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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02724-01

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02724-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de 3 de julio de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, dadas las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02724-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

28 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-02724-01
Demandante OMAR JARAMILLO FONSECA
Demandado TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE BUGA
Temas Acción de tutela. Carencia actual de objeto. Vacante temporal por
vacaciones de juez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta decide la impugnación interpuesta por el señor Omar Jaramillo
Fonseca contra la sentencia de 3 de julio de 2025, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Primera que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia, respecto de
la solicitud de amparo presentada por el actor, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 5 de mayo de 20251, el señor Omar Jaramillo Fonseca instauró acción de tutela
contra el Tribunal Superior del Distrito de Buga (Valle del Cauca), por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, dignidad
humana y los principios de buena fe, confianza legítima y no discriminación.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Solicito de forma respetuosa dejar sin efectos la resolución No 75 que conformó
la sala plena del 30 de abril de 2025, a fin de que se corrija la misma, frente a los parámetros
establecidos por la ley 2430 articulo 68 numeral 2º inciso 1º, en el sentido de “dar prelación
y/o prioridad a los empleados de carrera judicial del aludido despacho”, se me concedan los
derechos invocados en esta acción tutelar.
SEGUNDO: Se VINCULE al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – al PRESIDENTE
DE ASONAL JUDICIAL Jairo Alberto Amézquita Collazos, Correo: asonalnacional@gmail.com
– asonalnacional@hotmail.com), al JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA, como
a los EMPLEADOS DEL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO DE FAMILIA que se encuentran
en carrera administrativa.
En igual sentido, a LAS PERSONAS QUE SE POSTULARON EN DICHA CONVOCATORIA,
para ejercer dicho cargo y a LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN LISTA DE
ELEGIBLES. Ello en razón de no ir en contravía de derechos fundamentales adquiridos y se
tenga en cuenta las consideraciones en dicha acción tutelar».

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Mediante Resolución 051 de 10 de marzo de 2025, el Tribunal Superior del
Distrito de Buga concedió vacaciones individuales a la juez que preside el
Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buga (Valle del Cauca) por el
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Demandante: Omar Jaramillo Fonseca

término de 25 días continuos, a partir del 5 de mayo de 2025 hasta el 29 del
mismo mes y año.

2.2. El señor Omar Jaramillo Fonseca, quien se desempeña como citador grado 3
en propiedad en el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buga, se postuló
para ser considerado en el nombramiento del cargo de juez de dicho despacho
judicial, durante las vacaciones concedidas a la juez titular.

2.3. A través de resolución 075 de 30 de abril de 2025, el Tribunal Superior del
Distrito de Buga nombró bajo la modalidad de encargo a la señora Diana
Carolina Briceño Bernal como juez del Juzgado Primero Promiscuo de Familia
de Buga a partir del 5 hasta 29 de mayo de 2025, para suplir las vacaciones
concedidas a la juez en propiedad.

3. Fundamentos de la acción

El actor reprochó la resolución 075 de 30 de abril de 2025, mediante la cual se
efectuó el nombramiento en encargo para el cargo de juez.

Indicó que la publicación de la vacante se realizó mediante acuerdo en la página de
la Rama Judicial los días 3 y 4 de marzo de 2025 y que allí se indicó lo siguiente:
«Se dará prelación y/o prioridad a los empleados de carrera judicial del aludido despacho, de
conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la ley 2430 de 2024».

En su criterio, el Tribunal accionado ignoró dicha norma al preferir a una empleada
judicial que detenta la propiedad en otro despacho judicial fuera del municipio de
Tuluá y que actualmente se encuentra en provisionalidad como secretaria en otro
despacho judicial del municipio de Buga.

También reprochó que dicha convocatoria se haya publicado por el ítem de avisos,
el cual se encuentra desactualizado; en sus palabras, esa situación generó «que este
empleado de carrera ignore dicha convocatoria por ese medio, como tampoco se nos notificó a los
empleados que estamos en carrera en dicho estrado judicial, por lo cual a la fecha aludida en este
parágrafo reitere mi interés de asumir el cargo en provisionalidad, a fin que se dé estricto
cumplimiento a la ley en cita» (sic para toda la cita).

Relató que el Tribunal Superior del Distrito de Buga lo requirió mediante correo
electrónico, a fin de que complementara la hoja de vida con la remisión del título de
abogado y certificaciones, diplomados, capacitaciones o especializaciones sobre el
sistema de responsabilidad penal para adolescentes o constitucional.

El actor calificó tal solicitud como un «acto indecoroso, denigrante» y sostuvo que,
aunque no tiene especializaciones, cuenta con más de 23 años de experiencia en
la Rama Judicial y está inscrito en carrera desde el año 2002. Se preguntó, además,
si ¿es inaudito, absurdo, e inconcebible que un CITADOR JUDICIAL, se postule para el cargo de
juez?».

Agregó que el hecho de que se le haya solicitado contar con especializaciones
denota las políticas internas del Tribunal accionado. Sin embargo, esto no es un
requisito de ley, pues los únicos requerimientos son los establecidos en el artículo
128 de la Ley 270 de 1996. Por lo tanto, consideró que el Tribunal Superior del
Distrito de Buga suplantó la labor del legislativo al agregar requisitos para ser
nombrado juez que la ley no dispuso.

De otra parte, mencionó que, si bien la acción de tutela no es una herramienta que
pueda desplazar los mecanismos judiciales ordinarios de defensa como el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, la acción de tutela procede de
manera excepcional para cuestionar actos administrativos de carácter particular y
concreto que presuntamente lesionen los derechos de carrera judicial.

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Demandante: Omar Jaramillo Fonseca

4. Trámite e intervenciones

4.1. En auto de 7 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil, Agraria y Rural remitió el asunto al Consejo de Estado, en virtud de las
reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021, pues el artículo 1º,
numeral 8° de tal norma dispone que las tutelas promovidas por empleados
judiciales pertenecientes a la jurisdicción ordinaria son de conocimiento de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

4.2. Tras la remisión del asunto al Consejo de Estado, por auto de 12 de mayo de
2025 se admitió la acción de tutela interpuesta por el señor Omar Jaramillo
Fonseca contra el Tribunal Superior del Distrito de Buga, Sala Civil Familia; se
vinculó en calidad de terceros con interés al Consejo Superior de la Judicatura,
al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buga y a la Asociación Nacional
de Trabajadores del Sistema Judicial; y se dispuso efectuar las notificaciones
correspondientes.

4.3. El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buga, a través de la juez
Diana Carolina Briceño Bernal nombrada en encargo, indicó que no le compete
determinar quién fungirá como juez ante la existencia de una vacante temporal
o definitiva en el mencionado cargo; tal facultad le corresponde al Tribunal
Superior del Distrito de Buga dada su calidad de nominador.

4.4. El presidente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito de
Buga manifestó que los nombramientos de los jueces no los efectúa dicha
Sala, sino la totalidad del Tribunal.

Seguido, explicó que el parágrafo 2° del artículo 163 de la Ley 1098 de 2006
establece que «La designación de quienes conforman el sistema de responsabilidad penal
para adolescentes deberá recaer en personas que demuestren conocimiento calificado de
derecho penal, y de infancia y familia, y de las normas internas e internacionales relativas a
derechos humanos».

Indicó que la abogada Diana Carolina Briceño Bernal cumplía con ese
requisito, mientras que el tutelante no, pues aquella es especialista en Derecho
Penal y Derecho de Familia y, además, se encuentra en carrera judicial. Por
lo tanto, aseguró que no existe vulneración de derechos fundamentales al
actor, pues la decisión obedeció al cumplimiento de la Ley 2430 de 2024, la
sentencia C-134 de 2023, la Ley 1098 de 2006 y el principio de objetividad.

De otra parte, sostuvo que el acto administrativo controvertido en la tutela
puede ser atacado mediante demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho.

4.5. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
Carrera Judicial sostuvo que no cuenta con legitimación en la causa por
pasiva, puesto que la decisión sobre los nombramientos de los jueces de los
despachos judiciales corresponde al respectivo tribunal, en este el caso al
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga. Así lo establece el artículo 131
de la Ley 270 de 1996. De ahí que carece de injerencia alguna sobre el
nombramiento que motivó la acción de tutela y, por ende, sostuvo que de su
parte no existe vulneración a los derechos fundamentales del actor.

Precisó que tratándose de procesos de selección su competencia se restringe
a adelantar los concursos de méritos para contar con los registros de elegibles
necesarios para proveer los cargos que pertenecen al régimen de la carrera
judicial, pero no interviene en el nombramiento de quienes ocuparán los
diferentes cargos a proveer, sin importar su naturaleza. Este acto es propio de
cada autoridad nominadora.

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Demandante: Omar Jaramillo Fonseca

Por otra parte, manifestó que los actos administrativos emitidos por los
respectivos nominadores sobre nombramientos gozan de presunción de
legalidad y para desvirtuarla debe acudirse al juez natural mediante el ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Con base en lo expuesto, solicitó su desvinculación o la negativa del amparo
solicitado.

5. Providencia impugnada

Mediante sentencia de 3 de julio de 2025, el Consejo de Estado, Sección Primera
declaró la carencia de objeto por sustracción de materia, debido a que para la fecha
del fallo de tutela el encargo temporal, dispuesto en el acto administrativo
controvertido, ya había culminado, pues este iniciaba a partir del 5 de mayo hasta
el 29 de mayo de 2025, lo cual ya aconteció. De manera que el encargo al cual
aspiraba el actor, mientras la titular del juzgado gozaba de las vacaciones, se
terminó.

6. Impugnación

El actor impugnó la sentencia de primera instancia, pues consideró que el juez de
tutela de primera instancia debió tener en cuenta las subreglas de la figura de
carencia actual de objeto establecidas en la sentencia SU-522 de 2019.

Indicó que en el escrito de tutela informó sobre la ocurrencia del daño material y
moral y la gravedad dada la expedición de la resolución 75 del 30 de abril de 2025
y reprochó la dilación para proferir fallo de primera instancia.

Aseguró que, si bien la resolución objeto de la tutela tenía vigencia hasta el 29 de
mayo de 2025, era necesario que se emitiera un pronunciamiento de fondo y
detallado al estar probada la vulneración de los derechos fundamentales. Además,
en su criterio, no se superó el supuesto de hecho que originó la acción de amparo,
puesto que dentro del trámite de tutela no se acreditó que se haya solucionado la
situación que generó la vulneración de sus derechos.

Finalmente, mencionó que era desproporcionado adelantar un proceso judicial por
dicho acto administrativo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

Con base en los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala establecer si le
asistió razón al juez de primera instancia al declarar configurada la carencia de
objeto, en consideración a que el nombramiento en encargo efectuado mediante el
acto administrativo atacado ya finalizó.

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3. Carencia actual de objeto y su análisis en el caso

3.1. La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
inmediata de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o
vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los
particulares en casos concretos y excepcionales. Su finalidad, entonces, es
evitar que una amenaza a un derecho fundamental se materialice, o una vez
la vulneración ya se ha producido hacer que cese. Por ende, cuando los
hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no hay forma de
resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser.

La jurisprudencia constitucional ha denominado tal fenómeno como carencia
actual de objeto y ha señalado que, generalmente, este se presenta por: (i)
hecho superado, (ii) daño consumado y (iii) situación sobreviniente. Sobre esta
clasificación, la Corte Constitucional en sentencia T-280 de 2020 precisó:
«(…) la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia actual de objeto” para
identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad material en la que se encuentra el juez de
la causa para dictar alguna orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el
fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho
superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia
denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente”.
La primera de estas figuras, regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto
de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo, se evidencia
que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos
fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y,
por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez
de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de
desconocer.
La segunda de las figuras referenciadas, consiste en que a partir de la vulneración iusfundamental que
venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía
evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el
peligro, no es factible que el juez de tutela imparta una orden al respecto.
Para finalizar, se ha empezado a diferenciar por la jurisprudencia una tercera modalidad de eventos en
los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo de objeto y es en
aquellos casos en que, como producto del acaecimiento de una “situación sobreviniente” que no tiene
origen en el obrar de la entidad accionada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, sea porque el
actor mismo asumió una carga que no le correspondía, o porque, a raíz de dicha situación, perdió interés
en el resultado de la litis».

En la sentencia SU-522 de 2019, la Corte Constitucional explicó que el hecho
o situación sobreviniente es un tercer tipo de configuración de la carencia
actual de objeto, diseñada para cubrir escenarios que no encajan en las
categorías originales de hecho superado y daño consumado.

Esta figura se empleó por primera vez en la sentencia T-585 de 2010, en la
cual se estudió un caso de interrupción voluntaria del embarazo entorpecido
por trabas administrativas impuestas por la EPS. En sede de revisión, se
informó que la accionante no había continuado con el embarazo. Bajo ese
panorama, la Corte consideró que no se trataba de un hecho superado, pues
la pretensión de la actora de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo
dentro del sistema de salud fue rechazada, pero tampoco de un daño
consumado «en vista de que el nacimiento tampoco se produjo». La Corte, entonces,
explicó que existen «otras circunstancias en las que la orden del juez resultaría inocua
dado que el accionante perdió el interés en la satisfacción de la pretensión solicitada o ésta
fuera imposible de llevar a cabo»2 (Negrillas propias).

Sin que se trate de eventos taxativos, sino puramente ilustrativos, en la
sentencia T-002 de 2021 la Corte Constitucional señaló que existe un hecho
sobreviniente cuando: (i) el actor mismo es quien asume la carga que no le
correspondía para superar la situación vulneradora; (ii) un tercero distinto al

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Corte Constitucional. Sentencia SU-522 de 2019.

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accionante y a la entidad demandada ha logrado que la pretensión de la tutela
se satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible proferir alguna orden por
razones que no son atribuibles a la entidad demandada; o (iv) el actor
simplemente pierde interés en el objeto original de la acción.

Así las cosas, la institución del hecho sobreviniente surgió como una categoría
más amplia que las figuras predecesoras del hecho superado y daño
consumado y abarca «cualquier otra circunstancia que determine que, igualmente, la
orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún
efecto y por lo tanto caiga en el vacío»3 (Negrillas propias). Según se explicó en la
sentencia SU-522 de 2019, mencionada por el actor en la impugnación, no se
trata de un concepto homogéneo y completamente delimitado.

A su vez, en la sentencia T-002 de 2021 se estableció que tratándose de daño
consumado el juez puede emitir un pronunciamiento de fondo o tomar medidas
adicionales, dadas las particularidades del caso, mientras que estas últimas
son optativas cuando acontece un hecho superado o una situación
sobreviniente. En todo caso, el pronunciamiento de fondo o la implementación
de medidas procede para: (i) avanzar en la comprensión de un derecho
fundamental; (ii) llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional
de los hechos que motivaron la tutela y tomar medidas que prevengan una
violación futura; (iii) advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las
sanciones pertinentes; (iv) corregir las decisiones de instancia; o (v) adelantar
un ejercicio de pedagogía constitucional.

3.2. Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que la acción de tutela
carece de objeto por hecho o situación sobreviniente, en razón a que a la fecha
el nombramiento en encargo efectuado mediante la resolución 075 de 30 de
abril de 2025 atacada ya finalizó, pues las vacaciones concedidas a la juez
titular del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buga entre el 5 al 29 de
mayo de 2025 ya terminaron. Es imposible retrotraer el tiempo transcurrido en
el cual la abogada nombrada se desempeñó como juez en encargo.

Como se explicó previamente, la institución del hecho o situación sobreviniente
no es una «categoría homogénea y completamente delimitada»4; por el contrario, cobija
cualquier circunstancia acaecida luego de la interposición de la tutela, en virtud
de la cual lo solicitado en la demanda caiga en el vacío.

En criterio de la Sala, esta institución se configura en el caso, porque se trata
de una situación que no encaja en la figura del hecho superado, en tanto que
el acto administrativo controvertido surtió plenos efectos durante el lapso de
vacaciones concedidas. Tampoco se advierte la configuración del daño
consumado, pues no se advierte ninguna afectación objetiva en cabeza del
actor. Su desacuerdo con el nombramiento realizado de manera alguna
significa un daño objetivo a sus derechos fundamentales, pues la designación
no implica un detrimento en el disfrute de sus derechos de carrera, ni la
desmejora de sus condiciones laborales.

Ahora bien, en la impugnación el accionante sostuvo que más allá del paso del
tiempo debía analizarse si existió o no vulneración de derechos
fundamentales, más aún en consideración a que el fallo de primera instancia
se profirió extemporáneamente.

Si en gracia de discusión se aceptara tal argumento, lo cierto es que la tutela
interpuesta no superaría el requisito de subsidiariedad, en tanto que existen
mecanismos de defensa judiciales diferentes a la tutela que le permitían al

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Corte Constitucional. Sentencia SU-522 de 2019.
4
Corte Constitucional. Sentencia SU-522 de 2019.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02724-01
Demandante: Omar Jaramillo Fonseca

actor controvertir el acto administrativo cuestionado y solicitar el decreto de
medidas cautelares. Gracias a los cambios introducidos en la Ley 1437 de
2011, estas últimas garantizan celeridad y mayor campo de valoración para el
juez contencioso administrativo. De manera que en el supuesto de que
existiera un perjuicio de vasta magnitud ocasionado por el nombramiento en
encargo las medidas cautelares habrían garantizado la idoneidad y celeridad
del medio de control.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia mediante la cual se declaró la carencia de objeto, por considerar que
la tutela perdió su finalidad dada la terminación del encargo.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia de 3 de julio de 2025, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Primera, dadas las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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