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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02529-01

Fecha
15 de julio de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02529-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 22 de mayo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Quinta que negó el amparo de los derechos fundamentales de Camilo Hincapié Rúa, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 7 Radicado: 11001-03-15-000-2025-02529-01 Demandante: Camilo Hincapié Rúa Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02529-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

15 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., quince (15) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02529-01
Demandante: Camilo Hincapié Rúa
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia 1

Temas: Tutela para agilizar la realización del examen de idoneidad con
el fin de obtener su tarjeta profesional / Debido proceso
Decisión: Confirmar la decisión del a quo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación formulada por Camilo Hincapié Rúa en contra de la
sentencia proferida el 22 de mayo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Quinta, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. Camilo Hincapié Rúa promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, vida digna y debido
proceso, los cuales consideró vulnerados con ocasión del cambio de fecha para la
aplicación del examen de idoneidad (2025-1) de que trata la Ley 1905 de 2018, en
el entendido que, en principio, estaba programado para el 18 de mayo de 2025, sin
embargo, se trasladó para el 15 de junio siguiente.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente2:

2.1. Obtuvo su título de abogado el 26 de agosto de 2024, de la facultad de
derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana.

2.2. De conformidad con lo establecido en la Ley 1905 de 2018, actualmente se
encuentra inscrito para presentar el examen de estado (periodo 2025-1), con el fin
de obtener su tarjeta profesional definitiva.

1 En adelante URNA.
2 Ver ítem 2 de Samai.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02529-01
Demandante: Camilo Hincapié Rúa

2.3. El 28 de febrero de 2025, la URNA expidió la Resolución URNAR-25-55,
contentiva de la lista provisional de admitidos para presentar el referido examen,
donde figuraba su número de identificación. Información ratificada en la Resolución
URNAR-25-95 de 22 de abril de 2025.

2.4. Cuando hizo la inscripción, la fecha estipulada para la presentación del
examen en el periodo 2025-1 era el domingo 18 de mayo, sin embargo, el 28 de
abril de 2025, la URNA le informó que la fecha para la aplicación de la prueba de
idoneidad se modificó para el domingo 15 de junio siguiente.

2.5. El cambio en la fecha del examen denota un comportamiento omisivo por
parte de la demandada respecto de la implementación de la Ley 1905 de 2018, lo
cual evidenció una negligencia sistemática al no garantizar su aplicación oportuna.
Situación que constituye un cambio sustancial frente al cronograma estipulado, lo
cual le significará más tiempo para obtener su tarjeta profesional de abogado
definitiva.

2.6. La obtención de la tarjeta profesional aumenta la probabilidad de obtener un
empleo en buenas condiciones, ya que el mercado laboral exige en gran medida
contar con dicho documento, como requisito indispensable.

2.7. La URNA desobedeció uno de los numerales de la sentencia SU-128 de 2024
de la Corte Constitucional, en el que se les previno para que, «en adelante se
abstenga de incurrir en acciones u omisiones que pueden constituir incumplimiento de sus
obligaciones constitucionales y legales y que generen nuevas vulneraciones de derechos
fundamentales».

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] 1. Tutelar los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, vida digna, libre
desarrollo de la profesión y debido proceso administrativo.

Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de
Abogados (URNA), que, de manera inmediata, expida mi tarjeta profesional de abogado.
[…]». (sic)

1.2. Informe rendido en el proceso

4. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia3 expuso como argumentos de defensa en
los siguientes términos:

4.1. De conformidad con la sentencia SU-128 de 2024 de la Corte Constitucional,
el 22 de noviembre de 2024, expidió el Acuerdo PCSJA24-12223 «por el cual se da

3 Ver índice 11 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02529-01
Demandante: Camilo Hincapié Rúa

apertura a la etapa de inscripciones para la presentación del examen de Estado señalado
en la Ley 1905 de 2018 – Aplicación 2025-I», cuya convocatoria se llevó a cabo del 25
de noviembre de 2024 al 8 de enero de 2025, respecto de la cual, con Resolución
URNAR25-55 del 28 de febrero siguiente se publicó la lista de admitidos e
inadmitidos a presentar el examen de Estado 2025-I.

4.2. El 22 de abril de la presente anualidad, la URNA expidió la Resolución
URNAR25-958, por medio de la cual, publicó la lista definitiva de admitidos e
inadmitidos a presentar el examen de Estado, aplicación 2025-I.

4.3. Camilo Hincapié Rúa es destinatario de la Ley 1905 de 2018, puesto que
inició el programa de Derecho el 21 de agosto de 2018, por lo que, está obligado a
cumplir con los requisitos allí estipulados para obtener su tarjeta profesional
definitiva, dentro de los que se encuentran presentar y aprobar el examen de estado
que se aplicará el domingo 15 de junio de 2025.

4.4. Tras efectuar las validaciones correspondientes y verificar la información
registrada por los inscritos y el cumplimiento de los requisitos para la admisión al
examen de Estado, la URNA con Resolución URNAR-25-55 del 28 de febrero de
2025, publicó el listado de admitidos e inadmitidos a presentar el examen, en el cual
figura el señor Camilo Hincapié Rúa en calidad de admitido.

1.3 Sentencia de primera instancia4

5. El Consejo de Estado, Sección Quinta, con sentencia del 22 de mayo de 2025
negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se vulneraron los
derechos fundamentales del demandante.

1.4. Escrito de impugnación5

6. La parte demandante impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual
insistió en la motivación expuesta en el escrito de tutela inicial, además de indicar
que lo discutido no es la obligación de presentar el examen, sino la negligencia
institucional en garantizar su aplicación oportuna.

2. Consideraciones

7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) determinación del problema
jurídico: iii) procedencia de la solicitud de tutela – debido proceso administrativo; y
iv) análisis de la Sala.

4 Ver ítem 16 de Samai.
5 Ver ítem 20 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02529-01
Demandante: Camilo Hincapié Rúa

2.1. Competencia

8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política,
el Decreto 1382 de 20006 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20197, esta Sala es
competente para conocer la impugnación contra la sentencia de tutela proferida por
el Consejo de Estado, Sección Quinta.

2.2. Problema jurídico

9. La Sala deberá determinar: ¿si la URNA vulneró los derechos fundamentales
de Camilo Hincapié Rúa al modificar la fecha para la aplicación del examen de
idoneidad (2025-1) de que trata la Ley 1905 de 2018, en el entendido que, en
principio, estaba programado para el 18 de mayo de 2025, sin embargo, se trasladó
para el 15 de junio siguiente?

2.3. Procedencia de la solicitud tutela

10. El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispuso, entre otras, como causal de improcedencia de
la solicitud de amparo:

[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]

11. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia8, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los
derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo
efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.3.1. Debido proceso administrativo

12. El artículo 29 de la Constitución Política determinó que el debido proceso
debe regir todas las actuaciones adelantadas bien sea en procesos judiciales o en
trámites administrativos. En cuanto a estos últimos, debe anotarse que ese derecho
busca que todas las decisiones adoptadas por los funcionarios se realicen con

6 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
8 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121

de 2003.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02529-01
Demandante: Camilo Hincapié Rúa

cumplimiento de las garantías propias del ejercicio de la administración pública. En
ese sentido, la Corte Constitucional, en uno de sus primeros pronunciamientos
sobre ese derecho9, dispuso que este debe ser desarrollado en todas las
manifestaciones de la administración pública y que los actos administrativos deben
ser dictados previo a los procedimientos y los requisitos exigidos por la ley.

13. Más adelante, en la sentencia T-214 de 2004, el máximo tribunal
constitucional definió el debido proceso administrativo como el conjunto de
condiciones impuestas a las autoridades por la ley para el cumplimiento de una
secuencia de actos, cuya finalidad está previamente determinada constitucional y
legalmente y su objeto es asegurar el funcionamiento ordenado de la administración
y la validez de sus actuaciones; así como proteger los derechos de los
administrados.

14. Igualmente, en la sentencia C-980 de 2010 manifestó que aquel es un
derecho constitucional fundamental, de aplicación inmediata en los términos del
artículo 29 de la Constitución Política y que está en armonía con los artículos 6° y
209 de la citada disposición sobre la responsabilidad de los servidores públicos y
los principios que rigen la actividad administrativa del Estado.

15. Recientemente, la Corte Constitucional10 precisó que el debido proceso
administrativo constituye un límite al ejercicio de las funciones de las autoridades
puesto que deben actuar dentro de los procedimientos previamente fijados por el
ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, se colige que este es un derecho
fundamental que sirve como garantía para los administrados frente a las
actuaciones y decisiones adoptadas dentro de los trámites regulados por la ley.

16. La Corte Constitucional en sentencia T-214 de 200411 dentro de la definición
del debido proceso administrativo consideró que el objeto de esta garantía
comprende los siguientes elementos: i) asegurar el funcionamiento ordenado de la
administración; ii) la validez de las actuaciones administrativas; y iii) resguardar el
derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados.

2.4. Análisis de la Sala

17. Camilo Hincapié Rúa acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordenara a la autoridad
demandada que expida su tarjeta profesional de abogado. Al respecto, de las
pruebas obrantes en el expediente se observa:

9 Sentencia T-928 de 2010. Ver también: Sentencias T-550 de 1992, C-214 de 1994, T-415 de 1995,

T-352 de 1996, T-1313 de 2000, C-653 de 2001, T-677 de 2004, T-814 de 2005, T-103, T-525, T-
958 y T-1005 de 2006, T-304, T-600 y T-731 de 2007, T-917 y T-1168 de 2008, T-111, T-881 y T-
909 de 2009, T-178, C-980 y C-983 de 2010, C-089 y T-249 de 2011.
10 T-105 de 2023.
11 MP. Eduardo Montealegre Lynett.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02529-01
Demandante: Camilo Hincapié Rúa

17.1. Para la fecha de inscripción al examen de idoneidad periodo 2025-1 de que
trata la Ley 1905 de 2018, se estableció que su aplicación sería el domingo 18 de
mayo de 2025. Sin embargo, al consultar la plataforma de información de la URNA
evidenció la ausencia de la referida citación en el cronograma, por lo que elevó
varias peticiones con el fin de que le confirmaran el día de la prueba, respecto de lo
cual le informaron:

«[…] La Corporación no ha autorizado el cronograma para la presentación de la prueba
2025-I. En este sentido, le recomendamos estar pendiente del micrositio de la “LEY 1905
DE 2018” del SIRNA, el cual puede ser consultado en el siguiente link:
https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/LEY19052018.aspx, donde se publica toda la
información y actos administrativos relacionados con la prueba […]». (sic)

18. El 28 de abril de 2025, la URNA informó al demandante, a través de correo
electrónico, que la aplicación para el examen 2025-1 se llevaría a cabo el 15 de
junio de 2025, ello con ocasión a que ya se había autorizado el cronograma para la
presentación de la prueba.

19. De acuerdo con los diferentes puntos de derecho expuestos en los acápites
anteriores y los supuestos debidamente acreditados a través de los medios
probatorios allegados a la litis constitucional, se tiene que en el presente recurso de
amparo no se vulneraron los derechos fundamentales invocados, en especial el
debido proceso administrativo.

20. Lo anterior, en atención a que, previo a la aplicación del examen, se debe
completar múltiples fases en las que se resuelven diferentes asuntos y recursos
incoados por otros inscritos al examen como garantía del debido proceso de todos
los involucrados. En este punto, es pertinente recordar que en el enlace
https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/LEY19052018.aspx#NOTICIAS, el
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia publicó el cronograma relacionado con el examen de
idoneidad para el periodo 2025-1, donde explicó las etapas que deben adelantarse
antes de su presentación, tales como: la inscripción al examen, la publicación de la
lista de abogados admitidos e inadmitidos, la radicación de recursos contra esta,
entre otras contingencias.

21. Es por tal motivo que, durante ese procedimiento se pueden presentar
variaciones en las fechas programadas, ya que, como se evidencia en el micrositio
del SIRNA, durante ese tiempo se han expedido resoluciones en las que no solo se
han resuelto reposiciones, sino también se han hecho correcciones a datos
personales de quienes van a presentar el examen.

22. Así, la Corte Constitucional en sentencia SU-128 de 2024 efectuó el estudio
de la relevancia del examen de estado como herramienta para mejorar la calidad en
el ejercicio de la abogacía y fortalecer la probidad de los abogados en un Estado
Social de Derecho, por lo que previno al Consejo Superior de la Judicatura para que

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02529-01
Demandante: Camilo Hincapié Rúa

tal prueba se adelante con la celeridad y claridad suficiente para garantizar los
derechos de aquellos estudiantes que buscan la expedición de su tarjeta
profesional.

23. Punto respecto del cual, no se puede desconocer que en el presente asunto
tal orden no se incumplió en la medida en que, a partir de lo preceptuado en la Ley
1905 de 2018, se estableció el procedimiento necesario para la aplicación del
examen de idoneidad y posterior expedición de la tarjeta profesional, por lo que se
fijó un cronograma que, en todo caso, está supeditado a las contingencias que
pueden surgir a raíz de las diferentes solicitudes y recursos que llegaron a presentar
los inscritos en la prueba, como garantía del debido proceso, los cuales tuvieron
que ser resueltos previo al día de su realización. Circunstancias que evidencian que
la entidad demandada no incurrió en irregularidad alguna.

24. Ahora, en cuanto a la situación particular del demandante, consultado el
aplicativo 1905 del sistema de consulta SIRNA, se observa que el examen de estado
se llevó cabo el 15 de junio de 2025, quien figura en el anexo como “APROBADO”,
razón por la cual cumplió con el requisito necesario para que se expida su tarjeta
profesional definitiva, de acuerdo con lo consignado en la Resolución URNAR25-
210 4 de agosto de 2025 “Por la cual se publican los resultados del examen de Estado
para abogados de la Ley 1905 de 2018, Aplicación 2025-I”.

3. Conclusión

25. Así las cosas y corolario de lo expuesto en esta providencia, se advierte que
no se vulneraron los ius fundamentales invocados, razón por la cual se confirmará
la decisión de primera instancia que negó el amparo de los derechos fundamentales
de Camilo Hincapié Rúa, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 22 de mayo de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Quinta que negó el amparo de los derechos fundamentales de
Camilo Hincapié Rúa, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo Superior
de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02529-01
Demandante: Camilo Hincapié Rúa

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

JAVD/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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