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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02689-00

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02689-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela instaurada por el señor Daniel Correa Arboleda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. www.consejodeestado.gov.co 6 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-02689-00 Accionante: Daniel Correa Arboleda Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02689-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

5 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02689-00
Accionante: Daniel Correa Arboleda
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Registro
Nacional de Abogados.

Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, el trabajo, el mínimo vital y la
vida digna.

Decisión: Se niegan las pretensiones por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide
la acción de tutela interpuesta por el señor Daniel Correa Arboleda, a nombre
propio, contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional
de Abogados, por la presunta vulneración por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, el trabajo, el mínimo vital y la vida
digna, con ocasión de la modificación de la fecha de presentación del examen de
idoneidad exigido por la Ley 1905 de 2018, por parte de la autoridad accionada.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

2. En su escrito de tutela1 el señor Correa Arboleda indicó que el 9 de diciembre
de 2024 obtuvo su título de abogado en la Universidad Pontificia Bolivariana y se
inscribió para presentar el examen de idoneidad de acuerdo con la Ley 1905 de
2018. Sostuvo que el Consejo Superior de la Judicatura publicó las listas
provisional y definitiva de admitidos en los meses de febrero y abril2 de 2025,
respectivamente, y le confirmaron su participación en la aplicación 2025-1.

3. Alegó que inicialmente, el cronograma establecía la realización de la prueba
para el 18 de mayo de 2025, pero fue eliminado sin explicación, lo que le generó
incertidumbre. Manifestó que luego de múltiples solicitudes, la entidad solo
respondió que el calendario no estaba autorizado. Finalmente, el 28 de abril de
2025, se le informó que el examen se aplicará el 15 de junio de 2025, lo que
reprochó, alteró su planificación profesional.

4. Adujo que la falta de aplicación oportuna del examen ha impedido la obtención
de su tarjeta profesional, limitando su acceso al mercado laboral y afectando su
estabilidad económica. Indicó además que no se han expedido tarjetas

1
Remitido el 7 de mayo de 2025
2
Mediante la Resolución No. URNAR25-95 del 22 de abril de 2025.

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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02689-00
Accionante: Daniel Correa Arboleda

provisionales, dejando en desventaja a los egresados que dependen de este
documento para ejercer legalmente la profesión.

2.2. Fundamento jurídico:

5. El accionante alegó trasgredidos sus derechos fundamentales3 al mínimo vital
y vida digna, al debido proceso administrativo y al trabajo, debido a la
postergación del examen de idoneidad regulado por la Ley 1905 de 2018. Citó la
Sentencia T-282 de 2018 y T-716 de 2017, en las que la Corte Constitucional ha
protegido la estabilidad económica ante obstáculos administrativos que impidan
el ejercicio profesional.

6. Argumentó que la variación en la fecha del examen afectó su libre desarrollo
profesional vulnerando con ello el artículo 26 constitucional, retrasando su acceso
al mercado laboral. Invocó la Sentencia T-952 de 2014, que advierte que el
ejercicio profesional no debe depender de cargas administrativas irrazonables.
Señaló que la indefinición del cronograma y la demora en la expedición de la
tarjeta profesional pueden llevar a una afectación grave e inminente.

7. Por lo expuesto, alegó que el Consejo Superior de la Judicatura incumplió el
debido proceso administrativo al modificar unilateralmente fechas sin justificación
suficiente, afectando su expectativa legítima. Apoyó sus argumentos en la
Sentencia T-144 de 2021 y la SU-128 de 2024, en la que la Corte previno a la
autoridad accionada contra omisiones que afecten el acceso a la tarjeta
profesional, justificando la intervención del juez constitucional para evitar la
vulneración de derechos fundamentales.

2.3. Pretensiones

8. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«1. Tutelar los derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, vida digna,
libre desarrollo de la profesión y debido proceso administrativo.

2. Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados (URNA), que, de manera inmediata, expida mi
tarjeta profesional de abogado.». (Sic en toda la cita) Negrillas de la Sala.

2.4. Intervenciones

9. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 124 de mayo de 2025, en el
cual se ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Registro
Nacional de Abogados como accionado. Asimismo, se notificó a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia.

3
Dispuestos en los artículos 1, 2, 29 y 53 constitucionales
4
Índice 4 del aplicativo SAMAI.

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Acción de Tutela
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Accionante: Daniel Correa Arboleda

2.3.1. La Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior
de la Judicatura5 través de su director, solicitó negar el amparo presentado toda
vez que no vulneró los derechos fundamentales del accionante.

10. Al respecto, indicó que, La Ley 1905 de 2018 exige la aprobación del examen
de Estado para la expedición de la tarjeta profesional de abogado y es un
requisito indispensable para ejercer la profesión. En ese entendido, sostuvo que
la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-128 de 2024, reafirmó su
obligatoriedad para quienes iniciaron estudios después de su promulgación,
incluyendo al accionante.

11. Por lo expuesto, señaló que el Consejo Superior de la Judicatura no incurrió
en omisión alguna, pues ha garantizado la programación del examen y su
aplicación periódica. Por otro lado, sostuvo que la Resolución URNAR-25-55 de
febrero de 2025 confirmó la admisión del accionante, desvirtuando cualquier
vulneración de sus derechos e indicó que, además, la tarjeta profesional sólo es
requisito para la representación de terceros y no para otras actividades jurídicas.

12. Aunado a lo anterior, expuso que el accionante no ha demostrado riesgo
inminente sobre su mínimo vital y la variación en las fechas de examen responde
a factores administrativos y logísticos de una prueba de gran escala.

2.3.2. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

13. La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

14. De conformidad con lo expuesto, la Sala de Subsección deberá determinar si
con la postergación de la fecha de presentación del examen de idoneidad
regulado por la Ley 1905 de 2018 por parte de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, del
18 de mayo de 2025 al 15 de junio de esta anualidad, esta vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, el trabajo, el mínimo vital y la vida digna del
señor Daniel Correa Arboleda.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

15. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y

5
Índice 8 del aplicativo SAMAI, certificado B47C20F378A4F74E 3A5AE7F685EA01A0 C7C86B5EF20661BD
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Accionante: Daniel Correa Arboleda

1069 de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

3.4. Del requisito para acceder a la expedición de la tarjeta profesional,
destinatarios de la Ley 1905 de 2018

16. Los artículos 4.° y 5.° del Decreto Ley 196 de 1971 consagran que para
ejercer la profesión se requiere estar inscrito como abogado; para realizar dicho
registro es necesario haber obtenido el título correspondiente; y quien actúe como
abogado deberá exhibir su tarjeta profesional.

17. La Ley 1905 de 20183 estableció que los estudiantes de derecho que iniciaron
sus estudios después del 28 de junio de ese año, para obtener la tarjeta
profesional además de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes,
deberán aportar certificación de aprobación del examen de Estado.

18. El Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA22-11985 de
2022, en el cual se estableció que, los destinatarios de la ley antes citada “podrán
solicitar, sin la acreditación del certificado de aprobación del examen, su
inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la expedición de la Tarjeta
Profesional de Abogado que tendrá vigencia provisional hasta la publicación de
los resultados de la primera prueba”; adicionalmente, el parágrafo transitorio 2
del artículo 2.°, señaló que “[l]as Tarjetas Profesionales de Abogados que se
expidan bajo las condiciones del parágrafo anterior, contendrán la denominación
“Provisional”. Asimismo, el parágrafo transitorio 3.° del citado artículo precisó que,
las personas que obtengan la tarjeta profesional de abogado con anotación de
vigencia provisional deberán presentar el examen de Estado y acreditar su
aprobación con el fin de que les sea expedida la tarjeta profesional de abogado
definitiva.

19. El Acuerdo núm. PCSJA24-12162 del 9 de abril de 2024, derogó el Acuerdo
PCSJA22-11985 de 2022 y estableció la tarjeta profesional con vigencia
provisional para los destinatarios de la Ley 1905 de 2018.

20. La Corte Constitucional en la sentencia SU 128 de 2024 inaplicó el artículo11
transitorio del Acuerdo PCSJA24-12162 de 9 de abril de 2024 al considerar que
el Consejo Superior de la Judicatura no tenía competencia para regular y expedir
la tarjeta profesional con vigencia provisional. El 30 de agosto de 2024, la Unidad
expidió la Resolución núm. URNAR24-158, mediante la cual dio cumplimiento a
la decisión antes mencionada.

21. Que mediante el Acuerdo PCSJA24-12223 de 2024, se dio apertura a la etapa

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de inscripciones para la presentación del examen de Estado, Aplicación 2025-I,
la cual se llevó a cabo entre el 25 de noviembre de 2024 y el 8 de enero de 2025
y, para quienes no superaron la media del puntaje nacional de la prueba realizada
el 20 de octubre de 2024 (Aplicación 2024-II), entre el 10 y el 14 de febrero de
2025.

22. Que mediante la Resolución núm. URNAR25-95 22 de abril de 2025, se
admitió de manera definitiva la presentación del examen de Estado
señalado en la Ley 1905 de 2018, Aplicación 2025-II, convocado mediante
Acuerdo PCSJA24-12223 de 2024, a los aspirantes que cumplieron con los
requisitos para ello, entre los cuales está el señor Daniel Correa Arboleda, quien,
como el mismo lo indicó, es destinatario directo6 de la disposición normativa.

4. Análisis del caso concreto

23. El accionante sostiene que la postergación de la fecha presentación del
examen de idoneidad, regulado por la Ley 1905 de 2018, vulneró sus derechos
fundamentales al mínimo vital, vida digna, trabajo y al debido proceso.

24. Afirmó que la variación en el cronograma afectó su libre desarrollo profesional
y retrasó su acceso al mercado laboral, por lo que señaló que el Consejo Superior
de la Judicatura incurrió en una conducta reprochable, trasgrediendo con ello lo
establecido en la Sentencia de Unificación SU-128 de 2024, que adujo previene
omisiones que afecten el acceso a la tarjeta profesional, por lo que pretende que
esta le sea entregada de forma inmediata.

25. De entrada, la Sala pone de presente que negará el amparo de los derechos
fundamentales invocados, por las razones que se pasan a explicar.

26. En primer lugar, debe recordarse que la Ley 1905 de 2018 estableció lo
siguiente:

«ARTÍCULO 1. Para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos
exigidos en las normas legales vigentes, el graduado deberá acreditar
certificación de aprobación del Examen de Estado que para el efecto realice
el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), directamente o a través de una
Institución de Educación Superior acreditada en Alta Calidad que se contrate
para tal fin.». Negrillas de la Sala.

27. De lo anterior, se colige que, para los destinatarios de esta normativa, como
es el caso del señor Daniel Correa Arboleda, resulta imperativa la presentación
del examen de idoneidad para que, luego de un resultado satisfactorio, puedan
presentar la certificación de aprobación de la prueba ante el Consejo Superior de
la Judicatura, pues de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo citado, esta es una
exigencia para la expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado.

28. En ese entendido, el futuro profesional del derecho no puede pretender
que se le entregue su tarjeta profesional de forma inmediata sin cumplir con los
6
El accionante inició su carrera de Derecho el 21 de enero de 2019, por ende, es destinatario de la Ley 1905 de
2018 y debe cumplir el requisito de la aprobación del examen de Estado para la obtención de su tarjeta profesional.

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requisitos legales dispuestos para ello.

29. Por otro lado, el Consejo Superior de la Judicatura goza de autonomía para
establecer el cronograma de aplicación del examen, sin que ello implique una
vulneración de los derechos fundamentales del accionante.

30. Es evidente, que toda vez que se trata de un proceso de gran magnitud, su
planificación y ejecución obedecen a criterios administrativos y logísticos que
deben ser acatados por los aspirantes.

31. En ese sentido, aunque se advierte que hubo modificaciones en las fechas
inicialmente estimadas, se cumplió con la publicación oficial de los admitidos y
se hizo el aviso oportuno de la nueva fecha, respetando los principios de
publicidad y transparencia, aunado a que, en gracia de discusión, la fecha de
presentación de la prueba se corrió menos de un mes.

32. Adicionalmente, la sentencia SU-128 de 2024 invocada por el actor, inaplicó
el artículo 11 transitorio del Acuerdo PCSJA24-12162 del 9 de abril de 2024 al
considerar que el Consejo Superior de la Judicatura no tenía competencia para
regular y expedir la tarjeta profesional con vigencia provisional, por lo que
tampoco es una alternativa para obtenerla en este caso, pues bajo ningún
supuesto eliminó el requisito del examen de idoneidad ni ordenó la expedición
automática de tarjetas profesionales.

33. En ese orden de ideas, no se advierte la vulneración de los derechos
fundamentales del accionante, pues, la entidad se apegó al texto de la Ley 1905
de 2018, no impidió su inscripción al examen, no existe un retraso considerable
en la nueva fecha de presentación de la prueba, el actor no demostró en manera
alguna una situación de vulnerabilidad que amerite su protección y a la luz de la
presente acción, y de cumplirse el cronograma establecido, presentará su prueba
en apenas unos días.

34. Por las razones expuestas, la Sala negará la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar las pretensiones de la acción de tutela instaurada por el señor
Daniel Correa Arboleda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

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Accionante: Daniel Correa Arboleda

Tercero: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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