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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-02581-00

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-02581-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02581-00 Actora: CANTERAS DE FLORENCIA LTDA. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-02581-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

22 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02581-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: CANTERAS DE FLORENCIA LTDA.

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD
JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN MORA JUDICIAL
INJUSTIFICADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra

la SECCIÓN CUARTA1 y la SECRETARÍA GENERAL2 DEL

CONSEJO DE ESTADO.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La sociedad CANTERAS DE FLORENCIA LTDA., actuando a través

1
En adelante la Sección Cuarta.
2
En adelante la Secretaría.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02581-00
Actora: CANTERAS DE FLORENCIA LTDA.

de su representante legal, en ejercicio de la acción de tutela prevista

en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de

sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, los cuales estima vulnerados por la

SECCIÓN CUARTA y la SECRETARÍA con ocasión de la presunta

mora judicial injustificada en el trámite de la acción de tutela

identificada con el número único de radicación 11001-03-15-000-

2025-02418-00, por cuanto no se ha dictado sentencia.

I.2.- Hechos

Manifestó que el 25 de abril de 2025, presentó acción de tutela la

cual fue identificada con el número único de radicación 11001-03-

15-000-2025-02418-00; sin embargo, luego de haber transcurrido

siete días calendario y cinco días hábiles desde su radicación, al

momento de la presentación de la solicitud de amparo de la

referencia, no se ha admitido la misma.

Adujo que, como consecuencia de lo anterior, no podría cumplir con

el término constitucional de diez días para dictar sentencia, razón por

la cual se le vulnerarían los derechos fundamentales deprecados, al

no existir una causa de justificación o excepcional de la mora.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02581-00
Actora: CANTERAS DE FLORENCIA LTDA.

Sostuvo que la presunta mora injustificada para admitir la acción

constitucional le vulnera su derecho fundamental al debido proceso

y, asimismo, le crea dificultades en el acceso real y efectivo a la

administración de justicia.

Indicó que no tiene otro medio de defensa judicial disponible para

exigir el cumplimiento de los plazos establecidos con el fin de resolver

las acciones de tutela dentro del respectivo término constitucional.

Adujo que, por lo precedente, la autoridad judicial accionada vulneró

lo dispuesto en los artículos 29, 86, 209, 228 y 229 de la Constitución

Política.

I.3.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…] PETICIONES

PRIMERA: Solicito a usted señor(a) Juez se protejan mis derechos al
debido proceso y al acceso real a la administración de justicia
consagrados en la constitución nacional.

SEGUNDA: Se declare que El accionado vulneró mi derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia y al debido
proceso por no respetar los términos establecidos en la Constitución
Nacional para expedir las decisiones dentro del trámite de acción de
tutela de la referencia.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02581-00
Actora: CANTERAS DE FLORENCIA LTDA.

TERCERA: Se ordene al Consejo de Estado Sección Cuarta […]
adoptar las decisiones de admisión de la acción de tutela y resolución
de la misma dentro del término establecido de 10 días dentro del
proceso constitucional de tutela de la referencia, para garantizar mis
derechos fundamentales dentro del radicado No
11001031500020250241800, demandante Canteras de Florencia
Ltda., Demandado Consejo de Estado Sección cuarta Subsección C
[…]”.

I.4.- Defensa

I.4.1.- La SECCIÓN CUARTA señaló que la acción constitucional

objeto de la presente solicitud de amparo se radicó el 25 de abril de

2025 y el paso al Despacho fue realizado por la SECRETARÍA el 28

del mismo mes y año.

Advirtió que durante el estudio de admisibilidad de dicha acción de

tutela, encontró que la actora fungía como parte demandante en

veintitrés procesos de acciones constitucionales de las cuales

dieciséis de ellos estaban dirigidos contra la SECCIÓN TERCERA de

esta Corporación, por la presunta mora judicial dentro del trámite del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicado 11001-03-26-000-

2016-00096-00, en las cuales evidenció que tenían el mismo

fundamento de la acción constitucional objeto de estudio.

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Actora: CANTERAS DE FLORENCIA LTDA.

Puso de presente que lo anterior la llevó a realizar un estudio

detallado de cada caso para así descartar la duplicidad en las

referidas acciones o determinar la viabilidad de una acumulación de

expedientes de todos los asuntos en los cuales es parte demandante

la aquí actora, lo que le implicó tiempo de estudio y análisis para

adoptar les decisiones pertinentes.

Manifestó que una vez realizó dicho estudio a través de auto de 5 de

mayo de 2025, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a las

partes y terceros interesados, como también requirió copia digital del

expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación 11001-03-

26-000-2016-00096-00, decisión que fue notificada a las partes

mediante correo electrónico el 6 de ese mes y año.

Afirmó que, teniendo en cuenta lo precedente, en el caso objeto de

estudio no existió la presunta mora judicial injustificada alegada por

la actora, pues el tiempo trascurrido entre el 28 de abril y 5 de mayo

de 2025, no puede ser considerado un lapso excesivo o injustificado

que constituya la misma.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02581-00
Actora: CANTERAS DE FLORENCIA LTDA.

Resaltó que la actora emplea la solicitud de amparo de la referencia

de manera anticipada, toda vez que la acción que actualmente

conoce identificada bajo el número único de radicado 11001-03-15-

000-2025-02418-00, fue presentada el 25 de abril de 2025 y aquella

fue radicada el 2 de mayo de 2025, es decir, que no trascurrieron ni

siquiera 5 días, lo que, a su juicio, constituye un uso indebido del

mecanismo de protección.

Mencionó que debido al alto volumen de acciones constitucionales

que recibe a diario por parte de los despachos de la Corporación,

provenientes de todo el país, a las cuales se les imprime el trámite

correspondiente con celeridad, sin perjuicio de aquellos casos que el

estudio de admisibilidad demanda más tiempo que otros, como

ocurrió en el caso objeto de estudio.

Finalmente, arguyó que en el presente asunto hay lugar a declarar

la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado,

debido que a pese a que para el 2 de mayo de 2025 no se había

admitido la acción de tutela objeto de estudio, dicha decisión fue

proferida el 5 del mismo mes y año.

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Actora: CANTERAS DE FLORENCIA LTDA.

I.4.2.- La SECRETARÍA, indicó que ha actuado de forma célere y

diligente en el trámite de la acción de tutela identificada con el

número único de radicación 11001-03-15-000-2025-02418-00.

Afirmó que el 25 de abril de 2025, la actora presentó acción de tutela

contra la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación, por cuanto, a su

juicio, se le vulneraron sus derechos fundamentales al debido

proceso y al acceso a la administración de justicia, debido a que

presuntamente existió una mora judicial injustificada en el trámite

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado bajo el número único de radicado 11001-03-26-000-

2016-00096-00.

Mencionó que en esa misma fecha le asignó por reparto el asunto a

la SECCIÓN CUARTA y el 28 de abril de 2025, le hizo el paso al

Despacho a la misma.

Sostuvo que el 5 de mayo de 2025, el Magistrado ponente profirió el

auto admisorio de la demanda, el cual fue notificado a las partes el

6 del mismo mes y año.

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Actora: CANTERAS DE FLORENCIA LTDA.

Concluyó que no le ha vulnerado ningún derecho fundamental a la

actora por acción ni por omisión, toda vez que ha garantizado los

términos judiciales y dio tramite inmediato a la notificación del citado

proveído dentro de la acción de tutela objeto de debate.

Solicitó debido a lo anterior, denegar el amparo solicitado y, sin

perjuicio de lo anterior, declarar la carencia actual de objeto por

hecho superado, debido a que el auto admisorio que la actora echa

de menos ya fue proferido y notificado.

I.4.3.- La SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO

DE ESTADO, vinculada como tercera con interés directo en las

resultas del proceso, pese a ser notificada en debida forma, guardó

silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

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distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, la actora instauró acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso

y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le

fueron vulnerados por la SECCIÓN CUARTA y la SECRETARÍA por

3
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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la presunta mora judicial injustificada al no haberse proferido la

sentencia dentro de la acción de tutela identificada con el número

único de radicación 11001-03-15-000-2025-02418-00.

En ese orden de ideas, a la Sala le corresponde determinar si la

autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales

invocados por la actora, al incurrir en una presunta mora judicial

injustificada dentro de la acción constitucional aludida.

De la mora judicial

Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y

estructural […]”4 que impide el disfrute efectivo del derecho de

acceso a la administración de justicia y que se presenta como

resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la

capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la

solución de los procesos.

Sobre este tema, la Corte Constitucional5 ha sostenido que el no

cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no

4
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María
Victoria Calle Correa.
5
Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño

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implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida

cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar

los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar

prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar

irrazonablemente la justicia como valor superior y principio

constitucional.

En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora, para

determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario que

concurran determinadas circunstancias para tenerla como

injustificada.

Al respecto, la Corte6 ha manifestado en forma reiterada que:

“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la
razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del
ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable,
lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente
y la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo
o justificación razonable de la demora7. Advirtió, además, que
(iv) el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de
todos los medios posibles para evitar el detrimento de las
garantías de acceso a la administración de justicia y debido
proceso, concluyendo que:

6
Ibidem.
7
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño - unánime)».

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“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del
plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto
que son estos los criterios que se deben analizar para determinar
si acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y
por ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida,
la mora judicial se justifica cuando:

• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez
que los atiende.

• Se constata la existencia de problemas estructurales, de
exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser
catalogadas como imprevisibles e ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha
obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.”8.

13.5. En la providencia T-230 de 20139, que abordó un caso de
presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte
Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un
proceso ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una
sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario
a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia
cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos
señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii)
no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como
lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la
tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala,
además, que ante casos de mora judicial injustificada, la acción
de tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito de
subsidiariedad y (2) se acreditara la existencia de un perjuicio
irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio, consistente en la
alteración del turno, era excepcional10.

También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la
mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la

8
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la
providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el
sancionado se encontraba justificada».
9
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».
10
«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de
mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que
implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)».

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Corte (i) niega la protección constitucional11, en otros, (ii) ordena
la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos
de especial protección y/o vulnerabilidad12; y, en otros, (iii)
dispone un amparo transitorio13.

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente,
la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394
de 201614, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo
razonable, por desconocimiento del término, es objeto de
amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora
judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.

La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera
que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii)
no existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la
tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.

Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el

desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular,

conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido

proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida

es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible

a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del

litigio.

En virtud de lo anterior, se procede a examinar las actuaciones

11
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T-
243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto -
unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».
12
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».
13
«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».
14
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».

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procesales desarrolladas por la SECCIÓN CUARTA y la

SECRETARÍA dentro de la acción de tutela identificada con el

número único de radicación 11001-03-15-000-2025-02418-00, en

aras de determinar si en el presente asunto se reúnen los

presupuestos que configuran la mora judicial injustificada.

Según la información relacionada la Sede Electrónica de la

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, SAMAI, la Sala

advierte lo siguiente:

• La acción de tutela fue presentada el 25 de abril de 2025, por la

sociedad CANTERAS DE FLORENCIA LTDA, a través de su

representante legal, con el fin de que se protegieran sus derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración

de justicia presuntamente vulnerados por la SECCIÓN TERCERA

DEL CONSEJO DE ESTADO, por haber incurrido en una presunta

mora judicial injustificada dentro del trámite del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número

11001-03-26-000-2016-00096-00.

• Conforme a lo anterior, el 28 de abril de 2025, la SECRETARÍA

asignó por reparto el asunto a la SECCIÓN CUARTA y, en esa

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misma fecha, le hizo paso al Despacho sustanciador para que

conociera del asunto.

• La SECCIÓN CUARTA por medio del auto de 5 de mayo de 2025,

admitió la demanda y la SECRETARÍA envío la notificación de esa

decisión, vía electrónica, el 6 del mismo mes y año.

• Una vez se surtió dicha etapa procesal, el proceso ingresó

nuevamente al Despacho el 13 de mayo de 2025, para dictar

sentencia.

En virtud de lo anterior y conforme a las circunstancias fácticas

mencionadas, la Sala observa que si bien no se ha proferido el fallo

de la acción tutela que dio lugar a la solicitud de amparo de la

referencia, el proceso se encuentra en trámite y durante el mismo la

SECCIÓN CUARTA ha procurado ser diligente en su gestión dándole

el trámite pertinente, pues admitió la demanda y el proceso ya se

encuentra en turno para dictar sentencia.

En ese sentido, para la Sala es importante resaltar, tal y como lo

manifestó la autoridad judicial accionada, que no existe una dilación

injustificada en el trámite del referido asunto, pues la acción de tutela

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de la cual se alega la presunta mora injustificada fue presentada el

25 de abril de 2025 y la de la referencia el 2 de mayo del mismo año,

lo que evidencia que no existe una situación en la que se pueda

atribuir una falta de diligencia en el actuar de la SECCIÓN CUARTA

para llegar a la resolución del litigio.

Consecuente con lo anterior, al haberse comprobado que la autoridad

judicial accionada no incurrió en mora judicial injustificada, para la

Sala se impone denegar el amparo solicitado, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de

conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02581-00
Actora: CANTERAS DE FLORENCIA LTDA.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de mayo de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.

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