Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02562-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02562-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02562-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
27 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02562-00
Accionante: CLARA MARCELA ARDILA LÓPEZ
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCIÓN
SEGUNDA-SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA-Carácter subsidiario de la acción de tutela. TUTELA-No procede para interferir en las decisiones que
están pendientes en el trámite del proceso ordinario. SUBSIDIARIEDAD-No se agotaron los medios de defensa
procedentes. RECURSO DE REPOSICIÓN-No procede en atención a los principios de eficacia, celeridad y
contradicción.
La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por Clara Marcela Ardila López contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección C.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
El 2 de mayo de 2025, la señora Clara Marcela Ardila López, actuando en nombre
propio, formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección a sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia que
considera vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección C, al no haberse pronunciado frente a la solicitud de práctica
de pruebas presentada dentro del término legal, en el marco del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho1 que adelantó la accionante contra la Nación-Rama
Judicial-Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.
1 Proceso identificado con número de radicación: 11001-33-35-023-2018-00206-04.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02562-00
Accionante: Clara Marcela Ardila López
Acción de tutela – Primera instancia
En virtud del amparo, solicita que los derechos alegados sean tutelados y, en
consecuencia, que se ordene a la autoridad accionada a proferir y notificar en debida
forma un auto mediante el cual se resuelva la solicitud de decreto y práctica de
pruebas.
2. Hechos relevantes
De acuerdo con los documentos allegados, Clara Marcela Ardila López se vinculó al
Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá en el año 2011, en provisionalidad. A partir
del año 2015 presentó reiteradas incapacidades médicas derivadas de
sintomatología asociada a patologías mentales compatibles con riesgo psicosocial,
sin que su empleador adoptara las recomendaciones emitidas por los profesionales
de medicina laboral, ni le practicara los exámenes médicos ocupacionales exigidos
legalmente.
El 2 de octubre de 2017 fue diagnosticada con trastorno mixto de ansiedad y
depresión (F412), y el 21 de septiembre del mismo año fue desvinculada mediante
Resolución No. 015, a pesar de que se encontraba incapacitada médicamente y no
se había solicitado autorización ante el Ministerio de Trabajo.
El 22 de noviembre de 2017, la señora Clara Marcela Ardila López formuló acción de
tutela que fue resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá-Sala Penal, mediante
sentencia del 12 de diciembre del mismo año, que concedió el amparo transitorio de
sus derechos fundamentales a la salud y la seguridad social, y ordenó que se
realizara su afiliación al sistema general de seguridad social por parte de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial. La decisión fue confirmada por auto del 22 de
febrero de 2018. Luego, la desvinculación fue ratificada por la Resolución No. 002
del 25 de julio de 2018.
En paralelo, el 12 de abril de 2018, la actora interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra las resoluciones que formalizaron su
desvinculación. El proceso fue radicado bajo el número 11001-33-35-023-2018-
00206-00 y correspondió por reparto al Juzgado 23 Administrativo Oral del Circuito
de Bogotá.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02562-00
Accionante: Clara Marcela Ardila López
Acción de tutela – Primera instancia
En el escrito de demanda, Clara Marcela Ardila López solicitó declarar la nulidad de
los actos administrativos de desvinculación y, en consecuencia, ordenar su reintegro,
el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir, así como el reconocimiento
de la estabilidad laboral reforzada, al encontrarse en situación de debilidad
manifiesta por causa de enfermedad laboral diagnosticada y calificada como tal.
Durante el curso del proceso, la parte demandante allegó prueba de la calificación
de origen laboral del diagnóstico F412, emitida por la Junta Nacional de Calificación
de Invalidez el 25 de marzo de 2021 y ratificada el 11 de febrero de 2022. También
acreditó la pérdida de capacidad laboral del 16.8% mediante dictamen del 28 de
marzo de 2022. El 5 de diciembre de 2022 solicitó el decreto de medida cautelar
urgente para la suspensión provisional de los actos administrativos demandados. Sin
embargo, mediante auto del 10 de febrero de 2023, el juzgado negó dicha solicitud
al considerar que la medida transitoria concedida en sede de tutela debía prevalecer
mientras se resolvía la acción principal.
Concluido el periodo probatorio, el Juzgado 23 Administrativo Oral del Circuito de
Bogotá profirió sentencia el 26 de julio de 2024, en la cual denegó las pretensiones
de la demanda. En dicha decisión, el despacho dio por probada la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda al considerar que la actora no cumplió con la
carga argumentativa y probatoria para desvirtuar la legalidad de los actos
demandados ni acreditar plenamente su condición de sujeto de especial protección
en el momento de la desvinculación.
Contra dicha providencia, la parte actora interpuso recurso de apelación el 2 de
agosto de 2024, al afirmar que hubo una indebida valoración probatoria y el
desconocimiento de los efectos jurídicos de las decisiones en sede de tutela. El
recurso fue admitido por medio de auto del 31 de marzo de 2025 y notificado por
estado el 2 de abril de 2025, encontrándose actualmente el expediente en trámite
ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para decisión de segunda instancia.
3. Fundamentos de la solicitud
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02562-00
Accionante: Clara Marcela Ardila López
Acción de tutela – Primera instancia
La accionante considera que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia dentro
del trámite del recurso de apelación del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho Rad. 11001-33-35-023-2018-00206-04.
Como sustento fáctico, indicó que el 31 de marzo de 2025, mediante auto
debidamente notificado por estado el 2 de abril siguiente, el Tribunal admitió el
recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia. El 7 de
abril de 2025, dentro del término de ejecutoria de ese auto, la parte actora radicó
solicitud formal para el decreto y práctica de pruebas, conforme al artículo 212 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –
CPACA-, modificado por la Ley 2080 de 2021.
Asimismo, el 9 de abril de 2025 presentó memorial de oposición frente a la
intervención del apoderado judicial de la parte demandada, en cumplimiento del
artículo 78 del Código General del Proceso –CGP-. Sin embargo, mediante informe
secretarial del 10 de abril de 2025, la entidad judicial accionada reportó que el
proceso ingresó al despacho para fallo de segunda instancia sin haber resuelto la
solicitud de decreto y práctica de pruebas elevada por la accionante.
Esta omisión, a juicio de la peticionaria, desconoció su derecho a ejercer plenamente
su defensa en el grado jurisdiccional correspondiente, privándola del uso de los
mecanismos probatorios establecidos por la ley. En ese sentido, señaló que el
acceso a la justicia no puede limitarse al trámite mecánico del recurso, sino que debe
garantizarse la posibilidad de sustentar y soportar debidamente sus pretensiones,
especialmente cuando ha formulado solicitudes oportunas dentro de los términos
procesales.
Con fundamento en las sentencias C-980 de 2010, C-016 de 2013, C-034 de 2014 y
T-283 de 2013, la actora reiteró que el debido proceso incluye garantías como el
derecho a presentar y controvertir pruebas, y que el acceso a la administración de
justicia exige que el Estado facilite efectivamente las condiciones para ejercer los
derechos procesales en condiciones de igualdad.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02562-00
Accionante: Clara Marcela Ardila López
Acción de tutela – Primera instancia
4. Trámite procesal
El 19 de mayo de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a la
accionante, al magistrado Samuel José Ramírez Poveda del Tribunal accionado y a
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como tercero con interés. Asimismo,
dispuso que dichas autoridades rindieran informe dentro del término de tres días,
notificó también a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para su
eventual intervención y solicitó al Tribunal accionado copia digital del expediente
principal. Finalmente, suspendió el término para decidir la acción de tutela mientras
se practicaban las pruebas ordenadas.
En los escritos de contestación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Segunda-Subsección C, indicó que el auto que admitió el recurso de
apelación contra la sentencia del 26 de julio de 2024, proferida por el Juzgado 23
Administrativo del Circuito de Bogotá, fue emitido después de revisar el recurso
presentado por la parte demandante, y que dicha actuación se encontraba ajustada
a derecho.
Frente a la alegada vulneración del debido proceso, el Tribunal señaló que el recurso
de apelación interpuesto no incluyó solicitud alguna de pruebas, lo que puede
corroborarse con el documento: 027_MemorialWeb_Recurso-
RECURSOAPELACIONSE. Explicó que la petición de pruebas fue radicada
posteriormente, tras la notificación del auto admisorio. En ese sentido, consideró que
no existía ninguna irregularidad, pues el trámite del expediente se encontraba en
curso conforme al procedimiento legal.
El Magistrado del Tribunal también se refirió a un informe elaborado por la Secretaría
del despacho, en el que se señalaba que el expediente ingresaba al despacho para
proferir sentencia, con referencia al recurso y a la solicitud de pruebas de la parte
actora. Aclaró que las secretarías judiciales solo cumplen funciones administrativas
y de apoyo, como la organización de expedientes, elaboración de informes y control
de términos, por lo cual no pueden considerarse como autoridades judiciales ni sus
actuaciones constituyen decisiones que afecten derechos fundamentales. En ese
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02562-00
Accionante: Clara Marcela Ardila López
Acción de tutela – Primera instancia
orden, indicó que el despacho debía pronunciarse previamente sobre la solicitud de
pruebas antes de proceder al registro del proyecto de sentencia para estudio de sala.
Por último, concluyó que no existía actuación alguna que hubiera impedido a la parte
actora presentar su solicitud probatoria, ni que hubiera vulnerado su derecho al
debido proceso, pues la solicitud presentada sería evaluada en el momento procesal
correspondiente. Así mismo, precisó que no se configuraba ninguna de las causales
especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
previstas por la Corte Constitucional en las sentencias SU-198 de 2013 y C-590 de
2005. Remitió copia digital del expediente solicitado del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela, por considerar que la accionante dispone de otros
mecanismos judiciales idóneos para controvertir la presunta omisión atribuida al
Tribunal. Indicó que no se configuraba un perjuicio irremediable ni se acreditó una
afectación grave o inminente de derechos fundamentales. Señaló también que la
tutela fue empleada indebidamente para incidir en funciones jurisdiccionales propias
del juez natural del proceso, sin que se hubiesen agotado previamente las vías
procesales ordinarias, como la presentación de un memorial o la formulación de una
solicitud incidental de nulidad. Por tanto, solicitó que se rechazaran las súplicas
formuladas y se declarara la improcedencia del amparo constitucional.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela procede contra las
actuaciones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección C, por la presunta omisión en resolver oportunamente la solicitud de
decreto y práctica de pruebas formulada en segunda instancia dentro del trámite de
un recurso de apelación.
6. Análisis de la Sala
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02562-00
Accionante: Clara Marcela Ardila López
Acción de tutela – Primera instancia
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.
Subsidiariedad
El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591
de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha precisado que
esta regla tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios de defensa
no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados2.
La Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela es improcedente para
cuestionar actuaciones judiciales bajo trámite, ya que se cuenta con la posibilidad de
agotar los medios de defensa previstos en el ordenamiento, salvo que esos
mecanismos no existan o se pretenda evitar un perjuicio irremediable.3
Cuestión Previa
La señora Clara Marcela Ardila López interpuso recurso de reposición contra el auto
proferido el 19 de mayo de 2025, notificado el 27 del mismo mes, mediante el cual el
Magistrado Sustanciador dispuso admitir la acción de tutela y suspender el término
para decidir la presente acción de tutela, mientras se practican pruebas decretadas
en el trámite.
La accionante sostiene que la decisión cuestionada resulta contrario al orden jurídico
constitucional, por cuanto el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 establece que el
2 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, C.P. Cristina Pardo Schlesinger.
3 Corte Constitucional, sentencia SU-695 de 2015, C.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Accionante: Clara Marcela Ardila López
Acción de tutela – Primera instancia
juez deberá dictar fallo dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud de amparo. Afirma que ese plazo fue superado ampliamente, toda vez que
la acción de tutela fue radicada desde el 25 de abril de 2025 (correo radicado No.
2790007). En ese contexto, considera que no es procedente seguir aplazando el
pronunciamiento de fondo, ya que ello vulnera derechos fundamentales, entre ellos
el debido proceso, la salud y la vida.
No obstante, la Sala advierte que el auto del 19 de mayo de 2025 no suspendió el
trámite arbitrariamente ni prorrogó el término de forma indefinida, sino que obedeció
a la necesidad de practicar pruebas en el curso de este proceso. Lo contrario sí
hubiera implicado una irregularidad procesal no haber permitido que el accionado o
terceros con interés se pronunciaran.
De tal manera que no se configura una omisión o una dilación injustificada, sino una
actuación motivada que busca garantizar una decisión ajustada a los principios
constitucionales. Así mismo, se resalta que el despacho sustanciador cumplió con
los términos dispuestos en el Decreto 2591 de 1991 al registrar el proyecto de fallo
para decisión de la Sala a los 10 días de haber entrado al despacho, es decir el 6
de junio del año en curso.
Caso concreto
La parte accionante sostiene que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Segunda-Subsección C, vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, al no haber proferido y notificado
oportunamente un auto mediante el cual se resolviera su solicitud de decreto y
práctica de pruebas en segunda instancia, dentro del trámite de un recurso de
apelación.
Afirma que la falta de pronunciamiento ha impedido que el proceso avance hacia la
sentencia, pese a que dicha solicitud fue presentada y reiterada por los canales
establecidos. Considera que esta omisión constituye una actuación contraria a
derecho, en tanto dilata injustificadamente el trámite del recurso, desconoce el
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Accionante: Clara Marcela Ardila López
Acción de tutela – Primera instancia
mandato de celeridad procesal y agrava su situación personal, puesto que de la
decisión dependen derechos fundamentales como la salud y la vida.
Sin embargo, el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección C, el doctor Samuel José Ramírez Poveda, expuso que la
solicitud de decreto y práctica de pruebas presentada por la parte actora no fue
incluida originalmente en el recurso de apelación, sino que fue radicada con
posterioridad a la notificación del auto que admitió dicho recurso. Por lo tanto, explicó
que no existía irregularidad alguna en la actuación procesal, ya que el despacho aún
no había emitido un pronunciamiento al respecto.
Precisó que una vez el expediente ingresó al despacho, debía estudiarse la etapa
procesal siguiente. Indicó que, si las partes guardaban silencio, el procedimiento a
seguir consistía en registrar el proyecto de sentencia para estudio de sala; sin
embargo, como en el caso concreto la parte actora presentó una solicitud de
pruebas, ese trámite no podía surtirse sin que previamente el despacho se
pronunciara sobre dicha petición.
En consecuencia, aclaró que el despacho aún no ha decidido sobre la solicitud de
pruebas, pero lo hará en el momento procesal correspondiente, tal como lo exige el
trámite legal. Además, enfatizó que el informe elaborado por la Secretaría, que
menciona la solicitud probatoria, tiene carácter meramente administrativo y no
constituye una decisión judicial. Por lo que, en definitiva, no se ha desconocido el
derecho de la parte actora a solicitar pruebas y que su petición será evaluada
oportunamente dentro del curso normal del proceso.
En razón a que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuesto por
la accionante se encuentra en curso en sede de apelación, no es posible que el juez
de tutela interfiera en la actuación, pues esta se encuentra vigente y bajo la dirección
del juez natural del asunto.
La accionante afirmó interponer la acción de tutela en atención a que el despacho
judicial no profirió ni notificó el auto mediante el cual debía resolverse su solicitud de
decreto y práctica de pruebas en segunda instancia. Sin embargo, la Sala advierte
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Accionante: Clara Marcela Ardila López
Acción de tutela – Primera instancia
que esa afirmación carece de una carga argumentativa suficiente para acreditar la
falta de idoneidad o eficacia de ese medio de defensa, aunado a que la accionante
no acreditó un perjuicio irremediable. Además, no se trata de una omisión definitiva,
sino de una actuación aún no realizada, respecto de la cual el magistrado
sustanciador informó expresamente que será objeto de pronunciamiento en el
momento procesal correspondiente, de conformidad con el trámite legal aplicable.
Por demás, el pronunciamiento del juez de tutela configuraría un desplazamiento del
juez competente y emitiría un prejuzgamiento sobre asuntos que le corresponden,
según la legislación procesal, de modo que la Sala declarará improcedente la acción
de tutela, por las razones expuestas en la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de Clara Marcela
Ardila López contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección C.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Ausente con Permiso
vf
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