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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02562-01

Fecha
23 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02562-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 27 de junio de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que declaró improcedente la solicitud de tutela presentada por Clara Marcela Ardila López en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por las precisas razones expuestas en la parte motiva de esta decisión judicial. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02562-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

23 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02562-01
Demandante: Clara Marcela Ardila López
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C

Temas: Debido proceso / Ausencia de pronunciamiento acerca de
solicitud probatoria en segunda instancia en medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho / Subsidiariedad
Decisión: Confirmar la decisión del a quo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por Clara Marcela Ardila López contra la
sentencia proferida el 27 de junio de 2025 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la
referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. Clara Marcela Ardila López promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por parte del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, con ocasión de
la ausencia de pronunciamiento frente a la petición de práctica de pruebas
presentada en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001333502320180020604.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. El 12 de abril de 2018, promovió medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra las resoluciones que formalizaron su retiro de la Rama Judicial.
El Juzgado Veintitrés Administrativo de Bogotá, en sentencia el 26 de julio de 2024
negó las pretensiones propuestas al encontrar probada la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda, al considerar que no se cumplió con la carga
argumentativa y probatoria necesaria para desvirtuar la legalidad de los actos
acusados ni acreditar su condición de sujeto de especial protección en el momento
de la desvinculación. Decisión contra la cual interpuso recurso de apelación.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02562-01
Demandante: Clara Marcela Ardila López

2.2. El 31 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C admitió el recurso de apelación. Así, el 7 de abril siguiente,
dentro del término de ejecutoria de dicha decisión, radicó solicitud formal para el
decreto y práctica de pruebas, de conformidad con el artículo 212 del CPACA.

2.3. El 9 de abril de 2025 presentó memorial de oposición frente a la intervención
del apoderado judicial de la parte demandada, en cumplimiento del artículo 78 del
CGP. Con informe secretarial del 10 de abril de 2025, se reportó que el proceso
ingresó al despacho para fallo de segunda instancia sin resolver la referida solicitud
probatoria.

2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia dentro del trámite del recurso de
apelación propuesto, privándola del uso de los mecanismos probatorios
establecidos por la ley, pues, sus garantías no pueden limitarse al trámite mecánico
del recurso, sino a la posibilidad de sustentar y soportar debidamente sus
pretensiones, en especial cuando ha formulado solicitudes oportunas dentro de los
términos procesales correspondientes1.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] se tutelen mis derechos y garantías fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia y en consecuencia se ORDENE a la entidad accionada,
proferir y notificar en debida forma el auto por medio del cual resuelva la solicitud de
decreto y práctica de pruebas, amparándose así los derechos de rango fundamental que
reclamó con la presente acción constitucional. […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
C2 solicitó declarar la improcedencia de la tutela, porque la demandante disponía
de otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir la presunta omisión que
se le atribuyó, además, no se evidenció la configuración de un perjuicio irremediable
ni se acreditó una afectación grave o inminente de derechos fundamentales.

4.1. El mecanismo constitucional fue empleado indebidamente para incidir en
funciones jurisdiccionales propias del juez natural del proceso, sin que se agotaran
previamente las vías procesales ordinarias, como la presentación de un memorial o
la formulación de una solicitud incidental de nulidad.

1 Al respecto, citó las sentencias C-980 de 2010, C-016 de 2013, C-034 de 2014 y T-283 de 2013 de

la Corte Constitucional según las cuales el debido proceso incluye garantías como el derecho a
presentar y controvertir pruebas, y que el acceso a la administración de justicia exige que el Estado
facilite efectivamente las condiciones para ejercer los derechos procesales en condiciones de
igualdad.
2 Ver índice 17 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02562-01
Demandante: Clara Marcela Ardila López

4.2. El recurso de apelación interpuesto no incluyó solicitud alguna de pruebas. La
petición en tal sentido se radicó con posterioridad, tras la notificación del auto
admisorio de aquel. En ese sentido, no existió ninguna irregularidad, pues, el trámite
procesal correspondiente se encontraba en curso conforme al procedimiento legal.

4.3. Las secretarías judiciales solo cumplen funciones administrativas y de apoyo,
como la organización de expedientes, elaboración de informes y control de términos,
por lo cual no podrían considerarse como autoridades judiciales ni sus actuaciones
constituir decisiones que afecten derechos fundamentales.

4.4. El despacho debía pronunciarse previamente sobre la solicitud de pruebas
antes de proceder al registro del proyecto de sentencia para estudio de sala, la cual
sería evaluada en el momento procesal correspondiente.

5. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial3 solicitó que se declarara
improcedente la tutela, porque la demandante disponía de otros mecanismos
judiciales idóneos para controvertir la presunta omisión atribuida al tribunal
demandado. Tampoco se configuró un perjuicio irremediable ni se acreditó una
afectación grave o inminente de derechos fundamentales.

1.4. Sentencia Impugnada4

6. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del
27 de junio de 2025 declaró improcedente la solicitud de tutela por ausencia del
requisito de la subsidiariedad, en la medida en que la solicitud probatoria presentada
en segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
mencionado se encontraba pendiente de resolución, sin que se tratara de una
omisión en su trámite.

1.5. Escrito de impugnación5

7. La parte demandante impugnó la decisión del a quo, para lo cual insistió en los
argumentos expuestos en la solicitud de tutela. En cuanto al requisito de la
subsidiariedad, señaló que no se motivó de manera suficiente cuáles son los
recursos o medios de defensa con los que contaba en el caso concreto, ni se respetó
el procedimiento fijado en el artículo 247 del CPACA.

7.1. Además, contrario a lo considerado por el juez de tutela, si se le configuró un
perjuicio irremediable, en la medida en que se encontraba desafiliada del sistema
de seguridad social en salud desde el año 2022.

2. Consideraciones

3 Ver índice 14 de Samai.
4 Ver índice 20 de Samai.
5 Ver índice 21 y 29 de Samai.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02562-01
Demandante: Clara Marcela Ardila López

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) problema
jurídico; iii) procedencia de la tutela - subsidiariedad; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20006 y el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

2.2. Cuestión previa.

10. Esta Sala de decisión considera que el estudio del asunto debe efectuarse
desde la perspectiva de los requisitos generales de procedencia del recurso de
amparo constitucional y del debido proceso, en la medida en que lo que se
cuestiona, en principio, es la falta de pronunciamiento frente a la solicitud de práctica
de pruebas presentada en segunda instancia, en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001333502320180020604.

2.3. Problema jurídico

11. La Sala deberá definir: ¿si la solicitud de tutela presentada por Clara Marcela
Ardila López cumple con el requisito de procedencia general de la subsidiariedad?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. De la procedencia de la solicitud de tutela - subsidiariedad.

12. El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone, entre otras, como causal de improcedencia de
la solicitud de amparo:

[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]

13. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los

6 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02562-01
Demandante: Clara Marcela Ardila López

derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo
efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.2. Caso concreto

14. Clara Marcela Ardila López acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordenara al tribunal
demandado proferir y notificar en debida forma el auto por medio del cual se
resuelva la solicitud de pruebas presentada en segunda instancia, en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001333502320180020604.

15. Lo anterior, en la medida en que la falta de un pronunciamiento ha impedido que
el proceso avance y se pueda emitir sentencia, pese a que dicha solicitud fue
presentada y reiterada por los canales establecidos para ello, omisión que
constituye una actuación contraria a derecho, en tanto dilató injustificadamente el
trámite del recurso, desconoció el mandato de celeridad procesal y agravó su
situación personal, en tanto del pronunciamiento de fondo dependerían derechos
fundamentales como la salud y la vida.

16. Al respecto, el magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C expuso que la solicitud de decreto
y práctica de pruebas presentada por la parte demandante no fue incluida en el
recurso de apelación, sino que se radicó con posterioridad a la notificación del auto
que admitió aquel. Por lo tanto, explicó que no existía irregularidad alguna en la
actuación procesal, ya que el despacho aún no había emitido un pronunciamiento
al respecto. Cuestión que se corroboró al consultar el proceso en el sistema de
información Samai.

17. De tal manera, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C emitió auto del 31 de marzo de 2025 con el que
admitió el recurso de apelación y, con posterioridad, el 7 de abril de 2025 la parte
demandante solicitó el decreto de pruebas en segunda instancia, por lo que el día
10 siguiente el proceso ingresó al despacho con la anotación. «[e]jecutoriado el auto
que admitió el recurso de apelación ingresa al Despacho para sentencia con

5

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Demandante: Clara Marcela Ardila López

pronunciamiento frente al recurso por parte de la Rama Judicial, Consejo Superior de la
Judicatura y solicitud de decreto de pruebas de la parte demandante […]» (sic).

19. A partir de lo expuesto, encuentra la Sala que la solicitud de tutela presentada
por la parte demandante no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que,
a la fecha no se evidencia que en el proceso contencioso–administrativo se
pretermitieran etapas u oportunidades procesales en contravía de la normatividad
adjetiva aplicable, para lo cual resulta pertinente recordar que los artículos 212 y
247 del CPACA reglamentan las oportunidades probatorias y el trámite del recurso
de apelación de la siguiente manera:

ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el
juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los
términos y oportunidades señalados en este Código.

[…]

En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de
ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se
decretarán únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros
diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.

2. <Numeral modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse
decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso,
solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su
perfeccionamiento.

3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para
pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos
hechos.

4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y
4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta.

PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se
decretará un término para practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días hábiles.
[…]

ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS.
<Artículo modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia
se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la
providencia, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término
también aplica para las sentencias dictadas en audiencia.
[…]
3. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se
concederá mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior.
Recibido el expediente por el superior, este decidirá sobre su admisión si encuentra

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Demandante: Clara Marcela Ardila López

reunidos los requisitos.

4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que
la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación
con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes.

5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la
presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10)
días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará
el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes
de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.

6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta
antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia.

7. La sentencia se dictará dentro de los veinte (20) días siguientes. En ella se ordenará
devolver el expediente al juez de primera instancia para su obedecimiento y
cumplimiento. […]»

20. Así pues, tal como lo mencionó en el informe rendido el tribunal demandado y
se evidencia en las actuaciones registradas en Samai, debe reiterarse que la
solicitud de tutela presentada por Clara Marcela Ardila López no supera el requisito
de la subsidiariedad, pues, sin perjuicio del momento en que fue radicado el
pedimento probatorio, lo cierto es que, es aquel el llamado a pronunciarse al
respecto en un primer término.

21. Ahora, si bien la demandante extrañó una motivación más amplia en cuanto a
los recursos y medios de defensa con los que podría contar en el trámite del proceso
contencioso–administrativo de cara al respeto de sus derechos al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, es pertinente indicarle que estos
dependerán de la necesidad que evidencie durante su normal desarrollo.

22. En este orden de ideas, esta Sala de decisión debe advertir que en el sistema
jurídico no puede permitirse el paralelismo o la concurrencia de competencias entre
el juez natural del asunto y el de tutela, ni el ciudadano puede elegir entre uno y
otro, como aquí se propone, pues el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho se encuentra en curso en sede de apelación, sin que el juez constitucional
pueda invadir la competencia del despacho de conocimiento demandado.

23. Ahora, en cuanto a la configuración del perjuicio irremediable alegado por la
demandante, de los argumentos expuestos y los supuestos acreditados no es
posible deducir la manera en la que un pronunciamiento frente a lo pretendido
modificara la situación particular en la que se encuentra, en atención a que el
proceso contencioso–administrativo cuestionado se encuentra en curso y es de lo
que allí se decida que pueda verse afectada favorablemente su situación ante el
Sistema General de Seguridad Social. Situación que se traduce en una mera
expectativa.

24. Por último, se observa que la demandante manifestó su inconformidad y
presentó queja respecto al término que tardó el juez de primera instancia en sede
de tutela para emitir pronunciamiento de fondo en el presente asunto. Situación
7

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Demandante: Clara Marcela Ardila López

frente a la cual, debe advertirse que todo corresponde a las dinámicas propias de la
Sala de decisión, sin que pueda evidenciarse situación particular alguna que pudiera
menoscabar sus derechos fundamentales.

3. Conclusión

25. Así las cosas, al encontrar que el presente asunto no cumple con el requisito de
la subsidiariedad, esta Sala de decisión confirmará el pronunciamiento del a quo
que declaró improcedente la solicitud de tutela presentada por Clara Marcela Ardila
López en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 27 de junio de 2025 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C que declaró improcedente la solicitud de
tutela presentada por Clara Marcela Ardila López en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por las precisas
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión judicial.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JAVD/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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