Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02552-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02552-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02552-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
22 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Veintidós (22) de mayo dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02552-00
Accionante: John William García Castro
Accionados: Presidente de la República – Gustavo Petro Urrego
Tema: Vulneración de los derechos fundamentales a la paz, vida y
dignidad
Decisión: Niega tutela porque no se demostró transgresión de los
derechos fundamentales invocados en protección
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela1 interpuesta por el señor John William García Castro, quien
actúa en nombre propio en contra del presidente de la República por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales a la paz, la vida y la dignidad.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El accionante señaló que el 1.° de mayo de 2025, el presidente de la
República, Gustavo Petro Urrego, en medio de las movilizaciones por el día
internacional del trabajo presentó ante el Congreso de la República una consulta
popular con la que pretende «revivir una parte de la reforma laboral».
3. Asimismo, indicó que en dicha intervención el presidente expresó que «si
no le aprobaban la consulta entraríamos en un estado de guerra o muerte» e
insistió en «levantar la bandera de la libertad o muerte». Por lo que, el señor
John William García Castro considera que entraríamos en un estado de guerra
civil.
4. Argumenta que, con sus expresiones, el mandatario promueve
advertencias que resultan desafiantes e intimidantes, que amenaza y transgrede
el derecho fundamental a la vida «al no garantizar la paz y el orden».
1 La acción de tutela fue radicada el 2 de mayo de 2025.
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Accionante: John William García Castro
5. De otra parte, refiere que en su discurso dirigió amenazas a los
congresistas las cuales resultan discriminatorias, obligantes e irrespetuosas
porque existen mecanismos para «concretar leyes y no como pretende el señor
Gustavo Petro, quien es suprema autoridad».
6. Agregó que el presidente mencionó que, si dicen no a la consulta popular
«el pueblo se levanta y lo revoca, pero aclaró que no será entrando al Capitolio
en masa, sino en las elecciones de marzo».
2.2.- Fundamento jurídico
7. La parte actora afirmó que el presidente de la república vulneró los
derechos fundamentales a la paz, la vida y la dignidad por las afirmaciones dadas
en la intervención pública que realizó el 1.° de mayo de 2025, pues, considera
que constituyen incitación a una guerra civil.
2.3. Pretensiones
8. Con ocasión de lo anterior, solicitó:
«(…)
1.Solicito al juez de tutela, se sirva conceder la tutela al accionante, a fin de
garantizarle sus derechos fundamentales violados como es el derecho
constitucional a la paz, a la vida a los principios constitucionales y legales , y
por trasgredir los convenios internacionales ratificados por Colombia, derecho
a la paz y seguridad nacional que el sr funcionario Gustavo Petro se retracte de
sus ofensas y garantice el principio constitucional a la vida y el orden en
Colombia.
2.Como consecuencia de lo anterior el sr ciudadano elegido popular mente se
retracte en todos los medios de comunicación sobre las afirmaciones en donde
ínsita a la guerra en Colombia y solicitar a todos los ciudadanos perdón publico
por los ataque y descremaciones». (Sic a toda la cita).
2.4.- Intervenciones
9. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 7 de
mayo de 2025, en el cual se ordenó notificar al presidente de la república como
accionado.
10. La Presidencia de la República informó que verificada la base de datos
no encontró alguna petición relacionada con los hechos que dan lugar a la
solicitud de amparo, razón por la que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad porque el señor John William García Castro no acudió al
mecanismo ordinario contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política.
11. Así como tampoco agotó «el mecanismo idóneo y ordinario previsto en la
ley y la jurisprudencia para los casos de difusión de informaciones inexactas o
erróneas».
12. Asimismo, alegó una falta de legitimación en la causa por activa porque el
señor García Castro no acreditó de qué manera se ven afectados sus derechos,
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en la medida que reclama la protección a nombre de los «senadores y
congresistas» que considera que también se vieron afectados.
13. Señaló que las manifestaciones públicas del presidente de la República
referidas por el accionante, aunque expresadas con términos críticos y en
algunos casos polémicos, no contienen señalamientos individualizados ni
dirigidos específicamente en su contra, por ende no vulneran derecho
fundamental alguno, pues tales expresiones se encuentran enmarcadas en el
ejercicio de la libertad de expresión del jefe de Estado y su rol político, por lo que
no constituyen por sí mismas una amenaza concreta.
14. Por lo tanto, las palabras cuestionadas en esta sede deben entenderse
como parte del lenguaje propio del debate político en una democracia pluralista,
donde la participación ciudadana —incluso aquella promovida desde el poder
ejecutivo— cumple una función activa en la construcción de lo público.
15. En ese orden de ideas, considera que las declaraciones del alto mandatario
deben ser valoradas dentro del marco de su ejercicio legítimo del poder político
y el derecho a la libertad de expresión. No basta con una interpretación subjetiva
o personal del mensaje para declarar la vulneración de derechos fundamentales,
como la honra, la dignidad o el buen nombre. Es esencial que se demuestre que
dichas expresiones fueron más allá de un simple discurso político y configuraron
una afectación directa, concreta y verificable de los derechos de los accionantes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
16. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
17. De conformidad con los antecedentes descritos, el problema jurídico se
circunscribe a determinar si el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego
vulneró los derechos fundamentales a la vida, la paz y la dignidad del señor
William García Castro con ocasión de algunas afirmaciones hechas en la
intervención pública que realizó el 1.° de mayo de 2025. Para lo cual se analizará
el contexto en las cuales fueron expresadas.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
18. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando éstos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
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señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar
que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar
cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
19. En este punto, no es de recibo la tesis del incumplimiento de la
subsidiariedad por el hecho de que la parte accionante no haya solicitado la
previa retractación al accionado, pues la Corte Constitucional2 ha reiterado que
dicho requisito, contenido en el numeral 7 del artículo 42 del Decreto 2591 de
1991, es exigible siempre que se trate de información difundida por medios de
comunicación o particulares en ejercicio del periodismo, situación que no ocurre
en el presente caso, por tratarse de supuestos fácticos distintos.
20. Aunado a lo anterior, en el presente asunto la parte actora alega una
vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la paz y a la dignidad,
pues considera que el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego en la
intervención pública que realizó el 1.° de mayo de 2025 incitó a la guerra civil,
situación que amerita una intervención directa del juez constitucional, pues no
dispone de otro mecanismo de defensa idóneo para garantizar su efectividad.
21. De otro lado, encuentra la Sala acreditada la legitimación en ambos
extremos —activa y pasiva—, teniendo en cuenta el alcance de los derechos
cuya protección se solicita y que son de interés de toda la sociedad, y que la
vulneración se endilga a las manifestaciones de la parte accionada en un
discurso público. Ahora bien, en este punto alega la parte tutelada que el
accionante no tiene legitimación para solicitar la retractación en favor de los
«congresistas» que, según él, también se vieron afectados por las declaraciones.
En tal punto, se considera que le asiste razón a la parte accionada, por lo cual la
Sala se sustraerá de pronunciarse al respecto. En ese orden, el estudio de fondo
se centrará en establecer si las declaraciones del accionado vulneran o no los
derechos invocados, desde el punto de vista de incitar o no a una guerra civil.
3.3.1. Del derecho a la libertad de expresión de funcionarios públicos
22. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T- 446 de 2020
indicó que «los servidores públicos (…) en el ejercicio del derecho a la libertad
de expresión, en general, se encuentran sometidos a cargas especiales y
mayores restricciones que los demás ciudadanos. Asimismo, las declaraciones
de los altos funcionarios del Estado no son absolutamente libres, pues es
necesario que en virtud de su poder- deber de comunicación: (i) se ciñan a
estrictos parámetros de objetividad y veracidad cuando se trata de transmitir
información; (ii) expresen sus opiniones a partir de mínimo de justificación fáctica
real y de criterios de razonabilidad; (iii) actúen con máxima prudencia y cuidado,
2 Corte Constitucional, sentencia T- 446 de 2020. Postura reiterada en las siguientes providencias: T-
921 de 2002, T-959 de 2006, T-110 de 2015, T-593 de 2017, T-695 de 2017, T-117 del 2018, SU-274
del 2019 y SU-355 de 2019.
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con mayor razón cuando cuestionan la rectitud de un ciudadano, y (iv) respeten,
protejan y garanticen las prerrogativas de los asociados.»
23. De lo anterior, se desprende que el presidente de la República, al ejercer
su libertad de expresión se encuentra sujeto a un deber de comunicación, esto,
seguido bajo unos parámetros de objetividad, veracidad, justificación fáctica,
razonabilidad y máximo respeto por los derechos de los ciudadanos.
24. En este punto, es relevante destacar que el Alto Tribunal en materia
constitucional en sentencia T-155 de 2019 señaló que «en principio todo tipo de
discursos o expresiones están protegidas por la libertad de expresión con
independencia de su contenido y de la mayor o menor aceptación social y estatal
con la que cuenten. No obstante, hay cierto tipo de discursos que reciben una
protección más reforzada que otros, como lo son el discurso político, el debate
sobre asuntos de interés público y la opinión sobre funcionarios y personajes
públicos. Los discursos políticos o sobre temas de interés público hacen
referencia no sólo a aquellos de contenido electoral sino a todas las expresiones
relevantes para el desarrollo de la opinión pública sobre los asuntos que
contribuyan a la vida de la Nación, incluyendo las críticas hacia el Estado y los
funcionarios públicos. Para la Corte este discurso es fundamental en una
sociedad democrática, pues permite ejercer un control sobre las actuaciones del
Estado».
25. En ese sentido, para la Corte Constitucional aunque toda manifestación
está protegida por la libertad de expresión, los discursos políticos gozan de una
protección reforzada, pues son esenciales en una sociedad democrática, en la
medida que permiten ejercer un control sobre las acciones emprendidas por el
Estado.
3.3.2. Del derecho fundamental de la paz
26. Ahora bien, en cuanto a la paz como derecho fundamental, la Corte
Constitucional en sentencia C-630 de 2017 indicó que «el reconocimiento de la
Paz es, en síntesis, una de las decisiones constitucionales más significativas y,
a juicio de la Corte, se trata de un propósito que vincula jurídicamente, de
diferente modo y en diversos grados, la actuación de las autoridades y de los
particulares. En esa dirección, la jurisprudencia más reciente de este Tribunal ha
puesto de presente que la protección constitucional de la paz, al paso que implica
un deber estatal de diseño e implementación de acciones, normativas y de
política pública (…).»
27. Asimismo, se tiene que la misma corte en sentencia C- 019 de 2018,
señaló que este derecho fundamental «implica para cada miembro de la
comunidad, entre otros derechos, el de vivir en una sociedad que excluya la
violencia como medio de solución de conflictos, el de impedir o denunciar la
ejecución de hechos violatorios de los derechos humanos y el de estar protegido
contra todo acto de arbitrariedad, violencia o terrorismo (…)».
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28. De lo anterior, se infiere que el alto tribunal en materia constitucional ha
reconocido la paz como un derecho fundamental, el cual implica un deber para
el Estado quien debe garantizar una sociedad libre de violencia.
3.4. Análisis del caso concreto
29. En el presente asunto, el señor John William García Castro afirma que el
presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, vulneró sus derechos
fundamentales a la paz, la vida y la dignidad, con ocasión de las afirmaciones
realizadas durante su intervención pública del 1.° de mayo de 2025, puesto que,
constituyen una incitación a la guerra civil.
30. Al respecto, señala que el alto mandatario en dicho discurso expresó que
«si no le aprobaban la consulta enteraríamos en un estado de guerra o muerte»
e insistió en «levantar la bandera de la libertad o muerte». Advertencias que, a
su juicio, resultan desafiantes e intimidantes.
31. Sobre el particular, se tiene que en el discurso en el 1.° de marzo de 2025,
el presidente, al respecto señaló lo siguiente:
«(…) la bandera más revolucionaria del siglo XIX y XVIII, la bandera de la libertad
de los seres humanos que derrotó al ejército más poderoso del mundo, el ejército
napoleónico de los franceses que se olvidaron de decir igualdad, fraternidad,
libertad. Ahora no veo un congreso libre. ¿Cómo se les ocurre tener rejas negras
a su alrededor? Por eso el pueblo está levantando la bandera que levantó Bolívar
aquella vez. Esa bandera que él mismo la llamó la bandera de la guerra o
muerte. ¿Y por qué negra? Porque el negro es la muerte y el rojo es la libertad.
¿Significa esta bandera libertad o muerte? Este pueblo de Colombia vuelve a
levantar esta bandera para que no nos tomen por pendejos, no nos escriban por
ahí que es que estamos saliendo a pasear o un ratico a mirar el sol que se
esconde en Bogotá o porque decidimos un primero de mayo simplemente salir a
todas las calles de Colombia. (…) No hay paso atrás. Que lo oigan con toda
claridad. ¡Es la libertad y punto! ¡Llegó la hora de la decisión! ¡Llegó la hora de
la democracia! ¡Llegó la hora de la república y está en manos del pueblo! Por
eso se esconden allá entre la mortaja negra y nos obligan a levantar la bandera
de la libertad o muerte. La bandera del pueblo de Colombia hoy. Y no porque
nos vamos a una guerra. Ya venimos de ella y estamos cansados de ella».
(Negrillas de la Sala).
32. En cuanto a las anteriores afirmaciones, la Sala no encuentra vulnerados
los derechos fundamentales invocados en protección, teniendo en cuenta que
contrario a lo manifestado por el accionante en la demanda de tutela, se advierte
que se hace referencia a la bandera de la guerra o muerte que levantó Bolívar,
la cual simboliza los ideales de independencia. Situación que en nada afecta el
derecho a la paz, ni comporta el desconocimiento del deber del Estado de
garantizar la misma.
33. Ahora bien, para la Sala la expresión «nos obligan a levantar la bandera
de la libertad o muerte (…). Y no porque nos vamos a una guerra. Ya venimos
de ella y estamos cansados», analizada en el contexto completo de la
intervención pública, implica una reivindicación de esos ideales emancipatorios
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y una continuidad histórica de la resistencia popular, que de ninguna manera se
entiende como una incitación a la guerra como lo alega la parte actora en el
escrito de la demanda, por el contrario, en otra parte del discurso manifiesta
claramente el accionado que el llamado no es a la guerra.
34. De otra parte, refiere que las amenazas a los congresistas son
discriminatorias, obligantes e irrespetuosas porque existen mecanismos para
«concretar leyes y no como pretende el señor Gustavo Petro, quien es suprema
autoridad». Como se dijo, tales censuras se analizarán desde el punto de vista
de la afectación de los derechos fundamentales invocados, sin entrar en debate
de la posible afectación personal de los congresistas.
35. Al respecto, se advierte que el discurso del presidente fue del siguiente
tenor:
«(…) si creen que eso les basta, y entonces en una sesión del senado a
medianoche votarán, para decir no a la consulta, el pueblo de Colombia se
levanta y lo revoca, el pueblo de Colombia se levanta y lo revoca, y no crean que
va a ser como ellos piensan, porque el ladrón juzga por su condición, ellos creen
que es que vamos a entrar como una estampida, que pudiéramos, y que vamos
a llegar allá y los vamos a sacar de aquí a la fuerza, no señores, nosotros
somos respetuosos de la libertad humana, y de la dignidad humana, y los
respetamos porque son seres humanos, pero no somos pendejos, cada
nombre propio votando en contra de los derechos del pueblo, debe ser mostrado
y desnudado ante su propio pueblo»
36. De la anterior transcripción, se puede observar una postura crítica al
senador que vote en contra de la consulta popular que promovió el presidente
en la aludida intervención, la cual se enmarca en el ejercicio legítimo de la
libertad de expresión sobre el poder político, recalcando la soberanía del pueblo
y el poder representativo de los congresistas.
37. Así las cosas, aunque el discurso es enérgico, es claro que no promueve
la violencia ni el uso de la fuerza, sino una movilización en respeto por la dignidad
humana, que no implica una amenaza para los congresistas, sino una exigencia
de responsabilidad pública por los actos realizados en el ejercicio de sus
funciones, todo ello, relacionado con la consulta popular que promovió en aquella
oportunidad. Por lo tanto, para la Sala dicha intervención cumple con los
parámetros mínimos de objetividad, veracidad, justificación fáctica y
razonabilidad mencionados en precedencia.
38. En consecuencia, la Sala procederá a negar el amparo constitucional
reclamado por la parte accionante, al no configurarse ninguna vulneración ius
fundamental, de conformidad con los argumentos expuestos en la sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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Accionante: John William García Castro
FALLA
Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
John William García Castro, de acuerdo con los argumentos expuestos en la
parte motiva de la presente providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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