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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02671-00

Fecha
9 de junio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02671-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por Diego Nicolás Laverde Pereira en contra del el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02671-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

9 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., nueve (09) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02671-00
Accionante: Diego Nicolás Laverde Pereira
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación
directa. Subtema 2: defectos fáctico, sustantivo por desconocimiento del precedente
y violación directa de la Constitución.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve la solicitud
interpuesta por Diego Nicolás Laverde Pereira en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Diego Nicolás Laverde Pereira presentó acción de tutela con el fin de obtener
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la salud, al buen nombre, a la honra, al trabajo y a la vida
digna, así como los principios de favorabilidad y buena fe, que consideró vulnerados
con ocasión de las providencias proferidas el 13 de marzo de 2023 y el 18 de diciembre
de 2024, por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá y por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, dentro del proceso
identificado con el radicado núm. 11001-33-36-031-2019-00108-00/03.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2. El señor Diego Nicolás Laverde Pereira y otros1, presentaron demanda en ejercicio
del medio de control de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional, con la pretensión de que el juez administrativo declarara
responsable a dicha entidad y la condenara por los daños y perjuicios causados con

1
Los demás demandantes en el proceso ordinario son: Wilson Laverde Flórez, Sandra Yolanda Pereira Jauregui,
Carolina Laverde Pereira y Daniela Laverde Pereira

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02671-00
Accionante: Diego Nicolás Laverde Pereira
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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ocasión de las lesiones que sufrió Diego Nicolás Laverde Pereira, el 14 de septiembre
de 2011, mientras realizaba el curso de granaderos en el Centro de Operaciones
Especiales de la Policía Nacional CENOP, en el municipio de Chicoral, Tolima.

3. Los demandantes afirmaron que el señor Laverde Pereira ingresó a la Policía
Nacional como cadete el 20 de enero de 2009.

4. Participó junto con otros compañeros, en cumplimiento de una orden impartida, en
labores de extinción de un incendio que fue provocado por una munición trazadora
disparada por alumnos que realizaban prácticas de tiro en el marco del curso de
granaderos.

5. Durante esta actividad, el señor Laverde Pereira cayó desde un cerro al vacío, lo
que le ocasionó lesiones físicas.

6. Como consecuencia del accidente ocurrido, la parte actora indicó haber padecido
inicialmente las siguientes lesiones:

a. Ensanchamiento anormal del cuello del tobillo derecho el cual le impide moverlo de
manera normal y el desprendimiento interno de un hueso que le impide realizar cualquier
tipo de actividad o esfuerzo.
b. Dolores frecuentes en la parte baja de la espalda que le imposibilitan realizar fuerzas y
ejercicios fuertes, lo que le ha producido sobrepeso y también padece episodios de
estrés.

7. Adujo el accionante que, tras obtener el grado de Subteniente, el 27 de noviembre
de 2013, padeció problemas visuales «queratocono», lo que le impidió aprobar el curso
de piloto. Además, para el 29 de marzo de 2014 presentó intensos dolores en la
columna vertebral.

8. Por solicitud de la parte actora, mediante Decreto No. 1230 del 2 de julio de 2014,
la entidad demandada retira del servicio a un personal de oficiales de la institución.

9. Seguidamente, por motivos de viaje y fuerza mayor, el señor Diego Nicolás
Laverde Pereira presentó solicitud para someterse al proceso de exámenes médicos
con la Policía Nacional el 12 de enero de 2016 y, una vez finalizado dicho proceso,
solicitó que se llevara a cabo la Junta Médico Laboral de retiro.

10. La Junta Médico Laboral se llevó a cabo el 26 de enero de 2017 y determinó que
el accionante presentaba una pérdida 9 % de su capacidad laboral, al señalar que no
se contaba con el informe administrativo de los hechos.

11. En atención a los argumentos expuestos por la junta médico laboral, se profirió
informe administrativo por lesión núm. 006, el 21 de marzo de 2017, calificación que
fue modificada en auto del 27 de noviembre de 2017, en el cual se determinó que las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que resultó lesionado el señor Subteniente
Diego Nicolás Laverde Pereira se presentaron de conformidad con lo dispuesto en el
literal b) del Decreto 1796 de 2000, esto es, «[e]n el servicio, por causa y razón del
mismo», es decir, «enfermedad profesional y/o accidente de trabajo».

2

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12. El 30 de noviembre de 2017, al señor Diego Nicolás Laverde Pereira le fue
diagnosticado trastorno de ansiedad no especificado, al presentar crisis de ansiedad y
vértigo a causa de recuerdos postraumáticos.

13.El Tribunal Médico Laboral determinó el 5 de diciembre de 2017, que el señor
Laverde Pereira sufrió una pérdida de capacidad laboral del 12,50 %.

14.El accionante, solicitó el 18 de mayo de 2018 a la Dirección de Sanidad, Área de
medicina laboral, de la Policía Nacional, valoración por junta médico laboral teniendo
en cuenta que no se incluyeron los padecimientos tales como fobia a las alturas,
sobrepeso, quemaduras en manos y brazos, golpe en el tobillo y lesión de espalda.

15. El Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá, quien conoció el asunto en
primera instancia, mediante auto del 6 de junio de 2019 rechazó la demanda al
considerar que no se había agotado el requisito de procedibilidad de la conciliación
prejudicial. Esta decisión fue objeto de los recursos de reposición.

16. En providencia del 27 de junio de 2019, el Juzgado resolvió: i) reponer el auto
impugnado; ii) rechazar la demanda por encontrar configurada la caducidad del medio
de control; y iii) conceder el recurso de apelación.

17. El demandante presentó solicitud de nulidad del auto del 27 de junio de 2019 y en
su lugar se reponga y se conceda la apelación. En providencia del 11 de julio de 2019
el despacho de conocimiento decidió: i) no acceder a la nulidad solicitada; ii) revocar
parciamente el auto del 27 de junio de 2019 en lo concerniente a los numerales tercero2
y cuarto3; y, iii) dejar incólume los numerales primero y segundo de la citada
providencia.

18. Nuevamente el demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación contra el auto del 11 de julio de 2019. El Juzgado Treinta y Uno
Administrativo de Bogotá mediante auto del 25 de julio de 2019, declaró la nulidad del
auto del 11 de julio de 2019, al advertir que no se había configurado la caducidad.
Dispuso la admisión de la demanda de reparación directa interpuesta por Diego
Nicolás Laverde Pereira y otros contra la Policía Nacional, y ordenó el trámite de
notificación.

19. El Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá, mediante auto del 19 de
agosto de 2020, resolvió las excepciones formuladas por la parte demandada y, con
fundamento en lo dispuesto en la sentencia del 29 de agosto de 2018 del Consejo de
Estado4, declaró probada de forma oficiosa la caducidad de la demanda y dispuso la
terminación del proceso. Destacó que el término para presentar la demanda empezó
a contabilizarse al día siguiente del acaecimiento del daño, esto es, el 15 de septiembre
de 2011, y esta fue presentada solo hasta el 29 de abril de 2019.

20. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación y
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en proveído del 24 de febrero de 2021,
modificó la decisión del 19 de agosto de 2020 y en su lugar dispuso «declarar

2 Que concedió el recurso de apelación.
3 Remitir el expediente al Superior.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 29 de agosto de 2018, expediente

núm. 54001-23-31-000-2003-01282-02.

3

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configurada la caducidad del medio de control de reparación directa por las lesiones
físicas a causa de la caída que sufrió el señor Diego Nicolás Laverde Pereira el 14 de
septiembre de 2011; y tener por presentada en tiempo la demanda en lo que tiene que
ver con el padecimiento psicológico que sufrió el accionante a consecuencia de dicha
caída»5.

21. En atención a lo dispuesto por el Superior, mediante auto del 12 de agosto de
2021, el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá dispuso acatar lo ordenado,
y continuó con el trámite de la demanda de reparación directa derivada del
padecimiento psicológico diagnosticado al señor Laverde Pereira el 30 de noviembre
de 2017.

22.Agotadas las etapas procesales, el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de
Bogotá profirió sentencia el 13 de marzo de 2023, y negó las pretensiones de la
demanda.

23. Apelada esta decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Tercera, Subsección C, en sentencia del 18 de diciembre de 2024, declaró de oficio la
falta de legitimación en la causa por activa de Wilson Laverde Flórez, Sandra Yolanda
Pereira Jauregui, Carolina Laverde Pereira y Daniela Laverde Pereira, revocó el
numeral segundo, que impuso las agencias en derecho que integran las costas y
confirmó en sus demás partes la decisión tomada por el a quo6.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

24. El señor Diego Nicolás Laverde Pereira solicitó en el escrito de tutela7 lo siguiente:

1. Se declare la vulneración de los derechos fundamentales enunciados.
2. Se deje sin efectos la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
3. Se ordene la emisión de un nuevo fallo ajustado a derecho, con valoración integral de
las pruebas obrantes.
4. Se ordenen medidas de protección inmediata en salud psicológica8.

25. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora sostuvo que la decisión
proferida por el tribunal desconoció el acervo probatorio al omitir valorar el dictamen
emitido por la Junta Regional de Invalidez, el cual estableció una disminución de la
capacidad laboral del 54,03 % y diagnosticó una discopatía lumbar persistente, así
como un trastorno de estrés postraumático; la jurisprudencia reiterada aplicable al caso
y los estándares constitucionales de protección reforzada en casos de lesiones
psíquicas adquiridas en el servicio como oficial en formación de la Policía Nacional.

5
Se transcribe incluso con errores de texto.
6
Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá
7
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-02671-00, índice 2, certificado 3A29EDA6BAA3C2B0
DAE3073D0D1BF5E9 26719AA722E85832 589E151AEA5B6A74.
8 Se transcribe incluso con errores de texto.

4

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2.3. Trámite procesal

26. El despacho ponente, mediante auto del 12 de mayo de 20259, admitió la solicitud
de amparo; vinculó como terceros con interés a los demandantes, a los demandados
y a los terceros vinculados dentro del proceso con radicado núm. 11001-33-36-031-
2019-00108-00/03; requirió a las autoridades de primera y segunda instancia para que
aportaran, en medio digital, el expediente ordinario y tuvo como pruebas los
documentos adjuntos con la demanda de tutela.

2.4. Intervenciones

27. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional entidad vinculada a la
presente acción, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por
cuanto no se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales alegados, afirmó
que las razones expuestas por la accionante cuestionan la interpretación que hicieron
los jueces de instancia10 respecto de las pruebas aportadas al proceso y el régimen de
responsabilidad aplicado, con el único fin de obtener un pronunciamiento adicional de
lo debatido en la jurisdicción contencioso-administrativa11.

28. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, se
pronunció respecto de los argumentos expuestos en el escrito de amparo. Asimismo,
destacó las actuaciones surtidas al interior del proceso identificado con radicado núm.
11001-33-36-031-2019-00108-00/03. En su decisión, el despacho ratificó los
fundamentos jurídicos contenidos en la providencia impugnada y sostuvo que dicha
decisión fue adoptada conforme a la normativa aplicable al caso concreto.

29. Indicó que la providencia cuestionada no resulta irrazonable, ni arbitraria y mucho
menos violatoria de la Constitución, pues justamente aplicó la jurisprudencia que en
relación con el mencionado tópico ha proferido el Consejo de Estado, sin que en dichos
pronunciamientos se acepte la postura del tutelante, quien pretende la aplicación del
régimen objetivo de responsabilidad.

30. Consideró que en el asunto no bastaba con acreditar las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que sucedieron los hechos o que los padecimientos psicológicos se
originaron por los eventos ocurridos el 14 de septiembre de 2011, sino que resultaba
imperativo que la parte accionante demostrara que dichos hechos ocurrieron como
consecuencia de una falla del servicio12.

31. Las demás partes vinculadas al proceso guardaron silencio.

9 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-02671-00, índice 4, certificado 283EB60BDEF32A30
5813E45D3ABB4F01 030C0E52C6F53166 8D7F00196B48513A.
10
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
11 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-02671-00, índice 15, certificado A441890F08026A49
E53B1440BC92A20C 310312CB57291360 1AADE4F3218B045C.
12 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-02671-00, índice 17, certificado 6606EC3D823A298B
E24B2917CCF15118 F50D78D96E218ABA 34F03E06D21A3AF2

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

32. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer la
presente solicitud de amparo interpuesta contra el Juzgado Treinta y Uno
Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C.

3.2. Legitimación en la causa

33. La legitimación en la causa por activa del señor Diego Nicolás Laverde Pereira se
encuentra acreditada, por haber sido la parte demandante en el proceso de reparación
directa que finalizó con la sentencia de segunda instancia del 18 de diciembre de 2024,
objeto de tutela, y, por lo tanto, es el titular de los derechos que consideró fueron
vulnerados.

34. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Treinta
y Uno Administrativo de Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, porque fueron las autoridades que profirieron las
sentencias del 13 de marzo de 2023 y 18 de diciembre de 2024, respectivamente, las
que, según afirmó el tutelante, vulneraron sus derechos fundamentales.

3.3. Cuestión preliminar

35. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela plantea la
ocurrencia de los defectos fáctico, sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución en las providencias del 13 de marzo de
2023 y 18 de diciembre de 2024, proferidas por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo
de Bogotá y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, lo cierto es que los argumentos que sustentan las pretensiones de la
parte actora guardan unidad de materia y se dirigen a cuestionar la valoración
probatoria que realizaron las autoridades judiciales accionadas en las decisiones
acusadas.

36. Por otra parte, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia de
segunda instancia expedida el 18 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, toda vez que esta decisión fue la
que puso fin a la actuación judicial promovida por Diego Nicolás Laverde Pereira y
otros contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

37. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado13 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional14.

38.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un
derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

39. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales15 y, por lo tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

40. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución16.

3.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

41. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse
de forma expresa y con claridad sobre a las razones por las cuales el asunto que entra
a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el
órgano de cierre sobre la materia17.

14 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
16 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito
de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»
lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no
tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar
una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia
para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga
argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales.

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42. La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que, de
encontrarse configurado los defectos expuestos en el escrito de tutela, prosperaría la
pretensión de amparo de ordenarle al tribunal accionado que emita una nueva
sentencia en la que decida sobre la responsabilidad del Estado por las lesiones
generadas al señor Diego Nicolás Laverde Pereira con ocasión al accidente que sufrió
el 14 de septiembre de 2011. En este escenario estarían afectados los derechos
fundamentales del tutelante, en particular, el debido proceso, para cuyo amparo acudió
a esta acción constitucional.

43. Respecto de los cargos atinentes al defecto alegado, el accionante no cuenta con
otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos
fundamentales, pues agotaron las instancias respectivas dentro del proceso de
reparación directa en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

44. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque la sentencia del 18 de
diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, fue notificada el 13 de febrero de 2025; quedó ejecutoriada el
20 de ese mismo mes y año; y el escrito de tutela se presentó el 7 de mayo de 202518,
esto es, dentro del plazo de seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia
constitucional19 y del Consejo de Estado20 como razonable.

45. La parte actora, en el escrito de amparo, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, y estos no exponen una posible irregularidad procedimental.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela.

46. De acuerdo con lo expuesto, esta Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales específicas en
los términos planteados por la parte tutelante.

3.6. Problema jurídico

47. La Sala debe decidir si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la salud, al buen nombre, a la honra, al trabajo
y a la vida digna de Diego Nicolás Laverde Pereira, así como los principios de
favorabilidad y buena fe. En concreto, deberá determinar si la autoridad accionada
incurrió, en la sentencia del 18 de diciembre de 2024 en el defecto fáctico que le
atribuye la parte actora.

3.6.1 Generalidades del defecto fáctico

48. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial presenta defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»21. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y debe tener «incidencia directa

18 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2025-02671-00, índice 1.
19 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
21 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.

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Accionante: Diego Nicolás Laverde Pereira
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Sección Tercera, Subsección C y otro

en la decisión»22 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.

49. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»23. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»24.

50. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en
contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de
conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del
proceso25.

51. Ahora bien, la Corte Constitucional ha manifestado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial26, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta,
por qué el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia»27.

52. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica, por
lo menos, cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta –
siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los materiales
probatorios.
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento objetivo.
Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o
voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas de manera

22 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
23 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
25 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
26 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
27 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.

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Accionante: Diego Nicolás Laverde Pereira
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C y otro

integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba en
relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]28.

3.6. Caso concreto

53. El señor Diego Nicolás Laverde Pereira y su grupo familiar presentaron demanda
de reparación directa, con la pretensión de que el juez administrativo declarara
responsable a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía, por las lesiones sufridas por
Diego Nicolás Laverde Pereira con ocasión del accidente ocurrido el 14 de septiembre
de 201129.

54. El conocimiento del asunto, bajo el radicado núm. 11001-33-36-031-2019-00108-
00, le correspondió al Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá, el cual, en
sentencia del 13 de marzo de 2023, negó las pretensiones de la demanda. Apelada
esta decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, la confirmó el 18 de diciembre de 2024.

55. El tutelante, en el escrito de amparo, consideró que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la salud, al buen nombre, a la honra, al trabajo y a la vida
digna, así como los principios de favorabilidad y buena fe, al no tener presente que
para la época en que ocurrieron los hechos no era un oficial activo, sino un alumno en
formación y afirmó que «no recibió valoración integral ni acompañamiento médico por
parte del Estado».

56. En concreto, manifestó que con el material probatorio aportado al proceso se
demostró la negligencia por parte de la Policía Nacional al ordenar «a un alumno a
participar en actividades peligrosas para las cuales no está capacitado ni es
funcionalmente responsable»; agregó que en la decisión se desconoció «la
jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado que reconoce la responsabilidad
objetiva del Estado por actividades peligrosas o riesgos excepcionales, como el
entrenamiento operativo con munición trazadora en escenarios inadecuados, lo que
agrava el riesgo para los alumnos en formación».

57. Adicionalmente, señaló que la entidad accionada realizó una indebida valoración
de las pruebas aportadas al proceso ordinario, por cuanto omitió apreciar el dictamen
pericial realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá D.C. y
Cundinamarca, que determinó una disminución de la capacidad laboral del 54,03 % y
diagnosticó una discopatía lumbar persistente, así como un trastorno de estrés
postraumático; prueba que demostraba el nexo causal entre el accidente sufrido
durante el curso de formación en la Policía Nacional y las secuelas físicas y
psicológicas que padeció, lo que conllevaba a imputar la responsabilidad por falla del
servicio.

28 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
29
Señor Diego Nicolás Laverde Pereira

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58. Por otra parte, manifestó que el Tribunal accionado no tuvo en cuenta lo dispuesto
en la sentencia del 29 de noviembre de 201830, que «reconocen el momento de
configuración del daño psíquico en la fecha del diagnóstico clínico, y no en la
ocurrencia inicial del accidente»; asimismo, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional31 «sobre el carácter no funcional y académico de los alumnos de la
policía Nacional».

59. Pues bien, de lo expuesto es preciso advertir que los cargos de la tutela, lejos de
exponer la posible configuración del defecto alegado, reiteran las razones que
sustentaron el recurso de apelación que el hoy actor interpuso contra la decisión de
instancia que negó las pretensiones de reparación al no encontrar configurada la falla
en el servicio de la administración.

60. La conclusión anterior se fundamenta en el análisis de la providencia cuestionada,
en la cual se advierte que el ad quem efectuó una valoración probatoria acorde con las
particularidades del caso. Para ello, relacionó de manera individualizada los
documentos aportados por las partes en ambas instancias, entre ellos, el dictamen
pericial de fecha 25 de abril de 2023, realizado por la Junta Regional de Calificación
de Invalidez de Bogotá D. C. y Cundinamarca, que finalmente valoró de manera
conjunta.

61. Asimismo, expuso de forma clara la normativa y la jurisprudencia aplicables
respecto a la falla del servicio y destacó la aplicación preferente del régimen subjetivo
de responsabilidad del Estado frente al objetivo, ya que este último tiene un carácter
residual y solo resulta procedente cuando la controversia no puede ser resuelta bajo
otro régimen de responsabilidad.

62.Con relación a las pruebas que se aportaron en el proceso, el tribunal accionado
concluyó:
En síntesis, se demuestra que, con ocasión de la orden impartida por sus superiores,
el Subteniente Diego Nicolás Laverde Pereira acudió (mientras era estudiante del
Curso de Granaderos) al cerro del Indio para apagar un incendio que se estaba
presentando el 14 de septiembre del 2014 en el Centro de Operaciones Policía
Nacional CENOP. No obstante, a juicio de la Sala esa sola circunstancia no puede
representar una falla del servicio, como lo pretende el apelante, en la medida que los
integrantes de la Policía Nacional cumplen una función social y tienen la misión de
prestar auxilio, apoyo y socorro a fin de evitar o superar catástrofes, como ocurre en el
caso de los incendios.

[…]

En ese orden de ideas, la Sala considera que en el plenario no obran medios suasorios
que demuestren que durante el operativo organizado para apagar el incendio acaecido
el 14 de septiembre del 2014 se presentaron falencias o irregularidades por parte de
quienes establecieron el referido evento, máxime cuando el hecho de que el
Subteniente Laverde Pereira hubiera sido llamado junto a sus compañeros de curso -
por sus superiores- para atender la referida emergencia no constituye en sí misma una
falla, como quiera que los miembros de la Policía, calidad que justamente ostentaba el
demandante para el momento en que ocurrieron los hechos, tienen la misión

30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 29 de noviembre de 2018,
expediente núm. 54001-23-31-000-2003-01282-02.
31
Corte Constitucional, sentencias C-1214 de 2001, C-757 de 2013.

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constitucional y legal de proporcionar apoyo para superar catástrofes que puedan
afectar a la comunidad, a efectos de preservar los bienes, integridad y vida de los
integrantes de la sociedad

En síntesis, no es posible atribuir responsabilidad a la demandada Policía Nacional por
el daño o afectación sufrida por el Subteniente Laverde Pereira, en la medida en que
no existió la falla del servicio a cargo de la Institución policial así como tampoco el
riesgo excepcional32.

63. En consecuencia, no resulta procedente que el accionante pretenda utilizar el
mecanismo constitucional de tutela para presentar inconformidades con lo resuelto por
los jueces naturales, e insistir en una solución favorable a sus intereses, con
desconocimiento de los fundamentos que, en ejercicio de la autonomía e
independencia judicial, sustentaron la decisión que negó las pretensiones de
reparación directa.

64. En todo caso, contrario a lo afirmado por la accionante, la Subsección destaca que
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí tuvo en cuenta lo decidido por la Junta
Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá D. C. y Cundinamarca en el dictamen
rendido, pues concluyó que logró probarse que «se causó un daño al accionante, pues
el Subteniente Diego Nicolás Laverde Pereira se encontraba realizando Curso de
Granadero en el Centro de Operaciones Especiales CENOP y sufrió una serie de
padecimientos psicológicos, que le produjeron disminución de la capacidad laboral».

65. En ese orden de ideas, la Sala observó que el accionante no explicó las razones
por las que la decisión objeto de tutela incurrió en un defecto fáctico, pues solo indicó
la omisión de la valoración probatoria del dictamen pericial de fecha 25 de abril de
2023 realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, D.C., y
Cundinamarca, y reiteró que las pruebas no fueron estimadas en su conjunto, para lo
cual hizo especial énfasis en que dicho dictamen se «determino una pérdida de
capacidad laboral del 54.03 % derivada del accidente sufrido en servicio 33», asunto
que, de acuerdo con los apartados antes transcritos, fue apreciado y analizado por la
autoridad judicial accionada.

80. Por otra parte, el Tribunal fundamentó su decisión en sentencias del Consejo de
Estado34 en las que se analizó la responsabilidad del Estado y el deber de indemnizar
en relación con los miembros de la fuerza pública. Con base en dicho precedente,
concluyó que, para el caso en estudio, debía aplicarse el régimen subjetivo de
responsabilidad.

81. En los anteriores términos, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, no incurrió en el defecto alegado en
el escrito de tutela, ya que la sentencia del 18 de diciembre de 2024 abordó y analizó
la jurisprudencia y las pruebas que obran en el expediente ordinario, bajo los principios
de autonomía judicial y sana crítica, lo que le permitió concluir que el señor Diego

32
Se transcribe incluso con errores de texto.
33
Se transcribe incluso con errores de texto.
34 Sentencia del 18 de febrero de 2010, del 17 de marzo de 2010 M.P. Mauricio Fajardo Gómez; Sentencia del 26

de mayo de 2010, M.P. Ruth Stella Correa y la Sentencia del 1 de julio de 2015 M.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa

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Nicolás Laverde Pereira no logró probar que los padecimientos psicológicos fueran
consecuencia de la falla del servicio que atribuyó a la entidad demandada.

IV. CONCLUSIONES

En consecuencia, dado que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, no incurrió en el defecto alegado, no se configura vulneración
alguna de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia, a la salud, al buen nombre, a la honra, al trabajo y a la vida digna, ni de los
principios de favorabilidad y buena fe invocados por la parte tutelante. Por lo tanto, la
Sala negará la solicitud de amparo.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por Diego
Nicolás Laverde Pereira en contra del el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia,
conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta a
través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

KVTB/SEJV

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