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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02571-00

Fecha
16 de junio de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02571-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, de conformidad con lo razonado en la parte motiva. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02571-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

16 de junio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02571-00
Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02571-00
Demandante: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio
de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente para discutir
la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada.

La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por la Registraduría Nacional del Estado
Civil contra la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 2 de mayo de la presente anualidad, la Registraduría Nacional del Estado Civil
interpuso acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por considerar vulnerado su derecho fundamental al
debido proceso, con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida, el 29 de
noviembre de 2024, en el marco del proceso de reparación directa con radicado 11001-
33-43-062-2023-00180-01. Formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA. Se AMPARE el derecho fundamental AL DEBIDO PROCESO de
la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.

SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS, la sentencia del 29 de noviembre de 2024
proferida TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCIÓN B – en el marco del proceso de reparación directa
dentro del expediente 11001-33-43-062-2023-00180-01.

2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1
Se advierte que el 22 de mayo de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

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Demandante: Registraduría Nacional del Estado Civil

3. En ejercicio del medio de control de reparación directa, la señora Estefany Paola
Cervantes Morales demandó a la Nación – Registraduría Nacional del Estado Civil, con
el fin de que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por la
afectación a su derecho a la nacionalidad, causada con ocasión de la expedición de la
Resolución 14455 del 25 de noviembre de 2021, por medio de la cual se anuló su registro
civil de nacimiento y se canceló su cédula de ciudadanía.

4. Según se narró en la demanda, la señora Estefany Paola Cervantes Morales nació en
Caracas, Venezuela, el 10 de abril de 1996, siendo su padre de nacionalidad colombiana.

5. El 25 de noviembre de 2021, la Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la
Resolución 14455, por medio de la cual anuló el registro civil de nacimiento y la cédula
de ciudadanía de la señora Cervantes Morales; sin embargo, el 9 de junio de 2022, a
través de Resolución 15325, la misma entidad revocó la decisión anterior, bajo la
consideración de que la misma se había proferido «contrariando la Constitución y la
Ley».

6. Lo anterior, a juicio de la demandante, afectó su derecho a la nacionalidad e impidió
que gozara de sus derechos civiles y políticos, pues, durante el tiempo en el que se
mantuvo en firme la Resolución 14455, quedó expuesta a ser migrante irregular, privada
de ejercer su derecho al voto, acceder a integralmente a los servicios de salud, trabajar
en situación legal, entre otros perjuicios relacionados.

7. Al proceso se le asignó el radicado 11001-3343--062-2023-00180-00 y correspondió,
por reparto, al Juzgado 62 Administrativo de Bogotá, que, en sentencia del 7 de junio de
2024, negó las pretensiones de la demanda. En su criterio, la demandante no acreditó
que el acto administrativo que ordenó la nulidad de su registro civil de nacimiento y de
su cédula de ciudadanía le hubiera generado algún tipo de afectación emocional o
padecimientos en términos generales. Asimismo, expuso que tampoco se acreditó la
configuración de algún tipo de menoscabo al buen nombre y/o a la honra de la señora
Cervantes Morales.

8. Ante la referida insuficiencia probatoria, el juez de primera instancia argumentó que,
en tanto no se acreditó el daño antijurídico como elemento definitivo de la
responsabilidad del Estado, lo procedente era negar las pretensiones de la demanda.

9. Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de apelación. Sostuvo
que en el proceso sí se acreditó la afectación a sus derechos humanos, pues incluso la
propia entidad demandada en el acto administrativo en virtud del cual se ordenó la
revocatoria de la anulación y cancelación de sus documentos de identificación admitió
haber contravenido la Constitución y la Ley. Adicionalmente, relacionó varios
pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que dicho
tribunal estimó que cuando se trata de violación de derechos humanos, no se requiere
que se prueben los perjuicios causados a la víctima, pues se entiende que quien sufre
dichas afectaciones experimenta un sufrimiento moral.

10. En relación con la afectación a sus derechos al buen nombre y a la honra, indicó que
el a quo, pasó por alto la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la apreciación
probatoria de las declaraciones rendidas en medios de comunicación. En este caso,

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afirmó que en la sentencia de primera instancia se omitió valorar las declaraciones
realizadas por el registrador nacional del Estado Civil y el director de registro civil de
dicha entidad ante diversos medios de comunicación.

11. Mediante sentencia del 29 de noviembre de 2024, la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En su
criterio, contrario a lo sostenido por el a quo, en el proceso sí se acreditó la existencia de
un daño antijurídico consistente en la privación arbitraria de la nacionalidad de la señora
Estefany Paola Cervantes Morales, entre el 4 de enero de 2022 y el 9 de junio de la
misma anualidad. No obstante, consideró que no ocurría lo mismo respecto de la
supuesta afectación a sus derechos al buen nombre y a la honra, dado que esta no se
logró demostrar en el plenario.

12. En consecuencia, argumentó que la anulación del registro civil de nacimiento de la
demandante, realizada de manera opuesta a la Constitución y a la Ley —como lo
reconoció la propia entidad demandada— lesionó los derechos fundamentales a la
personalidad jurídica y nacionalidad de la señora Estefany Paola Cervantes Morales y
transgredió el mandato Superior de preservar los derechos y libertades de las personas.

13. En cuanto a la indemnización de perjuicios, ordenó a la entidad demandada pagar a
la demandante una suma correspondiente a 20 SMLMV por concepto de daño moral,
bajo el argumento de que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, la
existencia de dicho perjuicio se presume respecto de la víctima directa y sus parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad y primero afinidad. Asimismo, encontró
probada, de oficio, la afectación de bienes constitucional y convencionalmente protegidos
de la señora Cervantes Morales, por lo que, por este concepto, reconoció a su favor una
suma equivalente a 20 SMLMV.

14. En el escrito de tutela, la Registraduría Nacional del Estado Civil alegó que la
providencia antes citada adolece de los siguientes defectos: i) fáctico, por falta de
respaldo probatorio para adoptar la decisión y ii) desconocimiento del precedente
jurisprudencial.

15. En relación con el cargo por desconocimiento del precedente jurisprudencial, expuso
que la sentencia censurada desconoce una «profusa línea jurisprudencial», según la cual
la presunción frente a la existencia de perjuicios morales procede únicamente ante la
existencia de hechos o eventos puntuales, como, por ejemplo, cuando se está ante el
fallecimiento de una persona por hechos imputables al Estado, las víctimas de lesiones
personales, privaciones injustas de la libertad y víctimas de desaparición forzada.

16. Para fundamentar lo anterior, la entidad accionante argumentó que, en una situación
similar, esta Corporación 2 amparó el derecho fundamental al debido proceso, por la
configuración de un defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial de una
decisión en la que la autoridad judicial entonces accionada amplió o equiparó las
situaciones en las que se presume el perjuicio moral con una situación que no había sido
discutida por la jurisprudencia administrativa.

2 Citó la sentencia del 26 de septiembre de 2012, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de

esta Corporación, en el marco del proceso con radicado 11001-03-15-000-2012-01461-00.

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17. Adicionalmente, manifestó que, contrariando la jurisprudencia de esta Corporación,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró acreditada la afectación a bienes
constitucional y convencionalmente protegidos, sin relacionar ni un solo medio de
convicción que diera cuenta de la supuesta lesión.

18. Además, indicó que la autoridad judicial accionada también pasó por alto que el
reconocimiento de la existencia de un perjuicio a los bienes constitucional y
convencionalmente protegidos comporta una doble indemnización, pues, de acuerdo con
la sentencia objeto de reproche, los perjuicios morales «se derivan de la congoja y
sufrimiento por la pérdida de su vínculo jurídico con el Estado al ser cancelada su
nacionalidad. Es evidente que el fundamento es el mismo para argumentar la existencia
de un perjuicio en relación con los bienes constitucionales, ya que éste, también, se
argumentó con base en la violación del derecho fundamental a la personalidad jurídica y
la nacionalidad».

19. Por último, señaló que la sentencia del 29 de noviembre de 2024 adolece de defecto
fáctico, porque, al revisar la liquidación de los perjuicios morales, el Tribunal accionado
«no hizo mención a (i) ningún elemento probatorio, (ii) tampoco realizó un análisis
exhaustivo frente a la supuesta gravedad del daño, (iii) ni mucho menos, analizó
situaciones similares para establecer algún grado de razonabilidad frente a su decisión.
El Tribunal se limitó a señalar que acudió al arbitrio judicial, a los principios de reparación
integral y equidad para establecer el monto de los perjuicios morales señalados. A pesar
de que se cita jurisprudencia del Consejo de Estado, esta se desconoce de manera
inmediata en tanto no cumple con los pasos o criterios que en ella se han fijado para el
reconocimiento y liquidación de perjuicios morales».

B. Trámite impartido e intervenciones

20. Mediante auto del 12 de mayo de 20253, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra los magistrados que integran la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y vinculó a la señora
Estefany Paola Cervantes Morales, en calidad de tercera con interés. Asimismo, ordenó
notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

21. El Juzgado 62 Administrativo de Bogotá4 allegó copia digitalizada del expediente
del proceso de reparación directa con radicado 11001-33-43-062-2023-00180-00, pero
no se pronunció respecto de la solicitud de amparo.

22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, y la señora Estefany Paola Cervantes Morales no intervinieron, pese
a que fueron debidamente notificados del auto admisorio de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

23. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el

3
SAMAI, índice 5.
4 SAMAI, índices 11 y 12 del expediente de tutela en primera instancia.

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artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991,
en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno
del Consejo de Estado).

D. Problema jurídico

24. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Sólo en el evento de que se cumplan tales
exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer si la providencia del
29 de noviembre de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca adolece de los defectos por desconocimiento
del precedente jurisprudencial y/o fáctico y, por ende, vulneró el derecho fundamental al
debido proceso de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

E. Análisis de la Sala

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

25. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que la sentencia de censurada fue
proferida el 29 de noviembre de 2024 y notificada el 3 de diciembre siguiente, mientras
que la solicitud de amparo se presentó el 2 de mayo de 2025, esto es, dentro de los seis
meses siguientes a su expedición. Este término resulta razonable.

26. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela. Tampoco se
trata de aquellas dictadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que, en su
orden, resuelven acciones de inconstitucionalidad o de nulidad por inconstitucionalidad5,
ni de sentencias interpretativas (Senit) adoptadas por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la JEP, «como consecuencia de una petición específica de algún
órgano de dicha Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general,
impersonal y abstracto»6.

27. Subsidiariedad7. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio
de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración
de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y
eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo
contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir,
concederá el amparo impetrado.

28. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la

5 Al respecto, ver, entre otras, las sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-215 de 2022, SU-114

y SU-391 de 2023 de la Corte Constitucional.
6 Corte Constitucional. Sentencia SU-388 de 2023.
7
En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta Corporación,
expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de junio de 2016
(expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia del 1º de junio de
2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).

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ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

29. El asunto que se estudia cumple el requisito de subsidiariedad, porque se agotaron
los medios disponibles en el proceso ordinario y porque las razones que sustentan los
defectos alegados no encajan en las causales previstas en la ley para la procedencia de
los recursos extraordinarios.

30. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos
fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se
requiere que la solicitud de amparo contenga i) una carga argumentativa mínima y ii) que
no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las
establecidas por el legislador.

31. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente8 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

32. La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en
efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un
derecho fundamental.

F. Cumplimiento de la relevancia constitucional en el caso concreto

33. En el caso de estudio, la Registraduría Nacional del Estado Civil afirmó que la
providencia censurada incurrió adolece de los siguientes defectos: fáctico, por falta de
respaldo probatorio para adoptar la decisión y desconocimiento del precedente
jurisprudencial en relación con i) la aplicación indebida de la presunción de afectación
moral en el caso en concreto, ii) la inadecuada aplicación de los criterios para la
liquidación de los perjuicios morales y iii) la indebida indemnización por la violación a
bienes constitucional y convencionalmente protegidos, pues tal concepto, en su criterio,
ya había sido incluido en la indemnización por el daño moral causado a la demandante.

34. No obstante, de entrada, la Sala advierte que la petición de amparo no está llamada
a prosperar, en tanto carece del requisito de relevancia constitucional, por falta de carga
argumentativa e instancia adicional, como se explicará a continuación.

35. En relación con el defecto fáctico, la parte accionante precisó que, pese a que el
Tribunal accionado afirmó que en el proceso se acreditaron los daños causados a la

8 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215

de 2022 de la Corte Constitucional.

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demandante con ocasión de la expedición de la Resolución 15325 del 9 de junio de 2022,
lo cierto es que no relacionó ni un solo elemento de juicio que respaldara tal aseveración.

36. A juicio de esta Sala, aunque la parte accionante pretende hacer ver que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en un yerro, por cuanto adoptó la decisión sin
el fundamento probatorio necesario, lo cierto es que, en el fondo, la inconformidad de la
entidad accionante se reduce al hecho de que la referida autoridad judicial aplicó la
presunción de causación de perjuicios morales, pese a que, en su criterio, aquello no era
procedente en el caso de estudio.

37. Ciertamente, la jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional9 ha definido el
concepto de presunción, como una inferencia o supuesto legal que se establece para
considerar como cierto un hecho, basándose en la probabilidad o en reglas generales de
experiencia. Por su parte, esta Corporación10 ha admitido que se trata de un juicio lógico
que consiste en tener como cierto o probable un hecho, a partir de hechos debidamente
probados.

38. Entonces, resulta evidente que, al aplicar una presunción, el juez no necesita acudir
a un análisis probatorio adicional respecto del hecho presumido, pues, con base en
hechos ya acreditados en el proceso, aplica un silogismo jurídico que le permite tener
por cierto el hecho, prescindiendo de la necesidad de probarlo directamente.

39. Así, el contraevidente argumento de que la decisión se adoptó sin respaldo probatorio
carece de todo fundamento y converge, nuevamente, en el argumento transversal
relacionado con que, a juicio de la parte demandante, el Tribunal accionado, luego de
encontrar acreditado el daño antijurídico, aplicó indebidamente la presunción del daño o
afectación moral en el caso concreto.

40. Ahora, aun si en gracia de discusión, la Sala analizara el cargo como si se tratara de
una falta de motivación de la sentencia, lo cierto es que advierte que la autoridad judicial
accionada argumentó, de manera suficiente, las razones por las que consideró que en
caso de estudio era aplicable la presunción de la afectación moral respecto de la
demandante. Para tal efecto, citó un pronunciamiento de esta Corporación e indicó que
los perjuicios morales se presumen tanto en la víctima directa como en sus parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil; de modo que, como en este
caso se acreditó la privación arbitraria de la nacionalidad colombiana de la demandante,
se entiende que tal daño le generó la pérdida de su vínculo jurídico con el Estado y la
congoja y sufrimiento que esto puede acarrear para cualquier persona.

41. Siguiendo con el análisis de los cargos de la petición de amparo, se tiene que, bajo
la misma línea argumentativa, la parte accionante alegó que la providencia atacada
desconoció el precedente jurisprudencial, por cuanto aplicó indebidamente la presunción
sobre la causación del daño moral. En concreto, indicó que la sentencia censurada pasó
por alto que el Consejo de Estado «tiene una profusa línea jurisprudencial sobre la

9 Corte Constitucional, Sala Plena, Magistrado ponente: Alberto Rojas Ríos, sentencia C – 567 del 27 de

noviembre de 2019.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero ponente: Jorge

Octavio Ramirez Ramirez, sentencia del 8 de octubre de 2015, Radicación número: 05001-23-31-000-
2002-04446-01(19495).

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materia», en la cual ha señalado que la «institución» de presunción frente a la existencia
de perjuicios morales, se ha admitido únicamente ante la existencia de hechos o daños
como el fallecimiento por hechos imputables al Estado, las víctimas de lesiones
personales, privación injusta de la libertad y la desaparición forzada.

42. En sentencia SU 304 del 25 de julio de 2024, la Corte Constitucional realizó
importantes precisiones sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y, entre otras, la causal específica de desconocimiento del precedente en los
siguientes términos: i) la acción de tutela contra providencias judiciales sólo procede de
manera excepcional contra providencias judiciales, lo que «implica que la procedencia
de la acción de tutela contra providencias impone a quien la interpone la carga de
evidenciar la configuración de un defecto que vulnera sus derechos
fundamentales», ii) la naturaleza de la autoridad judicial que profiere el precedente no
es un criterio válido para determinar si su violación configura un defecto por
desconocimiento del precedente o un defecto sustantivo. Todas las autoridades
judiciales, […], profieren providencias susceptibles de constituirse en precedentes frente
a casos futuros semejantes, iii) la violación de los pronunciamientos que no son producto
de un examen de validez, pero que fijan criterios hermenéuticos para la interpretación de
normas, se adecúa a la regla general del desconocimiento del precedente.

43. En suma, concluyó que «[s]e configura un defecto por desconocimiento del
precedente cuando se advierta la violación de la razón de la decisión de una providencia
judicial que cumple las condiciones para calificarse como precedente. No obstante, el
desconocimiento del significado reconocido o atribuido a las disposiciones objeto de juzgamiento
(ley, decreto, resolución, entre otras) en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad o
legalidad, configura un defecto sustantivo».

44. Ahora bien, una sentencia constituye un procedente vinculante y aplicable al caso en
concreto cuando concurren las siguientes circunstancias: a) la razón de su decisión
contiene una regla aplicable a la situación a resolver, b) el problema jurídico que allí se
resolvió sea semejante al que ahora corresponde decidir; y c) las circunstancias fácticas
en ambos casos deben ser equiparables.

45. En vista de lo anterior, esta Sala concluye que, en el caso bajo estudio, la parte actora
no cumplió con la carga de argumentar de manera clara y suficiente en qué consistía el
supuesto desconocimiento del precedente jurisprudencial. Así, aunque afirmó que esta
Corporación tiene una «profusa línea jurisprudencial sobre la materia», no explicó por
qué la razón de alguna decisión anterior resultaría aplicable al caso concreto, ni sustentó
que el problema jurídico fuera análogo al resuelto en otros fallos, o que las circunstancias
fácticas fueran realmente equiparables. En consecuencia, su alegación carece del
desarrollo argumentativo necesario para que el juez del amparo analice si se presentó
una infracción al precedente.

46. Simplemente, se insiste, la parte actora se limitó a afirmar que el Consejo de Estado
ha sido constante en admitir la presunción de los perjuicios morales únicamente frente a
determinadas circunstancias, dentro de una línea jurisprudencial que, según indicó, se
estructura principalmente a partir de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014,
sin ofrecer argumentos o razones que permitan al juez de tutela analizar la posible
analogía fáctica y jurídica entre la sentencia cuestionada el precedente invocado, lo que
da cuenta de que, en este punto, la demanda carece de relevancia constitucional, por
inexistencia de una carga argumentativa mínima del referido defecto.

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47. El análisis anterior es igualmente aplicable al cargo por desconocimiento del
precedente en relación con la inadecuada aplicación de los criterios para la liquidación
de los perjuicios morales, pues la accionante simplemente mostró su inconformidad con
la tasación de los perjuicios que realizó el Tribunal accionado porque la decisión carecía
de sustento probatorio y de motivación, pues no se realizó un análisis exhaustivo frente
a la supuesta gravedad del daño ni analizó situaciones similares para establecer tal
gravedad.

48. No obstante, aunque se observa que transcribió algunos apartes de una providencia
de esta Corporación, lo cierto es que no argumentó, siquiera brevemente, la existencia
de las circunstancias descritas por la Corte Constitucional para la procedencia del
análisis de un cargo por desconocimiento del precedente.

49. Por otro lado, en el escrito de tutela la Registraduría Nacional del Estado Civil también
adujo que se incurrió en un desconocimiento del precedente jurisprudencial de esta
Corporación, en la medida en que la indemnización por la vulneración a bienes
constitucional y convencionalmente protegidos que encontró probada oficiosamente la
autoridad judicial accionada, se encontraba comprendida dentro de los perjuicios morales
ya reconocidos. Sin embargo, en igual sentido que los cargos anteriores, la parte actora
no se preocupó por argumentar de acuerdo con los criterios ya ampliamente reiterados,
las razones por las que consideraba que existía una providencia que debía tenerse como
precedente para resolver el caso en este asunto puntualmente.

50. En relación con lo anterior, valga precisar que, en todo caso, la Sala encuentra que
el juicio del Tribunal accionado se muestra absolutamente razonable, pues, de acuerdo
con las reglas fijadas en la sentencia del 14 de septiembre de 2011, reiteradas en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 —esta última citada en la providencia
cuestionada—, la afectación a los bienes constitucional y convencionalmente protegidos
se reconoce como «una tercera categoría de daños inmateriales autónomos».

51. Es así como en la referida providencia de unificación esta Corporación reconoció que
«el daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tiene las
siguientes características: i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o
afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan
de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales.
Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial. ii) Se trata de vulneraciones o
afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a
bienes o derechos constitucionales y convencionales. iii) Es un daño autónomo (…) iv)
La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva (…).».

52. En ese sentido, como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró
acreditado el daño antijurídico consistente en la privación injustificada de la nacionalidad
de la demandante, ello comportaría una afectación autónoma a sus derechos
constitucionales y convencionalmente protegidos, esto es, distinta a la del perjuicio
moral, en el que se accedió a la reparación solicitada por la demandante por «la pérdida
de su vínculo jurídico con el Estado Colombiano y la congoja y sufrimiento que esto
puede acarrear para cualquier persona».

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53. Finalmente, no puede pasar por alto la Sala que en el escrito de tutela se trajo a
colación la sentencia de tutela del 26 de septiembre de 2012, proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda de esta Corporación, en marco del proceso con radicado 2012-
01461-00, por medio de la cual se amparó el derecho fundamental al debido proceso por
la configuración de un defecto por desconocimiento del precedente en un caso en el que
«el Tribunal Administrativo del Cauca amplio o equiparó las situaciones en las que se
presume el prejuicio moral con una situación que no había sido discutida por la
jurisprudencia administrativa y, por lo tanto, no resultaba aplicable al caso en concreto».

54. Al respecto, es necesario precisar que la providencia citada se profirió en el marco
de un proceso de tutela, que, por su naturaleza, tiene efectos inter partes, es decir, dicho
pronunciamiento no resultaba vinculante para los jueces de la reparación directa, pues,
de conformidad con lo señalado, no cumple con los criterios para que sea considerado
como un precedente jurisprudencial aplicable al caso en concreto, lo que, en este punto,
también torna improcedente la acción constitucional.

55. Aún más, a simple vista se observa que la situación fáctica analizada en el fallo de
tutela del 26 de septiembre de 2012 difiere sustancialmente del caso bajo análisis, pues
allí se estaba ante un perjuicio relacionado con la obligación de rendir un nuevo examen
de conocimientos para optar por el título de abogado, mientras que en este caso se
discutió sobre la afectación y alcance de un derecho humano fundamental que fue
transgredido, sin justificación aparente, por la entidad accionada. Tal circunstancia,
comporta, según el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia censurada,
una verdadera transgresión a un bien constitucional y convencionalmente protegido,
revestida de especial gravedad.

56. Adicionalmente, la Sala advierte que en el caso en concreto lo que existe es un
desacuerdo de la parte accionante con la providencia cuestionada, pero esa disparidad
de criterios en torno a los elementos debatidos no es una razón suficiente para que el
juez de tutela se pronuncie nuevamente respecto del fondo del asunto. Este instrumento
constitucional no constituye una instancia adicional del proceso ordinario para que la
parte actora imponga su visión del litigio, tanto más si la demanda está desprovista de
razonamientos de estirpe iusfundamental que permitan dar por superado el requisito de
relevancia constitucional.

57. Conviene precisar que, en sentencia de unificación SU-215 de 2022, la Corte
Constitucional insistió en la relevancia constitucional, como un requisito necesario para
la procedencia de la tutela contra providencia judicial, a fin de impedir que se convierta
en instancia adicional a los procesos o se resuelvan aspectos legales sin trascendencia
constitucional:

[…]según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el
carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de
tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales11. Para determinar si este

11 Cita original de la providencia: En la sentencia T-131 de 2021, “la Corte resumió los escenarios en los

que un asunto reviste relevancia constitucional, así: (i) se desconoce, a priori, el derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia y al debido proceso en su faceta constitucional; (ii) no se emplea
como una tercera instancia judicial para reabrir el proceso; (iii) está orientado a resolver aspectos que

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requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales12. (Se destaca).

58. En suma, mientras la parte no ofrezca argumentos con real peso constitucional y que
sean coherentes con la decisión adoptada, habrá de concluirse que el contenido de la
providencia censurada es razonable, goza de presunción de acierto y se acompasa con
los principios de independencia y autonomía judiciales que no pueden ser desconocidos
por el juez de tutela. Por tanto, como se anticipó, la Sala declarará improcedente la
solicitud de amparo presentada por la Registraduría Nacional del Estado Civil por
incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

59. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, de conformidad con lo razonado en la parte
motiva.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

trascienden cuestiones legales; (iv) no tiene la pretensión de cuestionar el criterio de los árbitros para
decidir el caso; (v) pretende cuestionar la falta de aplicación de normas constitucionales; y (vi) busca evitar
la afectación del patrimonio público cuando se cumplen determinadas condiciones”.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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