Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02618-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02618-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02618-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
30 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02618-00
Accionante: OFIR GAMBOA ARCOS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencias judiciales – Improcedencia por falta de
inmediatez – Caducidad de la acción de reparación directa por ejecución
extrajudicial – Relevancia constitucional en contexto de conflicto armado – Deber
de diligencia profesional en consulta de expedientes judiciales.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Antecedentes
Del proceso de reparación directa 110013343065-2023-00213-00
1. A través de apoderado judicial, la tutelante y otros familiares, presentaron
demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-
Ejército Nacional, por los perjuicios materiales e inmateriales consecuencia de la
ejecución extrajudicial del Héctor Gamboa Arcos ocurrida el 23 de enero de 2003,
en el municipio de Vianí, Cundinamarca.
2. En providencia del 11 de octubre de 2023, el juzgado Sesenta y Cinco (65)
Administrativo de Bogotá rechazó por caducidad la demanda, pues consideró que
desde la fecha de ocurrencia del daño, la demandante tuvo conocimiento de la
responsabilidad de autoridades estatales, por cuanto “en el expediente hay pruebas
que demuestran que los demandantes han acudido permanentemente a las
autoridades con el fin de esclarecer el caso de su familiar desde el año 2008 hasta
el 30 de junio de 2021”. En criterio del juzgado, la demanda se radicó el 15 de
diciembre de 2022 “cuando ya había transcurrido el término de caducidad de la
acción, sin importar que se aplique la regla general o la tesis excepcional para su
contabilización”.
3. Contra la anterior decisión, presentó los recursos de reposición y en subsidio
apelación. En auto de 6 de diciembre de 2023, el Juzgado de primera instancia
confirmó la providencia, siguiendo idénticos argumentos. Sin embargo, agregó que,
respecto de los obstáculos de acceso a la administración de justicia, era deber de
las partes probar dichas condiciones “porque la carga de la prueba la tienen las
partes, no el Juzgado, por lo que es su responsabilidad demostrar la fecha de
conocimiento del daño y las razones por las cuales no pudieron acudir a la
jurisdicción con anterioridad. Se recuerda que, en virtud del carácter dispositivo del
proceso contencioso administrativo patrimonial, no es posible considerar -y mucho
menos reprochar- la adecuación o la corrección oficiosa de la demanda, pues la
Radicación número: 11001-03-15-000-205-02618-00
Accionante: Ofir Gamboa Arcos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
iniciativa, el impulso y el poder de promover y renunciar a los actos del proceso
están asignados por la ley a las partes, no al juez.”
4. En providencia del 27 de mayo de 2024, la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la providencia de 11
de octubre. Sostuvo que, conforme el precedente de unificación de esta Corporación
de 29 de enero de 2020, la demandante tuvo conocimiento del daño y de la
responsabilidad de los agentes estatales desde el 23 de enero de 2003, motivo por
el cual, tenía como plazo para demandar hasta el 24 de enero de 2005, pero lo hizo
hasta el 15 de diciembre de 2022.
5. La providencia de segunda instancia ordenó notificar la decisión a los correos
personales de los demandantes, lo anterior, conforme al artículo 28 del Acuerdo
11567 de 5 de junio 2020, según el cual, los jueces y magistrados utilizarán
preferiblemente los medios tecnológicos para todas las actuaciones,
comunicaciones y notificaciones.
De la demanda de tutela
6. Ofir Gamboa Arcos, mediante apoderado judicial, promovió acción de tutela
contra las autoridades judiciales, con base en los siguientes hechos:
7. Indicó que la Jurisdicción Especial para la Paz, dentro del macro caso 003,
el pasado 30 de junio de 2021, profirió el auto OPV-262 en el que la reconoció como
víctima, pues su hermano, Héctor Gamboa Arcos, fue asesinado dentro de los casos
de ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de autoridades estatales.
8. Precisó que, el 23 de enero de 2003, miembros del Ejército Nacional
asesinaron a su familiar. Sin embargo, la decisión que le permitió tener conocimiento
pleno de la responsabilidad de las autoridades públicas solo ocurrió el 30 de junio
de 2021, cuando la JEP, en la providencia indicada, la reconoció como víctima.
9. Recordó que desde que agentes del Ejército Nacional asesinaron a su
hermano, inició las labores para lograr justicia y que se reconociera que su familiar
no fue miembro de grupos armados ilegales. La actora sostiene que nunca ha
permanecido inmóvil ante dicha situación y a través de los medios a su alcance,
buscó que se reconociera la verdad de lo que realmente ocurrió, motivo por el cual,
recibió amenazas de muerte, seguimientos de personas extrañas, y nunca contó
con protección de la Procuraduría o la Fiscalía General de la Nación.
10. Adujo que, ante esta situación, mediante apoderado judicial, presentó
demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-
Ejército Nacional. Sin embargo, dentro del proceso 11001-3343-065-2023-00213-
00, en providencia de 22 de octubre de 2023, el Juzgado Sesenta y Cinco (65)
Administrativo de Bogotá negó la admisión de la demanda, puesto que, en su criterio
había operado la caducidad. Apelado, el auto fue confirmado por la Subsección A
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
11. En el escrito de tutela, consta que, en correo de 2 de marzo de 2025, dirigido
al Juzgado Sesenta y Cinco (65) Administrativo de Bogotá, al apoderado judicial de
la actora, se le permitió el acceso al expediente digital a través de la plataforma de
SAMAI.
Radicación número: 11001-03-15-000-205-02618-00
Accionante: Ofir Gamboa Arcos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
12. Argumentó que es víctima de acciones dolosas perpetradas por las Fuerzas
Militares de Colombia, y por tanto tiene el derecho a ser reparada integralmente, así
como conocer las circunstancias de tiempo modo y lugar, de los delitos cometidos
por agentes estatales y que quitaron la vida a su hermano, Héctor Gamboa Arcos.
13. Invocó como derechos constitucionales vulnerados el debido proceso y los
derechos reconocidos a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Sostuvo que las dos decisiones cuestionadas ignoraron jurisprudencia del Consejo
de Estado, conforme al cual, el daño antijurídico se podía imputar únicamente desde
el momento en que se tuvo conocimiento de la participación de agentes estatales
en la consumación del daño. Ello, en el caso concreto, solo ocurrió cuando se
notificó el auto OPV-262 de 16 de junio de 2021, en que la JEP reconoció que Héctor
Gamboa Arcos es víctima de una ejecución extrajudicial presentada ilegítimamente
como baja en combate.
Trámite de tutela.
14. En auto de 7 de mayo de 2025, el despacho sustanciador admitió el escrito
de amparo, vinculó a las partes accionadas, y a Alexander Murcia Arcos, Eduardo
Arcos, Wenceslada Arcos, Jhon Fredy Arcos Meneses, Lola Oliva Arcos Meneses,
Magaly Arcos Meneses, Jhon Jairo Arcos Trujillo y Óscar Alberto Arcos Trujillo como
terceros con interés.
15. Dentro del término, el magistrado ponente de la decisión de segunda
instancia1 intervino con el fin de solicitar que se declare improcedente la acción de
tutela, pues no se satisface el requisito de relevancia constitucional, ni el de
inmediatez. En el caso del primero, la acción de tutela repite los argumentos que ya
fueron resueltos en dos instancias, y en el caso del segundo, la acción de tutela fue
presentada por fuera de los seis meses siguientes a la notificación de la decisión
cuestionada. Recordó que la decisión de segunda instancia se profirió el 27 de mayo
de 2024, mientras que la acción de tutela se promovió el 5 de mayo de 2025, es
decir, 11 meses después de proferida.
16. Jhon Jairo Arcos Trujillo, Eduardo Arcos, Jhon Fredi Arcos Meneses y Lola
Oliva Arcos Meneses intervinieron con el fin de indicar que atendían el requerimiento
hecho por esta Corporación.
CONSIDERACIONES
Competencia
17. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.
Problema jurídico
1
Índice Samai 11.
Radicación número: 11001-03-15-000-205-02618-00
Accionante: Ofir Gamboa Arcos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
18. En primer lugar, la Subsección debe establecer si la acción de tutela de la
referencia satisface los requisitos de procedibilidad formal, puntualmente los de
inmediatez y relevancia constitucional, cuestionados por la parte accionada.
19. En caso de resolver positivamente el anterior interrogante, debe examinar si
las decisiones proferidas por las autoridades judiciales accionadas dentro del
proceso de reparación directa identificado con el número 110013343065-2023-
00213-00, incurrieron en violación de derechos fundamentales al no aplicar el
precedente jurisprudencial respecto al requisito de caducidad en casos de
ejecuciones extrajudiciales.
20. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, de manera sucinta,
la Subsección reiterará el precedente constitucional sobre procedencia de tutela
contra providencias, y posteriormente resolverá el caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
21. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20052, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una especifica.
22. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar3; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela4, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 5 o
los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo;
(vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige
que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o
económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga
2
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
3
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
4
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
5
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
Radicación número: 11001-03-15-000-205-02618-00
Accionante: Ofir Gamboa Arcos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no
hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
Caso Concreto
23. En primer lugar, se examina si la acción de tutela satisface los requisitos de
procedibilidad formal, en caso de superar el examen se verifica si se satisface
alguna de las causales específicas
24. Se satisface el requisito de legitimación en la causa por activa y por pasiva,
toda vez que, quien formula la acción de tutela, es la persona directamente afectada
por las decisiones judiciales acatadas. En el mismo sentido, el medio de amparo se
dirigió contra las autoridades judiciales que profirieron las decisiones cuestionadas.
25. Respecto al requisito de relevancia constitucional, el mismo se encuentra
satisfecho, toda vez que como lo ha indicado esta Subsección6, en consonancia con
la jurisprudencia de la Corte Constitucional7, las acciones de tutela en las que se
discute la responsabilidad extracontractual del Estado por la eventual vulneración
de derechos fundamentales ocurridas en el contexto del conflicto armado, o como
parte de una agresión de autoridades estatales contra personas protegidas por el
Derecho Internacional Humanitario, revisten relevancia constitucional.
26. Especialmente cuando se trata de decisiones judiciales en las que se declaró
la caducidad del medio de control de reparación directa, sin atender a los estándares
jurisprudenciales sobre esta temática.
27. Sin embargo, no se satisface el requisito de inmediatez, puesto que, como lo
indicó el magistrado sustanciador de la providencia atacada, la decisión de 27 de
mayo de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, se notificó por medios virtuales aquella fecha. En
efecto, examinado el expediente digital SAMAI dentro del radicado
11001334306520230021301, se verifica que en el índice 09, se enviaron las
notificaciones a los correos indicados por el apoderado de la parte actora. Es decir,
el 28 de mayo de 2024. Sin embargo, la acción de tutela se promovió el 5 de mayo
de 2025, por fuera de los 6 meses que se han considerado un plazo razonable.
28. En el escrito de amparo, el apoderado de la parte actora indica que conoció
el contenido de la decisión de segunda instancia, solo hasta marzo de 2025, pues
remitió una solicitud al juzgado Sesenta y Cinco (65) Administrativo de Bogotá para
acceder al expediente. Sin embargo, examinado el expediente remitido al trámite de
tutela por la misma autoridad judicial accionada, se verifica que el apoderado de la
parte actora remitió un memorial al juzgado Sesenta y Cinco administrativo de
Bogotá, pues “el suscrito apoderado tenía inscrito el correo electrónico […] y el
número móvil […], ante el SIRNA, pero por congestión y multitudes de correos a
comienzos del año 2023, registre el correo electrónico […]” y que por tal situación
6
Sentencia de 4 de abril de 2025, Subsección A de la Sección Tercera de la Corporación dentro
del radicado 11001-03-15-000-2025-01017-01.
7
SU-287 de 2024, SU-439 de 2024
Radicación número: 11001-03-15-000-205-02618-00
Accionante: Ofir Gamboa Arcos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
“no ha recibido ninguna notificación sobre la surte (sic) de los recursos en comento
por parte del JUZGADO SESENTA Y CINCO (65) ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ”.
29. No obstante, tal manifestación resulta insuficiente para constatar que el
apoderado de los actores solo tuvo conocimiento de la decisión hasta el mes de
marzo del año en curso, por cuanto el profesional reconoce que el correo electrónico
al cual le fue notificada la decisión de segunda instancia había sido indicado por él
para recibir notificaciones dentro del proceso contencioso administrativo, solo que
por congestión y múltiples correos tuvo que registrar uno nuevo. Por lo demás, es
preciso señalar que la ley les asigna a los abogados el deber de “atender con celosa
diligencia sus encargos profesionales” (art. 28 de la Ley 1123 de 2007) lo que a
juicio de la Sala, implica un mandato de diligencia en el seguimiento de las
actuaciones judiciales a través de la consulta periódica en el sistema Samai de los
procesos que le fueron confiados a su gestión para efectos de ejercer sus derechos
de contradicción y defensa bien sea en el contexto mismo del proceso o a través
del ejercicio de la acción de tutela en un plazo razonable.
30. Al no encontrar razonable el ejercicio de la acción de tutela en un lapso de
once meses contados a partir de la notificación de la decisión materia de
cuestionamiento constitucional, la Sala declarará improcedente la protección
constitucional solicitada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Ofir Gamboa
Arcos por no satisfacer el requisito de inmediatez.
SEGUNDO: Comunicar esta decisión a las partes, por el medio más expedito.
TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Radicación número: 11001-03-15-000-205-02618-00
Accionante: Ofir Gamboa Arcos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Primera instancia acción de tutela
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su
teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
VF
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