Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02547-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-02547-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02547-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02547-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
3 de julio de 2025
Demandante: Corporación Multiactiva Emprender ONG – en liquidación-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02547-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02547-00
Demandante: CORPORACIÓN MULTIACTIVA EMPRENDER ONG -EN
LIQUIDACIÓN-
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN A
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La Corporación Multiactiva Emprender ONG -en liquidación-, actuando a través de
apoderado judicial1, inició acción de tutela2 contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, en la que solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
1 Índice 002 de Samai. El poder fue conferido al abogado Sebastián Santacruz Rodríguez mediante
mensaje de datos por el señor José Luis Genez Llano, en calidad de representante legal de la
Corporación Multiactiva Emprender ONG, tal como obra en el certificado de existencia y
representación de la Cámara de Comercio de Montería. Del referido mandato se aportó la
trazabilidad del poder, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 2213 de 2022,
sin embargo, en escrito del 12 de mayo de este año aportó el poder autenticado en la Notaría única
del Circuito de Turbaco.
2 Acción de tutela radicada a través del aplicativo Samai el 2 de mayo de 2025 a la que se le asignó
la secuencia No. 3985.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Corporación Multiactiva Emprender ONG – en liquidación-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02547-00
ocasión de la providencia emitida el 11 de octubre de 2024 por la autoridad judicial
accionada, en la que confirmó la sentencia dictada el 27 de octubre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 52001-23-33-000-
2018-00468-00/01.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
SEGUNDA. Que como consecuencia de la anterior, se deje sin efecto el fallo de
segunda instancia proferido el 11 de octubre de 2024 por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del expediente 52-001-2333-000-
2018-00468-01, por haber incurrido esta Subsección en defecto fáctico y
desconocimiento del precedente.
TERCERA. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, y ante las
evidentes vías de hecho en que incurrió la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, se ordene al accionado vuelva a estudiar y proferir sentencia
de segunda instancia, teniendo en cuenta la salvaguarda constitucional. 3
1.3. Hechos
El departamento de Nariño, a través de la Resolución 013 del 28 de febrero de
20184 dio apertura al proceso de licitación pública No. 02 de 2018, cuya audiencia
de adjudicación se llevó a cabo el 9 de marzo de 2018, a la que asistieron como
proponentes, la Unión Temporal Proalimentar 2018, la Unión Temporal Nariño Paz
2018, la Unión Temporal Nutriendo Nariño 2018 y la Unión Temporal PAE Nariño
2018.
En la referida diligencia se adjudicó el contrato público a la Unión Temporal PAE
Nariño 2018 conformada por la Fundación para el Desarrollo y la Solidaridad -
Fundesol y la Fundación Construcción Social y el Medio Ambiente -Concimed, a
través de la Resolución No. 040 del 11 de abril de 2018.
El 16 de abril de 2018 el director del departamento administrativo de contratación
del departamento de Nariño y la Unión Temporal PAE Nariño 2018 suscribieron el
Contrato No. 1199 de 2018 con el objeto de llevar a cabo la «Prestación de servicios
para la implementación del programa de alimentación escolar a través del transporte,
preparación y servida en caliente e industrializado del complemento alimentario jornada
mañana, jomada tarde y/o almuerzo a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las
3 Transcripción literal que puede contener errores.
4
«Por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de licitación pública No. 002 de 2018».
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Corporación Multiactiva Emprender ONG – en liquidación-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02547-00
áreas rurales y urbanas registrados en la matricula oficial de los 57 municipios no
certificados del departamento de Nariño, conforme a las especificaciones expresas en la
Resolución 16432 de 2015 […]».
El 18 de octubre de 2018 la Unión Temporal Nutriendo Nariño 2018, conformada
por la Fundación Proservco, la Fundación Infancia y Nutrición y la Cooperativa
Unida Multiactiva de Nariño-Coopumnar, inconforme con la referida adjudicación,
ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y solicitó que
se declare nula la Resolución 040 del 11 de abril de 2018 y el Contrato No. 1199
de 2018 y como consecuencia se le reconozcan perjuicios por haber sido privada
del derecho a ser adjudicataria del contrato derivado de la licitación pública No.
002-2018, tras considerar que formuló la mejor propuesta, obtuvo el mayor puntaje
y cumplió los requisitos habilitantes.
En primera instancia con radicado 52001-23-33-000-2018-00468-00 correspondió
al Tribunal Administrativo de Nariño , Sala Segunda de Decisión que mediante
sentencia del 27 de octubre de 20235, accedió parcialmente a las pretensiones;
declaró nula la Resolución 040 del 11 de abril de 2018 y condenó al departamento
de Nariño a pagar a favor de la Unión Temporal Nutriendo Nariño 20186 perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante. A su vez, negó la solicitud de
declaratoria de nulidad del contrato público 1199 de 2018.
Como sustento indicó que, la parte actora logró acreditar: (i) la ilegalidad del acto
de adjudicación, y; (ii) que su propuesta fue la mejor y más conveniente para la
administración, porque cumplía con los requisitos técnicos, económicos y jurídicos
previstos en el pliego de condiciones.
Respecto del primer aspecto, el a quo explicó que la Resolución 040 del 11 de abril
de 2018 estaba viciada de nulidad porque el fundamento plasmado en aquella para
rechazar la propuesta de la UT Nutriendo Nariño 2018 y adjudicar el contrato a la
UT PAE Nariño 2018 fue que la primera no había cumplido el requisito de
experiencia, porque la documentación que aportó para acreditar tal exigencia
contenía información inexacta. No obstante, el tribunal señaló que tal falencia fue
subsanada dentro del término de traslado del informe de evaluación, por lo que la
oferta de la demandante debía tenerse en cuenta, pero contrario a ello, el ente
territorial procedió a rechazarla.
5 Sentencia suscrita por los magistrados, Ana Beel Bastidas Pantoja, Paulo León España Pantoja
y Sandra Lucía Ojeda Insuasty.
6 Conformada por la Fundación para el Desarrollo y la Solidaridad -Fundesol y la Corporación
Multiactiva Emprender ONG dada la cesión parcial del contrato 1199 de 2018 efectuada por la
Fundación Construcción Social y el Medio Ambiente -Concimed, que fue autorizada por el
departamento de Nariño el 22 de agosto de 2018, esto es, ante de proferirse la sentencia de primera
instancia.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Corporación Multiactiva Emprender ONG – en liquidación-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02547-00
Frente al segundo punto, el togado indicó que «[…] la oferta de la unión temporal
demandante logró mejor calificación que la presentada por quien finalmente resultó como
adjudicatario de la licitación pública 002 de 2018».
Inconformes con la decisión anterior, la Unión Temporal Nutriendo Nariño 2018;
integrada por la Fundación Proservco, la Fundación Infancia y Nutrición y la
Cooperativa Unidad Multiactiva de Nariño Coopumnar, la Unión Temporal PAE
Nariño 2018 conformada por las Fundaciones Concimed y Fundesol y la
Corporación Multiactiva Emprender ONG, y el departamento de Nariño apelaron
la decisión anterior.
El recurso de alzada fue resuelvo por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A7, quién confirmó el proveído de primera instancia mediante la
sentencia del 22 de mayo de 2024, al considerar que la demandante había
cumplido con el requisito habilitante de la experiencia desde el inicio del
procedimiento de selección, tal como se advirtió en el RUP8; cuyo registro es
idóneo para probar la información que en el que reposa. Por tanto, para el ad
quem, más que subsanar un yerro, lo que hizo la UT Nutriendo Nariño 2018 cuando
aportó las certificaciones expedidas por el municipio de Tumaco frente al contrato
LIC-016-2014 con la copia auténtica de la documentación que justificaba las
condiciones en las que se llevó a cabo ese negocio, fue aclarar las dudas del
comité de evaluación del ente territorial sobre el desarrollo del referido convenio.
En ese sentido concluyó que el departamento de Nariño no podía rechazar la oferta
aduciendo que esta presentaba inconsistencias; pues estas fueron aclaradas con
el debido soporte. En consecuencia, al ser esa la razón por la que se había
desestimado la oferta de la UT Nutriendo Nariño 2018 en la Resolución 040 de
2018 y como la causal de rechazo fundada en la supuesta inexactitud de la
información no tuvo sustento alguno, la motivación plasmada en el acto
adjudicatario se torna falsa, de ahí que era menester declarar su nulidad.
Por otro lado, explicó que, las inconformidades alegadas en el recurso de
apelación respecto de la conclusión a la que arribó el a quo para quién la oferta
más favorable fue la presentada por la actora, no tenían una carga argumentativa
para estudiarse de fondo, y tampoco encontró un cuestionamiento directo frente a
este punto, más allá de una afirmación de los recurrentes.
Pese a lo anterior, se refirió a dicho aspecto y agregó que, «la calificación de la
7
La sentencia fue proferida por los consejeros, María Adriana Marín, Fernando Alexei Pardo Flórez
y José Roberto Sáchica Méndez.
8 Registro Único de Proponentes en el que reposa la información sobre la experiencia, la capacidad
jurídica, financiera y organizacional y la clasificación del Sistema de codificación de las Naciones
Unidas para estandarizar productos y servicios -UNSPSC- relacionada con los contratos que
aspiran a celebrar con el Estado Colombiano.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Corporación Multiactiva Emprender ONG – en liquidación-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02547-00
propuesta de la UT Nutriendo Nariño 2018, plasmada en la evaluación, resultó acorde con
los criterios de valoración previstos en el pliego de condiciones respecto de los factores
objeto de puntuación y tiene sustento en la oferta presentada por la demandante, que
también se adjuntó como prueba en este proceso».
Finalmente el juez de segunda instancia señaló que dada la ilegalidad de la
Resolución No. 040 del 11 de abril de 2018 que le dio sustento al contrato público,
en uso se la facultad oficiosa que le asiste a la jurisdicción, declaró la nulidad
absoluta del convenio No. 1199 de 2018, «producto del procedimiento de selección
No. 002 de 2018, suscrito entre la entidad demandada y la Unión Temporal PAE Nariño,
con fundamento en la causal contenida en el numeral 4 del artículo 44 de la Ley 80 de
199352. En este punto, cabe precisar que la Subsección ha señalado que ese ejercicio
encuentra fundamento en la protección del orden jurídico […]»9
El anterior proveído se notificó a las partes por correo electrónico el 30 de octubre
de 202410.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora hizo un recuento general de los requisitos de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial y consideró que estos se cumplían. Además,
indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes defectos en la
sentencia enjuiciada:
I. Defecto fáctico: la accionante indicó que existió una indebida valoración
de las pruebas que acreditaban la inexactitud de información registrada en
el RUP y los documentos de soporte por parte la Fundación Proservco,
integrante de la UT Nutriendo Nariño 2018, respecto del contrato No. LIC-
016-2014, suscrito entre PROSERVCO y la Alcaldía Municipal de Tumaco.
Recordó que las entidades tienen autonomía para establecer las reglas que
orientan su contratación estatal, por tanto, señaló que era justificable que el
departamento de Nariño introdujera como causal de rechazo o
descalificación de una propuesta la inexactitud en la información.
En ese sentido concluyó que la autoridad judicial accionada no evaluó que
la UT Nutriendo Nariño 2018 no cumplió con uno de los requisitos que la
habilitaban para participar en el proceso de contratación establecido en el
pliego de condiciones, como era la de presentar deficiencias e inexactitudes
en la oferta.
9
Índice 026 de Samai del proceso 52001233300020180046801.
10 Índice 028 de Samai del proceso 52001233300020180046801.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Corporación Multiactiva Emprender ONG – en liquidación-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02547-00
Agregó que el ente territorial podía no atender las peticiones,
subsanaciones, observaciones y/o solicitudes adicionales; como lo hizo con
el informe de aclaración y subsanación presentado por la UT Nutriendo
Nariño 2018, y como en el pliego de condiciones se plasmó que la
inconsistencia era causal de rechazo, consideró que la decisión del
departamento de Nariño que fundamentó el acto adjudicatario contaba con
el debido sustento.
II. Desconocimiento del precedente: explicó que en este caso este yerro se
sustenta en que el operador judicial se apartó de la jurisprudencia del
Consejo de Estado relativa al principio de intangibilidad del pliego de
condiciones, que indica, a su juicio, que este es inmodificable como regla
general, a excepción del plazo de licitación, en el que se pueden admitir
modificaciones sobre errores, o para aclarar puntos oscuros y ambiguos.
Al respecto del principio de intangibilidad citó las siguientes sentencias
proferidas por la Sección Tercera de esta corporación: (i) 7 de diciembre de
2017 en el radicado: 25000232600020070005901 (41888). C.P. Danilo
Rojas; (ii) 5 de marzo de 2020 con radicado 25000232600020050109201
(39019). C.P. María Adriana Marín; (iii) 14 de agosto de 2013 bajo el
radicado 05001-23-31-000-1998-00833-01(25642). C.P. Enrique Gil Botero.
Explicó la importancia de atender el precedente jurisprudencial para
proteger los derechos a la igualdad de trato y garantizar la autonomía e
independencia judicial.
De conformidad con lo anterior concluyó que la entidad territorial tenía la
obligación de atender las reglas fijadas en el pliego de condiciones, por
tanto, dadas las inexactitudes de la información aportada por la unión
temporal, debía rechazar la propuesta de la unión temporal referida, no
obstante, esto fue desconocido por el ad quem.
Respecto de la procedencia de rechazar ofertas que contengan
inexactitudes e imprecisiones trajo a colación la sentencia proferida el 14 de
marzo de 2013 por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado, con radicado 44001-23-31-000-1999-00827-01(24059). C.P.
Mauricio Fajardo Gómez y la providencia del 5 de agosto de 2019 de la
Subsección B de la misma Sección de radicado 5000-23-26-000-2009-
00264-01(45118). C.P. Alberto Montaña Plata.
Concluyó que, no era posible que la autoridad judicial accionada
desconociera las reglas dispuestas en el pliego de condiciones respecto de
las causales de rechazo de las propuestas que contenían información
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Corporación Multiactiva Emprender ONG – en liquidación-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02547-00
inexacta; pues aquel hacía las veces de norma rectora y era inmutable
dentro del proceso de selección.
III. Violación de la Constitución Política por transgredir los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Además, alegó que la decisión acusada generó un grave perjuicio a la
entidad accionante al declarar nulo el contrato que le había sido adjudicado,
bajo hechos que no tienen sustento probatorio, con lo que desconoció la
legalidad del proceso contractual en el que participó válidamente, y la
posibilidad de hacer valer su experiencia en procesos futuros. Por lo anterior
consideró que se configuró una falla en el servicio judicial que debe ser
corregida mediante la presente acción.
1.5. Trámite de la acción de tutela
1.5.1. Manifestación de impedimento
En escrito del 7 de mayo de 2025, la magistrada Gloria María Gómez Montoya
manifestó su impedimento para conocer del presente asunto, invocando el numeral
5° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, comoquiera que sostiene
una relación de amistad entrañable con la magistrada Adriana Marín quién hace
parte de la Subsección A, Sección Tercera de esta Corporación, y suscribió la
providencia enjuiciada al interior de la presente acción de tutela.
Sin embargo, mediante providencia del 22 de mayo de 2025, los demás
integrantes de la Sala Quinta de esta Corporación declararon infundado el
impedimento por no encontrar acreditados los elementos para la configuración de
la causal invocada.
1.5.2. Admisión de la tutela
Por medio de auto del 5 de junio de 2025, la magistrada ponente admitió la acción
de tutela y ordenó notificar a la Corporación Multiactiva Emprender ONG -en
liquidación- como parte accionante11 y, como parte demandada, a los magistrados
del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A12.
11 Índice 026 de Samai. La notificación fue realizada a: ssantacruz@franciscofajardoabogados.com
info@franciscofajardoabogados.com.
12 Índice 026 de Samai. La notificación fue realizada a: notifjsachica@consejodeestado.gov.co
notiffpardo@consejodeestado.gov.co; spamplonat@consejodeestado.gov.co
pbastosb@consejodeestado.gov.co; kdiazl@consejodeestado.gov.co
cmartinezg@consejodeestado.gov.co; notiftutelas3@consejodeestado.gov.co y
ces3secr@consejodeestado.gov.co.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Corporación Multiactiva Emprender ONG – en liquidación-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02547-00
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, al Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de
Decisión [Juez de primera instancia]13, a la Fundación Proservco14, a la Fundación
Infancia y Nutrición15, a la Cooperativa Unida Multiactiva de Nariño-Coopumnar16,
a la UT Nutriendo Nariño 201817 [demandantes], a la Unión Temporal PAE Nariño
201818 [Tercero vinculado], a la Fundación para el Desarrollo y la Solidaridad –
Fundesol19, a la Fundación Construcción Social y el Medio Ambiente - Concimed20,
[integrantes de la UT PAE Nariño 2018] y al Departamento de Nariño
[demandada]21.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Nariño22
El secretario de la corporación remitió el link del expediente electrónico del proceso
ordinario y la constancia de ejecutoria de las providencias proferidas en el proceso
ordinario, sin embargo, no emitió ningún pronunciamiento de lo pretendido en este
mecanismo.
1.6.2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A 23
El consejero ponente de la decisión cuestionada, mediante memorial radicado el
10 de junio de 2025 hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso
ordinario; indicó que la primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones
y declaró la nulidad del acto de adjudicación y condenó a la demandada a pagar a
favor de la demandante perjuicios a título de lucro cesante. Por su parte, señaló
13Índice 026 de Samai. La notificación fue realizada a:
secgraltadmpso@cendoj.ramajudicial.gov.co.
14 Índice 026 de Samai. La notificación fue realizada a: rafael.proservco@gmail.com
mel.proservco24@gmail.com.
15 Índice 032 de Samai. La notificación fue realizada a: andresnogue@hotmail.com.
16 Índice 032 de Samai. La notificación fue realizada a: marthacordobacoopumnar@gmail.com.
17 Índice 033 de Samai. La notificación fue realizada a través de aviso a la comunidad publicado en
la página web de la Corporación el 17 de junio de 2025.
18 Índice 032 de Samai. La notificación fue realizada a: uniontemporalpaenarino@gmail.com.
19 Índice 033 de Samai. La notificación fue realizada a través de aviso a la comunidad publicado en
la página web de la Corporación el 17 de junio de 2025.
20 Índice 033 de Samai. La notificación fue realizada a través de aviso a la comunidad publicado en
la página web de la Corporación el 17 de junio de 2025.
21 Índice 026 de Samai. La notificación fue realizada a: notificaciones@narino.gov.co
contactenos@narino.gov.co.
22 Índice 028 y 036 de Samai.
23 Índice 030 de Samai.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Corporación Multiactiva Emprender ONG – en liquidación-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02547-00
que, en la segunda instancia, además de confirmar el proveído de primera, se
declaró la nulidad absoluta del contrato resultante del proceso de selección.
Como sustento refirió que la decisión de segunda instancia se circunscribió a
estudiar los cargos de los recursos de apelación que cumplían con la carga
argumentativa en aplicación del artículo 328 del CGP.
Al respecto explicó que, en el pliego de condiciones de la licitación discutida en el
proceso ordinario se exigió como requisito habilitante de la experiencia, que se
acreditara, por lo menos, el 75% del presupuesto asignado; para lo que debían
aportar documentación respecto de ejecución de contratos referentes a la
provisión de alimentos, debidamente inscritos en el RUP.
Para el caso de la UT Nutriendo Nariño 2018 explicó que se aportó, entre otros, el
contrato LIC-016-2014, suscrito entre el municipio de Tumaco y la Fundación
Proservco, sin embargo, dados los reparos en la exactitud de la información, el
Comité asesor de la entidad recomendó su rechazo, lo que fue acogido y plasmado
en la resolución de adjudicación, no obstante, indicó que dicha asociación temporal
había presentado las explicación con su debido soporte, no con el fin de enmendar
errores en el cumplimiento del requisito habilitante, sino de aclarar la forma en que
se ejecutó el referido convenio, por tanto, consideró que, al tener acreditado el
requisito de la experiencia en el RUP y aclararse las dudas del negocio, no había
lugar a rechazar la propuesta, como bien lo concluyó el a quo.
En consonancia con lo anterior, el ad quem advirtió que la oferta presentada por
la demandante fue la más favorable lo que le permitió concluir que, además de la
ilegalidad del acto demandado, bajo los cargos de falsa motivación y por vulnerar
el principio de selección objetiva, era menester anular oficiosamente el contrato
resultante de la licitación, al haberse expulsado del ordenamiento uno de los actos
en los que se sustentó.
A renglón seguido solicitó que declare improcedente la tutela por carecer del
requisito de relevancia constitucional porque la controversia planteada por la
actora en este mecanismo de amparo se centra en cuestionar abiertamente la
valoración probatoria contenida en el fallo de segunda instancia, por estar
inconforme con la decisión adoptada en dos instancias, buscando convertir la
tutela en una nueva instancia, aunado a que, a su juicio, el debate planteado no
gira en torno a una discusión de derechos fundamentales sino a un litigio de
carácter económico.
Además, consideró que tampoco se configuró el defecto fáctico pues la decisión
se profirió acorde con la realidad del caso, esto es, que la propuesta de la UT
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Corporación Multiactiva Emprender ONG – en liquidación-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02547-00
Nutriendo Nariño no debió ser inhabilitada y que era la más idónea en la licitación
pública, lo que se encuentra debidamente acreditado en el plenario.
Finalmente indicó que el cargo del desconocimiento del precedente sustentado en
el principio de intangibilidad del pliego de condiciones y la procedencia del rechazo
de las ofertas que incurren en inexactitudes e imprecisiones no fue desatendido,
máxime porque no se explica la forma en que dichas pautas fueron supuestamente
desatendidas, pues tampoco hace alusión a los supuestos de hechos y derecho
aplicables a su caso, lo que denota la falta de un ejercicio argumentativo suficiente
para sustentar este yerro.
1.6.3. Departamento de Nariño24
Mediante memorial del 17 de junio del presente año, el secretario de educación
del ente territorial solicitó que se declare improcedente este mecanismo dado que,
de las pretensiones del escrito de tutela advirtió que la parte actora pretende usar
esta acción como una tercera instancia dadas las inconformidades con la decisión
de primera y segunda instancia dentro del proceso ordinario.
Aunado a lo anterior consideró que no se cumple con el requisito de inmediatez
porque la providencia judicial cuestionada fue notificada el 15 de noviembre de
2024, mientras que la parte accionante acudió a la jurisdicción constitucional el 2
de mayo de 2025, es decir, casi seis meses después de haber quedado en firme
la decisión cuestionada.
1.6.4. Unión Temporal Nutriendo Nariño 201825
Los representantes legales de la Fundación Proservco y de la Fundación Infancia
y Nutrición, como integrantes de la UT Nutriendo Nariño solicitaron que se declare
improcedente la presente acción porque intentar reabrir un debate fáctico y jurídico
que ya fue ampliamente discutido y resuelto en la jurisdicción contencioso-
administrativa ordinaria.
Al respecto, explicaron que los argumentos presentados por la actora, en lo que
respecta a la supuesta «inexactitud de la información registrada en el RUP» y la
existencia de «dos actas de liquidación» son los mismos puntos fácticos y jurídicos
que fueron objeto de un debate exhaustivo y de una decisión motivada en ambas
instancias del proceso ordinario, entonces, como lo que quiere la accionante es
que el juez de tutela reexamine estos mismos hechos y su valoración y obtener
una nueva oportunidad para discutir el fondo del litigio, ello desvirtúa la
24
Índice 034 de Samai.
25
Índice 035 de Samai.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Corporación Multiactiva Emprender ONG – en liquidación-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02547-00
excepcionalidad de la tutela y la convierte en un intento de tercera instancia, lo que
es inadmisible por ir en contravía de la cosa juzgada y la autonomía judicial.
Por otro lado, indicaron que no existió ninguna irregularidad procesal que, dé
sustento a los vicios alegados por la tutelante, pues en su sentir, tanto el juez de
primera como de segunda instancia garantizaron las formas propias del juicio, así
como los derechos de defensa y contradicción y finalmente, motivaron
debidamente las providencias que resolvieron el litigio.
Señalaron que la parte accionante alega la configuración de un perjuicio
irremediable con base en la afectación económica derivaba de la decisión
controvertida, sin embargo, la tutela no es el instrumento idóneo para dimir
controversias de índole patrimonial, ni para resarcir perdidas pecuniarias
ocasionadas en un fallo judicial.
Finalmente concluyeron que no se configuraron los defectos, fáctico y por
desconocimiento del precedente alegado en este mecanismo, aunado a que
consideran que hay una ausencia de la presunta vulneración de las garantías
invocadas, por tanto, un uso impropio de la acción de tutela.
1.6.5. La Cooperativa Unida Multiactiva de Nariño-Coopumnar, la Fundación para
el Desarrollo y la Solidaridad – Fundesol, la Fundación Construcción Social y el
Medio Ambiente – Concimed integrantes de la Unión Temporal PAE Nariño 2018,
no allegaron pronunciamiento alguno, a pesar de que fueron debidamente
notificados de la presente acción.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por la Corporación Multiactiva Emprender ONG -en liquidación- contra
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.
2.2 Problema jurídico
Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y la intervención presentada, corresponde
a la Sala resolver:
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Corporación Multiactiva Emprender ONG – en liquidación-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02547-00
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:
• ¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A vulneró las
garantías invocadas por la parte actora, con ocasión de la providencia
proferida el 11 de octubre de 2024 por medio de la cuál confirmó la
sentencia dictada el 27 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo
de Nariño, Sala Segunda de Decisión dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 52001-23-33-000-2018-00468-
00/01?
Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y; (iii)
generalidades del defecto alegado, y; (iv) el caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201226
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema27 y declaró su
procedencia.28
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
27 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
28 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Corporación Multiactiva Emprender ONG – en liquidación-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02547-00
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.3.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202229 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
29 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Corporación Multiactiva Emprender ONG – en liquidación-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02547-00
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal30
(Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico31; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional32.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal33”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales34”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto35, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal36.
30 Sentencia SU-573 de 2019.
31 Sentencia SU-103 de 2022.
32 Sentencia SU-103 de 2022.
33 Sentencia SU-103 de 2022.
34 Sentencia SU-128 de 2021.
35 Sentencia SU-573 de 2019.
36 Ibid.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Corporación Multiactiva Emprender ONG – en liquidación-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02547-00
(Resaltado de la Sala)
2.4. Caso Concreto
La parte actora cuestiona la providencia del 11 de octubre de 2024 en la que el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, confirmó la sentencia dictada
el 27 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda
de Decisión dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 52001-23-33-000-2018-00468-00/01.
Lo anterior, ya que, a juicio de la parte tutelante, en la sentencia enjuiciada se
incurrió en los siguientes defectos: (i) fáctico, alegando que desatendió las pruebas
que demostraban que la documentación aportada por la UT Nutriendo Nariño 2018
respecto del contrato No. LIC-016-2014 presentaba inexactitudes en la oferta, por
lo que ello fundamentaba el rechazo de la propuesta, con base en las reglas
plasmadas en el pliego de condiciones; como bien lo hizo el departamento de
Nariño; (ii) desconocimiento del precedente referente al principio de intangibilidad
del pliego de condiciones de los contratos de licitación y de la posibilidad de
establecer como causal de rechazo las propuestas que contengan imprecisiones;
(iii) violación de la Constitución Política por transgredir las garantías fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Aunado a lo anterior, la tutelante alegó que al ad quem le causó un perjuicio
irremediable al declarar la nulidad del contrato público No. 1199 de 2018 que le
había sido adjudicado, con base en premisas sin sustento probatorio,
desconociendo, además, la legalidad del proceso contractual en el que participó,
con lo que se configuró, en su sentir, una falla en el servicio judicial.
Respecto de lo alegado por la actora, la Sala evidencia que los argumentos
planteados, pese a que hacen alusión a un lenguaje constitucional, realmente
denotan una inconformidad con la decisión proferida por el juez contencioso en
dos instancias, por lo que este mecanismo se torna improcedente por que no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, como pasa a explicarse.
En primer lugar, de lo acontecido en el proceso ordinario se advierte que, el
Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda de Decisión, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda mediante sentencia del 27 de
octubre de 2023; proveído que se recurrió por la Unión Temporal Nutriendo Nariño
2018; integrada por la Fundación Proservco, la Fundación Infancia y Nutrición y la
Cooperativa Unidad Multiactiva de Nariño Coopumnar, la Unión Temporal PAE
Nariño 2018 conformada por las Fundaciones Concimed y Fundesol y la
Corporación Multiactiva Emprender ONG, y el departamento de Nariño.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Corporación Multiactiva Emprender ONG – en liquidación-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02547-00
En el escrito de alzada presentado por la Unión Temporal PAE Nariño 2018 dentro
del proceso ordinario37, alegó que la sentencia de primera instancia desconoció
que el procedimiento contractual se rige por el pliego de condiciones que dispuso
como causal de rechazo la de aquellas propuestas con información inexacta y que
no se probó que la propuesta de la UT Nutriendo Nariño 2018 fuera la más
favorable.
Por su parte, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, confirmó la
providencia del a quo, ya que, en su sentir, la UT Nutriendo Nariño 2018 cumplía
con el requisito habilitante de la experiencia desde el inicio del proceso de
selección y las explicaciones respecto del desarrollo del contrato LIC-016-2014 no
tenían el fin de subsanar, sino que eran meramente aclarativas, por tanto, en su
sentir, ello no podía configurarse en una causal de rechazo de la propuesta, de ahí
que concluyó que el acto de adjudicación contenía falsa motivación.
En el mismo sentido, el ad quem concluyó que la propuesta presentada por la
referida UT Nutriendo Nariño 2018 era las más favorable a los intereses de la
entidad. En consecuencia, al considerar que se transgredió el principio de
selección objetiva y que el acto adjudicatario que sirvió de sustento a la licitación
pública No. 02 de 2018 era ilegal, era necesario declarar nulo el contrato público
1199 de 2018.
En ese sentido, advierte la Sala que las inconformidades que alega la tutelante en
esta sede son las mismas que expuso en el escrito de apelación; cuyos puntos ya
fueron analizados por el fallador de segunda instancia dentro del proceso ordinario
quién concluyó que pese a lo alegado por los recurrentes, dentro del plenario se
logró desacreditar la legalidad de la Resolución de adjudicación del proceso
licitatorio, por lo que debía declararse su nulidad, misma suerte que a su juicio
corría el contrato público, por estar sustentado en un acto administrativo ilegal, no
obstante, la accionante disiente del análisis del juez contencioso y pretende reabrir
el debate ya zanjado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho y usar esta acción como una instancia adicional.
Por otro lado, en lo que respecta al cargo por desconocimiento del precedente,
la actora indicó que la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado38 ha establecido que el pliego de condiciones es inmodificable en atención
al principio de intangibilidad que lo reviste, por tanto, en su sentir, este solo puede
37
Índice 058 de Samai dentro del proceso ordinario 52001233300020180046800.
38 Citó las siguientes providencias proferidas por la Sección Tercera de esta corporación: (i) 7 de
diciembre de 2017 en el radicado: 25000232600020070005901 (41888). C.P. Danilo Rojas; (ii) 5
de marzo de 2020 con radicado 25000232600020050109201 (39019). C.P. María Adriana Marín;
(iii) 14 de agosto de 2013 bajo el radicado 05001-23-31-000-1998-00833-01(25642). C.P. Enrique
Gil Botero.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Corporación Multiactiva Emprender ONG – en liquidación-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02547-00
reformarse cuando existen errores o puntos obscuros u ambiguos por lo que
consideró que la propuesta que rechazó el ente territorial tuvo sustento en las
reglas del pliego, lo que fue desatendido por el fallador de segunda instancia.
Asimismo, refirió que se desconoce la postura de la Sección Tercera de esta
Corporación en la que, a su juicio, se ha dispuesto que es viable rechazar una
propuesta que contiene inexactitudes en la oferta.
Frente a este yerro la parte accionante más allá de citar sentencias de la Sección
Tercera que hablan del principio de intangibilidad del pliego de condiciones39 y de
la facultad que tiene la entidad pública de rechazar propuestas que contengan
información inexacta40, no expuso mínimamente alguna regla o subregla de
derecho aplicable a su caso y que hubiera sido desatendida por el juez accionado,
en consideración a las particularidades del caso concreto. En efecto, la actora no
explicó de forma alguna los asuntos que fueron tratados en dichas providencias,
con lo que no cumplió con la carga mínima requerida para que exista un
pronunciamiento de fondo por la Sala frente a este defecto, sobre todo cuando se
evidencia que el cargo no desarrolla o tiene en cuenta que el ad quem parte de la
premisa de que la UT Nutriendo Nariño 2018 cumplió, desde el inicio, con el
requisito habilitante de la experiencia, y no controvierte que las explicaciones
respecto del desarrollo del contrato LIC-016-2014 no tenían al finalidad de
subsanar una «información inexacta», sino que eran meramente aclarativas.
Sobre este cargo es preciso advertir que esta Sección ha considerado que la parte
que invoca este defecto debe cumplir con la carga mínima de identificar: (i) la
decisión que considera desatendida; (ii) la ratio aplicable a la solución del nuevo
caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la
incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia, lo que no
se cumplió por la tutelante.
En consecuencia, se considera que, lo pretendido por la parte accionante en
cuanto a este cargo carece de relevancia constitucional, por lo que se declarará
improcedente.
Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en
el escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso
39 Citó las siguientes providencias proferidas por la Sección Tercera de esta corporación: (i) 7 de
diciembre de 2017 en el radicado: 25000232600020070005901 (41888). C.P. Danilo Rojas; (ii) 5
de marzo de 2020 con radicado 25000232600020050109201 (39019). C.P. María Adriana Marín;
(iii) 14 de agosto de 2013 bajo el radicado 05001-23-31-000-1998-00833-01(25642). C.P. Enrique
Gil Botero.
40 Trajo a colación la sentencia proferida el 14 de marzo de 2013 por la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado, con radicado 44001-23-31-000-1999-00827-01(24059). C.P.
Mauricio Fajardo Gómez y la providencia del 5 de agosto de 2019 de la Subsección B de la misma
Sección de radicado 5000-23-26-000-2009-00264-01(45118). C.P. Alberto Montaña Plata.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Corporación Multiactiva Emprender ONG – en liquidación-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02547-00
de lenguaje de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de
peso que justifiquen la intromisión del juez de tutela, cuando, además, no se
evidencia, prima facie, la vulneración de los derechos fundamentales por parte de
la autoridad judicial accionada.
La carga argumentativa a la que hace alusión la Corte Constitucional no se
satisface simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución
Política para cumplir el mencionado ejercicio, aún más cuando se trata de una
providencia de una alta Corporación, tal como se indicó:
[…] el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.
Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia
adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias
doctrinarias o interpretativas de corrección legal. Como las altas cortes son
tribunales de cierre, es a ellas a quienes corresponde “la unificación de
jurisprudencia como forma de precisar con autoridad y vocación de generalidad el
significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento jurídico”.41
Por último y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
las decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales invocados, en los términos que indicó la Corte
Constitucional en la sentencia SU-353 de 2020, cuya carga argumentativa no se
satisface de manera plena por la actora, pues contrario a ello, por medio de la
presente acción se busca que el juez de tutela examine nuevamente el plenario y
adopte una interpretación favorable a su reclamación .
En este punto resulta pertinente recordar que, si bien la tutela puede ser
procedente para controvertir decisiones de cualquier grado, sin excluir las de las
corporaciones de cierre, también es importante resaltar que la jurisprudencia de la
Corte Constitucional hace especial énfasis en la carga argumentativa que se debe
tener cuando se pretende dejar sin efectos una decisión de la Sección que la
Constitución Política42 y la Ley43 determinaron como suprema autoridad en la
41 Corte Constitucional, sentencia SU-0125 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
42 «Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de
tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley.
[…]» (Énfasis de la Sala).
43 Ver Ley 2430 de 2024, artículo 14 «INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. El Consejo de Estado es
el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno y
estará integrado por elegidos por la misma Corporación para los períodos individuales que
determina la Constitución Política, de listas de diez (10) candidatos enviadas por el Consejo
Superior de la Judicatura, para cada vacante que se presente, elaboradas previa convocatoria
pública adelantada de conformidad con lo previsto en esta ley.
[…]».
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Corporación Multiactiva Emprender ONG – en liquidación-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02547-00
materia.
Por su parte, se recuerda que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que
el debate planteado por la sociedad accionante busca mutar el amparo
constitucional en una instancia adicional y reabra un debate ya zanjado por el juez
contencioso, conforme las etapas que para tal efecto estableció el legislador.
De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela y la
desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente caso, este
mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el requisito de
relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la parte
actora contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
. El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la misma
Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas
superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que
se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura».
(subrayado fuera de texto)
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Corporación Multiactiva Emprender ONG – en liquidación-
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02547-00
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.