Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02653-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02653-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02653-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
21 de agosto de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02653-01
Demandante: Luz Ángela Padilla de Manjarrés
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02653-01
Demandante: LUZ ÁNGELA PADILLA DE MANJARRÉS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
B
Temas: Tutela contra providencia judicial. Caducidad de medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho (en modalidad
de lesividad). Defecto orgánico y desconocimiento del
precedente judicial
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora, contra la sentencia de 26 de mayo de 2025, dictada
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la que resolvió
denegar las pretensiones de la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 6 de mayo de 2025, la demandante solicitó al juez constitucional la protección de
su derecho fundamental al debido proceso, y a los principios de buena fe y confianza
legítima, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
Se precisa que aun cuando la parte actora no identificó de manera precisa las
pretensiones de la solicitud, de la lectura del escrito introductorio se puede concluir
que pretende se protejan sus derechos fundamentales y se ordene revocar la
sentencia del 27 de febrero de 2025 emitida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
2. Hechos
La accionante relató que nació el 16 de febrero de 1944 y prestó sus servicios como
docente en el departamento del Tolima, en tres periodos, a saber: del 14 de enero
de 1964 hasta el 28 de febrero de 1966; del 15 de enero de 1968 al 28 de febrero
de 1973 y finalmente en el Instituto Técnico Nacional de Comercio (municipio de
Purificación) del 14 de mayo de 1973 hasta el 14 de febrero de 2009.
Afirmó que la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL) le reconoció una
pensión gracia mediante la Resolución no. 008032 de 31 de julio de 1995, con
efectos retroactivos desde el 16 de febrero de 1994. Precisó que en dicho acto
administrativo se le sumaron los tiempos laborados en el departamento del Tolima
y el realizado en el municipio de Purificación (Instituto Técnico Nacional de
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Demandante: Luz Ángela Padilla de Manjarrés
Comercio), liquidándose la prestación con el 75% del salario promedio devengado
en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionada.
Agregó que el Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de Bogotá por medio de
sentencia de tutela proferida el 4 de noviembre de 2003, ordenó la reliquidación de
dicha pensión con la inclusión de todos los factores salariales y las doceavas de la
bonificación por servicios, la prima de servicios y la prima de navidad, y que
acatando ese fallo CAJANAL expidió la Resolución no. 34387 de 27 de octubre de
2005, aclarada mediante la Resolución no. 13614 de 24 de marzo de 2006.
Indicó que el 7 de marzo de 2019, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho -lesividad1- contra los actos
administrativos que le reconocieron y reliquidaron la pensión gracia, ante lo cual el
Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia del 22 de junio de 2023 accedió
parcialmente a las pretensiones declarando la nulidad de las resoluciones
demandadas2. No obstante, negó la solicitud de la UGPP de ordenar la devolución
de las sumas pagadas en exceso por cuanto la actora las percibió de buena fe.
Refirió que contra la anterior decisión presentó recurso apelación y que, en
sentencia de 27 de febrero de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado confirmó la decisión, e inaplicó por inconstitucionalidad la
expresión, “[…] y que estén en curso […]”, contenida en el artículo 863 de la Ley
2381 de 2024, que establece un término de cinco años para ejercer las acciones
administrativas y contenciosas administrativas respecto de las pensiones
reconocidas.
Adicionalmente, sostuvo que la autoridad judicial accionada concluyó que la señora
Luz Ángela Padilla de Manjarrés no tenía derecho al reconocimiento de la pensión
gracia, por cuanto los tiempos de servicio que prestó como docente nacional no
podían ser computados para efectos del reconocimiento de dicha prestación ya que,
de conformidad con el régimen legal aplicable (Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37
de 1933 y 91 de 1989), la pensión gracia exige el cumplimiento de al menos veinte
años de servicios prestados como maestro nacionalizado, territorial o municipal.
En tal sentido, refirió que la misma autoridad judicial constató que desde el año 1973
hasta el 14 de febrero de 2009, la actora estuvo vinculada a una plaza como docente
nacional, lo que se acreditó con la resolución de nombramiento expedida por el
Ministerio de Educación Nacional y con la certificación emitida por la Secretaría de
Educación del departamento del Tolima, en la cual se indicó expresamente que el
tiempo laborado correspondía a una vinculación de carácter nacional, por tanto, no
cumplía con el requisito esencial de tiempo de servicio territorial y, en consecuencia,
no tenía derecho a la pensión gracia.
1 73001-23-33-000-2019-00101-01(5510-2023)
2 “La pensión gracia se causa únicamente para los docentes que cumplan 20 años de servicios en colegios de
orden departamental, distrital, municipal o nacionalizados, por tanto, se excluyen los tiempos laborados en el
orden nacional. En el presente caso, la docente solamente acreditó 7 años, 4 meses y 5 días de servicios válidos
para el reconocimiento pensional, puesto que los 35 años de servicios restantes, del 14 de mayo de 1973 al 14
de febrero de 2009, fueron con vinculación nacional. Por lo tanto, esos tiempos no podían tenerse en cuenta
para la mencionada pensión. En lo que respecta al reintegro de las mesadas pensionales pagadas a la docente,
el Tribunal indicó que en el proceso no se acreditó la mala fe de la pensionada, toda vez que no existe prueba
que demuestre fraude. En consecuencia, negó la pretensión relativa a que se ordene la devolución de las sumas
pagadas.”
3 “Dicha norma establece que a las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que
estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley”. Agregó que: “En este caso, la
autoridad judicial accionada inaplicó dicha norma y determinó que la regulación aplicable es el literal c del
artículo 164 de CPACA que no establece para este tipo de mecanismo judicial un término de caducidad”.
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Finalmente, aseveró que la autoridad judicial demandada señaló que no había lugar
a ordenar la devolución de los valores pagados, en tanto no se acreditó que la actora
hubiese actuado de mala fe o inducido en error a la administración para el momento
de obtener el reconocimiento de la prestación.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora expresó que se desconoce su derecho fundamental al debido
proceso porque en la sentencia objeto de tutela la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado se arrogó “el derecho a considerar inconstitucional
la expresión “y que estén en curso”, sin corresponderle declarar la
inconstitucionalidad de las leyes”, pues ello es facultad de la Corte Constitucional.
En esta medida, la Sala entiende que el defecto alegado por la parte actora es el
orgánico, al considerar que la autoridad judicial accionada carece de competencia
para declarar la excepción de inconstitucionalidad.
Mencionó que desde la interposición de la acción y el recurso de apelación sobre el
desconocimiento del principio de buena fe y confianza legítima manifestó que la
sentencia impugnada no analizó estos principios y que enfocó su estudio en concluir
que sí puede inaplicar una norma en la resolución de un caso concreto. Agregó que
el principio de la buena fe busca erradicar decisiones arbitrarias, sin embargo, en el
presente caso, la Sala dejó de lado este principio para declarar inconstitucional una
norma, sin serlo.
En relación con el principio de la confianza legítima indicó que se deriva de la buena
fe y que pretende que la administración se abstenga de modificar situaciones
jurídicas que han generado expectativas justificadas en los ciudadanos y, en este
sentido, resulta viable que se protejan los derechos de la accionante y se ordene
revocar la sentencia objeto de tutela.
Por último, respecto del desconocimiento del precedente judicial puso de presente
que la autoridad accionada habría desconocido fallos como el proferido el 7 de
noviembre de 2024 por la Subsección A de la misma Sección Segunda de esta
Corporación, en el que sí se habría declarado la caducidad con base en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024, para un caso que considera sustancialmente similar al
suyo.
4. Oposición
4.1. Respuesta de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado
El titular del despacho pidió que se negaran las pretensiones de la tutela, por cuanto
no se vulneraron los derechos fundamentales del accionante y precisó que la
decisión se expidió conforme a la jurisprudencia vigente y en aplicación de las reglas
establecidas en la ley.
4.2. Respuesta del Tribunal Administrativo del Tolima
Manifestó que “la acción de tutela era improcedente porque la demandante
pretendió convertir la solicitud de amparo en una tercera instancia dentro del
proceso ordinario, además, no se observa que se configuren los requisitos sentados
por la Corte Constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra una
providencia judicial.”
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4.3. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
La entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela, en tanto
la actora pretendía someter el asunto a una instancia adicional pasando por alto que
la decisión judicial cuestionada se profirió con base en la normativa y jurisprudencia
aplicable, determinándose que la actora no reunía los requisitos legales para
obtener su pensión gracia.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante sentencia
de 26 de mayo de 2025, denegó las pretensiones de la acción de tutela.
Advirtió que, en el caso bajo estudio, si bien se cumplieron los requisitos generales
de procedencia, la demandante confundió la excepción de inconstitucionalidad con
la constitucionalidad en control abstracto o difuso que realiza la Corte
Constitucional, siendo esta última una competencia propia del alto tribunal conforma
a lo previsto en el artículo 241 de la Constitución Política.
En este sentido, manifestó que con fundamento en el artículo 4 de la Constitución
Política la autoridad judicial demandada tiene competencia para inaplicar una norma
en la resolución del caso concreto, por lo que no se configura el defecto orgánico
alegado.
Respecto al desconocimiento del precedente constitucional consideró que no se
desatendió, al determinar que “...en efecto, el asunto decidido en la sentencia del 7
de noviembre de 2024 guarda similitud fáctica con el caso que se resolvió en la
providencia cuestionada, no obstante, en cuanto a los fallos del Consejo de Estado,
la Sala considera que el defecto alegado no tiene vocación de prosperidad, por
cuanto dicho pronunciamiento citado como desconocido no tiene el alcance de
sentencia de unificación a la luz de lo previsto en los artículos 270 y siguientes de
la Ley 1437 de 2011, de ahí que no resulta posible predicar su carácter vinculante
y con ello su presunto desconocimiento”.
Finalmente, indicó que las sentencias citadas por la accionante ene la solicitud de
amparo constitucional no constituyen precedente vinculante ni se trata de
decisiones de unificación.
7. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
accionante impugnó el fallo de primera instancia en el sentido de indicar que la tutela
se basó en los principios de buena fe y confianza legítima, los cuales no fueron
estudiados por la Sala.
Agregó que la decisión de tutela impugnada da a entender que la aplicación de las
leyes se encuentra a criterio de la autoridad judicial, lo que estaría legitimando que
cualquier autoridad judicial puede declarar que una norma es inconstitucional, sin
ser la autoridad competente.
Arguyó que “la Honorable Sala, considera que la autoridad puede desconocer el
precedente cuando con la carga de transparencia, que fue lo que no hizo la
autoridad accionada, para fallar en mi contra, lo cual tampoco hace esta Sala”.
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Finalmente, manifestó que no se tuvo en cuenta el principio de inescindibilidad4 de
la norma ni la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas que establece el
artículo 228 de la Constitución Política.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la
acción de tutela y, en su lugar, amparar los derechos fundamentales invocados
como desconocidos por la parte actora porque la autoridad judicial accionada
incurrió en los defectos orgánico y desconocimiento del precedente judicial.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos5 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos6, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20127, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20148,
precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales,
lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de
sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
4 Inseparable o indivisible.
5 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
6 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
7 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
8 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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Demandante: Luz Ángela Padilla de Manjarrés
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico10; (ii) Defecto procedimental absoluto11; (iii) Defecto
fáctico12; (iv) Defecto material o sustantivo13; (v) Error inducido14; (vi) Decisión sin
motivación15; (vii) Desconocimiento del precedente16 y (viii) Violación directa de la
Constitución17.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo18 y de la Corte Constitucional19.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
La señora Luz Ángela Padilla de Manjarrés, quien actúa en nombre propio, en la
acción de tutela y en el escrito de impugnación concretó su inconformidad en dos
10 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
11 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
12 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
13 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
14 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
15 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
16 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
17 Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-114 de 2023 y SU-
061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera y SU-241 de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
18 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia
del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
19 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos
y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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aspectos puntuales: (i) la existencia de un defecto orgánico porque que la autoridad
judicial accionada no era competente para inaplicar por inconstitucional una norma
legal, en concreto el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, y por otra parte, el
desconocimiento del precedente judicial en el entendido que la autoridad accionada
no aplicó fallos similares emitidos por el mismo Consejo de Estado.
En ese contexto, la Sala comparte la decisión del a quo en el sentido de determinar
que no se ha configurado un defecto orgánico relativo a la falta de competencia de
la autoridad judicial accionada para hacer uso de la excepción de
inconstitucionalidad y que no se desconoció ningún precedente judicial.
Respecto del defecto orgánico, conforme el cual la actora considera que se
configura en tanto la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
no tenía competencia para inaplicar una norma por inconstitucional pues dicha
facultad recae exclusivamente en la Corte Constitucional, esta Sala considera que
dicho argumento no es de recibo.
El artículo 4° de la Corte Constitucional señala que “La Constitución es norma de
normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”. Este precepto materializa
una de las formas de ejercer el control constitucional difuso funcional en el orden
jurídico colombiano conocido como la excepción de inconstitucionalidad.
Sobre el control difuso de constitucionalidad y la excepción de inconstitucionalidad,
la Corte Constitucional en sentencia C-122 de 2011, precisó:
“2.1 La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de
excepción, se fundamenta en la actualidad en el artículo 4º de la Constitución, que
establece que “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad
entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales…”. Esta norma hace que nuestro sistema de control de
constitucionalidad sea calificado por la doctrina como un sistema mixto ya que combina
un control concentrado en cabeza de la Corte Constitucional y un control difuso de
constitucionalidad en donde cualquier autoridad puede dejar de aplicar la ley u otra
norma jurídica por ser contraria a la Constitución.
2.2 De otra parte hay que tener en cuenta que el control por vía de excepción lo
puede realizar cualquier juez, autoridad administrativa e incluso particulares que
tengan que aplicar una norma jurídica en un caso concreto. Este tipo de control
se realiza a solicitud de parte en un proceso judicial o ex officio por parte de la autoridad
o el particular al momento de aplicar una norma jurídica que encuentre contraria a la
Constitución. En este caso se debe subrayar que la norma legal o reglamentaria que
haya sido exceptuada por inconstitucional no desaparece del sistema jurídico y continúa
siendo válida ya que los efectos del control por vía de excepción son inter-partes, solo
se aplican para el caso concreto y no anulan en forma definitiva la norma que se
considera contraria a la Constitución. (resaltado de la Sala). (…)”
En sentencia T-331 de 2014, la Corte Constitucional indicó20:
“5.7. La excepción de inconstitucionalidad se encuentra consagrada en el art. 4 de la
Constitución. Esta faculta a funcionarios judiciales, autoridades administrativas y
particulares para inaplicar una determinada norma del ordenamiento porque sus efectos
en un caso concreto resultan contrarios a los mandatos constitucionales. Así pues, esta
figura es un verdadero mecanismo de control constitucional difuso que puede ser puesto
en marcha a solicitud de parte o de forma oficiosa por las autoridades. Se aclara que la
inaplicación de la norma no deviene en su inexequibilidad, pues la decisión tomada por
el operador jurídico que decide prescindir del uso de la misma surte efectos solo para el
20 El alcance de la excepción de inconstitucionalidad fue reiterado recientemente en la sentencia T-294 de 2025,
M.P. Carolina Ramírez Pérez.
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caso concreto. De tal forma que, al estar la norma vigente dentro del ordenamiento
jurídico, de forma posterior a ser excepcionada, se puede solicitar la inconstitucionalidad
de la misma ante la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, de ser el caso”.
Conforme a lo expuesto, la Sala observa que en virtud del artículo 241 de la
Constitución Política el control de constitucionalidad es concentrado en cabeza de
la Corte Constitucional en cuanto de manera exclusiva este órgano judicial tiene
competencia para declarar la exequibilidad o inexequibilidad de una norma. Sin
embargo, ello no obsta para que en virtud del artículo 4 Constitucional las
autoridades judiciales, administrativas e incluso particulares que tengan que aplicar
una norma jurídica a un caso concreto, realicen un control difuso y, en virtud de
dicha facultad, inapliquen por inconstitucional una norma.
En ese escenario, la decisión de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que inaplicó por inconstitucional la expresión, “[…] y que estén
en curso […]”, contenida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, no resulta
vulneratoria de derechos fundamentales en los términos reclamados por la
accionante ni comporta un defecto orgánico, habida consideración de que la referida
autoridad judicial está revestida constitucionalmente de dicha facultad.
De ahí que, por este aspecto, resulte del caso confirmar la decisión adoptada por el
a quo.
Ahora bien, respecto al desconocimiento del precedente judicial que se materializa,
a juicio de la parte actora, por cuanto la autoridad accionada habría desconocido
decisiones como la proferida el 7 de noviembre de 2024 por la Subsección A de la
misma Sección Segunda de esta Corporación, en el que sí se habría declarado la
caducidad con base en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, para un caso que
considera sustancialmente similar al suyo, la Sala anticipa que tampoco se acredita
la configuración de este defecto.
Sobre la aplicación del precedente judicial la Corte Constitucional ha dicho que
implica que21: “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con
el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso
del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido
cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún
supuesto de hecho para su aplicación”.
El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Sobre las cargas exigibles para apartarse de cada tipo de precedente judicial la
Corte Constitucional en sentencia SU-484 de 202422, señaló que se exige la
transparencia en reconocer la existencia del precedente y la carga de
argumentación que impone el apartarse de este. Luego precisó que en relación con
el “precedente horizontal, el juez (i) “debe hacer referencia expresa al precedente
con el que ha resuelto casos análogos (requisito de transparencia)”. Luego de ello,
(ii) le corresponde “exponer las razones suficientes que, a la luz de los cambios
introducidos en el ordenamiento jurídico, o por la transformación del contexto social
dominante, justifiquen o evidencien la necesidad de producir un cambio
jurisprudencial (requisito de suficiencia)”.
21 Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
22 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Asimismo, el Tribunal Constitucional analizó el alcance del principio de autonomía
judicial para abordar la posibilidad de que una decisión judicial pueda ser
radicalmente diferente a la proferida de manera previa por una autoridad de la
misma jerarquía, para cual indicó que ello se deriva de la interpretación de los
hechos y las disposiciones que regulan la materia y puntualizó que, en todo caso,
no todo el contenido de una sentencia posee fuerza normativa de precedente ya
que ello solo es predicable de la ratio decidendi.
En esa medida, cuando se trata del precedente horizontal la observancia no es tan
rigurosa como la que se predica del precedente vertical, pues es apenas
comprensible que, en virtud de la autonomía judicial, entre jueces de igual nivel
funcional existan criterios de interpretación y decisión distintos frente a casos
análogos, pues en el primer caso la autoridad judicial puede decidir libremente el
asunto, conforme con su criterio dentro de los límites de la razonabilidad.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sostenido que “cuando el término de
comparación no está dado por los propios precedentes del juez sino por el de otros
despachos judiciales, el principio de independencia judicial no necesita ser
contrastado con el de igualdad. El juez, vinculado tan sólo al imperio de la ley (CP
art. 230), es enteramente libre e independiente de obrar de conformidad con su
criterio23”.
Así las cosas, aunque la accionante considera que su caso debió resolverse
conforme al análisis desarrollado por la Subsección A de la Sección Segunda de
esta Corporación -en decisiones en las que se declaró la caducidad de la acción
con base en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024-, lo cierto es que
la autoridad judicial accionada expuso los motivos que sustentaron su decisión,
teniendo en cuenta la situación fáctica particular del caso y en ejercicio de los
principios de autonomía e independencia judicial.
Para el efecto, en síntesis, la accionada fundamentó la inaplicación del artículo 86
de la Ley 2381 de 2024 en el hecho de que dicha norma, al encontrarse en tránsito
legislativo, introduce una figura de caducidad que no estaba vigente para el
momento del inicio de la actuación procesal. Su aplicación, por tanto, vulneraría
derechos fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de
justicia de quien, bajo la vigencia del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, acudió a
la jurisdicción contencioso-administrativa. Asimismo, se afectaría el principio de
legalidad, ya que se estaría calificando como negligente una conducta ajustada a la
normativa vigente en ese momento. Según lo expuesto por la autoridad judicial
accionada, esta interpretación adquiere mayor relevancia al estar vinculada con un
interés general, concretamente con la estabilidad financiera del sistema pensional24.
Por lo anterior, la Sala destaca que, si bien se trata de decisiones emitidas por la
Sección Segunda del Consejo de Estado en asuntos con posibles similitudes
fácticas, respecto de la aplicación del término de caducidad a los procesos en curso
conforme al artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, no existe una postura jurisprudencial
pacífica o unificada. En consecuencia, ante la ausencia de un precedente
consolidado sobre la materia, los jueces de instancia, en ejercicio de su autonomía
judicial pueden adoptar el criterio interpretativo que consideren más adecuado.
Además, debe indicarse que, en principio, la tesis sostenida por la Sala de Decisión
de una Corporación no vincula necesariamente a las demás salas que lo conforman,
pues estas bien pueden en aplicación del principio de autonomía e independencia
judicial apartarse y adoptar una decisión diferente. Con esa precisión, en el presente
caso concreto no se encuadraría en el supuesto de un defecto por desconocimiento
23 Sentencia T-123 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
24 Las razones de la decisión están contenidas en las consideraciones 28 a 39 de la sentencia objeto de tutela.
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del precedente judicial horizontal, pues sumado a lo ya expuesto en precedencia,
ha de tenerse en cuenta que las sentencias que se invocan como desconocidas no
fueron proferidas por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
sino por la Subsección A de la misma Sección de esta Corporación.
En consecuencia, el análisis realizado por la autoridad judicial accionada al decidir
inaplicar la expresión “y que estén en curso” contenida en el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024, no constituye un desconocimiento del precedente judicial y tiene
fundamento en los principios de autonomía e independencia judicial. Por tanto, no
se encuentra acreditada la vulneración de las garantías iusfundamentales alegadas
en el escrito de tutela.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión del a quo que denegó las
pretensiones de la solicitud de amparo constitucional presentada por la señora Luz
Ángela Padilla de Manjarrés, quien actúa en nombre propio.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia de 26 de mayo de 2025, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.
Segundo. - Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. - Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto. - Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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