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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02649-01

Fecha
25 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02649-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de 13 de junio de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, pero por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-02649-01 Demandante: Municipio de Pereira 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02649-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

25 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-02649-01
Demandante MUNICIPIO DE PEREIRA
Demandada TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA Y OTRO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Legitimación en la
causa. Acción popular. Incidente de desacato. Obras de
infraestructura.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta decide la impugnación interpuesta por el Municipio de Pereira
contra la sentencia de 13 de junio de 2025, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por el municipio de Pereira
en contra del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira y del Tribunal Administrativo de
Risaralda, por no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 6 de mayo de 20251, el Municipio de Pereira interpuso acción de tutela mediante
apoderado judicial contra el Juzgado Primero Administrativo de Pereira y el Tribunal
Administrativo de Risaralda, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad humana y acceso a la
administración de justicia, así como el principio de buena fe.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Con fundamento en los hechos ampliamente expuestos, solicito muy respetuosamente al
señor Juez tutelar la protección de los derechos constitucionales fundamentales del doctor
Mauricio Salazar Peláez, en su calidad de alcalde y representante legal del Municipio de
Pereira, concretamente el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a
la presunción de inocencia, el derecho a la igualdad, el derecho a la buena fe, el derecho a la
dignidad humana y el derecho de acceso a la administración de justicia, los cuales han sido
vulnerados por la sanción impuesta al Municipio dentro del incidente de desacato derivado de
la acción popular identificada con radicado 66001-33-33-001-2008-00493-00.

Como consecuencia de lo anterior, de manera comedida solicito a su despacho que, en
ejercicio de la jurisdicción constitucional, ordene al Tribunal Contencioso Administrativo de
Risaralda – Sala de Decisión respectiva, revocar la sanción impuesta al Municipio de Pereira
dentro del incidente de desacato, toda vez que el doctor Mauricio Salazar Peláez, como actual
alcalde, no ha incurrido en conducta negligente, dolosa ni renuente, y que dicha sanción ha
sido proferida sin observar el principio de responsabilidad subjetiva que rige la materia
sancionatoria.

En su lugar, solicito que se disponga una nueva valoración de los hechos, conforme a los
principios de razonabilidad, proporcionalidad, continuidad administrativa, imposibilidad
material, ausencia de dolo o culpa grave, y en especial, considerando las actuaciones
diligentes desplegadas por el actual alcalde desde el inicio de su mandato.

1 Samai, índice 2.

1
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02649-01
Demandante: Municipio de Pereira

De igual manera, se solicita que, en el análisis de responsabilidad, se observen y apliquen las
consideraciones constitucionales relativas al principio de culpabilidad en materia
sancionatoria, al principio general de derecho según el cual nadie está obligado a lo imposible
(ad impossibilia nemo tenetur), y al deber de protección reforzada de los derechos
fundamentales en sede de tutela, con el fin de restablecer integralmente las garantías
afectadas y evitar la consumación de un perjuicio irremediable en contra del accionante».

2. Hechos

Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:

2.1. En el año 2008, un ciudadano presentó acción popular contra el Municipio de
Pereira, con el fin de obtener la protección de los derechos colectivos
vulnerados por la ausencia de andenes en la vía de acceso al barrio Parque
Industrial desde Dosquebradas, sector La Badea.

2.2. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Primero Administrativo de
Pereira, bajo el radicado 66001-33-31-001-2008-00493-00, que mediante
sentencia del 27 de julio de 2011 accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda y, en consecuencia, ordenó la adecuación y construcción
inmediata de andenes otorgando un plazo máximo de doce meses para la
ejecución de las obras:
«(…)
2. Se concede el amparo en forma parcial de los derechos colectivos invocados por el actor,
en lo concerniente a la ausencia de espacio público (andén o acera) en forma continua y
libre de barreras arquitectónicas, respecto del trayecto de la vía de acceso al barrio
Parque Industrial, entrada por el municipio de Dosquebradas sector La Badea,
atendiendo las consideraciones expuestas en esta sentencia.
3. Como consecuencia de lo anterior se ordena al Municipio de Pereira que de manera
inmediata inicie las obras orientadas a la adecuación de las zonas de espacio público
(andén o acera) en todo el trayecto de la vía de acceso al barrio Parque Industrial, acceso
por el municipio de Dosquebradas sector la Badea (vía Pedregales), específicamente con
el mantenimiento del espacio público (anden), así como el retiro de las barreras
arquitectónicas que ocupan en la actualidad las aceras existentes en el trayecto de dicha
vía, y la construcción de andenes o aceras en los trayectos de la vía donde no existe este
espacio público, todo a fin de que se permita y garantice el libre tránsito de los peatones
que utilizan esta vía para desplazarse, obras cuya ejecución no podrá superar el término
de los doce (12) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia; todo dentro de los
parámetros expuestos en la parte considerativa de esta providencia».

El Municipio de Pereira presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia.

2.3. Mediante sentencia de 6 de septiembre de 2012, el Tribunal Administrativo de
Risaralda modificó el fallo, en el sentido de otorgar al Municipio de Pereira dos
meses para culminar las gestiones administrativas, financieras y
presupuestales necesarias para obtener los recursos y doce meses
adicionales para ejecutar materialmente las obras:
«1. MODIFÍCASE la medida de protección de los derechos e intereses colectivos contenida
en el numeral 3 de la parte resolutiva del fallo proferido por el Juzgado Primero Administrativo
el 27 de julio de 2011, en el sentido de ordenar al municipio de Pereira que, dentro del término
de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, inicie y culmine las
gestiones de carácter administrativo, financiero y presupuestal pertinentes inclusión en el Plan
de Desarrollo y en el Presupuesto- para la consecución de los recursos necesarios para
realizar las obras orientadas a la adecuación de las zonas de espacio público (andén o acera)
en todo el trayecto de la vía de acceso al barrio Parque Industrial, acceso por el municipio de
Desquebradas sector la Badea (vía Pedregales), específicamente con el mantenimiento del
espacio público (anden), así como el retiro de las barreras arquitectónicas que ocupan en la
actualidad las aceras existentes en el trayecto de dicha vía, y la construcción de andenes o
aceras en los trayectos de la vía donde no existe este espacio público, todo a fin de que se
permita y garantice el libre tránsito de los peatones que utilizan esta vía para desplazarse,

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Demandante: Municipio de Pereira

obras cuya ejecución no podrá superar el término de los doce (12) meses siguientes a la
ejecutoria de esta sentencia».

2.4. Posteriormente, el ciudadano que promovió la acción popular interpuso
incidente de desacato.

2.5. Mediante auto de 17 de marzo de 2025, el Juzgado Primero Administrativo de
Pereira sancionó al señor Mauricio Salazar Peláez en su calidad de alcalde del
Municipio de Pereira con multa de cinco salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

La autoridad judicial explicó que en la sentencia de segunda instancia el
Tribunal Administrativo de Risaralda no desconoció que la ejecución de una
obra pública supone la disponibilidad de recursos, así como también el
agotamiento del procedimiento legal de contratación. Por esa razón modificó
la decisión de primera instancia, a fin de conceder un término de dos meses
para que se iniciaran las gestiones de carácter administrativo, financiero y
presupuestal para la realización de las obras.

En consecuencia, reprochó que en el curso del incidente el alcalde haya
continuado argumentado que se seguían efectuando diversos análisis técnicos
y administrativos para determinar la viabilidad del cumplimiento de la orden
judicial. Por ende, consideró acreditado el incumplimiento objetivo del fallo, así
como la responsabilidad subjetiva en cabeza del alcalde quien de forma
reiterada ha omitido el cumplimiento del precepto judicial.

2.6. En providencia de 4 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de Risaralda,
Sala Tercera de Decisión confirmó la sanción impuesta, por razones
semejantes a las expuestas en la providencia consultada.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora sostuvo que toda sanción impuesta en el marco de un procedimiento
judicial o administrativo debe respetar los principios de razonabilidad y
proporcionalidad. En su criterio, estos fueron desconocidos debido a que la sanción
se impuso sin considerar la imposibilidad material de ejecutar inmediatamente la
obra. Además de que el asunto tiene origen en hechos generados por
administraciones anteriores, consideró irrazonable exigir al actual alcalde la
ejecución inmediata de obras públicas que requieren planeación técnica compleja,
gestión predial, asignación presupuestal y ejecución contractual.

También hizo referencia a la falta de continuidad con las anteriores
administraciones. Indicó que el alcalde Mauricio Salazar Peláez no recibió los
insumos mínimos necesarios para «ejercer su función de garante del cumplimiento judicial».
Por lo tanto, aquel no puede ser responsabilizado ni sancionado de manera objetiva.

En su criterio, se desconoció que el alcalde Mauricio Salazar Peláez asumió su
cargo en un contexto de falta de información, sin recursos asignados ni proyectos
estructurados que le permitieran cumplir con la obligación judicial en los términos
exigidos.

Por otra parte manifestó que en los incidentes de desacato no opera la
responsabilidad objetiva. Por lo tanto, es imprescindible determinar si existe dolo o
culpa grave. Consideró que en el caso no se demostró que el alcalde haya actuado
dolosamente o con negligencia.

Por el contrario, la conducta de aquel ha sido diligente, de buena fe y orientada a
estructurar el cumplimiento de la orden judicial dentro de las limitaciones materiales
y administrativas que le fueron heredadas. Entre las acciones efectuadas destacó

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la realización de visitas técnicas y diagnósticos de campo, solicitudes de conceptos
al Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) para la estructuración de diseños,
la inclusión del proyecto de construcción de andenes en programas de planeación
urbana (fábrica de diseño) y la presentación de solicitudes presupuestales y
búsqueda de fuentes de financiación.

Asimismo, sostuvo que en el caso se configura un error inducido, en tanto el
despacho judicial fue llevado a tomar una decisión sancionatoria con fundamento
en informes presentados por la administración anterior, los cuales daban cuenta de
supuestos avances en el cumplimiento de las órdenes impartidas dentro del
proceso.

Concluyó que en el caso se incurrió en una vía de hecho, puesto que la sanción se
fundamentó en un análisis de responsabilidad objetiva, sin considerar el contexto
fáctico ni la imposibilidad material de cumplimiento. Esto significa que se desconoció
el elemento subjetivo necesario para la imposición de la sanción.

4. Trámite e intervenciones

4.1. Mediante auto de 8 de mayo de 2025, se admitió la acción de tutela interpuesta
por el Municipio de Pereira en contra del Juzgado Primero Administrativo de
Pereira y del Tribunal Administrativo de Risaralda; se vinculó al ciudadano que
promovió la acción popular y al alcalde sancionado Mauricio Salazar Peláez;
se reconoció personería al abogado de la entidad accionante; y se dispuso
efectuar las notificaciones correspondientes.

4.2. El Tribunal Administrativo de Risaralda sostuvo que confirmó la sanción,
porque se acreditó que el funcionario sancionado fue negligente respecto de
la órdenes impartidas en la sentencia de la acción.

Precisó que, si bien desde la ejecutoria del fallo se han efectuado algunas
gestiones tangenciales encaminadas a su cumplimiento, durante el mandato
del alcalde sancionado tales actuaciones han sido mínimas. Lo cierto es que
en más de doce años el precepto judicial no se ha cumplido y que no se
presenta ningún argumento de peso que justifique el incumplimiento.

De otra parte, sostuvo que la tutela interpuesta no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, ya que la acción se está utilizando como una
instancia adicional. También sostuvo que no se configura el defecto fáctico,
debido a que la providencia cuestionada se basó en las pruebas aportadas,
las cuales acreditaron el incumplimiento de la orden judicial, pese a que esta
fue proferida hace más de doce años.

Finalmente, agregó que la providencia cuestionada se fundamentó
debidamente en las normas y jurisprudencia aplicables, al margen de que la
decisión no haya sido favorable a los intereses de la parte demandante.

4.3. El Juzgado Primero Administrativo de Pereira manifestó que no existe
vulneración al debido proceso del alcalde, puesto que este fue notificado de
las decisiones adoptadas y se le dieron las oportunidades para acreditar el
cumplimiento de la orden.

Sostuvo que en la providencia mediante la que se impuso la sanción se
desestimó el argumento expuesto en el desacato consistente en que la obra
ordenada en la sentencia popular fue incluida en el banco de proyectos del
Municipio de Pereira. Al respecto, se explicó que tal decisión no implica una
actuación certera con miras a lograr el cumplimiento de la orden, sino más bien
un mecanismo para eludir la imposición de la sanción.

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Con todo, censuró que la orden continuara sin cumplirse definitivamente, pese
a que en el año 2018 el Municipio probó que inició un proceso contractual con
la finalidad de adelantar las obras públicas dispuestas en el fallo de la acción
popular. Y aun así pasados los años, el mandato judicial continúa sin
materializarse.

Reconoció que el actual alcalde inició su mandato en enero de 2024. Sin
embargo, tal circunstancia no desdibuja la obligación de cumplir las decisiones
judiciales. Además, precisó que las órdenes impartidas en una acción popular
no se dirigen a la administración que se encuentre en turno; tal interpretación
implicaría aceptar que en cada periodo se empiece desde cero, lo cual
conllevaría a un incumplimiento indefinido.

Por último, sostuvo que el mecanismo de amparo no constituye una
herramienta jurídica que permita discutir nuevamente las discrepancias de los
litigantes acerca de la valoración o interpretación del juez, pues una tesis en
ese sentido atentaría contra el principio de seguridad jurídica e independencia
judicial.

Por lo expuesto, solicitó el rechazo de la acción de tutela, por considerarla
improcedente.

4.4. El señor Mauricio Salazar Peláez, sancionado en su calidad de alcalde del
Municipio de Pereira, presentó memorial a través del cual coadyuvó las
pretensiones de la parte actora.

A su vez, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela,
especialmente (i) que es imposible la ejecución inmediata de las obras
ordenadas; (ii) que el incumplimiento obedece a la negligencia de
administraciones pasadas; (iii) que no se tuvo en cuenta la responsabilidad
subjetiva y la inexistencia en el caso de dolo o culpa; (iv) que se configuró una
indebida valoración respecto de las pruebas que acreditan las actuaciones
adelantadas con el fin de dar cumplimiento a la orden judicial, entre otros.

5. Providencia impugnada

Mediante sentencia de 13 de junio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C declaró la improcedencia de la acción de tutela, por considerar que
no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues se está empleando
la acción de tutela para revivir el debate definido por el juez natural, a fin de que se
acoja la tesis defendida por la parte actora y de reiterar su discrepancia frente a la
decisión adoptada.

6. Impugnación

La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia, porque en su criterio en
el caso sí se cumple con el requisito de relevancia constitucional.

Sostuvo que la Corte Constitucional ha señalado que un asunto es de relevancia
desde el punto de vista constitucional cuando se plantea una problemática que
desborda el interés individual y se comprometen principios fundantes del Estado
Social de Derecho, como la dignidad humana, la prevalencia del derecho sustancial
sobre las formas, la igualdad ante la ley o el debido proceso. Por tanto, «afirmar que
el caso carece de relevancia constitucional, cuando se están discutiendo consecuencias jurídicas
que afectan directamente el ejercicio legítimo de funciones públicas y la honra de un funcionario
elegido democráticamente, es desconocer la dimensión constitucional del debate planteado».

Agregó que las sanciones, aunque sean de índole pecuniaria, comprometen
derechos fundamentales como la dignidad, el debido proceso y el buen nombre. Por

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ende, el hecho de que la sanción tenga un contenido económico no desdibuja la
dimensión constitucional del problema jurídico.

También reprochó que se haya pasado por alto lo dispuesto en la sentencia SU-034
de 2018, en la cual la Corte Constitucional unificó su jurisprudencia respecto de la
procedencia de la tutela frente a incidentes de desacato.

De otra parte, indicó que en el caso se configura un defecto fáctico por la indebida
valoración de las pruebas que acreditaban la conducta diligente del alcalde Mauricio
Salazar Peláez, sin justificación alguna que explique tal proceder. De haber tenido
en cuenta tales medios probatorios habría sido posible advertir que no hubo
intención dolosa ni una conducta negligente o desinteresada por parte del alcalde.

También consideró que se incurrió en un defecto sustantivo, puesto que el Tribunal
Administrativo de Risaralda aplicó de manera directa una forma de responsabilidad
objetiva desconociendo por completo que en materia sancionatoria rige el principio
de culpabilidad, según el cual toda sanción debe estar sustentada en la existencia
de dolo o culpa grave por parte del presunto infractor. Aseguró que el alcalde fue
sancionado a pesar de que obró con diligencia y previsión, simplemente porque no
logró materializar una obra en un corto plazo, sin tener en cuenta la complejidad de
su ejecución.

Asimismo, sostuvo que en el caso se desconoció el precedente contenido en las
sentencias SU-034 de 2018, sobre tutela contra incidentes de desacato; C-055 de
1993, que prohíbe la responsabilidad objetiva en materia sancionatoria; y T-652 de
2010, que establece que en controversias que involucran principios constitucionales
el componente económico no excluye la dimensión constitucional del conflicto.

A su vez, afirmó que se incurrió en violación directa de la Constitución, porque se
desconoció el principio de dignidad humana del servidor público, se impuso una
responsabilidad sin individualizar la conducta atribuida, se trató de forma desigual
una situación en la que debió ponderarse el contexto, se vulneró el debido proceso
sancionatorio y se desconoció la presunción de buena fe que debe amparar el
actuar de la administración.

Finalmente, reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales

2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

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y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, en principio le correspondería a la
Sala establecer si le asistió razón al juez de primera instancia al declarar la
improcedencia de la tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional. No obstante, la Sala considera que previo a tal estudio debe
analizarse si en el caso el Municipio de Pereira cuenta con legitimación en la causa
por activa para la interposición de la presente acción de tutela.

Solo en caso de superar dicho análisis, y de encontrar satisfechos todos los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial, se determinará si al proferir el auto de 4 de abril de 2025 , el Tribunal
Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión incurrió en alguno de los
defectos alegados por la parte actora.

4. Legitimación en la causa por activa en materia de acción de tutela

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la acción de
tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona
para pedir la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando resulten
vulnerados o amenazados como consecuencia de acciones u omisiones de
autoridades o de particulares, en los eventos delineados por la Constitución y la ley.

El artículo 10 del Decreto 2591 de 19913 señala que la acción de tutela puede
ejercerse de las siguientes maneras: (i) en forma directa, (ii) por intermedio de un
representante legal (caso de los menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y
personas jurídicas), (iii) mediante apoderado judicial (abogado titulado con poder judicial
o mandato expreso), o (iv) a través de agente oficioso4 (cuando el titular del derecho no
está en condiciones de promover su propia defensa). Asimismo, dicha norma señala que
(v) tanto el defensor del pueblo como los personeros municipales estarán
legitimados para ejercer la acción de tutela.

La Corte Constitucional ha considerado como requisito para que se configure la
legitimación en la causa en acciones de tutela, la identidad entre el titular del
derecho fundamental vulnerado y quien ejerce la acción de tutela. De tal forma que
el único que, en principio, está legitimado para interponer la tutela del derecho

3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 10. «Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma
o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando
el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá
manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales».
4 Cuando la acción de tutela se interpone por intermedio de agente oficioso, la Corte Constitucional (Sentencia T-004 de
2013) ha exigido que se cumpla con los siguientes elementos: (i) el agente oficioso debe manifestar que está actuando
en esa calidad; (ii) del escrito de tutela se debe inferir que el titular del derecho está imposibilitado para ejercer
directamente la acción de tutela, por circunstancias que necesariamente deberán denotar fuerza mayor o caso fortuito;
(iii) la agencia oficiosa es informal, puesto que esta no implica que deba existir una relación formal entre el agente y el
agenciado, y (iv) la ratificación de lo actuado dentro del proceso.

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fundamental amenazado es el titular de este, ya sea directamente o por intermedio
de apoderado judicial debidamente constituido, o a través de agente oficioso, en
aquellos eventos en que se reúnan los requisitos para la procedencia de esta última
figura.

Sobre la importancia de la legitimación en la causa por activa en el trámite de la
acción de tutela, la jurisprudencia constitucional ha señalado que no se trata de un
requisito o exigencia mínima, sino necesaria, en la medida que garantiza la
protección de los derechos fundamentales.

Así, en sentencia T-403 de 1995 la Corte Constitucional precisó que, «…como quien
pidió la tutela evidentemente no tenía la titularidad de todos los derechos fundamentales reclamados,
la jurisdicción constitucional no podría, sin perjuicio del debido proceso, proferir sentencia favorable
a sus pretensiones, porque el interés subjetivo y específico en la resolución de la supuesta violación
de los derechos constitucionales fundamentales reseñados en la demanda, corresponde a persona
distinta que no intervino en el proceso. Por lo tanto, por este aspecto, la Sala cree que el actor incurrió
en un error insubsanable cuando pretendió, mediante tutela, defender varios derechos ajenos como
si fueran suyos…».

En la sentencia T-240 de 2004 la Corte Constitucional aclaró que, cuando se
demuestra que el juez natural de la causa incurrió en una vía de hecho se «vulnera el
derecho fundamental al debido proceso que asiste a quienes intervienen en el respectivo proceso
judicial. Por el contrario, quienes pudiendo intervenir en un proceso y no participan en él, carecen de
legitimidad para cuestionar, en sede de tutela, una actuación judicial. En tales circunstancias mal
puede una persona alegar que se conculcaron sus derechos al debido proceso, por cuanto la
violación de éstos necesariamente presupone que se ha intervenido en un proceso y que es allí
donde ha ocurrido la vulneración, por causa o con motivo de la actuación judicial, arbitraria e
irregular».

Asimismo, en la sentencia T-1191 de 2004 el tribunal constitucional indicó que la
finalidad del requisito de procedibilidad de legitimación en la causa por activa es el
de evidenciar el interés directo del accionante en relación con las pretensiones
planteadas en la demanda de tutela. Por ende, debe el juez constitucional asegurar
que «el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio
del demandante y no de otra persona».

En la sentencia T–697 de 2006 la Corte Constitucional explicó que «... la exigencia de
la legitimidad activa en la acción de tutela no corresponde a un simple capricho del legislador, sino
que obedece al verdadero significado que la Constitución de 1991 le ha dado al reconocimiento de
la dignidad humana, en el sentido de que, no obstante las buenas intenciones de terceros, quien
decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios intereses, es sólo la
persona capaz para hacerlo». Y en la sentencia T–878 de 2007 la Corte Constitucional
fue enfática en señalar que, pese a la informalidad de la acción de tutela, «…la
legitimación para presentar la solicitud de amparo, así como para actuar dentro del proceso, debe
encontrarse plenamente acreditada»5.

5. Análisis del caso

5.1. El incidente de desacato en la acción popular, consagrado en el artículo 416
de la Ley 472 de 1998, es un mecanismo coercitivo cuya única finalidad es
lograr el cumplimiento del fallo. En virtud de este, el juez de conocimiento tiene

5 En este sentido, ver entre otras, las siguientes sentencias: T-978 de 2006, T-912 de 2006, T-542 de 2006, T-451 de
2006, T-451 de 2006, T-356 de 2006 y T-809 de 2003.
En la sentencia T-899 de 2001 esta Corporación afirmó que: «La exigencia de la legitimidad activa en la acción de tutela,
no corresponde a un simple capricho del legislador, sino que obedece al verdadero significado que la Constitución de
1991 le ha dado al reconocimiento de la dignidad humana, en el sentido de que, no obstante las buenas intenciones de
terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus propios intereses, es sólo la persona
capaz para hacerlo».
6 Ley 472 de 1998. Artículo 41: «Desacato. La persona que incumpliere una orden judicial proferida por la autoridad
competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta de cincuenta (50) salarios
mínimos mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, conmutables en arresto
hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial, mediante trámite incidental y será
consultada al superior jerárquico, quien decidirá en el término de tres (3) días si debe revocarse o no la sanción. La
consulta se hará en efecto devolutivo».

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Demandante: Municipio de Pereira

la facultad correctiva de imponer sanción, siempre y cuando (i) se acredite el
incumplimiento objetivo de la orden judicial y (ii) se encuentre configurada la
responsabilidad subjetiva del demandado por su renuencia en acatar la orden 7.

El propósito del incidente de desacato no es la imposición de la sanción en sí
misma, sino que es una de las formas de búsqueda del cumplimiento de la
sentencia popular. De ahí que el desacato no es más que un medio disuasorio
del que se dota al juez del conocimiento de la acción popular, para que en
ejercicio de su potestad disciplinaria sancione a quien deliberadamente
desatienda las órdenes judiciales impartidas para hacer efectiva la protección
de los derechos e intereses colectivos8.

Atendiendo al elemento subjetivo mencionado, el Consejo de Estado ha
reiterado que el incidente de desacato es personal y no institucional; por ende,
la apertura del desacato se efectúa específicamente contra la persona
competente de cumplir la orden, no contra la entidad, dependencia o área de
la institución. Veamos:
«26. Para tal efecto, la Sala advierte que el trámite de desacato, en el marco de las acciones
populares, debe cumplir, como mínimo, con las reglas que se exponen a continuación:
i) El incidente de desacato procede de oficio o a solicitud de parte.
ii) El trámite se inicia con el auto de apertura del incidente de desacato contra la persona
natural encargada de cumplir la orden impartida por el juez de la acción popular. Esta
providencia debe individualizar, en debida forma, a la persona responsable del
cumplimiento para efectos de contradicción y de defensa. Es importante recordar que la
sanción por desacato es personal y no institucional; es decir, la apertura del incidente no
se debe realizar contra la institución, la dependencia o el cargo en abstracto, sino
individualizada respecto de quien está obligado al cumplimiento de la orden impartida en
la providencia presuntamente incumplida. Asimismo, la providencia debe conceder un
plazo razonable para que la persona dé cuenta de la razón por la cual no ha cumplido la
orden impartida y presente sus argumentos de defensa.
iii) La providencia de apertura del incidente debe ser notificada, en debida forma, a la
persona contra la cual se haya iniciado el respectivo trámite incidental.
iv) En caso que se haya solicitado la práctica de pruebas, el juez deberá proveer sobre estas,
para lo cual determinará si son conducentes, pertinentes y útiles. Asimismo, decretadas
las pruebas, el juez fijará un plazo para su práctica, acorde con los principios que rigen el
trámite de las acciones populares.
v) Una vez practicadas las pruebas, el juez procederá a resolver el incidente de desacato,
conforme a los parámetros expuestos en esta providencia, para lo cual deberá verificar si
se acreditan los elementos objetivo y subjetivo; es decir, que el incumplimiento objetivo
es atribuible a la persona, en virtud de un vínculo de causalidad -culpa o dolo-, propios
del régimen sancionatorio. En todo caso, la sanción que se imponga debe ser personal,
proporcional, y establecer en forma precisa el monto de la misma. Asimismo, solamente
se podrá sancionar la persona respecto de la cual se inició el incidente de desacato,
garantizándole sus derechos de contradicción y de defensa»9.

5.2. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que en el asunto el Municipio
de Pereira no cuenta con legitimación en la causa por activa para la
presentación de la tutela pues, de existir alguna amenaza o vulneración de
derechos fundamentales, a quien le corresponde ejercer la defensa es al
sancionado, es decir al alcalde. La razón obedece a que, como se explicó, la
sanción impuesta en el marco del incidente de la acción popular es personal y
no institucional, debido a que uno de los elementos necesarios para la
imposición es la existencia de responsabilidad subjetiva en cabeza de la
persona competente de acatar la orden.

7 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 19 de junio de 2025. Radicado: 68001-12-333-000-2019-00411-03.
Actor: Defensoría del Pueblo, Regional Magdalena.
8 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 15 de diciembre de 2011. Radicado: 15001-23-31-000-2004-00966-
02. Actor: Jorge Alberto Chaparro Serrano y otros.
9 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 15 de diciembre de 2011. Radicado: 15001-23-31-000-2004-00966-
02. Actor: Jorge Alberto Chaparro Serrano y otros.

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Demandante: Municipio de Pereira

Si bien es indiscutible la estrecha relación entre el Municipio de Pereira y el
alcalde, lo cierto es que el sancionado fue el último de estos y,
consecuentemente, es al alcalde a quien le corresponde ejercer por sí mismo
su defensa, atendiendo a que la sanción es eminentemente personal. Y
aunque en el curso de la acción de tutela el alcalde presentó memorial de
coadyuvancia a la parte actora, tal aspecto no desdibuja la falta de legitimación
del ente que presentó la tutela; a lo que se agrega que quien impugnó la
sentencia de primera instancia fue el Municipio de Pereira y no el alcalde
sancionado.

Esta postura también fue adoptada por esta Sección en sentencia de 27 de
febrero de 2025, en los siguientes términos:
«Conforme con lo expuesto, si con las providencias cuestionadas se vulneró algún derecho
fundamental, quienes se habrían visto afectados y, por ende, quienes estaban legitimados
para enjuiciarlas, mediante la acción de tutela, eran los sancionados, estos son, los señores
(…), si se tiene en cuenta que, el incidente de desacato un mecanismo disciplinario y, por
ende, la sanción es personal, individual y subjetiva y no institucional, por lo cual (se trascribe)
“la apertura del incidente no se debe realizar contra la institución, la dependencia o el cargo
en abstracto, sino individualizada respecto de quien está obligado al cumplimiento de la orden
impartida en la providencia presuntamente incumplida”.
Así como la sanción no fue impuesta al Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social y ni a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sino que específicamente
se sancionó a los señores (…), quienes eran los legitimados para defender sus derechos ante
la supuesta vulneración con ocasión de la sanción.
Entonces, las inconformidades referidas no pueden analizarse mediante la presente acción de
tutela, pues como se indicó, al cuestionarse decisiones que impusieron sanciones por
desacato los únicos legitimados son justamente las personas naturales a quienes les
corresponde cumplirlas.
En ese orden, queda demostrado que el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no tienen legitimación en la causa
por activa para promover el presente recurso de amparo, por lo tanto, se confirmará la
sentencia de primera instancia, que declaró improcedente la acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por activa del Departamento Administrativo de Prosperidad Social
para cuestionar las sanciones por desacato impuestas. (…)
Ahora bien, a pesar de que quienes, en los términos de la acción de tutela de la referencia
están legitimados para cuestionar las sanciones impuestas son los señores (...), por haber
acudido como coadyuvantes al presente trámite, lo cierto es que no allegaron impugnación en
relación con la decisión de primera instancia que declaró la falta de relevancia constitucional
frente a los cargos propuestos contra la imposición de la sanción, de hecho, las entidades
actoras aducen que lo relacionado con la imposición de la sanción por desacato no es objeto
de reparo en la impugnación. Por lo que en ese punto, la decisión también será confirmada».

Ahora bien, no se pasa por alto que en la sentencia SU-050 de 2022 la Corte
Constitucional se pronunció sobre la institución de la legitimación en un caso
de tutela contra providencias dictadas en un incidente de desacato. En esa
oportunidad, justamente, los jueces de instancia consideraron que no se
cumplía con el presupuesto de legitimación en la causa por activa, debido a
que la acción no fue promovida por el sancionado, sino por la entidad pensional
en la que el servidor público trabajaba.

Por su parte, la Corte Constitucional consideró que la entidad tutelante sí
contaba con legitimación. Sin embargo, la razón obedeció a que dicha
institución, además de solicitar el levantamiento de la sanción impuesta al
servidor, pidió que se suspendieran los pagos de las mesadas al pensionado
que superaban los topes permitidos.

Por ese motivo el referido tribunal constitucional sostuvo que la entidad estaba
defendiendo sus propios derechos y, consecuentemente, concluyó que la
persona jurídica sí estaba legitimada en la causa por activa para la
presentación de la tutela.

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Veamos lo expuesto por la Corte:
«es diáfano que la acción de tutela formulada por la entidad, si bien cuestiona la sanción
impuesta al funcionario (...), materialmente está impugnando la determinación de ordenar y/o
mantener la orden de pago de una pensión de vejez en unos términos que estima contrarios
al orden jurídico, de modo que, en su calidad de administradora de pensiones, está
persiguiendo en lo sustantivo la salvaguarda de sus propios derechos e intereses. (...)
Se desprende de ello, entonces, que la presente solicitud de amparo, al estar encaminada a
la protección de los derechos cuya titular es la propia entidad demandante y al haber sido
formulada por su representante legal, satisface las exigencias de la legitimación en la causa
por activa, sin que ello se desvirtúe en manera alguna por el hecho de que una de las
solicitudes de amparo pueda llegar a favorecer, eventualmente, a uno de sus funcionarios».

En consecuencia, si bien en la sentencia SU-050 de 2022 la Corte se apartó
de la tesis de los jueces de instancia en lo relacionado con la legitimación en
la causa por activa, tal decisión obedeció a que en ese caso la tutela no
buscaba únicamente el levantamiento de la sanción impuesta contra el
servidor público, sino la defensa de sus propios derechos como persona
jurídica.

Tal supuesto, sin embargo, no se presenta en el caso bajo análisis, en tanto
que el Municipio de Pereira presentó la acción de tutela a través de apoderado
judicial, a fin de proteger los derechos del alcalde Mauricio Salazar Peláez.

Finalmente, conviene precisar que la legitimación en la causa por activa es un
presupuesto esencial de procedencia de la acción de tutela que permite
establecer en primera medida quién es el titular del derecho fundamental que
presuntamente está siendo vulnerado. De manera que su cumplimiento es la
puerta de entrada para el estudio de los requisitos generales de procedibilidad
y, posteriormente, de los defectos o requisitos especiales, tratándose de tutela
contra providencia judicial. Por ende, al considerar que el Municipio de Pereira
no está legitimado por activa para la presentación de la acción, la Sala se
releva de estudiar los argumentos presentados contra la decisión de primer
grado.

6. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala concluye que en el caso no se satisface el
requisito de legitimación en la causa por activa.

Por consiguiente, se confirmará la decisión de primera instancia, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, pero por los motivos aquí
expresados.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia de 13 de junio de 2025, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, pero por las razones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

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4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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