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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02543-00

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02543-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniégase la solicitó de desvinculación de la UGPP, por lo establecido en la parte motiva. SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela promovida por el señor Diego López Toro, por no cumplir el presupuesto de la subsidiariedad. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02543-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

5 de junio de 2025

Demandante: Diego López Toro
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02543-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02543-00
Demandante: DIEGO LÓPEZ TORO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la
improcedencia por no cumplir el requisito de la
subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en
ejercicio de la acción constitucional prevista en el artículo 86 de la
Constitución y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Diego López Toro, por intermedio de apoderado judicial, instauró
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas, con el fin de que
le fueran protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad jurídica y a la igualdad procesal.

El accionante consideró vulneradas tales garantías con ocasión de la
providencia del 29 de octubre de 2024, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Caldas declaró de oficio la nulidad de todo lo actuado a
partir del auto que libró mandamiento de pago, dentro del proceso ejecutivo
instaurado por el señor López Toro contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), el cual se identificó con el radicado 17001-33-39-005-2019-00157-
00/03.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:

1. AMPARAR los derechos AL DEBIDO PROCESO, PRINCIPIO DE
SEGURIDAD JURIDICA, Y DERECHO A LA IGUALDAD PROCESAL, del
señor DIEGO LOPEZ TORO.
2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS, en amparo a los

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Demandante: Diego López Toro
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
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derechos enunciados, emitir la sentencia de segunda instancia continuando
con el curso normal del proceso, como se venía desarrollando sin imponer
situaciones no previstas por la ley y por el contrario perjudicando al actor en
sus derechos fundamentales, imponiendo cargas que no son procedentes,
aunado a ello se trata de una persona de especial protección constitucional,
por su avanzada edad y estado de salud.
3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los
derechos aquí tutelados.

1.3. Hechos

La parte accionante sostuvo que presentó en contra de la UGPP el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación número
17001-33-33-003-2013-00608-00, el cual correspondió al entonces Juzgado
Segundo Administrativo Oral de Descongestión del Circuito Judicial de
Manizales, hoy Juzgado Quinto Administrativo del mismo circuito judicial, el
cual dictó sentencia del 28 de octubre de 2014 en audiencia inicial de la
misma fecha, en la cual se dispuso:

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP, a
reliquidar y pagar los ajustes económicos de la pensión de vejez que devenga el
señor DIEGO LÓPEZ TORO, tomando en cuenta el 75% del promedio del
promedio del salario básico mensual, auxilio de transporte mensual, prima de
alimentación mensual, bonificación por servicios prestados, prima de servicios,
prima de vacaciones, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno,
prima de navidad y prima técnica mensual, devengadas durante el último año
de servicios, con prescripción de pago del reajuste de las mesadas anteriores al
22 de abril de 2010.

Si sobre los factores salariales en mención no se hubieren efectuado los
descuentos de ley con destino a la entidad de previsión, ellos deberán
deducirse.

Las sumas que resulten a favor del demandante, deberán indexarse con forme
al artículo 187 del C.P.A.CA, es decir, actualizarse mediante la aplicación de los
ajustes de valor, para lo cual, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP, tendrá en cuenta la fórmula citada en la parte
motiva de esta providencia y la forma como deberá hacer esos ajustes.
…”

Indicó que la decisión anterior fue objeto de recurso de apelación y fue
revocada y modificada parcialmente, mediante decisión del 18 de septiembre
de 2014, por el Tribunal Administrativo de Caldas, el cual ordenó:

REVÓCASE el ordinal 4° de la sentencia emanada del Juzgado 2°
Administrativo Oral de Descongestión de Manizales, con la cual accedió
parcialmente a las pretensiones formuladas por el señor DIEGO LÓPEZ TORO
dentro del contencioso de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
promovido contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN

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SOCIAL UGPP, únicamente en cuanto dispuso la inclusión de la prima técnica
en la liquidación del reajuste pensional del demandante.

MODIFÍCASE el inciso 2° del ordinal 4° de la misma sentencia, en el entendido
que la UGPP, al realizar el reajuste pensional, efectúe el descuento de los
aportes sobre los factores salariales a incluir en la pensión de jubilación del
demandante respecto a los cuales no se hizo deducción alguna, los que
asumirá el pensionado en la proporción de ley.

CONFÍRMASE en lo demás el fallo recurrido…

Señaló que, en virtud de los referidos fallos, formuló demanda ejecutiva a la
que le correspondió el radicado 17001-33-39-005-2019-00157-00, en la cual
pidió que se librara mandamiento de pago en contra de la aludida unidad,
por la suma de cuarenta y un millones setecientos mil novecientos setenta y
cuatro pesos con setenta y nueve centavos ($41.700.974.79 MCTE), por
concepto de la diferencia de las sumas descontadas por aportes, conforme
fue ordenado dentro del proceso ordinario.

Agregó que, mediante providencia del 25 de junio de 2021, el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales ordenó no librar
mandamiento ejecutivo, por considerarse que la acción ejecutiva no era el
medio para obtener el reconocimiento del derecho pretendido por el
demandante, siendo procedente el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho; decisión que apeló.

Mencionó que el Tribunal Administrativo de Caldas, a través de auto 27 de
septiembre de 2021, revocó el auto del 25 de junio de 2021 y en su lugar,
ordenó adecuar el trámite a un ejecutivo de hacer. Además, se estableció
que, si era del caso, se inadmitiera la demanda para que fueran ajustadas
las pretensiones a la demanda ejecutiva1. En la parte motiva de esta
providencia, se indicó:

Conforme a lo anterior, tal y como se observa de los hechos acaecidos, la
discusión se centra en establecer, si en los actos de ejecución de la sentencia,
efectivamente la UGPP descontó más de lo debido por aportes pensionales
como dice el actor, o si por lo contrario el acto de ejecución se ajustó a la
sentencia que autorizó a la UGPP, hacer esos descuentos de aportes por los
factores nuevos que se reconocieron para la nueva IBL.

En ese orden de ideas, nos encontramos es frente a un ejecutivo de hacer y no
de dar, pues para que haya una causa del pago que se pide, se debe primero
revisar si la ejecución fue correcta, algo que no se puede revisar mediante un
nuevo proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pues estamos frente
a un acto de ejecución, muy diferente a los casos en que el ejecutado en este
caso la UGPP, en la ejecución de la sentencia, decide sobre aspectos no
establecidos en la providencia, caso en el cual puede señalarse que para ello se
debe discutir a través de un nuevo proceso de nulidad y restablecimiento, en el
presente caso a la UGPP si se le autorizó descontar de los mayores valores a
pagar, lo correspondiente a aportes a pensión, pero la parte ejecutante, afirma

1
La orden expresa, consistió en lo siguiente: “Ordenar al Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Manizales, adecué el trámite a un ejecutivo de hacer, y si es del caso, inadmita la
demanda para que se ajusten las pretensiones de la demanda ejecutiva.”

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fue ejecutada esa autorización en sumas superiores a las autorizadas en la
sentencia, es decir la ejecución fue deficiente, nos encontramos en
consecuencia, frente a un supuesto deficiente cumplimiento de la sentencia,
que solo se puede resolver mediante un ejecutivo de hacer.

Así las cosas, si no se adelanta el proceso ejecutivo, pero por obligación de
hacer, se le cerraría las puertas o el acceso a la justicia, pues no podría discutir,
u obtener reparación, en el evento de que se hayan descontado los valores de
aportes a pensión, en un valor errado, ya que no podría acudir a un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.

Refirió que, través de providencia del 31 de enero de 2022, el juzgado libró
mandamiento ejecutivo en contra UGPP, en los siguientes términos:

1. Por el capital adeudado, a favor de la parte ejecutante hasta el 25 de enero
de 2018: TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL SETENTA Y UN PESOS ($37.742.071).

2. Por los intereses moratorios causados por la suma anterior, desde el 1° de
noviembre de 2017 hasta la fecha en la que se realice el pago de capital
adeudado.

Expuso que el 23 de marzo de 2022 se llevó a cabo la audiencia de que trata
el artículo 372 del CGP, dentro de la cual se profirió sentencia que ordenó:
“seguir adelante la ejecución contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de Protección Social, para
el cumplimiento de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión el 28 de octubre de 2014 y modificada por
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el 13 de junio
de 2016, tal como se dispuso en auto interlocutorio Nº 046 datado 31 de
enero de 2022, por el cual se libró mandamiento de pago”. Esta decisión fue
apelada por la parte ejecutada.

Precisó que el Tribunal Administrativo de Caldas, a través de proveído del 29
de octubre de 2024, declaró de oficio la nulidad del proceso a partir del auto
que libró mandamiento de pago el 31 de enero de 2022, al considerar que
cuando desató el recurso de apelación interpuesto contra el auto que se
abstuvo de librar mandamiento de pago, ordenó que se adecuara el trámite a
un ejecutivo de hacer, si era del caso inadmitiendo la demanda para que se
ajustaran las pretensiones; pero, en su lugar, se había aplicado el trámite de
un proceso ejecutivo con obligación de dar.

Refirió que el juzgado en mención, en cumplimiento a la orden impartida por
el superior, emitió el auto del 14 de noviembre de 2024 y, por tanto, lo
requirió con el fin de “… modificar la demanda ejecutiva conforme a los
parámetros que estableció el despacho de segunda instancia”.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte accionante sostuvo que con la providencia demandada se incurrió
en lo siguiente:

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1.4.1. Defecto procedimental absoluto:

Mencionó que sus garantías constitucionales se vulneraron porque el tribunal
demandado desconoció y se apartó del procedimiento legalmente
establecido pues no tuvo en cuenta que, desde el inicio, se dispuso que el
asunto se tramitara como un proceso ejecutivo sin distinción alguna, pero
posteriormente se ordenó que se diera un tratamiento de proceso ejecutivo
“de hacer y no de dar”.

Señaló que el legislador no reguló un proceso ejecutivo para cada obligación,
pues no existe un trámite de tal naturaleza para cantidades liquidables o
calculables aritméticamente en dineros, como tampoco estableció un
procedimiento diferente para la ejecución de una obligación de dar.

Adujo que tampoco se creó un procedimiento especial para una obligación
de hacer, sino que se previó un solo procedimiento ejecutivo que versa sobre
el cumplimiento de una obligación con los elementos necesarios para su
configuración, que sea claro, expreso y actualmente exigible, y dependiendo
del caso concreto y de las pretensiones del demandante, se debe solicitar al
juzgador el cálculo, la entrega o la acción por parte del deudor.

Agregó que es entendible el actuar del Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Judicial de Manizales en cuanto a librar mandamiento de pago
liquidando la obligación encontrando así las diferencias que fueron
suscitadas en la liquidación realizada, pues en el escrito de demanda los
hechos, pretensiones y fundamentos están encaminados al cálculo de los
correspondientes descuentos; por lo que, a su juicio, lo procedente era seguir
el proceso ejecutivo como normalmente debe desarrollarse el mismo.

Refirió que el proceso continuó con el “rumbo normal” de uno ejecutivo, ya
que la entidad presentó excepciones, se fijó y se celebró fecha de audiencia
en la que se emitió sentencia de primera instancia, con la cual se ordenó
seguir adelante con la ejecución conforme el auto que libró mandamiento de
pago, pues la obligación ya había sido calculada y esclarecida mediante ese
auto, y la entidad, inconforme con lo decidido, interpuso recurso de
apelación.

Advirtió que, no obstante, el tribunal demandado decidió dejar sin efectos
todo lo actuado en atención a que se trataba de proceso ejecutivo con una
obligación de hacer y no de dar, lo cual le resulta cuestionable puesto que se
hizo tal distinción, cuando la ejecución puede ser establecida sin tal
especificación y con la sola liquidación del crédito.

1.4.2. Desconocimiento del precedente

Precisó que la causal en mención se encuentra en consonancia con el
derecho fundamental a la igualdad, bajo el entendido que “…si no se da trato

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igual a los ciudadanos respecto a los procesos de connotación fáctica y
jurídica similar, se les está haciendo una discriminación negativa, con ello
afectado directamente el derecho a la igual, en este caso la procesal”.

Sostuvo que se transgrede dicha garantía constitucional porque la UGPP ha
realizado arbitrariamente descuentos altos de los retroactivos por
reliquidaciones pensionales, cuando lo que procede es dar cumplimiento en
los términos precisos de las sentencias objeto de ejecución. Para tal efecto,
citó los siguientes pronunciamientos:

• Juzgado Sexto Administrativo de Manizales, y Tribunal Administrativo
de Caldas, Sala Cuarta de Decisión, magistrado ponente Augusto
Morales Valencia, proceso bajo radicado 17-001-33-33-002-2013-
00502-04, sentencia de primera instancia del 27 de octubre de 2022,
mediante la cual el juzgado ordenó seguir adelante con la ejecución,
decisión apelada por la entidad ejecutada, y resuelta en segunda
instancia en sentencia del 25 de agosto de 2023, que confirmó la
decisión del juzgado.
• Juzgado Octavo Administrativo de Tunja, y Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala Tercera De Decisión, magistrado ponente Dayán Alberto
Blanco Leguízamo, proceso bajo radicado 15001-33-33-008-2015-
00118-02, sentencia de primera instancia del 9 de junio de 2022,
mediante la cual el juzgado ordenó seguir adelante con la ejecución,
decisión apelada por la entidad ejecutada, y resuelta en segunda
instancia en sentencia del 8 de abril de 2025, que confirmó la decisión
del juzgado.
• Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, magistrada ponente Patricia Salamanca Gallo, proceso
bajo radicado 11001-33-42-053-2020-00039-01, auto que conoció
sobre el recurso de apelación interpuesto contra el auto que negó
librar mandamiento de pago del Juzgado Cincuenta y Tres
Administrativo de Bogotá y en su lugar ordenó resolver sobre la
procedencia del mandamiento.
• Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cali, proceso bajo
radicado 76001-33-33-003-2020-00171-00, sentencia de primera
instancia del 31 de marzo de 2025, mediante la cual ordenó seguir
adelante con la ejecución entre otros por la procedencia del proceso
ejecutivo en el caso del actor.
• Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cali, proceso bajo
radicado 76001-33-33-018-2022-00043-01, auto mediante el cual libró
mandamiento de pago.
• Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá,
proceso bajo radicado 11001-33-42-057-2020-00016-00, sentencia de
primera instancia del 5 de mayo de 2021, mediante la cual ordenó
seguir adelante con la ejecución entre otros por la procedencia del
proceso ejecutivo en el caso de la actora.

Expuso que la razón de promover procesos ejecutivos cuyo título
corresponde a una sentencia, como el que es objeto de demanda, radica en
que la entidad condenada (en este caso UGPP) de manera arbitraria ha

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procedido con un descuento exorbitante en cuanto a los aportes.

Alegó que en ninguno de los anteriores casos se impuso a la parte
demandante que debía realizar la modificación o adecuación a la demanda
bajo una obligación de hacer, sino que se dio aplicación a las reglas del
proceso ejecutivo respecto de lo ordenado en las sentencias objeto de
recaudo y a lo que correspondía a las sumas liquidables.

1.4.3. Violación directa de la Constitución

Indicó que se vulnera directamente el debido proceso, puesto que no se
siguió el curso normal de un proceso ejecutivo, al imponer una modificación
de la demanda y con ello, se comenzaron nuevamente unas etapas que ya
estaban agotadas de manera correcta y conforme al procedimiento
adecuado.

Mencionó que el tribunal emitió una decisión caprichosa al convertir el
proceso ejecutivo bajo una obligación de hacer, con lo cual se acude a una
figura jurídica diferente de las instituidas por el legislador, que dilatan este
tipo de procesos para finalmente negarlos.

Agregó que también se transgrede la seguridad jurídica, puesto que el
juzgado inicialmente decidió no librar mandamiento de pago sustentado en
que no era el procedimiento correcto, sino que se trataba de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, pero al final se tramitó como un
proceso ejecutivo en atención a que se contaba con un título ejecutivo para
la ejecución de la condena del mismo despacho.

Cuestionó que, si bien el tribunal reconoció que se trataba de un proceso
ejecutivo, este cambió el curso normal del trámite a un ejecutivo de hacer,
como si “no conociera la definición de ese tipo de proceso (sic)”, pese a que,
en atención al tipo de pretensión de la demanda ejecutiva instaurada, se trata
de una obligación de dar, es decir, líquida de dinero e intereses, pecuniaria, o
liquidable por operación aritmética, mas no en la realización de un acto como
lo definió el artículo 426 del CGP2.

Reiteró que se afectó el derecho a la igualdad, porque los asuntos que
enlistó anteriormente son casos de connotación fáctica y jurídica muy
similares en los que se decidió de manera favorable las pretensiones de la
demanda, relativas a los descuentos altos a los retroactivos en cumplimiento
de las sentencias que ordenaron reliquidaciones pensionales.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 7 de mayo de 2025 se admitió la solicitud de tutela y, en
2
ARTÍCULO 426. EJECUCIÓN POR OBLIGACIÓN DE DAR O HACER. Si la obligación es
de dar una especie mueble o bienes de género distinto de dinero, el demandante podrá
pedir, conjuntamente con la entrega, que la ejecución se extienda a los perjuicios moratorios
desde que la obligación se hizo exigible hasta que la entrega se efectúe, para lo cual
estimará bajo juramento su valor mensual, si no figura en el título ejecutivo.
De la misma manera se procederá si demanda una obligación de hacer y pide perjuicios por
la demora en la ejecución del hecho.

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consecuencia, se ordenó notificar esta decisión a la parte actora y como
demandados a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de
Caldas, así como al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de
Manizales y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en atención al
interés que les asiste en las resultas del presente trámite.

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo de Caldas

Esta entidad guardó silencio, pese a su notificación.

1.5.2. Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales

Esta autoridad judicial se opuso a la prosperidad de la demanda de tutela, al
considerar que no se advierte vulneración alguna de los derechos
constitucionales invocados por el actor.

Hizo referencia al trámite procesal y a las providencias dictadas en el
proceso ejecutivo objeto de demanda, para destacar que la parte
demandante no corrigió en debida forma la demanda conforme le fue
ordenado en el auto del 14 de noviembre de 2024 (la cual se dictó con
ocasión de la nulidad decretada por el superior).

Expuso que, al momento de interponer el recurso de reposición frente al auto
que rechazó la demanda del 25 de abril de 2025, dicha parte “…es
consciente de que lo ordenado … fue la adecuación de la demanda al
proceso ejecutivo con obligación de hacer”, tal y como lo determinó el
tribunal y, en virtud de ello, junto a dicho recurso presentó un nuevo escrito
de corrección de demanda, como ejecutivo de obligación de hacer.

Destacó que, en forma poco coincidente con la discusión que en la
actualidad se daba a través del recurso de reposición, el actor utiliza el
presente mecanismo constitucional como medida subsidiaria, para que al
citado proceso se le imprima el trámite de un proceso ejecutivo con
obligación de dar, y en ese sentido, el Tribunal Administrativo de Caldas
profiera una nueva sentencia, en la que se ordene continuar el proceso como
se venía desarrollando.

Advirtió que todo esto lleva a concluir que el accionante, más que buscar el
trámite contemplado por la ley (ejecutivo de hacer) “… en un intento
desesperado por la indebida subsanación de la demanda que trajo como
consecuencia el rechazo de esta, busca discutir, a través de la tutela, la
providencia que se emitió desde el 27 de septiembre de 2021, esto es, la que
ordenó adelantar el proceso a través de una obligación de hacer”.

1.5.3. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

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Esta entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda,
al considerar que, es improcedente la acción de tutela y, debe denegarse la
protección invocada. Además, solicitó su desvinculación del trámite
constitucional porque carece de legitimación en la causa por pasiva.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así
como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

La UGPP solicitó su desvinculación porque considera que carece de
legitimación en la causa por pasiva.

La Sala denegará tal petición puesto que ficha unidad fue vinculada en
calidad de tercero con interés en el resultado del proceso puesto que funge
como demandada en el proceso ejecutivo 17001-33-39-005-2019-00157-00
objeto de la acción de tutela.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los
requisitos generales de procedibilidad y, de superarse lo anterior, deberá
verificar si se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte
actora con ocasión de la providencia del 29 de octubre de 2024, mediante la
cual el Tribunal Administrativo de Caldas declaró de oficio la nulidad de todo
lo actuado a partir del auto que libró mandamiento de pago, dentro del
proceso ejecutivo instaurado por el señor Diego López Toro contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP).

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el
criterio de la Sección respecto a la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y el estudio de los requisitos adjetivos de
procedibilidad y, finalmente, de encontrarse superados se estudiará, ii) el
fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y
concluyó:

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… [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. 3

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la
decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente …”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los
cuales dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del
asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii)
que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

3
M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

10
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Demandante: Diego López Toro
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02543-00

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4.1. Subsidiariedad

El artículo 86 de la Constitución Política consagra que toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o
amenazados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares
en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 19914.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta
acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de
improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, entre
otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o
vulnerado (subsidiariedad).

En ese caso, señala el numeral 1° de la citada norma que la acción de tutela
no procederá cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante.

Por lo que, se precisa que al momento de analizar si en un caso particular se
está ante un perjuicio irremediable que justifique el amparo transitorio, se
deben evaluar en conjunto los siguientes elementos5:

i) Que el perjuicio sea inminente, lo cual implica que la amenaza exista o esté
por existir.

ii) Que éste sea grave y tenga la suficiente entidad para comprometer un
bien moral o material de la persona.

iii) Que haya necesidad de adoptar medidas urgentes para superar la
condición de amenaza del derecho fundamental.

iv) Que no se pueda postergar la acción de tutela, pues de lo contrario el
mecanismo de protección sería ineficaz.

Por tanto, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables6.

4
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.
5
Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, T-809 de 2013, T-695 de 2014 y T-884 de
2014.
6
Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la
Corte Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado

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En relación con lo anterior, la Corte Constitucional ha establecido lo
siguiente:

… En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este
exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que
así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En
segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o
material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar,
deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas
desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la
inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia
a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable7.

Para el caso concreto, se observa que, la parte accionante acudió a la acción
de tutela con la finalidad que se amparen sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad procesal, así como el principio de seguridad
jurídica, los cuales consideró vulnerados con con ocasión de la providencia
del 29 de octubre de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Caldas declaró de oficio la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que
libró mandamiento de pago, dentro del proceso ejecutivo instaurado por el
señor López Toro contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

En consecuencia, el demandante pretende que se ordene al Tribunal
Administrativo de Caldas emitir una nueva decisión en la que se ordene
continuar con el curso normal del proceso como se venía desarrollando, es
decir, se le dé el trámite correspondiente al de un proceso ejecutivo con
obligación de dar.

Es así, como consideró que en dicho proveído se configuró un defecto
procedimental absoluto y un desconocimiento del precedente porque no se le
dio el trámite correspondiente y se desconocen varios pronunciamientos
similares, por lo que, considera que, se transgredió particularmente su
derecho fundamental a la igualdad.

En relación con el presupuesto de la subsidiariedad, se reitera que, de
conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela

Vladimiro Naranjo Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la
sentencia C-531 de 1993. A continuación, se reseña, en síntesis, lo pertinente: “… son
elementales para la comprensión de la figura del perjuicio irremediable, … A). El perjuicio ha
de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente’…. || B). Las medidas que
se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes… || C). No basta
cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona… || D). La urgencia y
la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad
de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna… Se trata del sentido de
precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las
autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías
básicos para el equilibrio social”.
7
Sentencia T - 1316 de 2001.

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solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

De manera que se debe hacer uso de todos los medios que el sistema
judicial dispone para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus
derechos, ello con la finalidad de que se impida el uso indebido de este
mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial alterna de
protección.

Así, esta vía constitucional es improcedente en cuanto se utiliza como
instrumento adicional o supletorio, o cuando con ella se pretenda obtener un
pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las instancias de la
respectiva jurisdicción8.

Por tal motivo, desconocer el carácter subsidiario de la acción de tutela
vaciaría de contenido los otros mecanismos de defensa judiciales que han
sido previstos en las normas constitucionales y legales para salvaguardar los
derechos invocados.

En tal sentido, se precisa que para la defensa de los intereses de las partes
existen medios administrativos y judiciales tanto idóneos como eficaces que
ha provisto el ordenamiento jurídico procesal.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que un medio idóneo es
aquel que garantiza la definición del derecho controvertido y que, en la
práctica es el adecuado para proteger el derecho fundamental que se
considere vulnerado9.

A su vez, el alto tribunal constitucional ha considerado que para la eficacia es
necesario valorar si el medio existente es el adecuado para proteger
objetivamente el derecho que se transgrede o se amenace10. Es decir, la
eficacia se refiere a la oportunidad del medio de defensa; mientras que la
idoneidad a la protección adecuada en el tiempo.

En lo particular, se encuentra que, de las pruebas aportadas por el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales, el proceso ejecutivo
identificado con el radicado 17001-33-39-005-2019-00157-00 -objeto de
demanda- sigue en curso y a la fecha dicho despacho judicial dictó el auto
del 25 de abril de 2025, con el cual rechazó la demanda ejecutiva, luego de
inadmitirla con proveído del 14 de noviembre de 2024 para que fuera
corregida con ocasión de los dispuesto por el superior en cuanto a que se
trataba de una obligación de hacer y no de dar.

Asimismo, se observa que, contra la decisión de rechazo de la demanda, la
parte actora formuló un recurso de reposición, el cual se encuentra
actualmente en trámite, medio que no fue objeto de reproche alguno por el

8
Corte Constitucional. Sentencia SU 599 de 1999.
9
Sentencias T-999 de 2000 y T-847 de 2003.
10
Sentencia T-106 de 1993, T-480 de 1993 y T-847 de 2003.

13
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accionante, pues ni siquiera mencionó en su escrito de tutela que, lo había
presentado en la causa ejecutiva.

Por consiguiente, la acción de tutela no puede sustituir los mecanismos de
defensa con los que cuenta la parte demandante para la protección de sus
derechos fundamentales, dada la naturaleza excepcional y subsidiaria de
este medio constitucional.

Adicionalmente, la parte actora tampoco logró demostrar la configuración de
un perjuicio irremediable que permitiera establecer que tal vía no es la idónea
y eficaz para su caso en particular.

En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir con el presupuesto de la subsidiariedad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniégase la solicitó de desvinculación de la UGPP, por lo
establecido en la parte motiva.

SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela promovida por el
señor Diego López Toro, por no cumplir el presupuesto de la subsidiariedad.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

14
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Demandante: Diego López Toro
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02543-00

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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