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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02533-00

Fecha
12 de diciembre de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02533-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por Luz Marina Ayala Herrera y otras contra el Tribunal Administrativo del Cesar. 8 Corte Constitucional, sentencia T-186 de 2015, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez: La acción de tutela no es un medio alternativo, adicional o complementario con el que cuentan las personas, para mantener de forma Indefinida e ilimitada en el tiempo, la resolución de una controversia jurídica. Por ello, cuando quiera que las personas acudan al juez constitucional, han de demostrar que, en el asunto bajo controversia, sus derechos fundamentales están siendo transgredidos. Igualmente, deben acreditar que ello fue puesto a consideración del juez natural de la causa, o, en su defecto, que ello no fue posible por razones ajenas a su voluntad. 15 Expediente: 11001-03-15-000-2025-02533-00 Solicitante: Luz Marina Ayala Herrera y otras Acción de tutela – Sentencia de primera instancia SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02533-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

12 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02533-00

Accionante: LUZ MARINA AYALA HERRERA Y OTRAS

Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-Los argumentos de la solicitud carecen de carga argumentativa en cuanto a la vulneración
de derechos fundamentales. PRESUPUESTO DE SUBSIDIARIEDAD-Carácter subsidiario del amparo.
OPOSICIÓN A LOS FUNDAMENTOS DE LA CADUCIDAD- Para controvertirla el afectado dispone desde la
notificación del auto que concedió el recurso de apelación y hasta la ejecutoria del que lo admite en segunda
instancia, para intervenir y expresar su oposición a sus fundamentos.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Luz Marina Ayala Herrera contra
el fallo de segunda instancia, proferido el 24 de octubre de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 2 de mayo de 2025, Luz Marina Ayala Herrera y otros, formularon acción de tutela
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la vida, a la vida digna, a la
familia, a la reparación, al principio de convencionalidad y flexibilidad, al respeto al
precedente judicial nacional e internacional, a la aplicación de los precedentes

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-02533-00
Solicitante: Luz Marina Ayala Herrera y otras
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

judiciales referentes a los delitos de lesa humanidad, que consideraron vulnerados
por el Tribunal Administrativo del Cesar, al haber proferido sentencia de segunda
instancia1, de fecha 24 de octubre de 2024, la cual revocó el fallo emitido por el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, el 1º de junio de
2020, en el marco del proceso de reparación directa, instaurado por los accionantes
contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional.

En virtud del amparo, solicitaron dejar sin efecto la providencia reprochada y en firme
el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda.

2. Hechos relevantes

Los accionantes formularon demanda de reparación directa contra la Nación-
Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional, con el objeto de que se declarara a esta
última, administrativamente responsable por la muerte de Leiner Guerrero Ayala; y,
por lo tanto, se les indemnizara por los perjuicios causados, discriminados en
morales, daños a la vida de relación y materiales.

Fundamentaron la acción en que el fallecimiento lo propiciaron integrantes del
Batallón La Popa del Ejercito de Nacional de Colombia, mediante la utilización de
armas de dotación oficial, en el marco de un presunto enfrentamiento con miembros
de un frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC.

El 8 de agosto de 2016 la parte actora presentó demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa, asunto que le correspondió por reparto al Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, Despacho judicial que el 1
de junio de 2020 profirió sentencia de primera instancia, en la que accedió
parcialmente a las pretensiones del medio de control y condenó a la Nación-
Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional a pagar los perjuicios materiales e
inmateriales. Argumentó que la muerte de Leiner Guerrero Ayala era imputable al

1 Identificado con número de radicación: 20-001-33-33-006-2016-00201-01

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Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

Estado por el título de falla en el servicio, al encuadrarlo en la noción de ejecución
extrajudicial, sin que se acreditara probatoriamente el eximente de responsabilidad
de culpa exclusiva de la víctima, como lo manifestó la Nación-Ministerio de Defensa-
Ejercito Nacional.

La parte demandada apeló esa decisión. En sentencia del 23 de junio de 2022, el
Tribunal Administrativo del Cesar revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar,
negó las suplicas incoadas en la demanda, al encontrar probada la excepción de
caducidad.

En virtud de lo anterior, la parte accionante promovió acción de tutela en la que
solicitó amparar sus derechos fundamentales; y, en consecuencia, ordenar la
revocatoria de la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo del Cesar el 23 de
junio de 2022, dentro del medio de control de reparación directa, para que, en su
lugar, esta última autoridad expidiera una de reemplazo, en la que concediera las
pretensiones de su demanda por el delito de desaparición forzada, al aplicar los
lineamientos del derecho internacional., dicha acción constitucional fue declarada
improcedente.

La parte actora impugnó la anterior decisión del 9 de diciembre de 2022,
correspondiéndole a la Subsección B de la Sección Tercera de la Corporación dictar
sentencia de segunda instancia, la cual se produjo el 29 de marzo de 2023, en la que
confirmó la improcedencia por subsidiariedad frente al cargo relacionado con que se
les aplique la excepción de caducidad prevista para delitos de lesa humanidad,
porque se les imposibilitó acudir a la administración de justicia; no obstante, haber
omitido formular tal planteamiento en el curso del proceso ordinario. En todo lo
demás, la Sala revocó la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional. En su lugar, negó el amparo por no encontrar acreditados los defectos
alegados por la parte actora.

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La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, seleccionó el fallo de tutela
para revisión y mediante sentencia T-378 de 2024 del 11 de septiembre de 2024,
seleccionó para el proceso de revisión las sentencias dictadas En ella resolvió
revocar la sentencia de segunda instancia del 29 de marzo de 2023, adoptada por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, que negó el amparo, y
confirmó y revocó parcialmente la decisión del 9 de diciembre de 2022.

Así mismo, dejó sin efecto el fallo del 27 de julio de 2023 proferido por el Tribunal
Administrativo del Cesar. En consecuencia, ordenó a esa autoridad judicial que
profiera una nueva decisión de segunda instancia en la que se acogieran las
consideraciones expuestas en esta providencia, especialmente en los fundamentos
jurídicos 137 a 153.

3. Fundamentos de la solicitud

La parte actora sostiene que, el Tribunal Administrativo del Cesar le vulneró los
derechos fundamentales invocados referentes a los delitos de lesa humanidad de
secuestro, tortura y desaparición forzada, pues el fallo reprochado yerra al seguir las
orientaciones de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, teniendo en
cuenta que la fecha de presentación de la demanda fue el 8 de agosto de 2016,
cuando se desconocía su existencia.

Así pues, argumentaron que el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en un
defecto por inaplicación del precedente y en uno fáctico, pues para la fecha de
presentación de su demanda de reparación directa, esto es, en agosto de 2016, no
había sido dictada la sentencia de unificación, razón por la cual no se podía utilizar
para fundamentar su providencia del 23 de junio de 2022; con mayor razón, cuando
para ese primer momento, la posición mayoritaria de la Sección Tercera del Consejo
de Estado era distinta, al considerar que frente a los delitos de lesa humanidad,
genocidios y otras violaciones graves de los derechos humanos por aplicación del
control de convencionalidad, no había término de caducidad, como dieron cuenta
múltiples providencias, en atención a su naturaleza imprescriptible, tesis

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Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

jurisprudencial mayoritaria que perdió continuidad con posterioridad a la
promulgación de la providencia SUJ-61.033 de 2020.

Los accionantes consideraron que el Tribunal Administrativo del Cesar, dadas las
circunstancias de la muerte del señor Leiner Guerrero Ayala, debió haber hecho
control de convencionalidad y aplicar el bloque de constitucionalidad, así como tener
en cuenta que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha dado un trato especial
cuando se infringe el derecho internacional humanitario para determinar la caducidad
del medio de control. Además, acotaron, que la sentencia unificadora no moduló sus
efectos, por lo que se entiende que opera a futuro y no se debe aplicar con efectos
retroactivos.

En lo concerniente a la condición como sujetos de especial protección constitucional,
trajeron a colación la afirmación que realizó Norbey Guerrero Ayala, quien expresó
que son campesinos carentes de acceso a la tecnología, sin recursos y, además,
amenazados por grupos paramilitares, así como la mención de la existencia de
sujetos protegidos en el marco del Derecho Internacional, realizó la Jurisdicción
Especial para la paz, en auto 128 del 7 de julio de 2021.

Finalmente, los accionantes aseveraron que:

«EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, por PRINCIPIO DE
IGUALDAD debe aplicar, el tercer criterio que establece esta providencia dada a
la (sic) imposibilidad de acudir a la administración de justicia de los accionante
(sic), lo cual se corrobora con los siguientes elementos: (i) la residencia de la
familia se encuentra ubicada en un municipio rural; (ii) la dependencia económica
de muchos integrantes de la familia dificultó costear los gastos de un profesional
del derecho; (iii) la pertenencia de los padres e hija de la víctima directa a grupos
de especial protección constitucional. »

Trámite de primera instancia

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Solicitante: Luz Marina Ayala Herrera y otras
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

El 12 de mayo de 2025, se admitió la acción de tutela, se ordenó su notificación a la
autoridad judicial accionada, así como a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional, como tercero interesado. También, comunicó la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

Los Magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar que profirieron la providencia
con Radicado No. 20-001-33-33-006-2016-00201-01 y el tercero con interés
guardaron silencio.

A su vez, es preciso subrayar que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar no remitió copia digital del expediente ordinario.

Previo al trámite de votación del proyecto de fallo, el Consejero Nicolás Yepes
Corrales manifestó su impedimento al considerar que se encontraba incurso en la
causal prevista en el numeral 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
Sustentó el impedimento en que su despacho, como integrante de la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, decidió en primera instancia la acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, con ocasión de la providencia
que dictó el 23 de junio de 2022, dentro del medio de control de reparación directa
con el radicado arriba identificado y que se enjuicia a través de la presente acción,
por lo que ya conoce de los hechos objeto de la acción y; además, se ha pronunciado
sobre ellos, a través de providencia proferida el 9 de diciembre de 2022 2.

En esa ocasión se puso en tela de juicio la valoración probatoria y la aplicación de la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 por parte del cuerpo colegiado
convocado, fundamentos que convergen con los utilizados en la presente acción de
tutela, por lo que no cabe duda de que el consejero participa en el proceso en el que
se profirió la providencia objeto de revisión en sede de primera instancia, por lo que
emitió una opinión vinculante dentro del mismo, con identidad fáctica y jurídica. En
ese entendido, se configura la causal cuarta del artículo 56 del Código de

2 Identificado con Rad. No.: 11001-03-15-000-2022-05763-00

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Procedimiento Penal.

En auto del 11 de noviembre de 2025, el despacho declaró fundado el impedimento
manifestado, por cuanto el Consejero Yepes suscribió la sentencia de primera
instancia del 9 de diciembre de 2022 proferida en el marco del amparo constitucional,
Fungió como integrante de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en la cual se examinó la providencia dictada el 23 de junio de 2022 por el
Tribunal Administrativo del Cesar que también negó las pretensiones dentro del
proceso No. 20001333300620160020100/01. De tal modo que, conocer del presente
caso implicaría que estaría dictando sentencia respecto de un tema de su competencia
en el que previamente manifestó su opinión, lo cual resulta inadmisible de cara a garantizar
la recta administración de justicia en este proceso.

CONSIDERACIONES

4. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la sentencia
del 24 de octubre de 2024, por la cual el Tribunal Administrativo del Cesar revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda
en el marco de una acción de reparación directa en la que funge como demandante.

5. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación

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manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental 3. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela 4.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional 5: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

3 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
4 Ibidem.
5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001

03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación
de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».

Subsidiariedad

El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591
de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha precisado que
esta regla tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios de defensa
no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados 6.

Este requisito general de las acciones de tutela se hace más exigente cuando el
objeto de la acción es una providencia judicial. Así, se ha establecido que los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios son, por regla general, las vías

6 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, C.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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legítimas de defensa y reconocimiento de derechos fundamentales 7 . La Corte
Constitucional, en sentencia SU-062 de 2018, estableció las razones principales que
refuerzan el requisito de subsidiariedad en tutelas contra providencias judiciales:

«En primer lugar, las sentencias son decisiones emanadas de un juez que recibió
el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción
determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia (…). [L]a
acción de tutela que no es presentada con apego estricto al principio de
subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la cual, una
persona sólo puede ser procesada por su juez natural.

En segundo lugar, las etapas, el procedimiento y los recursos que conforman un
proceso son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de
los asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido
proceso de manera que no es admisible que el afectado alegue la vulneración o
amenaza de un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus
derechos dentro del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha
dotado de todas las herramientas necesarias para corregir durante su trámite las
irregularidades procesales que puedan afectarle.

Y la última razón es que la acción de tutela contra providencias judiciales no
pretende sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido
definidos, o están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el
principio de subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra
instancia u otro recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir
violaciones a derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra
la seguridad jurídica».

Caso concreto

Los accionantes afirman que, la providencia objeto de estudio por la Corte
Constitucional contiene defectos de orden fáctico y sustantivo como consecuencia
de una indebida aplicación del precedente judicial.

El actor señala como primer argumento en contra de la sentencia censurada, el
haberse aplicado indebidamente la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020

7 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, C.P. Cristina Pardo Schlesinger; se citan, entre otras, las

sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de
2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.

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por un aspecto eminentemente temporal, dado que, como la sentencia se dictó el 29
de enero de 2020 y la presentación de la demanda de reparación directa fue el 8 de
agosto de 2016, la mencionada sentencia de unificación solo tendría efectos hacia
el futuro, no pudiéndose aplicar en su caso.

Frente a lo anterior, es claro para la Sala que la objeción de los accionantes se
encuentra sumida en la interpretación que le dan a la sentencia de unificación, por lo
que más que controvertir lo fallado por el Tribunal Administrativo del Cesar, refutan
la validez del fallo unificador.

En cuanto a la segunda objeción, los accionantes señalaron que, en el evento de
haberse aplicado la sentencia de unificación, la autoridad judicial debió utilizar el
tercer criterio, es decir, la imposibilidad de los demandantes de acudir a la
administración de justicia.

En cuanto a lo anterior, la Sala considera que, los accionantes no obstante haber
expuesto la regla jurídica que debió atender el Tribunal Administrativo del Cesar, y
la aplicaron a su caso, no propusieron tales argumentos al incoar el proceso de
reparación directa, en el que únicamente transcribieron citas jurisprudenciales en
eventos de delitos de desaparición forzada, circunstancia que impidió valorarlos al
dictar la sentencia del 23 de junio de 2022.

Además, en cuanto al cómputo de la caducidad, los accionantes tampoco se
pronunciaron en relación con el recurso de apelación que incoó la Nación-Ministerio
de Defensa-Ejercito Nacional, en la oportunidad prevista en el numeral 4 del artículo
247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
-CPACA-.

La tercera objeción de los actores se relaciona con la indebida aplicación de la
sentencia de unificación, al señalar que esta únicamente fijó reglas en relación con
el delito de ejecución extrajudicial y excluyó el relativo a la desaparición forzada, del
cual fue víctima Leiner Guerrero Ayala, calificativo este dado por la JEP mediante el
auto 128 del 7 de julio de 2021.

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Al respecto es preciso anotar que, el fundamento de la demanda ordinaria fue el
deceso del señor Guerrero a manos de integrantes del Batallón La Popa del Ejercito
Nacional, quienes utilizaron armas de dotación oficial para cometer el crimen. Las
características de lo anterior encuadran en una ejecución extrajudicial, noción que
corresponde a homicidio en persona protegida, conforme al artículo 135 de la Ley
599 de 2000, por contraposición a la desaparición forzada, que de acuerdo con los
instrumentos internacionales se caracteriza por la negativa del Estado a reconocer
que la víctima está bajo su control y tiene suprimidos sus derechos.

En razón a que las dos tipificaciones antes descritas son sustancialmente diferentes,
el cómputo de la caducidad varia, teniendo en cuenta que, a la ejecución extrajudicial
se le aplican los criterios de la sentencia de unificación, en cambio, en caso de
desaparición forzada, se utiliza lo dispuesto en el inciso segundo del literal i) del
artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –CPACA- que trata lo relativo a su conteo.

En virtud de lo anterior, esta Sala considera que, al existir el acta de levantamiento
del cadáver de Leiner Guerrero Ayala con fecha 25 de noviembre de 2003, y aun
considerando que se trató de un delito de desaparición forzada, resulta inoperante
alguna flexibilización en el cómputo del término de caducidad.

En cuanto al Auto 128 expedido por la JEP, es un documento que no se llevó como
prueba al proceso contencioso-administrativo y se expidió dentro del proceso de
responsabilidad penal de sujetos individualizados, diferente a uno de naturaleza
extracontractual en el cual se encuentra inmiscuida la Nación-Ministerio de Defensa-
Ejercito Nacional.

Así pues, los tres cuestionamientos señalados por los accionantes no se
fundamentan en el análisis y razonamiento que llevó a cabo el Tribunal
Administrativo del Cesar en su fallo del 23 de junio de 2022; sin embargo, la Sala
verificó su contenido y comprobó (i) que la autoridad judicial accionada aplicó la

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sentencia de unificación con observancia del material probatorio aportado al
expediente; (ii) que la contabilización del término de caducidad de la acción de
reparación directa, se produjo conforme al literal i) del articulo 164 del CPACA; (iii)
que la conclusión sobre la fijación del litigio la realizó, tanto el Juzgado Sexto
Administrativo de Valledupar, como el tribunal accionado, sin variación de la
calificación del hecho punible como ejecución extrajudicial.

La Sala estima que los accionantes no se opusieron a los argumentos que invocó el
Tribunal Administrativo del Cesar en relación con el contenido de la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, y ahora, pretenden reabrir la controversia a
partir de elementos que no propusieron en desarrollo del proceso ordinario objeto de
la acción, modificando la calificación jurídica del delito realizado sobre la víctima y
que le permitió concluir con la caducidad.

De ahí que la discusión planteada en el escrito de tutela, está motivada en el
desacuerdo con el contenido de la providencia dictada por el juez natural. La
vulneración debe estar justificada con la carga argumentativa mínima suficiente que
permita al juez de tutela valorar la procedencia de la solicitud. Esto, además en
procura del respeto por la cosa juzgada, seguridad jurídica, la garantía de
independencia y autonomía de los jueces, como elementos fundamentales para el
cimiento de la actividad judicial del Estado.

Así las cosas, la argumentación expuesta por los accionantes no le permite a est e
Juez de tutela inferir que el asunto que nos convoca tiene la entidad para aplicar la
Constitución Política o determinar el alcance de los derechos fundamentales, por lo
que la solicitud no cumple el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional.

De la misma manera, la Sala concluye que los accionantes, en la oportunidad
establecida en el numeral 4 del articulo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA-, es decir, desde la
notificación del auto que concedió el recurso de apelación y hasta la ejecutoria del

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Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

que lo admite en segunda instancia, habrían podido intervenir y expresar su
oposición a los fundamentos de la caducidad expuestos por el recurrente, e informar
al juez de las circunstancias excepcionales que, consideraban, los habilitaron para
el ejercicio de la acción en un término posterior al invocado por la demandada, pero,
por el contrario, guardaron silencio, razón por la cual, tampoco se satisfizo el
presupuesto de subsidiariedad.

Ahora bien, la tutela, como mecanismo constitucional subsidiario, no puede ser
utilizada con el fin de subsanar errores de procedimiento cometidos por quien la
presenta, ni volver a plantear situaciones que ya tienen el carácter de cosa juzgada,
las cuales fueron consideradas en las respectivas instancias durante el proceso
contencioso-administrativo. Lo anterior, desnaturaliza la finalidad de la acción de
tutela como mecanismo supletivo de protección de los derechos fundamentales,
permitiendo que la parte accionante se beneficie de sus propias omisiones 8.

Por lo antes expuesto, esta Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela,
por carecer de los requisitos generales de procedibilidad concernientes a la
relevancia constitucional y subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por Luz Marina
Ayala Herrera y otras contra el Tribunal Administrativo del Cesar.

8
Corte Constitucional, sentencia T-186 de 2015, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez: La acción de tutela no es
un medio alternativo, adicional o complementario con el que cuentan las personas, para mantener de forma
Indefinida e ilimitada en el tiempo, la resolución de una controversia jurídica. Por ello, cuando quiera que las
personas acudan al juez constitucional, han de demostrar que, en el asunto bajo controversia, sus derechos
fundamentales están siendo transgredidos. Igualmente, deben acreditar que ello fue puesto a consideración del
juez natural de la causa, o, en su defecto, que ello no fue posible por razones ajenas a su voluntad.

15

Expediente: 11001-03-15-000-2025-02533-00
Solicitante: Luz Marina Ayala Herrera y otras
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Aclaración de Voto

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