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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02556-01

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02556-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia, respecto de la solicitud de amparo presentada por el actor, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 24 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02556-01 Actor: JOSÉ DARÍO FORERO FERNÁNDEZ TERCERO: RECHAZAR por improcedente la pretensión del actor tendiente a que se ordene la compulsa de copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02556-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

21 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02556-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOSÉ DARÍO FORERO FERNÁNDEZ

TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SUSTRACCIÓN
DE MATERIA FRENTE A LAS PRETENSIONES EXPUESTAS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PROPIEDAD PRIVADA, LIBERTAD, MÍNIMO
VITAL Y DIGNIDAD HUMANA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la

sentencia de 17 de junio de 2025, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA -

SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1, declaró improcedente la

solicitud de amparo y negó las pretensiones respecto al defecto fáctico y al

defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

1
En adelante la SECCIÓN TERCERA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02556-01
Actor: JOSÉ DARÍO FORERO FERNÁNDEZ

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor JOSÉ DARÍO FORERO FERNÁNDEZ, actuando en nombre propio,

en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido

proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la propiedad

privada, a la libertad, al mínimo vital y a la dignidad humana, los cuales estima

vulnerados por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL

CIRCUITO DE BARRANQUILLA2 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

ATLÁNTICO3, al haber proferido las providencias de 8 de noviembre de 2024

y 17 de febrero de 2025, respectivamente, dentro del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2024-00181-01.

I.2.- Hechos

Refirió que es propietario del establecimiento de comercio identificado como

estación de servicio paseo bolívar ubicado en el DISTRITO ESPECIAL,

INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA4.

2
En adelante el JUZGADO.
3
En adelante el TRIBUNAL.
4
En adelante el DISTRITO.

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3

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Actor: JOSÉ DARÍO FORERO FERNÁNDEZ

Adujo que el ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA

VERDE5 expidió las resoluciones núms. 0446 de 14 de marzo de 2023 y 0189

de 1o. de febrero de 2024, mediante las cuales lo multó con un monto de seis

millones cuatrocientos setenta y tres mil setecientos treinta y seis

($6.473.736.oo), debido a que no actualizó el reporte de los períodos de 2009

a 2018, presentó extemporáneo el correspondiente a 2019 y solicitó la

inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos

por fuera de término.

Adujo que presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho contra el DISTRITO y EPA BARRANQUILLA

VERDE, con el objetivo de que se declarara la nulidad de los actos

administrativos acusados.

Indicó que, a su juicio, los actos mencionados vulneraron su derecho al debido

proceso y normas superiores, debido a que en un mismo auto se decidió sobre

la apertura de la investigación administrativa y la formulación de cargos, razón

por la que en la demanda solicitó como medida cautelar suspender

provisionalmente los efectos de tales actuaciones.

5
En adelante el EPA BARRANQUILLA VERDE.

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4

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Actor: JOSÉ DARÍO FORERO FERNÁNDEZ

Mencionó que el asunto le correspondió por reparto al JUZGADO que,

mediante auto de 8 de noviembre de 2024, denegó la solicitud de suspensión

provisional.

Aseguró que inconforme con la decisión presentó recurso de apelación, el cual

fue resuelto de manera confirmatoria por el TRIBUNAL en auto de 17 de

febrero de 2025.

I.3. Fundamentos de la solicitud

Indicó que tanto el JUZGADO como el TRIBUNAL exigieron requisitos no

previstos en la ley -como el expediente completo- e ignoraron el principio de

prueba sumaria y los efectos irreparables del acto, consistentes en que la

consecuencia de las sanciones allí impuestas puede ser reportadas a

centrales de riesgo.

Señaló que de acuerdo con el artículo 52 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6 (CPACA) y la sentencia C-

401 de 2010, proferida por la Corte Constitucional, la acción sancionatoria ya

había caducado y, aun así, la multa se impuso. Además, esta afecta

6
En adelante el CPACA.

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5

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gravemente el proceso de reorganización empresarial que inició ante la

Superintendencia de Sociedades en octubre de 2012.

Sostuvo que la solicitud de medida cautelar fue negada sin realizar la

confrontación entre las normas y los actos demandados, tal como lo exige el

artículo 231 del CPACA.

Asimismo, señaló que se desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado7

en la que se ha encontrado vulnerado el derecho al debido proceso cuando

una autoridad ambiental abre investigación y realiza la formulación de cargos

en un solo acto; así también, por cuanto no es necesario contar con el

expediente completo para decretar medidas cautelares cuando se allegan

documentos que permitan un juicio razonado sobre la posible ilegalidad del

acto cuestionado.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como

vulnerados y, en consecuencia:

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 15 de agosto de 2019, proceso identificado
con el número único de radicación 2011-01455-01.

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“[…] 1. Que se declare que las decisiones del juez GUILLERMO ALONSO
ARÉVALO GAITÁN y del magistrado OSCAR WILCHES DONADO vulneran
mis derechos fundamentales.

2. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene la suspensión inmediata
de los efectos jurídicos de las resoluciones 0446 de 2023 y 0189 de 2024
mientras se resuelve la demanda de nulidad.

3. Que se ordene a los jueces accionados emitir nueva decisión sobre la
medida cautelar, confrontando los actos administrativos con las normas
violadas como exige el artículo 231 de la Ley 1437.

4. Que se ordene la compulsa de copias a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, la Fiscalía General de la Nación, y la Procuraduría General de la
Nación, para que se investigue disciplinaria y penalmente la posible
prevaricación por omisión, el favorecimiento indebido a la administración
distrital y la reiterada denegación de justicia en perjuicio del accionante.

5. Que se conceda la tutela como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, dada la inminente afectación de mi patrimonio
empresarial y reputacional en medio de un proceso de reorganización
empresarial legalmente aprobado […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que las inconformidades alegadas por el

accionante son inadmisibles, por cuanto lo que se pretende es que el juez de

tutela emita una decisión frente a una discusión que corresponde debatirse

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento cuestionado, por lo

que no puede ser este el escenario para zanjar dicho debate debido a que la

acción constitucional no puede convertirse en una tercera instancia.

Adujo que la decisión de segundo grado no transgrede ningún precedente

judicial ni incurre en ningún defecto, contrario a ello, en ella se tuvo como

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fundamento la línea normativa que versa sobre las medidas cautelares en los

artículos 239 y subsiguientes del CPACA. Adicionalmente, reiteró que la

controversia presentada en la medida cautelar requiere de un análisis más

minucioso.

Agregó que no incurrió en ninguna causal específica de procedencia de la

acción de tutela contra providencia judicial, por lo que pidió que se declarara

improcedente la acción de amparo o, en su defecto, se negaran las

pretensiones de la demanda.

I.5.2.- El JUZGADO indicó que la denegación de la medida cautelar respondió

a razones estrictas de puro derecho, a la luz de las normas y del criterio de

interpretación jurídica, y que los actos administrativos demandados se

encuentran revestidos por una presunción de legalidad que no fue desvirtuada.

Señaló que los antecedentes administrativos útiles para determinar la

caducidad de la facultad sancionatoria fueron aportados el 9 de diciembre de

2024 por la parte demandada, mientras que el auto que resolvió la medida

cautelar fue proferido el 8 de noviembre de ese año. Igualmente, precisó que

el actor contaba con el recurso de reposición y, a pesar de ello, interpuso

únicamente el recurso de apelación que fue concedido ante el superior el 6 de

diciembre de esa anualidad.

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Manifestó que el recurso de apelación concedido fue garantía del debido

proceso del accionante, pues la decisión acusada fue revisada por el superior

funcional sin que exista ningún cartel como, de manera infundada e

irrespetuosa propuso el accionante, quien tenía a su disposición la posibilidad

de diferir de la decisión adoptada o, si tenía pruebas, hacer uso de la

recusación.

Indicó que el accionante hace un uso abusivo de la acción de tutela

pretendiendo convertirla en una tercera instancia, razón por la que debe

desestimarse el presente amparo por falta de relevancia constitucional.

I.6.- Interviniente

I.6.1.- El DISTRITO, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las

resultas del proceso, indicó que se configura la falta de legitimación en la causa

por pasiva. Además, la presente acción de tutela no tiene vocación para

proteger los derechos fundamentales presuntamente violentados.

Agregó que la parte actora actuó por fuera de los límites temporales fijados por

la Corte Constitucional para hacer uso de la acción de tutela contra providencia

judicial y, en ese sentido, debe declararse la improcedencia de la acción por

no cumplir el requisito de la inmediatez.

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I.6.2.- El EPA BARRANQUILLA VERDE, vinculado en calidad de tercero con

interés directo en las resultas del proceso, pese a ser notificado del presente

trámite, guardó silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 17 de junio de 2025, declaró

improcedente el amparo de tutela por no superar el requisito de subsidiariedad

respecto a que en el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que

negó la medida cautelar no se indicaron los mismos reparos que ahora se

exponen en la solicitud de amparo, esto es, que la multa afectaba la

reorganización empresarial y la caducidad de la potestad sancionadora.

De otra parte, negó las pretensiones de la demanda al considerar que la

providencia del TRIBUNAL no incurrió en defecto fáctico ni en

desconocimiento del precedente jurisprudencial, debido a que para el decreto

de la medida cautelar era necesario revisar el expediente administrativo en su

totalidad y para evitar una decisión apresurada se prefirió que tal revisión se

realizara de manera detallada a lo largo de las etapas a surtir en el proceso.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

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El actor impugnó la decisión proferida por la SECCIÓN TERCERA, reiterando

los fundamentos jurídicos planteados en el escrito introductorio.

Agregó que la acción de tutela no fue presentada como una tercera instancia

sino como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable

mencionando que la multa impuesta genera una inminente afectación a su

proceso de reorganización empresarial y destacó que la emisión de una carta

de cobro coactivo afecta su reputación financiera y su permanencia como

comerciante formal. Al respecto, señaló que probó el perjuicio irremediable con

documentación de cartera actualizada y cartas de cobro.

Indicó que los actos administrativos sancionatorios fueron expedidos cuando

ya había caducado la facultad sancionatoria y, además, que EPA

BARRANQUILLA VERDE omitió la etapa previa de indagación al abrir la

investigación y formular cargos en el mismo auto, lo que ha sido declarado

como contrario al debido proceso.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de

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noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida

en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º

del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80

de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado,

que regula la distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa

La Sala advierte que el DISTRITO solicitó su desvinculación, por cuanto, a su

juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva.

Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa

por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del
órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u
otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas
por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá
dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse
la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir
en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra
quien se hubiere hecho la solicitud […]”.

De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de

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noviembre de 20068, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva

en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

‘2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto’ [9].
(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta
misma Corporación anotó que: ‘... cuando del trámite procesal se deduce que
el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos
fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la
tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño’
[…]”.

8
Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
9
“Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de 2.002
M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

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Al respecto, es preciso indicar que dicha entidad fue vinculada como tercero

con interés en la presente acción de tutela, por cuanto fue parte demandada

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto

de controversia, razón por la cual la Sala denegará su solicitud de

desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto

se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente

núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, consejera María

Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia

jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente

la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de

la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar

al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros

jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de

2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros

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pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual

fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos

generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra

providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no
ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo
de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las
competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar
en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de
las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir

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que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida
la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la
protección de tales derechos se genera independientemente de la
incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del
juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias
a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que
el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al
interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender
la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que
proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario
acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de
procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este
sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela
contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución […]” (Destacado fuera del texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se dejen sin

efecto los autos de 8 de noviembre de 2024 y 17 de febrero de 2025,

proferidos, respectivamente, por el JUZGADO y el TRIBUNAL, dentro del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

número único de radicación 2024-00181-01.

A las citadas providencias la parte actora le atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la

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Actor: JOSÉ DARÍO FORERO FERNÁNDEZ

administración de justicia, a la propiedad privada, a la libertad, al mínimo vital

y a la dignidad humana, habida cuenta que, a su juicio, las autoridades

judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico y desconocimiento del

precedente judicial.

Los disensos de la parte actora radican en que las autoridades judiciales

exigieron requisitos no previstos en la ley -como el expediente completo- e

ignoraron el principio de prueba sumaria y los efectos irreparables del acto,

consistentes en que la consecuencia de las sanciones allí impuestas puede

ser reportadas a centrales de riesgo.

Sostuvo que la solicitud de medida cautelar fue negada sin realizar la

confrontación entre las normas y los actos demandados, tal como lo exige el

artículo 231 del CPACA.

Asimismo, señaló que se desconoció la sentencia C-401 de 2010 proferida

por la Corte Constitucional y providencias del Consejo de Estado en las que

se ha encontrado vulnerado el derecho al debido proceso cuando una

autoridad ambiental abre investigación y realiza la formulación de cargos en

un solo acto; así también, por cuanto no es necesario contar con el expediente

completo para decretar medidas cautelares cuando se allegan documentos

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que permitan un juicio razonado sobre la posible ilegalidad del acto

cuestionado.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN

TERCERA que, por un lado, declaró improcedente el amparo por no cumplir

con el requisito de subsidiariedad frente a los reparos referentes a que la multa

impuesta afectaba la reorganización empresarial y respecto de la caducidad

de la potestad sancionadora.

De otra parte, negó las pretensiones de la demanda al considerar que la

providencia del TRIBUNAL no incurrió en defecto fáctico ni en

desconocimiento del precedente jurisprudencial, debido a que para el decreto

de la medida cautelar era necesario revisar el expediente administrativo en su

totalidad.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión proferida en

primera instancia y señaló que, el presente asunto no corresponde a una

tercera instancia sino a un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio

irremediable, por cuanto la multa impuesta genera una inminente afectación a

su proceso de reorganización empresarial y destacó que la emisión de una

carta de cobro coactivo afecta su reputación financiera y su permanencia como

comerciante formal.

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Actor: JOSÉ DARÍO FORERO FERNÁNDEZ

Indicó que los actos administrativos sancionatorios fueron expedidos cuando

ya había caducado la facultad sancionatoria y, además, que EPA

BARRANQUILLA VERDE omitió la etapa previa de indagación al abrir la

investigación y formular cargos en el mismo auto, lo que ha sido declarado

como contrario al debido proceso.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a resolver

consiste en determinar si en el presente caso es procedente o no declarar la

carencia actual de objeto por sustracción de materia, y si la respuesta al

anterior interrogante es negativa, corresponde establecer si se cumplen los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencia judicial; y, de ser así, se establecerá si la autoridad judicial

accionada vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos

alegados.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que de las

actuaciones registradas en el aplicativo de consulta SAMAI se logra evidenciar

que, con posterioridad a las providencias cuestionadas, el JUZGADO

mediante sentencia de 1o. de agosto de 2025, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones No.
0446 del 14 de marzo de 2023 y 0189 de fecha 1 de febrero de 2024,
proferido por Director General del Establecimiento Público Ambiental
Barranquilla Verde., que declaró responsable y se sancionó al señor

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Actor: JOSÉ DARÍO FORERO FERNÁNDEZ

JOSÉ DARÍO FORERO FERNÁNDEZ por la presunta comisión de la
infracción de las obligaciones contempladas en los artículos 2 y 5 de la
Resolución 1362 de 2007 por solicitud extemporánea para la inscripción
en el registro de generadores de residuos o de desechos peligrosos y por
la no actualización de la información de los periodos de balance de 2011,
2012, 2017, 2018 y 2019 , conforme lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que
el señor JOSE DARIO FORERO FERNÁNDEZ no está obligado a
cancelar valor alguno a favor del Establecimiento Público Ambiental
Barranquilla Verde y en caso de que se haya realizado se devolverá a la
parte demandante, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia […]”.

En el caso sub examine y conforme lo expuesto supra, la Sala observa que

lo que pretendía el actor con la acción de tutela de la referencia era que se

ordenara la suspensión provisional de las resoluciones núms. 0446 de 14 de

marzo de 2023 y 0189 de 1o. de febrero 2024, la cual había sido negada a

través de las providencias judiciales cuestionadas, no obstante, tal pretensión

ya aconteció en sentencia de primera instancia dentro del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de controversia, pues tales

actos administrativos fueron declarados nulos por el JUZGADO, como quedó

visto anteriormente, por lo que se configuró la carencia actual de objeto por

sustracción de materia.

Ahora bien, la Sala Plena de esta Corporación frente a la carencia actual de

objeto por sustracción de materia, ha señalado, lo siguiente:

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Actor: JOSÉ DARÍO FORERO FERNÁNDEZ

“[…] El Consejo de Estado, en su función de ‘tribunal supremo de lo
contencioso administrativo’, ha entendido por sustracción de materia la
desaparición de los supuestos, hechos o normas que sustentan un medio
de control, antes acción, lo cual ocasiona que el juez no pueda
pronunciarse porque se ha extinguido la causa que originó́ el acudir a la
jurisdicción.

‘De acuerdo con la jurisprudencia contencioso administrativa de esta
Corporación, si las causas que originaron el ejercicio del medio de control
desaparecen, el juez debe declararse inhibido para resolver el asunto ya
que no hay objeto que se sujete a una sentencia. Lo anterior, porque la
sustracción de materia, admitida por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo como causal para inhibirse, opera cuando la relación
sustancial o material que originó la litis ha variado de sentido, o incluso
desaparecido […]”10.

La Corte Constitucional11 se ha referido a la carencia actual de objeto por

sustracción de materia en los siguientes términos:

“[…] 3. Carencia actual de objeto por sustracción de materia

Conforme al artículo 86 de la Carta Política, toda persona tiene acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, y ‘(…) la protección consistirá
en una orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe
o se abstenga de hacerlo’.

Así, cuando los supuestos de hecho que dan lugar a la amenaza o
violación de los derechos fundamentales desaparecen, dado que sobre
el asunto debatido ya hay una solución, se configura la carencia actual
de objeto por sustracción de materia.

Esta Corporación, al resolver una acción de tutela interpuesta por un
Concejal minusválido de la ciudad de Tunja, contra la Alcaldía de esa
misma municipalidad, porque las instalaciones del Consejo no tenían las
facilidades de acceso para personas como él; expuso el criterio de la
carencia actual de objeto por sustracción de materia, dado que no había
objeto jurídico tutelable al fallar el asunto, pues se encontró que el
accionante ya no ejercía como concejal. Así, dijo en tal oportunidad[8]:

“Carencia actual de objeto por sustracción de materia

10
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 19 de julio de 2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
11
Sentencia T-204 de 12 de abril de 2013, M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Actor: JOSÉ DARÍO FORERO FERNÁNDEZ

Durante el transcurso del proceso pueden sobrevenir hechos que
cambien la situación del accionante frente a la entidad accionada. (…) Se
presenta, en consecuencia, una inexistencia del objeto jurídico tutelable.

Esta Corporación ha considerado que cuando el hecho está superado, la
protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez
de tutela queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección del
derecho fundamental invocado […]”.

De lo anterior se colige que la carencia actual de objeto, por sustracción

de materia, se configura en aquellos casos en que deja de existir el objeto

jurídico respecto del cual el juez constitucional debe tomar una decisión,

por lo cual, la protección a través de la tutela pierde sentido y, en

consecuencia, el juez constitucional queda imposibilitado para emitir orden

alguna de protección del derecho fundamental invocado, tal y como ocurre en

el presente caso.

Aplicando dicho criterio al caso bajo examen, se advierte que no hay lugar a

emitir un pronunciamiento de fondo dentro del presente asunto, toda vez que

existe carencia actual de objeto por sustracción de materia, pues, en efecto,

la pretensión incoada por vía de tutela ya fue resuelta como se indicó supra.

Por último, frente a la pretensión del actor expuesta en el presente mecanismo

de amparo tendiente a que se ordene la compulsa de copias a la Comisión

Nacional de Disciplina Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y la

Procuraduría General de la Nación, para que se investigue disciplinaria y

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penalmente a los administradores de justicia que profirieron los autos

cuestionados, se resalta que la acción de tutela no está instituida para analizar

y resolver tales asuntos, además que tal situación debe ser ventilada por el

accionante directamente ante las autoridades judiciales y/o disciplinarias

competentes, razón por la que se rechazará por improcedente, como en efecto

de dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la

República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación

en la causa por pasiva presentada por el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL

Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR

la carencia actual de objeto por sustracción de materia, respecto de la solicitud

de amparo presentada por el actor, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

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Actor: JOSÉ DARÍO FORERO FERNÁNDEZ

TERCERO: RECHAZAR por improcedente la pretensión del actor tendiente a

que se ordene la compulsa de copias a la Comisión Nacional de Disciplina

Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la

Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual

revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de agosto de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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