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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02615-00

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02615-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional 27 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02615-00 Actor: HUGO RAUL QUINTERO ARIZA para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02615-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02615-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: HUGO RAÚL QUINTERO ARIZA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. EL ACTOR PRETENDE CUESTIONAR UNA
DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE MECANISMO SE TRATASE DE UN
RECURSO O INSTANCIA ADICIONAL AL PROCESO ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, AL TRABAJO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO

DE ESTADO1.

1
En adelante Sección Segunda.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02615-00
Actor: HUGO RAUL QUINTERO ARIZA

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor HUGO RAÚL QUINTERO ARIZA, en ejercicio de la acción

de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó

la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la

igualdad, al trabajo y al acceso a la administración de justicia, los

cuales estima vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA al haber

proferido la sentencia de 27 de marzo de 2025, dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el

número único de radicación 08001-23-33-000-2017-00295-01.

I.2.- Hechos

Sostuvo que desempeñó un cargo en provisionalidad como fiscal

delegado ante los jueces del circuito especializado en la FISCALÍA

GENERAL DE LA NACIÓN2.

Alegó que a través del Decreto Ley 898 de 2017, se modificó la

estructura y cargos de la FISCALÍA y en virtud de esta norma se

suprimieron varios empleos, entre ellos, el que él ostentaba, por lo

2
En adelante la Fiscalía.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02615-00
Actor: HUGO RAUL QUINTERO ARIZA

que el 7 de julio de 2017 le fue comunicado su retiro mediante Oficio

STH–381 del 30 de junio de 2017.

Indicó que, debido a lo anterior, presentó una demanda a través del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la

FISCALÍA con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio STH–

381 del 30 de junio de 2017 y se le reintegrara a la entidad, la cual

fue identificada con el número único de radicación 08001-23-33-000-

2017-00295-01 y repartida en primera instancia al TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO3 que, mediante sentencia de

13 de noviembre de 2020, negó las pretensiones de la demanda.

Señaló que interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por

la SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 27 de marzo de

2025, confirmó la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada no analizó de

manera íntegra los argumentos expuestos ni valoró debidamente las

3
En adelante el Tribunal.

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Actor: HUGO RAUL QUINTERO ARIZA

pruebas allegadas al proceso.

Alegó que a través del Decreto Ley 898 de 2017 se le otorgaron

facultades al fiscal general de la Nación para crear y suprimir cargos

en la FISCALÍA y en el artículo 59 se dispuso la supresión de 291

cargos de fiscal delegado ante jueces penales especializados de

circuito, no obstante, alega que en ninguno de los apartes de la

norma se señaló la supresión de su cargo.

Indicó que su desvinculación no fue motivada, ya que posterior a su

retiro se nombraron tres distintos fiscales, lo que, a su juicio,

demostró que el cargo continuó vacante y no se suprimió.

Finalmente, insistió en que no se valoraron las pruebas allegadas al

proceso, pues de haberse hecho de manera íntegra, se hubiera

comprobado que el oficio mediante el cual se le informó sobre la

supresión de su cargo fue suscrito por el subdirector de talento

humano y no por el fiscal general de la Nación en quien recaía la

facultad intransferible de crear o suprimir los mismos.

I.4.- Pretensiones

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Actor: HUGO RAUL QUINTERO ARIZA

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, trabajo, acceso a cargos públicos y acceso a la
administración de justicia vulnerados y/o amenazados por las
autoridades accionadas

SEGUNDO: Como consecuencia, revocar fallo proferido por El Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, del veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco
(2025), mediante el cual confirmó el fallo de primera instancia del
Tribunal Administrativo del Atlántico.

TERCERO: Que restablezcan de forma inmediata mi derecho al
trabajo, con la respectiva indemnización con los perjuicios materiales
y morales ocasionados con la expedición del acto administrativo aquí
cuestionado. […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL realizó un recuento de las actuaciones que se

surtieron dentro del proceso ordinario y manifestó que no existieron

pruebas suficientes para determinar que hubo desviación de poder,

ni lugar a la falta de competencia, ni la falsa motivación alegada por

el demandante.

Resaltó que, si bien el Decreto Ley 898 de 2017 ordenó la supresión

de 291 cargos de fiscal delegado ante Jueces Penales del Circuito

Especializados y mediante la Resolución 02358 de 30 de junio de

2017 se redistribuyeron los cargos de la planta de personal de la

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Actor: HUGO RAUL QUINTERO ARIZA

FISCALÍA, el cargo suprimido del demandante fue expedido por

quien tenía competencia para ello.

I.5.2.- La FISCALÍA, tercero con interés directo en las resultas del

proceso, luego de realizar un recuento de las actuaciones, señaló que

no existe una relación entre sus actuaciones y la presunta

vulneración de derechos alegada por el accionante, por lo que solicitó

declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva.

Resaltó que no encuentra defecto alguno en el fallo de primera

instancia que justifique la procedencia de la acción de tutela y

encuentra que la parte actora no cumplió con el requisito de

subsidiariedad al no haber accedido al recurso de revisión para

controvertir la decisión proferida.

Finalmente, resaltó que se pretende usar la acción de tutela como un

mecanismo para reabrir un debate ya definido, terminado y

ejecutoriado por lo que solicitó declarar improcedente la presente

acción constitucional.

I.5.3.- La SECCIÓN SEGUNDA pese a ser notificada en debida

forma, guardó silencio.

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Actor: HUGO RAUL QUINTERO ARIZA

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la FISCALÍA solicitó se declare a su favor la

falta de legitimación en la causa por pasiva en la presente acción de

tutela.

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Actor: HUGO RAUL QUINTERO ARIZA

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,

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Actor: HUGO RAUL QUINTERO ARIZA

bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la FISCALÍA fue vinculada como demandada dentro

del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 08001-23-33-000-

2017-00295-01, objeto del presente estudio, la Sala concluye que a

dicha a entidad, en calidad de tercera, le asiste interés en la decisión

de la acción constitucional de la referencia, razón por la que se

denegará su solicitud de desvinculación como en efecto se dispondrá

en la parte resolutiva de la presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de

la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

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observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

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f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley

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limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 27 de marzo de 2025, proferida

por la SECCIÓN SEGUNDA dentro del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 08001-23-33-000-2017-00295-01.

A la citada providencia se les atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y al acceso

a la administración de justicia, habida cuenta que, a juicio del actor,

la autoridad judicial accionada no analizó de manera íntegra los

argumentos expuestos ni se fundamentó en el material probatorio

allegado, el cual demostraba que el acto mediante el cual se le

informó su retiro no había sido motivado ni expedido por la autoridad

competente para ello.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

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providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela

[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas

[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU- 215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a

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una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Descendiendo al caso concreto, se observa que el actor pretende

debatir sobre las pruebas allegadas al proceso y que no fueron

tenidas en cuenta por la SECCIÓN SEGUNDA, las cuales, a su juicio,

demostraban la falta de competencia y motivación en la expedición

del oficio STH–381 del 30 de junio de 2017, así como la necesidad

de que hubiera sido reintegrado a su cargo.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que, contrario a lo afirmado

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por el actor, en la sentencia cuestionada la SECCIÓN SEGUNDA hizo

una relación y análisis de las actuaciones que se surtieron dentro de

la primera instancia, así como una valoración de las pruebas que

obraban en el expediente, como se advierte a continuación:

“[…] Resolución del caso concreto

Según el recurso de apelación, la parte insiste en las causales de
nulidad por falta de competencia y falsa motivación, así como la
desviación de poder.

Frente al primer reparo la Sala debe precisar que el accionante le da
una calificación de acto definitivo a la comunicación de supresión del
empleo, manifestando que fue esta la que materialmente extinguió
su vínculo legal y reglamentario, al punto de que la misma era
demandable y anulable por haber sido proferida por un subdirector y
no por el propio fiscal general de la Nación en calidad de su directo
nominador.

Sobre este argumento debe señalarse que no es cierto que el
mencionado oficio sea un acto administrativo susceptible de
enjuiciamiento, porque, en realidad, aquel es solo un acto de
ejecución que, si bien integra la decisión general de reestructuración
de la entidad, lo único que hace es darle eficacia cuando materializa
la terminación del vínculo legal y reglamentario de un empleado
específico cuyo cargo ha sido eliminado.

Lo cierto es que la única y verdadera manifestación unilateral de la
administración que produce efectos jurídicos es la que adopta el
proceso de reorganización institucional en el sentido de reincorporar
a ciertos servidores en la nueva planta, o de abstenerse de hacerlo
respecto de otros, no la que comunica dicha determinación. 14

14 En respaldo de estas afirmaciones, ver la sentencia del 18 de febrero de 2010 proferida por la Sección
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado. Exp. 25000-23-25-000-2001-10589-01(1712-08). C.P.
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. En dicha providencia se aclaró cuáles son los actos demandables
en los casos supresiones por reestructuraciones de entidades públicas, así: «[…] La regla general apunta
a demandar el acto que afecta directamente al empleado, esto es, el que contiene en forma individual
el retiro del servicio, de manera subjetiva y personal. Sin embargo, a pesar de esta claridad no siempre
es diáfano el escenario; deben analizarse las situaciones fácticas y jurídicas en cada caso para definir el
acto procedente, veamos grosso modo: 1. En el evento de que exista un acto general que defina la

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Por esa razón, bajo este contexto únicamente es procedente
demandar y endilgarle una causal de nulidad a los actos definitivos
que, en el caso de la FGN, fueron las Resoluciones 2358 y 2386 del
29 de junio de 2017, porque estas al concretar la reestructuración
interna de la entidad, en cumplimiento del Decreto Ley 898 del 29 de
mayo de 2017, lo que hicieron fue plasmar la manifestación directa
de la administración de extinguir algunas situaciones jurídicas como
lo fue la del actor cuando se abstuvo de reincorporarlo a la nueva
planta del ente acusador, implicando con ello su desvinculación del
servicio.

En tal sentido, al no poderse formular ninguna causal de nulidad
contra el Oficio STH – 381 del 30 de junio de 2017 (incluida la de falta
de competencia), en la medida en que este no era un acto
demandable, resulta necesario concluir que no tiene vocación de
prosperidad este cargo invocado por el reclamante, pues el mismo no
puede ser trasladado a las mencionadas resoluciones respecto de las
cuales este nunca discutió su legalidad, más aún cuando las mismas
fueron expedidas directamente por el fiscal general de la Nación en
razón de sus atribuciones legales, específicamente las derivadas del
artículo 6215 de la norma citada anteriormente.

Ahora, en relación con la causal de nulidad por falsa motivación, la
Sala estima que, el sustento de hecho y de derecho de tales
manifestaciones administrativas fue la aplicación del Decreto Ley 898
de 2017, esto con sujeción al resultado del análisis realizado para
determinar cuál sería la reorganización más adecuada de la FGN, en

planta; un acto de incorporación que incluya el empleo, e identifique plenamente al funcionario y
finalmente una comunicación; debe demandarse el segundo, esto es, el acto que extingue la relación
laboral subjetiva y no por ejemplo la comunicación, porque es un simple acto de la administración, o
de ejecución. 2. Si la entidad adopta la planta de empleos y no produce un acto de incorporación, pero
expide un oficio dirigido a cada empleado que desea retirar; la comunicación se convierte en un acto
administrativo que extingue la situación laboral subjetiva y por lo tanto se hace demandable; esto sin
olvidar que el acto general de supresión de cargo debe ser enjuiciado en forma parcial o mediante la
excepción de inaplicación del acto, por inconstitucionalidad o ilegalidad. 3. En los eventos en donde el
acto general concreta la decisión de suprimir el cargo, la comunicación se convierte en un acto de
simple ejecución, por ende, la sola impugnación de este acto genera inepta demanda, ya que no pone
término a una actuación administrativa, respondiendo a la lógica, que la eventual declaratoria de
nulidad del oficio de comunicación dejaría con plenos efectos jurídicos el acto que suprimió el cargo, o
el que no lo incorporó a la nueva planta de personal, imposibilitando legalmente el restablecimiento
del derecho. […]»
15
.«ARTÍCULO 63. Planta global y flexible de la Fiscalía General de la Nación. La planta de cargos
adoptada para cada área de la Fiscalía General de la Nación es global y flexible y, por lo tanto, el Fiscal
General de la Nación se encuentra facultado para distribuir, trasladar y reubicar los empleos dentro
de éstas, de conformidad con las necesidades del servicio, los planes, estrategias y los programas de
la Entidad.»

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clara aplicación de los artículos 96 del Decreto 1227 de 200516 y 94
de la Ley 270 de 1996.17

Por tal motivo, no es cierto que los actos de distribución de personal
(Resoluciones 2358 y 2386 del 29 de junio de 2017) 18 tuvieran que
haberse fundamentado en un examen de verificación y comparación
de las cualidades, capacidades, logros o experiencia del accionante
respecto de las de los demás funcionarios, a fin de determinar quiénes
seguirían vinculados.19

[…]

En consecuencia, es pertinente asegurar que un vicio de poder como
el alegado por el apelante, debe estar suficientemente demostrado
con el fin de conducir al juez a la convicción de que la entidad pública
actuó bajo su propia voluntariedad o intencionalidad apartada de los
fines constitucional o legalmente previstos, lo cual, si bien es
complejo corroborarlo, no acaba con la carga que tiene el reclamante
para acreditar tales supuestos de hecho, según lo ha planteado esta
corporación.33

Sobre este aspecto, el recurrente afirmó que el actuar doloso de la
entidad demandada al excluirlo del listado de funcionarios a distribuir
en la nueva planta de personal de la FGN, se observa por el hecho de
que su perfil profesional era de tan altos reconocimientos y calidad,
que incluso era superior al de otras personas que entraron a ocupar
plazas de fiscal delegado ante jueces especializados luego de la
reestructuración institucional.

Incluso, en los hechos de la demanda alegó que otra de las razones
para que hubiese sido separado del cargo fue en razón de un
entramado de corrupción al interior del ente acusador, derivado de
retaliaciones en su contra por parte de algunos de los procesados a
quienes les adelantó las investigaciones, solicitudes de detención y
acusaciones por delitos como el de concierto para delinquir, en los
casos que tuvo a su cargo relacionados con bandas criminales
organizadas como “Los Rastrojos”.

[…] lo cierto es que la verificación del tiempo de experiencia laboral,
la información académica, los cursos realizados, los reconocimientos,
16
«Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998.»
17
Estatutaria de Administración de Justicia
18
Ver el expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
19
Este planteamiento ha sido precisado por esta Subsección en sentencias del 18 de agosto de 2022
en el proceso con radicado 25000-23-42-000-2017-06166-01 (3006-2020), y del 25 de agosto de
2022, en el proceso con radicado 25000-23-42-000-2017-05270-01 (1723-2020).

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felicitaciones o premios, o hasta la exposición de un servidor a cierto
nivel de peligro contra su vida derivado del cumplimiento de sus
funciones, a pesar de ser elementos que denotan las aptitudes y
capacidades sobresalientes del actor, en realidad no son un criterio
que por sí mismo lo haga un servidor mejor que otro, o que por esa
razón tenga más méritos para incorporarse a la entidad tras una
reorganización como la derivada de la implementación del Acuerdo
Final de Paz, pues cumplir este perfil es inherente al ejercicio de su
empleo.

Por tanto, este criterio formulado por la parte demandante no
demuestra que la motivación de la autoridad accionada para suprimir
su empleo y retirarlo del servicio fue en desconocimiento de su
situación particular, o que la finalidad de los actos demandados fue
diferente a la prevista en ley y la jurisprudencia, o que la intención de
no incluirlo en el listado de funcionarios incorporados a la planta de
personal reestructurada de la FGN, buscaba satisfacer intereses
particulares en lugar de los generales de la función administrativa de
política criminal y acusación penal.

Aún más, lo cierto es que, al no haber material demostrativo sobre
este hecho, tampoco podía extraerse si algunos de los empleados que
sí mantuvieron su posición tenían garantías constitucionales de
estabilidad laboral como derechos de carrera o fueros propios del
retén social que justificaran su preferencia en la selección.

En tal sentido, para la Sala resulta evidente que se configura un
incumplimiento frente a la carga probatoria de la parte demandante
en lo que respecta a la demostración de los supuestos de hecho y
jurídicos que alega para el reclamo de su derecho, tal como lo prevé
el artículo 167 del CGP. […]”.

En ese sentido, la Sala advierte que la acción de tutela de la

referencia es improcedente por falta del requisito general de la

relevancia constitucional, porque a través de esta el actor lo que

pretende es cuestionar una decisión judicial como si este mecanismo

se tratase de un recurso o instancia adicional al proceso ordinario,

trayendo argumentos que ya fueron suficientemente debatidos por

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los jueces naturales del litigio, sin que en todo caso se vislumbre que

la autoridad judicial accionada hubiera actuado de forma

abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la

autonomía judicial.

En efecto, la divergencia planteada por el actor subyace

principalmente en el hecho de que, considera que, de una adecuada

valoración probatoria de los documentos y situaciones expuestas

durante el tiempo que laboró en la FISCALÍA, podía haberse

advertido que el acto controvertido no fue expedido por la autoridad

competente ni lo suficientemente motivado para haberlo retirado del

cargo, por lo que, en su sentir, hubiera permitido su reintegro a la

entidad.

Lo anterior significa que lo pretendido por el actor es que el juez de

tutela haga un nuevo examen integral de las pruebas que fueron

allegadas al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con

la finalidad de que se haga una corrección al análisis que hizo la

autoridad judicial accionada y se acoja la interpretación que propone,

como si el mecanismo de amparo constitucional fuera una instancia

o recurso adicional a los previstos en el trámite ordinario.

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En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino

una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si

este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Conforme a lo anterior, resulta oportuno advertir que el desacuerdo

con la interpretación y consideraciones que efectúe la autoridad que

conoce un asunto, se debe respetar por el juez de tutela, quien no

puede desconocer la decisión que adopte el juez natural dentro del

ámbito de sus competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran

derechos fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró

probado.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción

de tutela por carencia del requisito general de la relevancia

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constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la FISCALÍA

GENERAL DE LA NACIÓN, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

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Actor: HUGO RAUL QUINTERO ARIZA

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de junio de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley.

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