Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02620-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-02620-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-02620-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
19 de junio de 2025
Radicación: 11001-03-15000-2025-02620-00
Demandante: Ferney Sebastián Duarte Benavides
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02620-00
Demandante: FERNEY SEBASTIAN DUARTE BENAVIDES
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Temas: Tutela contra autoridad judicial. Medio de control de nulidad electoral.
Falta de legitimación en la causa por activa
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Ferney Sebastián Duarte Benavides, quien actúa en nombre
propio, contra el Consejo de Estado, Sección Quinta.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 5 de mayo de 2025, la parte demandante solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a elegir y ser elegido
y de acceso a la administración de justicia supuestamente vulnerados por la
autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: DECLARAR que la Sección Quinta mediante la sentencia de fecha 19
de septiembre de 2024 y aclarada el 10 de octubre de 2024, desconoció su propio
precedente judicial en la sentencia de unificación SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCION QUINTA Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE
MORENO RUBIO Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-28-000-2015-00029-00 Actor: GERARDO ANTONIO
ARIAS MOLANO Demandado: SECRETARIO DE LA COMISION SEXTA DEL
SENADO NULIDAD ELECTORAL - SENTENCIA DE UNIFICACION sobre los
efectos de las nulidades cuando la irregularidad no afecta todo el proceso de
elección.
SEGUNDA: TUTELAR mis derechos fundamentales de Igualdad, debido proceso
derecho a elegir y ser elegido, derecho a la administración de justicia, vulnerados
por parte de la accionada al no establecer un nuevo procedimiento de elección,
diferente al establecido en el Acuerdo 011 2023 Procedimiento elección director-
2025 a 2027, conforme los efectos Ex Tunc de la Sentencia de la Sección Quinta
del Consejo de Estado con radicado 11001-0328-000-2024-00094-00 de fecha 19
de septiembre de 2024.
TERCERA: SE REVOQUE la sentencia de tutela del 19 de septiembre de 2024
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado y aclarada mediante Auto de
fecha 10 de octubre de 2024, dentro del medio de control de nulidad electoral
acumulado en el radicado 11001-0328-000-2023-00094-00.
CUARTA: SE ORDENE, que como Juez Constitucional en aras de proteger los
derechos a la igualdad de participación en el proceso de convocatoria para la
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Demandante: Ferney Sebastián Duarte Benavides
elección de director de cormacarena periodo 2025 a 2027, de todas las personas,
que como la suscrita si bien: i) no participamos inscribiéndonos en la convocatoria
para la elección del Director de Cormacarena para el periodo 2024 a 2027, que se
reglamentara en el Acuerdo No. 11 de Agosto de 2023, y que ii) no coadyuvamos
la declaratoria de nulidad de la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del
medio de control de nulidad electoral 11001-0328-000-2024-00094-00 del acto de
elección del Director de Cormacarena de fecha 19 de septiembre de 2024, aclarada
mediante Auto del 10 de octubre de 2023, pero que resultamos beneficiados con la
declaratoria de nulidad del acto de elección al ser beneficiarios con la medida de
restitución establecida en el código civil colombiano, para que podamos postular
nuestra hoja de vida para el proceso de elección que se ordene mediante la
presente acción de tutela, de acuerdo al precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional en sentencia SU-1023 de 2001”.
2. Hechos
La parte demandante señaló que mediante sentencia de 19 de septiembre de 2024
y auto de aclaración de 10 de octubre del mismo año, proferidos por la Sección
Quinta del Consejo de Estado en el medio de control de nulidad electoral identificado
con radicado No. 11001-0328-000-2024-00094-00, se declaró la nulidad del acto de
elección del señor Jhorman Julián Saldaña como director de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena para el periodo
2024-2027, la cual se encontraba contenida en el Acuerdo No.
PS.GJ.1.2.42.2.23.033 de 12 de diciembre de 2023, expedido por el Consejo
Directivo de CORMACARENA. Y agregó que el fundamento de la decisión fue que
se encontró probada la causal de nulidad contemplada en el artículo 137 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “en atención a
que se dio un trámite inadecuado a las recusaciones presentadas en el curso del
proceso electoral”.
Señaló que el Consejo Directivo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Área de Manejo Especial de la Macarena decidió no anular el trámite de elección en
su integridad, sino que lo retomó desde la etapa de las recusaciones, por lo tanto,
el procedimiento adelantado en la convocatoria inicial se encontraba vigente. En
ese orden de ideas, la omisión del Consejo Directivo de realizar una nueva
convocatoria para el proceso de elección del director general de Cormacarena para
el periodo 2025-2027 constituyó una vulneración al derecho a la igualdad de los
nuevos participantes que deseaban postular su hoja de vida.
Manifestó que se omitió el cumplimiento de la sentencia proferida por el Consejo de
Estado del 19 de septiembre de 2024, que declaró la nulidad de la elección del 12
de diciembre de 2023, por cuanto el proceso de elección inició con el Acuerdo No.
PS-GJ 1.2.42.2.23.011 “Por medio del cual se reglamenta el procedimiento para la
elección del Director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial La Macarena-CORMACARENA-”.
Explicó que la señora María del Pilar Useche Benavides, quien había participado en
el Consejo Directivo en la expedición del Acuerdo No. PS. GJ 1.2.42.2.23.011 1
carecía de capacidad para ocupar el cargo como representante de Asocolonos en
el Consejo Directivo de Cormacarena y para elegir, de conformidad con lo
establecido en el artículo 38 de la Ley 99 de 1993. Y agregó que “es difícilmente
probable, que los fundadores iniciales de la verdadera Asociación de Colonos de La
Macarena, dentro de los que se encontraba el señor JORGE DELGADO, como
dirigente de la Asolación, y militante de la Unión Patriótica, al ser el primer Alcalde
de La Macarena, hayan tenido la posibilidad de participar desde el año 1993 a 1997,
en las sesiones del Consejo Directivo de LA CORPORACION PARA EL
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“Por medio del cual se reglamenta el procedimiento para la elección del director de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena-CORMACARENA-, como Representante de la Asociación de Colonos
de La Macarena y Guayabero”.
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DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MACARENA- CORMACARENA, de acuerdo
al contexto socio político de la época, donde se puede evidenciar que muchos de
sus simpatizantes fueron perseguidos y asesinados”.
Asimismo, indicó que el Consejo Directivo de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible de la Macarena – Cormacarena desde octubre de 2023 se ha negado a
tramitar la reglamentación de la Asociación de Colonos de la Macarena,
ocasionando una vulneración a los derechos fundamentales de elegir y ser elegido.
En ese orden de ideas, refirió que el 12 de enero de 2024, la Superintendencia de
Sociedades mediante Resolución No. 2024-01-010640 formuló pliego de cargos
contra la Cámara de Comercio de Villavicencio, al considerar que se vulneró la
Circular Externa n.º 100-000002 del 25 de abril de 2022 y el artículo 86 del Código
de Comercio.
Por último, informó que el 17 de enero de 2025, se formuló ante el Juzgado Trece
Penal Municipal con Función de Garantías de Villavicencio imputación en contra de
la señora María del Pilar Useche Benavides por el delito de falsedad en documento
privado y fraude procesal.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora manifestó que se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra sentencias judiciales. En relación con la relevancia
constitucional indicó que se cumplía con este requisito “por cuanto está
relacionado con la legitimidad del representante de los Campesinos ante el Consejo
Directivo de la Autoridad Ambiental, y su incidencia para elegir el próximo director,
estando cuestionada su calidad de representante legal de una Asociación”.
Mencionó que no existe otro medio de defensa judicial, pues “la víctima del delito
de falsedad en documento privado, participó como Coadyuvante ante la Sección
Quinta del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad electoral
11001-0328-000-2024-00050-00”.
Respecto del requisito de inmediatez, la parte actora afirmó que “desde el Auto de
aclaración de fecha 10 de octubre de 2024 fecha de la sentencia del medio de
control de nulidad electoral aquí demandado con radicado 11001-0328-000-2024-
00094-00, el 17 de enero de 2025 fecha en que se formuló la imputación a la señora
María del Pilar Useche Benavides, a la fecha del 02 de mayo de 2025, presentación
de la presente acción de tutela, no han transcurrido más de 117 días, lo que se
considera un término prudencial”.
Por último, indicó que la providencia recurrida no se trata de una decisión proferida
en sede de tutela.
Ahora bien, en lo que atañe a las causales especiales de procedibilidad explicó que
se configuró el defecto fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución.
En relación con el defecto fáctico consideró que no se valoraron adecuadamente
algunas pruebas relacionadas con la suspensión de la señora María del Pilar
Useche Benavides como representante legal de Asocolonos. Adicionalmente, indicó
que la Sección Quinta del Consejo de Estado “incurrió en defecto factico al no darle
valor probatorio a la imputación jurídica que allí se realizó en contra de la Cámara
de Comercio de Villavicencio, al no cumplir el debido proceso y el principio de
legalidad a la medida cautelar ordenada por el Juez Penal del Circuito de Granada,
en la providencia del 01 de diciembre de 2023”.
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Por otro lado, agregó que la autoridad judicial accionada incurrió en un “error
inducido”, toda vez que a la fecha de la sentencia cuestionada no se había realizado
la imputación penal de la señora María del Pilar Useche Benavides, la cual se dio el
17 de enero de 2025, por los delitos de falsedad en documento privado y fraude
procesal.
Finalmente, en relación con este defecto concluyó que “la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en su decisión del 19 de septiembre de 2024 aclarada mediante
Auto de fecha 10 de octubre de 2024, en ningún momento centra el análisis del
problema jurídico relacionado con la condición de representante legal de
Asocolonos, por parte de la señora Marial del Pilar Useche Benavides, a pesar que
tuvo como prueba el fallo de tutela del Juzgado Penal del Circuito de Granada,
donde se hace una exposición fáctica de la irregularidad de su condición de
representante legal, y que de acuerdo a todo el proceso de elección del director de
cormacarena, que inició con la reglamentación del proceso de elección, conto con
la participación de una persona que se cuestiona no es la verdadera representante
legal”.
En lo que atañe con el defecto sustantivo “por desconocimiento del precedente”
señaló que la Sección Quinta del Consejo de Estado desconoció su propio
precedente, al no tener en cuenta que la señora María del Pilar Useche Benavides
“al estar cuestionada su representación legal de La Asociación de Colonos del
Municipio de la Macarena y Guayabero, “ASOCOLONOS” , afectó todo el proceso
de elección del director de cormacarena para el periodo 2024 a 2027, desde su
reglamentación en agosto del año 2023”.
En ese orden de ideas, sostuvo que la autoridad judicial accionada desconoció su
propio precedente respecto de los efectos de las nulidades de los actos de elección
por causa de irregularidades en el trámite de su expedición.
Mencionó que la Sección Quinta del Consejo de Estado con la sentencia de 19 de
septiembre de 2024, “paso por alto el contenido de la resolución 2024-01-010640,
la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, dentro del 2.6.4. Cargo cuarto: En la
sesión del 12 de diciembre de 2023 se presentaron situaciones anómalas”. Y
adicionalmente, dejó de valorar el contenido probatorio del expediente acumulado
con radicado No. 11001-0328-000-2024-00075-00, en el cual se anexaba la
Resolución No. 2024-01-010640.
Expuso que si la autoridad judicial accionada hubiese valorado las consideraciones
de la formulación del pliego de cargos de la Resolución No. 2024-01-010640
formulado por la Superintendencia de Sociedades contra la Cámara de Comercio
de Villavicencio, habría encontrado acreditado que la señora María del Pilar Useche
Benavides, no se encontraba habilitada para poder participar en la elección del
director de Cormacarena para el periodo de 2024 a 2027. Por lo tanto, al encontrarse
probado que la persona jurídica representante de la Asociación de Colonos de la
Macarena, que se estableció en el artículo 38 de la Ley 99 de 1993, no es la misma
que hoy se denomina “La Asociación de Colonos del Municipio de la Macarena y
Guayabero Asocolonos”, se concluye que todo el procedimiento de elección se
encontraba viciado.
Agregó que “con el acta de fecha 21 de noviembre, en poder del accionado,
CONSEJO DIRECTIVO DE CORMACARENA, la señora MARIA DEL PILAR
USECHE BENAVIDES, se habilitó para votar ,en la sesión del 21 de noviembre de
2023, a pesar que existía una recusación formulada en su contra, por parte del señor
ERICSON CAMILO BALLEN QUINTERO, de acuerdo a denuncia penal presentada,
con radicado No. 500016000567-2022-50921 en la cual se cuestionaba su calidad
de representante legal dentro de la Asociación de Colonos de los Municipios de La
Macarena y Guayabero. De tal manera, que el asunto fue sometido a votación
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dentro de los 13 integrantes del Consejo Directivo, y se le permitió intervenir, y votar
a la señora MARIA DEL PILAR USECHE BENAVIDES”.
Por último, concluyó que de conformidad con las pruebas aportadas en cada uno
de los medios de control de nulidad electoral, y de conformidad con los hechos y
material probatorio aportado en la presente acción de tutela, dentro de las cuales se
encuentra el acta de formulación de imputación de 17 de enero de 2025 contra la
señora María del Pilar Useche Benavides por los delitos de falsedad en documento
privado y fraude procesal, se puede probar que en todo el proceso de elección del
directos de Cormacarena para el periodo de 2024-2027 se encuentra afectado de
validez.
4. Trámite procesal
Por auto de 12 de mayo de 2025, el despacho sustanciador previo a decidir sobre
la admisión de la acción de tutela requirió al accionante para que informará de
manera precisa la calidad en la que actuaba y el interés que le asistía para presentar
la solicitud de amparo, toda vez que no figuraba como parte en el medio de control
de nulidad electoral No. 11001-03-28-000-2024-00094-00. No obstante, el señor
Ferney Sebastián Duarte Benavides guardó silencio.
Mediante auto de 23 de mayo de 2025, el despacho sustanciador admitió la
demanda y ordenó notificar al accionante y a la autoridad judicial accionada -
Consejo de Estado – Sección Quinta, y al señor Julián Saldaña, como tercero
interesado en el resultado del proceso y se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, en virtud de lo previsto en el artículo 610 del Código General
del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 70032 a 70036 del
27 de mayo de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión2.
5. Oposición
5.1. Respuesta de la Sección Quinta del Consejo de Estado
El magistrado sustanciador rindió informe en el que solicito que se declarara
improcedente la acción de tutela por no cumplir con los requisitos generales de
relevancia constitucional, inmediatez y subsidiariedad, o en su lugar, de encontrarse
superados los anteriores supuestos, se niegue el amparo solicitado, al no advertirse
la configuración de los defectos propuestos por el accionante.
Sostuvo que el señor Duarte Benavides argumentó que la sentencia de 19 de
septiembre de 2024 vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, debido
proceso, a elegir y ser elegido y de acceso a la administración de justicia, toda vez
que no se consideraron las circunstancias de irregularidad en la que se encontraba
la señora María del Pilar Useche Benavides, como representante de Asocolonos en
el Consejo Directivo de la Macarena, y no se estableció un nuevo procedimiento de
elección, diferente al estipulado en el Acuerdo 011 2023. Para tal efecto, indicó que
la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico y sustantivo.
Manifestó que la sentencia cuestionada fue proferida el 19 de septiembre de 2024,
en la cual se declaró la nulidad del acto de elección del señor Jhorman Julián
Saldaña como director general de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Área de Manejo Especial la Macarena, contenido en el Acuerdo PS.GJ.
1.2.42.2.23.033 de 12 de diciembre de 2023, expedido por el Consejo Directivo de
Cormacarena. Adicionalmente, el accionante también cuestionó el auto de 10 de
2 Índice 13 de Samai
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octubre de 2024, por medio del cual se negaron las solicitudes de aclaración y
adición contra la sentencia reprochada.
Consideró que se debería analizar la legitimación en la causa que debe tener el
accionante para presentar la acción de tutela, toda vez que no allegó alguna prueba
que demuestre un interés para actuar, y tampoco fue un sujeto procesal en el trámite
de nulidad electoral No. 11001-03-28-000-2024-00094-00. Adicionalmente, agregó
que se debían tener en cuenta los requisitos generales de procedencia excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Al respecto, señaló que el amparo carece de relevancia constitucional, en el
entendido que el accionante con su argumentación pretende “convertir el presente
mecanismo constitucional en un escenario de debate para confrontar un asunto de
mera legalidad que fue decidido por su juez natural, circunstancia que comporta un
reproche directo a la autonomía judicial, en la medida en que la providencia
censurada se adoptó con fundamento en la ley y en el criterio jurisprudencial vigente
en la materia”. Así las cosas, la parte actora pretende controvertir en sede de tutela,
el análisis efectuado por la Sección Quinta del Consejo de Estado respecto de la
habilitación para participar y votar de la representante de Ascolonos, aspecto que
fue resuelto en el proceso ordinario.
Indicó que la sentencia cuestionada tuvo en cuenta que, pese a que la señora María
del Pilar Useche Benavides “se encontraba limitada por la orden judicial existente
para participar en la elección del director general de la corporación, lo cierto es que
el acta de dicha sesión evidenció que la suspensión fue levantada por un juez de
tutela. Así, por los efectos inmediatos del fallo, no resultaba admisible impedir su
participación en el procedimiento eleccionario. Por lo tanto, se encontró probado
que la votación de aquella no fue irregular y, por ello, el cargo no prosperó”.
Ahora bien, en relación con el reparo relacionado con la supuesta irregularidad en
la que se encontraba la señora María del Pilar Useche Benavides, como
representante de Asocolonos en el Consejo Directivo de Cormacarena, la autoridad
judicial accionada encontró que no se supera el requisito de subsidiariedad, toda
vez que ese argumento resulta ajeno al estudio adelantado en el proceso electoral
cuestionado, el cual tenía como finalidad revisar la legalidad del acto de
nombramiento del señor Jhorman Julián Saldaña como director general de la
referida corporación. Adicionalmente, advirtió que en el proceso ordinario, ninguna
de las partes cuestionó tales aspectos.
Por otro lado, advirtió que no se encuentra acreditado el cumplimiento del requisito
de inmediatez, toda vez que la decisión cuestionada se profirió el 19 de septiembre
de 2024, fue notificada a las partes el 20 del mismo mes y año, y quedó debidamente
ejecutoriada el 18 de octubre de 2024. Así mismo, el auto de 10 de octubre de 2024,
mediante el cual se negaron las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia,
se notificó a las partes por estado el 15 de octubre siguiente. Por lo tanto, como la
fecha de presentación de la tutela fue el 5 de mayo de 2025, transcurrieron seis
meses y diecisiete días desde la ejecutoria de la sentencia cuestionada.
En ese orden de ideas, de encontrar superados los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela, solicitó que no se accediera al amparo solicitado,
ya que la sentencia cuestionada que declaró la nulidad solicitada se realizó de
conformidad con lo estipulado en la Constitución, la ley y los precedentes
jurisprudenciales de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Adicionalmente, se
realizó un estudio integral del material probatorio.
Por último, refirió que en el auto de 10 de octubre de 2024, la Sala con fundamento
en la sentencia de unificación de 26 de mayo de 2016 “le precisó a los sujetos
procesales que la entidad debía retomar el trámite eleccionario «justo en el
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momento antes de que se presentó la irregularidad, bajo el entendido de que se
sabe con certeza que parte de la actuación no estuvo viciada», esto es, en el
momento del trámite de las recusaciones estudiadas”.
5.2. Respuesta del señor Jhorman Julián Saldaña
El señor Jhorman Julián Saldaña a través de apoderada judicial, rindió informe en
el que solicitó se negaran las pretensiones de la acción de tutela, al estimar que el
accionante no hace ningún señalamiento jurídico fundamental que permita concluir
que le fueron vulnerados los derechos fundamentales alegados.
Manifestó que el señor Ferney Sebastián Duarte Benavides “pretende, sin
legitimidad alguna y sin cumplir los requisitos respectivos, es revivir los términos
para participar en el proceso judicial de Nulidad Electoral (en el que no se hizo parte)
y con ello también en un proceso de elección que fue público, en el que podía
participar cualquier ciudadano que cumpliera los requisitos (en el que pudo
constituirse como participante, sin embargo, no lo hizo)”.
En relación con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, indicó que no se acreditó la relevancia constitucional, pues
simplemente se limitó a indicar la vulneración de los derechos fundamentales.
Respecto del requisito de subsidiariedad, sostuvo que el accionante no hizo parte
del proceso de nulidad electoral, por lo que no se entiende superado este requisito.
En lo que atañe a la inmediatez, refirió que el amparo no se interpuso dentro del
tiempo razonable que ha establecido la Jurisprudencia, pues transcurrieron casi 8
meses desde la presentación de la acción constitucional. Adicionalmente, el
accionante tampoco acreditó la existencia de una valoración probatoria indebida
dentro del proceso de nulidad electoral.
Por otro lado, agregó que existe falta de legitimación en la causa por activa del
accionante, toda vez que no participó del proceso de elección para el cargo de
Director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo
Especial la Macarena – Cormacarena, y tampoco hizo parte del proceso de nulidad
electoral. Por lo tanto, “el accionante no tiene una relación sustancial con la decisión
que emitió el Consejo de Estado, por cuanto no fue parte dentro del proceso judicial
y no participó en la Convocatoria de elección a Director de la Corporación
Ambiental”.
Finalmente, concluyó que las motivaciones expuestas por la parte actora no
demostraron un perjuicio que pueda resultar irremediable, y solicitó que se exhorte
al demandante para que no presente acciones constitucionales “de este tipo” las
cuales resultan con “apariencias temerarias” y ocasionan un desgaste al aparato
judicial.
5.3. Respuesta de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de
Manejo Especial la Macarena - CORMACARENA
El apoderado judicial de la Corporación, rindió informe en el que solicitó que se
negaran las pretensiones del amparo, al considerar que no se han vulnerado los
derechos fundamentales alegados por el accionante, toda vez que en el proceso de
nulidad electoral, cualquier persona se encuentra facultada para intervenir y
participar, ya que es un medio de control que tiene un interés público y busca
garantizar la transparencia y legalidad del proceso democrático. Adicionalmente,
precisó que esa posibilidad de intervención permite que el ciudadano sin necesidad
de acreditar un interés particular o directo, pueda actuar como tercero interviniente
para apoyar o controvertir los argumentos planteados, asimismo puede aportar
elementos de juicio o solicitar pruebas, sin embargo, el actor no realizó dicha
circunstancia.
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Demandante: Ferney Sebastián Duarte Benavides
Manifestó que el accionante carece de legitimación en la causa por activa para
presentar la acción de tutela, puesto que no intervino en el proceso de nulidad
electoral, a pesar de que la normativa le otorgaba la facultad para poder hacerlo en
calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso. Y agregó que “no
es jurídicamente admisible que quien, teniendo la oportunidad de participar dentro
del proceso electoral en los términos y etapas procesales fijadas, optó por guardar
silencio, pretenda luego reabrir el debate jurídico con fundamento en supuestas
afectaciones que no fueron alegadas oportunamente. Tal conducta no solo
desconoce los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, sino que también
vulnera el principio de lealtad procesal, pues pretende obtener por vía indirecta lo
que omitió ejercer por los cauces legales pertinentes”.
Por otro lado, sostuvo que la acción de tutela no cumple con el requisito de
inmediatez, toda vez que transcurrieron más de 8 meses desde la interposición del
amparo, sin que se hayan aportado elementos que permitieran inferir la continuidad
de la amenaza o vulneración. En relación con el requisito de relevancia
constitucional, indicó no se cumple porque lo que se pretende es reabrir un debate
jurídico que fue resuelto en el proceso ordinario.
Refirió que en el escrito de tutela se evidencia una incongruencia entre los
supuestos facticos, jurídicos y probatorios alegados y la supuesta vulneración de
los derechos fundamentales alegados, puesto que los hechos que narra en la acción
de tutela son ajenos a las pretensiones de la misma, y además, “acredita hechos
diferentes a los contemplados al expediente judicial, promoviendo que, no se logre
establecer cuáles son las actuaciones cuestionadas por la parte accionada que
habrían generado una afectación directa a dichos derechos”.
Finalmente, sostuvo que en relación al debido proceso, no se demostró que la
autoridad judicial incurrió en irregularidades sustanciales que impidieran el ejercicio
del derecho de defensa, por el contrario, del análisis probatorio aportado se destacó
que el accionante tuvo conocimiento de las actuaciones y oportunidad para
intervenir.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si la Sección Quinta del Consejo de Estado
vulneró a la parte demandante sus derechos fundamentales al debido proceso, a
elegir y ser elegido y de acceso a la administración de justicia, con la sentencia de
19 de septiembre de 2024, mediante la cual se declaró la nulidad de la elección del
señor Jhorman Julián Saldaña como director general de la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena, para el periodo
2024-2027, y el auto de 10 de octubre de 2024, que negó las solicitudes de
aclaración y adición de la sentencia referida, dentro del proceso de nulidad electoral
con radicado No. 11001-03-28-000-2024-00094-00.
De manera previa, se verificará el cumplimiento del presupuesto general de la
legitimación en la causa por activa, en tanto se están cuestionando las decisiones
de la Sección Quinta de esta Corporación en el proceso de nulidad electoral en el
que el demandante no ostentó la condición de parte ni interviniente.
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4. De la legitimación en la causa por activa en la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, faculta
a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente
y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando sean
vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de
los particulares en los casos en que así se autoriza.
Este mecanismo constitucional tiene como una de sus características esenciales la
informalidad al momento de presentar la acción, pues no limita su ejercicio a los
sujetos de derecho que pretendan hacerla valer como solicitud de amparo
constitucional.
No obstante, se hace exigible como requisito indispensable la legitimación e interés
del actor de acuerdo como lo estipula el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, de
la siguiente manera:
“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no
esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia
ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.
En términos generales, la legitimación en la causa determina quiénes pueden
obtener una decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda.
La Corte Constitucional ha establecido unos presupuestos con respecto a la
legitimación en la causa por activa, señalándolos así:
“La legitimación en la causa por activa en los procesos de acción de tutela se predica
siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados,
sin embargo, la Sala encuentra que a partir de las normas de la Constitución y del
decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro
posibilidades para la promoción de la acción de tutela: (i) la del ejercicio directo de
la acción. (ii) La de su ejercicio por medio de representantes legales (caso de los
menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas).
(iii) La de su ejercicio por medio de apoderado judicial (caso en el cual el apoderado
debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar
el poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo). Y (iv) la
del ejercicio por medio de agente oficioso”.
Si se actúa por medio de apoderado judicial, debe aportarse el poder especial que
lo faculta para actuar, pues, de lo contrario, se configurará un auténtico caso de
carencia de poder. Y si se actúa en calidad de representante legal de una empresa,
debe aportarse el respectivo certificado de existencia y representación.
La Corte Constitucional en sentencia SU-173 de 2015 , indicó que la relevancia
constitucional de la legitimación por activa, no puede considerarse una exigencia
intrascendente sino que, por el contrario, necesaria en la protección y garantía
adecuada de los derechos fundamentales, al indicarse que obedece al verdadero
significado que la Constitución Política le ha dado al reconocimiento de la dignidad
humana, en el sentido de que, no obstante las buenas intenciones de terceros, quien
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decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios intereses,
es solo la persona capaz para hacerlo.
Así las cosas, están legitimados para interponer la acción de tutela: i) el interesado
directamente, ii) el representante legal o judicial y iii) el agente oficioso, siempre que
se demuestre la imposibilidad de que el interesado ejerza su propia defensa.
Ahora, así como en las demás acciones judiciales, en la acción de tutela el juez
cuenta con la facultad de revisar, en cualquier momento del proceso, si la persona
que ejerció la acción está legitimada para obtener una decisión de fondo. Si el juez
de tutela comprueba que quien ejerció la solicitud de amparo está legitimado
continuará con el análisis de los presupuestos de procedencia con el fin de realizar
estudio de fondo. No así, si comprueba la falta de legitimación en la causa por activa,
caso en el cual deberá declararla.
5. Estudio y solución del caso concreto
El señor Ferney Sebastián Duarte Benavides, quien actúa en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Quinta, al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a elegir y ser elegido y
de acceso a la administración de justicia, con la sentencia de 19 de septiembre de
2024, mediante la cual se declaró la nulidad de la elección del señor Jhorman Julián
Saldaña como director general de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Área de Manejo Especial la Macarena, para el periodo 2024-2027, y el auto de 10
de octubre de 2024, que negó las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia
referida, dentro del proceso de nulidad electoral con radicado No. 11001-03-28-000-
2024-00094-00.
En relación con el medio de control de nulidad electoral3, la Sala observa que los
señores Carlos Alberto López López, David Andrés Riaño Peñuela, Daniela
Bermúdez Echeverri, Luis Carlos Ríos Arredondo, Néstor Arnulfo García Parrado,
Javier Lerma Capacho y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
radicaron demandas en las que solicitaron la nulidad del acto de elección del señor
Jhorman Julián Saldaña como director de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena, para el periodo 2024 a 2027,
el cual se encontraba contenido en el Acuerdo PS.GJ.1.2.42.2.23.033 de 12 de
diciembre de 2023.
En ese orden de ideas, la Sección Quinta del Consejo de Estado, admitió las
demandas presentadas, decretó la medida cautelar de suspensión provisional de
los efectos del acto de elección del señor Jhorman Julián Saldaña como director de
la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la
Macarena, y reconoció como coadyuvantes de la parte demandante a los señores
Ericson Camilo Ballen Quintero y Néstor Julián Batía Benavidez.
Posteriormente, mediante auto de 24 de junio de 2024, se decretó la acumulación
de los procesos con radicados 11001-03-28-000-2024-00094-00 (principal), 11001-
03-28-000-2024- 00050-00, 11001-03-28-000-2024-00054 00, 11001-03-28-000-
2024-00055-00, 11001-03-28-000-2024-00067-00, 11001-03-28-000-2024-00075-
00 y 11001-03-28-000-2024-00077-00 (acumulados). El 3 de julio del mismo año,
se realizó el sorteo de ponente y se asignaron al despacho 4 los expedientes
acumulados.
Mediante sentencia de única instancia de 19 de septiembre de 2024, la Sección
Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad del acto de elección del señor
Jhorman Julián Saldaña como director general de la Corporación para el Desarrollo
3
Radicado No. 11001-03-28-000-2024-00094-00.
4
M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena, para el periodo 2024-2027,
contenido en el Acuerdo No. PS.GJ.1.2.42.2.23.033 de 12 de diciembre de 2023
expedido por el Consejo Directivo de CORMACARENA, al concluir que se configuró
la causal de nulidad de expedición irregular establecida en el artículo 137 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), toda
vez que se realizó un trámite inadecuado a las recusaciones presentadas en el
curso del proceso electoral. El 20 de septiembre de 2024, la sentencia fue notificada
a las partes mediante correo electrónico.
El 23 de septiembre de 2024, la señora Daniela Bermúdez Echeverri en calidad de
demandante del medio de control de nulidad electoral, presentó solicitud de adición
y/o aclaración de la sentencia de 19 de junio de 2024, al considerar que la postura
de la Sala no fue clara respecto de la segunda pretensión del escrito de demanda,
y que se precisará hasta que etapa del proceso debía retrotraerse la nulidad
electoral. El 24 de septiembre del mismo año, los apoderados de la fundación
FUNDAMEDEM, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el señor
Jhorman Julián Saldaña y Cormacarena, presentaron solicitud de aclaración y
adición en idéntico sentido, en las que solicitaron se indicara a partir de qué etapa
se debía reanudar el proceso de elección que se anuló.
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante providencia de 10 de octubre
de 2024, negó la solicitud de aclaración y adición de la sentencia de 19 de
septiembre del mismo año, formulada por los sujetos procesales anteriormente
mencionados, al determinar que en la providencia cuestionada explicó que “una vez
reiterado el vicio que originó la nulidad de la citada elección, lo procedente será,
conforme la regla de unificación jurisprudencial, que la entidad retome el trámite
eleccionario «justo en el momento antes de que se presentó la irregularidad, bajo el
entendido de que se sabe con certeza que parte de la actuación no estuvo viciada».
De conformidad con lo anterior, se advierte que el señor Ferney Sebastian no fungió
como demandante ni coadyuvante en el proceso de nulidad electoral, tal como lo
acepta en la demanda, se ratifica en las contestaciones y se observa en el Sistema
de Información Samai, por lo que a juicio de la Sala, el accionante carece de
legitimación en la causa por activa para solicitar que se revoque la sentencia de 19
de septiembre de 2024, y el auto de 10 de octubre del mismo año, proferidos por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en el marco del medio de control de nulidad
electoral No. 11001-03-28-000-2024-00094-00.
Adicionalmente, se anota que mediante auto de 12 de mayo de 2025, el despacho
sustanciador previo a decidir sobre la admisión de la acción de tutela requirió al
accionante para que informará de manera precisa la calidad en la que actuaba y el
interés que le asistía para presentar la solicitud de amparo, toda vez que no figuraba
como parte en el medio de control de nulidad electoral No. 11001-03-28-000-2024-
00094-00; sin embargo, el señor Ferney Sebastián Duarte Benavides guardó
silencio.
En ese sentido, los argumentos expuestos en la acción de tutela respecto de que
no se tuvieron en cuenta las circunstancias de irregularidad en la que se encontraba
la señora María del Pilar Useche Benavides, como representante de Asocolonos en
el Consejo Directivo de la Macarena, y no se estableció un nuevo procedimiento de
elección, diferente al estipulado en el “Acuerdo 011 2023”, no constituyen por sí solo
un fundamento válido que le otorgue legitimación en la causa por activa para
interponer el escrito de amparo con el fin de que se deje sin efecto la sentencia de
19 de septiembre de 2024 y el auto de 10 de octubre de 2024, que negó la solicitud
declaración presentada por los demandantes del proceso ordinario, pues lo cierto
es que no fue parte en el medio de control de nulidad electoral, por lo que no le
asiste ningún interés legítimo que pueda reclamar en sede de tutela bajo la supuesta
vulneración de derechos fundamentales alegados.
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En consecuencia, la Sala concluye que frente a las pretensiones de la acción de
tutela, encaminadas a dejar sin efecto la sentencia de 19 de septiembre de 2024,
mediante la cual se declaró la nulidad del acto de elección del señor Jhorman Julián
Saldaña como director general de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Área de Manejo Especial la Macarena, para el periodo 2024-2027, y el auto de 10
de octubre del mismo año, a través del cual se negaron las solicitudes de aclaración
y adición de la sentencia referida proferidas por la autoridad judicial accionada, el
actor no ostenta legitimación en la causa por activa y, por tanto, se desconoce un
presupuesto general de procedencia para acudir a este trámite constitucional en
defensa de los derechos fundamentales invocados, razón por la que se declarara
improcedente la acción de tutela.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Ferney Sebastián Duarte Benavides, quien actúa en nombre propio, contra el
Consejo de Estado, Quinta por las razones señaladas en la parte considerativa de
este proveído.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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