Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02608-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02608-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02608-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
7 de julio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02608-00
Accionante: Arquímedez Plata Gutiérrez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02608-00
Accionante: Arquímedez Plata Gutiérrez
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de la acción
de tutela contra providencia judicial. Subtema 2: Subsidiariedad. Improcedencia
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela formulada por Arquímedez
Plata Gutiérrez.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Arquímedez Plata Gutiérrez, en nombre propio, presentó escrito de tutela mediante
el cual solicitó el amparo de su derecho fundamental a la igualdad1, que consideró
vulnerado por la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia y del Derecho,
la Fiscalía General de la Nación, el Congreso de la República y la Procuraduría
General de la Nación, con ocasión a la entrada en vigencia de la Ley 1820 de 2016
y el Decreto 277 de 2017, a través de los cuales se dictaron disposiciones sobre
amnistía, indulto y tratamiento penales especiales en el marco del procedimiento
legislativo especial para la paz, para grupos al margen de la ley.
2. Hechos
2.1. El accionante manifestó que se encuentra recluido en la Cárcel de Mediana
Seguridad La Guafilla, con ocasión a una condena proferida en un proceso penal,
en el marco de la investigación adelantada con el radicado CUI
85001310400320240005400.
2.2. Indicó que en Colombia se tramitó, aprobó y entró en vigencia la Ley 1820 de
2016 y su Decreto Reglamentario 277 de 2017, que concedieron “amnistía, rebaja
1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 6D0760E1A02A9D01 45B7F6295D38BB08
4D8CEEF0984C3D36 11695B9979D48A54.
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Accionante: Arquímedez Plata Gutiérrez
de penas, prisión abierta extramural y otros”2 a miembros de las FARC, del Ejército
Nacional y de la Policía Nacional.
2.3. El solicitante afirmó que la mencionada ley no tuvo en cuenta a la población
privada de la libertad que no fue partícipe del conflicto armado interno y, en
consecuencia, los excluyó de gozar de los beneficios allí concedidos.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó al juez constitucional amparar su derecho fundamental a la
igualdad y, por lo tanto, elevó las siguientes pretensiones:
“(…) [E]xijo que se le dé un tratamiento igual a todos los privados de la libertad
en Colombia, sin discriminación alguna por el delito, la clase de justicia que lo
haya juzgado (ORDINARIA O ESPECIALIZADA), y que mediante un fallo de
tutela se conmine a los accionados a tramitar en las mismas condiciones en que
se hizo la Ley 1820 y su decreto Reglamentario 277 del 2017, mediante la vía
del FAST TRACK, una ley de rebaja general de penas como la que se hizo con
la legislación casuística y discriminatoria llamada ley de verdad, justicia y
reparación.
(…)
Ho magistrados del Concejo (sic) de Estado invoqué esta acción con el fin de
que se me conceda ya que por hacer parte del ERPACK o de los miembros de
Cuchillo quienes entregaron sus armas sin tener un respaldo del Gobierno como
se lo dieron a otros pertenecientes a otros grupos paramilitares entonces tuve
que cometer este delito aceptado para poder tener algo ya que la necesidad de
laborar es arta (sic) y no nos acepta la protección es que se me conceda el
derecho de igualdad o una redención justa de la pena (sic en toda la cita)”3.
En sustento a sus pretensiones, la parte actora señaló que con base en el artículo
13 de la Constitución Política, todos somos iguales ante la ley y no debe haber
discriminación de ninguna índole, por lo tanto, el Estado debe promover las
condiciones de igualdad para que esta sea real y efectiva.
Indicó que se violó el debido proceso de todos los privados de la libertad, por cuanto
la Ley 1820 de 2016, por ser más permisiva y favorable, debe ser aplicada a los
presos sociales, aunque sea posterior a la comisión de los delitos por ellos
cometidos.
4. Trámite de tutela e intervenciones
El asunto, en principio fue repartido a la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, autoridad que, mediante auto del 2 de mayo de 2025 lo remitió
a esta Corporación en atención a las reglas de reparto. Para el efecto indicó:
2 Ibid.
3 Ibid.
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“El contexto descrito, deja claro que la demanda de tutela se dirige de forma
exclusiva contra el Congreso de la República y la Presidencia, por lo que es
dable concluir que la autoridad llamada a conocer del asunto en primera
instancia es el Consejo de Estado de conformidad con lo establecido en el
numeral 121 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 de 2021”4.
Así entonces, conforme a la remisión realizada por la Corte Suprema de Justicia, el
Despacho de la magistrada ponente, con auto del 15 de mayo de 20255, admitió la
acción de tutela, se vinculó como parte a la Presidencia de la República, se ordenó
la notificación a las partes y se suspendieron los términos.
Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:
4.1. La Corte Suprema de Justicia6 allegó escrito en el que solicitó que se negara
el amparo solicitado por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues en virtud
de las facultades establecidas en el artículo 19 del Reglamento General de la
Corporación, esa colegiatura no tiene injerencia alguna frente al asunto expuesto
por el actor, relacionado con la amnistía, indulto y tratamiento penales especiales
en el marco del procedimiento legislativo especial para la paz, para grupos al
margen de la ley.
4.2. El Senado de la República7, por intermedio del Secretario Privado de la
Presidencia de dicha entidad, solicitó su desvinculación de la acción de tutela
porque consideró que no es la autoridad llamada a cumplir las pretensiones de
amparo.
Sostuvo que el señor Arquímedez Plata Gutiérrez pretende la protección del
derecho fundamental a la igualdad, porque, como exintegrante de un grupo armado
ilegal no recibió tratamiento penal benévolo (amnistía, indulto o redención de pena),
a diferencia de lo dispuesto en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017 para
otros actores del conflicto. Sobre este punto, advirtió que: (i) El Senado de la
República no ha participado ni de manera individual ni institucional en la expedición,
reglamentación o aplicación directa de dichas normas en los casos individuales; (ii)
el contenido normativo y aplicación de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de
2017 obedecen a competencias privativas del Gobierno Nacional, de la Rama
Judicial y del Ministerio Público, no del Congreso como sujeto activo de ejecución;
y el Congreso como cuerpo colegiado cumple una función legislativa general, no
administra justicia ni ejecuta actos individuales de reconocimiento de beneficios
judiciales.
4 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 4441A6D9EB71E2EC FB686515E39E4B17
9159137D7F7C967D 1A34466280122F87.
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71A61598D20EC3D3 37A032B17AC6EDB9.
6 Índice 000011 del aplicativo SAMAI, certificado 940BB9C503B7C1B9 CAD22BDC25B8568C
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4.3. La Procuraduría General de la Nación8 solicitó su desvinculación del trámite
constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva. Asimismo, afirmó que
la Corte Constitucional al realizar estudio de constitucionalidad del Decreto Ley 277
de 2017 por medio del cual se establece el procedimiento para la efectiva
implementación de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, declaró su
exequibilidad. Por lo tanto, no se vislumbra la necesidad de realizar un estudio
nuevo de ello.
4.4. La Fiscalía General de la Nación9 alegó la falta de legitimación en la causa
por pasiva. Expuso que una vez realizada la búsqueda en el SPOA del proceso
señalado por el accionante, esta no arrojó resultado alguno frente a la traza del
proceso adelantado, para así determinar a la fiscalía asignada y competente para
adelantar los trámites tendientes al proceso de dicha noticia criminal; razón por la
cual, la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante comunicación del 21 de mayo de
2025 remitió a la Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y
Asignaciones la presente acción constitucional, con el objeto de solicitar información
sobre las noticias criminales e investigaciones adelantadas por la entidad contra el
accionante.
A su vez, explicó que teniendo en consideración las circunstancias fácticas que
atañen el presente caso y de acuerdo a las competencias asignadas mediante el
Decreto 898 de 2017, la Dirección de Asuntos Jurídicos el 21 de mayo de 2021
realizó el traslado a la Dirección Especializada de Justicia Transicional de la Fiscalía
General, para que tuviera conocimiento del asunto y a su vez emitiera
pronunciamiento en caso de considerarse de las circunstancias objeto de análisis.
En respuesta al mencionado traslado, la Dirección Especializada de Justicia
Transicional de la Fiscalía General de la Nación contestó:
“En respuesta a su solicitud recibida en esta Dirección, nos permitimos
informarle que, tras consultar el Sistema de Información de Justicia y Paz
(SIJYP) con los datos proporcionados del señor Arquímedez Plata Gutiérrez,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1117324354, a la fecha no se
encontraron registros que lo señalen como víctima, desmovilizado colectivo o
postulado para recibir los beneficios de la Ley 975 de 2005. Por lo tanto, en el
marco de esta Ley, no se adelanta ninguna investigación que lo involucre. Es
importante precisar que esta respuesta no tiene carácter de certificación.
De igual manera, aclaramos que su requerimiento se relaciona con lo
establecido en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Reglamentario 277 de 2017,
cuya competencia corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz (…)”10.
8 Índice 000014 del aplicativo SAMAI, certificado 219CF09CD0B21312 4928FA6423E8DACC
B0D04C377B3E5D63 69B702F9122F10FF.
9 Índice 000015 del aplicativo SAMAI, certificado 4E95180974FB111F 1128B16256FD60D5
7FF7820EB31B8D14 60AEA0DD2CECE0D5.
10 Índice 000015 del aplicativo SAMAI, certificado D677BD106C28F29E F471FE6793107A87
F2A84C504EC4B074 B2C0BF45EBFB1B3F.
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Por lo tanto, consideró que, una vez estudiadas las pretensiones de la acción
constitucional, estas no se encuentran dirigidas a la Fiscalía General de la Nación,
ni guardan relación con las atribuciones constitucionales y legales de la entidad.
Afirmó que la solicitud es improcedente, pues de acuerdo con la solicitud planteada
por el accionante y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1820
de 2016, la competencia para decidir sobre el particular le correspondería a la
Jurisdicción Especial para la Paz, ya que es esta autoridad judicial la encargada de
garantizar los derechos fundamentales presuntamente vulnerados.
Finalmente, de manera subsidiaria solicito negar las pretensiones de la demanda,
por inexistencia de la vulneración de los derechos invocados por el actor.
5. Notificación a la Presidencia de la República
Encontrándose el proceso para proferir fallo de primera instancia, el despacho de la
magistrada ponente advirtió que la Secretaría General omitió notificar a la
Presidencia de la República a pesar de haber sido ordenado en el auto admisorio.
Por lo tanto, mediante providencia del 6 de junio de 2025 ordenó que fuera notificada
de la forma más expedita.
5.1. El Ministerio de Justicia y del Derecho11 solicitó negar las pretensiones de la
acción por inexistencia de la vulneración de los derechos invocados y falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Sostuvo que las herramientas jurídicas de justicia transicional son excepcionales y
transitorias, no pueden extenderse hacia lo que se encuentra bajo estudio de la
justicia ordinaria.
Manifestó que estas excepciones se han acordado con el fin de alcanzar la paz,
circunstancia que no aplica para los delitos comunes, por lo que no es posible
estudiar esta circunstancia de cara al derecho a la igualdad, en tanto que las
situaciones que han generado las normas contenidas en la Ley 1820 de 2016 son
absolutamente diferentes a la violencia o delincuencia común.
5.2. La Presidencia de la República12 contestó la acción de tutela y solicitó que se
declarara su improcedencia. Indicó que no cumple con el requisito de subsidiariedad
porque el accionante cuenta con mecanismos de carácter ordinario, como la acción
pública de inconstitucionalidad, que resulta idónea para ventilar estos asuntos y
proteger los derechos invocados.
11 Índice 000025 del aplicativo SAMAI, certificado DB62DE1A4179E2AB FE0A3BCBA1594141
5881EBF49EB72601 4EFB35891398CC6C
12 Índice 000030 del aplicativo SAMAI, certificado 4E991DDA575B1EB0 7C3B0CD412FF396D
BCDC65E81AEDC703 6014B9D55A391C0A
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Puso de presente que a Presidencia de la República no tiene competencia frente a
la solicitud del accionante en lo relacionado con la reducción de penas, ya que dicha
facultad corresponde exclusivamente a los jueces de ejecución de penas y medidas
de seguridad, conforme a lo establecido en la normatividad penal vigente.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. En caso afirmativo,
se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos expuestos por
la parte accionante.
3. Procedibilidad de la acción.
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para
reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un
particular, en los casos que establece la ley.
Conforme a la disposición referida, la acción de amparo solo procede cuando el
afectado no tiene otro mecanismo de defensa judicial para la protección de sus
derechos fundamentales o, existiendo, bien si pretende evitar un perjuicio
irremediable, o el mecanismo disponible no salvaguarda de manera eficaz o no es
idóneo para proteger el derecho fundamental13.
4. Subsidiariedad
El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el
artículo 86 Superior como presupuesto general de procedencia de la misma, al
establecer que “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
13 Constitución Política. “Artículo 86 Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
[…]”.
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un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo
6.1 del Decreto 2591 de 199114.
Tal situación, en todo caso, se rige bajo el presupuesto general de que
excepcionalmente procede la acción de amparo cuando, el mecanismo disponible
no salvaguarda de manera eficaz15 el derecho fundamental o este no es idóneo, por
no ofrecer una solución integral y no resolver el conflicto en toda su dimensión. Estas
en todo caso, parten de un examen concreto en el que se valore la efectiva
protección del derecho fundamental.
“[L]a Corte ha objetado la valoración genérica del medio de defensa ordinario,
pues ha considerado que en abstracto cualquier mecanismo judicial puede
considerarse eficaz, dado que la garantía mínima de todo proceso es el respeto
y la protección de los derechos constitucionales de los asociados. Por esta
razón, la jurisprudencia ha establecido que la eficacia de la acción ordinaria solo
puede prodigarse en atención a las características y exigencias propias del caso
concreto, de modo que se logre la finalidad de brindar plena y además inmediata
protección a los derechos específicos involucrados en cada asunto”16.
También es procedente la acción cuando el actor se encuentra ante la presencia de
un perjuicio irremediable, caso en el cual la solicitud de amparo funge como
mecanismo transitorio. Se tiene como perjuicio irremediable, aquel que reúne los
presupuestos de gravedad, inminencia e impostergabilidad de la medida para
proteger el derecho17.
Al tenor de estas disposiciones se impone concluir que la acción de tutela no es un
mecanismo principal de defensa de los derechos fundamentales, y que, por tanto,
el interesado en ello debe, primero, acudir a los mecanismos ordinarios que resulten
idóneos y eficaces para su protección.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. En el caso sub examine, se pone de presente que, el actor pretende utilizar este
mecanismo constitucional para lograr que la Presidencia de la República, la Corte
Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de
la Nación, el Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación le
conceda una redención de la pena en igualdad de condiciones que las que brinda la
Ley 1820 de 2016 y el Decreto Reglamentario 277 de 2017.
14“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
15 Corte Constitucional, T-722 de 2013.
16 Ibid.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-394 de 2016.
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Adicionalmente pide que se conmine a los accionados a tramitar, en las mismas
condiciones en que se hicieron las citadas normas, “mediante la vía del FAST TRACK,
una ley de rebaja general de penas como la que se hizo con la legislación casuística
y discriminatoria llamada ley de verdad, justicia y reparación” 18.
Sobre el particular, esta judicatura pone de presente que, tal y como se indicó en líneas
anteriores, para que la acción de tutela sea procedente, es necesario que la parte que
busca la protección de sus derechos fundamentales haya hecho uso de los
mecanismos ordinarios que tiene a su disposición.
Pues bien, bajo este contexto, la Sala denota que el accionante pretende que, por
vía de tutela se le concedan unos beneficios establecidos en la Ley 1820 de 2016 y
en el Decreto 277 de 2017, sin embargo, en el plenario no obra prueba alguna de
que haya realizado alguna solicitud al respecto o que de manera alguna haya
demostrado que tal circunstancia la puso en conocimiento de las autoridades
demandadas.
Por consiguiente, ante la omisión de la parte actora, esta judicatura advierte que el
requisito de subsidiariedad no se satisface, por cuanto si el peticionario desea que
le sea aplicada una norma en concreto debe solicitarla a la autoridad competente,
para que sea esta quien tome la decisión sobre el caso en concreto. Pues, en caso
contrario, el juez de tutela estaría invadiendo orbitas que no son de su competencia
y desnaturalizaría el mecanismo constitucional.
Ahora bien, el accionante tampoco acreditó la configuración de un perjuicio
irremediable que hiciera que la acción de tutela resultara procedente como
mecanismo transitorio.
5.2. Por su parte, la Sala observa que el accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional para lograr que los demandados tramiten “una ley de
rebaja general de penas como la que se hizo con la legislación casuística y
discriminatoria llamada ley de verdad, justicia y reparación”. Al respecto, se precisa
que el artículo 154 de la Constitución Política19 establece cuatro formas diferentes
de iniciativa legislativa: i) iniciativa de los miembros del Congreso de la República;
ii) iniciativa popular; iii) iniciativa funcional; e iv) iniciativa gubernamental.
La primera de estas alude a la facultad de los congresistas de presentar nuevos
proyectos de ley, a fin de cumplir con su labor de “hacer las leyes” –en los términos
del artículo 114 de la Constitución Política–. Por ende, es apenas lógico, dada la
18 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 6D0760E1A02A9D01 45B7F6295D38BB08
4D8CEEF0984C3D36 11695B9979D48A54.
19 Constitución Política, artículo 154. “Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras a propuesta
de sus respectivos miembros, del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas en el artículo 156, o por
iniciativa popular en los casos previstos en la Constitución”.
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naturaleza del Congreso, que cada uno de sus miembros tenga la competencia
necesaria para radicar iniciativas legislativas que representen a su electorado20.
Por su parte, la iniciativa popular es un instrumento que permite materializar la
democracia participativa, cuyo fin es garantizar que el pueblo intervenga
directamente en la toma de ciertas decisiones21. Aunque todo sistema que se
autodenomine como democrático supone un grado de participación, la expresión
“participativa” va más allá de los atributos generales que ostenta cualquier
democracia22. Bajo este modelo democrático, el poder de la ciudadanía no se limita
a la elección de sus representantes, sino a la adopción de las decisiones y a la
participación directa en la toma de estas23.
Por ende, la Constitución otorgó la posibilidad de que los ciudadanos presenten
proyectos de ley ante el Congreso de la República. Esto materializa el mencionado
concepto de democracia participativa, en tanto que “permite la intervención creadora
de los ciudadanos en la vida de la sociedad mediante la predeterminación de las
normas jurídicas (…) y la adopción de las reglas de conducta que se consideran
necesarias para un mejor vivir social”24.
Ante la necesidad de que el proyecto propuesto realmente represente los intereses
del pueblo, el constituyente dispuso algunos requisitos para el ejercicio de la
iniciativa legislativa popular. Se debe acreditar una cantidad suficiente de personas
que impulsen el proyecto, tal como se desprende del artículo 155 de la Constitución
según el cual: “Podrán presentar proyectos de ley (…), un número de ciudadanos
igual o superior al cinco por ciento del censo electoral existente en la fecha
respectiva”.
De otra parte, la iniciativa funcional es la que detentan los principales órganos de
la Rama Judicial, así como los electorales y de control en materias relacionadas
con sus funciones25. Es decir, gozan de esta facultad la Corte Constitucional, el
Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la
Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el
procurador general de la Nación, el contralor general de la República, el defensor
del pueblo y el fiscal general de la Nación26.
20 Corte Constitucional. Sentencia C-031 de 2017.
21 Corte Constitucional. Sentencia T-637 de 2001.
22 Corte Constitucional. Sentencia C-150 de 2015.
23 Corte Constitucional. Sentencia T-324 de 2019.
24 Corte Constitucional. Sentencia C-643 de 2000.
25 Corte Constitucional. Sentencia C-031 de 2017.
26 Constitución Política. Artículo 156: “La Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la Nación,
el Contralor General de la República, tienen la facultad de presentar proyectos de ley en materias relacionadas
con sus funciones”. Constitución Política. Artículo 282. Numeral 6: “El Defensor del Pueblo velará por la
promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones:
(…) 6. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia”. Constitución Política. Artículo
251. Numeral 4: “Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación: (…) 4. Participar en el diseño de la
política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto”.
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Accionante: Arquímedez Plata Gutiérrez
De otro lado, la iniciativa gubernamental es la que detenta el Gobierno Nacional.
Esta se caracteriza por ser exclusiva y privativa. Lo cual significa que se prescinde
de la intervención de cualquier otra autoridad para su ejercicio (carácter exclusivo)
y que la regulación de ciertas materias solo es posible siempre que exista el
consentimiento del ejecutivo (carácter privativo)27.
Del anterior marco, es claro que la Constitución Política contempló varias
alternativas para dar inicio al proceso legislativo. De forma que la acción de tutela
no es el mecanismo ideado por el constituyente para promover iniciativas
legislativas.
Así entonces, con fundamento en lo expuesto para la Sala es claro que la acción de
tutela objeto de estudio no es el mecanismo idóneo para ordenarle a los accionados
que profieran una ley en la que se establezcan beneficios para los privados de la
libertad, tal como lo solicitó la parte actora en las pretensiones de la solicitud de
amparo.
La acción de tutela no fue prevista para que el juez constitucional requiera a los
diferentes entes públicos para hacer uso de su iniciativa legislativa. La presentación
de proyectos de ley debe responder a las inquietudes que surjan del seno del
Congreso, del Gobierno o de los órganos que gozan de iniciativa legislativa
funcional, o de una parte considerable de ciudadanía que aúne esfuerzos sobre una
misma materia. Por consiguiente, son estos actores, y no el juez de tutela, quienes
deben movilizarse en favor de la creación de nuevas leyes en las temáticas que
consideren relevantes.
Así las cosas, la Sala procederá a declarar improcedente la solicitud de amparo,
toda vez que, este no es el mecanismo adecuado para proteger los derechos
fundamentales del actor y así ordenar proferir una nueva ley bajo de rebaja de
penas.
Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
27 Corte Constitucional. Sentencia C-031 de 2017.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02608-00
Accionante: Arquímedez Plata Gutiérrez
FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por
Arquímedez Plata Gutiérrez en contra de la Presidencia de la República y otros, por
no superar el requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SABF
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