Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02730-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02730-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02730-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
4 de julio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02730-00
Demandante: Carmen Elisa Hernández Velásquez y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá D.C, tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02730-00
Demandante: CARMEN ELISA HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ Y OTRO
Demandado: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA, EJÉRCITO NACIONAL
• DIVRI
Tema: Cumplimiento de sentencia judicial. Falta de cumplimiento del
requisito general de subsidiariedad
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, mediante apoderado judicial, por las
señoras Carmen Elisa Hernández Velásquez y Melissa Fernanda Paz Hernández
contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Dirección de Veteranos
y Rehabilitación Inclusiva (DRIVI), de conformidad con lo establecido en el artículo 1
del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 8 de mayo de 2025, las señoras Carmen Elisa Hernández Velásquez y Melissa
Fernanda Paz Hernández, presentaron acción de tutela contra la referida entidad, por
estimar vulnerados los derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso y a
la seguridad social. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
«1. Respetuosamente solicito, que se tutelen los derechos fundamentales al Acceso
Efectivo a la Administración de Justicia, Mínimo Vital, Seguridad Social y Debido Proceso
de las señoras CARMEN ELISA HERNANDEZ VELASQUEZ Y MELISSA FERNANDA
PAZ HERNANDEZ, los cuales están siendo vulnerados por la entidad aquí accionada.
2. Que como consecuencia de lo anterior se ordene a LA NACION-MINISTERIO DE
DEFENSA-EJERCITO NACIONAL-DIVRI, que de manera inmediata, sin más dilaciones
injustificadas, proceda a dar cumplimiento a los fallos judiciales que reconocieron a favor
de la accionante su derecho fundamental a la pensión de sobreviviente y emita el
correspondiente Acto Administrativo teniendo en cuenta que se encuentran más que
superados los términos establecidos en el artículo 192 del CPACA.
3. Que se me notifique la decisión que aquí se tome».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Situación administrativa que dio origen al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho
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Demandante: Carmen Elisa Hernández Velásquez y otro
El 30 de marzo de 1998, falleció en servicio el Cabo Primero Leandro Javier Paz
Jaramillo, quien se desempeñaba como suboficial del Ejército Nacional adscrito al
Batallón Cazadores con sede en San Vicente del Caguán (Caquetá).
El 31 de mayo de 2012, la señora Carmen Elisa Hernández Velásquez, en calidad de
cónyuge supérstite y Melissa Fernanda Paz Hernández, en calidad de hija, solicitaron
ante el Ministerio de Defensa Nacional el reconocimiento y pago de la pensión de
sobreviviente del causante Leandro Javier Paz Jaramillo (†).
Mediante las Resoluciones 5832 del 10 de agosto de 2012 y 8498 del 30 de noviembre
de 2012, la Directora Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional negó la
pensión de sobrevivientes a las demandantes.
Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
Las señoras Carmen Elisa Hernández Velásquez y Melissa Fernanda Paz Hernández
promovieron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación –
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de
los anteriores actos administrativos y, como consecuencia, se ordenara el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes como beneficiarias del
causante Leandro Javier Paz Jaramillo (†).
El Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, mediante sentencia del 24 de junio
de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda, por lo tanto, declaró la nulidad de
los actos administrativos demandados y ordenó el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes a las accionantes, con efectos a partir del 31 de mayo de
2009, por prescripción trienal.
La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el
cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Caquetá, en sentencia del 20 de
septiembre de 2022, confirmó el fallo de primera instancia que ordenó el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de las accionantes.
Actuaciones tendientes al cumplimiento de la sentencia
El 2 de agosto de 2023, el apoderado judicial de la accionantes radicó ante el
Ministerio de Defensa Nacional la cuenta de cobro y/o solicitud de cumplimiento al
fallo, bajo radicado núm. RE20230802036281.
Mediante Oficio núm. RS20231001113611 del 1° de octubre de 2023, el coordinador
del grupo de reconocimiento de obligaciones litigiosas del Ministerio de Defensa negó
la solicitud de las tutelantes, porque no aportó los documentos que se requieren para
dar cumplimiento a la solicitud de pago.
El 5 de octubre de 2023, bajo radicado nro. RE20231005046472 el apoderado de las
accionantes aportó los documentos requeridos en el oficio anterior.
Razón por la cual el coordinador del grupo de reconocimiento de obligaciones
litigiosas del Ministerio de Defensa, en Oficio núm. RS20231111133124 del 11 de
noviembre de 2023, le informó que «(…) en cumplimiento al Artículo 1 del Decreto 2469
de 2015, el cual se adicionó, entre otros, el artículo 2.8.6.5.1. Del Capítulo 5, del Decreto 1068
de 2015, usted cumple con los requisitos allí exigidos, se procederá por parte de la Dirección
de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa Nacional a expedir el acto administrativo de
asignación de turno de pago respecto de la solicitud de cumplimiento al fallo y/o conciliación,
teniendo en cuenta fecha y hora de radicado.»
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Mediante Oficio RE20240619PS006342 del 19 de junio de 2024, el Grupo de
Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas del Ministerio de Defensa Nacional dio
traslado del expediente al Grupo de Prestaciones Sociales de la Dirección de
Veteranos y Rehabilitación Inclusiva –DIVRI, para el cumplimiento de la sentencia
judicial.
Con Oficio RS20240705PS013482- MDN –DVGSEDB-DIVRI, la entidad requirió a las
accionantes, con el fin de que «(…) manifieste ante este Grupo si la joven MELISSA
FERNANDA PAZ HERNANDEZ, por el periodo comprendido entre los 18 a los 25 años, esto
es del 08 de agosto 2013 al 08 de agosto de 2020, se encontraba o no estudiando, a fin de
ordenar el pago, en caso de acreditar estudios es necesario que allegue los respectivos
certificados de estudio».
Mediante apoderado judicial, las accionantes radicaron petición bajo radicado núm.
P20250310PS003389, en el que solicitaron información sobre el estado del trámite
pensional.
Mediante oficio RS20250317PS003751-MDN-DVGSEDB-DIVRI del 17 de marzo de
2025, el coordinador del Grupo de Prestaciones Sociales de la Dirección de Veteranos
y Rehabilitación Inclusiva –DIVRI señaló que «(…) de acuerdo con lo informado por el
área de reconocimientos de este Grupo, ya fue sustanciado el acto administrativo y
actualmente se encuentra en proceso de revisión».
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora aseguró que la presente acción de tutela es procedente para ordenar
el cumplimiento de las providencias judiciales, para el efecto citó apartes de la
sentencia T - 411 de 2015, en la cual se previó la procedencia del recurso de amparo
para ordenar el cumplimiento de fallos cuando esta ante la posible vulneración de
derechos fundamentales.
Así mismo, transcribió extractos de la sentencia T – 440 de 2010, en la cual la Corte
Constitucional previó la procedencia de la acción de tutela para ordenar el
cumplimiento de fallos judiciales que reconocen derechos pensionales.
4. Trámite previo
En auto del 15 de mayo de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a las demandantes y a la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional, Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva – DIVRI y a la Dirección
de Asuntos Legales – Grupo Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas, en calidad
de demandados y a los magistrados del Tribunal Administrativo del Caquetá y al
Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, en calidad de terceros con interés.
5. Oposiciones
El Grupo de Reconocimiento de Obligaciones Litigiosas del Ministerio de Defensa
pidió que se desestimaran las pretensiones de la acción de tutela de la referencia,
pues no cumple el requisito general de subsidiariedad, pues la parte actora cuenta
con el proceso ejecutivo para obtener el cumplimiento de la sentencia.
Relató que, el 10 de octubre de 2023, la parte actora presentó solicitud de
cumplimiento de la sentencia judicial con todos los requisitos para el efecto, por ello,
mediante Resolución 5121 de 2023, le fue asignado el turno 1508-2023.
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Indicó que, por tratarse de una pensión de sobrevivientes el responsable de expedir
los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de la sentencia era el Grupo
de Prestaciones Sociales de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva –
DIVRI.
Que, por tal razón, mediante Oficio RS20240617083918 del 17 de junio de 2024, esa
dependencia remitió con destino al DIVRI los documentos y la solicitud de pago, para
que, conforme con su competencia, procediera con el cumplimiento de la obligación
de hacer e incluyera en nómina de pensionados a las tutelantes.
Precisó que la sentencia cuyo cumplimiento se solicita, contiene dos órdenes una
referente al reconocimiento y pago de la pensión, que está a cargo de la DIVRI y la
otra, consistente en el pago de las acreencias dejadas de percibir sin solución de
continuidad que se encuentran a cargo de esa dependencia, quien lo pagará por una
única vez respetando el orden de los turnos asignados.
Que, no puede accederse a la pretensión de la parte actora de darle prioridad al
reconocimiento y pago del retroactivo, pues hay múltiples beneficiarios a la espera de
su turno de pago y que es posible que se encuentren en condiciones similares o más
precarias a las indicadas por la parte accionante, por lo tanto, no pueden transgredir
el derecho a la igualdad y debido proceso que le es exigible, máxime si se considera
que la demora en el pago de sentencias y conciliaciones se encuentra supeditado a
la asignación presupuestal que realiza el Ministerio de Hacienda en el marco de sus
capacidades, presupuesto que ha sido insuficiente para atender el cobro de
sentencias en contra de la Nación – Ministerio de Defensa.
6. Intervenciones
La secretaria del Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia remitió el enlace de
acceso al expediente de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual se profirió
la decisión de la que ahora se solicita cumplimiento, sin embargo, no se pronunció
respecto de los hechos objeto de la presente acción de tutela.
El Tribunal Administrativo del Caquetá pidió que se declarara la falta de legitimación
en la causa por pasiva, pues no es el responsable del cumplimiento de la sentencia
judicial que profirió el 20 de septiembre de 2022, pues compete exclusivamente al
Ejército Nacional, por conducto de la dependencia encargada, expedir el acto
administrativo de reconocimiento de la prestación social reconocida a favor de las
accionantes.
Precisó que las tutelantes pueden acudir al medio de control ejecutivo para hacer
efectiva la sentencia emitida a su favor, toda vez que, contiene una obligación clara,
expresa y exigible.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
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acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
Corresponde determinar si procede la acción de tutela promovida por las señoras
Carmen Elisa Hernández Velásquez y Melissa Fernanda Paz Hernández para ordenar
el cumplimiento de la sentencia del 20 de septiembre de 2022, en la cual el Tribunal
Administrativo del Caquetá ordenó el reconocimiento y pago de una pensión de
sobrevivientes, ante la presunta mora administrativa en que habría incurrido la Nación
– Ministerio de Defensa para dar cumplimiento a la referida decisión judicial.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela, pues no se acreditó
el cumplimiento del requisito general de subsidiariedad ni se advierte la existencia de
un perjuicio irremediable.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos, (i) el requisito
general de subsidiariedad para solicitar el cumplimiento de decisiones judiciales y, (ii)
analizará el caso concreto.
Sin embargo, de manera previa se referirá a la falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por el Tribunal Administrativo del Caquetá.
Legitimación en la causa por pasiva
En el presente caso la parte actora solicita que por medio de la presente acción de
tutela se ordene a la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional – Dirección de
Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (DRIVI), el cumplimiento de la sentencia del 20
de septiembre de 2022, en la cual el Tribunal Administrativo del Caquetá confirmó la
decisión de primera instancia de ordenar el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a favor de las tutelantes.
El Tribunal Administrativo del Caquetá solicitó que se declarara su falta de legitimación
en la causa por pasiva.
Al respecto, la Sala advierte que el referido Tribunal se encuentra vinculado al
presente trámite constitucional en calidad tercero con interés, por ser la autoridad
judicial que profirió la providencia judicial de la cual ahora se solicita su cumplimiento,
lo que justifica su vinculación. Por lo tanto, se negará la solicitud.
(i) De requisito general de subsidiariedad 1 para solicitar el cumplimiento de
decisiones judiciales en el caso concreto
1
Dentro de los requisitos generales de procedencia se encuentra el de subsidiariedad, consistente en «(…) (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (…)».
En cuanto al requisito de subsidiariedad, se tiene que dicho requisito consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto
como desconocer que la Constitución y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar
el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia
de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera que la acción
de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.
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En este punto, es necesario resaltar que esta Sala ha señalado que se torna en
improcedente la acción de tutela porque la discusión acerca del cumplimiento de las
decisiones judiciales es un asunto que, por regla general, deber ser exigido mediante
el ejercicio de la acción ejecutiva. Sin embargo, existen casos en los que el proceso
ejecutivo no resulta ser idóneo y eficaz para perseguir el cumplimiento de obligaciones
de hacer 2.
Al respecto, esta Sección 3 ha señalado que la Corte Constitucional, en la sentencia T
– 735 de 2006, reiteró que el proceso ejecutivo es eficaz para el cumplimiento de
obligaciones de dar, pero que no sucede lo mismo con las obligaciones de hacer, en
los siguientes términos.
«En particular, tratándose de la ejecución de providencias judiciales, en diversas
oportunidades la Corte ha señalado que, en general, ‘(…) cuando se trata del
cumplimiento de obligaciones de dar, la ley ha previsto un mecanismo idóneo para lograr
su cumplimiento, como es el proceso ejecutivo, cuya adecuada utilización garantiza el
forzoso cumplimiento de la obligación que se pretende eludir, ya que pueden pedirse
medidas cautelares, como el embargo y secuestro de los bienes del deudor y su posterior
remate, para asegurar así el pago que se pretende evadir 4, pero que cuando lo que se
pretende ejecutar es una obligación de hacer, ‘(…) los mecanismos consagrados en el
ordenamiento jurídico no siempre tienen la idoneidad suficiente para proteger los
derechos fundamentales que puedan verse afectados con el incumplimiento de una
providencia.’
Sobre el particular, en la Sentencia T-329 de 1994 se puso de presente que cuando las
prestaciones cuya ejecución se pretendía obtener consisten en obligaciones de hacer a
cargo de un funcionario o dependencia de la administración pública, ‘(…) lo que se decida
por el juez de ejecución está limitado a impartir la orden de que se cumpla el fallo hasta ahora no
cumplido, sin que exista medida alguna aplicable coercitivamente para que, aun contra la voluntad
del funcionario o dependencia, se lleve a cabo lo mandado. En términos, fuera de las sanciones
que puedan ser aplicables al remiso, todo consiste en añadir otra decisión judicial no menos
expuesta al incumplimiento que la ya desobedecida’».
De modo que, la acción de tutela resulta improcedente cuando se trata del
cumplimiento de obligaciones de dar, por cuanto la ley ha previsto un mecanismo
ordinario para ello, como es el proceso ejecutivo. Además, la finalidad del recurso
de amparo se enmarca en su carácter subsidiario, por lo tanto, no puede entrar a
sustituir los medios ordinarios para lograr la efectiva protección de un derecho
fundamental 5.
(ii) Caso concreto
En el presente caso, las señoras Carmen Elisa Hernández Velásquez y Melissa
Fernanda Paz Hernández interpusieron la presente acción de tutela por considerar
que ha transcurrido un amplio lapso sin que la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional – Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (DRIVI) dé cumplimiento
a la sentencia del 20 de septiembre de 2022, en la cual el Tribunal Administrativo del
Caquetá confirmó la decisión del Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia, que
ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, en los siguientes
términos:
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos que
tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra la
interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la
acción de tutela.
2
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 4 de junio de 2020, Exp. 2020-00114-01(AC), C.P. Milton Chaves García.
3
Ver providencia del 2 de julio de 2015, expediente con radicado número 25000-23-41-000-2015-00356-01, pronunciamiento reiterado
en sentencia del 2 de febrero de 2017, en el proceso con radicado número: 19001-23-33-000-2016-00420-01.
4
Sentencia T-403 de 1996.
5
Sentencia T – 134 de 2012, Corte Constitucional.
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«PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción propuesta por la entidad
demandada, respecto de las mesadas pensionales pertenecientes a la señora CARMEN
ELISA HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ, causadas con anterioridad al 31 de mayo de 2009, y
negar dicha excepción frente a las mesadas pensionales reconocidas a la joven MELISSA
FERNANDA PAZ HERNÁNDEZ.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones 5832 del 10 de agosto de 2012 y
8498 del 30 de noviembre de 2012, por medio de las cuales se negó el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes a las demandantes.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho ORDENAR a LA NACIÓN –
MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL el reconocimiento y pago de la
pensión de sobreviviente a favor de las demandantes en la forma, cuantía y términos
establecidos en el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, por el deceso de su compañero
permanente y padre el señor LEANDRO JAVIER PAZ JARAMILLO, así:
• Para CARMEN ELISA HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ, en su calidad de
compañera permanente, el 50% a partir del 31 de mayo de 2009, por haber
operado la prescripción trienal.
• Para MELISSA FERNANDA PAZ HERNÁNDEZ, en su calidad de hija, el
otro 50% a partir del 31 de marzo de 1998, y hasta cuando cumpla la edad
de 18 años y si acredita la realización de estudios escolares, superior,
técnicos o tecnólogos siempre y cuando se encuentre cursándolos, el
reconocimiento se hará hasta la edad de 25 años.
CUARTO: Las sumas que se reconozcan a favor de los demandantes serán ajustadas en
la forma como se indica en la parte motiva de esta providencia, aplicando para ello la
siguiente fórmula: (…)»
Las tutelantes, aseguran que existe una mora en el cumplimiento de la orden, pues
desde el 5 de octubre de 2023 radicaron los documentos para que se les reconociera
la pensión de sobrevivientes, sin que a la fecha de interposición de la acción de tutela
se hubiera hecho, con fundamento en lo cual solicitaron ordenar a la Nación –
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional – Dirección de Veteranos y Rehabilitación
Inclusiva (DRIVI) proceder con el cumplimiento de la decisión judicial.
Para la Sala, la parte actora cuenta con otro medio de defensa para solicitar el
cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, en este caso, corresponde al proceso
ejecutivo, mecanismo idóneo y eficaz para tal fin.
Al respecto, es pertinente señalar que, el artículo 192 del CPACA prevé lo relativo al
cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de entidades públicas.
Por su parte, el numeral 1 del artículo 297 del CPACA las sentencias debidamente
ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en las
que se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias constituyen un
título ejecutivo.
El artículo 298 del CPACA establece el procedimiento para exigir el cumplimiento de
una condena impuesta por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Ahora, del contenido de la orden de la sentencia se advierte que, aunque comprende
una orden de hacer, la actividad que debe desempeñar la entidad accionada trae
inmerso un contenido económico – el pago de la pensión y el correspondiente
retroactivo -, sin que se evidencie que el medio judicial ordinario – proceso ejecutivo-,
no resulte idóneo para lograr su cumplimiento.
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De manera que, ante la mora de la entidad condenada en dar cumplimiento a la orden
judicial dentro de los términos previstos para ese efecto, corresponde a la parte
interesada ejercer el proceso ejecutivo para exigir su inclusión en nómina, de acuerdo
con la sentencia declarativa del derecho.
Por ello, la Sala concluye que no se cumplió con uno de los requisitos de procedencia
de la tutela, esto es, que se agote en debida forma el medio de defensa con el que
cuenta la actora para que se le protegieran los derechos fundamentales que considera
le fueron vulnerados.
Adicionalmente, las accionantes no manifestaron la existencia de un perjuicio
irremediable y de las pruebas aportadas tampoco se advierte que la falta de
cumplimiento de la sentencia genere una afectación grave de sus derechos
fundamentales. Aunque no se desconoce que las accionadas en sede administrativa
han solicitado el cumplimiento del fallo y a su vez la entidad ha efectuado
requerimientos a fin de establecer las circunstancias concretas para el reconocimiento
de las causantes, las pruebas aportadas no dejan entrever la urgencia vital de adoptar
alguna medida.
En suma, en el presente caso no se cumple con el requisito general de subsidiariedad
y, en esa medida, se impone declarar improcedente el amparo que ejerció la parte
actora contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Dirección de
Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (DRIVI).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar la solicitud de desvinculación invocada por el Tribunal Administrativo del
Caquetá.
2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por las señoras Carmen
Elisa Hernández Velásquez y Melissa Fernanda Paz Hernández contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Dirección de Veteranos y Rehabilitación
Inclusiva (DRIVI), por las razones expuestas en la parte considerativa.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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