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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02614-01

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02614-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de 3 de junio de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, pero por las razones expuestas en esta providencia. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02614-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

4 de septiembre de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02614-01
Demandante: Edwar Ferney Roldan Morales y otra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02614-01
Demandante: Edwar Ferney Roldán Morales y otra
Demandado: Presidencia de la Republica

Temas: Acción de tutela. Requisitos de procedibilidad. Falta de
legitimación en la causa por activa

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
providencia de 3 de junio de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, que resolvió:

«PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por Edwar
Ferney Roldán Morales y Yuliana Villegas Guerrero, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 5 de mayo de 2025, Edwar Ferney Roldán Morales y Yuliana Villegas Guerrero
interpusieron acción de tutela contra el presidente de la República, por estimar
vulnerados los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, a la
libertad de conciencia, a la libertad política, a la libertad de opinión y de participación
democrática. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:

«1. Que se declare que la expresión utilizada por el presidente GUSTAVO FRANCISCO
PETRO URREGO vulneró los derechos fundamentales a la dignidad, igualdad, libertad de
pensamiento y participación democrática de los accionantes y de los ciudadanos que
disienten.

2. Que se ordene al señor Presidente GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO rectificar
públicamente sus afirmaciones, absteniéndose de utilizar expresiones discriminatorias o
estigmatizantes contra la ciudadanía.

3. Que se exhorte a la Presidencia de la República para que, en futuras intervenciones, se
abstenga de utilizar lenguaje ofensivo o intimidante, especialmente en relación con la
participación democrática, de manera que garantice en el futuro un lenguaje respetuoso,
incluyente y propio de un Jefe de Estado».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

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1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02614-01
Demandante: Edwar Ferney Roldan Morales y otra

El 1 de mayo de 2025, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el presidente de la República,
Gustavo Francisco Petro Urrego participó en un acto público que fue transmitido
masivamente por medios estatales. Durante su intervención, el presidente leyó las
preguntas de una eventual consulta popular. En el discurso, expresó la siguiente
afirmación: «Tengo que decir con franqueza que el que vote no, o no quiera estas reformas,
es porque es un hp esclavista».

La declaración fue transmitida en vivo por medios estatales y replicada por canales
informativos nacionales.

En días previos al 1 de mayo de 2025, el presidente utilizó en su cuenta oficial de la
red social X (antes Twitter) el término «HP» para referirse a periodistas y
parlamentarios.

3. Argumentos de la acción de tutela

Los accionantes alegaron que las expresiones usadas por el presidente de la
República desconocieron la función del lenguaje desde el poder público; el deber de
respeto a la dignidad y la participación democrática; y la necesidad de proteger el
pluralismo político ante expresiones estigmatizantes.

Señalaron que el uso de la expresión « hp esclavista» por parte del presidente Petro,
durante un acto público transmitido por medios estatales, vulnera la dignidad humana
y el derecho a la igualdad de los ciudadanos, pues asocia directamente la disidencia
legítima con una práctica históricamente condenada y moralmente repudiable, lo cual
constituye un acto de discriminación y estigmatización política.

Manifestaron que la afirmación presidencial genera un efecto que desincentiva el
debate democrático y provoca temor a represalias institucionales o mediáticas.
Además, advirtieron que históricamente, la degradación del lenguaje político ha sido
el primer paso hacia la erosión de las instituciones democráticas.

Advirtieron que se ven directamente afectados por esta afirmación, que deslegitima la
oposición democrática y pone en riesgo el libre ejercicio del voto y la conciencia
política de quienes no están de acuerdo con las reformas propuestas, pues se crea
un clima de hostilidad institucional al asociar la diferencia política con un motivo de
condena moral o enemistad con el pueblo.

Aunado a lo anterior, señalaron que la jurisprudencia constitucional (sentencias C-093
de 2001 y T-244 de 2012) ha sido clara al señalar que los funcionarios públicos deben
abstenerse de utilizar expresiones que puedan estigmatizar o excluir a los ciudadanos
por sus opiniones, máxime si se tiene en cuenta que en el presente asunto la conducta
del presidente desconoce su rol como símbolo de la unidad nacional y su deber de
garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos sin distinción ideológica.

Asimismo, afirmaron que dicha conducta vulnera normas nacionales e internacionales
que protegen el pluralismo político y la libertad de expresión, por ejemplo, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, que garantizan que los ciudadanos tienen derecho a
participar libremente en la vida política sin presiones ni intimidaciones del poder
público.

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2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02614-01
Demandante: Edwar Ferney Roldan Morales y otra

Solicitaron como medida provisional que el presidente de la República se abstenga de
realizar manifestaciones estigmatizantes, insultantes o discriminatorias hacia
ciudadanos o sectores que disientan de sus propuestas.

4. Trámite previo

El 8 de mayo de 2025, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B admitió
la acción de tutela y ordenó notificar a los accionantes y al accionado. Además, negó
la medida cautelar solicitada en el escrito inicial, con base en que no se acreditó un
perjuicio irremediable o un daño desproporcionado que la justificara.

5. Oposiciones

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -DAPRE pidió
que se declare improcedente la acción de tutela, o, en su defecto, que se nieguen las
pretensiones.

Expresó que la tutela es improcedente porque los accionantes no agotaron los
mecanismos ordinarios antes de presentarla, específicamente, no presentaron una
solicitud o petición formal al presidente de la República pidiéndole que se retractara o
rectificara sus declaraciones, a pesar de que este es un requisito de procedibilidad.
Lo anterior, según lo previsto en el numeral 7, del artículo 42, del Decreto 2591 de
1991 y la jurisprudencia del Consejo de Estado (11001-03-15-000-2023-03485-00) y
de la Corte Constitucional.

En gracia de discusión, afirmó que los accionantes no tienen legitimación para actuar
en nombre de toda la ciudadanía, pues debe tenerse en cuenta que la tutela es un
mecanismo para proteger derechos individuales, y las declaraciones del presidente
fueron de carácter genérico, sin dirigirse de manera directa o individualizada a los
accionantes. Asimismo, resaltó que las declaraciones genéricas no vulneran los
derechos fundamentales de las personas, como lo señaló el Consejo de Estado en el
proceso con radicado 11001-03-15-000-2025-00009-02.

Explicó que las manifestaciones del presidente se enmarcan en el debate político y en
el ejercicio de su libertad de expresión. Además, que las expresiones genéricas y el
lenguaje simbólico usado en un discurso político no constituyen, por sí mismos, una
vulneración de derechos fundamentales. Y que, en todo caso, las declaraciones deben
ser analizadas en su contexto completo (según lo dicho en la sentencias del 17 de
enero de 2025, expediente 11001-03-15-000-2024-04825-01 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B; y T-366 de 2021 de la Corte
Constitucional), y que las presentes circunstancias correspondían a una crítica al
«obstruccionismo parlamentario» por parte de la oposición, lo cual es legítimo en un
sistema democrático.

6. Sentencia de primera instancia

El 3 de junio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
declaró improcedente la acción de tutela porque no cumple con el requisito de
subsidiariedad. Al respecto, explicó que, que la jurisprudencia del Consejo de Estado
(sentencia del 27 de agosto de 20241) y la Corte Constitucional (SU-420 de 2019 y T-
007 de 2020) han establecido que, en casos en los que se realizan afirmaciones contra
1
Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección B, M.P.: Martín Bermúdez Muñoz. Sentencia del 27 de agosto de 2024, dentro
del radicado 11001-03-15-000-2024-03889-00
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02614-01
Demandante: Edwar Ferney Roldan Morales y otra

la honra de las personas, previo a acudir a la acción de tutela, el afectado debe solicitar
una rectificación o retractación, las que no fueron realizadas en el presente asunto.

7. Impugnación

La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia con fundamento en que
equiparó el presente caso a una solicitud de rectificación ante medios. Sostuvo que el
caso no versa sobre debate información inexacta, sino sobre un acto simbólico de
poder – esto es, discurso institucional – que afecta de manera directa la dignidad
humana, la libertad de conciencia, la igualdad y la participación política. En tal sentido,
explicó que la tutela es el medio idóneo y eficaz, pues no existe otro mecanismo que
detenga de forma oportuna el efecto inhibidor generado por el mensaje oficial.

Advirtió que se impuso una carga probatoria imposible al exigir « prueba material» de
una afectación de naturaleza normativa y axiológica. Precisó que, tratándose de
agresiones simbólicas, basta una narración razonable y verosímil, corroborada por
indicios objetivos, condición del emisor como máxima autoridad, uso de foro o canales
oficiales, difusión masiva y cercanía al debate político, para activar la protección
constitucional.

Criticó el excesivo formalismo con el que actuó el juez de primera instancia, pues, a
su juicio, desconoció el deber reforzado de tutela frente a violaciones estructurales o
simbólicas provenientes del poder público.

Reiteró que la expresión del 1 de mayo de 2025, «el que vote es un hp esclavista», no
es un pronunciamiento privado, sino discurso institucional con efectos inhibidores
sobre el disenso y la participación. De ahí que su análisis no puede reducirse a la
ausencia de individualización nominal del destinatario.

Insistió en que, aunque dicha expresión no recayó de forma individualizada contra
algún ciudadano, existe afectación directa y actual a un grupo determinable, quienes
voten NO, suficiente para la legitimación por activa en sede de tutela, sin exigir
identificación individual.

Expresó que no es válido negar la tutela por temor a una «avalancha de casos», toda
vez que el acceso a la administración de justicia no puede condicionarse a cargas
institucionales.

Invocó estándares del Sistema Interamericano sobre discurso estigmatizante estatal
y su escrutinio reforzado, en particular, el caso Perozo y otros vs. Venezuela y Ríos y
otros vs. Venezuela, para subrayar los deberes especiales de las autoridades en
contextos de deliberación democrática.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

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Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

Corresponde determinar si la acción de tutela interpuesta por Edwar Ferney Roldán
Morales y Yuliana Villegas Guerrero contra la Presidencia de la República es
procedente, a la luz de los requisitos generales de procedibilidad de acción de tutela.

La Sala anticipa que declarará la improcedencia por falta de legitimación en la causa
por activa.

Para ello, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) De la legitimación en la causa
por activa en la acción de tutela; (ii) del caso concreto.

(i) Legitimación en la causa por activa en la acción de tutela

Los artículos 86 de la Constitución Política2 y 10 del Decreto 2591 de 19913 establecen
que la acción de tutela puede ejercerla la persona que considere que se le han
vulnerado o amenazado derechos fundamentales, sin perjuicio de la representación
legal o judicial o de la agencia oficiosa, que permiten acudir ante el juez de tutela para
representar o agenciar derechos ajenos. Por supuesto que en esos casos debe
acreditarse la calidad en la que se actúa.

Frente a la falta de legitimación en la causa por activa en acciones de tutela, la Corte
Constitucional ha señalado lo siguiente4:

«Esta Corporación ha señalado que, no obstante, la informalidad que se predica de la acción
de tutela, la misma debe cumplir con unos requisitos mínimos de procedibilidad, dentro de
ellos se encuentra el de legitimación por activa o titularidad para promoverla.

En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, como regla general,
solamente el titular de un derecho fundamental se encuentra habilitado para solicitar
el amparo constitucional del mismo, bien sea que lo haga en forma directa o por intermedio
de su representante o apoderado.

Según los enunciados del artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede ser
promovida por cualquiera persona cuando sus derechos constitucionales fundamentales
resulten vulnerados o amenazados, ya sea por sí misma o por medio de un tercero quien
actúe en su nombre. En el mismo sentido, según las prescripciones del artículo 10 del decreto
2591 de 1991, la persona a quien se le vulneren o amenacen sus derechos fundamentales
puede ejercer la acción de tutela por sí misma o por medio de representante. En esta
disposición también se contempló la posibilidad de la agencia de derechos ajenos, de tal
forma que, en aquellos eventos en que el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa, podrá́ un tercero presentar acción de tutela en su nombre.

La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación en la
causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los derechos

2
Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.
3
Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También
podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
4
T-552 de 2006.
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fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha establecido la Corte
en anteriores oportunidades, a partir de las normas de la Constitución y del decreto 2591 de
1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de
la acción de tutela. La satisfacción de los presupuestos legales o de los elementos normativos
de alguna de estas cuatro posibilidades, permiten la configuración de la legitimación en la
causa, por activa, en los procesos de tutela».
(se destaca).

En resumen, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción
de tutela puede ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa, (ii) por
intermedio de un representante legal -caso de los menores de edad, incapaces
absolutos, interdictos y personas jurídicas-, (iii) mediante apoderado judicial -abogado
titulado con poder judicial o mandato expreso- o (iv) por medio de agente oficioso -
cuando el titular del derecho no está en condiciones de promover su propia defensa-.
Asimismo, dicha norma señala que tanto el Defensor del Pueblo como los personeros
municipales estarán legitimados para ejercer la acción de tutela.

Aunado a lo anterior, es necesario resaltar que la Corte Constitucional, en la sentencia
T-386 de 2021, precisó un estándar, consistente en que la afectación constitucional
exige individualización del titular del derecho. Por ello, distinguió entre afirmaciones
genéricas y afirmaciones específicas, y precisó que solo estas últimas son
susceptibles de vulnerar derechos fundamentales.

En palabras de la Corte: «i) i) Afirmaciones genéricas: Emitidas de forma en que se hace
referencia a un género y no existe intención de involucrar a una persona o grupo determinado
o determinable ante su imprecisión y vaguedad. (ii) Afirmaciones específicas: Emitidas de
manera que se puede establecer que la manifestación involucra a un individuo o a un grupo
de ellos, ya sea porque quien emite la información lo determina claramente o porque a través
de un ejercicio deductivo puede ser determinable.». Así, la afectación constitucional exige
que el enunciado permita individualizar al titular del derecho (persona o grupo
determinable).

Relacionado con lo expuesto, en la sentencia T-1191 de 2004, la Corte, al estudiar la
vulneración de derechos presidencial causada por alocuciones presidenciales,
destacó que la falta de individualización impide demostrar un «riesgo cierto y objetivo»
en cabeza de los demandantes, por lo cual señaló que la «falta de individualización de
los posibles afectados con los discursos presidenciales lleva a concluir que no se presentó un
riesgo cierto y objetivo, en cabeza concreta de los aquí demandantes, de manera que también
por ese concepto la tutela resulta improcedente por falta de legitimación en la causa por
parte activa.».

En ese mismo sentido, esta Sección5, al analizar un asunto análogo al presente caso,
confirmó la improcedencia de la tutela y declaró la falta de legitimación en la causa
por activa del actor, al estimar que se trataba de afirmaciones generales no dirigidas
específicamente en su contra.

(ii) Caso concreto6

Del examen del expediente se advierte que los accionantes fundamentan la tutela en
que la expresión presidencial realizada el 1 de mayo de 2025 «Tengo que decir con
franqueza que el que vote no, o no quiera estas reformas, es porque es un hp esclavista»,

5
Sentencia de 12 de septiembre de 2024, expediente 2024-01340-01, Consejo de Estado – Sección Cuarta, C.P. Myriam Stella
Gutiérrez Argüello.
6
La Sala reitera el criterio adoptado en la sentencia de 12 de septiembre de 2024, expediente 2024-01340-01, Consejo de Estado
– Sección Cuarta, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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proferida en acto público y difundida masivamente, vulneró sus derechos
fundamentales porque produce un efecto inhibidor sobre el disenso y la participación
política.

Verificados los presupuestos de procedibilidad, encuentra la Sala que la presente
solicitud de amparo no cumple con el requisito de legitimación en la causa por
activa, porque los accionantes no demostraron una afectación directa, individualizada,
concreta y personal.

Conforme al estándar fijado por la Corte Constitucional, distinción entre afirmaciones
genéricas y afirmaciones específicas, solo estas últimas son idóneas para
comprometer derechos fundamentales, por cuanto permiten identificar a la persona o
a un grupo determinable a través de criterios objetivos verificables. En el caso bajo
examen, la expresión «quien vote NO» identifica a los tutelantes ni los ubica dentro
de un colectivo determinable con contornos fácticos precisos. Se trata, entonces, de
un enunciado genérico, cuya vaguedad e imprecisión impiden atribuirles una
afectación directa, concreta y personal.

Tampoco se acredita la afectación de derechos fundamentales subjetivos del
accionante, pues no se demuestra de qué manera se les ha ocasionado un perjuicio
cierto, personal y directo sobre sus derechos fundamentales.

Al efecto, se recuerda que el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que «toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, (…)».

En efecto, los accionantes no logran acreditar un daño particular y diferenciado, y los
intereses protegidos son de naturaleza pública y abstracta. Sin embargo, la acción de
tutela, por su naturaleza, no es el instrumento idóneo para definir situaciones jurídicas
en abstracto.

En suma, en el presente caso no se acreditó la legitimación en la causa por activa por
parte de los accionantes y, en esa medida, se impone confirmar la decisión de primera
instancia, que declaró improcedente la acción de tutela, pero por las razones
expuestas en esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia de 3 de junio de 2025, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, pero por las razones expuestas en esta providencia.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
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7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02614-01
Demandante: Edwar Ferney Roldan Morales y otra

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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