Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02661-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02661-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02661-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
12 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2025-02661-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JAIME ZAPATA QUINTANA
TESIS: SE DECLARA LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA
DEL ACTOR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS
COLOMBIANOS. SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO RESPECTO A LA
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACTOR, ANTE LA
INEXISTENCIA DE MATERIAL PROBATORIO CONFORME AL CUAL SE PUEDA SI
QUIERA INFERIR QUE ES LA PERSONA DIRECTA O REALMENTE AFECTADA EN
SU DERECHOS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: PAZ, TRABAJO, LIBERTAD DE CONCIENCIA Y
DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA1, el CONGRESO DE LA
REPÚBLICA2 y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN3.
1
En adelante el Presidente.
2
En adelante el Congreso.
3
En adelante la Procuraduría.
2
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Actor: JAIME ZAPATA QUINTANA
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
El señor JAIME ZAPATA QUINTANA, actuando en nombre propio,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la paz, al trabajo, a la libertad de conciencia y al
debido proceso de todos los colombianos, los cuales estima
vulnerados por el PRESIDENTE, el CONGRESO y la
PROCURADURÍA con ocasión del lenguaje y manifestaciones
hechas por el primer mandatario en recientes declaraciones públicas
y por redes sociales que, a su juicio, incitan al odio y/o división
nacional.
I.2.- Hechos
Señaló que el presidente de la República señor GUSTAVO
FRANCISCO PETRO URREGO, ha venido desafiando abiertamente
al CONGRESO utilizando expresiones y un lenguaje despectivo
dirigido contra los miembros de la rama legislativa, menospreciando
su función constitucional.
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Actor: JAIME ZAPATA QUINTANA
Manifestó que el lenguaje y los mensajes que el señor GUSTAVO
FRANCISCO en su calidad de utiliza en sus discursos, generan
presiones externas al debate democrático y deslegitiman la función
de los órganos de representación popular.
Aseguró que la actitud del señor PETRO URREGO “[…] no solo
amenaza la unidad nacional, sino que mina la confianza pública en
las instituciones y fomenta un clima de división y confrontación que
pone en riesgo los derechos fundamentales a la paz, a la convivencia
pacífica y al orden justo […]”.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Manifestó que las expresiones del PRESIDENTE menoscaban sus
derechos individuales y los de todos los colombianos, ya que generan
ruptura de la unidad social y socava el derecho a la estabilidad, al
trabajo, a la convivencia, a la calidad de vida, a la tranquilidad, a la
seguridad económica y a la paz.
Resaltó que las declaraciones del PRESIDENTE generan un
ambiente de polarización y confrontación latente, pues, a su juicio,
el discurso presidencial no es neutral y, por el contrario, actúa como
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Actor: JAIME ZAPATA QUINTANA
un dinamizador del conflicto y catalizador de tensiones que
desbordan el debate político afectando los derechos de los
ciudadanos.
Aseguró que “[…] este ambiente hostil no solo incrementa el riesgo
de agresiones físicas, daños patrimoniales o disturbios en la vía
pública, sino que además instala un clima psicológico de zozobra,
angustia y miedo social, en el que los ciudadanos nos sentimos
expuestos, vulnerables e indefensos frente a posibles estallidos,
bloqueos o confrontaciones colectivas […]”.
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] Primero: Que se declare que las declaraciones,
actuaciones y discursos del señor presidente de la República,
Gustavo Petro Urrego, vulneran los derechos fundamentales a la
Unidad Nacional, vida, a la paz, al trabajo, a la libertad de
conciencia, a la unidad nacional y al debido proceso democrático,
no solo del accionante sino de la ciudadanía en general.
Segundo: Que se ordene al señor presidente de la República
moderar su lenguaje y sus declaraciones públicas, absteniéndose
de emitir mensajes que inciten a la división social, presionen
indebidamente al Congreso, deslegitimen a otras ramas del poder
público o alienten confrontaciones sociales por fuera de los canales
institucionales.
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Tercero: Que se exhorte al Congreso de la República a ejercer
sus funciones constitucionales y legales en un ambiente de
respeto, libre de presiones indebidas del Ejecutivo, garantizando
su autonomía como órgano legislativo.
Cuarto: Que se ordene la adopción de medidas preventivas para
garantizar el derecho a la protesta pacífica dentro del respeto a la
vida, a la integridad de los demás ciudadanos, al orden público y a
los derechos fundamentales de quienes
no participan en las movilizaciones.
Quinto: Que se oficie a los órganos de control competentes
(Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes,
Procuraduría General de la Nación) para que, dentro de sus
competencias, evalúen las actuaciones del presidente de la
República a la luz de las obligaciones constitucionales de respeto a
la separación de poderes y la preservación de la unidad nacional
[…]”. (Negrilla pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA señaló que la solicitud de
amparo resulta improcedente, por cuanto no existe una acción u
omisión imputable al PRESIDENTE que genere la vulneración de los
derechos fundamentales invocados por el accionante, ya que el actor
no acreditó una afectación directa o concreta de sus derechos
fundamentales, dado que las manifestaciones del primer mandatario
fueron de carácter general sin que se hiciera alusión especifica al
interesado.
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Aseguró que el actor no agotó los mecanismos ordinarios de defensa
previstos en el ordenamiento jurídico, como el derecho de petición
con el fin de obtener un pronunciamiento del poder ejecutivo
respecto de las pretensiones invocadas.
Resaltó que “[…] las declaraciones cuestionadas no contienen
señalamientos individualizados ni incitaciones a la violencia. Estas se
enmarcan en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión del
presidente de la República y forman parte del debate político en una
sociedad democrática. Según la jurisprudencia reiterada de la Corte
Constitucional, las afirmaciones genéricas, dirigidas al conjunto de la
ciudadanía y sin destinatarios identificables, no configuran por sí
solas una vulneración de derechos fundamentales […]”.
I.5.2.- El SENADO DE LA REPÚBLICA a través de su Secretaría
General, solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva, ya que no es responsable de
ninguna conducta activa u omisiva que atente contra los derechos
fundamentales del actor.
Aseguró que el CONGRESO no ha ejecutado ningún acto que afecte
de manera directa la esfera de los derechos invocados por el actor
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en sus pretensiones, por lo que solicita declarar improcedente la
solicitud de amparo.
I.5.3.- La PROCURADURÍA, solicitó su desvinculación de la acción
de tutela al no existir una conducta respecto de la cual se pueda
efectuar un juicio de vulnerabilidad de los derechos fundamentales
deprecados por el actor.
Aseguró que la entidad no tiene competencia para ejecutar
juzgamiento al Presidente de la República, además advirtió que no
ha recibido queja o denuncia formal respecto de los hechos objeto de
tutela, que hagan pertinente el traslado por competencia a la Cámara
de Representantes órgano competente para investigar y juzgar al
jefe de Estado.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
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marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que el SENADO DE LA REPÚBLICA y la
PROCURADURÍA solicitaron su desvinculación en la presente acción
de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
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“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).
Ahora bien, comoquiera que el SENADO DE LA REPÚBLICA como
integrante del CONGRESO y la PROCURADURÍA fueron vinculados
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como accionados al presente trámite constitucional, por cuanto el
actor formuló pretensiones dirigidas en su contra, la Sala denegará
sus solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa
por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso Concreto
4
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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En el presente caso, el actor promueve la acción de tutela con el fin
de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la paz, al
trabajo, a la libertad de conciencia y al debido proceso de todos los
colombianos los cuales, a su juicio, estima vulnerados por el
PRESIDENTE, el CONGRESO y la PROCURADURÍA con ocasión
del lenguaje y manifestaciones hechas por el primer mandatario en
recientes declaraciones públicas y por redes sociales que, a su juicio,
incitan al odio y/o división nacional.
Conforme con lo anterior, corresponde a la Sala determinar: i) si al
actor le asiste legitimación en la causa por activa para solicitar el
amparo de los derechos fundamentales de todos los colombianos; y
ii) si resulta procedente amparar las garantías constitucionales
invocadas frente a las entidades demandadas.
De la legitimación en la causa por activa
En ese sentido, se evidencia que el actor solicitó la protección de los
derechos fundamentales a la paz, al trabajo, a la libertad de
conciencia y al debido proceso de todos los colombianos, con ocasión
a las recientes manifestaciones hechas por el primer mandatario en
declaraciones públicas y por redes sociales que, a su juicio, incitan al
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odio y/o división nacional.
Frente al particular, la Sala estima conveniente precisar que el
artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona
podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante
apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos
fundamentales y, asimismo, el artículo 10° del Decreto 2591 de
19915, establece lo siguiente:
“[…] Artículo 10: Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá
ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se podrán agenciar derechos ajenos cuando el titular
de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en
la solicitud […]”.
De las normas transcritas, se desprende que quien promueve acción
de tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo
o mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia
oficiosa, caso en el cual se debe manifestar expresamente tal
circunstancia, además de demostrar las razones por las cuales el
agenciado no está en capacidad de ejercer su propia defensa.
5
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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Actor: JAIME ZAPATA QUINTANA
La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa
por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la
medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto
del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela, de modo
que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio del
demandante y no de otra persona6.
De conformidad con los lineamientos jurisprudenciales señalados,
encuentra esta Sala que en el presente asunto no se cumplen los
presupuestos previstos para acreditar válidamente la legitimación en
la causa por activa del actor para ejercer la representación de los
colombianos, pues se refiere a personas indeterminadas e
indeterminables y sobre las cuales resulta imposible establecer la
voluntad de comparecer al proceso de tutela en procura de obtener
la protección de derechos fundamentales y que tengan imposibilidad
mental o física de hacerlo directamente.
Por tanto, en relación con este aspecto, se declarará la falta de
legitimación en la causa por activa del actor como tutelante
de los colombianos, en la protección de sus derechos fundamentales
6
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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a la paz, al trabajo, a la libertad de conciencia y al debido proceso de
todos los colombianos, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
De la solicitud de amparo frente a las entidades accionadas
Aclarado lo anterior, respecto a la vulneración de los derechos
fundamentales deprecados como vulnerados por el actor, es
menester precisar que si bien es cierto que la acción de tutela se
caracteriza por su informalidad, ello no quiere decir que quien
pretenda la protección de sus derechos fundamentales por una
afectación directa de los mismos, no tenga la carga de aportar las
pruebas que demuestren la presunta vulneración, pues en el
presente caso los acontecimientos constitutivos de la amenaza y
vulneración alegada, carecen del más mínimo respaldo probatorio.
Lo anterior, por cuanto el accionante no determinó de manera
específica que mensaje o expresión empleada por el PRESIDENTE
puso en riesgo sus garantías constitucionales y tampoco demostró
que las autoridades demandadas hubieran vulnerado
específicamente sus prerrogativas constitucionales a la paz, al
trabajo, a la libertad de conciencia y al debido proceso, pues se limitó
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Número único de radicación: 110010315000-2025-02661-00
Actor: JAIME ZAPATA QUINTANA
a exponer de manera general que las expresiones y lenguaje
implementado por el primer mandatario amenazan la unidad nacional
y fomenta la división y confrontación de los ciudadanos poniendo en
riesgo la paz y la convivencia pacífica de la sociedad colombiana, lo
que de ninguna forma permite percibir el contexto completo de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió la presunta
amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales o conforme
a las cuales se pueda si quiera inferir que es la persona directa o
realmente afectada, pues lo que se advierte realmente es una
inconformidad con las manifestaciones hechas por el PRESIDENTE
de cara a los últimos acontecimientos relacionados con las reformas
tramitadas ante el CONGRESO.
Frente a este punto, esta Sección en sentencia de 14 de abril de
20237, se refirió al ejercicio de la libertad de expresión y la protección
constitucional de ciertos discursos públicos, en la que se indicó lo
siguiente:
“[…] Del derecho a la libre expresión y el acceso a la
información.
La Constitución Política protege el derecho a la libertad de
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril
de 2023, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001 03 15 000 2023 00039
01.
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Número único de radicación: 110010315000-2025-02661-00
Actor: JAIME ZAPATA QUINTANA
expresión y la información veraz e imparcial, en los siguientes
términos:
“[…] Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de
expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar
y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios
masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza
el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No
habrá censura […]”.
Puntualmente, sobre el derecho a la libertad de expresión, la Corte
Constitucional ha señalado que:8
“[…] la jurisprudencia constitucional ha establecido que la
libertad de expresión es un derecho fundamental de doble vía
porque involucra tanto al emisor como al receptor de actos
comunicativos, agrupa un conjunto de garantías y libertades
diferenciables en su contenido y alcance, tales como la
libertad de expresar pensamientos y opiniones, la libertad de
informar y recibir información veraz e imparcial, la libertad de
fundar medios masivos de comunicación y el derecho de
rectificación9. Bajo ese entendido, al desarrollar esta garantía,
la Corte ha adoptado una doble dimensión:
“Sobre esa base, la Corte ha explicado que la libertad de
expresión en sentido genérico consiste en el ‘el derecho
general a comunicar cualquier tipo de contenido a otras
personas, e [incluye] no solo la libertad de expresión en
sentido estricto, sino también las libertades de opinión,
información y prensa [previstas en el artículo 20 de la
Constitución]’10. Entre tanto, la libertad de expresión en
sentido estricto se define como ‘el derecho de las personas
a expresar y difundir libremente el propio pensamiento,
opiniones e ideas, sin limitación, a través del medio y la forma
escogidos por quien se expresa’11. Conlleva el derecho de su
titular a no ser molestado por expresar su pensamiento,
opiniones (sic)12 o ideas y cuenta, además, con una dimensión
individual y una colectiva”13.
Entonces, puede decirse que la libertad de expresión
8
SU-274 de 2019. Mp. José Fernando Reyes Cuartas.
9
Sentencia T-244 de 2018.
10
Sentencia T-277 de 2015.
11
Sentencia C-442 de 2011.
12
En la cita original se incluye la “informaciones”.
13
Sentencia T-022 de 2017. Cfr. Sentencia T-244 de 2018.
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Actor: JAIME ZAPATA QUINTANA
constituye una “categoría genérica que agrupa un haz de
derechos y libertades diversos”14, entre los cuales se
destacan: i) la libertad de opinión o también llamada
libertad de expresión en sentido estricto, que comprende la
libertad para expresar y difundir el propio pensamiento,
opiniones e ideas, sin limitación de fronteras y por cualquier
medio de expresión; y ii) la libertad de información que
protege la libertad de buscar, transmitir y recibir información
veraz e imparcial sobre hechos, ideas y opiniones de toda
índole15. Si bien ambas pueden ser ejercidas a través de
cualquier medio de expresión, la Corte ha aclarado que
cuando se manifiestan a través de los medios de comunicación
se incorporan al contenido de la libertad de prensa, que
incluye, además, el derecho a fundar y mantener en
funcionamiento tales medios16. […]” (Negrillas pertenecen al
texto).
De acuerdo con lo referido por la Corte, el derecho a la libertad de
expresión transita por una doble vía, en la medida en que involucra
tanto al emisor como al receptor del mensaje y, además, reúne una
serie de garantías relacionadas tanto con la libertad de opinión,
esto es, la posibilidad de expresar y difundir pensamientos,
opiniones e ideas propias, por cualquier medio, como con la libertad
de información, la cual protege la libertad de buscar, transmitir y
recibir información veraz e imparcial.
Se trata a su vez de una libertad trascendental en la democracia,
pues “es a través de los medios de comunicación que la ciudadanía
está informada sobre los sucesos que los pueden afectar en las
decisiones de los representantes políticos o en sucesos del ámbito
económico o social de interés general”17.
Asimismo, la Corte Constitucional al estudiar el ejercicio de la
libertad de expresión en discursos, indicó:
[…] 16. En términos generales, esta Corporación ha referido
que “la publicación de informaciones e ideas referentes a
cuestiones que tienen relevancia pública es una de las
funciones asignadas a los medios de comunicación, y la
sociedad tiene a su vez el derecho a recibirlas”18; sin
14
Sentencia T-904 de 2013.
15
Ibídem.
16
Ibídem.
17
Corte Constitucional, sentencia T-040 de 2013.
18
Sentencia SU-1723 de 2000. En esa ocasión, conoció la acción de tutela instaurada por un reconocido
cantante que estaba siendo investigado penalmente. Según indicó, un medio de comunicación expuso
aspectos íntimos de su vida privada, de su comportamiento sexual y de su salud, sin contar con su
autorización. Los jueces de instancia negaron el amparo invocado, decisiones que fueron confirmadas
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Actor: JAIME ZAPATA QUINTANA
embargo, ha aclarado que el principio de relevancia pública se
refiere a “la necesidad de una información que se desenvuelva
en el marco del interés general del asunto a tratar. En este
sentido, dos aspectos cobran vigencia: la calidad de la
persona y el contenido de la información”19.
Sobre la calidad de la persona -personajes públicos- ha
explicado que “quienes por razón de sus cargos, actividades
y de su desempeño en la sociedad se convierten en centros
de atención con notoriedad pública, inevitablemente tienen la
obligación de aceptar el riesgo de ser afectados por críticas,
opiniones o revelaciones adversas, por cuanto buena parte del
interés general ha dirigido la mirada a su conducta ética y
moral. (…) Sin embargo, esta relevancia prima facie no puede
versar sobre cualquier tipo de información relacionada con la
persona pública porque el riesgo de afectar la intimidad, el
honor o cualquier otro derecho quedaría siempre latente”20.
[…]
En cuanto al contenido de la información esta Corte
considera que “resulta imperativo, además, que el contenido
de una información obedezca a un verdadero y legítimo
interés general de conformidad con la trascendencia y el
impacto social. Así, la libertad de información toma ventaja
cuando de la magnitud misma de los hechos surge la
necesidad de conocimiento público y se despierta el interés
general, mas no una simple curiosidad generalizada sin
importar ahora la calidad del sujeto como personaje público o
privado”21. Sobre el particular, se ha pronunciado en los
siguientes términos:
“Si bien todo ejercicio comunicativo, cualquiera sea su
contenido, valor y forma de expresión, está prima facie
en sede de revisión. Al analizar el caso concreto, la Corte sostuvo que el accionante era una persona
que por razón de su actividad como compositor musical y cantante, se había convertido en una figura
públicamente reconocida que debía “asumir las consecuencias de ello, una de las cuales consiste en la
relativización de su vida privada” y manifestó que por encontrarse vinculado a una investigación penal,
la sociedad contaba con un interés legítimo para conocer la información.
19
Ibídem.
20
Ibídem.
21
Sentencia SU-1723 de 2000. Esta postura fue reiterada en la sentencia T-546 de 2016, oportunidad
en que la Corte estudió la acción de tutela instaurada contra una editorial, por la publicación del libro
“La comunidad del anillo”, cuya carátula contiene la imagen del actor, la cual fue usada sin su
consentimiento. // Esta Corporación negó el amparo invocado porque la imagen utilizada no necesitaba
el consentimiento o autorización de uso por parte del actor, en razón a que estaba disponible en la web y
reflejaba el ejercicio de la función pública que desempeñaba, es decir, tenía como escenario la esfera
pública del demandante sin que pudiera catalogarse como una imagen incriminatoria o como una
intromisión en el escenario privado e íntimo del actor. Se pronunció sobre los discursos especialmente
protegidos, dentro de los cuales se encuentran los discursos políticos y de interés público, y reiteró
que comprende tanto los de contenido electoral como toda expresión relacionada con el gobierno y, con
mayor razón, las críticas hacia el Estado y los funcionarios públicos.
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amparado por la libertad de expresión, se ha reconocido que
ciertos discursos son merecedores de especial protección
constitucional, debido a su importancia para promover la
participación ciudadana, el debate y el control de los asuntos
públicos. Así, los discursos políticos, que comprenden no
sólo aquellos de contenido electoral sino toda
expresión relacionada con el gobierno de la polis y, en
particular, las críticas hacia el Estado y los funcionarios
públicos, son objeto de especial consideración y
cualquier intento de restricción es vista con sospecha,
debido a que: (i) a través de ellos no sólo se manifiesta el
estrecho vínculo entre democracia y libertad de expresión,
sino que se realizan todas las demás finalidades por las cuáles
se confiere a ésta una posición preferente en los estados
constitucionales; (ii) este tipo de discursos suelen ser los más
amenazados, incluso en las democracias más vigorosas, por
cuanto quienes detentan mayor poder social, político o
económico pueden llegar a ser afectados por tales formas de
expresión y, en consecuencia, verse tentados a movilizar su
poder para censurar dichas manifestaciones y reprimir a sus
autores.22
El carácter de derecho de ‘doble vía’ que se predica de la
libertad de expresión cobra todo su sentido en presencia de
este tipo de discursos, pues en tales casos la libertad de
expresión no sólo ampara el derecho de quienes transmiten
información y opiniones críticas sobre los gobernantes y
funcionarios públicos, sino también, y muy especialmente, el
derecho de todos los ciudadanos a tener acceso a estos
discursos”23.
Al respecto, también ha indicado que “[e]n principio todo
tipo de discursos o expresiones están protegidas por la
libertad de expresión con independencia de su
contenido y de la mayor o menor aceptación social y
estatal con la que cuenten. No obstante, hay cierto tipo de
discursos que reciben una protección más reforzada que
22
En la ya citada sentencia C-391 de 2007 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SV. Rodrigo Escobar
Gil), la Corte efectuó una detallada presentación de las razones y de los antecedentes que, en el derecho
local y comparado, justifican la especial protección constitucional de los discursos políticos y, en
particular, de los que tienen por objeto la crítica de los poderes y funcionarios públicos. En la sentencia
T-218 de 2009 (MP. Mauricio González Cuervo) se sintetizan algunos leading cases en la jurisprudencia
comparada.
23
Sentencia T-904 de 2013. La Corte estudió la acción de tutela instaurada por una ciudadana que se
desempeñaba como Contralora General de la República, contra un medio de comunicación que divulgó
un video en el que se registraba la imagen de sus hijos menores mientras jugaban fútbol en la vivienda,
así como la imagen de uno de los escoltas y las placas del vehículo en el que se movilizaba, esto, con
ocasión de una querella por el ruido que se producía en el hogar de la accionante. Esta Corporación
concedió la protección del derecho a la intimidad de los menores, pero no accedió a las pretensiones
relacionadas con la información de la querella.
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otros, como lo son el discurso político, el debate sobre asuntos
de interés público y la opinión sobre funcionarios y personajes
públicos. Los discursos políticos o sobre temas de interés
público hacen referencia no sólo a aquellos de contenido
electoral sino a todas las expresiones relevantes para el
desarrollo de la opinión pública sobre los asuntos que
contribuyan a la vida de la Nación, incluyendo las críticas
hacia el Estado y los funcionarios públicos”24.
17. En todo caso, la Corte ha aclarado que si bien la especial
importancia y potencial riesgo de amenaza que recae sobre
los discursos que tienen por objeto la crítica de los
funcionarios públicos, ha llevado a considerar que, en
principio, cualquier intento de restricción, previa o posterior,
de estas modalidades de expresión constituye censura, ello
no implica que la libertad de expresión esté desprovista de
limitaciones en ese campo, sino que “se traduce en la
reducción del margen del que disponen las autoridades para
establecer límites a este tipo de discursos y en la imposición
de cargas argumentativas y probatorias reforzadas para
efectos de justificar eventuales restricciones”25. […]
21. En definitiva, el ejercicio del derecho a la libertad de
expresión y los aspectos que le son inherentes, en
ciertas situaciones puede dar lugar a tensiones con
otras prerrogativas ius fundamentales, por ejemplo, el
buen nombre, la honra o la privacidad, circunstancias
en las cuales, prima facie, no puede pregonarse una
prevalencia de un derecho sobre otro, pues en cada
caso deberá la autoridad competente analizar los
diferentes factores que median en la discusión. Al
respecto, piénsese en los fines perseguidos y en la esencia
misma de la reserva que se imprime a ciertas actuaciones
judiciales que escapan al dominio colectivo. Por otro lado, se
encuentran los llamados “discursos especialmente protegidos”
en los cuales la privacidad y otros derechos de personalidades
públicas deben ceder a costa del interés que la comunidad
24
Sentencia T-155 de 2019. Este Tribunal revisó la acción de tutela instaurada por un ciudadano -
servidor público y subgerente de un hospital- por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al buen nombre, a la honra y a la intimidad, debido a una publicación en la red social
Facebook donde se indicaba que él pertenecía a un cartel de la corrupción. // La Corte resolvió negar
el amparo invocado, al considerar que “no se violan los derechos fundamentales al buen nombre, a la
honra o a la intimidad de un servidor público cuando una persona, en ejercicio de su libertad de
expresión y de su derecho a ejercer control al poder político, lo cuestiona y relaciona con la comisión
de actuaciones contrarias a la ley, si sus afirmaciones representan una opinión (que expresa, por
ejemplo, una manifestación de protesta, indignación o inconformidad con determinada situación de
interés público) y no una supuesta información (una acusación concreta sobre una persona
determinada)”.
25
Ibídem.
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21
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pueda tener legítimamente sobre algunas de sus actuaciones.
[…] (Negrillas pertenecen al texto).
De lo anterior se colige que, todo el ejercicio comunicativo está
amparado por la libertad de expresión, sin embargo, ciertos
discursos públicos cuentan con una protección constitucional
especial dada su relevancia, por lo que la información que se emite
en el marco del interés general debe ser verificada bajo dos
aspectos: (i) la calidad de la persona que lo emite, es decir, quien
por razón de su cargo, actividad o desempeño en la sociedad se
convierte en una figura pública; (ii) el contenido de la información,
la cual se refiere a que ciertas manifestaciones son merecedoras
de especial atención, como los discursos políticos que comprenden
toda expresión política relacionada con el gobierno, críticas hacia
el Estado y a los funcionarios públicos, los debates sobre asuntos
de interés público y, las opiniones públicas sobre asuntos que le
conciernen a la Nación.
Asimismo, la Corte determinó que del ejercicio de la libertad de
expresión pueden surgir conflictos con otras garantías
fundamentales como el buen nombre, la honra o la privacidad; sin
embargo, en principio no podría proporcionársele prevalencia a un
derecho sobre otro, pues le corresponde a la autoridad competente
efectuar un análisis ponderado de las circunstancias que rodean la
discusión […]” (Negrilla pertenece al texto)
En ese sentido, teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia, las
manifestaciones públicas que efectúe el PRESIDENTE están
amparadas bajo el ejercicio de la libertad de expresión. No obstante,
si bien de dicha prerrogativa constitucional pueden surgir conflictos
con otras garantías fundamentales, también lo es que no podría
proporcionársele prevalencia a un derecho sobre otro, pues le
corresponde a la autoridad competente efectuar un análisis
ponderado de las circunstancias que rodean la discusión.
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En virtud de lo anterior, la Sala advierte que en el asunto no es
posible efectuar el aludido juicio de ponderación, esto en atención a
que el actor no indicó con claridad qué expresión o manifestación
puso en riesgo los derechos fundamentales que invoca como
vulnerados, por lo que las pretensiones frente a este punto serán
denegadas como se dispondrá en la parte motiva.
Asimismo, la Sala advierte que las demás pretensiones se
despacharan de manera desfavorable, comoquiera que lo pretendido
por el actor contra el CONGRESO, en lo que relacionado con el
ejercicio de sus funciones constitucionales garantizando su
autonomía como órgano legislativo, escapa del resorte de la acción
constitucional, toda vez que el juez de tutela está vedado para
interferir en la órbita de competencia de otros órganos del poder
público, como lo es la Rama Legislativa.
Igualmente, frente las pretensiones incoadas frente a la
PROCURADURÍA la Sala advierte que no hay lugar acceder a la
misma, por cuanto dicho ente de control no tiene competencia para
investigar y juzgar al PRESIDENTE, pues esa facultad ha sido
designada a la Cámara de Representantes por disposición de los
artículos 178 y 199 de la Constitución Política de Colombia. En ese
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orden, el actor debe agotar los mecanismos judiciales ante la
autoridad competente, a fin de solicitar la investigación que pretende
contra el primer mandatario.
Así las cosas, la Sala denegará el amparo solicitado respecto a la
vulneración de los derechos fundamentales alegados por el actor,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por el SENADO DE
LA REPÚBLICA y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR ACTIVA del actor para ejercer la defensa de los
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derechos fundamentales a la paz, al trabajo, a la libertad de
conciencia y al debido proceso de los colombianos, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DENEGAR el amparo solicitado por señor JAIME
ZAPATA QUINTANA, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta sentencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de junio de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
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Actor: JAIME ZAPATA QUINTANA
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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