidad por parte de la primera y segunda instancia, sino que se limitó a
expresar su inconformidad con la decisión de cierre sin argumentar una vulneración
real de sus derechos, lo cual no puede ser objeto de análisis porque ya fueron
debatidos en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y existió un
pronunciamiento de los jueces competentes. Tal decisión fue clara al establecer que
existía una confesión por parte de la actora al reconocer que, para la fecha de los
hechos mantenía otras formas de vinculación con distintas ESE como por ejemplo
la de Santiago de Tunja. Conclusión que fue reforzada en los interrogatorios en los
que se evidenció que la accionante definía su propia programación y cuadro de
turnos para la atención de los usuarios lo cual rompe con el criterio esencial de la
subordinación.
A su vez, indicó que de acuerdo con el artículo 195 de la Ley 100 de 1993 se ha
establecido que las ESE se regirán por estatutos de contratación propios amparados
en los regímenes excepcionales de conformidad con la Ley 80 de 1993 y el Estatuto
General de Contratación Pública. Asimismo, tales entidades desarrollan manuales
de contratación autónomos, que se rigen por las disposiciones del derecho privado,
por tanto es importante, entender que los contratos u órdenes de prestación de
servicios celebrados así se fundamentan en el principio de libre acuerdo entre las
partes, conforme a lo dispuesto en los artículo 1502 y 1602 del Código Civil
Colombiano y para el caso concreto, los contratos suscritos incluyeron la figura de
la autogestión por parte de la contratista.
De otra parte, expresó que no puede ser objeto de análisis la coincidencia entre la
finalización del periodo de gestación de la accionante y la terminación de los efectos
del contrato de prestación de servicios, debido a que el objeto del debate jurídico
planteado en la demanda no fue la protección de derechos derivados de una posible
situación de maternidad sino la determinación de la existencia de un contrato
realidad, por tanto, si los argumentos de la parte accionante estuvieran orientados
a la presunta vulneración de derechos con ocasión del estado de embarazo, habría
otros mecanismos legales idóneos para su protección distintos a los que pretende
invocar de manera improcedente.
Concluyó que, debía probarse ante el Tribunal que si bien la demandante
presentaba actividades propias y misionales de la entidad, esa circunstancia no
impedía el uso del contrato de prestación de servicios para llevar a cabo esa labor,
más aun cuando no era de carácter permanente sino temporal y la demandante
tenía autonomía para organizar su jornada laboral, según lo indicado en los
testimonios de Jaime Rivera y Andrea Huertas siendo corroborada por la confesión
de la demandante al reconocer que tenía otros compromisos laborales que le
exigían conciliar requerimientos y horarios en otros lugares a través de un consorcio.
25. El Tribunal Administrativo de Boyacá no intervino pese a estar notificado4.
4 Fue notificado a los correos electrónicos sectradmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co y
sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co el 6 de mayo de 2025, tal como se puede observar en el índice 11 de
samai.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02523-00
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
II. C O N S I D E R A C I O N E S
26. La Sala de Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo
en el presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional.
27. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que el requisito en mención
tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la autonomía e independencia
judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de competencia del juez natural
de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten derechos fundamentales e c) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces5.
28. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber6:i) Que el actor cumpla su carga
argumentativa de justificar suficientemente la relevancia constitucional por
vulneración de derechos fundamentales, pues no basta aducir la vulneración de
estos derechos y ii) que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional
al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este
mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos
fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la
decisión judicial.
29. En el caso bajo estudio, lo primero que advierte la Sala en la demanda de tutela,
se evidencia que sus pretensiones y fundamentos están inequívocamente dirigidos
a cuestionar la valoración probatoria que efectuó el Tribunal Administrativo de
Boyacá que culminó con la conclusión según la cual en la relación contractual
existente entre la actora con la ESE demandada no existió la subordinación
necesaria para que se configurara una relación laboral encubierta que permitiera
declarar la nulidad del acto acusado y el consecuente restablecimiento del derecho.
30. En el escrito de tutela, la parte actora hizo referencia a que 1) cumplía un
horario, recibía salarios, estaba presta a las órdenes dadas por ESE Centro de
Salud Nuestra Señora del Rosario de Chivatá, cumplía sus servicios con los
elementos de trabajo suministrados por la parte demandante; 2) que no le fue
renovado el contrato y que iba a trabajar hasta el 31 de diciembre de 2016 cuando
se encontraba embarazada, sin tener autorización del Inspector del Trabajo; 3) que
no recibió el pago de prestaciones sociales, aportes a la seguridad social integral-
salud, riesgos laborales y pensiones como dependiente y demás prestaciones
equivalentes a las devengadas por empleado público del mismo cargo o categoría
de ese Centro de Salud; 4) que no podía ausentarse de su lugar de trabajo y estaba
5 Corte Constitucional, Sentencia T–422 del 16 de octubre de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
6 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02523-00
Accionante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
sujeta a una potestad disciplinaria de las directivas de la ESE, así como también
rendía informes de las actividades, consultas y servicios prestados y 5) que el relato
de la testigo Elizabeth Corredor Soler corroboró que se trataba de una relación
subordinada mientras que la declaración de Jaime Rivera López fue tachado por
sospecha al ser funcionario de esa entidad.
31. No obstante, la Sala advierte que en la argumentación contenida en la sentencia
del 22 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de Boyacá justifica las razones
por las cuales tales aspectos no relevaban la existencia de una relación laboral
encubierta [transcripción literal]:
“(…) La Sala advierte que en el sub lite no hay discusión en torno a la
configuración de dos de los elementos de la relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio y la remuneración, en la medida que los
argumentos expuestos por los extremos de la litis giran en torno al elemento de
la subordinación.
Pues bien, como se dejó sentado, para acreditar la existencia de una relación
laboral – legal y reglamentaria no basta con acreditar los elementos de
prestación personal del servicio y remuneración se requiere, además, que se
demuestre el elemento subordinación. Ello por cuanto la misma no se presume.
La inconformidad de la ESE., recurrente, se fundamentó en las conclusiones a
las que, sobre el particular, llegó el a quo, en la medida en que estima que
contrario a lo considerado, en el caso no se hallaba demostrado el citado
elemento y, por contera la relación laboral cuya declaración se perseguía.
La subordinación laboral, en el contexto de una relación contractual de trabajo
o de una legal y reglamentaria de trabajo, corresponde a la posibilidad que tiene
el empleador, directamente o por conducto de sus representantes, de precisar
en el contexto del objeto de esa relación y el respeto por los derechos del
trabajador, la manera como se cumple con el servicio personal, no sólo en
términos de cantidad y calidad sido del tiempo en que se desarrolla, que
permite, entre otras, imponer cuánto trabajo desarrollan, establecer estándares
en ese trabajo y programar esa labor.
Para resolver el problema jurídico planteado, conviene acudir al material
probatorio obrante en el expediente, en el que se observa que el objeto de los
contratos de prestación de servicios suscritos por la demandante y la ESE.,
demandada en los tiempos relevantes: del 4 al 29 de mayo de 2015 y del 30 de
marzo al 31 de diciembre de 2016, tuvieron la misma finalidad, esto es, la
prestación de los servicios profesionales en el área de odontología, a saber:
Ahora, los testimonios recaudados en primera instancia, respecto del asunto
que concentra la atención de la Sala dieron cuenta de:
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02523-00
Accionante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
• Elizabeth Corredor Soler13 , testimonio decretado a instancia de petición
hecha por la parte demandante, quien trabajó en el tiempo relevante de cara a
la demanda, en la ESE., Centro de Salud Nuestra Señora del Rosario de
Chivatá como Auxiliar de Enfermería, dio razón de los servicios que prestó la
demandante como odontóloga, en unos tiempos por orden de prestación de
servicios y en otros previa designación empero en uno y otro evento en las
mismas condiciones; de que cumplía sus actividades en la sede de la ESE.,
demandada; de que lo hacía bajo las directrices emanadas de la Dirección, no
sólo en cuanto a los días que debía cumplir sus actividades de lunes a viernes
en horarios de la mañana o la tarde y algunos sábados en los que se cumplían
campañas de vacunación organizadas por la Secretaría de Salud del
Departamento; de que sólo podía ausentarse previa autorización de las
Directivas, algunas tramitadas en forma verbal y otras de manera escrita, así
como de que conocía que en alguna oportunidad debió atender una urgencia
derivada de un estado de embarazo que presentaba y se ausentó sin que
mediara autorización pero luego repuso el tiempo de ausencia, y de que la ESE.,
conocía, por notorio, de su estado de embarazo, además hizo aseveraciones
relacionadas con las razones del retiro de las que dijo que estaban
determinadas por intereses políticos, empero al ser interrogada por los
fundamentos de sus aseveraciones puso de presente que eso era lo que se
decía.
(…)
Además, en el asunto se adelantó interrogatorio con fines de confesión a la
demandante y en esa oportunidad ésta aceptó, entre otras cosas, que además
de las actividades que cumplía con la ESE., demandada cumplía otras
actividades laborales en Tunja a través de la sociedad H & D Servicios
Integrales SAS.
Y se recaudaron pruebas como la constancia expedida por la ESE., Santiago
de Tunja16 , que daba cuenta de que no estuvo vinculada con ella, empero
ponía de presente que contrató servicios de salud con un consorcio integrado,
entre otras, por la sociedad H & D Servicios Integrales SAS., por lo que bien
pudo haber prestado sus servicios a través de tal sociedad.
O los acuerdos 08 de 2012, 05 de 25 de junio de 2015 y el 05 de 28 de junio de
2016, que establecieron planta de personal de la ESE., demandada, que estaba
integrada, ente otros, por un empleo de odontólogo de medio tiempo17.
O el informe jurado emanado de Director de la ESE., demandada, que también
precisaba que en las épocas relevantes, mayo de 2015 y marzo a diciembre de
2016, la demandante cumplió actividades como odontóloga en condiciones de
independencia18.
O las constancias emanadas de la EPS., Cafesalud en liquidación que dieron
cuenta de que canceló a la demandante, licencia por maternidad19 .
El anterior material probatorio permite establecer que en el presente asunto el
elemento de la subordinación, pilar de la relación laboral, no fue acreditado dado
el carácter de las actividades que se contrataron - que si bien hacen parte de
las propias de la entidad e incluso de las misionales, no descartaban, en cuanto
a su atención, la posibilidad de hacerlo a través de contratos de prestación de
servicios - , se cumplió en forma autónoma por la contratista pues la imposición
de horarios y de directrices, sobre las que se hizo gravitar la alegada
subordinación, no fue probada, por el contario con los testimonios, no solo de
la señora Andrea Huertas Villa y del señor Jaime Rivera López, que fueron
contestes en establecer la forma libre como la demandante organizaba la
jornada de trabajo de medio día en algunos tiempos en la mañana en otros en
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02523-00
Accionante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
la tarde, además que laboraba mientas cumplía las tareas del día, atender a 12
pacientes, que se establecían conforme una agenda de citas concertada y que
la vinculación se dio porque la entidad no contaba con planta de personal
permanente que incluyera el empleo de odontóloga, tenía una temporal que se
prorrogaba cada 6 meses, precisamente por el hecho de que se hallaba
atravesando un proceso de restructuración habida cuenta del estado de
inviabilidad financiera, y esos testimonios eran consecuentes frente a la razón
de por qué se organizó el servicio como lo refirieron, con la confesión de la
demandante que relacionaba la existencia de otros compromisos laborales en
el municipio de Tunja y la necesidad de conciliar los requerimientos de uno y
otro lugar, con la existencia del constancia emanada de la ESE., Santiago de
Tunja que dio cuenta de que pudo laborar con un consorcio con el que contrató
servicio de salud, con el informe jurado del Director que do razón de la manera
como se desarrollaron los contratos relevantes y con los Acuerdos 05 de 2015
y 2016.
La Sala no puede dejar de precisar que si bien unas de las pruebas más
eficaces en el propósito de demostrar el elemento de la subordinación en casos
como el sub examine son los testimonios, tal como lo consideró el a quo, estos
deben ser valorados en forma conjunta y con los demás medios de convicción
que militan en el expediente en cuanto legal y oportunamente allegados al
trámite.
En el caso, la primera instancia trascribió las versiones de los testigos pero
obvió hacer una confrontación de ellas en orden a establecer qué de lo que
informaron resultaba plausible y si bien precisó que en atención a la vinculación,
en el tiempo relevante, el testigo Jaime Rivera López era sospechoso lo que
ameritaba que “analizara de manera más rigurosa el testimonio del señor Jaime
Rivera López y se le d[iera] el valor probatorio que se estimara prudente, acorde
con las circunstancias del caso y los demás testimonios rendidos en la
audiencia de pruebas,…” lo cierto es que no tuvo en cuenta sus aseveraciones
y, por lo mismo, no les dio ningún mérito, el que tenían no sólo por razón de su
consistencia interna sino de la externa; en el caso, y dado el contacto que tuvo
con la situación relevante, tomando en cuenta que cumplía funciones de
Tesorero y de Talento Humano de la ESE., demandada, conocía de las
circunstancias que rodearon las vinculaciones de la demandante, de las que dio
cuenta, y, además, esas mismas circunstancias habían sido puestas de
presente por la testigo Andrea Huertas Villa, que si bien al tiempo del contrato
23 de 2016 ya no se hallaba en servicio, en todo caso, por sus funciones de
gerente, conocía, así mismo, de la forma en que se vinculó la demandante.
Tampoco las confrontó con otras pruebas relevantes como las respuestas
ofrecidas en el interrogatorio con fines de confesión que se adelantó a la
demandante en la que dio razón de que “PREGUNTADO: ¿Además de trabajar
en la E.S.E. de Chivatá, trabajaba en otra institución en el año 2015 a 2016?
CONTESTÓ: En la única entidad pública que trabaje fue en la E.S.E. Chivatá,
y tenía un contrato con un consorcio de medio tiempo, en las tardes y por
poquito tiempo. PREGUNTADO: ¿En qué institución trabajaba ese medio
tiempo? CONTESTÓ: El contrato era con J Y D Servicios Integrados
PREGUNTADO: ¿Allá su vínculo de que talante, prestación de servicios o
contrato de trabajo? CONTESTÓ: No recuerdo porque fue por poco tiempo
PREGUNTADO: Usted prestó sus servicios directamente o por interpuesta
persona a la E.S.E Santiago de Tunja en el periodo de 2015 a 2016?
CONTESTÓ: No, trabaje con JYD Servicios Integrales, le trabaje a ellos, a la
E.S.E. no, incluso hay un certificado que ellos dan constancia que no fui
empleada de ellos. PREGUNTADO: En qué lugar desarrollo su actividad, en
qué lugar con el consorcio. CONTESTÓ: En Tunja, de medio tiempo, en San
Antonio puesto de salud…”, ni con la constancia que daba fe de que pudo
trabajar en la ESE., Santiago de Tunja, en virtud de que pudo estar vinculada
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02523-00
Accionante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
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con la sociedad J & D Servicios Integrales SAS., ni con el informe jurado del
Director de la entidad accionada que reiteraba las condiciones de
independencia, ni con los acuerdos 5 de 2015 y 2016 que referían que la planta
de personal era temporal y se prorrogaba cada tanto.
Así las cosas, la valoración de los elementos probatorios, permiten concluir,
contario a como lo hizo la primera instancia, que en el caso, la subordinación
necesaria para que se configurara una relación laboral, legal y reglamentaria,
que permitiera la nulidad del oficio demandado y, su consecuencia, el
reconocimiento de derechos de esa naturaleza, laborales, no se cumplió, y la
sentencia de primer grado que accedió a las pretensiones, amerita ser
revocada.
32. La transcripción efectuada con antelación revela que el Tribunal accionado
constató que el elemento de la subordinación no se encontró acreditado en la
relación contractual entre las partes, por cuanto no se probó el cumplimiento una
imposición de horario ni una vigilancia típica del empleador, y que por el contrario la
actora organizaba su jornada conforme a una agenda propia, además de tener otros
compromisos laborales que justificaban la flexibilidad en el cumplimiento de sus
tareas. El Tribunal fundó esa conclusión en una constancia expedida por la ESE
Santiago de Tunja y adicionalmente determinó que Cafesalud en liquidación, fue la
entidad que canceló a la señora Cifuentes Acuña la licencia por maternidad.
33. Con base en lo anterior, el Tribunal llegó a la conclusión según la cual las
actividades a las que se contrató la señora Ángela Andrea Cifuentes Acuña fueron
cumplidas forma autónoma pese a que ella indicaba que existía un horario y
directrices. Igualmente, al analizar los testimonios de Andrea Huertas Villa y Jaime
Rivera López, quienes contestaron la forma libre como la demandante organizaba
la jornada de trabajo de medio día, sumado a que laboraba mientras cumplía tareas
del día, tenía una agenda concertada y la vinculación se dio porque la entidad no
contaba con planta de personal permanente que incluyera el empleo de odontóloga,
coligió que el elemento de la subordinación no se encontraba presente en la relación
contractual.
34. En criterio de la Sala, los argumentos esbozados por el Tribunal Administrativo
de Boyacá son razonables y no merecen ningún reproche desde el punto de vista
constitucional, y aunque la parte actora no los comparta, lo cierto es que ello
constituya una decisión irrazonable desde el punto de vista constitucional.
35. En este caso, la argumentación presentada por la parte actora en la demanda
de tutela conduce a sostener que el propósito perseguido es, en realidad, el de
obtener un pronunciamiento similar al dictado por el juez de primera instancia del
proceso ordinario: el reconocimiento de la relación laboral encubierta y el pago de
los emolumentos respectivos. Para ello, acudió nuevamente a las argumentaciones
que fueron materia de discusión en ambas instancias judiciales, referidas a los
matices de la prestación de servicios que la accionante, en su condición de
odontóloga, mantuvo con la E.S.E. demandada, lo cual evidentemente desborda los
poderes atribuidos por la Constitución al juez de tutela.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02523-00
Accionante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
36. Del decurso procesal anteriormente descrito, es posible identificar que la
controversia sometida a estudio del Tribunal presentaba diversas complejidades
que dificultaban una decisión unánime, debido a las marcadas diferencias en la
valoración de las pruebas para determinar la existencia de una relación laboral
caracterizada por el elemento de subordinación, propio del derecho laboral.
37. Dichos desacuerdos, según la Corte Constitucional, no deben considerarse
como errores o defectos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, ya que, en presencia de "interpretaciones diversas y
razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la
sana crítica y, en ejercicio de su autonomía e independencia, cuál interpretación se
ajusta mejor al caso concreto. El juez del proceso, en el ejercicio de sus funciones,
no solo goza de autonomía, sino que sus decisiones están respaldadas por el
principio de buena fe, lo cual impone al juez de tutela la obligación de asumir, en
principio y salvo que se presenten hechos que demuestren lo contrario, que la
valoración de las pruebas realizada por el juez natural es razonable y legítima"7.
38. Así las cosas, la Subsección declarará improcedente la petición de amparo por
el incumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Ángela Andrea Cifuentes Acuña en contra del Tribunal Administrativo
Boyacá.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
7 Sentencias T-217 de 2010 y SU-129 de 2021.
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Accionante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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