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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02661-01

Fecha
19 de agosto de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02661-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 12 de junio de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en los términos y por las razones expuestas en esta providencia, la cual quedará así: “SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA del actor para ejercer la defensa de los derechos de miembros del congreso y de la ciudadanía, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 6 de 7 Radicación: 11001-03-15-000-2025-02661-01 Demandante: Jaime Zapata Quintana Demandado: presidente de la República y otros Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Modifica ______________________________________________________________________________________________________________ TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por señor Jaime Zapata Quintana frente a la protección de derechos colectivos y las pretensiones de cumplimiento de funciones y de investigación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.” SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin7. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02661-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

19 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 19 de agosto de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02661-01
Demandante: Jaime Zapata Quintana
Demandado: Presidente de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACCIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA| Legitimación activa
en la causa e improcedencia de la acción de tutela - modifica

Síntesis del caso: La parte actora presentó acción de tutela en procura de la protección de
derechos que estimó vulnerados con declaraciones del Presidente de la República.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por la parte actora en contra de la Sentencia de
12 de junio de 2025, por medio de la cual la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró la falta de legitimación activa en la causa respecto de
ciertos derechos y negó el amparo respecto de lo demás2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 6 de mayo de 2025, Jaime Zapata Quintana presentó una acción de
tutela contra el Presidente de la República, el Congreso de la República y la
Procuraduría General de la Nación, por la presunta violación de los
derechos a la vida, paz, libertad de conciencia, “unidad nacional, debido
proceso democrático”, junto con los principios de “división armónica de los
poderes y Estado unitario”, con declaraciones del Presidente.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

“Primero: Que se declare que las declaraciones, actuaciones y discursos del
señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, vulneran los derechos

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “(…) SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA del actor para ejercer la

defensa de los derechos fundamentales a la paz, al trabajo, a la libertad de conciencia y al debido proceso de
los colombianos, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia; TERCERO: DENEGAR el amparo
solicitado por señor JAIME ZAPATA QUINTANA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia (…)”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02661-01
Demandante: Jaime Zapata Quintana
Demandado: presidente de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
______________________________________________________________________________________________________________

fundamentales a la Unidad Nacional, vida, a la paz, al trabajo, a la libertad de
conciencia, a la unidad nacional y al debido proceso democrático, no solo del
accionante sino de la ciudadanía en general.

Segundo: Que se ordene al señor presidente de la República moderar su
lenguaje y sus declaraciones públicas, absteniéndose de emitir mensajes que
inciten a la división social, presionen indebidamente al Congreso, deslegitimen
a otras ramas del poder público o alienten confrontaciones sociales por fuera
de los canales institucionales.

Tercero: Que se exhorte al Congreso de la República a ejercer sus funciones
constitucionales y legales en un ambiente de respeto, libre de presiones
indebidas del Ejecutivo, garantizando su autonomía como órgano legislativo.

Cuarto: Que se ordene la adopción de medidas preventivas para garantizar el
derecho a la protesta pacífica dentro del respeto a la vida, a la integridad de
los demás ciudadanos, al orden público y a los derechos fundamentales de
quienes no participan en las movilizaciones.

Quinto: Que se oficie a los órganos de control competentes (Comisión de
Acusaciones de la Cámara de Representantes, Procuraduría General de la
Nación) para que, dentro de sus competencias, evalúen las actuaciones del
presidente de la República a la luz de las obligaciones constitucionales de
respeto a la separación de poderes y la preservación de la unidad nacional.”

3. Como hecho relevante, manifestó que el presidente, últimamente, ha
utilizado un lenguaje despectivo contra miembros de la Rama Legislativa y
ha expresado mensajes que afectan la autonomía de dicha rama del
poder, así (se trascribe):

“El señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, ha venido desafiando
abiertamente al Congreso de la República, utilizando un lenguaje despectivo —
incluyendo expresiones como “HP” dirigidas a los miembros de la rama legislativa—,
menospreciando su papel constitucional como órgano representativo del poder
constituyente derivado y creador de las leyes. Este tipo de lenguaje, sumado a los
mensajes reiterados en los que el presidente advierte que, si no se aprueban las
reformas conforme a su voluntad, “habrá otros caminos”, constituye una presión
indebida sobre la autonomía legislativa.”

4. Como fundamento de la vulneración, la parte actora sostuvo que las
declaraciones del presidente, al usar un lenguaje despectivo hacia el
Congreso y condicionar la legitimidad de sus decisiones, generaban
polarización, debilitaban la confianza ciudadana en las instituciones y
afectaban la convivencia pacífica. Argumentó que este comportamiento
desconocía su deber constitucional de simbolizar la unidad nacional,
respetar la separación de poderes y garantizar un orden democrático en el
que las diferencias se tramiten dentro de los cauces previstos por la
Constitución.

5. Indicó que la presente acción de tutela se planteaba como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dada la
inminencia y gravedad del riesgo que, según afirmó, generaban dichas
expresiones: fractura institucional, violencia política y afectación de

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02661-01
Demandante: Jaime Zapata Quintana
Demandado: presidente de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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derechos individuales como la vida, la paz, la integridad y tranquilidad
personal, el trabajo, la libertad de conciencia y la libertad económica.

6. Sostuvo que (se trascribe) “los ciudadanos nos sentimos expuestos,
vulnerables e indefensos frente a posibles estallidos, bloqueos o
confrontaciones colectivas”. Frente a ello, adujo que los medios judiciales
ordinarios no ofrecían una protección efectiva ni inmediata, por lo que
solicitó como medida cautelar que el presidente se abstuviera de emitir
declaraciones que intensificaran la polarización social, ejercieran presión
indebida sobre el Congreso o deslegitimaran el papel constitucional de las
demás ramas del poder público, mientras se decidía de fondo la presente
acción.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación

7. Mediante Sentencia de 12 de junio de 2025, la Sección Primera del
Consejo de Estado, por un lado, frente a los derechos de carácter colectivo
declaró la falta de legitimación activa en la causa, al considerar que el
actor pretendía la protección de derechos de carácter colectivo —paz,
trabajo, libertad de conciencia y debido proceso de todos los
colombianos— sin acreditar una afectación directa a sus derechos
fundamentales de carácter individual ni cumplir los requisitos para actuar
como agente oficioso u otra forma legal o voluntaria de representación o
gestión de intereses ajenos.

8. Por otro lado, en relación con los derechos a la vida, libertad de
conciencia y expresión, negó el amparo porque el accionante no
determinó qué mensaje o expresión puso en riesgo o vulneró sus
prerrogativas constitucionales. Agregó que las manifestaciones del
presidente están amparadas bajo el ejercicio de la libertad de expresión.

9. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora presentó
impugnación, en la que reiteró los fundamentos jurídicos de las pretensiones
e hizo énfasis en reprochar el razonamiento del juez de primera instancia
frente a la insatisfacción de la carga de la prueba, pues, a su parecer, el
despacho no analizó las pruebas documentales que daban cuenta del
lenguaje “divisorio” empleado por el jefe de Gobierno, y manifestó lo
siguiente al respecto (se trascribe):

“En virtud del principio pro personae y del carácter informal de la acción de
tutela, el juez tiene el deber de valorar incluso los indicios aportados y solicitar
pruebas oficiosas cuando esté en juego la posible vulneración de derechos
fundamentales, como ocurre en este caso.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02661-01
Demandante: Jaime Zapata Quintana
Demandado: presidente de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido. 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela. 2.3.
Conclusión.

2.1. Fijación de la controversia

10. Le corresponde a la Sala verificar si el accionante tiene legitimación
activa en la causa. En caso afirmativo, deberá determinar, luego de verificar
los demás requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, si el
Presidente de la República, el Congreso de la República y la Procuraduría
General de la Nación vulneraron los derechos fundamentales invocados en
los términos planteados por la parte actora. Como consecuencia de lo
anterior, se confirmará, modificará o revocará la decisión de primer grado.

2.2. Procedencia de la acción de tutela

11. La Sala modificará la sentencia de tutela de primera instancia, por las
siguientes razones:

12. El artículo 86 de la Constitución Política, así como el artículo 1 del
Decreto 2591 de 1991, establecen que toda persona puede acudir a la
acción de tutela (se trascribe) “para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”.

13. En el mismo sentido, el artículo 103 del aludido decreto dispone que,
pese a que la acción de tutela puede ser presentada por cualquier persona,
para que sea procedente se requiere una vulneración o amenaza de sus
derechos. En los términos de la Corte Constitucional (se trascribe) “la
legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela se predica
siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados”8.

14. Habida cuenta de que, en el caso concreto, el señor Zapata Quintana
indicó que el Presidente de la República dirigía declaraciones en contra del

3 (Se trascribe) “Artículo 10. Legitimidad e Interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar,

por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí
misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. // También se pueden agenciar
derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando
tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. // También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y
los personeros municipales”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02661-01
Demandante: Jaime Zapata Quintana
Demandado: presidente de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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Congreso, y que en aquellas incluía expresiones groseras hacía sus
miembros, lo cual afectaba la autonomía de dicho órgano o rama del
poder y varios derechos, la Sala considera que el accionante no tiene la
calidad de sujeto afectado y, por ende, carece de legitimación activa en
la causa.

15. En relación con la presunta vulneración de los derechos de la
ciudadanía, en general, respecto de lo cual pidió su protección porque (se
trascribe) “los ciudadanos nos sentimos expuestos, vulnerables e indefensos
frente a posibles estallidos, bloqueos o confrontaciones colectivas”, la Sala
considera que, igualmente, el accionante carece de legitimación activa en
la causa4, comoquiera que él no indicó en nombre de qué ciudadanos
actuaba, ni tampoco demostró que aquellos estuvieran imposibilitados para
acudir a la tutela, para que operara la agencia oficiosa, ni tampoco que
alguien le hubiera conferido poder para representar sus intereses.

16. Además, si lo que busca es la protección de derechos colectivos,
como la seguridad pública, al pretender la garantía de la paz y a (se
trascribe) “la protesta pacífica dentro del respeto a la vida, a la integridad
de los demás ciudadanos, al orden público y a los derechos fundamentales
de quienes no participan en las movilizaciones”, la acción de tutela resulta
improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad5, porque,
para ello, el ordenamiento jurídico prevé, en el artículo 144 del CPACA y la
Ley 472 de 1998, otro mecanismo judicial ordinario para la defensa de esos
derechos e intereses, a saber, la acción popular, pues, de no ser así, se
correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales.

17. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no desconoce que la Corte
Constitucional ha establecido unos criterios para la procedencia de la
acción de tutela, como mecanismo transitorio, en estos eventos6; sin
embargo, en el caso concreto no se demostró la inminencia de un perjuicio
irremediable ni tampoco que la amenaza o vulneración a un derecho

4 La Corte Constitucional, en la Sentencia T-086 de 2010 hizo alusión a este requisito general de procedencia de la

acción de tutela para indicar que “Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la
acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que
la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial
o aun de agente oficioso”.
5 “Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros

recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
6 Sentencia T-341 de 2016 (se trascribe): “(…) (i) que exista conexidad entre la vulneración del derecho colectivo

y la violación o amenaza de un derecho fundamental, de tal forma que el daño o amenaza del mencionado
derecho sea consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo; (ii) el demandante
debe ser la persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental, pues la acción de tutela es de
carácter subjetivo; (iii) la vulneración o la amenaza del derecho fundamental debe estar plenamente acreditada;
(iv) la orden judicial que se imparta en estos casos debe orientarse al restablecimiento del derecho de carácter
fundamental y “no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte protegido,
igualmente un derecho de esa naturaleza”; (v) adicionalmente, es necesario la comprobación de la falta de
idoneidad de la acción popular en el caso concreto”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02661-01
Demandante: Jaime Zapata Quintana
Demandado: presidente de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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fundamental derivara de una perturbación de derechos colectivos. Si bien,
el accionante aportó publicaciones y declaraciones oficiales del presidente
de la República, tales elementos no permiten establecer cómo esos hechos
generaron una afectación concreta a los derechos fundamentales del
actor.

18. Igualmente, el aludido requisito no se cumple respecto de las
pretensiones formuladas contra el Congreso de la República y la
Procuraduría General de la Nación, las cuales también resultan
improcedentes, ya que la acción de tutela, por su carácter residual, no
constituye un mecanismo principal ni idóneo para exigir el cumplimiento
general de funciones públicas ni para encausar investigaciones de orden
penal, disciplinario o de cualquier otra naturaleza, pues para ello existen
procedimientos y autoridades especiales. En ese sentido, se recuerda
igualmente a la parte actora que la acción de tutela no es el mecanismo
para sustituir dichos conductos, máxime cuando no acudió previamente a
ellos, lo que impide la intervención del juez constitucional.

2.3. Conclusión

19. Esta Sala considera que no hay legitimación activa en la causa
respecto de la protección de derechos para la ciudadanía ni los miembros
del Congreso, y que la acción de tutela resulta improcedente frente a la
protección de derechos colectivos y las pretensiones de cumplimiento de
funciones y de investigación, por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad. Por ende, modificará la decisión impugnada.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 12 de junio de 2025, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, en los términos y por las razones
expuestas en esta providencia, la cual quedará así:

“SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA
del actor para ejercer la defensa de los derechos de miembros del
congreso y de la ciudadanía, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02661-01
Demandante: Jaime Zapata Quintana
Demandado: presidente de la República y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Modifica
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TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por señor
Jaime Zapata Quintana frente a la protección de derechos colectivos
y las pretensiones de cumplimiento de funciones y de investigación, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.”

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin7.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA

7 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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