Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02556-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02556-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02556-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
21 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02556-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOSÉ DARÍO FORERO FERNÁNDEZ
TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SUSTRACCIÓN
DE MATERIA FRENTE A LAS PRETENSIONES EXPUESTAS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PROPIEDAD PRIVADA, LIBERTAD, MÍNIMO
VITAL Y DIGNIDAD HUMANA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de 17 de junio de 2025, mediante la cual la SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1, declaró improcedente la
solicitud de amparo y negó las pretensiones respecto al defecto fáctico y al
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
1
En adelante la SECCIÓN TERCERA.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02556-01
Actor: JOSÉ DARÍO FORERO FERNÁNDEZ
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor JOSÉ DARÍO FORERO FERNÁNDEZ, actuando en nombre propio,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la propiedad
privada, a la libertad, al mínimo vital y a la dignidad humana, los cuales estima
vulnerados por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE BARRANQUILLA2 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO3, al haber proferido las providencias de 8 de noviembre de 2024
y 17 de febrero de 2025, respectivamente, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2024-00181-01.
I.2.- Hechos
Refirió que es propietario del establecimiento de comercio identificado como
estación de servicio paseo bolívar ubicado en el DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA4.
2
En adelante el JUZGADO.
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En adelante el TRIBUNAL.
4
En adelante el DISTRITO.
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Actor: JOSÉ DARÍO FORERO FERNÁNDEZ
Adujo que el ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA
VERDE5 expidió las resoluciones núms. 0446 de 14 de marzo de 2023 y 0189
de 1o. de febrero de 2024, mediante las cuales lo multó con un monto de seis
millones cuatrocientos setenta y tres mil setecientos treinta y seis
($6.473.736.oo), debido a que no actualizó el reporte de los períodos de 2009
a 2018, presentó extemporáneo el correspondiente a 2019 y solicitó la
inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos
por fuera de término.
Adujo que presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el DISTRITO y EPA BARRANQUILLA
VERDE, con el objetivo de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos acusados.
Indicó que, a su juicio, los actos mencionados vulneraron su derecho al debido
proceso y normas superiores, debido a que en un mismo auto se decidió sobre
la apertura de la investigación administrativa y la formulación de cargos, razón
por la que en la demanda solicitó como medida cautelar suspender
provisionalmente los efectos de tales actuaciones.
5
En adelante el EPA BARRANQUILLA VERDE.
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Mencionó que el asunto le correspondió por reparto al JUZGADO que,
mediante auto de 8 de noviembre de 2024, denegó la solicitud de suspensión
provisional.
Aseguró que inconforme con la decisión presentó recurso de apelación, el cual
fue resuelto de manera confirmatoria por el TRIBUNAL en auto de 17 de
febrero de 2025.
I.3. Fundamentos de la solicitud
Indicó que tanto el JUZGADO como el TRIBUNAL exigieron requisitos no
previstos en la ley -como el expediente completo- e ignoraron el principio de
prueba sumaria y los efectos irreparables del acto, consistentes en que la
consecuencia de las sanciones allí impuestas puede ser reportadas a
centrales de riesgo.
Señaló que de acuerdo con el artículo 52 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6 (CPACA) y la sentencia C-
401 de 2010, proferida por la Corte Constitucional, la acción sancionatoria ya
había caducado y, aun así, la multa se impuso. Además, esta afecta
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En adelante el CPACA.
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gravemente el proceso de reorganización empresarial que inició ante la
Superintendencia de Sociedades en octubre de 2012.
Sostuvo que la solicitud de medida cautelar fue negada sin realizar la
confrontación entre las normas y los actos demandados, tal como lo exige el
artículo 231 del CPACA.
Asimismo, señaló que se desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado7
en la que se ha encontrado vulnerado el derecho al debido proceso cuando
una autoridad ambiental abre investigación y realiza la formulación de cargos
en un solo acto; así también, por cuanto no es necesario contar con el
expediente completo para decretar medidas cautelares cuando se allegan
documentos que permitan un juicio razonado sobre la posible ilegalidad del
acto cuestionado.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como
vulnerados y, en consecuencia:
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 15 de agosto de 2019, proceso identificado
con el número único de radicación 2011-01455-01.
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“[…] 1. Que se declare que las decisiones del juez GUILLERMO ALONSO
ARÉVALO GAITÁN y del magistrado OSCAR WILCHES DONADO vulneran
mis derechos fundamentales.
2. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene la suspensión inmediata
de los efectos jurídicos de las resoluciones 0446 de 2023 y 0189 de 2024
mientras se resuelve la demanda de nulidad.
3. Que se ordene a los jueces accionados emitir nueva decisión sobre la
medida cautelar, confrontando los actos administrativos con las normas
violadas como exige el artículo 231 de la Ley 1437.
4. Que se ordene la compulsa de copias a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, la Fiscalía General de la Nación, y la Procuraduría General de la
Nación, para que se investigue disciplinaria y penalmente la posible
prevaricación por omisión, el favorecimiento indebido a la administración
distrital y la reiterada denegación de justicia en perjuicio del accionante.
5. Que se conceda la tutela como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable, dada la inminente afectación de mi patrimonio
empresarial y reputacional en medio de un proceso de reorganización
empresarial legalmente aprobado […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que las inconformidades alegadas por el
accionante son inadmisibles, por cuanto lo que se pretende es que el juez de
tutela emita una decisión frente a una discusión que corresponde debatirse
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento cuestionado, por lo
que no puede ser este el escenario para zanjar dicho debate debido a que la
acción constitucional no puede convertirse en una tercera instancia.
Adujo que la decisión de segundo grado no transgrede ningún precedente
judicial ni incurre en ningún defecto, contrario a ello, en ella se tuvo como
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fundamento la línea normativa que versa sobre las medidas cautelares en los
artículos 239 y subsiguientes del CPACA. Adicionalmente, reiteró que la
controversia presentada en la medida cautelar requiere de un análisis más
minucioso.
Agregó que no incurrió en ninguna causal específica de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial, por lo que pidió que se declarara
improcedente la acción de amparo o, en su defecto, se negaran las
pretensiones de la demanda.
I.5.2.- El JUZGADO indicó que la denegación de la medida cautelar respondió
a razones estrictas de puro derecho, a la luz de las normas y del criterio de
interpretación jurídica, y que los actos administrativos demandados se
encuentran revestidos por una presunción de legalidad que no fue desvirtuada.
Señaló que los antecedentes administrativos útiles para determinar la
caducidad de la facultad sancionatoria fueron aportados el 9 de diciembre de
2024 por la parte demandada, mientras que el auto que resolvió la medida
cautelar fue proferido el 8 de noviembre de ese año. Igualmente, precisó que
el actor contaba con el recurso de reposición y, a pesar de ello, interpuso
únicamente el recurso de apelación que fue concedido ante el superior el 6 de
diciembre de esa anualidad.
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Manifestó que el recurso de apelación concedido fue garantía del debido
proceso del accionante, pues la decisión acusada fue revisada por el superior
funcional sin que exista ningún cartel como, de manera infundada e
irrespetuosa propuso el accionante, quien tenía a su disposición la posibilidad
de diferir de la decisión adoptada o, si tenía pruebas, hacer uso de la
recusación.
Indicó que el accionante hace un uso abusivo de la acción de tutela
pretendiendo convertirla en una tercera instancia, razón por la que debe
desestimarse el presente amparo por falta de relevancia constitucional.
I.6.- Interviniente
I.6.1.- El DISTRITO, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las
resultas del proceso, indicó que se configura la falta de legitimación en la causa
por pasiva. Además, la presente acción de tutela no tiene vocación para
proteger los derechos fundamentales presuntamente violentados.
Agregó que la parte actora actuó por fuera de los límites temporales fijados por
la Corte Constitucional para hacer uso de la acción de tutela contra providencia
judicial y, en ese sentido, debe declararse la improcedencia de la acción por
no cumplir el requisito de la inmediatez.
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I.6.2.- El EPA BARRANQUILLA VERDE, vinculado en calidad de tercero con
interés directo en las resultas del proceso, pese a ser notificado del presente
trámite, guardó silencio.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 17 de junio de 2025, declaró
improcedente el amparo de tutela por no superar el requisito de subsidiariedad
respecto a que en el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que
negó la medida cautelar no se indicaron los mismos reparos que ahora se
exponen en la solicitud de amparo, esto es, que la multa afectaba la
reorganización empresarial y la caducidad de la potestad sancionadora.
De otra parte, negó las pretensiones de la demanda al considerar que la
providencia del TRIBUNAL no incurrió en defecto fáctico ni en
desconocimiento del precedente jurisprudencial, debido a que para el decreto
de la medida cautelar era necesario revisar el expediente administrativo en su
totalidad y para evitar una decisión apresurada se prefirió que tal revisión se
realizara de manera detallada a lo largo de las etapas a surtir en el proceso.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
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El actor impugnó la decisión proferida por la SECCIÓN TERCERA, reiterando
los fundamentos jurídicos planteados en el escrito introductorio.
Agregó que la acción de tutela no fue presentada como una tercera instancia
sino como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable
mencionando que la multa impuesta genera una inminente afectación a su
proceso de reorganización empresarial y destacó que la emisión de una carta
de cobro coactivo afecta su reputación financiera y su permanencia como
comerciante formal. Al respecto, señaló que probó el perjuicio irremediable con
documentación de cartera actualizada y cartas de cobro.
Indicó que los actos administrativos sancionatorios fueron expedidos cuando
ya había caducado la facultad sancionatoria y, además, que EPA
BARRANQUILLA VERDE omitió la etapa previa de indagación al abrir la
investigación y formular cargos en el mismo auto, lo que ha sido declarado
como contrario al debido proceso.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de
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noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida
en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º
del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80
de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
que regula la distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión previa
La Sala advierte que el DISTRITO solicitó su desvinculación, por cuanto, a su
juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva.
Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del
órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u
otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas
por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá
dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse
la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir
en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra
quien se hubiere hecho la solicitud […]”.
De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
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noviembre de 20068, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
‘2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto’ [9].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta
misma Corporación anotó que: ‘... cuando del trámite procesal se deduce que
el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos
fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la
tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe
cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño’
[…]”.
8
Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
9
“Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562 de 2.002
M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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Al respecto, es preciso indicar que dicha entidad fue vinculada como tercero
con interés en la presente acción de tutela, por cuanto fue parte demandada
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto
de controversia, razón por la cual la Sala denegará su solicitud de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente
núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, consejera María
Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia
jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente
la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de
la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar
al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros
jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de
2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros
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pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual
fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos
generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no
ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo
de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las
competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar
en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de
las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir
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que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida
la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la
protección de tales derechos se genera independientemente de la
incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del
juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias
a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que
el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al
interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender
la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que
proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario
acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de
procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este
sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela
contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución […]” (Destacado fuera del texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se dejen sin
efecto los autos de 8 de noviembre de 2024 y 17 de febrero de 2025,
proferidos, respectivamente, por el JUZGADO y el TRIBUNAL, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 2024-00181-01.
A las citadas providencias la parte actora le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
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administración de justicia, a la propiedad privada, a la libertad, al mínimo vital
y a la dignidad humana, habida cuenta que, a su juicio, las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico y desconocimiento del
precedente judicial.
Los disensos de la parte actora radican en que las autoridades judiciales
exigieron requisitos no previstos en la ley -como el expediente completo- e
ignoraron el principio de prueba sumaria y los efectos irreparables del acto,
consistentes en que la consecuencia de las sanciones allí impuestas puede
ser reportadas a centrales de riesgo.
Sostuvo que la solicitud de medida cautelar fue negada sin realizar la
confrontación entre las normas y los actos demandados, tal como lo exige el
artículo 231 del CPACA.
Asimismo, señaló que se desconoció la sentencia C-401 de 2010 proferida
por la Corte Constitucional y providencias del Consejo de Estado en las que
se ha encontrado vulnerado el derecho al debido proceso cuando una
autoridad ambiental abre investigación y realiza la formulación de cargos en
un solo acto; así también, por cuanto no es necesario contar con el expediente
completo para decretar medidas cautelares cuando se allegan documentos
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que permitan un juicio razonado sobre la posible ilegalidad del acto
cuestionado.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN
TERCERA que, por un lado, declaró improcedente el amparo por no cumplir
con el requisito de subsidiariedad frente a los reparos referentes a que la multa
impuesta afectaba la reorganización empresarial y respecto de la caducidad
de la potestad sancionadora.
De otra parte, negó las pretensiones de la demanda al considerar que la
providencia del TRIBUNAL no incurrió en defecto fáctico ni en
desconocimiento del precedente jurisprudencial, debido a que para el decreto
de la medida cautelar era necesario revisar el expediente administrativo en su
totalidad.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión proferida en
primera instancia y señaló que, el presente asunto no corresponde a una
tercera instancia sino a un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, por cuanto la multa impuesta genera una inminente afectación a
su proceso de reorganización empresarial y destacó que la emisión de una
carta de cobro coactivo afecta su reputación financiera y su permanencia como
comerciante formal.
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Indicó que los actos administrativos sancionatorios fueron expedidos cuando
ya había caducado la facultad sancionatoria y, además, que EPA
BARRANQUILLA VERDE omitió la etapa previa de indagación al abrir la
investigación y formular cargos en el mismo auto, lo que ha sido declarado
como contrario al debido proceso.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a resolver
consiste en determinar si en el presente caso es procedente o no declarar la
carencia actual de objeto por sustracción de materia, y si la respuesta al
anterior interrogante es negativa, corresponde establecer si se cumplen los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial; y, de ser así, se establecerá si la autoridad judicial
accionada vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos
alegados.
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que de las
actuaciones registradas en el aplicativo de consulta SAMAI se logra evidenciar
que, con posterioridad a las providencias cuestionadas, el JUZGADO
mediante sentencia de 1o. de agosto de 2025, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones No.
0446 del 14 de marzo de 2023 y 0189 de fecha 1 de febrero de 2024,
proferido por Director General del Establecimiento Público Ambiental
Barranquilla Verde., que declaró responsable y se sancionó al señor
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JOSÉ DARÍO FORERO FERNÁNDEZ por la presunta comisión de la
infracción de las obligaciones contempladas en los artículos 2 y 5 de la
Resolución 1362 de 2007 por solicitud extemporánea para la inscripción
en el registro de generadores de residuos o de desechos peligrosos y por
la no actualización de la información de los periodos de balance de 2011,
2012, 2017, 2018 y 2019 , conforme lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que
el señor JOSE DARIO FORERO FERNÁNDEZ no está obligado a
cancelar valor alguno a favor del Establecimiento Público Ambiental
Barranquilla Verde y en caso de que se haya realizado se devolverá a la
parte demandante, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia […]”.
En el caso sub examine y conforme lo expuesto supra, la Sala observa que
lo que pretendía el actor con la acción de tutela de la referencia era que se
ordenara la suspensión provisional de las resoluciones núms. 0446 de 14 de
marzo de 2023 y 0189 de 1o. de febrero 2024, la cual había sido negada a
través de las providencias judiciales cuestionadas, no obstante, tal pretensión
ya aconteció en sentencia de primera instancia dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de controversia, pues tales
actos administrativos fueron declarados nulos por el JUZGADO, como quedó
visto anteriormente, por lo que se configuró la carencia actual de objeto por
sustracción de materia.
Ahora bien, la Sala Plena de esta Corporación frente a la carencia actual de
objeto por sustracción de materia, ha señalado, lo siguiente:
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“[…] El Consejo de Estado, en su función de ‘tribunal supremo de lo
contencioso administrativo’, ha entendido por sustracción de materia la
desaparición de los supuestos, hechos o normas que sustentan un medio
de control, antes acción, lo cual ocasiona que el juez no pueda
pronunciarse porque se ha extinguido la causa que originó́ el acudir a la
jurisdicción.
‘De acuerdo con la jurisprudencia contencioso administrativa de esta
Corporación, si las causas que originaron el ejercicio del medio de control
desaparecen, el juez debe declararse inhibido para resolver el asunto ya
que no hay objeto que se sujete a una sentencia. Lo anterior, porque la
sustracción de materia, admitida por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo como causal para inhibirse, opera cuando la relación
sustancial o material que originó la litis ha variado de sentido, o incluso
desaparecido […]”10.
La Corte Constitucional11 se ha referido a la carencia actual de objeto por
sustracción de materia en los siguientes términos:
“[…] 3. Carencia actual de objeto por sustracción de materia
Conforme al artículo 86 de la Carta Política, toda persona tiene acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, y ‘(…) la protección consistirá
en una orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe
o se abstenga de hacerlo’.
Así, cuando los supuestos de hecho que dan lugar a la amenaza o
violación de los derechos fundamentales desaparecen, dado que sobre
el asunto debatido ya hay una solución, se configura la carencia actual
de objeto por sustracción de materia.
Esta Corporación, al resolver una acción de tutela interpuesta por un
Concejal minusválido de la ciudad de Tunja, contra la Alcaldía de esa
misma municipalidad, porque las instalaciones del Consejo no tenían las
facilidades de acceso para personas como él; expuso el criterio de la
carencia actual de objeto por sustracción de materia, dado que no había
objeto jurídico tutelable al fallar el asunto, pues se encontró que el
accionante ya no ejercía como concejal. Así, dijo en tal oportunidad[8]:
“Carencia actual de objeto por sustracción de materia
10
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 19 de julio de 2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
11
Sentencia T-204 de 12 de abril de 2013, M.P Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Durante el transcurso del proceso pueden sobrevenir hechos que
cambien la situación del accionante frente a la entidad accionada. (…) Se
presenta, en consecuencia, una inexistencia del objeto jurídico tutelable.
Esta Corporación ha considerado que cuando el hecho está superado, la
protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez
de tutela queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección del
derecho fundamental invocado […]”.
De lo anterior se colige que la carencia actual de objeto, por sustracción
de materia, se configura en aquellos casos en que deja de existir el objeto
jurídico respecto del cual el juez constitucional debe tomar una decisión,
por lo cual, la protección a través de la tutela pierde sentido y, en
consecuencia, el juez constitucional queda imposibilitado para emitir orden
alguna de protección del derecho fundamental invocado, tal y como ocurre en
el presente caso.
Aplicando dicho criterio al caso bajo examen, se advierte que no hay lugar a
emitir un pronunciamiento de fondo dentro del presente asunto, toda vez que
existe carencia actual de objeto por sustracción de materia, pues, en efecto,
la pretensión incoada por vía de tutela ya fue resuelta como se indicó supra.
Por último, frente a la pretensión del actor expuesta en el presente mecanismo
de amparo tendiente a que se ordene la compulsa de copias a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y la
Procuraduría General de la Nación, para que se investigue disciplinaria y
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penalmente a los administradores de justicia que profirieron los autos
cuestionados, se resalta que la acción de tutela no está instituida para analizar
y resolver tales asuntos, además que tal situación debe ser ventilada por el
accionante directamente ante las autoridades judiciales y/o disciplinarias
competentes, razón por la que se rechazará por improcedente, como en efecto
de dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva presentada por el DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL
Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR
la carencia actual de objeto por sustracción de materia, respecto de la solicitud
de amparo presentada por el actor, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
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TERCERO: RECHAZAR por improcedente la pretensión del actor tendiente a
que se ordene la compulsa de copias a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la
Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de agosto de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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