Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02734-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02734-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02734-02
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
7 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02734-02
Accionado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia / MEDIO DE
CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / Revocatoria directa
de acto de reliquidación pensional por fraude a la ley / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO
DE SUBSIDIARIEDAD – La entidad aún dispone de medios idóneos de defensa
contemplados en el ordenamiento jurídico / RECURSO ESPECIAL DE REVISIÓN – Artículo
20 de la Ley 797 de 2003.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, por conducto de la señora Karen Holly Castro Castro, como
subdirectora de defensa judicial pensional, contra la sentencia del 18 de septiembre
de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad
con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 27 de febrero de 20232, el señor Javier Andrés Sosa Pérez, en su calidad de
subdirector3 de defensa judicial pensional de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – en
adelante UGPP-, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Atlántico y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
1 Que ingresó para fallo el 20 de octubre de 2025.
2 Obra en certificado 9B1B0EEC749609E8 A95967FE3B25278B 551A1A1F99352AEE
1D81384B3197C695, índice 2 de Samai.
3 El representante de la entidad mencionó que estaba facultado para actuar, de acuerdo con las
resoluciones de nombramiento núm. 681 de 2020 y la delegación de funciones núm. 18 de 2021.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02734-02
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Hechos relevantes
2. Por medio de las Resoluciones núms. 046859 del 5 de febrero de 1993 y 125 del
12 de enero de 1996, el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia
-Foncolpuertos- reconoció al señor Ulises Orlando Buelvas Sandoval pensión de
vejez, por haber laborado por más de 20 años al servicio de la entidad.
3. A través de la Resolución núm. 000708 del 3 de junio de 2008, el entonces
Ministerio de la Protección Social dispuso la revocatoria directa de los actos
administrativos de reconocimiento pensional, con fundamento en la decisión del 6
de julio de 2007 adoptada por la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración
Pública de la Fiscalía General de la Nación, y ordenó el reajuste de la mesada al
considerar que “el Director del Fondo de Pensiones de Foncolpuertos en un proceso
penal que le iniciaron en su contra, al acogerse a sentencia anticipada señaló que
todas las pensiones y las reliquidaciones que él había firmado eran ilegales”4.
4. Como consecuencia de lo anterior, el señor Ulises Orlando Buelvas Sandoval
promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución núm. 000708 del 3 de
junio de 2008. A su juicio, la autoridad administrativa no tuvo en cuenta que adquirió
su derecho pensional en 1992 y después en 2008 y, además, nunca fue vinculado
a proceso penal alguno ni se encontraba prejudicializado por la adquisición de su
pensión.
5. El proceso correspondió al Tribunal Administrativo del Atlántico que, por medio
de sentencia del 15 de marzo de 2019, resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLARANSE (sic), no probadas las excepciones
propuestas por Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales “U.G.P.P.”, por
lo expuesto anteriormente.
SEGUNDO: DECLARASE probada la excepción de prescripción propuesta
por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales “U.G.P.P.”, en los
términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARASE la nulidad de la resolución No. 000708 del 3 de
junio de 2018 (sic), que modificó la cuantía de la pensión reconocida al señor
Ulises Orlando Buelvas Sandoval. Sin embargo, no habrá lugar a la
devolución de las sumas de dineros causadas por las diferencias dejadas
de cancelar, por encontrarse prescritas; de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte motiva de esta providencia […]5”.
6. El a quo expuso que, al no haber obtenido el consentimiento del accionante para
efectuar la revocatoria directa de un acto administrativo particular y concreto de
carácter laboral, la UGPP debió haber demandado la nulidad de su propio acto y
demostrar dentro de un proceso judicial la ilegalidad de este. Ello, en garantía del
derecho al debido proceso del pensionado.
4 Folio 2 de la sentencia del 7 de julio de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado.
5 Folio 2 ibid.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02734-02
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
7. Así, al no encontrar que dicho supuesto se hubiese cumplido dentro del trámite
administrativo, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la nulidad de la
Resolución núm. 000708 del 3 de junio de 2008 y accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Sin embargo, dado que el medio de control fue
presentado el 16 de diciembre de 2016, es decir, después de los 3 años que indica
la norma, declaró la prescripción de los emolumentos dejados de cancelar antes del
16 de diciembre de 2013.
8. Inconforme con la declaratoria de prescripción, el señor Ulises Orlando Buelvas
Sandoval presentó apelación contra la decisión precitada. El recurso fue resuelto
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, mediante
sentencia del 7 de julio de 2022, confirmó lo fallado en primera instancia6.
9. El ad quem consideró que la Resolución núm. 125 del 12 de enero de 1996 se
expidió con base en documentación falsa, lo que habilitaba su revocatoria directa,
sin que ello implicara vulneración al debido proceso. No obstante, al haber sido el
señor Ulises Orlando Buelvas Sandoval el único apelante, esta Corporación
confirmó la sentencia 15 de marzo de 2019, ya que no podía desmejorar su situación
en virtud del principio non reformatio in pejus.
Pretensiones
10. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):
“PRINCIPALES
Primero. Conforme a lo anterior, solicito de manera respetuosa, sean
AMPARADOS los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia deprecados por la UGPP.
Segundo. Consecuentemente DEJAR sin efectos las decisiones del 15 de
marzo de 2019 y 07 de julio de 2022 emitidas por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SECCIÓN A y el CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN B, dentro del proceso contencioso administrativo
N° 08001233300020160151500, por la flagrante configuración de la VÍA DE
HECHO.
Tercero. Que como consecuencia de lo anterior se sirva ORDENAR al
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B, dictar nueva providencia ajustada
a derecho, conforme con el ordenamiento jurídico y jurisprudencia aplicable
y en consecuencia modifique y/o revoque la sentencia del 15 de marzo de
2019 para declarase inhibida para hacer pronunciamiento respecto de las
pretensiones formuladas.
SUBSIDIARIAS
En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón a no
estar superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:
6 La Secretaría del Consejo de Estado notificó la sentencia mencionada el 7 de septiembre de 2022,
de acuerdo con el índice 27 de SAMAI, en el expediente 08001233300020160151501
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos
fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SECCIÓN A y el CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN B.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDAN de manera
transitoria las sentencias del 15 de marzo de 2019 y 07 de julio de 2022
proferidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
SECCIÓN A y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B, hasta tanto se
resuelva el recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en virtud de su
orden tutelar […]”7.
Fundamentos de la demanda de tutela
11. La parte demandante sostiene que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en un defecto procedimental absoluto por asumir el estudio de la
legalidad de un acto administrativo de ejecución que no correspondía a una decisión
definitiva susceptible de ser enjuiciada por vía de lo contencioso administrativo. En
ese sentido, expone que lo correcto debió haber sido modificar o revocar la
sentencia del 15 de marzo de 2019, dictada por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, para, en su lugar, rechazar la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho o declararse inhibido para proferir decisión de fondo.
12. Asimismo, aduce un defecto sustantivo, en tanto “[s]e desconoce la naturaleza
jurídica de la Resolución 00708 de 2008 b.- Se malinterpreta la figura de la
revocatoria directa c.- Se desconoce que los actos de ejecución no son
demandables ante la jurisdicción c.-Y no se toman en cuenta las sentencias de
unificación sobre los actos de ejecución”8.
13. Finalmente, señala que “existe un claro perjuicio al Erario, que se verá
configurado con el cumplimiento de los fallos contenciosos censurados en esta
acción constitucional de amparo, lo que hace que esta Unidad busque su protección
incoando la vía constitucional por ser el único mecanismo con el que contamos para
que se dejen sin efectos las providencias del 15 de marzo de 2019 y 07 de julio de
2022 proferidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SECCIÓN
A y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B, para así evitar el grave detrimento al
Sistema Pensional, situaciones tan graves que al ser pasadas por alto vulneran los
derechos fundamentales invocados y que pasamos a determinar para que puedan
ser protegidos por esta vía constitucional”9.
7 Folio 37 escrito de tutela. Visible a índice 2 de Samai.
8 Folio 20 ibid.
9 Folio 31 ibid.
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Trámite procesal
14. El 8 de mayo de 2025, la UGPP solicitó información a la Secretaría del Consejo
de Estado sobre el trámite del proceso de la referencia, en atención a que desde
febrero de 2023 no había recibido notificación alguna frente a lo solicitado.
15. Mediante el Oficio núm. JFS-2470 del 13 de mayo de 2025, la Secretaría del
Consejo de Estado le indicó a la entidad que, por un error involuntario, se omitió
enviar la demanda para el respectivo reparto y radicación10, pero que, desde el 8 de
mayo de 2025, la acción había sido remitida a despacho, aclarándose a los
interesados que la tutela había sido presentada desde el 27 de febrero de
202311.
16. El asunto correspondió a la Sección Primera del Consejo de Estado que, por
medio de auto de ponente12 del 13 de mayo de 202513, requirió al abogado Javier
Andrés Sosa Pérez para que, en el término de 3 días siguientes a la notificación de
dicha providencia, “alleg[ara] el documento que lo facultara para presentar la acción
de tutela de la referencia”14. Esta decisión fue debidamente notificada a la UGPP15.
17. A través de auto del 29 de mayo de 202516, la Sección Primera del Consejo de
Estado señaló que el 16 de mayo de 2025 la entidad demandante aportó los
siguientes documentos en atención al requerimiento realizado por ese despacho:
“(i) Copia de la Resolución núm. 1048 de 1.° de octubre de 20242, mediante
la cual se dispuso: “[…] Encargar, a partir del 01 de octubre de 2024, al
servidor público HANS ROGER GUTIERREZ RODRIGUEZ, […] en el
empleo de Subdirector General 040-24 […]”. (Negrilla y mayúscula del
texto).
(ii) Copia del acta de posesión núm. 108 de 1.° de octubre de 2024, a través
de la cual el señor Hans Roger Gutiérrez Rodríguez tomó “[…] posesión del
cargo de Subdirector General 40-24 de la planta global de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social, ubicado en la Subdirección de Defensa Judicial
Pensional […]”.
(iii) Copia de la Resolución núm. 018 de 12 de enero de 2021 expedida por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP, mediante la cual “[…] se
realizan unas delegaciones […]”.
(iv) Certificado de pagos, expedido por el Consorcio FOPEP 2022.
(v) Copia de algunas piezas procesales del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 08001-23-33-000-2016-01515-00/01”.
18. En esa misma decisión, la Sala Unitaria rechazó la demanda de tutela
interpuesta por la UGPP, al considerar que “[d]e los documentos se advierte que el
10 Obra en certificado CCF57FBBDF2BFCA6 4875367649EB4A75 BC1B8C2FCCABAD9A
EA11AF852CF0A5C0, índice 14 de Samai.
11 Índice electrónico 1 de Samai.
12 Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
13 Índice electrónico 4 de Samai. “7Autoquerequie_ACaExp20250273400UGP(.pdf) NroActua 4”.
14 Ibid.
15 Índice electrónico 7 de Samai. Soporte notificación Auto que requiere a (.pdf) NroActua 7.
16 Índice electrónico 10 de Samai. 13Autoquerechaz_ACaExp20250273400UGP(.pdf) NroActua 10.
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
abogado Javier Andrés Sosa Pérez no se encuentra facultado para presentar la
acción de tutela de la referencia”17. La Secretaría de esta Corporación notificó dicha
decisión a la UGPP18.
19. Posteriormente, el señor Hans Roger Gutiérrez Rodríguez, en calidad de
subdirector de defensa judicial pensional (e) de la UGPP, interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, apelación contra el auto del 29 de mayo de 2025,
mediante el cual se rechazó la demanda de tutela.
20. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de
auto de ponente19 del 5 de agosto de 2025, resolvió:
“PRIMERO: REVOCAR el auto del 29 de mayo de 2025, por el cual se
rechazó la demanda de tutela y, en consecuencia, se ordena a la Sección
Primera del Consejo de Estado reanudar el proceso promovido por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP) contra el Tribunal Administrativo del
Atlántico y la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación,
conforme a lo consignado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente a la Sección Primera del Consejo de
Estado para lo de su cargo”20.
21. En cumplimiento de lo anterior, mediante auto del 20 de agosto de 2025, la
Sección Primera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia
y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Atlántico y a la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado como accionados y al Ministerio del
Trabajo y al señor Ulises Orlando Buelvas Sandoval como terceros con interés.
Intervenciones
22. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó que
se declare improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el
requisito de inmediatez. Afirmó que la sentencia del 7 de julio de 2022 fue notificada
el 22 de septiembre de 2022 y la demanda de amparo se presentó hasta el 8 de
mayo de 2025, es decir, por fuera del plazo de seis meses fijado por la jurisprudencia
constitucional.
23. De igual modo, expuso que no se cumple con el requisito de subsidiariedad,
toda vez que la UGPP tiene a su alcance la acción especial de revisión que
establece el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, mecanismo dispuesto para la revisión
de decisiones judiciales que imponen la obligación de cubrir sumas periódicas por
concepto pensional.
24. El señor Ulises Orlando Buelvas Sandoval señaló que en el presente asunto
no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la entidad
17 Ibid.
18 Índice electrónico 013 de Samai. Soporte notificación Auto que rechaza dem(.pdf) NroActua 13.
19 Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez.
20 Folio 8 del auto del 5 de agosto de 2025.
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Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
accionante pretende usar la tutela como una instancia adicional al proceso ordinario,
a fin de que se estudien nuevamente las pruebas y la normatividad aplicada por el
juez natural de la causa.
La sentencia de primera instancia
25. Por medio de sentencia del 18 de septiembre de 2025, la Sección Primera del
Consejo de Estado indicó que la UGPP no interpuso el recurso de apelación que
tenía a su alcance contra la sentencia del 15 de marzo de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que dio origen a la presente acción constitucional. En
consecuencia, al no haber la entidad utilizado los mecanismos de defensa judicial
idóneos para proteger los derechos fundamentales que considera vulnerados,
estimó que no se cumplía con el requisito de subsidiariedad.
26. Así, al no encontrar probado un perjuicio irremediable y, de acuerdo con lo
establecido por la jurisprudencia constitucional, declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia.
La impugnación
27. Contra la decisión precitada la parte accionante, por conducto de apoderado,
presentó impugnación mediante escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos
en la demanda.
28. Insistió en que, una vez pagados los dineros correspondientes a las mesadas
pensionales del señor Ulises Orlando Buelvas Sandoval, estos no podrán ser
recuperados, en virtud del principio de buena fe. En ese sentido, adujo que declarar
improcedente la tutela era una decisión que va en contra del erario, de la moralidad
administrativa y de la sostenibilidad del sistema pensional que busca proteger la
entidad con la presente acción.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
29. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
30. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder: ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular el de subsidiariedad, al
disponer la parte accionante de otros medios de defensa dentro del ordenamiento
jurídico?
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02734-02
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
31. De resultar afirmativo la respuesta del anterior interrogante, se resolverá ¿si la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado21, con la expedición
de la sentencia del 7 de julio de 2022, incurrió en un defecto sustantivo y un defecto
procedimental absoluto y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración justicia de la parte
accionante?
32. Para responder los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) los
requisitos generales de procedibilidad y (ii) el caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
33. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 200522,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.
34. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar23; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela24, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional25 o el Consejo de Estado26,
ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-27; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, el cual se encuentra acreditado en el
presente asunto, dado que, conforme con el Oficio núm. JFS-2470 del 13 de mayo
de 2025, la Secretaría del Consejo de Estado le indicó a la UGPP que, por un error
involuntario, se omitió enviar la demanda para el respectivo reparto y radicación 28,
pero que, desde el 8 de mayo de 2025, la acción fue remitida a despacho,
aclarándose a los interesados que la tutela se presentó desde el 27 de febrero de
202329. Así las cosas, entre la notificación de la sentencia cuestionada, llevada a
21 Si bien la demanda de tutela también se dirige contra la sentencia del 15 de marzo de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el estudio se centrará en la providencia del 7
de julio de 2022, por ser esta la que puso fin al proceso.
22 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
23 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
24 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
25 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
26 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
27 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
28 Obra en certificado CCF57FBBDF2BFCA6 4875367649EB4A75 BC1B8C2FCCABAD9A
EA11AF852CF0A5C0, índice 14 de Samai.
29 Índice electrónico 1 de Samai.
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Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
cabo el 7 de septiembre de 202230, y la formulación de la acción de tutela transcurrió
un plazo razonable de 5 meses y medio aproximadamente. Para la Sala, este
cómputo asegura el derecho al acceso a la administración judicial, toda vez que no
puede trasladarse a la entidad demandante los errores en que se pudo incurrir en
la trazabilidad de la demanda de tutela de la referencia; (iv) que se identifique de
forma clara, detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los
derechos fundamentales en cuestión; (v) que se cumpla con el requisito de
subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que agotó todos los medios de
defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un
perjuicio irremediable31 o los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos
o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia
constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional
y no meramente legal o económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada.
Caso concreto
35. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad
de subsidiariedad.
36. Sobre el particular, el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución Política 32,
así como el artículo 6 del Decreto 2591 de 199133 precisan el carácter subsidiario
de la acción de tutela, puesto que ésta sólo es procedente cuando no se dispone de
otro medio de defensa judicial.
37. En el caso bajo estudio, la parte accionante solicita la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, con ocasión de la expedición de la sentencia del 7 de julio de 2022, proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que resolvió la
segunda instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentado por el señor Ulises Orlando Buelvas Sandoval contra la UGPP y el
Ministerio del Trabajo.
30 La Secretaría del Consejo de Estado notificó la sentencia mencionada el 7 de septiembre de
2022, de acuerdo con el índice 27 de SAMAI, en el expediente 08001233300020160151501
31 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
32 “Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública. “(…).
“Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable” (se destaca).
33 “ARTÍCULO 6 Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
“1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios
será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante” (se destaca).
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02734-02
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
38. Sin embargo, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, se advierte
que, tal como lo señaló el a quo, la UGPP no interpuso recurso de apelación contra
la sentencia del 15 de marzo de 2019, dictada por el Tribunal Administración del
Atlántico. Al respecto, dicho mecanismo, contemplado en el artículo 24334 de la Ley
1437 de 2011, constituía un medio idóneo y efectivo de defensa, a través del cual
la entidad accionante podía plantear ante el juez de lo contencioso administrativo
los argumentos que ahora presenta en sede constitucional.
39. Adicional a ello, el ordenamiento jurídico también contempla un procedimiento
para revisar las decisiones judiciales que efectuaron el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, el cual está
consagrado en el artículo 2035 de la Ley 797 de 2003, que reformó algunas normas
del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y adoptó
disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales.
40. Al respecto, la Corte Constitucional dispuso que “la ley establecerá un
procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del
derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las
convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados”36, fines que cumple el
recurso especial de revisión previsto en la Ley 797 de 2003.
41. Así las cosas, es necesario resaltar que la causal de improcedencia de la acción
consistente en la existencia de otros medios de defensa tiene el propósito de
respetar la división de competencias que la Constitución Política ha delineado y el
principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto, invadir la órbita de
competencia del juez natural de la causa implica desconocer el encargo
constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada,
función para la cual fueron revestidos de autonomía e independencia.
42. De esta manera, por no cumplir los requisitos de procedibilidad y al no haberse
demostrado la existencia o inminencia de un perjuicio irremediable, se confirmará la
sentencia del 18 de septiembre de 2025, proferida por la Sección Primera del
34 “[…] Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos
en la misma instancia […]”.
35 ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL
TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias judiciales que
en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República
o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por
el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este
en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) cuando la cuantía
del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que
le eran legalmente aplicables.
36 Corte Constitucional, Sentencias T-103 de 2019 y SU-631 de 2017.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02734-02
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia,
de acuerdo con los argumentos previamente expuestos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de septiembre de 2025, proferida por
la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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