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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02736-01

Fecha
2 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02736-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

2 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02736-01 (1243)
Accionante: Salud Total E.P.S. S.A.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de
reparación directa. Subtema 2: indebida escogencia del mecanismo judicial.
Subtema 3: defecto sustantivo, decisión sin motivación y desconocimiento del
precedente.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por Salud Total E.P.S. S.A., contra la sentencia del 12
de septiembre de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C.

1. Síntesis del caso

La empresa Salud Total E.P.S. S.A. presentó acción de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, que consideró vulnerados con ocasión de las sentencias
del 31 de octubre de 2013 y del 10 de octubre de 2024 emitidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, respectivamente, dentro del expediente
identificado con el radicado núm. 25000-23-26-000-2008-00759-00/01

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:

1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02736-01 (1243)
Accionante: Salud Total E.P.S. S.A.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

2. Las Resoluciones 2312 de 1998, 2948 y 2949 de 2003, 3797 de 2004 y 2933
de 2006, expedidas por el Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud
y Protección Social, ordenaron reconocer a favor de Salud Total E.P.S. S.A.,
únicamente, el 50% de las solicitudes de recobro presentadas por concepto de
medicamentos que no tuvieran homólogo. Tal situación le causó un detrimento
patrimonial a la demandante.

3.
El Consejo de Estado, mediante sentencias del 4 de septiembre de 2008,
(expediente núm. 2003-00327), del 18 de junio de 2009 (expedientes acumulados
2004-00139 y 2004-00175) y del 18 de junio de 2009 (expediente núm. 2004-
00340), declaró la nulidad de los artículos 3 de la Resolución núm. 2312 de 12 de
junio de 1998, 11, literal b), de la Resolución núm. 002948 de 3 de octubre de 2003
y 2, literal b) de la Resolución 002949 de 3 de octubre de 2003.

4. La empresa Salud Total E.P.S. S.A. presentó demanda de reparación directa
en contra del Ministerio de Salud y de la Protección Social y del Consorcio
Fidufosyga 2005, con el fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios materiales
causados por el no pago total de las solicitudes de recobro por medicamentos sin
homólogo, que fueron suministrados por la E.P.S, en cumplimiento de los fallos
proferidos por los jueces de la república en acciones de tutela o por el comité técnico
científico, los cuales se cancelaron, únicamente al 50%.

5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
mediante sentencia del 31 de octubre de 2013, negó las pretensiones de la
demanda. Contra dicha decisión, la parte actora presentó recurso de apelación.

6. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, a través de providencia
del 10 de octubre de 2024, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró
probada la excepción de indebida escogencia de la acción, al considerar que las
solicitudes de recobro promovidas por la demandante fueron decididas por el
Ministerio de Salud y de la Protección Social con actos administrativos, que debieron
ser demandados por medio del mecanismo de nulidad y restablecimiento del
derecho, tal y como se precisó en la sentencia de unificación del 20 de abril de 2023,
radicado núm. 25000-23-26-000-2012-00291-01(55085)

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

7. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:

PRIMERA: Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y
administración de justicia de mi representada, los cuales fueron desconocidos por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C, [y por el] CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B, […].
SEGUNDA: Que como consecuencia del amparo solicitado se deje sin efectos las
providencias judiciales cuestionadas proferidas por el Tribunal Administrativo de

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02736-00, índice 2, certificado núm. A52935689602AC83 2E5CBF519F36CBDF
0831E40312249962 2A1D4FFFC8B0C336.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02736-01 (1243)
Accionante: Salud Total E.P.S. S.A.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” […] y por el Consejo de Estado Sala
de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B; dentro del radicado
25000232600020080075901; decisiones violatorias de los derechos fundamentales al
debido, administración de justicia y seguridad jurídica.

TERCERA: Que se adopten medidas necesarias para evitar que en el futuro se repitan
las vulneraciones a los derechos mencionados en la presente acción de tutela 2.

8. Si bien, la parte actora en el escrito de tutela dirige pretensiones frente al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo cierto es que los argumentos de la
acción constitucional se estructuran respecto de la decisión adoptada por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

9.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte tutelante manifestó que la
providencia cuestionada incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo porque
aplicó retroactivamente un precedente jurisprudencial del año 2023 para declarar
de oficio la excepción de indebida escogencia del medio de control, sin tener en
cuenta que la demanda fue radicada en el 2008 y permaneció 15 años en curso, por
lo que no era posible acudir a dicha decisión judicial para definir el asunto.

10. Afirmó que la interpretación adoptada por la autoridad judicial resultó
irrazonable, desproporcionada y contraria al principio de seguridad jurídica, en tanto
desconoció que antes del año 2023 no se tenía un criterio jurisprudencial uniforme
sobre la vía procesal adecuada para reclamar el recobro de medicamentos que no
tuvieran homólogo en el plan obligatorio de salud.

11.
Agregó que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional (autos A-389 de 2021
y A 1942 de 2023), permitía que los demandantes acudieran a cualquier medio de
control judicial que garantizara la protección de sus derechos.

12. La accionante sostuvo que la reparación directa era el medio de control idóneo
para analizar la procedencia de sus pretensiones, pues se buscaba la
indemnización de un daño antijurídico derivado de una actuación administrativa
irregular. Destacó que los actos administrativos fueron posteriormente anulados por
el Consejo de Estado, por lo que se acreditó un hecho concreto que demostraba la
existencia del menoscabo excesivo que no estaba en el deber de soportar y la
responsabilidad del Estado, lo que a su vez implicaba un enriquecimiento sin causa.

13. Adicionalmente, expuso que la autoridad judicial omitió dar aplicación al
principio de favorabilidad y adecuar la demanda al mecanismo que consideraba
pertinente para emitir un pronunciamiento de fondo al caso. No obstante, resolvió
dar por terminado el proceso por indebida escogencia del medio de control judicial,
sin estudiar el litigio.

2
Se transcribe incluso con errores
3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02736-01 (1243)
Accionante: Salud Total E.P.S. S.A.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

14.Por otro lado, mencionó que la providencia acusada carece de motivación, ya
que no justificó de forma clara y concreta el sentido de la decisión, toda vez que citó
una línea jurisprudencial que no era aplicable al caso y analizó la ocurrencia del
daño, dado que no tuvo en cuenta que este se originó con la Resolución 2312 de
1998.

15. Añadió que la autoridad judicial omitió pronunciarse sobre hechos esenciales,
en la medida en que no explicó las razones por las cuales dejó de resolver aspectos
relevantes del expediente y se limitó a referir consideraciones retóricas sin sustento.
Así pues, resaltó que esa falta de justificación pasó por alto el deber legal que se
exige a las autoridades judiciales de que toda decisión judicial este debidamente
fundamentada.

16. De otro lado, mencionó que la sentencia objeto de tutela incurrió en un defecto
por desconocimiento del precedente, ya que no valoró la jurisprudencia vigente al
momento de los hechos, puesto que no tuvo en cuenta que los actos administrativos
fueron declarados parcialmente nulos por el Consejo de Estado, lo que demostraba
la existencia de un daño antijurídico al asumir con recursos propios el 50% del valor
de medicamentos no «POS3».

17. Expresó que, conforme a las sentencias C-038 de 2006 y C- 149 de 1993, era
viable la reparación directa cuando el daño derivaba directamente de un acto
general anulado. De manera que era procedente efectuar un estudio integral de
asunto puesto a consideración de la autoridad judicial, por lo que no era dable
reconocer la existencia de una situación que generó un daño, pero negar un
pronunciamiento sobre su indemnización.

18. Finalmente, advirtió que la providencia acusada incurrió en el defecto de
violación directa de la Constitución, por cuanto desconoció preceptos superiores
como el debido proceso previsto en el artículo 29 de la carta política, al no realizar
el juzgamiento conforme a las normas preexistentes cuando ocurrieron los hechos
entre 2008 y 2013.

2.3. Trámite procesal

19. El despacho ponente de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante auto del 12 de mayo de 20254, admitió la solicitud de amparo,
ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, en su calidad de autoridades accionadas
y, puso en conocimiento el escrito de tutela al Ministerio de Salud y de la Protección
Social y al Consorcio Fidufosyga, en su condición los terceros interesados.

3
Plan Obligatorio de Salud.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02736-00, índice 4, certificado núm. 9F639C99A4040308 16BA1014313763EA
9BC9CFB3B652A139 1225E3CDD3ED3114.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02736-01 (1243)
Accionante: Salud Total E.P.S. S.A.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

2.4. Intervenciones

20. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B 5 se limitó a manifestar
que la providencia y el expediente del proceso de reparación directa contienen los
elementos necesarios para que el juez constitucional adopte la decisión
correspondiente.

21.
Asimismo, mencionó que en la sentencia cuestionada se efectuó un análisis
razonable de los hechos y los elementos probatorios aportados al trámite judicial,
con lo que se concluyó que la parte demandante no acreditó el nexo entre el daño
y la prestación del servicio.

22. El Consorcio Fidufosyga 2005 en liquidación6 solicitó que se declare
improcedente la tutela, con el argumento que no cumple con los requisitos generales
y especiales de procedencia de la acción contra providencias judiciales.

23. Afirmó que no se configura el presupuesto de relevancia constitucional porque
la acción se fundamentó en inconformidades subjetivas, sin demostrar la existencia
de un hecho concreto que constituya una arbitrariedad de la autoridad judicial
accionada.

24.Además, indicó que la accionante pretende utilizar esta acción constitucional
como si fuera una nueva instancia para reabrir un proceso ya decidido.

25. Agregó que contrario a lo expuesto por la tutelante, la providencia cuestionada
efectuó una valoración razonable de los hechos y las pruebas aportadas al proceso,
por lo que la decisión fue jurídicamente motivada y no desconoció el precedente

26. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, ADRES7 afirmó que la tutelante pretende reabrir el debate jurídico
previamente definido por el juez natural, sin que exista una amenaza real a los
derechos fundamentales invocados.

27. Expuso que la decisión no incurrió en ninguno de los defectos alegados en la
tutela, pues las sentencias cuestionadas se profirieron con base en los hechos, las
pruebas y las normas aplicables al caso concreto.

28. Precisó que no se desconoció el precedente porque el caso fue decidido
conforme a la jurisprudencia pertinente y, resaltó que no es cierto que el Consejo
de Estado hubiera omitido realizar un análisis de fondo del asunto o incurrido en
una interpretación irrazonable.

5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02736-00, índice 9, certificado núm. 2EE372A9C66A7D77 6F79B4C826F019C7
2ED6AFD874B37118 C2CA2A3C771A561D.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02736-00, índice 11, certificado núm. A72E503CB45B5505 B4CFD8B6B854B086
11C772F65B47A41A 9BE930EF16D27D7F.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02736-00, índice 12, certificado núm. 34CBC35F899D6171 BF0D46A95C4E08A5
BA525EA73C25E089 A40359B7AB753FB5.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02736-01 (1243)
Accionante: Salud Total E.P.S. S.A.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

29. Por último, mencionó que carece de legitimación en la causa por pasiva para
responder por las pretensiones de la tutelante, debido a que la solicitud de amparo
se dirige a cuestionar una decisión judicial y no una actuación de la entidad.

30. El Ministerio de Salud y Protección Social 8 manifestó que carece de
competencia y de legitimación en la causa por pasiva, pues su función se concreta
en la formulación de políticas públicas en salud, sin que tenga injerencia en la
expedición de decisiones judiciales, por lo que no se puede inferir alguna acción u
omisión de la entidad tendiente a desconocer los derechos fundamentales
invocados por la tutelante.

31. Añadió que no se configura ninguna de las causales especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial. Además, la parte actora pretende
reabrir un debate jurídico con este mecanismo constitucional que no constituye la
vía adecuada.

32. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C 9
remitió, a esta corporación, el expediente del medio de control de reparación directa,
sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones del escrito de tutela.

2.5. Sentencia de primera instancia

33. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del
12 de septiembre de 202510 declaró improcedente la tutela, al considerar que la
solicitud de amparo no cumplió con los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad.

34. Al respecto, indicó que los cargos relativos i) a la indebida aplicación de la
sentencia de unificación de 2023, ii) a la viabilidad de la reparación directa, iii) a la
omisión del principio de favorabilidad, iv) a la inobservancia de la postura
jurisprudencial aceptada en el momento en que se interpuso el trámite y v) al fallo
inhibitorio no satisfacían el requisito de relevancia constitucional, por cuanto no
estaban debidamente justificados; y por el contrario, se dirigían a revivir el análisis
jurídico efectuado por el juez natural.

35. Resaltó que la parte actora acudió a la tutela como si se tratara de una instancia
adicional, pues los aspectos correspondientes al medio de control idóneo para
reclamar el pago parcial de recobros de medicamentos no incluidos en el POS, hoy
PBS11, fueron analizados por el juez natural de la causa bajo el precedente aplicable
a esos asuntos, por lo cual resulta evidente que las quejas de la tutelante buscan

8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02736-00, índice 16, certificado núm. 2CA03F747FE1A4C4 19626900A784F73A
8E18E2922C704EE1 D6DA898F8CDF0541.
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02736-00, índice 14, certificado núm. 21319C7DAF94E9D9 D6E8835666EADC80
F3E3F27E0FCD3E79 56E287450162F8A8.
10
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02736-00 índice 33, certificado núm. F71AF892867741F1 0C2F1D8B8CD0066E
B00B0F9995308492 E948FDCE10E88750.
11
Plan de Beneficios de Salud.
6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02736-01 (1243)
Accionante: Salud Total E.P.S. S.A.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

que prevalezca su interpretación por encima de la definida por la autoridad
accionada.

36. Por otra parte, afirmó que la sentencia de unificación del 20 de abril de 2023 era
precedente vinculante y de obligatorio cumplimiento para aquellos casos que se
encontraban en discusión judicial.

37.
Expuso que la sentencia es clara en indicar que las decisiones adoptadas por
el administrador fiduciario del Fosyga en relación con las solicitudes de recobro por
servicios de salud no incluidos en el POS son actos definitivos, pues se trata del
ejercicio de una función administrativa regulada por la ley. En consecuencia, el
medio de control idóneo para controvertir dichas decisiones era el de nulidad y
restablecimiento del derecho, y no el de reparación directa.

38. En este sentido, precisó que la acción de tutela no es el escenario para imponer
posturas propias cuando existen líneas decisorias definidas. Por lo tanto, no es un
mecanismo destinado a revocar o modificar decisiones judiciales con fundamento
en criterios jurídicos distintos a los acogidos por el juez natural, sino que se orienta
exclusivamente a remediar defectos manifiestos que representen una vulneración
evidente al debido proceso.

39. Por otro lado, indicó que la solicitud no cumple con el requisito de
subsidiariedad, debido a que podía acudir al recurso extraordinario de revisión con
fundamento en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 para alegar la
falta de motivación de la sentencia objeto de tutela por no haberse pronunciado
sobre aspectos que debieron quedar expresamente analizados.

40. De igual manera, destacó que la tutelante también contaba con la posibilidad de
presentar una solicitud de complementación conforme a lo dispuesto en el artículo
287 del Código General del Proceso. Sin embargo, no se advierte que ninguna de
las peticiones anteriores se hubiera presentado en el curso del proceso ordinario.

41.
De este modo, concluyó que las quejas planteadas por la tutelante devienen en
improcedentes por ausencia del requisito de subsidiariedad. Además de que no se
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que exija la intervención
excepcional del juez de constitucional.

2.6. Impugnación

42. La parte actora presentó impugnación12 en contra de la sentencia del Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, al considerar que la solicitud de amparo
tiene una marcada relevancia constitucional, toda vez que se solicita la protección
de derechos fundamentales previstos en los artículos 29, 228 y 229 de la
Constitución que, a su juicio, fueron vulnerados por la accionada.

12
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02736-00, índice 37, certificado núm. 3E7DEDDEC45EEDF2 3611D822CFB7DA77
3B8A5B330F20B567 043559769A067B46.
7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02736-01 (1243)
Accionante: Salud Total E.P.S. S.A.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

43.
Insistió en que la solicitud de amparo reviste especial relevancia constitucional,
dado que involucra una suma considerable de dinero perteneciente al flujo de caja
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

44. En este sentido, explicó que los recursos reclamados son de carácter parafiscal
y cuentan con protección constitucional, pues financian temporalmente servicios no
POS con fondos de la UPC hasta que se reconoce el recobro ante la ADRES. Una
vez reconocidos, estos recursos mantienen su naturaleza y vuelven a destinarse
para cubrir beneficios de salud.

45. Manifestó que el proceso iniciado por Salud Total E.P.S. S.A., buscaba la
reparación del daño causado por el Ministerio de Salud y Protección Social y el
Consorcio Fidufosyga 2005, debido al incumplimiento en el pago de fondos
destinados a prestaciones legales asumidas por el Estado.

46. Agregó que la falta de reconocimiento del daño por las entidades demandadas
afecta el cumplimiento de los artículos 48 y 49 de la Constitución, que establecen la
obligación estatal de garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de salud y
la prestación del servicio.

47. Resaltó el tratamiento especial y la responsabilidad de los actores del sistema
de salud en la adecuada destinación de los recursos parafiscales e indicó que la
mala gestión afecta el acceso al servicio público y el derecho fundamental a la salud,
especialmente para la población del régimen subsidiado, lo que ha obligado a las
E.P.S a recurrir a acciones judiciales para garantizar el pago oportuno.

48. Enfatizó en que las E.P.S deben gestionar activamente el recaudo de los
recursos que financian el aseguramiento en salud, ya que omitir esta actividad
perjudica el funcionamiento del sistema y transgrede los límites legales establecidos
para su gestión, conforme a la Ley 100 de 1993 y la Ley 1122 de 2007.

49.
Por lo anterior, solicitó que se revoque la providencia impugnada y, en su lugar,
se acceda a las pretensiones de la tutela.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

50. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, la impugnación interpuesta en contra de la sentencia del 12 de
septiembre de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02736-01 (1243)
Accionante: Salud Total E.P.S. S.A.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

3.2. Legitimación en la causa

51. La legitimación en la causa por activa de la empresa Salud Total E.P.S. S. A.
está acreditada porque fue la demandante en el proceso de reparación directa en el
que fue expedida la sentencia que, a su juicio, desconoció sus derechos
fundamentales.

52.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, debido a que fue la autoridad que profirió
la providencia objeto de estudio.

53. El Ministerio de Salud y Protección Social y la Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, solicitaron su
desvinculación, al considerar que no estaban llamadas a responder por la
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

54. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de terceros, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda
vez que dichas entidades actuó como parte demandada y vinculada dentro del
proceso ordinario en el que fue expedida la providencia objeto de reparos y, en
consecuencia, la decisión que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por
los motivos expuestos, se negará su solicitud.

3.3. Cuestión preliminar

3.3.1. La providencia objeto de estudio

55.La Sala considera pertinente advertir que, si bien el escrito de tutela se
menciona como autoridad accionada al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C y al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, lo cierto es que las inconformidades de la accionante están dirigidas
cuestionar la decisión adoptada por esta última autoridad judicial.

56. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia
de segunda instancia expedida el 10 de octubre de 2024 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, toda vez que esta decisión fue la que resolvió de
manera definitiva la procedibilidad de la demanda promovida por Salud Total E.P.S.
S.A. en contra del Ministerio de Salud y Protección Social y otros.

3.3.2. Determinación del defecto objeto de análisis

57. La accionante, en el escrito de amparo, le atribuye a la providencia cuestionada
los siguientes defectos: i) sustantivo, ii) violación directa de la Constitución, iii)
desconocimiento del precedente, y iv) decisión sin motivación.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02736-01 (1243)
Accionante: Salud Total E.P.S. S.A.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

58. Sin embargo, al revisar los argumentos descritos en la solicitud de tutela, se
advierte que la inconformidad de la accionante se concreta en la aplicación que hizo
la autoridad judicial accionada de una regla jurisprudencial establecida en una
sentencia de unificación con la que se definió la procedencia de la demanda de
reparación directa promovida por la tutelante. Por esta razón, la Sala analizará el
asunto bajo una posible configuración de los defectos de desconocimiento del
precedente y decisión sin motivación.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

59. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado 13, y de la Corte Constitucional
han precisado que la acción de tutela contra providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en
procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de
este mecanismo constitucional14.

60.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

61.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales15 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

62. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii)
procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a la

13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
15
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02736-01 (1243)
Accionante: Salud Total E.P.S. S.A.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución16.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

63. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional17 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

64. Así pues, la Corte Constitucional18 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»19 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»20;

ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y

iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

65.
En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una decisión ajustada a derecho.

66. También, supera el requisito de subsidiariedad porque la parte actora no cuenta
con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus
derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas dentro del medio de
control de reparación directa en el que se profirió la decisión objeto de tutela.

16
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02736-01 (1243)
Accionante: Salud Total E.P.S. S.A.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

67. Seguidamente, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que
la sentencia proferida el 10 de octubre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, fue notificada el 8 de noviembre siguiente21, y la demanda
de tutela se presentó el 8 de mayo de 202522, esto es, dentro del plazo de seis
meses previsto por la jurisprudencia constitucional23 y del Consejo de Estado24
como razonable.

68.
En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso ordinario, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en contra
de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

69. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.

70. Así las cosas, la Sala encuentra superados los requisitos generales de
procedibilidad en relación en relación con los defectos de desconocimiento del
precedente y decisión sin motivación, en ese orden, continuará con el análisis de
fondo en los términos que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

71. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al
administración de justicia de Salud Total E.P.S. S.A. e incurrió en desconocimiento
del precedente judicial y en decisión sin motivación, al proferir la sentencia del 10
de octubre de 2024, mediante la cual se revocó el fallo proferido por el 31 de octubre
de 2013, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C y, en su lugar, declaró probada la excepción de indebida escogencia
de la acción?

72.
Para el efecto, se estudiarán: (i) la generalidad de los defectos invocados; y (ii)
el caso concreto.

3.5.1. El desconocimiento del precedente judicial

73. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la

21
Samai, exp. 25000-23-26-000-2008-00759-01, índice 111.
22
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02736-00, índice 1.
23
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02736-01 (1243)
Accionante: Salud Total E.P.S. S.A.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas25.

74. Sobre el punto, la Corte Constitucional26 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos
analizados y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente
considerado por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior.
Frente a la obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto
de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el
ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un
principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales27.

75. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia28.

76.
En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»29.

25 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
26 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
27 Se transcribe incluso con errores.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
29 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
13

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02736-01 (1243)
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Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

77.
Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela30.

78. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación31.

79. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.

3.5.2. Decisión sin motivación

80. El deber que les corresponde a las autoridades judiciales de fundamentar sus
decisiones en el marco jurídico aplicable y en los supuestos fácticos objeto de
estudio dio lugar a que la ausencia de un análisis razonable del asunto se
considerara una causal autónoma para la procedencia de la tutela en contra de
providencia juridiciales.

81. Al respecto, la Corte Constitucional, concluyó que la decisión sin motivación se
configura por «el incumplimiento de los servidores judiciales del deber de dar cuenta
de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, pues precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. Este tipo de falencia se
distingue del defecto fáctico, en cu[a]nto no se estructura a partir de la
disconformidad entre la motivación de la sentencia y su parte resolutiva, sino en la
ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido»32

30 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
31 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
32
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, criterio reiterado en sentenciasT-310 de 2009 y T-502 de 2024.
14

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02736-01 (1243)
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82. En atención a lo anterior, la jurisprudencia constitucional33 precisó que la
ausencia de motivación no se estructura ante cualquier divergencia con el
razonamiento del juez, sino, únicamente, cuando su argumentación fue
decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o inexistente. Esto es, porque
el respeto del principio de autonomía judicial impide que el juez de tutela se
inmiscuya en meras controversias interpretativas. En efecto, la competencia en
materia de tutela «se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de
argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del
juez, es decir, en una arbitrariedad».34

83. Lo expuesto significa que la falta de motivación como causal de procedencia de
la tutela en contra de decisiones judiciales propende por la salvaguarda del derecho
de los ciudadanos a obtener respuestas razonadas de la administración de justicia,
lo cual permite que se pueda ejercer adecuadamente el derecho de contradicción.

84. En este sentido, el cargo de ausencia de motivación de una decisión judicial le
exige al juez de tutela examinar el contenido de los argumentos de hecho y de
derecho en los que se sustenta la providencia cuestionada, pues no se puede
desconocer los fundamentos en los que se estructuran las decisiones de los jueces,
son elementos esenciales de la función judicial. De modo que su inexistencia o
deficiencia puede convertir la providencia en un mero acto sometido a la voluntad
del juez, lo cual supone una clara vulneración del debido proceso.

85. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha determinado que no
corresponde al juez de tutela establecer a qué conclusión debió llegar la autoridad
judicial accionada, sino señalar que la providencia atacada presenta un grave déficit
de motivación que la deslegitima como tal.35

3.6. Caso concreto

En el asunto bajo estudio, Salud Total E.P.S. S.A. presentó escrito en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Salud y de la
Protección Social y el Consorcio Fidufosyga 2005, con la pretensión de
resarcimiento de los perjuicios causados por el no pago total de las solicitudes de
recobro por medicamentos sin homólogo, suministrado por la E.P.S en
cumplimiento de fallos proferidos por los jueces de la República, que han resuelto
acciones de tutela o por el comité técnico científico, los cuales fueron pagados,
únicamente en un 50%.

86. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, mediante providencia del 31 de octubre de 2013, negó las
pretensiones de la demanda.

87. Apelada la anterior decisión, el Consejo de Estado, Sección Tercera,

33
Corte Constitucional, sentencia T-233 de 2007, criterio reiterado en la sentencia T-041 de 2018.
34
Corte Constitucional, sentencia T-709 de 2010, criterio reiterado en la sentencia T-041 de 2018.
35
Corte Constitucional, sentencia T-247 de 2006, criterio reiterado en sentencia T-502 de 2024
15

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02736-01 (1243)
Accionante: Salud Total E.P.S. S.A.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

Subsección B emitió providencia el 10 de octubre de 2024 en la que revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró probada de oficio la excepción
de indebida escogencia de la acción.

88. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela que la
corporación judicial accionada, al proferir la sentencia del 10 de octubre de 2024,
incurrió en desconocimiento del precedente porque dio aplicación al criterio
jurisprudencial previsto en la sentencia de unificación del 20 de abril de 202336 para
declarar de oficio la excepción de indebida escogencia de la acción y abstenerse de
pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda.

89.
En este sentido, explicó que la interpretación adoptada por la autoridad judicial
resultó irrazonable, desproporcionada y contraria al principio de seguridad jurídica,
en tanto desconoció que antes del año 2023 no se tenía un criterio jurisprudencial
uniforme sobre la vía procesal adecuada para reclamar el recobro de medicamentos
que no tuvieran homólogo en el plan obligatorio de salud.

90. Agregó que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional (autos A-389 de 2021
y A 1942 de 2023), permitía que los demandantes acudieran a cualquier medio de
control judicial que garantizara la protección de sus derechos.

91. Afirmó que la decisión cuestionada no valoró la jurisprudencia vigente al
momento de los hechos, puesto que no tuvo en cuenta que los actos administrativos
fueron declarados parcialmente nulos por el Consejo de Estado, lo que demostraba
la existencia de un daño antijurídico al asumir con recursos propios el 50% del valor
de medicamentos no incluidos en el POS.

92. Expresó que, conforme a las sentencias C-038 de 2006 y C- 149 de 1993, era
viable la reparación directa cuando el daño derivaba directamente de un acto
jurídico. De manera que era procedente efectuar un estudio integral de asunto
puesto a consideración de la autoridad judicial.

93.Por otro lado, mencionó que la providencia acusada carece de motivación, ya
que no justificó de forma clara y concreta el sentido de la decisión, toda vez que citó
una línea jurisprudencial que no era aplicable al caso.

94. Añadió que la autoridad judicial omitió exponer las razones por las cuales dejó
de resolver aspectos relevantes del expediente y se limitó a consideraciones
retóricas sin la debida justificación.

95. Pues bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela (sentencia
del 10 de octubre de 2024), se observa que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B se pronunció sobre la fuente del daño cuando se pretende la
reparación de perjuicios ocasionados por actos administrativos en asuntos

36
Radicado núm. 25000-23-26-000-2012-00291-01(55085).
16

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02736-01 (1243)
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Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

derivados del recobro de servicios no incluidos en el POS e indicó que la
jurisprudencia de la corporación37 en casos similares ha expresado lo siguiente:

La fuente del daño cuya reparación reclama la parte demandante son i) las resoluciones
proferidas por el Ministerio de Salud y Protección Social que dispusieron reconocer a
la EPS el 50% del costo de los medicamentos no POS ordenados a través de fallos de
tutela y, ii) las glosas mediante los cuales se rechazaron los recobros de los servicios
no incluidos en el POS, las cuales constituyen verdaderos actos administrativos, motivo
por el cual su validez debe ser cuestionada a través del medio de control jurisdiccional
de nulidad y restablecimiento del derecho […] la fuente del supuesto daño cuya
indemnización se reclama con la demanda deviene de las decisiones (glosas) que
rechazaron el pago de los recobros […].

96. A partir de lo anterior, la autoridad judicial accionada resaltó que la
jurisprudencia reciente del Consejo de Estado ha establecido que: «[…] la acción
de reparación directa no es la idónea para discutir la legalidad de las mismas ya
que, se está frente a actos administrativos que debieron atacarse mediante la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que se trata de decisiones
administrativas que, por mandato legal, están amparadas por una presunción de
legalidad y, que por tanto, son de obligatorio cumplimiento mientras no sean objeto
de suspensión provisional o cuando menos de anulación por parte del juez
competente […]»38.

97. Con base en lo mencionado expuso que el Consejo de Estado, mediante
sentencia del 20 de abril de 2023, unificó su jurisprudencia y definió que el medio
de control judicial adecuado para reclamar el pago de prestaciones de servicios de
salud no incluidos en el POS es el de nulidad y restablecimiento del derecho. Sobre
el particular, la referida providencia expuso lo siguiente:

[…] la decisión definitiva del administrador del Fosyga –sobre las solicitudes de recobro
por concepto de suministro de medicamentos, servicios médicos y prestaciones de
salud no incluidos en el POS, autorizados por el Comité Técnico Científico o por fallos
de tutela– es un acto administrativo. En consecuencia, la acción procedente para
solicitar la responsabilidad de los daños derivados de las decisiones del administrador
fiduciario del Fosyga, frente a las solicitudes de recobro por servicios de salud no
incluidos en el POS es la nulidad y restablecimiento del derecho. La acción de
reparación directa no puede interponerse sin límite 39, ni restar –por su uso
indiscriminado– eficacia a las demás acciones contenciosas.

Esta sentencia busca garantizar la unidad de interpretación respecto de la acción
procedente para solicitar la responsabilidad derivada de las decisiones del
administrador fiduciario del Fosyga. Por ello, será referente para resolver todas las
controversias en curso a las que les aplique el régimen legal que fue estudiado en el
fallo.

37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 7 de septiembre
de 2023, exp. 43678.
38
Ibidem.
39
Cita original) Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2009, Rad. 27.422 [fundamento
jurídico 2] y sentencia del 13 de mayo de 2009, Rad. 15.652 [fundamento jurídico II], con salvamento de voto. En el mismo
sentido, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de septiembre de 2021, Rad. 55608 [fundamento jurídico 5],
con votos particulares.
17

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02736-01 (1243)
Accionante: Salud Total E.P.S. S.A.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

98. Con fundamento en la regla jurisprudencial descrita, la providencia objeto de
tutela expuso que los hechos planteados por la demandante en el escrito inicial
permitían inferir que el Ministerio de Salud y de la Protección Social decidió sobre
las solicitudes de recobro a través de actos administrativos. De manera que medio
de control judicial pertinente para cuestionar la legalidad de las actuaciones de la
administración es el de nulidad y restablecimiento del derecho.

99.
Así pues, la autoridad accionada concluyó que, en atención a la unificación
jurisprudencial, Salud Total E.P.S. S.A., debió controvertir los actos administrativos
que ordenaron el pago parcial de las solicitudes de recobro mediante el mecanismo
de nulidad y restablecimiento del derecho y por ello, al haber acudido al medio de
control de reparación directa, equivocó la vía procesal y se configuró la indebida
escogencia de la acción que impedía emitir una decisión de fondo.

100. En este orden de ideas, la Sala advierte que la sentencia del 10 de octubre de

2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, no
incurrió en desconocimiento del precedente, pues la decisión de revocar la
providencia de primera instancia40 y, en su lugar, declarar probada de oficio la
excepción de indebida escogencia de la acción estuvo soportada en un estudio
razonable de los hechos y las pretensiones alegadas por la parte demandante,
conforme los criterios jurisprudenciales aplicables al caso concreto.

101. En concreto, se advierte que la decisión objeto de tutela realizó una valoración

de las circunstancias en las cuales la parte demandante derivó el daño del cual
pretendía obtener el resarcimiento de perjuicios. Es decir, de las actuaciones del
Ministerio de Salud y de la Protección Social y del Consorcio Fidufosyga 2005, que
limitaron el porcentaje del recobro por servicios de salud no incluidos en el POS.

102. Asílas cosas, se advierte que la sentencia acusada se fundamentó en un
precedente jurisprudencial de la corporación expedido con anterioridad, en cuyo
contenido se fijó una regla unificada para solicitar el reconocimiento de
responsabilidad frente a los daños derivados de las decisiones de la administración,
relacionadas con peticiones de recobro por servicios de salud no incluidos en el
POS.

103. Con relación al carácter vinculante de las sentencias de unificación de las altas

cortes y, particularmente, del Consejo de Estado. La Corte Constitucional41 expuso
lo siguiente:

Las sentencias de unificación del Consejo de Estado. El artículo 237.1 de la
Constitución establece que el Consejo de Estado es el tribunal de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. En su condición de tal, el Consejo de
Estado tiene la función de unificar la jurisprudencia en el ámbito del derecho
administrativo. En ejercicio de esta competencia, dicta sentencias de unificación, con
base en su «importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad

40
Sentencia del 31 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
41
Corte Constitucional, Sentencia T-210 de 2022.
18

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02736-01 (1243)
Accionante: Salud Total E.P.S. S.A.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

de unificar o sentar jurisprudencia»42. Dichas sentencias fijan una línea de
interpretación sobre el alcance de las disposiciones de derecho público y, como lo ha
reconocido la jurisprudencia constitucional43, son vinculantes para los jueces y
tribunales administrativos a título de precedente vertical.

Las sentencias de unificación del Consejo de Estado revisten una importancia
sustancial porque están encaminadas a preservar los principios de seguridad jurídica
e igualdad; así como a reducir la litigiosidad, ya que brindan claridad a la Administración
y a los jueces sobre cuáles son las líneas jurisprudenciales plenamente vinculantes 44.
Al respecto, en la Sentencia SU-353 de 2020, esta Corte reconoció que, como lo explicó
la sentencia C-179 de 2016, «uno de los principales objetivos de la Ley 1437 de 2011
fue el de fortalecer la función de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado, de
manera que sus providencias fuesen tenidas en cuenta por la [A]dministración y por los
jueces que integran la [j]urisdicción de lo [c]ontencioso [a]dministrativo, en su condición
de órgano de cierre y máxima autoridad de la justicia administrativa» 45.

Con fundamento en lo anterior, las sentencias de unificación del Consejo de Estado
constituyen precedente en materia de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, tienen
carácter vinculante para los jueces y tribunales administrativos, pues, de este modo, se
garantizan, entre otros, los principios superiores de la igualdad ante la ley y la seguridad
jurídica. No obstante, los jueces pueden distanciarse excepcionalmente del
precedente, «mediante una argumentación explícita y razonada de su apartamiento,
en reconocimiento a la autonomía e independencia inherentes a la administración de
justicia y al ejercicio de la función judicial -artículo 228-»46.

104. De acuerdo con lo anterior, es claro que las sentencias de unificación del
Consejo de Estado tienen un carácter vinculante que reviste una importancia
sustancial porque están encaminadas a preservar los principios de seguridad
jurídica e igualdad; así como a reducir la litigiosidad, ya que brindan claridad a la
administración y a los jueces sobre cuáles son las líneas jurisprudenciales
plenamente vinculantes.

105. En este orden, se advierte que la providencia objeto de tutela, contrario a lo

expuesto por la parte tutelante, efectuó una adecuada interpretación y aplicación
del criterio jurisprudencial vigente, lo que le permitió concluir que el mecanismo
pertinente para reclamar las pretensiones de la demandante era el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho y no la reparación directa.

106. Lo anterior, guarda relación con diferentes pronunciamientos emitidos por la

corporación sobre la materia, en los cuales había sostenido que el elemento que
determina el medio de control procedente para obtener el resarcimiento de un daño
es la fuente de este, lo que, a su vez, incide de manera directa en la oportunidad
que tiene el ciudadano para ejercer el derecho de acción ante esta jurisdicción.

42
Artículo 270 de la Ley 1437 de 2011.
43
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-816 de 2011.
44
Corte Constitucional. Sentencia SU-353 de 2020.
45
Ibidem.
46
Corte Constitucional. Sentencia C-588 de 2012.
19

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02736-01 (1243)
Accionante: Salud Total E.P.S. S.A.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

107. Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de forma reiterada había dicho que:

«[…] en la determinación de la acción procedente para reparar daños generados
por la administración tiene que ver con el origen de los mismos, de manera tal que,
si el perjuicio se deriva de un acto administrativo ilegal, como en el sub exámine,
debe acudirse a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Criterio que
tiene por fundamento, además del texto del art. 85 del CCA., la condición de que, si
el daño fue generado por una decisión contraria al ordenamiento jurídico, para que
la reparación sea posible será necesario dejarla sin efectos, dada la presunción de
legalidad que la acompaña»47.

108. De esta manera, no es posible advertir que la decisión objeto de estudio en esta

tutela, es una actuación sorpresiva que no hubiese podido prevenir o identificar con
antelación la parte demandante al momento de radicar la demanda.

109. Por lo expuesto, la Sala considera que la autoridad accionada, en ejercicio de

los principios de autonomía funcional e independencia, efectuó una interpretación
coherente y razonable de los criterios jurisprudenciales aplicables al caso concreto.
Por estos motivos, si bien la providencia objeto de tutela no resultó favorable a la
tutelante, esto no significa que se hayan desconocido sus garantías
constitucionales, como lo plantea.

110. Lo hasta aquí planteado permite advertir que se pretende utilizar este
mecanismo constitucional como una tercera instancia, con el fin de reabrir el debate
jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de reparación directa, con el
único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a los intereses y
pretensiones de la parte accionante.

4. Conclusión

111. La providencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B no vulneró los derechos fundamentales invocados por la accionante,
por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario, infundado o
caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que
constituya una vía de hecho por los defectos de desconocimiento del precedente y
decisión sin motivación, que exija la intervención del juez de tutela.

112. En consecuencia, se modificará la sentencia del 12 de septiembre de 2025

proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En su
lugar, se negará el amparo de tutela.

47
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Auto de 14 de septiembre de 2017, radicado núm.
08001233300020160078801 (58794). Al respecto, también se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencias del 13 de diciembre de 2001, expediente. 20678 y de 28 de abril de 2010, expediente. 18530. Consejo de Estado,
Sección Quinta, ssentencia de noviembre 17 de 1995, expediente. 1468. C.P. Miren de la Lombana de Magyaroff. 47 Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de julio de 2012, radicado núm. 1900123310002000003038-01
(24668), Demandante: Carlos Reinaldo Sarria Gallego y otros, Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional,
C.P. Stella Conto Diaz Del Castillo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02736-01 (1243)
Accionante: Salud Total E.P.S. S.A.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Modificar la sentencia del 12 de septiembre de 2025, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por los motivos
contenidos en esta providencia. En su lugar, quedará así:

Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el Ministerio de
Salud y Protección Social y la Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, ADRES, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta sentencia.

Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por el señor Salud Total
E.P.S. S.A. contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02736-01 (1243)
Accionante: Salud Total E.P.S. S.A.
Accionados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otro

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