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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02650-00

Fecha
12 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02650-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de falta de legitimación en la causa por pasiva del Consejo Superior de la Judicatura. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual del objeto por hecho superado de la presente acción de tutela. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuese impugnada esta decisión dentro de los tres [3] días siguientes, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02650-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

12 de junio de 2025

Demandante: Luis Roberto Copete Pinilla
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Archivo Central
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02650-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., doce [12] de junio de dos mil veinticinco [2025]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02650-00
Demandante: LUIS ROBERTO COPETE PINILLA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – ARCHIVO
CENTRAL

Tema: Tutela de fondo – Solicitud desarchivo de expediente –
Declara carencia actual del objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide el presente mecanismo constitucional de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021, y el
Acuerdo 080 de 2019, de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 6 de mayo de 2025, el señor Luis Roberto Copete Pinilla, a través de
apoderado judicial, presentó acción de tutela, con el fin de que se le protejan
los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad.

Las referidas garantías constitucionales las estimó vulneradas por el Consejo
Superior de la Judicatura – Archivo Central con ocasión de la respuesta1 que
se le dio a las peticiones2 que radicó el accionante, mediante las cuales solicitó
el desarchivo del proceso 11001-31-10-015-2018-01045-00.

1 A través de mensaje de datos de 13 de febrero de 2025 se le indicó al accionante que «en

este momento no es posible acceder a la bodega en donde reposan los procesos entregados
por ustedes para su administración y custodia» toda vez que se encuentra en curso un proceso
dentro del medio de control de controversias contractuales entre la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la persona jurídica a cargo de la administración
de la bodega.
2 Peticiones de fecha: 9 de julio de 2024, 19 de diciembre de 2024, 6 de febrero de 2025 y 3 de

marzo de 2025.
1

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Demandante: Luis Roberto Copete Pinilla
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Archivo Central
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02650-00

1.2. Pretensiones

Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:

1. Tutélense los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva
y acceso a la administración de justicias e igualdad-.

2. Ordénese al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –
ARCHIVO CENTRAL, que, en el término de 48 horas, contadas a
partir del fallo de la presente tutela, se resuelva en derecho el
requerimiento realizado por mi poderdante, y se ordene el traslado
del expediente al juzgado correspondiente.3

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio
de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

1.3.1 El 9 de julio de 2024, el señor Luis Roberto Copete Pinilla solicitó a través
de aplicativo el desarchive del expediente identificado con el radicado
11001031500015-2018-0104500.

1.3.2. Al no recibir respuesta por parte de la entidad, el actor realizó
nuevamente solicitud de desarchive los días 19 de diciembre de 2024 y 6 de
febrero de 2025.

1.3.3. El 13 de febrero de 2025, el Consejo Superior de la Judicatura - Grupo
de Archivo Central le respondió:

[s]e informa que el proceso solicitado reposa en Bodega Fontibón, Bodega
que, en el marco del Radicado: 25000-23-36-000-2023-00531-00, donde
funge como Demandante de la sociedad INNPACIFIC SAS como
Demandada la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, a través del medio de control de Controversias
Contractuales», proceso dentro del cual se decretó medida cautelar en
donde se dejó suspendidos los efectos jurídicos del contrato 077 de 2023;
por lo tanto «no [se] podrá[n] realizar búsquedas de los acervos
documentales que reposan en dicha bodega.

1.4. Fundamentos de la solicitud

En el sub examine la parte actora expuso que se le vulneraron sus derechos
fundamentales a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de

3 Transcripción textual incluyendo posibles errores.

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justicia y a la igualdad. Argumentó que el hecho de que exista una controversia
entre los órganos jurisdiccionales y un particular no debe justificar la falta de
respuesta a las solicitudes presentadas y «deba sufrir las consecuencias al no
poder acceder a la administración de justicia, los procesos judiciales por la mora
judicial tardan años, en su culminación».

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 8 de mayo de 2025, el Despacho sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la parte actora y al Consejo Superior de la
Judicatura – Archivo Central.

Asimismo, mediante providencia del 6 de mayo de 2025 se dispuso vincular a
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, para
que, si lo consideraba del caso, interviniera en el presente trámite constitucional
en calidad de tercero interesado.

1.6. Intervención

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentó el siguiente informe:

1.6.1. La magistrada auxiliar de la Oficina del Despacho de la Presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura, mediante oficio de 15 de mayo de 2025,
señaló que no es viable endilgar responsabilidad alguna a la entidad, «toda vez
que las acciones u omisiones que manifiesta el accionante como vulneradoras,
recaen exclusivamente sobre la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Bogotá», conforme al artículo 3 del Acuerdo PSCJA17-10784 de 26 de
septiembre de 20174. En consecuencia, solicitó la falta de legitimación en la
causa por pasiva.

1.6.2. El 30 de mayo de 2025, mediante informe DESAJBO25-2303, el director
Seccional de Administración Judicial de Bogotá solicitó que se declare la
carencia actual del objeto por hecho superado, toda vez que el 23 de mayo de
2025 se dio respuesta al accionante, informándole que el expediente fue
desarchivado y «se encuentra a disposición del Despacho Judicial».

4 ARTÍCULO 3. – Principios generales, definiciones y conceptos. Además de los
principios
generales, las definiciones y los conceptos que de conformidad con la ley rigen la
administración documental, en la Rama Judicial se aplicarán los siguientes:

Así mismo existirán Archivos Centrales Seccionales, donde reposarán los documentos
provenientes de las dependencias de la Rama Judicial ubicadas dentro de la comprensión
territorial de cada uno de los Consejos Seccionales de la Judicatura, cuyo funcionamiento será
responsabilidad de la respectiva Dirección Ejecutiva Seccional o Coordinación.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de
tutela presentada por la señora Luis Roberto Copete Pinilla contra el Consejo
Superior de la Judicatura – Archivo Central de conformidad con el Decreto 2591
de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

El Consejo Superior de la Judicatura – Archivo Central solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional por falta de legitimación en
la causa por pasiva. Sin embargo, no se accederá a esta pretensión, teniendo
en cuenta que su vinculación en esta instancia se hizo en calidad de accionado,
por presuntamente no haber accedido a la solicitud de desarchivo de
expediente, que motivó a acudir ante el juez de tutela.

2.3. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio corresponde establecer si el Consejo Superior de la
Judicatura - Archivo Central vulneró el derecho fundamental de petición del
señor Luis Roberto Copete Pinilla con ocasión a que, a la fecha de radicación
de esta tutela, la autoridad accionada no había dado una respuesta a la solicitud
de desarchive del expediente 11001-31-10-015-2018-01045-00.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela, (ii) del derecho de petición, (iii) análisis del
caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los
precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que
la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de
los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo
anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es

4

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decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se
promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable5.

2.5. Del derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución». El mismo artículo superior
precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional6 al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho:
«El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en
el artículo 14 de la Ley 1755 de 20157, que señala 15 días para resolver la
misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto
y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el

5 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
6 Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ver entre otros, sentencia T-

481 de 1992.
7 Los términos para resolver las peticiones están establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755

de 2015, que señala:

«ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma
legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los
quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de
las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10)
días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se
entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por
consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al
peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días
siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con
las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su
recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando
a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del
doble del inicialmente previsto».
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particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará
la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:

[…] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado
por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la
petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe
encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el
propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo
solicitado.

Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide
que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses
del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena
de la respuesta dada.8

Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de
ello […] la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que
cumpla el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud
por el solicitante».

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la
Corte Constitucional ha explicado que:

[…] i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que
mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos
a la información, a la participación política y a la libertad de expresión9; ii) su
contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta
y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades,
sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la
respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que
supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base
de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos
planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo
fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al
peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo10.

8 Sentencia T-149/13, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
9 Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido ver la

sentencia T-796/01 M.P. Jaime Araujo Rentería.
10 Sentencia T-94/99 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a
la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y,
además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario,
condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional
ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el
derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la
respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del
derecho subjetivo.

2.6. Caso concreto

2.6.1. En el sub examine el accionante alegó que el Consejo Superior de la
Judicatura - Archivo Central vulneró sus derechos fundamentales a la tutela
judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, a raíz
de la respuesta que se le dio a la solicitud de desarchivo del expediente 11001-
31-10-015-2018-01045-00, en la que se le indicó que no era posible realizar
dicha diligencia, toda vez que la persona jurídica a cargo de la administración
de la bodega donde reposaba el expediente se encontraba inmersa en un
proceso judicial contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, en el cual se resolvió una medida cautelar que dejó sin
efectos el contrato 077 de 2023, por lo que no se podían «realizar búsqueda de
los acervos documentales que reposan en dicha bodega».

Ahora bien, del material probatorio allegado al expediente, la Sala anticipa que
declarará la carencia actual del objeto, por hecho superado, en la medida que
durante el trámite de la presente acción de tutela, el Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá efectuó
el desarchive del expediente, el cual se encuentra a disposición del despacho
judicial.

En efecto, se advierte que el 23 de mayo de 2025, el accionante recibió una
respuesta a los correos electrónicos wilmermartincampos@hotmail.com y
lrobertocopete@hotmail.com, donde se le indicó que “el Grupo de Archivo
Central realizará el traslado físico del proceso al edifico Hernando Morales
Molina – Carrera 10 No. 14 – 33 Piso 1, el día 23 de MAYO de los corrientes,
DONDE DEBERÁ SER RETIRADO POR PARTE DEL JUZGADO A PARTIR
DEL DÍA SIGUIENTE”, como se puede observar a continuación11:

11 Índice 18 de Samai.

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En dicho correo, se precisó además que el traslado físico del expediente
11001311005120180104500 ya se había realizado, y que este podría ser
retirado en el Juzgado 15 de Familia de Bogotá, despacho que asumió
conocimiento del proceso.

En línea con lo anterior, se remarca que existen eventos en los que la amenaza
o efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el trascurso
de la acción de tutela, como sucede en el caso concreto; o bien, que la
vulneración del derecho fundamental amenazado se materializa, durante el
trámite del proceso, de suerte que el instrumento pierde efectividad, lo que
torna inane la intervención del juez constitucional dirigida a impartir órdenes
para que cese la vulneración de los derechos fundamentales.

En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación
del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos de hecho: (i) por hecho superado, (ii) por daño consumado, y
(iii) por una situación sobreviniente.

En ese sentido, dicha alta corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la
sala cita como criterio auxiliar, señaló que:

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La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o
afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que,
ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen
a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de
amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como
mecanismo extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues,
al desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del
juez constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para
salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y
contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.12

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:

“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un
derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que
se presente bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho
fundamental como su amenaza parten de una objetividad, es decir, de una
certeza sobre la lesión o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que
sea verdadero, no que haya sido o que simplemente -como en el caso sub
examine- que se hubiese presentado un peligro ya subsanado” (negrillas
inexistentes en el texto original)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar
alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género
que comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse
a través de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o
(iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia
denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente”13.

Con base en el anterior marco referencial, el máximo tribunal constitucional ha
sostenido que:

(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley
2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que
la autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para
eliminar la vulneración de los derechos fundamentales.

(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición de
la solicitud de amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela, por
lo que no es posible retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño resulta
perenne.

12 Sentencias : SU-225 de 2013; T-317 de 2005.
13 Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013.

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Al respecto ha sostenido el tribunal constitucional: [l]a segunda de las figuras
referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-
fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación
que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro,
no es factible que el juez de tutela dé una orden al respecto.14

(iii) Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de
los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de
tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de daño
consumado y hecho superado.

La citada corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar
la carencia actual de objeto, que:

El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena15 como por
las distintas Salas de Revisión16. Es una categoría que ha demostrado ser de
gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier “otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa
a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto
caiga en el vacío”17. No se trata entonces de una categoría homogénea y
completamente delimitada. […].18

Así las cosas, se advierte que, en el curso del presente proceso, se resolvió la
solicitud de desarchivo del expediente 11001-31-10-015-2018-01045-00 y se le
notificó en debida forma a las direcciones electrónicas suministradas por el
accionante.

En consecuencia, se declarará la carencia actual del objeto por hecho superado
toda vez que desapareció la circunstancia que podía dar lugar a una eventual
vulneración de los derechos fundamentales del señor Luis Roberto Copete
Pinilla. Por lo tanto, cualquier orden que se imparta por parte de esta Sala
resultaría inane, habida cuenta de que la autoridad accionada subsanó la
situación que dio origen a la presente acción.

14 Sentencia SU-225 de 2013.
15 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada, y SU-655 de 2017. M.P. Alberto Rojas

Ríos.
16 Ver, entre otras, T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto; T-481 de 2016. M.P. Alberto

Rojas Ríos; T-319 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero; T-205A de 2018. M.P. Antonio José
Lizarazo Ocampo; T-379 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-444 de 2018. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado; T-009 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-060 de 2019. M.P. Alejandro
Linares Cantillo.
17 Sentencias SU-225 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
18 Sentencia SU-522 de 2019. M.P. Diana Fajardo Rivera.

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Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Archivo Central
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02650-00

3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley.

FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de falta de legitimación en la causa por pasiva
del Consejo Superior de la Judicatura.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual del objeto por hecho superado de
la presente acción de tutela.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuese impugnada esta decisión dentro de los tres [3] días
siguientes, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO VARGAS
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Ausente con permiso

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co;8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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