RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-02523-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02523-01

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02523-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, proferida el 30 de mayo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02523-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

17 de julio de 2025

Demandante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02523-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02523-01
Demandante: ÁNGELA ANDREA CIFUENTES ACUÑA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, SALA DE
DECISIÓN 3

Tema: Tutela contra providencia judicial- Confirma improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia del 30 de mayo de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, que declaró improcedente la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Ángela Andrea Cifuentes Acuña instauró acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Boyacá1, Sala de Decisión No. 3 con el fin de que se
amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y
al principio de la «primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones
laborales».

Lo anterior, con ocasión a la providencia proferida el 22 de octubre de 2024, por la
autoridad judicial accionada por medio de la cual se revocó la decisión del a quo, y
en su lugar, negó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-012-2018-00094-
01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

1 La tutela fue radicada el 30 de abril de 2025

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02523-01

[…]3. Dejar sin efecto la sentencia emitida en segunda instancia el 22 de octubre de
2024, notificada el 30 de octubre de esa calenda, por la Sala de Decisión No 3 del
Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del proceso
No.15001333301220180009401, en virtud de la cual negó las suplicas de la
demanda.

4. Ordenarle al Despacho accionado a emitir nueva providencia en donde se respeten
los derechos fundamentales de la parte actora, respetando el debido proceso, la tutela
judicial efectiva y particularmente el principio de igualdad de trato ante las
autoridades, teniendo en cuenta los pronunciamientos de la Corte Constitucional y la
Corte Suprema de Justicia sobre la materia. […]2

1.3. Hechos

La Sala destaca los siguientes supuestos fácticos3 relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

La señora Ángela Andrea Cifuentes Acuña presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la ESE Centro de Salud
Nuestra Señora del Rosario de Chivatá, a efectos de que se declarara la nulidad del
acto administrativo No. ESECH-005 adiado del 15 de enero de 2018, emitido por la
entidad demandada, que negó la existencia de una relación laboral.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la ESE Centro de Salud
Nuestra Señora del Rosario de Chivatá a reconocer y pagar a favor de la
demandante las prestaciones sociales y conceptos salariales a los que consideraba
le asiste derecho, al igual que los aportes al sistema integral de salud y riesgos
profesionales.

El proceso correspondió al Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Tunja4, que, mediante sentencia del 14 de octubre de 2021, accedió a las
pretensiones de la demanda.

Para el efecto indicó que, de acuerdo a las pruebas obrantes dentro del plenario se
demostró que la señora Ángela Andrea Cifuentes Acuña prestó sus servicios
profesionales para la consulta de odontología, del 4 al 29 de mayo del 2015 bajo
órdenes de prestación de servicios, y luego, desde el 1 de junio hasta el 31 de
diciembre de 2015 por nombramiento.

Posteriormente, en el año 2016, la señora Cifuentes Acuña laboró por
nombramiento del 3 al 30 de enero de 2016, con interrupción de 2 meses, y del 30
de marzo al 31 de diciembre de 2016, bajo órdenes de prestación de servicios sin
solución de continuidad, cumpliendo con el mismo objeto del contrato de manera
permanente.

2 Transcripción literal incluyendo errores
3 Índices 02, 09 y 010 Aplicativo Samai
4 Radicado 15001-33-33-012-2018-00094-00

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02523-01

Así mismo, concluyó que la demandante prestó sus servicios de forma personal,
continua, subordinada y retribuida, cumpliendo con el horario de trabajo establecido,
además que los permisos o ausencias debían ser informados al funcionario
correspondiente y en cuanto a las funciones desempeñadas, se señaló que tenía
uniforme, debía realizar capacitaciones en rehabilitación oral, se encontraba a cargo
de un comité y cumplía con las mismas funciones para el cargo de profesional en
odontología dispuesto mediante Acuerdo No. 008 del 07 de junio de 2012, la cuales
no contaban con plena independencia, pues su labor era permanente y dependía
directamente de la Gerencia del Centro de Salud, encargado de dirigir y supervisar.

Inconforme con la decisión, el apoderado de la ESE Centro de Salud Nuestra
Señora del Rosario de Chivitá formuló recurso de apelación, indicando que no se
configuran los elementos de la relación laboral.

El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3, mediante providencia
del 22 de octubre de 20245, revocó la decisión del a quo, y en su lugar, negó las
súplicas de la demanda.

Concluyó que el juez de primera instancia transcribió las versiones de los
testimonios y el interrogatorio obrante como prueba, pero omitió hacer una
confrontación entre ellas.

De otro lado, consideró que no se demostró el elemento de la subordinación, toda
vez que la señora Ángela Andrea Cifuentes Acuña organizaba su jornada de trabajo,
además que laboraba y atendía a sus pacientes mediante citas concertadas;
aduciendo a su vez que su vinculación se dio debido a que la entidad no contaba
con una planta de personal permanente que incluyera el empleo de odontóloga, sino
que la misma era temporal y se prorrogaba cada 6 meses, como consecuencia de
un proceso de restructuración.

Esta decisión fue notificada por correo a las partes el 30 de octubre de 2024.

1.4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora manifestó que el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión No. 3 incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, violación a la constitución
y desconocimiento del precedente.

Mencionó que el tribunal accionado vulneró sus derechos fundamentales y los
principios generales del trabajo consagrados en el artículo 53 de la Constitución
Política, particularmente la primacía del contrato realidad y el trabajo en condiciones
digas y justas.

5 Índice 02 Aplicativo Samai

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02523-01

En cuanto al defecto fáctico expuso que el tribunal acusado concluyó sin soporte
probatorio que no prestó sus servicios con autonomía, ni independencia, cuando
obra material probatorio que acreditó lo contrario.

Respecto al desconocimiento del precedente indicó que el ad quem no aplicó la
jurisprudencia constitucional y legal relativa al principio de la prevalencia del
contrato realidad, ya que no tuvo en cuenta ningún indicio o presunción de
subordinación.

Señaló que, en efecto, en los litigios donde se debaten las relaciones laborales
encubiertas no existe una tarifa legal de la prueba, ni es admisible establecer un
estándar probatorio para que los trabajadores puedan demostrar más allá de toda
duda razonable que existe una relación laboral administrativa.

Expuso que la prueba indiciaria y las presunciones, son elementos demostrativos
indirectos, pero medios de convicción autorizados por la jurisprudencia para resolver
estos casos como los indicados en la recomendación 198 de 2006 de la OIT, trajo
a colación la sentencia SL305 de 2024 de la Corte Suprema de Justicia – Sala
Laboral6.

Adujo que, en la providencia censurada, no se tuvo en cuenta el precedente sobre
el personal que presta sus servicios de salud en las empresas sociales del Estado,
hizo referencia a la sentencia C-171 de 2012 y el carácter temporal del contrato de
prestación de servicios frente al término estrictamente necesario contenido en los
estudios previos acorde al principio de planeación.

Expresó que la autoridad judicial accionada interpretó de manera errada que las
funciones permanentes de una entidad pública no pueden ser prestadas mediante
contratos de prestación de servicios, máxime cuando existía el cargo temporal
dentro de la planta de personal, ya que ello desnaturaliza el concepto de empleo
público establecido en el Decreto 1042 de 1078.

Precisó que no se dio ninguna importancia a las sentencias de unificación proferidas
por la Corte Constitucional sobre el contrato realidad, y específicamente frente a las
particularidades del contrato de prestación de servicios, que se caracteriza por ser
temporal y excepcional con autonomía e independencia (SU – 040 DE 2018 y SU –
448 de 2016 Corte Constitucional).

Así también, argumentó que se desobedeció el precedente vertical del Consejo de
Estado en proveído de unificación (2021 SUJ-025-CE-S2-2021) sobre dos temas:
a) la aplicación de los indicios y presunciones de subordinación contenidas en la
recomendación 198 de 2006, b) el carácter temporal del contrato de prestación de
servicios supeditado al término estrictamente necesario, c) y a la imposibilidad de
desarrollar actividades permanentes por parte de contratistas.

6 Providencia que cita varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02523-01

1.5. Trámite de la acción de tutela

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante auto del 5 de mayo
de 20257, admitió la acción de tutela, y ordenó la notificación a la accionante,8, a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 39 y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado10, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

Así mismo, se vinculó al Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Tunja11, a la E.S.E. Nuestra Señora del Rosario de Chivatá – Boyacá12, y a los
demás intervinientes dentro medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho13 radicado 15001-33-33-012-2018-00094-00/01 como terceros con interés
en las resultas del proceso

De igual manera, se requirió al Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Tunja para que, remitiera en calidad de préstamo y en medio digital el
expediente correspondiente al proceso aludido.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja14

Remitió el enlace del aplicativo Samai del expediente de nulidad y restablecimiento
del derecho radicado 15001-33-33-012-2018-00094-00, sin emitir pronunciamiento
respecto a la acción de tutela.

1.6.2. E.S.E Centro De Salud Nuestra Señora del Rosario del Municipio de
Chivatá15

El apoderado judicial de la entidad se opuso a las pretensiones de la solicitud de
amparo.

7 Índice 05 Aplicativo Samai
8 Notificación al correo electrónico walkerlawyer@hotmail.com
9 Notificación a los correos electrónicos sectradmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co
sgtadminboy@notificacionesrj.gov.co
10 Notificación al correo electrónico notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co
11 Notificación al correo electrónico j12admintun@cendoj.ramajudicial.gov.co
12 Notificación a los correos electrónicos esechivata@yahoo.com esechivata2020@gmail.com
13 MUNICIPIO DE CHIVATA Notificación al correo electrónico notificacionjudicial@chivata-

boyaca.gov.co
14 Índice 09 Aplicativo Samai
15 Índice 010 Aplicativo Samai

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02523-01

Expuso que durante los periodos comprendidos entre 2015 y 2016, la E.S.E. Centro
de Salud Nuestra Señora del Rosario de Chivatá no contaba dentro de su planta de
personal con el cargo de profesional en odontología.

Señaló que le correspondía a la señora a Ángela Andrea Cifuentes Acuña demostrar
los hechos alegados en el proceso ordinario.

Manifestó que, si bien la demandante prestaba actividades propias y misionales de
la entidad, esta circunstancia no impedía el uso del contrato de prestación de
servicios para llevar a cabo dicha labor. Esto se debe a que el cargo no era de
carácter permanente, sino temporal, especialmente considerando que la
demandante tenía autonomía para organizar su jornada laboral.

1.6.3. Pese a ser debidamente notificado el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala
de Decisión No. 3 no intervino dentro del trámite de la acción de tutela.

1.7. Sentencia de primera instancia16

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A mediante providencia del 30
de mayo de 2025, declaró improcedente la acción de tutela, por no superarse el
requisito de relevancia constitucional.

Advirtió que en sentencia del 22 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión No. 3 justificó las razones por las cuales no se acreditaba
la existencia de una relación laboral encubierta y expuso que no se demostró el
elemento de la subordinación al indicar que no se probó el cumplimiento o
imposición de un horario ni una vigilancia típica del empleador, y que por el contrario
la actora organizaba su jornada conforme a una agenda propia, circunstancias todas
que permitían colegir que la señora Cifuentes Acuña cumplió con sus funciones de
manera autónoma.

Así mismo, precisó que los argumentos de la accionante conducen obtener un
pronunciamiento similar al dictado por el juez de primera instancia del proceso
ordinario, es decir, el reconocimiento de la relación laboral encubierta y el pago de
los emolumentos respectivos, lo cual evidentemente desborda los poderes
atribuidos por la Constitución al juez de tutela.

1.8. Impugnación17

La parte actora presentó impugnación contra la sentencia de tutela y solicitó que
dicha decisión fuera revocada.

16 Índice 015 Aplicativo Samai
17 Índice 019 Aplicativo Samai

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02523-01

Señaló que, se limitó a indicar que la decisión del juez natural fue razonable; pero
no realizó ningún estudio de las causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales y que fueron alegadas, particularmente el
desconocimiento del precedente jurisprudencial.

Manifestó que en la solicitud de amparo se acusó la sentencia del tribunal de ser
contraria al precedente constitucional representado en la sentencia C-171 de 2012
y el jurisprudencial de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia18 CSJ
SL3345-2021.

Por otro lado, mencionó que, en el presente asunto, no se tuvo en cuenta el carácter
temporal y excepcional de la prestación del servicio tratándose de las empresas
sociales del estado, máxime cuando el cargo existía dentro de la planta de personal,
reiterando además que en la sentencia acusada no se realizó análisis del material
probatorio conforme a la recomendación 198 de 2006 de la OIT replicadas en el
precedente del Consejo de Estado.

Respecto al horario, consideró que los empleados y trabajadores del sector salud,
que laboren en ESE pueden prestar sus funciones en otras entidades de salud,
atendiendo al servicio que prestan conforme al Decreto 1042 de 1078.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de
2015 y 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de
primera instancia del 30 de mayo de 2025 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A para lo cual se deberá resolver el siguiente
interrogante:

• ¿El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No.3 , vulneró los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo, y al
principio de la «primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones
laborales» de la señora Ángela Andrea Cifuentes Acuña, con ocasión a la
sentencia del 22 de octubre de 2024 que revocó la decisión del a quo y negó
las pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de nulidad y

18 En el escrito de impugnación erróneamente se indicó que correspondía al Consejo de Estado,

Sección Segunda

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02523-01

restablecimiento del derecho, radicado 15001-33-33-012-2018-00094-
00/01?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad, el de relevancia
constitucional, y (iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012 19,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema20.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
sentencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales21. Sin
embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros se haría ese estudio, pues
la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201422, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 200523, para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales,
como lo dispone el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a
decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia24 a unos
requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo –
procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto – procedencia adjetiva -.

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. María

Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 2009-01328-01.
20 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
21 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta M. P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01.
23 Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
24 Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590

de 2005.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02523-01

Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la solicitud
de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad adjetiva, esto es:
i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela;
iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la protección del
derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional

Para el caso en concreto, la Sala anticipa que confirmará la decisión de primera
instancia que declaró improcedente la presente acción de tutela por carecer de
relevancia constitucional, puesto que no cumple con las reglas establecidas por la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202225.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad[…].

25 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02523-01

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal26 (Énfasis de
la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico27; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional28.

[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no a problemas de carácter legal29”. En este orden, se reitera que el examen de
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales30”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

[…]

26 Sentencia SU-573 de 2019.
27 Sentencia SU-103 de 2022.
28 Sentencia SU-103 de 2022.
29 Sentencia SU-103 de 2022.
30 Sentencia SU-128 de 2021.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02523-01

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto31, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal32. (Resaltado de
la Sala)

2.5. Caso concreto

En el presente asunto, la señora Ángela Andrea Cifuentes Acuña expuso que el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No.3, con ocasión a la
sentencia del 22 de octubre de 2024, vulneró sus derechos fundamentales a la
igualdad, al trabajo, al debido proceso y al principio de la «primacía de la realidad
sobre las formas en las relaciones laborales».

Adujo que el tribunal accionado al proferir la providencia censurada incurrió en los
siguientes defectos: sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente y violación
directa de la Constitución Política.

En referencia al defecto fáctico, la parte actora manifestó que la autoridad judicial
accionada concluyó sin soporte probatorio que la demandante prestó sus servicios
con autonomía e independencia.

Al respecto, contrario a lo señalado por la tutelante, el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión No. 3 en la providencia acusada, tuvo en consideración
las pruebas que en su momento fueron aportadas al plenario, además que, en el
escrito de amparo, no se mencionó cuáles fueron las omitidas o indebidamente
valoradas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y que eran
determinantes para que la decisión fuera diferente.

En el presente asunto, consta que el juez natural del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, realizó un análisis del acervo probatorio, del cual
confrontó las versiones de los testimonios, el interrogatorio de parte y las pruebas
documentales, de las cuales concluyó que no se había configurado el elemento de
la subordinación para acreditar una relación laboral.

Sobre la valoración de los medios de prueba, es preciso mencionar que es un
ejercicio intelectual en el que el director del proceso, aplicando las reglas de la sana
crítica y las máximas de la experiencia, en las cuales el funcionario judicial en su
decisión determina el valor que asigna a cada uno. Lo cual, se encuentra cobijado
por la independencia y autonomía que gozan las autoridades judiciales, por lo que,
salvo en casos excepcionalísimos, es viable su reproche en esta instancia judicial

Dicha autoridad judicial al momento de proferir el fallo, tuvo en cuenta la

31 Sentencia SU-573 de 2019.
32 Ib.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02523-01

normatividad y jurisprudencia aplicable al caso en estudio. Consideró las
precisiones establecidas en el numeral 3 de artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
precepto normativo que regula el contrato de prestación de servicios.

Así mismo, referenció la sentencia C-154 de 1997 de la Corte Constitucional que
estableció las diferencias entre el contrato de carácter laboral y aquel de prestación
de servicios y citó apartes de la sentencia del Consejo de Estado33, mediante la cual
se ha señalado que en aquellos eventos en los que se alegue el principio de la
primacía de la realidad frente a las formalidades propias de la contratación, le
corresponde probar al interesado, que durante el tiempo que duró su vinculación,
se dieron los elementos propios de la relación laboral, como son: la prestación
personal del servicio, la remuneración y especialmente la subordinación.

Sobre este cargo es preciso advertir que esta Sección ha considerado que la parte
que invoca el desconocimiento del precedente debe cumplir con la carga mínima de
identificar: (i) la decisión que considera desatendida; (ii) la ratio aplicable a la
solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis
anterior y (iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de
instancia, lo que no se cumplió en el presente asunto.

Esta Sección en repetidas ocasiones ha explicado que el concepto de precedente
hace referencia a la regla de derecho determinante del sentido de la decisión y su
contenido específico. Es decir, la ratio decidendi, la cual no está atada al número de
decisiones, dado que solo basta una providencia en donde se especifique una regla
o sub-regla de derecho. En consecuencia, este defecto se configura cuando una
autoridad se aparta del precedente establecido por los tribunales de cierre, sin
cumplir con la carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué no va a
aplicarlo.

Si bien es cierto, la parte actora mencionó como precedente judicial, las sentencias
de unificación del Consejo de Estado34 y de la Corte Constitucional35 no expuso
mínimamente cómo el tribunal se apartó y desatendió los criterios establecidos en

33 En la providencia acusada no se indicó su fecha, solamente se destacó: «Para efectos de
demostrar la relación laboral entre las partes, se requiere que el actor pruebe los elementos
esenciales de la misma, esto es, que su actividad en la entidad haya sido personal y que por dicha
labor haya recibido una remuneración o pago y, además, debe probar que en la relación con el
empleador exista subordinación o dependencia, situación entendida como aquella facultad
para exigir al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto
al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por
todo el tiempo de duración del vínculo.
Además de las exigencias legales citadas, le corresponde a la parte actora demostrar la
permanencia, es decir que la labor sea inherente a la entidad y la equidad o similitud, que es el
parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos
por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una
verdadera relación laboral. Todo ello con el propósito de realizar efectivamente el principio
constitucional de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la
relación laboral»
34 Sentencia de Unificación 01143 de 2021 Consejo de Estado, Sección Segunda del 9 de
septiembre de 2021
35. SU – 040 DE 2018 y SU – 448 de 2016 l

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02523-01

esas providencias. Así las cosas, no se cumplió con la carga argumentativa
requerida para que exista un pronunciamiento de fondo por la Sala frente a este
defecto.

Ahora, frente al cargo por defecto sustantivo y violación directa de la Constitución,
la parte actora solamente indicó que el fallador de segunda instancia desconoció el
derecho la igualdad, así como los principios generales del trabajo consagrados en
el artículo 53 de la Constitución Política, particularmente la primacía de la realidad
sobre las formalidades y el derecho a condiciones laborales dignas y justas, así
mismo a la recomendación 198 de 2006 de la OIT.

Sin embargo, no desarrolló cuáles fueron las razones para determinar que dichas
normativas son aplicables al caso concreto, como tampoco precisó cuál sería la
incidencia que tienen en la decisión adoptada por el tribunal, por lo que dicho cargo
no cuenta con la carga argumentativa que revele que la autoridad accionada incurrió
en la configuración de este posible yerro de índole de interpretación normativa.

En el presente asunto, la Sala observa que los argumentos expuestos por la parte
actora, no justifican una vulneración a los derechos fundamentales, todo lo contrario,
evidencian una inconformidad de la interpretación de la jurisprudencia vigente
aplicable al caso y la valoración de las pruebas realizadas, y por ello, es evidente
que la parte accionante, interpone este amparo como una instancia adicional, para
debatir nuevamente los argumentos expuestos y decididos por el juez natural de la
causa dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Entrar a estudiar la decisión judicial acusada, sin sustentarse, ni demostrarse la
transgresión de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al
trabajo, a la «primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales»
invocados por la accionante, resulta contraria a la naturaleza del juez constitucional
que está llamado a proteger aquellas garantías fundamentales vulneradas y a
proferir decisiones encaminadas a restablecer las mismas.

La Corte Constitucional ya ha decantado que la acción de tutela no es una vía
alterna, ni un mecanismo para rectificar decisiones judiciales en firme, ni para
desautorizar interpretaciones jurídicas que se hacen dentro del marco de la
autonomía y de la independencia propia de los jueces, ni el instrumento para atacar
o impugnar las decisiones judiciales que tienen fuerza ejecutoria35.

Así las cosas, para la Sala no se cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en la medida que, si bien la actora enunció la transgresión de derechos
fundamentales, sus argumentos pretenden es reabrir la discusión, que ya fue objeto
de decisión por el juez natural de la causa, y no le corresponde al juez constitucional
hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el
principio de autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo
constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ángela Andrea Cifuentes Acuña
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 3
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02523-01

Por otro lado, se advierte que la accionante consideró que la sentencia acusada
desconoció los criterios establecidos en la sentencia de unificación 01143 de 2021
Consejo de Estado, Sección Segunda del 9 de septiembre de 2021, conforme a lo
dispuesto en los artículos 258 al 262 de la Ley 1437 de 2011, la señora Ángela
Andrea Cifuentes Acuña previo a la interposición de la acción de tutela tenía la
posibilidad de presentar el recurso extraordinario de unificación. En este sentido, la
solicitud de amparo de la referencia no cumple con el requisito de subsidiariedad

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia,
proferida el 30 de mayo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A que declaró improcedente la solicitud de amparo, pero por las razones
expuestas en la presente providencia, por no superarse los requisitos de relevancia
constitucional y subsidiariedad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, proferida el 30 de mayo
de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente.
Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.