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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02724-00

Fecha
3 de julio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02724-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia, respecto de la solicitud de amparo presentada por el actor, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia, conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 13 Núm. único de radicación: 110010315000202502724-00 Actor: Omar Jaramillo Fonseca

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02724-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

3 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202502724-00
Actor: Omar Jaramillo Fonseca
Demandada: Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga

Tema: Carencia actual de objeto por sustracción de materia dentro del marco de
la acción de tutela

Derechos fundamentales invocados: i) Debido proceso; ii) igualdad; y iii)
dignidad humana

Derechos fundamentales amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El señor Omar Jaramillo Fonseca, actuando en nombre propio, presentó acción de
tutela contra la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Buga.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
consideraciones de la Sala y iii) falla; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. El señor Omar Jaramillo Fonseca, actuando en nombre propio, presentó acción
de tutela contra la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de

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Núm. único de radicación: 110010315000202502724-00
Actor: Omar Jaramillo Fonseca

Buga, porque, a su juicio, al proferirse la Resolución núm. 075 de 30 de abril de
2025, mediante la cual se nombró bajo la modalidad de encargo a la doctora Diana
Carolina Briceño Bernal como titular del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de
Buga - Valle del Cauca, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad y a la dignidad humana.

Presupuestos fácticos

2.Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela son
los siguientes:

3.Señaló que “[…] Por medio de resolución No. 051 de fecha 10 de marzo de 2025,
la Sala de Gobierno del Honorable Tribunal Superior de Buga, concedió vacaciones
individuales a la señora Juez Primero Promiscuo de Familia de esta localidad quien
es la titular del despacho, por el termino de 25 días y por los servicios prestados a
la Rama Judicial entre el 06 de noviembre de 2023 y el 05 de noviembre de 2024,
para disfrutarlas a partir del 5 de mayo de 2025 hasta el 29 del mismo mes y
año, inclusive […]”.

4. Adujo que “[…] La publicación de la vacante se realizó mediante acuerdo en la
página de la rama judicial los días 3 y 4 de marzo de 2025, ítem publicaciones
procesales avisos, donde indican “Se dará prelación y/o prioridad a los
empleados de carrera judicial del aludido despacho, de conformidad con lo
establecido en el artículo 68 de la ley 2430 de 2024, los interesados deberán
presentar su petición a la Secretaria General del Tribunal Superior Buga, al correo
electrónico prestsbuga@cendoj.ramajudicial.gov.co, adjuntando la hoja de vida
con los documentos requeridos para ocupar dicho cargo, incluida copia del acto
administrativo mediante el cual se le nombra en propiedad, y deberán acreditar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 66 de la Ley 2430 de
2024 que modificó el artículo 128 de la Ley 270 de 1996 […]”.

5. Expresó que “[…] Para el día 3 de abril de 2025, me postulé aceptando el cargo
de juez por el periodo vacacional de la titular del juzgado, en razón que revisada la
página de la rama judicial en publicaciones procesales, dicha convocatoria, no se

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Núm. único de radicación: 110010315000202502724-00
Actor: Omar Jaramillo Fonseca

hizo por aquella que se encuentra actualizada a la fecha, si no por el ítem de
AVISOS, el cual se encuentra desactualizado […]”.

6. Manifestó que se le hizo “[…] el respectivo requerimiento a través de mi correo
personal por parte de la secretaria Sala Civil Familia del Honorable Tribunal
Superior de Buga Valle, a fin de que complementara la hoja de vida con la remisión
del título de abogado y las certificaciones (diplomados, capacitaciones o
especializaciones) que posea sobre el Sistema de Responsabilidad Penal
para Adolescentes o Constitucional […]”.

7. Agregó que frente al respectivo requerimiento respondió informando que cuenta
con 23 años de experiencia en la rama judicial remitiendo el titulo de abogado y el
acta de grado, de igual manera afirmó que no cuenta con especializaciones o
diplomados.

8.Manifestó que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga expidió la
Resolución núm. 075 de 30 de abril de 2025, por medio del cual resolvió lo
siguiente:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar bajo la modalidad de encargo a la doctora
Diana Carolina Briceño Bernal, identificada con la cédula de ciudadanía número
1.115.081.773, como titular del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buga,
Valle del Cauca, a partir del 5 y hasta 29 de mayo de 2025, inclusive, concretamente
durante las vacaciones concedidas a quien ostenta la propiedad del cargo en el
despacho, de acuerdo con las anteriores consideraciones.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali y a la interesada para los fines pertinentes. Glosar una
copia en la hoja de vida de la nombrada […]”.

9.Indicó que “[…] resulta contradictorio el argumento que plantea los 12
honorables magistrados y el secretario general de la Sala Civil Familia en la
resolución No 75 que conformaron la sala plena del 30 de abril de 2025, al
establecer que para designar la persona idónea para ejercer el cargo en
provisionalidad por encargo, a partir del 5 y hasta 29 de mayo de 2025, inclusive
por espacio de 25 días, se debe exigir especialidades para dicha postulación […]”.

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Actor: Omar Jaramillo Fonseca

La solicitud de tutela

Pretensiones

10.El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: Solicito de forma respetuosa dejar sin efectos la resolución No 75
que conformó la sala plena del 30 de abril de 2025, a fin de que se corrija la misma,
frente a los parámetros establecidos por la ley 2430 articulo 68 numeral 2º inciso 1º,
en el sentido de “dar prelación y/o prioridad a los empleados de carrera judicial
del aludido despacho”, se me concedan los derechos invocados en esta acción
tutelar.

SEGUNDO: Se VINCULE al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – al
PRESIDENTE DE ASONAL JUDICIAL Jairo Alberto Amezquita Collazos, Correo:
asonalnacional@gmail.com – asonalnacional@hotmail.com), al JUZGADO
PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA, como a los EMPLEADOS DEL JUZGADO
PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA que se encuentran en carrera administrativa.
En igual sentido, a LAS PERSONAS QUE SE POSTULARON EN DICHA
CONVOCATORIA, para ejercer dicho cargo y a LAS PERSONAS QUE SE
ENCUENTRAN EN LISTA DE ELEGIBLES. Ello en razón de no ir en contravía de
derechos fundamentales adquiridos y se tenga en cuenta las consideraciones en
dicha acción tutelar […]”.

10.1. Como fundamento de su solicitud, el actor expuso lo siguiente:

“[…] En ninguno de los apartes de dicha normatividad, como tampoco en las normas
legales, como lo establecen los honorables magistrados nominadores en su
resolución, se necesita especialización alguna, diplomados, posgrados en el área de
responsabilidad penal para adolescentes, para ocupar dicho cargo, pues exigir este
requisito, lo reitero, son políticas internas de la corporación accionada, la toma de
decisiones en este caso, no puede ser discrecional, debe basarse en criterios
objetivos, concretos y razonados. Entre otras cosas, porque: 1) Se le dio prevalencia
a un nombramiento en provisionalidad, de una empleada judicial que detenta la
propiedad en otro despacho judicial fuera del municipio de Tuluá y que actualmente
se encuentra en provisionalidad como secretaria en otro despacho judicial del
municipio de Buga. 2) realizo consideraciones contradictorias a la ley 2430 de 2024.
3) ignoró el artículo 68 inciso 2º de la ley en mención, desplazando al empleado en
propiedad de dicho despacho. Máxime cuando cuento con toda la experiencia
suficiente en área de familia, civil, penal (Ley 906 de 2004 y penal para adolescentes
(Ley 1098 de 2006), para ejercer dicho cargo, y más aún en la cual tengo el
conocimiento como opera el manejo del juzgado en la parte jurídica y administrativa,
a diferencia de la persona nombrada […]”.

[…]

“[…] Bajo esa perspectiva, y a partir de estos razonamientos efectuados, considero
que se me están vulnerando los derechos adquiridos y solicitados en esta acción
tutelar, derechos que he cumplido con todos los requisitos en la ley, lo cual no es válido
poner cortapisas administrativas que afecten el núcleo fundamental de estos
derechos. En esa medida, teniendo claro que lo que se busca con este requisito

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Núm. único de radicación: 110010315000202502724-00
Actor: Omar Jaramillo Fonseca

(Especializaciones), es el mejoramiento del servicio, la definición de competencias,
calidades, perfiles y habilidades para desempeñarse en dicho cargo, lo cierto es que,
nada obsta para que el análisis deba hacerse a la luz del perfil y el bagaje jurídico que
tiene este accionante en diferentes estrados judiciales, inscrito en carrera
administrativa desde el año 2002 y que opta por desempeñar la vacante por el termino
de 25 días, amparado a la luz de la ley 2430 de 2024 articulo 68 núm. 2 inciso 1º […]”.

Actuación

11.El Despacho sustanciador, mediante auto de 12 de mayo de 2025: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Civil Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga- Valle del Cauca; y iii) vinculó como
terceros con interés legítimo, a la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la
Judicatura, al Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Buga- Valle del
Cauca y al presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial
• Asonal Judicial, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindiera informe
sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

12.El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Oralidad señaló que:

“[…] Así las cosas, es necesario indicar que, el Juzgado que represento, ninguna
injerencia tuvo o tiene en el tipo de actos denunciados por el accionante, siendo del
resorte exclusivo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en su calidad de
nominador […]”.

13.La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga afirmó
que:

“[…] Se destaca que la vacancia temporal atendía a la provisión de la persona titular
del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buga, el cual tiene la competencia y
conocimientos de asuntos de Responsabilidad Penal para Adolescentes, y al revisar
la hoja de vida del tutelante Omar Jaramillo Fonseca, no logró comprobar el requisito
establecido en el parágrafo 2° del artículo 163 de la Ley 1098 de 2006, que reza: “La
designación de quienes conforman el sistema de responsabilidad penal para
adolescentes deberá recaer en personas que demuestren conocimiento calificado
de derecho penal, y de infancia y familia, y de las normas internas e internacionales
relativas a derechos humanos.” (Negrillas propio). Esta norma es complementaria a
lo establecido en el artículo 66 de la Ley 2430 de 2024, como si se pudo comprobar
con la doctora Diana Carolina Briceño Bernal, quien, además de acreditar el título
de abogada, aportó el diploma de Especialista en Derecho Penal y Derecho de

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Actor: Omar Jaramillo Fonseca

Familia, entre otras capacitaciones; aunado a ello, encontrarse en carrera judicial
[…]”.

14.La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura solicitó “[…] negar el amparo solicitado porque con el actuar
administrativo no se han vulnerado ni afectado los derechos fundamentales
invocados […]”.

15.La Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial - Asonal Judicial-,
pese a ser notificada en debida forma, guardó silencio en esta oportunidad
procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

16.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20212 y con el artículo 133 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20194, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

17.La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
2 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos

13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
y 90”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Actor: Omar Jaramillo Fonseca

Problema Jurídico

18.En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si, en efecto: i) es
procedente o no declarar la carencia actual de objeto por sustracción de materia;
y si la respuesta al anterior interrogante es negativa ii) corresponde establecer si
se deben proteger los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y
a la dignidad humana invocados por el actor, los cuales considera vulnerados por
la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, al haber
proferido la Resolución núm. 075 de 30 de abril de 2025.

19.Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas:
i) la carencia actual de objeto por sustracción de materia dentro del marco de la
acción de tutela; ii) análisis del caso concreto; iii) las conclusiones de la Sala.

La carencia actual de objeto por sustracción de materia dentro del marco de
la acción de tutela

20.La Corte Constitucional ha señalado que la carencia actual de objeto por
sustracción de materia se configura bajo los siguientes términos:

“[…] Durante el transcurso del proceso pueden sobrevenir hechos que cambien la
situación del accionante frente a la entidad accionada. (…) Se presenta, en
consecuencia, una inexistencia del objeto jurídico tutelable.

Esta Corporación ha considerado que cuando el hecho está superado, la protección
a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez de tutela queda
imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental
invocado”5.

En consecuencia, hay carencia actual de objeto por sustracción de materia, en
aquellos casos en que deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez
constitucional debe tomar una decisión6 […]”. (Resaltado por la Sala).

5 Cita del texto original: “Sentencia T-682 de 2001. También en la Sentencia T-137 de 2004 se expuso: “El

objeto de la presente acción de tutela era el de amparar los derechos a la vida, al mínimo vital, a la seguridad
social y al pago oportuno de las mesadas pensionales del accionante, los cuales se consideraban vulnerados
por el retardo prolongado en el pago de las mesadas correspondientes a los meses de junio a agosto de 2003.
Sin embargo, tal y como aparece en el expediente el Municipio del Guamo recibió de MEGABANCO la suma
de ochenta y dos millones once mil novecientos veinte pesos ($82.011.920), para el pago de las mesadas
pensionales a cargo del municipio y correspondientes a los meses de julio y agosto de 2003, dentro de las
cuales se incluyeron las mesadas reclamadas por el demandante. Esta circunstancia hace que el presente
pronunciamiento carezca, a la fecha, de objeto, por lo cual habrá de declararse que ha operado el fenómeno
de la sustracción de materia”.
6 Cita del texto original: “Sentencia T-597 de 2008”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202502724-00
Actor: Omar Jaramillo Fonseca

21.Sobre el mismo punto, esta Sección ha expuesto7:

“[…] la carencia actual de objeto, por sustracción de materia, se configura en
aquellos casos en que deja de existir el objeto jurídico respecto del cual el juez
constitucional debe tomar una decisión, por lo cual, la protección a través de
la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez constitucional queda
imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental
invocado, tal y como ocurre en el presente caso […]”. (Resaltado en el texto original).

22.En ese orden de ideas, la Sala resalta que la carencia actual de objeto por
sustracción de materia en la acción de tutela se configura en aquellos eventos en
los cuales, durante el trámite de la acción de tutela, desaparece la causa que dio
origen a la presunta vulneración de los derechos fundamentales, razón por la cual
deja de tener sentido o fundamento la solicitud de amparo y, en esa medida, no
resultar factible para el juez constitucional emitir alguna orden.

Análisis del caso concreto

23.Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

24.La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

25.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de septiembre
de 2021, núm. único de radicación 11001-03-15-000-2021-02263-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Núm. único de radicación: 110010315000202502724-00
Actor: Omar Jaramillo Fonseca

25.1.Copia del escrito de tutela presentado por el actor.

25.2.Copia de la Resolución núm. 051 de 10 de marzo de 2025 expedido por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.

25.3.Copia de la Resolución núm. 075 de 30 de abril de 2025 expedido por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.

Solución del caso concreto

26.El actor en su escrito de tutela solicitó lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Solicito de forma respetuosa dejar sin efectos la resolución No 75
que conformó la sala plena del 30 de abril de 2025, a fin de que se corrija la misma,
frente a los parámetros establecidos por la ley 2430 articulo 68 numeral 2º inciso 1º,
en el sentido de “dar prelación y/o prioridad a los empleados de carrera judicial
del aludido despacho”, se me concedan los derechos invocados en esta acción
tutelar.

.-SEGUNDO: Se VINCULE al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – al
PRESIDENTE DE ASONAL JUDICIAL Jairo Alberto Amezquita Collazos, Correo:
asonalnacional@gmail.com – asonalnacional@hotmail.com), al JUZGADO
PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA, como a los EMPLEADOS DEL JUZGADO
PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA que se encuentran en carrera administrativa.
En igual sentido, a LAS PERSONAS QUE SE POSTULARON EN DICHA
CONVOCATORIA, para ejercer dicho cargo y a LAS PERSONAS QUE SE
ENCUENTRAN EN LISTA DE ELEGIBLES. Ello en razón de no ir en contravía de
derechos fundamentales adquiridos y se tenga en cuenta las consideraciones en
dicha acción tutelar […]”.

27.El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga expidió la Resolución núm. 051
de 10 de marzo de 2025 por medio del cual resolvió lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Conceder vacaciones individuales al doctor Islena
Becerra Tascón, identificada con la cédula de ciudadanía número 29.784.593, en
el cargo de Juez Primera Promiscuo de Familia del Circuito de Buga, Valle del
Cauca, por el término de veinticinco (25) días continuos, a partir del 5 de mayo de
2025 y hasta el 29 del mismo mes y año, inclusive, de acuerdo con las
consideraciones antes expuestas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente resolución a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cali y a la interesada. Incorporar un
ejemplar a su hoja de vida para el control respectivo […]”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202502724-00
Actor: Omar Jaramillo Fonseca

28.El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga con el fin de suplir la respectiva
vacancia temporal como consecuencia de las vacaciones concedidas a la titular
del Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Circuito de Buga, expidió la
Resolución núm. 075 de 30 de abril de 2025 por medio del cual resolvió lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar bajo la modalidad de encargo a la doctora
Diana Carolina Briceño Bernal, identificada con la cédula de ciudadanía número
1.115.081.773, como titular del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buga,
Valle del Cauca, a partir del 5 y hasta 29 de mayo de 2025, inclusive, concretamente
durante las vacaciones concedidas a quien ostenta la propiedad del cargo en el
despacho, de acuerdo con las anteriores consideraciones.

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali y a la interesada para los fines pertinentes. Glosar una
copia en la hoja de vida de la nombrada […]”.

29.En el caso sub examine y conforme lo expuesto supra, la Sala observa que lo
que pretendía el actor con la acción de tutela de la referencia era que se dejara sin
efectos jurídicos “[…] la resolución No 75 que conformó la sala plena del 30 de
abril de 2025, a fin que se corrija la misma, frente a los parámetros establecidos
por la ley 2430 articulo 68 numeral 2º inciso 1º, en el sentido de “dar prelación y/o
prioridad a los empleados de carrera judicial del aludido despacho”, se me
concedan los derechos invocados en esta acción tutelar […]”.

30.Ahora bien, teniendo en cuenta la finalidad de esta acción de amparo y las
pretensiones perseguidas a través de la misma, la Sala considera que en el asunto
objeto de estudio se ha configurado la figura jurídica de la carencia actual de objeto
por sustracción de materia porque para este momento la modalidad del encargo
de juez primero Promiscuo de Familia de Buga, Valle del Cauca al cual aspiraba
ocupar el actor mientras la titular del mismo gozaba de las vacaciones, se terminó,
teniendo en cuenta que en los términos de la Resolución núm. 075 dicho encargo
temporal iniciaba a partir del 5 de mayo del presente año y hasta el 29 de mayo
de 2025, lo cual ya aconteció.

31.Ahora bien, la Sala Plena de esta Corporación frente a la carencia actual de
objeto por sustracción de materia, ha señalado, lo siguiente:

“[…] El Consejo de Estado, en su función de ‘tribunal supremo de lo contencioso
administrativo’, ha entendido por sustracción de materia la desaparición de los

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Actor: Omar Jaramillo Fonseca

supuestos, hechos o normas que sustentan un medio de control, antes acción,
lo cual ocasiona que el juez no pueda pronunciarse porque se ha extinguido la
causa que originó́ el acudir a la jurisdicción…

“De acuerdo con la jurisprudencia contencioso administrativa de esta
Corporación, si las causas que originaron el ejercicio del medio de control
desaparecen, el juez debe declararse inhibido para resolver el asunto ya que
no hay objeto que se sujete a una sentencia. Lo anterior, porque la sustracción
de materia, admitida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo como
causal para inhibirse, opera cuando la relación sustancial o material que originó
la litis ha variado de sentido, o incluso desaparecido […]”8.

32.La Corte Constitucional se ha referido a la carencia actual de objeto por
sustracción de materia en los siguientes términos:

“[…] 3. Carencia actual de objeto por sustracción de materia

Conforme al artículo 86 de la Carta Política, toda persona tiene acción de tutela
para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, y “(…) la protección consistirá en una orden
para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de
hacerlo”.

Así, cuando los supuestos de hecho que dan lugar a la amenaza o violación de
los derechos fundamentales desaparecen, dado que sobre el asunto debatido
ya hay una solución, se configura la carencia actual de objeto por sustracción
de materia.

Esta Corporación, al resolver una acción de tutela interpuesta por un Concejal
minusválido de la ciudad de Tunja, contra la Alcaldía de esa misma
municipalidad, porque las instalaciones del Consejo no tenían las facilidades
de acceso para personas como él; expuso el criterio de la carencia actual de
objeto por sustracción de materia, dado que no había objeto jurídico tutelable
al fallar el asunto, pues se encontró que el accionante ya no ejercía como
concejal. Así, dijo en tal oportunidad[8]:

“Carencia actual de objeto por sustracción de materia

Durante el transcurso del proceso pueden sobrevenir hechos que cambien la
situación del accionante frente a la entidad accionada. (…) Se presenta, en
consecuencia, una inexistencia del objeto jurídico tutelable.

Esta Corporación ha considerado que cuando el hecho está superado, la
protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez de
tutela queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho
fundamental invocado […]”.

33.De lo anterior se colige que la carencia actual de objeto, por sustracción de
materia, se configura en aquellos casos en que deja de existir el objeto

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Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 19 de julio de 2016, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Actor: Omar Jaramillo Fonseca

jurídico respecto del cual el juez constitucional debe tomar una decisión, por
lo cual, la protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia,
el juez constitucional queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección
del derecho fundamental invocado, tal y como ocurre en el presente caso.

34.Aplicando dicho criterio al caso bajo examen, se advierte que no hay lugar a
emitir un pronunciamiento de fondo dentro del presente asunto, toda vez que existe
carencia actual de objeto por sustracción de materia, pues, en efecto, ha
desaparecido el hecho constitutivo de la amenaza a los derechos fundamentales
del actor y, en ese sentido, no se pueden emitir las medidas solicitadas y tampoco
se puede revertir dicha situación.

Conclusiones de la Sala

35.Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por
sustracción de materia, por las razones previamente expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia,
respecto de la solicitud de amparo presentada por el actor, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia, conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

13

Núm. único de radicación: 110010315000202502724-00
Actor: Omar Jaramillo Fonseca

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado (E2)

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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