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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02527-00

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02527-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Aceptar a la Fiduprevisora S.A. como coadyuvante de la parte accionante, de acuerdo con lo expuesto en precedencia. Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por las sociedades Protección Industrial Colombia S.A.S – en liquidación y Multipartes S.A.- en liquidación, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02527-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02527-00
Accionante: Protección Industrial S.A.S y otro
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
controversias contractuales

Decisión: Negar el amparo porque no se encontraron demostrados los defectos
deprecados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide la
acción de tutela1 presentada por las sociedades Protección Industrial Colombia
S.A.S – en liquidación y Multipartes S.A.- en liquidación, quienes actúan por
intermedio de apoderado judicial en contra de la Subsección C, de la Sección
Tercera, del Consejo de Estado por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, ocurrida
con ocasión de la providencia expedida el 23 de septiembre de 2024, al interior
del medio de control de controversias contractuales con radicado 25000-23- 36-
000-2015-00927-02.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El 24 de diciembre de 2010, el Distrito Capital de Bogotá – Secretaría
Distrital de Movilidad y la Unión Temporal Módulos Led Bogotá, integrada por
Protección Industrial Ltda., Multipartes S.A. y Korea Electric Traffic Company Co.
Ltda suscribieron el contrato de compraventa n.° 1628 de 2010, para contratar la
adquisición de módulos luminosos tipo LED para el sistema de semaforización de
Bogotá.

3. No obstante, en la cláusula séptima se pactó que la supervisión y/o
interventoría estaría a cargo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
ente universitario que presentó unos informes el 8 de agosto y el 21 de noviembre
de 2011, en los que se reportó unas fallas en su funcionamiento.

4. Con fundamento en dichos informes, a través de la Resolución n.° 045 del
4 de julio de 2012 se declaró el incumplimiento contractual. Decisión que fue

1 Acción de tutela presentada el 29 de abril de 2025.

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confirmada mediante Resolución n.° 049 del 17 de julio de 2012.

5. Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Movilidad mediante Resolución n.°
005 del 28 de febrero de 2013 resolvió liquidar unilateralmente el contrato de
compraventa, acto administrativo confirmado por la Resolución n.° 034 del 7 de
junio de 2013.

6. Sin embargo, el 5 de noviembre de 2013, por mutuo acuerdo entre las
partes, suscribieron un acta en la que acordaron la práctica de una prueba técnica
y definitoria sobre los módulos LED verde. Dicha prueba estaría a cargo de la
Universidad de los Andes.

7. El 27 de diciembre de 2013, esa institución concluyó que los módulos
seleccionados para el muestreo habían superado satisfactoriamente la
evaluación. Por lo tanto, en ese mismo día las partes celebraron un contrato de
transacción por medio del cual revocaron y dejaron sin efectos los actos
administrativos que declararon el incumplimiento. Sin embargo, el 16 de julio de
2014, las partes dejaron sin efectos la transacción.

8. Con ocasión de lo anterior, Protección Industrial Colombia S.A.S. y
Multipartes S.A., en ejercicio del medio de control de controversias contractuales,
demandaron al Distrito Capital de Bogotá con la finalidad que se declarara que
esta última incumplió el contrato de compraventa n.° 1628 celebrado el 24 de
diciembre de 2010; así como con el acuerdo del 5 de noviembre de 2013.
Asimismo, se tiene que el Distrito Capital de Bogotá interpuso demanda en
reconvención en contra de las hoy accionantes.

9. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, quien mediante sentencia del 21 de marzo de
2021 accedió parcialmente a las súplicas de la demanda principal y la de
reconvención. Por lo tanto, ordenó:

«PRIMERO: En la demanda principal, se MODIFICA el ARTÍCULO TERCERO de
la Resolución 005 de 28 de febrero de 2013, de conformidad con la parte motiva
de esta providencia, el cual quedará así:

ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR a la UNIÓN TEMPORAL MÓDULOS
LED BOGOTÁ conformada por PROTECCIÓN INDUSTRIAL COLOMBIA
S.A.S.; MULTIPARTES S.A.; y KOREA ELECTRIC TRAFFIC COMPANY
CO LTDA. - KETCH CO LTD, el retiro inmediato de los 25.626 módulos
LEDS que se encuentran en la bodega de la (sic) Almacén de las
Secretaría Distrital de Movilidad’.

SEGUNDO: Se NIEGAN las demás pretensiones de la demanda principal, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia.
(…)
CUARTO: DECLARAR judicialmente responsables a las sociedades
PROTECCIÓN INDUSTRIAL COLOMBIA S.A.S.; y MULTIPARTES S.A., por la
omisión en retirar los 26.625 módulos LEDS, desde el 17 de julio de 2012, de
acuerdo con la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: CONDENAR a las sociedades PROTECCIÓN INDUSTRIAL
COLOMBIA S.A.S; y MULTIPARTES S.A. a pagar, por concepto de perjuicios
materiales, la suma que incidentalmente se determine de conformidad con lo

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dispuesto en el artículo 193 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y los parámetros indicados en la parte motiva de esta
providencia
(…)»

10. En sede de apelación, el Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección
C mediante sentencia del 23 de septiembre de 2024 resolvió confirmar dicha
decisión.

2.2. Fundamento jurídico

11. La parte accionante señaló que en la providencia objeto de la acción de
tutela se configuró un defecto fáctico por indebida valoración del material
probatorio, particularmente, hizo referencia al acuerdo de 16 de julio de 2014 por
medio del cual se dejó sin efectos el contrato de transacción que revocó y dejó sin
efectos los actos administrativos que declararon el incumplimiento del contrato de
compraventa. En tanto, «las conclusiones relativas a la intención de las partes, en
cuanto al alcance del mencionado acuerdo, no cuenta con ningún sustento
demostrativo».

12. Además, indicó que se dejó de valorar el informe de interventoría
presentado el 27 de diciembre de 2013 por la Universidad de los Andes por medio
del cual se certificó que los módulos de color verde que, presuntamente exhibían
un fallo en su funcionamiento, operaban sin fallo alguno.

13. Por otra parte, alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto sustantivo por inaplicación de las «normas de derecho público que rigen
la gestión contractual del Estado, los derechos del contratista y los principios que
rigen la actuación administrativa». Asimismo, indicó que se desconocieron los
principios de proporcionalidad y razonabilidad.

2.3. Pretensiones

14. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
Con fundamento en lo transcendentalmente expuesto,
respetuosamente solicito a esa H. Corporación acceda a despachar
favorablemente las siguientes súplicas o, en su lugar, adopte las
decisiones que, en derecho estime procedentes a fin de lograr la
efectiva protección de los derechos fundamentales vulnerados a mis
poderdantes:

6.1. Que se tutelen los derechos fundamentales del debido proceso y
acceso a la administración de justicia de mis representadas.

6.2. Que se disponga dejar sin efectos la sentencia del 23 de septiembre
de 2.024, notificada el 25 de octubre de 2.024 y ejecutoriada el 30 de
octubre de 2.024, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera
del H. Consejo de Estado, Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES
CORRALES dentro del proceso identificado con Rad. No.
250002336000 2015 00927 02 (Exp. No. 64.509).

6.3. En subsidio de todas o cualquiera de las peticiones anteriores,
suplico se adopten las decisiones que el juez de tutela estime

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procedentes para lograr la efectiva protección de los derechos
fundamentales de mi mandante.» (Sic)

2.4. Intervenciones

15. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 5 de mayo
de 2025, a través del cual se ordenó notificar a la Subsección C, de la Sección
Tercera, del Consejo de Estado como accionado y al Distrito de Bogotá –
Secretaria Distrital de Movilidad, la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Previsora S.A, y a todos los demás
vinculados al proceso de controversias contractuales como terceros interesados
en el resultado del proceso.

16. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C manifestó que el
presente asunto carece del requisito de relevancia constitucional, en la medida
que lo que pretende la parte actora es una instancia adicional para reabrir un
debate ya zanjado por el juez de la causa, pues, en efecto, la argumentación
planteada por la actora, lejos de demostrar la procedencia del mecanismo
constitucional, da cuenta de su inconformidad respecto de una decisión que no
satisfizo sus intereses.

17. En cuanto al defecto sustantivo manifestó que no se configuró porque no dejó
de aplicar normas y principios; simplemente efectuó un análisis de las pruebas,
particularmente del contrato y del pliego de condiciones que hace parte del
contrato una vez se suscribe el mismo, para concluir que la interventoría contaba
con amplias facultades a efectos de verificar el cumplimiento del objeto
contractual.

18. Respecto del defecto fáctico advirtió que no dejó de valorar de forma
caprichosa el informe presentado el 27 de diciembre de 2013 por la Universidad
de los Andes como lo pretende hacer valer la parte accionante porque las partes
lo dejaron sin efecto alguno al suscribir el acuerdo del 16 de julio de 2014, en el
que se dispuso a retrotraer el proceso a la etapa de conciliación extrajudicial ante
los procuradores judiciales para asuntos administrativos.

19. La Previsora S.A. solicitó que se amparen los derechos invocados en
protección porque la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico y
sustantivo, al desconocer los términos contractuales que regulaban las
condiciones para la verificación de los productos entregados, en lo que respecta
a las pruebas a realizar y la exigencia de contar con la presencia del contratista
durante dicho procedimiento. En tal sentido, coadyuvó las pretensiones de la
demanda de tutela.

20. No se rindieron más informes.

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

21. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De la solicitud de coadyuvancia

22. La Previsora S.A. solicitó ser vinculada al proceso como coadyuvante del
accionante dentro de la demanda de tutela, figura respecto de la cual el artículo
13 del Decreto 2591 de 1991, dispone:

«ARTICULO 13.- Personas contra quien se dirige la acción e
intervinientes. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida
en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se
tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá
intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad
pública contra quien se hubiere hecho la solicitud». (negrillas de la Sala).

23. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que «(…) la coadyuvancia
surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés
en el resultado del proceso que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos
expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda
realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las
hechas por el demandante (…)»2.

24. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala tendrá como coadyuvante a la
Fiduprevisora S.A. en los términos señalados en precedencia, sin que ello
implique la posibilidad de realizar planteamientos o reclamaciones distintas a las
formuladas en la demanda de tutela, toda vez que una vez revisado el material
probatorio allegado al proceso se observa que hizo parte en el proceso ordinario
en cuestión.

3.2.2. Del defecto sustantivo

25. La Sala aclara que, si bien en la demanda de tutela se invocó un defecto
sustantivo, lo cierto es que la parte accionante no argumentó de qué manera la
autoridad judicial accionada incurrió en la referida causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, pues solo se limitó

2 Corte Constitucional, sentencia T-062 de 2010.

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a señalar de manera genérica una presunta inaplicación de las «normas de
derecho público que rigen la gestión contractual del Estado, los derechos del
contratista y los principios que rigen la actuación administrativa». Además de
indicar que se desconocieron «los principios de proporcionalidad y razonabilidad»,
pero no expuso de manera concreta las razones por las cuales considera que la
decisión cuestionada adolece de tal defecto, es decir, no precisó qué normas se
inaplicaron o se interpretaron en indebida forma.

26. Por lo tanto, la Sala considera que dichos reparos no tienen vocación de
prosperidad, razón por la que se abstendrá de emitir pronunciamiento al respecto.

3.3. Problema jurídico

27. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, al proferir la
sentencia del 23 de septiembre de 2024, vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, al incurrir en el defecto
fáctico.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

28. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales
de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

29. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.

30. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito

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garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de
asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

31. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela
y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como
son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.

3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la ejecutoria de la última providencia cuestionada, esto es, el
30 de septiembre de 2024 y la interposición de la acción de tutela, lo cual ocurrió
el 29 de abril de 2025.

3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como
consecuencia de un fáctico.

Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial

32. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional3 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

3 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010,

T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.

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a. Una dimensión negativa4, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración
y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de
la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva5, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

33. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser,
de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan
al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál
resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los
elementos probatorios»6.

34. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por
el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.4.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico

35. La parte accionante manifiesta que la decisión objeto de cuestionamiento
adolece de un defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio,
particularmente, hizo referencia al acuerdo de 16 de julio de 2014 por medio del
cual se dejó sin efectos el contrato de transacción que revocó y dejó sin efectos
los actos administrativos que declararon el incumplimiento del contrato de
compraventa.

36. Además, sostiene que se dejó de valorar el informe presentado el 27 de diciembre
de 2013 por la Universidad de los Andes por medio del cual se certificó que los
módulos de color verde que, presuntamente exhibían un fallo en su
funcionamiento, operaban sin problema alguno.

37. Sobre el particular, se observa que la Subsección C, de la Sección Tercera,
del Consejo de Estado en la sentencia objeto de cuestionamiento proferida el 23
de septiembre de 2024, indicó lo siguiente:

«(…)
En el proceso se encuentra acreditado que, el 5 de noviembre de 2013, el
secretario de la SDM y el representante de la UTML suscribieron un acuerdo para
solucionar las controversias surgidas en relación con el contrato en cuestión, con

4 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
5 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
6 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.

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la realización de “una última y definitiva” prueba técnica elaborada por un tercero;
(…) (hecho probado 6.24.). Igualmente, está probado que la Universidad de los
Andes, el 27 de diciembre de 2013, presentó su informe de evaluación de
desempeño eléctrico y de luminosidad de los módulos, con la conclusión de que
superaron las pruebas realizadas (hecho probado 6.27.).

Se encuentra demostrado que, con fundamento en el acta de acuerdo del 5 de
noviembre de 2013 y en el informe presentado por la Universidad de los Andes,
el 27 de diciembre de 2013 las mismas partes suscribieron un contrato de
transacción, con el fin de solucionar las controversias surgidas con ocasión del
contrato de compraventa No. 1628 de 2010, dejando sin efectos todos los actos
proferidos por la SDM mediante los cuales declaró el incumplimiento del contrato
y liquidó unilateralmente dicho negocio (hecho probado 6.28.).También se halla
acreditado que, el 16 de julio de 2014, el secretario de la SDM y el representante
de la UTML suscribieron un acta en la que expresamente acordaron: (i) dejar sin
efecto y sin condicionamiento el denominado ‘contrato de transacción’ del 27 de
diciembre de 2013; y (ii) retrotraer el proceso a la etapa de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, actuación que cursaba
antes de la suscripción del documento denominado ‘contrato de transacción’
(hecho probado 6.29.).

(…)
En el contexto de lo expuesto, más allá de que la literalidad del documento del
16 de julio de 2014 indica dejar sin efectos el contrato de transacción, de acuerdo
con las reglas de interpretación de los contratos se desprende que la real
intención de los contratantes también era dejar sin efectos tanto el acta del 5 de
noviembre de 2013 como la pruebas realizadas por la Universidad de los Andes,
dado que con ese acuerdo del 16 de julio de 2014 se retrotrajeron todas las
actuaciones hasta la solicitud de conciliación extrajudicial del 13 de septiembre
de 2013.
(…)

38. De las transcripciones relacionadas previamente se advierte que el Alto
Tribunal en materia de lo contencioso administrativo fundamentó su decisión en
un análisis probatorio integral a la luz de la sana critica, lo que le permitió concluir,
que más allá de la literalidad del acuerdo del 16 de julio de 2014 por medio del
cual se dejó sin efecto el contrato de transacción, la verdadera intención de las
partes fue también invalidar el acta del 5 de noviembre de 2013; así como las
pruebas practicadas por la Universidad de los Andes, teniendo en cuenta que
dicho acuerdo tuvo como efecto retrotraer todas las actuaciones al momento de
la solicitud de conciliación extrajudicial presentada el 13 de septiembre de 2013.

39. Al respecto, es de advertir que la decisión estuvo fundamentada en las
pruebas efectivamente decretadas y practicadas incluso con la que echa de
menos en la demanda de tutela, puesto que determinó que, si bien el 27 de
diciembre de 2013, la Universidad de los Andes presentó un informe de evaluación
de desempeño eléctrico y de luminosidad de los módulos cuya conclusión fue que
superaron las pruebas realizadas, lo cierto es que también halló acreditado que
el Acuerdo del 16 de junio de 2024, tuvo como efecto retrotraer todo el trámite
hasta la conciliación extrajudicial como se indicó previamente.

40. De modo que, lo que la Sala observa es una divergencia en la apreciación
de un mismo conjunto de pruebas, lo que no es suficiente para estructurar un
defecto fáctico en punto de una indebida valoración probatoria, puesto que para
que ello resulte configurado es necesario que el juez de instancia se separe por
completo de los hechos probados, situación que no se muestra evidente en este
asunto.

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Acción De Tutela
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Accionante: Protección Industrial S.A.S y otro

41. En ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada sustentó la decisión
en un análisis probatorio integral en consonancia con las reglas de la sana crítica,
lo que le permitió concluir que en el presente asunto que no se demostró el
incumplimiento del acuerdo del 5 de noviembre de 2013, en la medida que también
fue dejado sin efectos, hecho que no puede ser calificado como violatorio de los
derechos fundamentales, en respeto de los principios de autonomía e
independencia judicial.

42. Por lo expuesto, se puede observar un análisis íntegro del material
probatorio aportado al proceso a la luz de las reglas de la sana crítica, hecho que
no puede ser calificado como violatorio de los derechos fundamentales, sino
respetuoso del principio de independencia judicial, además que no se advierte que
el estudio realizado por la autoridad judicial sea contraevidente, arbitrario o
caprichoso.

43. En ese contexto, se recuerda que el defecto fáctico se configura
únicamente en los eventos en los que se advierta que la valoración de la prueba
fue arbitraria o irracional, y en el caso concreto la argumentación de la providencia
es razonable.

44. Por tal razón, no es posible considerar que se presentó un defecto fáctico,
sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la interpretación
efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la finalidad
prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez constitucional.

45. Al respecto, la Corte Constitucional ha recordado que la autonomía con que
cuenta el juez para valorar la prueba dentro de cierto grado de discrecionalidad,
cuando sus conclusiones están fundadas en una crítica objetiva fundada en la
lógica y en los principios de racionalidad jurídica que deben guiar los
pronunciamientos de la justicia, descarta la posibilidad de calificar su decisión
como violatoria de derechos fundamentales o constitutiva de algún defecto puesto
que se trata, simplemente, de la actividad ejercida de manera razonable al amparo
de los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial7.

46. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez8, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el
razonamiento es arbitrario o caprichoso.

47. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante
con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, razón por la que la Sala procederá a
negar el amparo deprecado, por las consideraciones expuestas en la presente
providencia.

7 Sentencia T-106 de 2000.
8Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.

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Acción De Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02527-00
Accionante: Protección Industrial S.A.S y otro

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Aceptar a la Fiduprevisora S.A. como coadyuvante de la parte
accionante, de acuerdo con lo expuesto en precedencia.

Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por las
sociedades Protección Industrial Colombia S.A.S – en liquidación y Multipartes
S.A.- en liquidación, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva
de la presente providencia.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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