Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02690-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02690-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02690-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
11 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02690-00
Accionante: FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de
procedencia. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una
instancia adicional del proceso ordinario.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la accionante contra el Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Sexta de Decisión
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 7 de mayo de 2025, la Fiscalía General de la Nación, a través de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela con el fin de obtener la protección de su derecho
fundamental al debido proceso – derecho de defensa, que considera vulnerado por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, al haber proferido la providencia del 27 de febrero
de 2025, en el marco del proceso del medio de control de reparación directa1 que
adelantó Gladys Edelma Flórez y otros contra la accionante y la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional.
1
Identificado con número de radicado: 23-001-33-33-007-2014-00500-01
En virtud de la acción de tutela, solicita que el derecho alegado sea tutelado y, en
consecuencia, se declare nula la providencia reprochada. Pide que se ordene a la
accionada proferir una nueva sentencia acorde con los documentos aportados dentro
de la oportunidad legal.
2. Hechos relevantes
El 26 de junio de 2014, Gladys Edelma Flórez y otros incoaron el medio de control de
reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y la Fiscalía
General de la Nación. Esto, con el fin de que fuera declarada su responsabilidad
administrativa y patrimonial. Lo anterior, tras la muerte de la señora Lilia Isabel Flórez
Contreras, el 27 de mayo de 2012, luego de realizar las correspondientes denuncias
de las amenazas contra su vida, las cuales no fueron atendidas por las autoridades
competentes.
El asunto correspondió en primera instancia a la Juez Séptima Administrativa Oral del
Circuito de Montería que, por providencia del 13 de mayo de 2021, resolvió declarar
no probada la excepción denominada “Hecho de un tercero” propuesta por la Nación-
Ministerio de Defensa-Policía Nacional, eximió de responsabilidad a la Fiscalía General
de la Nación, declaró a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
administrativamente responsable de los perjuicios morales causados a los
demandantes y condenó a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar
perjuicios morales a los familiares de la fallecida. La parte demandada, Policía
Nacional, apeló la decisión.
El tema fue conocido en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Córdoba,
Sala Sexta de decisión que, mediante providencia del 27 de febrero de 2025, modificó
el fallo de primera instancia y declaró a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional y a la Fiscalía General de la Nación administrativamente responsables de los
perjuicios morales causados a los demandantes, condenándolos a pagar este
concepto a los familiares de la fallecida.
3. Fundamentos de la solicitud
La accionante considera que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho
fundamental al debido proceso – derecho de defensa. Lo anterior, con ocasión de la
providencia proferida el 27 de febrero de 2025. Sostiene que en esta se incurrió en el
defecto fáctico.
Respecto de dicho defecto, considera que la autoridad judicial violó el debido proceso
– derecho a la defensa y contradicción, en relación con la valoración probatoria de los
documentos aportados. Sostiene que el juicio de imputación del daño debe hacerse
desde una esfera fáctica y una jurídica. Desde el punto de vista de la primera, la
imputación tiene como propósito determinar si en el plano material, más no
necesariamente causal, el daño es atribuible o no a un sujeto de derecho.
Como fundamento de lo anterior, señala que:
(…) «si bien es cierto que la responsabilidad que tiene el Estado por las acciones u
omisiones de sus autoridades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la Carta
Política, obligan a su reconocimiento de los daños causados, también lo es que dicha
responsabilidad sólo surge cuando se cumplen los mencionados supuestos y/o
requisitos, es decir una falta o falla en el servicio o de la administración, por omisión,
retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio; un daño que implique lesión
o perturbación de un bien protegido por el derecho con las características generales que
la ley determina para que sea indemnizable, que sea cierto, determinado o determinable,
evaluable,etc.; una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el
daño, sin la cual aún demostrada la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la
indemnización.»
«La ausencia de cualquiera de estos elementos enerva la prestación del aquí
demandante, pues implicaría la ausencia de responsabilidad del Estado.» (...)
En cuanto al contenido de la sentencia, trajo a colación lo siguiente:
(...)«CARÁCTER DECISIVO DE IRREGULARIDADES DE LA SENTENCIA: En lo que
tiene que ver con este requisito, se tiene que, la sentencia, contiene dos, irregularidades
procesales relevantes; por un lado, condena a la Fiscalía General de la Nación, sin los
elementos probatorios necesarios, como se explicó, en líneas que anteceden, y en
segundo lugar el ad quem, estructura la parte motiva de la sentencia con hipótesis o
suposiciones sin darse los fundamentos facticos (sic) y jurídicos, violando el debido
proceso constitucional.
La sentencia de 2 instancia condenatoria, proferida por la sala sexta de decisión del
Tribunal Administrativo de Córdoba. Desatendió los lineamientos contenidos en los
artículos: 2, 218 y 250 de la Constitución; articulo 19 de la Ley 62 de 1993 y la Sentencia
T-683 de 2005 la Corte Constitucional reafirmó el papel de la Policía Nacional en la
protección de testigos o intervinientes en el proceso penal. Olvidando las funciones que
le corresponde a las entidades demandadas, como se pasa explicar a continuación: La
demanda con los documentos que la acompañan , y las pruebas decretadas e
incorporadas y la sentencia condenatoria, contrasta con los requisitos para determinar
la responsabilidad del Estado, esto es, el daño antijurídico , imputación fáctica a
imputación jurídica, si bien existe la configuración de un daño antijurídico el cual es la
muerte de la señora LILIA ISABEL FLOREZ CONTRERAS (Q.E.P.D.), lo cierto es que
al analizar, los requisitos, la imputación fáctica y jurídica, no se puede endilgar la
responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación, por cuanto no se evidencia falla en
el servicio por parte de esta entidad demandada, teniendo en cuenta que la falla o falta
de protección y los hechos de la muerte del señor FLOREZ CONTRERAS, no tiene nexo
causal con alguna acción u omisión de esta entidad condenada en ejercicio de sus
funciones constitucionales y legales, como lo afirma el ad quem, en sus contradicciones
de esta forma.» (...)
Respecto a la aplicación de la imputación fáctica y jurídica, expresó:
(...)«La Fiscalía General de la Nación, otorga protección a las víctimas, testigos e
intervinientes en los procesos penales, actividad regulada por la ley 418 de 1997,
modificado por el Decreto ley 016 de 2014 e internamente por articulo 4 numeral 9 y
articulo 16 numeral 1 de la resolución 0-5101 de 2008, vigente en esa época, hoy
resolución 0-1006 de 2016, señala categóricamente que debe ser activa participación
en la investigación que la Fiscalía está desarrollando, bien sea como testigo o como
interviniente eficaz en un proceso penal y que como consecuencia directa de esa
participación se le genere un riesgo extraordinario o extremo contra su vida, es decir
que su grado de participación dentro del proceso, debía ser calificado previamente como
importante, lo que le otorgaría la responsabilidad de la custodia del sujeto a la entidad.
De no estar presente estos dos elementos y el nexo de relación directo entre ellos. La
obligación por velar por la integridad de quienes eventualmente soporta amenazas o
enfrentan riesgo, no es del resorte del sistema de protección de la fiscalía general de la
Nación, sino en la Policía Nacional, por intermedio del ministerio del interior, de
conformidad con el articulo 218 de la Constitución Política.
En consecuencia, la Policía Nacional, se encontraba en posición de garante en brindarle
la protección a la vida e integridad personal de la señora LILIA ISABEL FLOREZ
CONTRERAS (Q.E.P.D.), debido a las circunstancias que dieron origen a la solicitud de
dicha protección mediante oficio de fecha 23 de mayo de 2012, con constancia de
recibido por parte del policía WILMER PALENCIA DIAZ. Por tanto, el cuerpo policivo,
en el ejercicio de sus funciones, estaba en el deber constitucional y legal en hacerle
seguimiento al caso en concreto.
Sin embargo, el 27 de mayo de 2012, la señora LILIA ISABEL FLOREZ CONTRERAS,
fue ultimado por terceras personas “sicarios”, pese a que la policía Nacional tenía
conocimiento de las amenazas, así las cosas, dicho hecho resultaba imprevisible para
la Fiscalía General de la Nación.
Por lo anterior, le asiste responsabilidad a la Policía Nacional por cuanto la vigilancia, y
seguridad personal de la señora FLOREZ CONTRERAS, se encontraba bajo su
protección.» (...)
También afirma que el Tribunal Administrativo de Córdoba, interpreta erróneamente
la naturaleza jurídica de las funciones de la entidad y de los trámites (términos) a
seguir dentro de los estudios de riesgos que se le debe realizar a cualquier persona
que así lo amerite. En este tópico señala:
«(...)En consecuencia, el comportamiento del juez que incurre en un defecto fáctico da
lugar a la violación de los derechos al debido proceso, a la igualdad de las partes ante
la ley procesal, el acceso a la administración de justicia, así como a obtener un trato
imparcial de quien dirige el proceso, toda vez que el funcionario distorsiona la verdad
para darle un alcance a los hechos que en realidad no tienen, por lo que no dicta una
decisión en derecho, sino que lo quebranta. Por ello, tal error incidió de manera
determinante en el sentido de la decisión final.» (...)
Igualmente advirtió que, se produjo un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria, al darle un tratamiento desigual en este ámbito a la Fiscalía General de la
Nación, contrariando a lo preceptuado en el artículo 29 y 229 de la Constitución. Por
tal razón, agregó, no se comparte los argumentos de la sala sexta de decisión del
Tribunal Administrativo de Córdoba:
(...) «En lo que tiene que ver con el caso concreto se tiene que, el Tribunal Administrativo
de Córdoba incurrió en defecto sustantivo, específicamente en lo que tiene que ver con
los puntos (ii) Norma debe interpretarse sistemáticamente con otras normas. El juez
aplica una norma que requiere de interpretación sistemática con otras normas, lo que
implica que no tiene en cuenta otras normas aplicables al caso. - (iii) Norma no es
aplicable al caso. El juez aplica una norma que, pese a ser constitucional, no es aplicable
al caso concreto, y en el defecto violación directa de la Constitución, específicamente
en el supuesto b) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de
aplicación inmediata, toda vez que el debido proceso y derecho de defensa
corresponden a un derecho de aplicación inmediata de acuerdo con el articulo 85 de la
Constitución Política de Colombia.»
4. Trámite procesal
El 19 de mayo de 2025 se admitió la acción de tutela, se ordenó su notificación a la
autoridad judicial accionada, así como a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional, a Gladys Edelma Flórez, Nancy Isabel Flórez, Hernán Enrique Agámez
Flórez, Lilia Isabel Bravo Flórez, Deyanira de Fátima Flórez, en calidad de terceros con
interés. También se comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para lo de su cargo.
El Tribunal Administrativo del Córdoba remitió copia digital del expediente ordinario, la
Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, tercero interesado en el resultado de
esta acción, la cual se pronunció a través del área jurídica de su secretaria general,
expresando:
(...)«Conforme a las líneas precedentes, es importante señalar que el Juez de segunda
instancia en ejercicio de los principios de razonabilidad y proporcionalidad al momento
de valorar los hechos y pruebas incorporados al plenario del medio de control de
reparación directa con radicado número 23-001-33-33-007-2014-00500-01, determinó
que la acción incoada por el apoderado de la Fiscalía General de la Nación no tiene
mérito de vocación probatoria puesto que una vez analizadas las pruebas se logró
determinarla existencia de responsabilidad ante la omisión de su deber constitucional,
frente a la protección de la señora Lilia Isabel Flórez Contreras, cuando se encontraba
como víctima en un proceso penal.»(...)
(...) «Sobre la particular resulta necesario recordar la finalidad, objetivos y procedencia
de la acción de tutela, la cual no es un expediente declarativo de derechos, sino un
mecanismo de protección de los derechos existentes.
En desarrollo de esa naturaleza y como mecanismo judicial de carácter extremo es la
misma Constitución la que dispone su procedencia limitándola solo cuando la afectada
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como un
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En este orden de ideas resulta necesario aclarar que la presente acción de tutela es
plenamente improcedente, teniendo en cuenta la improcedencia de un perjuicio
irremediable ocasionado a la judiciales y que no esta parte actora, derivado de la
determinación adoptada por las autoridades judiciales y que no está en la obligación
jurídica de soportar. (...)»
(...)«Por lo anterior, no considera esta Secretaría, como frente al caso sometido a
consideración del Honorable Consejero, se esté ante el acontecimiento de un perjuicio
irremediable o de una amenaza inminente e INJUSTIFICADA, ameritando la
procedencia de la tutela como mecanismo transitorio para acceder al reconocimiento de
las pretensiones solicitadas por la parte actora, máxime cuando hizo uso de otras vías
de protección jurisdiccional idóneas para resolver la litis infundadamente propuesta en
la presente acción y por lo mismo genera su improcedencia, teniendo en cuenta que
ésta es un mecanismo de protección subsidiario. (...)»
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra la providencia
del 27 de febrero de 2025, que modificó la sentencia de primera instancia, en el marco
del proceso de reparación directa, en que la accionante fungió como parte
demandada.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°.80 del 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamenta2. De conformidad con su
jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el
afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
2
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal,
que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale con claridad
los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi) que la
providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela 3.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Relevancia constitucional
La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional4
(i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo cual no basta con
enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben expresar las
razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales
derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que la tutela no
constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto constitucional y
no meramente legal y/o económico.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos antes
expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la
controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de
los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
3
Ibidem.
4 sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
Además de lo anterior, la Corte indicó que:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales; a
saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad
de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal (…)»
Caso concreto
La accionante considera que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho
fundamental al debido proceso - derecho de defensa, al proferir la providencia
cuestionada. Sostiene que en esta se incurrió en defecto fáctico por indebida
valoración probatoria, dándole tratamiento desigual en este ámbito a la Fiscalía
General de la Nación.
Afirma, a su vez que, de los hechos narrados, las pruebas aportadas en la demanda,
las pruebas decretadas e incorporadas por la primera instancia e interpretadas en la
parte motiva de la sentencia condenatoria de segunda instancia, no se estructura falla
en el servicio bajo el régimen objetivo, ni subjetivo, como tampoco puede configurarse
un daño antijuridico que comprometa la responsabilidad antes mencionada.
La autoridad accionada, por su parte, subrayó que, luego de haber acreditado el
incumplimiento funcional en el deber de protección por la fuerza pública, era dable
que la Policía Nacional reparara el daño causado a los demandantes, conforme se
ordenó en primera instancia, responsabilidad que deberá compartir con la Fiscalía
General de la Nación, dado que esta entidad también omitió el cumplimiento de su
deber constitucional de protección a la extinta testigo dentro del proceso penal.
Adujo el Tribunal que, también se encontraba en cabeza de la Fiscalía la realización
de actuaciones tendientes a mitigar el riesgo en que se encontraba la señora Flórez
Contreras, puesto que se trataba de una persona de la cual pudo advertirse desde el
momento que rindió la entrevista, que contaba con información relevante sobre la
comisión de un delito y que tenía un aporte sustancial para la investigación penal,
pudiendo ser testigo, interviniente o victima dentro del proceso penal seguido por la
muerte de su hijo, como quiera que declaró quienes eran las personas involucradas
en el asesinato de su hijo y que las mismas también habían intentado atentar contra
su vida, asistiendo a su vivienda y realizándole llamadas intimidantes.
De conformidad con lo antes planteado, el Tribunal accionado concluyó:
(…) «De esta manera, para esta Colegiatura la Fiscalía General de la Nación, además,
de haber solicitado protección a la estación de Policía respectiva, debió tomar una
medida de protección inmediata iniciando con el proceso respectivo para determinar si
la señora Lilia Isabel Flórez Contreras podía ser incluida en el programa de protección
y asistencia a las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso penal y con ello,
procurar cumplir con los fines del Estado en torno a su deber constitucional de
protección.» (…)
En consecuencia, la Sala advierte que los argumentos presentados por la accionante
no acreditan una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se
encaminan a volver sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y
esgrimen divergencias de carácter netamente legal:
(…) «Esto, pues el Tribunal accionado consideró, con base en el marco normativo y los
fundamentos fácticos aplicables al caso, que el ataque perpetrado en contra de la señora
Lilia Isabel Flórez Contreras no se constituyó como un evento irresistible tanto para la
Policía Nacional como para la Fiscalía General de la Nación, en tanto, tuvieron
conocimiento que el señor William Manuel Rudiño Durango asistió a la casa de la víctima
con la finalidad de asesinarla, y que conforme su dicho, este señor estuvo involucrado
en la muerte de su hijo llevada a cabo el 16 de octubre de 2011, además, fue previsible
por que el atentado se produjo días después de que la víctima informó sobre las
amenazas, y, finalmente, se encuentra probada la exterioridad de la conducta delictual
comoquiera que el delito fue ejecutado por terceros ajenos a la entidad.» (…)
En cuanto a la exoneración de responsabilidad, señaló el Tribunal accionado:
(…) «Así las cosas, no se configuran los tres elementos con los cuales las demandadas
pueden exonerarse de responsabilidad, lo anterior, puesto que, si la Policía Nacional
tiene conocimiento acerca de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre
determinada persona, el deber genérico de protección y seguridad se concreta y exige
una conducta activa de su parte que, de omitirse, permite que se declare su
responsabilidad por el daño derivado de la materialización del peligro.»(…)
Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad judicial
accionada, resulta improcedente que el juez de tutela revise o evalúe la interpretación
y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no es una instancia
adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la autonomía e
independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las razones expuestas,
la acción de tutela no cumple con el requisito general de relevancia constitucional.
La acción de tutela excepcionalmente procede contra providencia judicial cuando el
asunto tenga una relevancia constitucional y no se busque una tercera instancia a lo
decidido por el juez de conocimiento, ni se pretenda reabrir debates netamente legales
contenidos en los códigos de procesales. “El enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen
a la controversia judicial”.5
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de la Fiscalía General de la
Nación contra el Tribunal Administrativo de Córdoba.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
VF
5 Corte Constitucional SU-128 de 2021
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