Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02723-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02723-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02723-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
25 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02723-00
Accionante: ASOCIACIÓN CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
PIEDECUESTA Y OTRO
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA-Carácter subsidiario de la acción de tutela. TUTELA-No procede para interferir en las decisiones que
están pendientes en el trámite del proceso ordinario. MORA JUDICIAL-Se configura por la dilación injustificada.
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Germán Rincón Durán actuando
en nombre propio y en calidad de comandante y representante legal del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Piedecuesta y de Barbosa contra el Tribunal Administrativo
de Santander y la Junta Departamental de Bomberos de Santander.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
El 8 de mayo de 2025, Germán Rincón Durán actuando en nombre propio y en
calidad de representante legal del Cuerpo de bomberos Voluntarios de Piedecuesta,
formuló acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales de la Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedecuesta a
elegir y ser elegido, al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración
de justicia, que estima vulnerados por la Junta Departamental de Bomberos
Voluntarios de Santander, al convocar la posesión a los miembros elegidos el 7 de
marzo de 2025, y por el Tribunal Administrativo de Santander, al no decidir
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02723-00
Accionante: Asociación Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Piedecuesta y otro
Acción de tutela – Primera instancia
oportunamente sobre la solicitud de suspensión provisional presentada dentro del
proceso de nulidad1 en el que se atacó la legalidad de dicha elección.
En virtud de la acción de tutela, solicitó que se ordene a las autoridades accionadas
abstenerse de posesionar a los comandantes elegidos mientras se resuelve la
medida cautelar solicitada dentro del proceso ordinario, y que el Tribunal
Administrativo de Santander adopte oportunamente una decisión de fondo sobre la
admisión de la demanda de nulidad presentada el 26 de marzo de 2025. En tal
sentido planteó las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: TUTELAR mis derechos a ELEGIR Y SER ELEGIDO y al DEBIDO
PROCESO y en consecuencia se ordene a la JUNTA DEPARTAMENTAL DE
BOMBEROS DE SANTANDER se abstenga de aceptar como miembros de esa junta
a los comandantes de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja,
Floridablanca y Los Santos, hasta que se haya resuelto de manera definitiva la
demanda de nulidad de su elección.
SEGUNDO: Que se restablezcan mis derechos a la PARTICIPACIÓN, IGUALDAD y
DEBIDO PROCESO y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ordenando
al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER que resuelva oportunamente la
admisión de la demanda radicada bajo el No. 2025-00199.»
2. Hechos relevantes
El 26 de marzo de 2025, los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Piedecuesta y
Barbosa, ambos del departamento de Santander, presentaron, por conducto de
apoderado judicial, demanda de nulidad contra el acto de elección adoptado por la
Asamblea General Departamental de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de
Santander el 7 de marzo de 2025, mediante el cual se designaron tres
representantes ante la Junta Departamental de Bomberos.
Respecto de dicha decisión se alegó la vulneración de derechos fundamentales
como el voto secreto, el derecho a elegir y ser elegido, y el principio democrático de
representación proporcional. Inicialmente, la demanda fue radicada ante el Juzgado
Octavo Civil del Circuito de Bucaramanga, que mediante auto del 10 de abril de 2025
1 Proceso identificado con número de radicación: 68001-23-33-000-2025-00199-00.
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02723-00
Accionante: Asociación Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Piedecuesta y otro
Acción de tutela – Primera instancia
rechazó su conocimiento por falta de jurisdicción y remitió el expediente al Tribunal
Administrativo de Santander, proponiendo conflicto negativo de competencia.
El proceso2 fue recibido por esta última corporación el 24 de abril del mismo año,
encontrándose al despacho para estudio de admisión. En el libelo, se solicitó la
suspensión provisional de los efectos del acto de elección mencionado, así como la
notificación inmediata de dicha medida a la Secretaría del Interior de Santander, la
Junta Departamental de Bomberos del departamento y a los comandantes
designados.
No obstante, a más de dos meses de la presentación de la demanda, no se había
resuelto la petición cautelar, pese a que la Junta Departamental de Bomberos ya
había convocado a reunión para la posesión de los comandantes elegidos. El
accionante manifestó que tal situación comprometía sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la justicia y a la participación democrática, en tanto la
demora judicial impedía que se definiera con celeridad la legalidad del acto
cuestionado.
Finalmente, advirtió que el 16 de mayo de 2025 se llevaría a cabo la reunión de la
Junta Departamental y el 19 del mismo mes la de la Delegación Nacional de
Bomberos en Bogotá, espacios en los que se definiría la conformación de la Junta
Nacional, lo que afectaría irremediablemente su posibilidad de ser elegido para tales
cargos, en vista de que en el siguiente período ya no podría postularse por razones
de edad y de terminación de su mandato como comandante del cuerpo de bomberos.
3. Fundamentos de la solicitud
La acción de tutela se fundamentó en el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991, al
considerar que, aunque existía un medio judicial ordinario para la protección de los
derechos invocados -el cual ya había sido ejercido mediante demanda de nulidad-,
resulta necesario acudir al amparo constitucional como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
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Identificado con número de radicación: 68001-23-33-000-2025-00199-00.
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Accionante: Asociación Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Piedecuesta y otro
Acción de tutela – Primera instancia
El accionante sostuvo que dicho perjuicio se configuraría si se permitía la posesión
de los comandantes elegidos el 7 de marzo de 2025 antes de que se resolviera la
medida cautelar solicitada en el proceso contencioso, pues ello anularía su derecho
a participar en las decisiones del cuerpo bomberil a nivel departamental y nacional,
al no poder postularse nuevamente por razones de edad y de finalización de su
mandato como comandante.
En respaldo de su pretensión, invocó la vulneración de sus derechos fundamentales
a la participación democrática, a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. Alegó que la elección se realizó sin un reglamento claro y
sin garantías para las minorías, lo que impidió una representación equitativa y
desconoció el principio de legalidad. Añadió que la inactividad judicial en la definición
de la solicitud de suspensión provisional privaba de eficacia el control de legalidad
del acto demandado, con lo cual se debilitaba la función jurisdiccional y se
comprometía la supremacía constitucional.
4. Trámite procesal
El 19 de mayo de 2025 se inadmitió la tutela y se devolvió la solicitud al accionante
para que, en el término de tres días, aclarara la condición en la que actuaba y
adjuntara el poder correspondiente.
El 11 de junio de 2025, se admitió la acción, ordenó su notificación a las autoridades
judiciales accionadas. También se comunicó la decisión a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
En el escrito de contestación, el Tribunal Administrativo de Santander se limitó a
remitir copia digital del expediente del proceso de nulidad adelantado por el Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Piedecuesta y Barbosa contra los cuerpos de bomberos
integrantes de la Junta Departamental de Bomberos del Departamento de
Santander.
Por su parte, el capitán Manuel Enrique Salazar Hernández en calidad de
representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de los Santos, reconoció la
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02723-00
Accionante: Asociación Cuerpo de Bomberos
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Acción de tutela – Primera instancia
existencia de la demanda de nulidad contra la elección del 7 de marzo de 2025, pero
negó que se hubiesen vulnerado derechos fundamentales, al señalar que el
accionante participó activamente en dicha elección como integrante de una de las
planchas inscritas. Consideró que el resultado desfavorable no implica una violación
de derechos y que la acción de tutela no era procedente, pues existía un medio de
control ordinario en trámite. Solicitó negar la medida provisional y no tutelar los
derechos invocados, al no acreditarse un perjuicio irremediable. Requirió, además,
que se oficiara a la Secretaría del Interior del departamento de Santander para
allegar copia del acta de la asamblea de elección.
A su turno, el capitán Luis Alexander Díaz Arias, en calidad de representante legal
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, también resaltó la
existencia de un proceso de nulidad y que la tutela no puede usarse como
mecanismo para acelerar o buscar decisiones favorables dentro de las acciones
ordinarias presentadas, por lo que solicitó declarar improcedente la solicitud en
cuestión.
La parte accionante y los demás miembros de la Junta Departamental de Bomberos
de Santander guardaron silencio.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Santander, por la presunta omisión en resolver oportunamente la
solicitud de suspensión provisional presentada dentro del trámite del proceso de
nulidad promovido contra el acto de elección adoptado por la Asamblea General
Departamental de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Santander el 7 de marzo
de 2025.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02723-00
Accionante: Asociación Cuerpo de Bomberos
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Acción de tutela – Primera instancia
86 Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo dispuesto por
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena de la Corporación.
Mora judicial
La Corporación ha definido la mora judicial como la conducta dilatoria de un juez
para resolver un proceso judicial, que se explica por el desconocimiento injustificado
y negligente de los términos legales y que carece de un motivo probado y razonable.
Esta situación vulnera el debido proceso y el derecho de acceso a la administración
de justicia. Ahora bien, por las condiciones estructurales que producen congestión y
lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la decisión de un asunto
equivale a mora o a negligencia3. En efecto, dicha situación puede producirse por
causas externas como la excesiva carga laboral y la falta de una infraestructura
básica en los despachos judiciales, que limitan sus capacidades de acción4.
A su vez, la Corte Constitucional ha advertido que no todo desconocimiento de los
plazos establecidos en la ley da lugar a la violación de los derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia, pues ello solo se configura
cuando el juez no puede justificar su retardo. Así́, ha integrado el concepto
convencional de «plazo razonable» para evaluar si, al omitir resolver un proceso
judicial en término, el juez transgredió́ las garantías judiciales del usuario de la
administración de justicia. Dicho análisis abarca la complejidad del asunto, la
actividad procesal del interesado, la conducta del operador judicial y la afectación
generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso5.
Cuestión previa
Previo al análisis de fondo, la Sala advierte que la presente acción de tutela contiene
dos pretensiones. La primera, dirigida a obtener la protección de los derechos
3 Corte Constitucional, sentencia T-577 de 2008.
4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-
01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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Corte Constitucional, sentencia SU-179 de 2021.
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fundamentales invocados mediante la orden a la Junta Departamental de Bomberos
de Santander de abstenerse aceptar como miembros de dicha instancia a los
comandantes elegidos el 7 de marzo de 2025, hasta tanto se resuelva de manera
definitiva la demanda de nulidad interpuesta contra dicho acto.
La segunda, orientada a que se ordene al Tribunal Administrativo de Santander
adoptar una decisión oportuna sobre la admisión de la mencionada demanda de
nulidad, ante la supuesta dilación injustificada en su trámite.
Así las cosas, la Sala abordará el estudio de cada pretensión de forma separada,
con el fin de determinar si, en efecto, se configuran las vulneraciones alegadas por
el accionante.
Caso concreto
La parte accionante sostiene que el Tribunal Administrativo de Santander vulneró
sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido, al debido proceso, a la igualdad
y al acceso a la administración de justicia, al no haber resuelto oportunamente la
solicitud de suspensión provisional presentada dentro del proceso de nulidad
interpuesto contra el acto de elección de los miembros de dicha Junta, realizado el 7
de marzo de 2025.
Alegó que la omisión en pronunciarse antes de la posesión de los comandantes
electos permitiría la consolidación de una situación jurídica que impediría la
participación de su representante legal en los órganos de dirección bomberil a nivel
departamental y nacional, frustrando de forma definitiva los derechos políticos.
La accionante sostuvo que la ausencia de una decisión oportuna sobre la medida
cautelar solicitada desconocería el deber de celeridad procesal, agravaría la
situación personal de su representante legal y vaciaría de contenido el medio de
control ejercido.
No obstante, frente a la primera pretensión, relacionada con ordenar a la Junta
Departamental de Bomberos de Santander que se abstuviera de aceptar como
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miembros de esta junta a los comandantes de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios
de Barrancabermeja, Floridablanca y Los Santos, hasta tanto se resolviera de
manera definitiva la demanda de nulidad de su elección, la Sala advierte que el
reproche central del actor no se dirige a cuestionar el fondo del proceso ordinario,
sino a la demora en resolver la medida cautelar solicitada.
En ese contexto, y de acuerdo con la consulta efectuada en el aplicativo SAMAI, la
demanda fue inadmitida y desde el 8 de julio de 2025 se halla en el despacho
pendiente de decisión sobre su admisión. En consecuencia, lo planteado por la parte
actora corresponde a la ausencia de pronunciamiento oportuno respecto de la
solicitud cautelar.
Frente a la segunda pretensión, dirigida a que se restablecieran sus derechos a la
participación, la igualdad, el debido proceso y el acceso a la administración de
justicia, y que se ordenara al Tribunal Administrativo de Santander resolver sin
demora la admisión de la demanda de nulidad y la decisión de la medida cautelar, la
Sala analizó que la acción de tutela lleva un tiempo considerable esperando ser
admitida y la medida cautelar resuelta.
La Corte Constitucional, en múltiples pronunciamientos, ha reconocido que la mora
judicial puede configurar una vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, en aquellos eventos en que la
inactividad procesal resulta injustificada y genera una afectación concreta y actual.
Así, en la sentencia SU-179 de 2021, la Corte precisó que cuando la demora en la
actuación judicial compromete el goce efectivo de los derechos fundamentales, el
juez constitucional puede intervenir para exigir una respuesta oportuna por parte del
operador judicial, siempre que la actuación omitida resulte necesaria y no se advierta
una justificación razonable. En el presente caso, el tribunal no ha justificado la
demora en la admisión de la acción, ni la demora en el pronunciamiento frente a la
medida cautelar solicitada.
En aplicación del precedente al caso concreto, la Sala evaluó si la falta de
pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Santander sobre la solicitud de
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admisión y la medida cautelar formulada por la parte accionante dentro del proceso
de nulidad, obedeció a una demora procesal ordinaria o si, por el contrario, reveló
una omisión injustificada que hiciera procedente el amparo constitucional de forma
transitoria.
La Sala advierte que el proceso de nulidad fue radicado ante el Tribunal
Administrativo de Santander el 24 de abril de 2025 y que, hasta el 20 de junio
siguiente, es decir, casi dos meses después, la demanda fue inadmitida.
Posteriormente, el 7 de julio siguiente, la parte accionante presentó el escrito de
subsanación requerido.
No obstante, el Tribunal dentro del trámite de esta acción de tutela no presentó
respuesta o explicación alguna sobre el tiempo transcurrido entre la radicación y la
decisión de inadmisión ni sobre la falta de pronunciamiento respecto de la solicitud
de suspensión provisional elevada junto con la demanda. Para la Sala es claro que,
mediante la consulta en el aplicativo SAMAI, a la fecha, el expediente se encuentra
nuevamente al despacho desde el 8 de julio del mismo año, sin que conste actuación
alguna encaminada a resolver la admisión, lo que pone en evidencia una ausencia
de gestión procesal y configura, a todas luces, una mora judicial injustificada por
parte de la autoridad accionada.
En ese contexto, y conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la falta de
pronunciamiento oportuno, unida a la ausencia de justificación objetiva por parte de
la autoridad judicial accionada, configura una mora judicial injustificada, con potencial
para afectar los derechos fundamentales de la asociación, por intermedio de su
representante legal a la participación democrática, al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-02723-00
Accionante: Asociación Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Piedecuesta y otro
Acción de tutela – Primera instancia
RESUELVE:
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
participación y al acceso a la administración de justicia de la Asociación Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Piedecuesta y Barbosa, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que, dentro del
término de tres (3) días siguientes a la notificación de esta decisión, emita
pronunciamiento expreso sobre la admisión de la demanda de nulidad radicada bajo
el número 68001-23-33-000-2025-00199-00, presentada por el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Piedecuesta y otros, en los términos expuestos en la parte
considerativa de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE las demás pretensiones de la acción de
tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
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ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
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