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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02565-00

Fecha
30 de mayo de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02565-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la demanda de tutela presentada por la señora Gloria María Rojas de Neiva, a través de apoderado, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02565-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

30 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02565-00
Accionante: GLORIA MARÍA ROJAS DE NEIVA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos generales
de procedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple cuando la accionante
emplea la tutela como una instancia adicional para formular sus desacuerdos contra los
fallos, ni satisface la carga mínima argumentativa para demostrarla.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
la señora Gloria María Rojas de Neiva, actuando mediante apoderado, en contra del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B, de
conformidad con lo consagrado en el Decreto 333 de 20211.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 2 de mayo de 2025 la señora Gloria María Rojas de Neiva presentó acción de
tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, mínimo vital, seguridad social y a la vida digna.

Hechos relevantes

2. El 16 de enero de 1976, la señora Gloria María Rojas de Neiva contrajo
matrimonio con el señor Luis Alfredo Neiva Gutiérrez.

3. A través de Resolución No. 4740 del 27 de enero de 2005 le fue reconocida la
pensión gracia al señor Neiva Gutiérrez. El 4 de marzo de 2017 el titular de la
pensión falleció por lo cual la señora Gloria María Rojas de Neiva informó a la UGPP
tal situación2.

1 Que ingresó a despacho para fallo el 19 de mayo de 2025.
2 El 10 de marzo de 2017 informó del fallecimiento.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02565-00
Accionante: Gloria María Rojas de Neiva
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

4. A su vez, la señora Gloría María Gómez de Neiva solicitó a la UGPP el
reconocimiento de la sustitución pensional y su respectivo retroactivo, pero a través
de la Resolución No. RDP 022131 del 30 de mayo de 2017 3 fue negado porque no
se habían allegado los soportes correspondientes. La actora interpuso los recursos
correspondiente, que fueron resueltos a través de la Resolución 026354 del 27 de
junio de 20174 en el que se confirmó la anterior decisión porque “del análisis de los
documentos se infiere que existen evidentes inconsistencias entre la declaración
rendida y el certificado de defunción” y de la Resolución 030720 del 31 de julio de
20175 en la que se argumentó que “la interesada no convivió con el causante
durante los últimos cinco (5) años anteriores al fallecimiento”.

5. Por lo anterior, la actora presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la UGPP con el fin de que se declarara la anulación de los
actos y el reconocimiento le reconociera la sustitución pensional a su favor, pagando
las mesadas retroactivas, debidamente indexadas con base en el IPC, junto con el
pago de los intereses moratorias a partir del día siguiente del fallecimiento del
causante.

6. El asunto fue asignado al Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad de
Bogotá D.C., quien mediante sentencia del 30 de septiembre de 2021, denegó las
pretensiones de la demanda porque pese a que la señora Rojas de Neiva tenía la
sociedad conyugal vigente con el causante, no existían pruebas de que hubiera
convivido con el mismo, durante los 5 años anteriores a su fallecimiento.

7. Inconforme con esta decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección B, autoridad que mediante providencia del 6 de
noviembre de 2024, revocó la sentencia de primera instancia, y en su lugar 1)
declaró la nulidad de las Resoluciones RDP 022131 del 30 de mayo de 2017, RDP
026354 del 27 de junio de 2017 y RDP 0030720 del 31 de julio de 2017; 2) A título
de restablecimiento del derecho reconoció la sustitución pensional a la señora
Gloría María Rojas de Neiva en calidad de cónyuge supérstite con ocasión de la
muerte del señor Luis Alfredo Neiva Gutiérrez a partir de la fecha del fallecimiento
pero con efectos fiscales a partir de la providencia en un porcentaje del 50% que se
acrecentaba cuando la menor Astrid Lorena Neiva Jiménez cumpliera la mayoría de
edad o los 25 años; 3) la UGPP debía dar cumplimiento a la sentencia de
conformidad con los artículo 187, 189 y 192 del CPACA y 4) Negó las demás
pretensiones.

Pretensiones

8. Solicita la parte accionante lo siguiente:

3 Obra en certificado E027C7D32530E33E EA59104F5754C57E 4F4E8A8AFA9157F3
88756F4E809E0897, índice 2 de samai.
4 Obra en certificado 08D4F0D2D8399685 C04B7172D2BFCF86 0B11E493B62CC2B0
8FDF358EB038D386, índice 2 de samai.
5 Obra en certificado 726F136766344E54 DD195AAE30466068 E860B0E84B3C0EC0
4A236D3832591066, documento “005_ED_001EXPEDIENTE.pdf”, págs. 26 a 29, índice 9 de samai.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02565-00
Accionante: Gloria María Rojas de Neiva
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

“Solicito respetuosamente que se declare la procedencia de la tutela, y, en
consecuencia:

1. Se deje, parcialmente, sin efectos la sentencia de segunda instancia
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”, por violación de los derechos
fundamentales de la accionante.

2. Se ordene dictar una nueva sentencia con observancia del precedente
constitucional fijado por la Corte Constitucional, reconociendo a la señora
GLORIA MARÍA ROJAS DE NEIVA el retroactivo pensional desde la fecha
en que cumplió los requisitos para ser titular del derecho.

3. Se tutelen los derechos fundamentales vulnerados: al debido proceso, al
mínimo vital, a la seguridad social y a la vida digna, entre otros.”

Fundamentos de la demanda de tutela

9. La parte accionante indicó que se afectó su mínimo vital y vida digna con ocasión
de que al ser la cónyuge supérstite tenía derecho a la pensión desde el momento
del fallecimiento del señor Luis Alfredo Neiva Gutiérrez.

10. Asimismo, expuso que se vulneró el derecho a la igualdad y a la no
discriminación porque el negarle el retroactivo con el argumento de que la hija menor
ya había recibido el 100%, resulta inequitativo frente a otros beneficiarios en
similares condiciones, cuando debe resolverse conforme a la Ley la cual contempla
una distribución proporcional de la pensión y no se niega a uno de los titulares.

11. A su vez, adujo que no existió un debido proceso porque la cónyuge supérstite
tenía un derecho reconocido desde el fallecimiento del causante pero no se analizó
de manera adecuada la distribución con proporcionalidad. Igualmente en lo que se
refiere a la seguridad social, puso de presente que el negar el retroactivo implica
una omisión en el cumplimiento de este derecho. Para esto mencionó algunas
sentencias como las SU-377 de 2014, T-098 de 2017, T-595 de 2013, T-067 de
2021, T-068 de 2021 y T-115 de 2018 de la Corte Constitucional en las cuales se
establece que si “hay varios beneficiarios de la pensión sustitutiva, el pago indebido
a uno no justifica la afectación del derecho de otro, y que la entidad responsable
debe recuperar el pago indebido mediante los mecanismos legales (repetición,
compensación) pero no trasladar la carga de su error al otro beneficiario” como
también se ha reiterado el reconocimiento del retroactivo pensional a la cónyuge
supérstite es obligatoria desde el cumplimiento de los requisitos legales.

12. Explicó que se presentó un defecto fáctico porque se ignoraron pruebas claras
y suficientes6 que demuestran que el derecho a la sustitución pensional se generó
desde la fecha del fallecimiento del causante. También, dijo que el Tribunal, el
Juzgado y la UGPP dilataron injustificadamente el reconocimiento de este derecho
y que se presentó una violación directa a la Constitución porque debían aplicar e

6 No especificó a cuáles pruebas se refería.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02565-00
Accionante: Gloria María Rojas de Neiva
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

interpretar las normas protegiendo al individuo respecto de los derechos que le
corresponden.

13. De último, solicitó una medida provisional para que se incluyera en la nómina
de la accionante el cumplimiento inmediato de la providencia, así como el pago
inmediato del retroactivo pensional reclamado mientras se resuelve de fondo la
acción de tutela.

Trámite en primera instancia

14. Mediante auto del 6 de mayo de 2025 el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B como accionado, y al Juzgado
Veintiséis Administrativo de Oralidad de Bogotá D.C., a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
(UGPP) y a todos los intervinientes dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con radicado núm. 11001-33-35-026-2018-00463-00/01,
como terceros con interés en las resultas del proceso. Asimismo, se vinculó a la
ciudadana Astrid Lorena Neiva Jiménez como tercera con interés, pero se
comisionó al Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad de Bogotá D.C., para
que procediera a la notificación de la misma, por lo que se le solicitó a la Secretaría
General de esta Corporación para que librara el oficio correspondiente. Negó la
medida provisional y ordenó al Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad de
Bogotá D.C. para que remitiera copia del expediente con radicado 11001-33-35-
026-2018-00463-00/01.

Intervenciones

15. El Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá
D.C., dentro de su informe, manifestó que la decisión de instancia fue debidamente
fundamentada en referentes normativos y jurisprudenciales aplicables al caso y no
fueron arbitrarias o contrarias a derecho. No obstante, precisó que el reparo de la
accionante no se encuentra dirigido en contra de la decisión proferida por ese
despacho por lo cual solicita su desvinculación. También advirtió que en
cumplimiento de lo solicitado en el auto admisorio, por Secretaría realizó la
notificación de la tercera Astrid Lorena Neiva Jiménez. De otro lado, remitió una
copia del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho así como el enlace
correspondiente7.

16. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) argumentó que la sentencia
proferida se ajustó al ordenamiento jurídico sin que se incurriera en una vía de
hecho, acató el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional.

7 El enlace del expediente es el siguiente:
https://samaijca.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110013335026201
800463001100133

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02565-00
Accionante: Gloria María Rojas de Neiva
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Sumado a lo anterior, indicó que acuerdo con las sentencias T-231 de 1994, C-590
de 2005 y SU-913 de 20098 se establece que para que proceda la acción de tutela
contra providencias judiciales se requiere de la concurrencia de los requisitos
generales y causales específicas de procedibilidad, sin embargo, bajo ese contexto,
en la presente solicitud de amparo, la parte accionante no argumentó el supuesto
defecto sustantivo y fáctico, por tanto, se debe declarar improcedente. Mas aún
cuando se presenta una inexistencia de un perjuicio irremediable o de vulneración
a la vida dignidad o mínimo vital de conformidad con la sentencia T-225 de 1993.

De otro lado, adujo que la decisión dada por los órganos judiciales se ajustan a
derecho y fueron revisadas de manera adecuada, por lo que, el juez de tutela no
puede adoptar otro tipo de determinación en sede constitucional, ya que se
desconocería la autonomía del juez natural de la causa. Igualmente, dijo que esta
acción no es la adecuada para reclamar prestaciones económicas negadas en sede
judicial y mucho menos es el mecanismo pertinente para obtener un reconocimiento
pensional, porque la parte accionante contaba con el recurso extraordinario que fija
el ordenamiento jurídico, para controvertir la decisión hoy objeto de debate.

17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B no intervino pese a estar notificado9.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

18. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional. En ese sentido, no se satisface de la carga mínima argumentativa
para demostrar que el asunto amerita la intervención del juez de tutela, y persigue
reabrir la discusión jurídica y probatoria que ya decidieron los jueces naturales del
asunto.

19. La Corte Constitucional ha definido los siguientes criterios orientadores con el
propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
inmediatez: (i) la situación personal del peticionario; (ii) el momento en el que se
produce la vulneración; (iii) la naturaleza de la misma; (iv) la actuación contra la
que se dirige la tutela y (v) los efectos de la tutela10.

20. Así mismo, a la hora de implementar requisitos generales de procedencia y
causales específicas de procedibilidad al entendimiento de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la Corte Constitucional sostuvo que la exigencia de la
relevancia constitucional busca evitar que el juez de amparo analice “cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”. En ese

8 De la Corte Constitucional.
9 El 7 de mayo de 2025 se notificó a los correos electrónicos
scs02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; scs02sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co y
rmemorialessec02sbtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co. Ver índice 7 de samai.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-391 del 27 de junio de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02565-00
Accionante: Gloria María Rojas de Neiva
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

sentido, la necesidad de que el asunto cumpla con esa cualidad habilitante busca
tres objetivos:

“ (…) (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
de los jueces”11.

21. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar los siguientes elementos12: (i) que el actor cumpla su carga
argumentativa de justificar suficientemente la relevancia constitucional por
vulneración de derechos fundamentales, pues no basta aducir la vulneración de
estos derechos y (ii) que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

22. En el presente asunto, la Sala establece que la parte actora más allá de indicar
que el Tribunal incurrió en una serie de defectos específicos de procedibilidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, lo que en realidad persigue es una
nueva valoración respecto de si es procedente el reconocimiento del retroactivo
pensional por ser cónyuge supérstite del señor Luis Alfredo Neiva Gutiérrez
(Q.E.P.D).

23. Pues bien, al analizar la providencia de alzada, la Sala encuentra que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B fundamentó
la negativa de acceder al pago de tales sumas, con base en la siguiente
argumentación [transcripción literal]:

“(…) En este sentido, la Sala entrará a analizar el momento a partir del cual se
debe reconocer el 50% de la sustitución pensional a la demandante, en su
condición de cónyuge supérstite.

La Sala observa que la sustitución pensional reconocida a la menor Astrid
Lorena Neiva Jiménez, ha venido siendo pagada de buena fe, en su condición
de hija menor del causante a partir del día siguiente al fallecimiento del señor
Neiva Gutiérrez, 05 de marzo de 2017, pagos que se han efectuado por parte
de la entidad demandada.

Del material probatorio arrimado al expediente, se avizora que la demandante,
elevó solicitud de reconocimiento como beneficiaria de la sustitución pensional,
el 10 de marzo de 2017, petición resuelta negativamente mediante acto
administrativo contenido en la Resolución RDP 022131 de 30 de mayo de 2017;
la demandante interpuso recurso de reposición en subsidio el de apelación

11 Corte Constitucional. Sentencia SU-573 del 27 de noviembre de 2019. M.P. Carlos Bernal Pulido.
12 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02565-00
Accionante: Gloria María Rojas de Neiva
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

contra el anterior acto administrativo y la entidad demanda los resolvió a través
de las Resoluciones 026354 de 27 de junio de 2017 y RDP 0030720 de 31 de
julio de 2017, confirmando la negativa a la petición de reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes.

Para la Sala, el reconocimiento del 50% de la sustitución pensional a favor de
la demandante se debe ordenar desde la fecha del fallecimiento del causante,
sin embargo, el pago de la misma, se deberá realizar a partir de la ejecutoria de
la presente providencia, como quiera que ordenar el pago desde la fecha del
fallecimiento del causante, causaría una doble erogación a cargo de la entidad
demandada, quien en cumplimiento del deber constitucional de obrar de buena
fe, ha venido pagando desde el reconocimiento del derecho pensional del
causante, a quien creyó deberla en su momento.

Con fundamento en lo anterior, la Sala accederá parcialmente a las
pretensiones de la demanda, reconociendo el 50% de la sustitución pensional
a la señora Gloria María Rojas de Neiva a partir del fallecimiento del causante,
pero, el pago deberá realizarse a partir de la ejecutoria de la presente sentencia,
con el objeto de no imponerle un doble pago a las entidades demandadas por
el valor ya desembolsado a la hija menor Astrid Lorena Neiva Jiménez. Dicha
prestación se acrecentará a favor de la aquí demandante cuando la menor
beneficiaria cumpla con la mayoría de edad y/o los 25 años, siempre que
acredite su escolaridad (…)”

24. La Sala advierte que el Tribunal justificó las razones por las cuales la pensión
de jubilación tenía que ser distribuida tanto a la menor Astrid Lorena Neiva Jiménez
como la señora Gloria María Rojas de Neiva, y por qué el retroactivo pensional no
resultaba procedente reconocerlo en la decisión a la hoy tutelante con miras a no
generar un quebrantamiento del artículo 128 Superior, en vista de que ya había sido
pagado en su totalidad a una de las titulares del derecho.

25. Resulta importante advertir que la simple mención de las causales específicas
de procedibilidad como son el desconocimiento del precedente porque no se
tuvieron en cuenta las sentencias SU-377 de 2014, T-098 de 2017, T-595 de 2013,
T-067 de 2021, T-068 de 2021 y T-115 de 2018 de la Corte Constitucional, o el
supuesto el defecto fáctico porque se ignoraron pruebas claras y suficientes para
resolver el caso, o la ocurrencia de un defecto sustantivo, sin sustentarlo, no
permiten que la Sala proceda a la revisión oficiosa de tales aspectos, en tanto que
la intervención del juez de tutela en controversias judiciales resulta restringida.

26. El razonamiento jurídico requiere algo más que la simple alegación de la
transgresión de derechos fundamentales; es imprescindible explicar con precisión
la forma en que se afectaron sus derechos y se incurrieron en alguno de los
requisitos específicos, evitando que la tutela se convierta en un mecanismo para
manifestar una mera inconformidad contra las providencias adoptadas y sea
utilizada como una instancia adicional.

27. Incluso, llama la atención de la Sala que la parte actora invocara varias
sentencias de la Corte Constitucional de las que, supuestamente, extrajera la
subregla según la cual cuando “hay varios beneficiarios de la pensión sustitutiva, el
pago indebido a uno no justifica la afectación del derecho de otro, y que la entidad
responsable debe recuperar el pago indebido mediante los mecanismos legales

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Accionante: Gloria María Rojas de Neiva
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

(repetición, compensación) pero no trasladar la carga de su error al otro
beneficiario”, sin tener en cuenta que las temáticas abordadas en cada una de las
decisiones citadas en la demanda, no guarda relación con esa supuesta cita.

28. Por ejemplo, en la sentencia T-115 de 2018, la Corte Constitucional resolvió una
acción de tutela interpuesta por una ciudadana que solicitó el reconocimiento de la
pensión de invalidez, el pago de incapacidades médicas de 2008 y respuesta
efectiva al recurso contra la resolución que le negó el derecho pensional. En ese
caso, la Corte declaró improcedente el amparo al considerar que la accionante no
aportó prueba alguna de haber recurrido la decisión administrativa, ni acreditó la
certeza mínima sobre su derecho pensional, ni justificó el largo tiempo sin acudir a
mecanismos judiciales para reclamar las incapacidades, lo que desconoce los
principios de subsidiariedad e inmediatez.

29. En la sentencia T-595 de 2013, el mismo Tribunal amparó los derechos
fundamentales de una mujer afrodescendiente, en situación de desplazamiento,
discapacidad y extrema vulnerabilidad, y de su hija, víctima de violencia sexual,
frente a la omisión del Juzgado Único de Menores de Cartagena que negó el acceso
efectivo a la información del proceso penal, desconoció su participación como parte
civil y omitió valorar su condición de sujetos de especial protección constitucional.
La Corte reprochó la falta de diligencia de la autoridad accionada, el
desconocimiento del precedente constitucional y la prevalencia absoluta otorgada a
los derechos del agresor sobre los de la víctima, lo cual configuró una
revictimización y vulneración de los derechos a la verdad, justicia, reparación y no
repetición. Por ello, ordenó adoptar medidas para garantizar la participación efectiva
de las víctimas en el proceso y asegurar su protección integral conforme a
estándares nacionales e internacionales.

30. La controversia analizada en la Sentencia SU-377 de 2014 giró en torno a
múltiples acciones de tutela interpuestas por extrabajadores de la liquidada
empresa TELECOM contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) y
CAPRECOM, en las cuales reclamaban, por una parte, el reconocimiento y pago de
pensiones anticipadas o de jubilación, y por otra, la protección de derechos
fundamentales presuntamente vulnerados por la omisión de incluirlos en el
denominado Plan de Pensión Anticipada, por su desvinculación sin respeto al fuero
sindical o al retén social aplicable a madres/padres cabeza de familia y pre-
pensionados. La decisión de la Corte culminó con la decisión de improcedencia de
la mayor parte de casos, bien sea por razones de legitimación en la causa por activa
y pasiva, cosa juzgada constitucional y temeridad, ausencia de inmediatez y
existencia de otros medios de defensa judicial. Solo unas controversias finalizaron
con el amparo de los derechos de aforados sindicales y beneficiarios del retén
social, estableciendo que deben ser protegidos aún en procesos de liquidación,
aunque cuando el reintegro es imposible, procede el reconocimiento y pago de una
indemnización.

31. La disputa constitucional abordada en la sentencia T-098 de 2017, se suscitó
entre un rector de una institución educativa con un programa periodístico, lo que
generó en sentir del ciudadano la vulneración de sus derechos fundamentales a la

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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02565-00
Accionante: Gloria María Rojas de Neiva
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Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

intimidad, dignidad y trabajo, tras haber sido grabado sin autorización en el marco
de una investigación periodística sobre su nombramiento, pese a una condena
penal que recaía en su contra. El accionante solicitaba la destrucción del material
audiovisual recolectado. La Corte concluyó que no se vulneraron sus derechos,
pues los periodistas actuaron dentro del marco de la libertad de expresión e
información, al tratarse de un asunto de interés público, y reiteró que el derecho al
olvido no aplica a condenas penales cuando el hecho es cierto y verificable. En
consecuencia, confirmó los fallos de instancia que negaron el amparo.

32. La Corte Constitucional en la sentencia T-068 de 2021, resolvió la acción de
tutela interpuesta por dos ciudadanas quienes alegaron haber sido discriminadas
en un Centro Comercial cuando una vigilante las reprendió por manifestaciones
públicas de afecto. Las accionantes consideraron que esta actuación vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, a no ser discriminadas, a la dignidad
humana, a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad. Aunque los jueces de
instancia negaron el amparo ante la ausencia de elementos probatorios que
acreditaran la discriminación, la Corte Constitucional revocó dichas decisiones al
considerar que existía una presunción de discriminación por tratarse de una pareja
del mismo sexo, que la carga de la prueba recaía en las entidades accionadas y
que la conducta de los vigilantes constituyó un acto discriminatorio. En
consecuencia, ordenó al centro comercial y a la empresa de vigilancia pedir
disculpas públicas y capacitar a su personal sobre los derechos de la población
LGBTI, resaltando que la discriminación por orientación sexual es inaceptable en
espacios públicos o de acceso al público.

33. Finalmente, la sentencia T-067 de 2021, no fue encontrada en los motores de
búsqueda con los que cuenta la Rama Judicial para tal fin. Solo advirtió la existencia
de la sentencia C-067 de 2021 en la cual se efectuó el control de constitucionalidad
parcial del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal referido a la duración de
los procesos penales.

34. En consecuencia, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, sin que ello obste para
efectuar un llamado de atención al apoderado de la parte actora para que, en lo
sucesivo, se abstenga de promover acciones constitucionales en las que haga citas
inexactas, inexistentes o descontextualizadas que puedan desviar el recto criterio
de los funcionarios, empleados o auxiliares de la justicia encargados de definir una
cuestión judicial o administrativa (cfr. Art. 33.10 de la Ley 1123 de 2007).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02565-00
Accionante: Gloria María Rojas de Neiva
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la demanda de tutela presentada por la
señora Gloria María Rojas de Neiva, a través de apoderado, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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