Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02729-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02729-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02729-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
12 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02729-00
Referencia: Acción de tutela
Actoras: JUSTINA YATE DE TORRES Y OTRA.
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. FALTA DE CARGA ARGUMENTATIVA.
DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la parte actora
contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
1
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02729-00
Actoras: JUSTINA YATE DE TORRES Y OTRA.
Las señoras JUSTINA YATE DE TORRES y ROSIBEL TORRES
YATE, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la
protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual
estiman vulnerado por el TRIBUNAL al haber proferido la
providencia de 6 de marzo de 2025, dentro del medio de control
de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos
administrativos identificado con el número único de radicación
25307-33-33-001-2024-00315-01.
I.2.- Hechos
Señalaron que son poseedoras y propietarias del predio urbano
ubicado en la carrera 5º#14-51 en el Municipio de Girardot
(Cundinamarca – Colombia).
Indicaron que mediante Decreto 2311 de 30 de diciembre de 20232,
el Departamento Nacional de Planeación determinó los porcentajes
de incremento de los avalúos catastrales para la vigencia 2024 y
2
“Por el cual se sustituye el Capítulo 1 del Título 10 de la Parte 2 del Libro del Decreto 1082 de 2015,
con el propósito de determinar los porcentajes de incremento de los avalúos catastrales para la vigencia
de 2024”.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02729-00
Actoras: JUSTINA YATE DE TORRES Y OTRA.
mediante la Resolución número 625 de 27 de abril de 2023 3, la
Alcaldía de Girardot dio inicio al proceso de actualización catastral
sobre el área urbana y rural del municipio, proceso que omitió lo
dispuesto en el primer acto administrativo mencionado.
Refirieron que a través del Decreto Municipal 492 de 2023, la Alcaldía
de Girardot cerró el procedimiento de actualización y publicó de
manera general el avaluó comercial de los predios.
Manifestaron que, al considerar que la publicación del avalúo predial
debió llevarse a cabo de manera particular para cada uno de los
inmuebles y en los porcentajes establecidos, de conformidad con lo
dispuesto en la Resolución núm. 1149 de 19 de agosto de 20214
expedida por el IGAC y el Decreto 2311 de 2023, solicitaron a la
Alcaldía de Girardot expedir un decreto en el que se ordenara
ejecutar la liquidación del impuesto predial para el año 2024 en
debida forma, sin que hayan obtenido respuesta alguna.
Aseguraron que por lo anterior, promovieron el medio de control de
3
“ Por la cual se ordena dar inicio al proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito en
el área urbana y rural del Municipio de Girardot Cundinamarca”
4
“Por la cual se actualiza la reglamentación técnica de la formación, actualización, conservación y
difusión catastral con enfoque multipropósito”
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cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos
administrativos contra el Municipio de Girardot, con el fin de que se
declarara incumplido el Decreto 2311 de 2023, necesario para
liquidar el impuesto predial del año 2024 y la Resolución núm. 1149
de 2021, que trata de la expedición y publicación del mismo.
Sostuvieron que al proceso le fue asignado el número único de
radicación 2024-00315-00 y le correspondió por reparto al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Girardot que, mediante
sentencia de 29 de enero de 2025, denegó las pretensiones.
Relataron que, inconformes con lo anterior, interpusieron recurso de
apelación el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante
providencia de 6 de marzo de 2025, confirmó la decisión del a quo al
considerar que el Decreto 2311 de 2023 no dispone una obligación
clara, expresa y exigible para el Municipio de Girardot, por lo que la
controversia planteada se refiere a la interpretación sobre las
disposiciones relativas al valor del avalúo catastral para la vigencia
2024 y el procedimiento aplicado para tal fin, lo que escapa de la
órbita de competencia de la acción de cumplimiento, además, porque
la validez de la Resolución núm. 625 de 2023, puso ser cuestionada
mediante los medios de control de nulidad o nulidad y
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restablecimiento del derecho.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada al proferir
la providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico, sustantivo
y violación directa de la Constitución, pues fundamentó su
decisión en una razón sin vinculo ni obligatoriedad, de forma
incoherente y precisa, máxime cuando en ninguna parte del
expediente se solicitó la pérdida de ejecutoria de la Resolución núm.
625 de 2023.
Destacaron que el TRIBUNAL pasó por alto que el Municipio de
Girardot ha incumplido y contravenido el Decreto 2311 de 2023, pues
no se tuvo en cuenta la pérdida de ejecutoria o decaimiento de los
decretos núms. 491 y 492 de diciembre de 2023, lo que incrementó
el avalúo catastral para el año 2024.
Aseveraron que el Municipio de Girardot vulneró el artículo 209 de la
Carta Política, pues desde el 1o. de enero hasta el 4 de marzo de
2024, no ejecutó actuación administrativa dirigida a la Gobernación
de Cundinamarca, por lo que, de haber actuado en debida
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coordinación, hubiese obtenido pronunciamiento respecto a la
confirmación o rechazo de los decretos núms. 491 y 492 de diciembre
de 2023.
Afirmaron que el TRIBUNAL incurrió en defecto fáctico al suponer
la vigencia y la existencia de la Resolución 1415 de 2024, sin
corroborar todo lo tramitado dentro del expediente; además, no
existe conectividad ni trazabilidad administrativa entre el Decreto
2311 de 2023 y la Resolución núm. 625 de 2023.
Alegaron que: “[…] está clara la configuración del DEFECTO
FÁCTICO (Valoración Defectuosa del Material Probatorio) porque el
Tribunal ha supuesto plantear el ASUNTO PARA RESOLVER;
comprendiendo, desde comparar las disposiciones del Decreto D.N.P.
No. 2311 de 2023, diciembre 30 de 2023, frente a lo ordenado
anticipadamente mediante Resolución (Alcaldía) No. 625 de 2023,
abril 27 de 2023; dado que, fija estar entendiendo y, establece como
equivalente, la orden ADMINISTRATIVA para dar inicio al proceso de
Actualización Catastral en el Municipio de Girardot; respecto a, la
similitud (aparente) con la acción para DEFINIR la ACTUALIZACIÓN
CATASTRAL respectiva y, para DETERMINAR los valores unitarios de
cada Terreno […]”.
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En cuanto al defecto sustantivo, indicaron que no existe conexidad
material con los supuestos del caso, dado que la Resolución núm.
625 de 2023 no tiene relación sustancial y objetiva con el Decreto
2311 de 2023, por lo que no es procedente mantener en firme la
decisión de segunda instancia.
I.4.- Pretensiones
Las actoras solicitaron el amparo de su derecho fundamental al
debido proceso y, en consecuencia:
“[…] Por lo tanto; solicitamos, dejar sin efectos la segunda
sentencia determinada o, cuestionada y, en consecuencia;
ordenar, proferir un nuevo fallo desde el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A; para que, así
mantenga respetados los derechos fundamentales […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL sostuvo que después de revisar el problema
jurídico planteado en la demanda, consideró que la controversia
planteada en la solicitud de cumplimiento de la norma se refiere a la
interpretación sobre las disposiciones relativas al valor del avalúo
catastral para la vigencia 2024 y el procedimiento aplicado para tal
fin, lo que escapa de la órbita de competencia de la acción de
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cumplimiento.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- el JUZGADO afirmó que la acción de tutela de la referencia
resulta improcedente, comoquiera que lo pretendido por la parte
actora es reabrir la discusión de un asunto que fue presentado ante
la jurisdicción y desatado tanto en primera como en segunda
instancia ante las autoridades judiciales competentes.
Solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, aunado a que
no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable en el asunto.
I.6.2.- el Municipio de Girardot destacó que la controversia que
motiva la presente tutela está relacionada con la legalidad y
aplicación de los decretos 491 y 492 de 2023, en concordancia con
el Decreto 2311 de 2023, asunto que debe ventilarse por las vías
previstas en el CPACA, como en la acción de nulidad ante la
jurisdicción contencioso administrativa, de tal forma que no se
advierte la ocurrencia de algún defecto que justifique la intervención
del juez constitucional en el asunto.
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Resaltó que las actuaciones administrativas y judiciales, tanto en
primera como en segunda instancia, se llevaron a cabo respetando
el debido proceso, garantizando el derecho a la defensa, la
notificación oportuna y la valoración probatoria adecuada, pues el
Decreto 2311 de 2023 que establece porcentajes orientativos para la
actualización de avalúos catastrales, no impone un mandato
imperativo ni una obligación directa y exigible al municipio, dado que
este ya realizó la actualización catastral para el año 2023, conforme
a las normas técnicas vigentes.
Por último, solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la
referencia.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
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esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
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Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
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como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
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absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se deje sin efecto la providencia de 6 de marzo de 2025,
proferida por el TRIBUNAL, dentro del medio de control de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos
administrativos identificado con el número único de radicación 2024-
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00315-01.
A la citada providencia las accionantes les atribuyen la vulneración
de su derecho fundamental al debido proceso, toda vez que, a su
juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo y violación directa de la Constitución, comoquiera que
pasó por alto que el Municipio de Girardot ha incumplido y
contravenido el Decreto 2311 de 2023.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró el derecho
fundamental invocado.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,
la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la
relevancia constitucional.
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De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]” (Destacado fuera de
texto).
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
En el caso bajo examen, la solicitud de tutela se fundamentó de la
siguiente forma:
“[…] Breve caracterización por el Defecto fáctico, el Defecto
material o sustantivo y, la Violación Directa de la Constitución [
vistos, capítulo II.-Fundamentos Jurídicos de la Decisión; sub-
numeral 3 – Procedencia Excepcional de la Tutela contra
Decisiones Judiciales. Reiteración Jurisprudencial; sub-numeral
3.2 - De los Requisitos Específicos, desde numeral (46) hasta
numeral (51), en Sentencia SU – 288 de 2022; Corte
Constitucional de Colombia]:
[…]
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Por tanto; está clara la configuración del DEFECTO FÁCTICO;
porque, el Tribunal ha supuesto la vigencia y/o, la existencia del
Medio de Prueba (Resolución No. 1415 de 2024) sin haber
verificado o, corroborado con todo lo tramitado dentro del
proceso judicial; dado que, este Medio de Prueba mencionado
por el Tribunal, NO EXISTE.
Adicionalmente; No existe, conexidad y/o, trazabilidad
administrativa, entre el Decreto D.N.P. No. 2311 de 2023,
diciembre 30 de 2023, con la Resolución (Alcaldía) No. 625 de
2023, abril 27 de 2023; la cual, aparece para formalizar el inicio
del proceso de Actualización Catastral, en zona urbana y en zona
rural, del territorio geográfico Municipio de Girardot,
Cundinamarca.
[…]
Por consiguiente; está clara la configuración del DEFECTO
FÁCTICO (Valoración Defectuosa del Material Probatorio);
porque, el Tribunal ha supuesto plantear el ASUNTO PARA
RESOLVER; comprendiendo, desde comparar las disposiciones
del Decreto D.N.P. No. 2311 de 2023, diciembre 30 de 2023,
frente a lo ordenado anticipadamente mediante Resolución
(Alcaldía) No. 625 de 2023, abril 27 de 2023; dado que, fija estar
entendiendo y, establece como equivalente, la orden
ADMINISTRATIVA para dar inicio al proceso de Actualización
Catastral en el Municipio de Girardot; respecto a, la similitud
(aparente) con la acción para DEFINIR la ACTUALIZACIÓN
CATASTRAL respectiva y, para DETERMINAR los valores
unitarios de cada Terreno.
[…]
Estudiando el contenido literal, presentado aquí con numeral
(45), anteriormente; el cual, viene configurado desde Sentencia,
segunda instancia, con numeral décimo quinto (15) y numeral
décimo sexto (16); procede, destacar el DEFECTO MATERIAL o
SUSTANTIVO [la norma, no tiene conexidad material con los
presupuestos del Caso] observado sobre el hecho o, actuación
administrativa comprendida por el Tribunal ; porque, la Acción
de Tutela, mencionada dentro del artículo No. 9 –
IMPROCEDIBILIDAD en Ley 393 de 1997, constituye claramente
materia CONEXA con la Acción de Cumplimiento; pero, a simple
vista, la Acción de Tutela (Decreto, Ley 2591 de 1991) no integra
normativamente a la Acción de Cumplimento; por lo tanto, la
Corte Constitucional, mediante Sentencia C-1194 de 2001,
capítulo VI – Consideraciones y Fundamentos; numeral cuatro:
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[…]
Explorando el contenido literal, presentado aquí con numeral
(46), anteriormente; el cual, viene configurado desde Sentencia,
segunda instancia, con numeral (17) y numeral (18); procede,
reiterar el DEFECTO MATERIAL o SUSTANTIVO (la norma, no
tiene conexidad material con los presupuestos del Caso),
observado sobre el hecho o, actuación administrativa
comprendida por el Tribunal; dado que, el proceso judicial
ordinario administrativo es un procedimiento de carácter general
para asuntos relacionados con la Administración Pública.
[…]
Por tanto; para el presente caso, no se trata de controvertir
cualquier tipo de derechos y/o actuaciones; sino, se trata de
exigir al Municipio de Girardot el cumplimiento eficaz del deber
ordenado por el Acto Administrativo vigente; el cual, fue omitido
o, fue apartado para implementar silenciosamente [sin publicar
resolución administrativa municipal, anticipada] los resultados
finales de la Actualización Catastral – Año 2023; los cuales,
fueron publicados de manera general y/o en abstracto mediante
los Decretos Alcaldía No. 491 y No. 492 de 2023, diciembre 29
de 2023; seguidamente, los Decretos Alcaldía No. 491 y No. 492
de 2023, aparecen derogados desde enero 01 de 2024 por
anuncio previo desde agosto 08 de 2023; porque, entró en
vigencia la Resolución IGAC No. 1040 de 2023, agosto 08 de
2023.
[…]
Por tanto; está clara la configuración del DEFECTO FÁCTICO;
porque, el Tribunal ha desconocido el pronunciamiento del
Juzgado, primera instancia, fechado diciembre 13 de 2024;
pertinente, al cumplimiento de los requisitos dispuestos por el
artículo No. 8 en Ley 393 de 1997; los cuales, coinciden con el
numeral cinco (5) del artículo No. 10 en Ley 393 de 1997.
[…]
Justificando el contenido, instalado bajo numeral (50); procede,
destacar el DEFECTO FÁCTICO (Valoración de la Prueba fue
absolutamente equivocada) observado sobre el contenido
comprendido por el Tribunal y expuesto con el numeral vigésimo
tercero (23) dentro de la Sentencia, Segunda Instancia; dado
que, valora de manera defectuosa el material probatorio.
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[…]
Confirmando el contenido, instalado bajo numeral (53);
procede, destacar el DEFECTO MATERIAL o SUSTANTIVO (la
norma, no tiene conexidad material con los presupuestos del
caso) observado sobre el contenido comprendido por el Tribunal
y expuesto con el numeral vigésimo sexto (26) dentro de la
Sentencia, Segunda Instancia; dado que, la norma [ Resolución
(Alcaldía) No. 625 de 2023, abril 27 de 2023] no tiene conexidad
material (relación sustancial y objetiva) con el Decreto D.N.P.
No. 2311 de 2023, diciembre 30 de 2023] […]”.
Conforme con lo anterior, la Sala advierte que en el escrito
introductorio la parte actora se limitó a afirmar que el Municipio de
Girardot desconoció el Decreto 2311 de 2023 al proferir la Resolución
número 625 de 2023, por medio de la cual se dio inicio al proceso de
actualización catastral sobre el área urbana y rural del municipio.
Para el efecto, la parte actora afirmó que el TRIBUNAL accionado
vulneró su derecho fundamental al debido proceso e incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución, sin
especificar concretamente de qué forma se incurrió en tales yerros o
cómo el asunto conlleva un debate constitucional, pues lo que se
advierte es una controversia de mera legalidad.
Así las cosas, es del caso advertir que no basta con que la parte
actora realice una remisión al tema objeto de debate dentro de la
acción de cumplimiento, afirmando que la decisión controvertida
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desconoció sus derechos fundamentales, por cuanto dicha afirmación
no identifica en qué forma el TRIBUNAL incurrió en algún defecto ni
en qué manera tal decisión desfavorable desconoció sus derechos
fundamentales.
Esta Sala en reiteradas oportunidades, entre otras, mediante
sentencia de 28 de febrero de 201912, sostuvo que aun cuando la
acción de tutela se caracteriza por su informalidad, a los accionantes
les corresponde argumentar, al menos, de forma sucinta, en qué
forma la autoridad judicial incurrió en algún defecto al proferir la
providencia con la cual estiman vulnerados sus derechos
fundamentales.
Así las cosas y comoquiera que la Sala advierte que el escrito
primigenio de tutela carece de la argumentación que permita al juez
constitucional estudiar en concreto la inconformidad de la parte
actora, es menester precisar que dicha falencia argumentativa no
puede ser suplida por el juez de tutela, habida cuenta que si bien es
cierto que la acción de tutela se caracteriza por la flexibilización de
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de
febrero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, identificada con número único de radicación 11001-
03-15-000-2018-03615-01.
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formalidades que impidan la garantía de los derechos fundamentales,
en tratándose de cuestionamientos dirigidos contra providencias
judiciales, es exigible un mínimo de argumentación que habilite un
examen de fondo sobre actuaciones que han hecho tránsito a cosa
juzgada, al ser proferidas por autoridades investidas de competencia
en procesos que ofrecen los medios para proteger las garantías
constitucionales, máxime si no se demostró la existencia de un
perjuicio irremediable.
En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales
inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud
de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
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constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de junio de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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