Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02560-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02560-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02560-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
16 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02560-00
Demandante: Rigoberto Rivera Herrera
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Primera de Decisión y
otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia -
Falta de relevancia constitucional.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo
constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 2 de mayo de 2025, el señor Rigoberto Rivera Herrera presentó acción de tutela
en busca de que se dejara sin efectos el auto del 5 de noviembre de 2024, proferido
por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, en el marco
del proceso de reparación directa2 que promovió el actor junto con otros3 en contra
de la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación
Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, el municipio de Sahagún
y las sociedades Inversiones Avanade & CIA S.A.S. y Petromil Gas S.A. ESP.
2. Dicho proceso se inició con el propósito de que se declarara la responsabilidad de
las demandadas por los daños causados por los olores y ruidos generados por la
planta de almacenamiento y distribución de gas vehicular “EDS GNCV PETROMIL
LA LUCHA” de propiedad de las empresas accionadas, así como por la omisión de
las entidades públicas de implementar medidas correctivas para mitigar o hacer
cesar dicha afectación.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Con radicado número 23001-33-33-002-2016-00466-02.
3 Danith Esteban Rivera González; Olga Isabel Medrano González; Mirley Patricia Rivera Medrano; Juan Pablo
y Geider Luis López Rivera.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02560-00
Demandante: Rigoberto Rivera Herrera
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Primera de Decisión y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
3. A través del proveído del 5 de noviembre de 2024, el Tribunal enjuiciado confirmó
la decisión de primera instancia4, por medio de la cual se declaró probada la
excepción de caducidad propuesta por las demandadas.
4.Concluyó que el término de la caducidad debía empezar a contabilizarse a partir
del 6 de enero de 2014, al día siguiente del primer incidente con los ruidos y olores
producidos por la planta de gas que obligó a los demandantes a abandonar su
propiedad y a poner en conocimiento de las entidades públicas dicha irregularidad,
sin que estas desplegaran acciones efectivas. Dicho plazo se interrumpió el 5 de
enero de 2016, con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial, y se
reanudó el 23 de febrero siguiente, fecha en la que se suscribió el acta de constancia
de no conciliación. Por lo tanto, el término para acudir a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo fenecía el 24 de febrero de ese mismo año. No obstante,
la demanda se radicó el 19 de septiembre de 2016.
5. Como sustento de sus pretensiones, la parte actora alegó que las autoridades
judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y debido proceso al incurrir en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente.
6. Indicóque los falladores no tuvieron en cuenta que el daño reclamado es de
carácter permanente o continuo, dado que se produce día tras día. Según afirma,
desde la apertura de la planta de gas y hasta la actualidad, ninguna de las entidades
demandadas ha adoptado medidas efectivas para que cesen los daños, lo que
constituye un claro incumplimiento de sus obligaciones legales en materia ambiental.
Tanto así que su grupo familiar continúa presentado quejas ante las empresas y las
autoridades demandadas.
7. Esa omisión, en su criterio, condujo a que se considerara de forma errónea que el
término de caducidad empezó a correr desde el primer momento en que se manifestó
el daño, desconociendo que, conforme la jurisprudencia del Consejo de Estado5,
cuando se trata de daños de carácter continuado, el plazo solo empieza a
contabilizarse una vez cesa la causa generadora del daño o cuando este se
consolida.
B. Trámite procesal
8. Mediante auto del 7 de mayo de 2025, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela; (ii)
notificar de su presentación a las autoridades enjuiciadas (iii) vincular, en calidad de
terceros con interés, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la
4 El auto del 17 de agosto de 2023 dictado por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería.
5 Para tales efectos, citó un extracto de la sentencia del 1° de julio de 2021, expedida por la Sección Segunda,
Subsección B Consejo de Estado, en el marco de la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2021-03259-
00.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02560-00
Demandante: Rigoberto Rivera Herrera
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Primera de Decisión y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, al municipio
de Sahagún, a Inversiones Avanade & CIA S.A.S., a Petromil Gas S.A. E.S.P., así
como a los señores Danith Esteban Rivera González; Olga Isabel Medrano
González; Mirley Patricia Rivera Medrano; Juan Pablo y Geider Luis López Rivera;
(iv) comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; y
(v) requerir al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería para que
remitiera copia digital del expediente con radicado número 23001-33-33-002-2016-
00466-00/02.
(i) Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería6
9. Señaló que la solicitud de amparo no cumple con el presupuesto general de
relevancia constitucional, comoquiera que su objeto es convertir la acción de tutela
en una tercera instancia.
(ii) Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible7
10. Solicitósu desvinculación del trámite de tutela al estimar que carece de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no es la llamada a responder por
la vulneración de derechos que se alega.
(iii) Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge8
11. Adujo que la acción constitucional se torna improcedente por carecer de
inmediatez, en la medida que los hechos alegados ocurrieron entre los años 2014,
2016 y 2023, el actuar judicial que originó la interposición de la solicitud de amparo
data del año 2024 y la demanda tutela se presentó en mayo de 2025.
(iv) Municipio de Sahagún9
12. Seopuso a las pretensiones de la demanda, alegando que las providencias
acusadas no comportan una vulneración a los derechos fundamentales objeto de
reclamo.
(v) Inversiones Avanade & CIA S.A.S. y Petromil Gas S.A. E.S.P.10
13. Manifestaron que las autoridades accionadas no incurrieron en los yerros
endilgados, ya que las decisiones que adoptaron se fundamentaron en el marco
normativo y jurisprudencial aplicable al asunto, así como en un análisis razonado y
6 Intervención digital contenida en 5 folios.
7 Intervención digital contenida en 13 folios.
8 Intervención digital contenida en 4 folios.
9 Intervención digital contenida en 4 folios.
10 Intervención digital contenida en 4 folios.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02560-00
Demandante: Rigoberto Rivera Herrera
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Primera de Decisión y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
motivado del material probatorio. Arguyeron que se aplicó en forma debida lo
dispuesto en el artículo 164 del CPACA. Además, resaltaron que, conforme la
jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación, los efectos prolongados
de un daño no interrumpen ni reinician el término de caducidad.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Cuestión previa
14. La Sala negará la solicitud de desvinculación propuesta por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, toda vez que le asiste un interés legítimo para
intervenir en el presente asunto, en la medida que ostentó la calidad de parte
demandada dentro del proceso en el cual se profirió la providencia que pretende
dejarse sin efectos.
D. Caso concreto
15. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo, tras advertir que no
satisface el requisito general de relevancia constitucional, toda vez que su propósito
es emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario
objeto de reproche.
16. Al igual que en el escrito de tutela, en el recurso de apelación interpuesto contra
la decisión adoptada por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería,
que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación
directa, el actor cuestionó el cómputo del término de caducidad. En su criterio, este
no podía empezar a contabilizarse a partir de la manifestación del hecho dañoso,
como lo hizo el A quo, por tratarse de un daño de carácter continuado, que se genera
día tras día.
17. A efectos de abordar el estudio de la caducidad, el Tribunal accionado, en el auto
del 5 de noviembre de 2024, precisó sobre la necesidad de diferenciar entre el daño
imputado a los particulares -derivado de la puesta en funcionamiento de la planta de
distribución de gas vehicular- y el daño atribuido a las entidades públicas por la
omisión de adoptar las medidas correspondientes para mitigar o hacer cesar la
afectación causada con ocasión del funcionamiento irregular de la referida planta.
18. Señaló que el daño reclamado frente a las empresas de carácter privado podría
ser demandado ante la jurisdicción ordinaria, sin que la acción esté sujeta a ningún
tipo de caducidad, sino a la prescripción extintiva o liberatoria. En cambio, aquel
endilgado a la administración sí se encuentra sometido al término de caducidad
previsto en el artículo 164 del CPACA, por tratarse de un asunto propio de la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02560-00
Demandante: Rigoberto Rivera Herrera
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Primera de Decisión y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
19. En ese orden de ideas, indicó que el análisis de la oportunidad del medio de control
únicamente debía efectuarse respecto de la conducta omisiva atribuida a las
entidades públicas demandadas, ya que los particulares que fueron accionados no
constituyen un litis consorcio necesario, sino facultativo, pese a que se reclamen los
mismos perjuicios.
20. Hecha esa precisión, destacó que, conforme la jurisprudencia del Consejo de
Estado, tratándose de daños derivados de omisiones, el cómputo del término de
caducidad inicia a partir del momento en que se incumpla la obligación legal, siempre
que el incumplimiento coincida con la producción del daño. En caso contrario, deberá
contarse a partir de dicha existencia o de la manifestación fáctica del mismo. Resaltó,
además, que si bien la ocurrencia de la omisión marca el punto de partida para acudir
a la jurisdicción, cuando no es posible conocer en el mismo momento cuáles son sus
consecuencias inmediatas, debe considerarse la fecha en la que se determina que
el perjuicio es irreversible.
21. Con fundamento en lo anterior, la autoridad judicial concluyó que el término de
caducidad debía empezar a contabilizarse desde el 6 de enero de 2014, esto es, al
día siguiente del primer incidente con los ruidos y olores producidos por la planta de
gas, que obligó a los demandantes no solo a abandonar su propiedad, sino también
a poner en conocimiento de las autoridades el funcionamiento irregular de la planta,
sin que aquellas hubieran desplegado acciones efectivas, quienes serían
hipotéticamente responsables por omitir el deber legal de cerrarla o de adoptar
cualquier otra medida ante un daño que se revelaba irreversible.
22. Por ende, consideró que no podía acogerse el alegato del recurrente para la
contabilización del término de caducidad, ya que el daño reclamado no revestía el
carácter de continuado, pues el actuar omisivo desplegado por la administración se
configuró en una fecha específica que fue determinada en la misma demanda,
aunque sus efectos se proyectaran en el tiempo.
23. Talrazonamiento no solo resulta coherente con los elementos probatorios
arrimados al proceso, sino también con la jurisprudencia de esta Corporación11, la
cual ha sostenido reiteradamente que debe distinguirse entre el daño continuado y
los daños de naturaleza inmediata, cuyos efectos se extienden en el tiempo. Si el
daño se causa en un momento determinado y se conoce desde entonces, el término
de caducidad debe contabilizarse a partir de ese momento, aun cuando sus
consecuencias se prolonguen en el tiempo, pues ello corresponde a la agravación o
magnitud del daño, pero no tiene incidencia en el conteo de la caducidad.
24. En ese sentido, ha precisado que aunque en ciertos eventos el daño pueda
11 Al respecto, ver sentencias del 19 de abril de 2024, exp. 76001-23-31-000-2011-01412-01, C.P. José Roberto
Sáchica Méndez y 6 de noviembre de 2020, exp. 76001-23-31-000-2008-00222 01, C.P. María Adriana Marín;
entre otras.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02560-00
Demandante: Rigoberto Rivera Herrera
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Primera de Decisión y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
prolongarse o agravarse en el tiempo con posterioridad a los hechos dañosos que
motivaron el ejercicio del medio de control, esto no implica que el término de
caducidad se extienda o se suspenda de manera indefinida, dado que la norma no
contempla esa consecuencia.
25. En el caso sometido a consideración del Tribunal, el daño objeto de reclamo
consistió en una omisión de la administración que ocurrió en un momento
determinado, sin que sus eventuales consecuencias en el tiempo tengan la entidad
de transformar su naturaleza en un daño continuado, ni mucho menos suspender el
cómputo de la caducidad indefinidamente, como pretende el accionante.
26. En las condiciones anotadas, resulta claro que las inconformidades planteadas en
sede de tutela constituyen una reiteración de los alegatos planteados en el proceso
ordinario, los cuales obedecen a una mera discrepancia con la decisión adoptada
por el juez de la causa, con el único fin de imponer una tesis favorable a los intereses
del actor, para lo cual no fue instituido el mecanismo de amparo.
27.En este punto la Sala destaca que el razonamiento del Tribunal no se antoja
razonable y, por el contrario, presenta una disertación conceptual de la caducidad
que le permite distinguir entre la acción de los particulares y la omisión que se endilga
a las autoridades, a efectos de clarificar que el referente para valorar la oportunidad
en el ejercicio del medio de control está dado por esta última, que no puede se puede
catalogar como un daño continuado.
28. Por
lo expuesto en precedencia, la Sala declarará improcedente el amparo
deprecado en la demanda.
29. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación planteada por el Ministerio de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02560-00
Demandante: Rigoberto Rivera Herrera
Demandado: Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Primera de Decisión y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE12
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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