Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02535-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02535-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-02535-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
29 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-02535-00
Accionante: SAMUEL ANTONIO GONZÁLEZ CORTÉS
Accionados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente. No cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Samuel Antonio
González Cortés contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
y la Sección Quinta del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Samuel Antonio González Cortés solicitó, a través de apoderado
judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a las
providencias de 5 de julio y 17 de octubre de 2024, proferidas por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y la Sección Quinta del Consejo de Estado,
dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con el número de
radicación 11001-03-28-000-2023-00105-00 y acumulado número 76001-23-33-
000- 2024-00041-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02535-00
Accionante: Samuel Antonio González Cortés
2.1. Relató que interpuso la demanda de nulidad electoral núm. 76001-23-33-000-
2024-00041-00/01 contra el acto de elección del señor Rodrigo Salazar Sarmiento
como concejal del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y
de Servicios de Santiago de Cali, para el período 2024-2027.
2.2. Señaló que el conocimiento del proceso le correspondió al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, autoridad judicial que, mediante providencia de 5 de julio de
2024, negó las pretensiones de la demanda.
2.3. Refirió que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y que la
Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó, mediante sentencia de 17 de
octubre de 2024, el fallo de primera instancia.
2.4. Afirmó que las providencias antes referidas vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, al incurrir en un defecto fáctico y en desconocimiento del precedente.
2.5. Expuso, frente al defecto fáctico, que las autoridades judiciales accionadas no
incorporaron al proceso dentro de los términos y oportunidades señaladas los
elementos materiales de prueba donde se demostraban las actividades electorales
del demandado, mientras ejercía como funcionario público de la Alcaldía en el
periodo 2022-2023.
2.6. Indicó,
respecto del desconocimiento del precedente jurisprudencial, que la
primera y segunda instancia se apartaron del precedente jurisprudencial sin justificar
su posición y omitiendo el estudio dentro del marco de la sentencia SU-207 de 2022
de la Corte Constitucional que señala:
“[…] Teniendo cuenta la distinción referida, el juez electoral debe ser
especialmente cuidadoso a efectos de evidenciar la probabilidad real de
incidencia, de modo tal que no se restrinja injustificadamente e/ derecho de
acceder a cargos públicos ni la eficacia del voto. Para la Sala Plena este
principio unido al pro homine exigen Interpretar la inhabilidad no solamente a
partir del ejercicio del cargo (visión estricta). Es necesario que el ejercicio de
funciones tenga la capacidad de afectar la voluntad democrática, producir
desigualdad entre los competidores y la utilización de la cosa pública para
desequilibrar el debate electoral (visión pro homine). Una interpretación amplia
vulnera los derechos fundamentales a elegir (cuyos titulares son los electores) y
a ser elegido y el de ejercicio de la función pública (cuyo titular es el elegido)
[…]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
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Accionante: Samuel Antonio González Cortés
“[…] PRIMERO: SE TUTELEN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES al
debido proceso, a la igualdad ante la ley, del acceso a la administración de
justicia, entre otros.
SEGUNDO: POR LO YA EXPUESTO EN EL NUMERAL PRIMERO SE
ORDENE DEJAR SIN EFECTOS LAS SENTENCIAS PROFERIDAS POR EL
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
DE IGUAL MANERA EL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION QUINTA Y EN SU LUGAR,
CONCEDER LA ACCION DE TUTELA INTERPUESTA POR EL
DEMANDANTE/ ACCIONANTE SAMUEL ANTONIO GONZALEZ CORTES
con el lleno de requisitos de la jurisprudencia constitucional y en aras
del debido proceso y en consecuencia con lo anterior; se proceda a
ORDENAR A LA SALA DE DECISION DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y DE IGUAL MANERA AL
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
PARA QUE SE PROFIERA NUEVA SENTENCIA PARA EL CASO DE
NULIDAD PUBLICA ELECTORAL MATERIA DE LA ACCION DE TUTELA
Y DE CONFORMIDAD A LAS REGLAS JURISPRUDENCIALES
SENALADAS EN LA SENTENCIA SU-207 DE 2022
TERCERO: LIBRAR las comunicaciones – por la Secretaría General de la
Honorable Corte Suprema de Justicia –, así como DISPONER las
notificaciones a las partes a través del Juez de tutela de instancia, previstas
en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991 […]”. [Negrilla y Mayúscula
original del texto].
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 8 de mayo de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en
calidad de terceros con interés en el resultado del proceso al señor Rodrigo
Salazar Sarmiento, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del
Estado Civil y a la Procuraduría 18 Judicial II para la Conciliación Administrativa
de Cali.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a los
sujetos vinculados, se allegaron los siguientes informes:
5.1. La Sección Quinta del Consejo de Estado manifestó que la presente acción
de tutela es improcedente porque no satisface el presupuesto general de
relevancia constitucional, observándose que lo pretendido por el accionante es
una instancia adicional del proceso de nulidad electoral.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02535-00
Accionante: Samuel Antonio González Cortés
5.2. El
Consejo Nacional Electoral señaló que esa entidad no ha vulnerado o
amenazado los derechos fundamentales del accionante, por lo que solicita que se
le desvincule por carecer de legitimación en la causa por pasiva.
5.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil señaló que no han vulnerado los
derechos del accionante. Por lo anterior, solicitó la desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
5.4. LaDirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ señaló que lo
pretendido por el accionante es revivir un debate definido para modificar una
decisión adoptada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo la cual hizo
tránsito a cosa juzgada.
5.5. Finalmente solicita se le desvincule de la presente acción constitucional.
5.6. La Procuraduría 18 Judicial II Administrativo de Cali indicó que “[…] se ha
evidenciado la configuración de una vulneración de unos derechos fundamentale,
entro otros el debido proceso, particularmente en lo que corresponde a una
indebida valoración probatoria, haciéndose màs que procedente la vía
excepcional de la acción de tutela para corregir esos yerros procesales y de esta
forma que se analice en debida forma la controversia de nulidad electoral […]”.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por el Consejo Nacional Electoral, la
Registraduría Nacional del Estado Civil y la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial - DEAJ.
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02535-00
Accionante: Samuel Antonio González Cortés
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
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Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 2006 , señaló lo siguiente:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. […].
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].
9. Teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
Nacional del Estado Civil fueron parte dentro del medio de control de nulidad
electoral en el que se profirieron las sentencias objeto del presente mecanismo de
amparo, la Sala considera que a estas entidades sí les asiste el interés jurídico
para ser vinculadas a esta acción constitucional.
10. Respecto de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ se tiene
que esta fue señalada en el escrito de tutela como una de las causantes de la
vulneración de los derechos fundamentales del accionante, por lo que la Sala
considera que a esta entidad sí les asiste el interés jurídico para ser vinculada a
esta acción constitucional.
11. Por lo anterior, se denegarán las solicitudes de desvinculación elevadas, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
12. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de su derecho fundamental a
las providencias de 5 de julio y 17 de octubre de 2024, proferidas por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y la Sección Quinta del Consejo de Estado,
respectivamente. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la providencia de 17 de
octubre de 2024, proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado,
vulneró el derecho fundamental de la parte accionante porque esta decisión fue la
que finiquitó la litis e hizo tránsito a cosa juzgada.
5
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02535-00
Accionante: Samuel Antonio González Cortés
13. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido,
presuntamente, en en un defecto fáctico y en desconocimiento del
precedente.
14. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
15. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20126, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
16. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
17. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02535-00
Accionante: Samuel Antonio González Cortés
18. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución8.
19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”9 que encaje en
dichos parámetros.
20. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
22. El señor Samuel Antonio González Cortés solicitó, a través de apoderado
judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
7
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
8
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
9
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02535-00
Accionante: Samuel Antonio González Cortés
la administración de justicia y a la igualdad, cuya vulneración le atribuyó a las
providencias de 5 de julio y 17 de octubre de 2024, proferidas por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y la Sección Quinta del Consejo de Estado,
dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con el número de
radicación 11001-03-28-000-2023-00105-00 y acumulado número 76001-23-33-
000- 2024-00041-00/01.
23. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en especial, el requisito de relevancia constitucional.
VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
24. En cuanto al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental10 y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones11.
25. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales12, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces13.
26. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación14, sostuvo que:
“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada
por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
10
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
11
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
12
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
13
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
14
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02535-00
Accionante: Samuel Antonio González Cortés
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional […]". [Negrilla fuera del texto].
27. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202215 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los
deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando
la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte,
se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
15
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02535-00
Accionante: Samuel Antonio González Cortés
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela
formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional
del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está
dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la
discusión definida ante los jueces ordinarios.
[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y
explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los
derechos fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera
del texto].
28. Valgadestacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de
202316.
29. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la
mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial
que no involucre derechos fundamentales17.
30. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte actora invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o
varios derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho
atentado debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
31. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales por haber incurrido, presuntamente, en un defecto fáctico
y en desconocimiento del precedente jurisprudencial.
16
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02535-00
Accionante: Samuel Antonio González Cortés
32. Expuso frente al defecto fáctico, que las autoridades judiciales accionadas no
incorporaron al proceso dentro de los términos y oportunidades señaladas los
elementos materiales de prueba, donde se demostraban las actividades electorales
del demandado, mientras ejercía como funcionario público de la alcaldía en el
periodo 2022-2023.
33. En cuanto al desconocimiento del precedente jurisprudencial, adujo que la
primera y segunda instancia se apartaron del precedente jurisprudencial sin justificar
su posición y omitiendo el estudio dentro del marco de la sentencia SU-207 de 2022
de la Corte Constitucional que señala:
“[…] Teniendo cuenta la distinción referida, el juez electoral debe ser
especialmente cuidadoso a efectos de evidenciar la probabilidad real de
incidencia, de modo tal que no se restrinja injustificadamente e/ derecho de
acceder a cargos públicos ni la eficacia del voto. Para la Sala Plena este
principio unido al pro homine exigen Interpretar la inhabilidad no solamente a
partir del ejercicio del cargo (visión estricta). Es necesario que el ejercicio de
funciones tenga la capacidad de afectar la voluntad democrática, producir
desigualdad entre los competidores y la utilización de la cosa pública para
desequilibrar el debate electoral (visión pro homine). Una interpretación amplia
vulnera los derechos fundamentales a elegir (cuyos titulares son los electores) y
a ser elegido y el de ejercicio de la función pública (cuyo titular es el elegido)
[…]”.
34. Esta Sección considera que la presente controversia carece de relevancia
constitucional porque la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como
una tercera instancia y busca reabrir la discusión que fue resuelta por el órgano
de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
35. Esta Sala de Decisión ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que
un asunto supere el requisito general de relevancia constitucional es
indispensable que la discusión planteada en sede de tutela se haga desde una
óptica constitucional. Para ello es necesario que el accionante motive
suficientemente las razones por las que considera que la decisión judicial le
ocasiona una “[…] afectación desproporcionada a sus derechos fundamentales
[…]”.
36. LaSala debe precisar que si bien la parte accionante aduce que le fueron
desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, lo cierto es que no existe un desarrollo
argumentativo en el que se expliquen las razones por las que considera que se
afectaron.
37. Además, el accionante no está poniendo de presente que en la providencia
censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo de su
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Accionante: Samuel Antonio González Cortés
inconformidad consiste en que la decisión adoptada por el juez que resolvió la
segunda instancia del medio de control de nulidad electoral confirmó la decisión
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que dispuso negar las
pretensiones de la demanda.
38. En este punto, se observa que la discusión expuesta en esta instancia
constitucional fue analizada por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la
providencia cuestionada:
“[…] En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca negó
las pretensiones de la demanda al no encontrar configurado el elemento
objetivo de aquella, es decir, que el demandado haya ejercido autoridad civil o
administrativa.
Inconformes con la decisión, el demandante y el agente del Ministerio Público
ante el a quo la apelaron con base en los mismos argumentos.
[…]
En tales condiciones, no hace parte de la controversia en esta instancia la
configuración de los demás elementos de la inhabilidad, por cuanto aquellos
no fueron objeto de apelación, esto es no se discute que el señor Rodrigo
Salazar Sarmiento ejerció el cargo de asesor, código 105, grado 02 posición
20001952 Unidad Organizativa 10000515 adscrito al despacho del alcalde de
Santiago de Cali desde el 3 de noviembre de 2021 (fecha en la cual tomó
posesión del mismo) hasta el 28 de febrero de 2023 (fecha en la cual
renunció a aquel).
Precisado lo anterior, corresponde a la Sala analizar cada uno de los
argumentos esgrimidos por los apelantes en los recursos, de cara a la
providencia recurrida.
Según se tiene el primer motivo común de inconformidad de los recurrentes
es que el a quo no tuvo en cuenta las pruebas aportadas por el demandante
junto con el escrito a través del cual descorrió el traslado de las excepciones
formuladas por el demandado.
[…]
Ahora bien, en el escrito a través del cual se descorrió el traslado de las
excepciones formuladas por el demandado, el actor incluyó unas fotografías y
unos enlaces que parecen corresponder a la red social Facebook, sin elevar
ninguna petición probatoria adicional.
[…]
Conforme con lo anterior, concluye la Sala que ninguno de los argumentos
esbozados por lo apelantes tiene vocación de prosperidad por cuanto no
demuestran el ejercicio de autoridad administrativa por parte del demandado
durante los 12 meses anteriores a su elección como concejal en Santiago de
Cali.
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Accionante: Samuel Antonio González Cortés
Tampoco se puede establecer con las fotografías y videos y en general con
las pruebas allegadas al expediente que el demandado haya ejercido poder
público en función de mando que implique acatamiento de particulares ni que,
en caso de desobediencia hubiese tenido facultad de compulsión o coacción
a través de la fuerza pública; así como tampoco haya tenido la facultad de
nombrar y remover empleados de su dependencia por sí o por delegación ni
de sancionarlos, por lo que no se acreditó que ejerciera autoridad civil.
Finalmente, no se demostró que el demandado hubiera ocupado el cargo de
alcalde, secretario de despacho ni jefe de departamento administrativo de lo
que se pueda deducir el ejercicio de autoridad política o que mediara un acto
de delegación para representar a la administración.
En tales condiciones, hay lugar a confirmar la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca el 5 de julio de 2024 dentro del
presente asunto […]”.
39. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta
sede constitucional fue analizado por la Sección Quinta del Consejo de Estado en
la sentencia objeto de esta acción y no se observa que la decisión proferida
hubiese sido arbitraria o, se hubiesen desconocido los derechos fundamentales
de la parte accionante en el medio de control de nulidad electoral.
40. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado […]”18.
41. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para
combatir las decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con
sus derechos […]”19. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos
persiste una clara arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada
la tutela contra providencias judiciales […]”20.
42. Conforme a lo indicado, la Sala declarará improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
19
Ibidem.
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.
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Accionante: Samuel Antonio González Cortés
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Consejo
Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial - DEAJ, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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