Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02746-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02746-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02746-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
9 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 9 de junio de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02746-00
Demandante: María Félix Esquivel Fracer
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional –
Falta de carga argumentativa mínima | ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACCIÓN U OMISIÓN
DE AUTORIDAD PÚBLICA | Retiro de cargo en provisionalidad | Subsidiariedad
Síntesis del caso: La parte actora enjuició, por un lado, la sentencia de primera instancia
que declaró probadas las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada y,
por el otro, la sentencia de segunda instancia que revocó la decisión de primera instancia
y en su lugar, declaró probadas unas excepciones diferentes, dentro de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho; así como la actuación del juzgado en el que
ocupaba el cargo de secretaria, en provisionalidad, por retirarla de dicho cargo.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir en
primera instancia, la acción de tutela presentada por María Félix Esquivel
Fracer en contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección C, el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá, el
Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá y la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 8 de mayo de 2025, María Félix Esquivel Fracer, en nombre propio,
presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C, el Juzgado 29
Administrativo de Bogotá, el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá y la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
1 El artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el
Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02746-00
Demandante: María Félix Esquivel Fracer
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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proceso e igualdad, así como el principio de legalidad, con ocasión de su
retiro de un cargo que ocupaba en provisionalidad, así como de las
Sentencias de 16 de mayo y 16 de octubre de 2024, proferidas,
respectivamente, por el juzgado y el tribunal, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-33-35-029-2021-00133-
00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“PRIMERO. TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, entre otros, conculcados por el
JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
D.C. - ORAL SECCIÓN SEGUNDA y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN C.
SEGUNDO. Que se ordene al JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - ORAL SECCIÓN SEGUNDA DE BOGOTÁ,
emitir fallo en derecho conforme a la ley y la Jurisprudencia, declarando
prosperas las pretensiones del escrito de demanda.
TERCERO. Que se revoque la sentencia proferida por el JUZGADO VEINTINUEVE
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - ORAL SECCIÓN
SEGUNDA y confirmada2 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN C radicado No 11001-33-35-029-2021-00133-
01.
CUARTO. Que se revoque la sentencia proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN C
radicado No 11001-33-35-029-2021-00133-01.”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron narrados los siguientes:
4. 1) El 1 de febrero de 2002 María Félix Esquivel Fracer fue nombrada,
en provisionalidad, en el cargo de secretaria del circuito – grado
nominado en el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá, en el cual se
posesionó ese mismo día.
5. 2) Mediante la Resolución No. 2 de 9 de mayo de 2017, y como
resultado de un concurso de méritos3, se nombró a Nury Viviana Martínez
Orjuela en el cargo de secretaria del circuito - grado nominado del
Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá4. La señora Martínez Orjuela
tomó posesión del cargo el 15 de mayo de 20175.
2 Se debe precisar que si bien, aquí como en los hechos, la parte actora refirió que la sentencia de segunda
instancia había confirmado la de primera instancia, lo cierto es que se constató que se revocó.
3 Convocado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo No. CSBTA13-215 de 2 de diciembre de
2013.
4 Sin especificar que en dicho cargo se encontraba María Félix Esquivel Fracer, en provisionalidad.
5 Mediante acta de posesión No. 1 de 15 de mayo de 2017. Expuso la accionante que, el 12 de mayo de 2017 el
Juez Albeiro Gil Ospina le infirmó de manera verbal que, el 15 de mayo de 2017 se posesionaría la nueva
secretaria, por lo que hasta ese día laboraría en el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá, a lo cual,
manifestó su inconformidad con la situación y aclaró que no se tuvieron en cuenta los términos consagrado por
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Demandante: María Félix Esquivel Fracer
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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6. 3) Como consecuencia de lo anterior, María Félix Esquivel Fracer fue
desvinculada del cargo que ocupaba en el Juzgado 17 Laboral del
Circuito de Bogotá.
7. 4) La accionante refirió que, en mayo de 2017, presentó una acción
de tutela, sin especificar su radicado, en contra del (se trascribe) “Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Carrera Judicial, Consejo Seccional
de la Judicatura y el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá”
con el objetivo de que se amparan sus derechos fundamentales, sin
especificar cuáles, por ser madre cabeza de hogar sin otras alternativas
para generar ingresos económicos; sin embargo, posteriormente, la retiró.
8. 5) La señora Esquivel Fracer presentó demanda, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de
la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
radicada bajo el No. 11001-33-35-029-2021-00133-00, en la cual, solicitó que
se declara la existencia de un “acto Administrativo ficto o presunto
negativo”, producto de la falta de respuesta a un derecho de petición
radicado por la demandante el 11 de mayo de 2020 en la que solicitó el
reintegro a su anterior cargo y, un “acto Administrativo ficto” derivado del
hecho de haber sido retirada de su cargo provisional. En consecuencia,
pidió que se declarara su nulidad y se ordenara su reintegro al cargo de
secretaria del circuito.
9. Como fundamento de lo anterior expuso que su retiro del cargo se
realizó de manera irregular en contra del debido proceso y no se tuvo en
cuenta su condición de madre cabeza de familia, todo ello, en contra del
debido proceso previsto el artículo 133 de la Ley 270 de 1996, ya que no se
le permitió cumplir con las formalidades legales, previstas en el Acuerdo
PSA10-7024 de 2010, para la entrega del cargo, especialmente la
realización del inventario de procesos y el traspaso de elementos.
10. 6) Mediante Sentencia de 16 de mayo de 2024, el Juzgado 29
Administrativo de Bogotá a) declaró probadas las excepciones de mérito
de “improcedencia del reintegro, imposibilidad jurídica de efectuar el
reintegro y desvinculación por nombramiento en propiedad”, b) negó la
pretensión encaminada a declarar la existencia de un acto ficto mediante
el cual se desvinculó a la señora Esquivel Fracer y, c) se declaró inhibido
frente a la pretensión de declarar la existencia de un acto ficto que negó
el reintegro de la accionante a su cargo6.
la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, para el nombramiento y posesión de la señora Martínez Orjuela,
ni su calidad de sujeto de especial protección como madre cabeza de hogar.
6 “PRIMERO: DECLARAR PROBADAS las excepciones de mérito denominadas (i) Desvinculación se dio por
nombramiento en propiedad; (ii) improcedencia del reintegro e (iii) Imposibilidad jurídica de efectuar el
reintegro, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02746-00
Demandante: María Félix Esquivel Fracer
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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11. Expuso que, frente a la configuración del silencio administrativo
negativo frente a su solicitud de reintegro, el memorial radicado estaba
relacionado únicamente con el reconocimiento y pago de la bonificación
judicial, pretensión de la que se desistió, pues, fue objeto de
pronunciamiento dentro del proceso No. 11001-33-42-056-2017-00365-00, en
esa medida, se declaró inhibido.
12. Frente a la declaratoria de existencia y posterior nulidad del acto
administrativo negativo que la desvinculó de su cargo provisional, aclaró
que se probó y las partes no discutieron que a la señora Esquivel Fracer le
fue comunicado, de forma verbal, el nombramiento de la persona que
superó el concurso de méritos para proveer el cargo que ella ocupaba en
provisionalidad, es decir, no era desconocido para la actora su posible
retiro del cargo y, tal situación se materializó con el acto administrativo de
nombramiento de Nury Viviana Martínez Orjuela - Resolución No. 2 de 9 de
mayo de 2017- , el cual, podía ser objeto de control judicial.
13. 7) La anterior decisión fue apelada por María Félix Esquivel Fracer,
quien solicitó que se revocara y se accediera favorablemente a las
pretensiones de la demanda. Para ello, argumentó que no era cierto,
como lo manifestó el juzgado, que la reclamación administrativa remitida
a la demandada solo estaba relacionada con el reconocimiento y pago
de la bonificación judicial, porque la accionante radicó 5 memoriales7 el
11 de mayo de 2020, a través de las cuales remitió 2 escritos en ejercicio de
derecho de petición y formuló las pretensiones que se replicaron en la
demanda, relacionadas con el restablecimiento de sus condiciones de
trabajo y, en consecuencia, la liquidación y el pago de las prestaciones
sociales definitivas. Agregó que, a la fecha de presentación del recurso,
estas últimas no se le habían consignado.
14. 8) La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante Sentencia de 16 de octubre de 2024, revocó
la decisión de primera instancia, para, en su lugar, declarar probadas las
excepciones de "ineptitud sustantiva de la demanda por falta de
proposición jurídica completa” e “inepta demanda por falta de
agotamiento de la vía administrativa", propuestas por la parte
demandada.
SEGUNDO: DECLARARSE inhibido para resolver sobre la pretensión de declaratoria de existencia y posterior
nulidad de un acto ficto o presunto negativo, surgido en virtud de la omisión de respuesta por parte de las
entidades demandadas a la petición radicada el 11 de mayo de 2020, en la medida en que en dicha petición
únicamente se contrae a solicitar el reconocimiento de la bonificación judicial, pretensión que fue desistida por
la parte actora
TERCERO: NEGAR la pretensión referente a la declaratoria de existencia del acto ficto o presunto mediante el
cual se desvinculó a la demandante, conforme lo expuesto.”
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme se expuso.
7 A las direcciones de correo electrónico Medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co y
jlato17@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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15. Como fundamento de su decisión expuso que, contrario a lo
indicado por la parte demandante, lo que se configuró no fue un acto
ficto, sino un acto administrativo tácito de insubsistencia, mismo que, si bien
no fue expedido de forma expresa, no por ello dejó de ser un acto
administrativo que tuvo como consecuencia la insubsistencia de María
Félix Esquivel del cargo que ocupaba en provisionalidad, así como su
consecuente retiro del servicio, pues, este produjo plenos efectos jurídicos
frente a la accionante y estuvo debidamente motivado, dado que, se
ocupó la vacante del cargo que ejercía en provisionalidad por la persona
que estaba en lista de elegibles como resultado de un concurso de
méritos.
16. Aunado con lo anterior, aclaró que, las circunstancias de un
nombramiento en propiedad, por el cual se retiraba automáticamente del
servicio a quien ocupaba el cargo en provisionalidad, no permitía la
configuración de un acto administrativo ficto que declarara la
insubsistencia del nombramiento de la demandante. Expuso que, se
configuró “la ineptitud sustantiva de la demanda” toda vez que no se
demandó la Resolución No. 2 de 9 de mayo de 2017, la cual,
presuntamente, afectó la situación jurídica de la demandante.
17. Ahora bien, frente a la pretensión relacionada con declarar la
existencia y posterior nulidad de los actos administrativos fictos o presuntos
negativos, surgidos del silencio de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial (DEAJ) ante los escritos que, en ejercicio del derecho de petición,
presentó, con el objetivo de agotar la reclamación administrativa, precisó
que la petición elevada el día 11 de mayo de 2020 se encaminó
exclusivamente con el reconocimiento y pago de la bonificación judicial
como factor salarial, pretensión de la cual se desistió.
18. Además, explicó que se logró demostrar que, existió otro memorial
radicado el 12 de mayo de 2020 ante la DEAJ y el Jugado 17 Laboral del
Circuito de Bogotá por “Interrapidísimo”; sin embargo, también verificó
que, estos memoriales fueron regresados a la accionante, pues, no
pudieron ser entregados, ya que las instalaciones del juzgado y de la DEAJ
se encontraban cerradas por la cuarentena del COVID 19, sin que se
lograra probar que la accionante, con posterioridad, reenvió estas
peticiones por los canales digitales habilitados en debida forma. Por lo
expuesto, declaró probada de oficio la excepción de “inepta demanda
por falta de agotamiento de la vía administrativa”.
19. Puso de presente que no resultaba dable analizar los cargos de
nulidad del retiro (se trascribe), “bajo el ropaje que se hace de existencia
de presuntos actos fictos”, porque ello implicaba revivir los términos
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fenecidos para enjuiciar el acto tácito de insubsistencia y retiro que, en
últimas, no fue controvertido dentro del término de caducidad. A su vez
aclaró que, desde su vinculación en provisionalidad, la señora Esquivel
Fracer era conocedora de que, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2
del artículo 132 de la Ley 270 de 1996, su nombramiento duraría hasta que
se posesionara el de carrera.
20. Como fundamento de la vulneración, la parte actora solo reprochó
la actuación del titular del Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá, pero
no endilgó ningún reparo y/o defecto a las providencias enjuiciadas y que
relacionó en las pretensiones de la presente solicitud de amparo.
21. Reprochó que dicho despacho judicial no expidió un acto
administrativo de retiro del cargo que ocupaba en provisionalidad, sino
que simplemente le informó, de manera verbal, sobre la designación, en
propiedad, de la nueva secretaria seleccionada de la lista de elegibles.
Dicha actuación, a su juicio, fue irregular y no observó el procedimiento
previsto en el artículo 133 de la Ley 270 de 1996, porque, incluso, no le
permitieron realizar el inventario y traspaso de procesos, elementos y
enceres a su cargo ni la elaboración del acta de entrega, y, además,
desconoció su estabilidad laboral reforzada al ser madre cabeza de
hogar, prevista en los artículos 12 de la Ley 790 de 2002 y 13 del Decreto
Reglamentario 190 de 2003, así como en la Sentencias C-184 de 2003 de la
Corte Constitucional, y le impuso la carga de exigir el pago de sus
prestaciones sociales definitivas.
22. Por lo anterior, afirmó que se le generaron daños antijurídicos que
debían ser reparados integralmente y que cuantificó en $700.000.000, por
encontrarse desempleada y con obligaciones familiares y bancarias.
1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados8
23. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca9 rindió informe en el que indicó que la providencia
enjuiciada, que anexó, estaba respaldada con fundamentos de hecho y
de derecho, por lo cual no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.
24. El Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá10 puso de presente que,
de los hechos narrados por la parte actora, no era posible identificar
8 Mediante Auto de 13 de mayo de 2025, el despacho ponente resolvió, entre otros, (1) admitir la solicitud de
amparo, (2) tener como accionados al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección C, el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá, el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá y la Nación
– Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
9 Índice 11 del aplicativo SAMAI.
10 Índices 9 del aplicativo SAMAI.
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Demandante: María Félix Esquivel Fracer
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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alguna conducta que vulnerara los derechos fundamentales sobre los
cuales se solicitó el amparo, pues, su condición de madre cabeza de
familia no constituía mérito suficiente para designarla de manera indefinida
en el cargo, dado que la carrera administrativa debía garantizar el
derecho a la igualdad de las personas en el acceso a los empleos, así
como la idoneidad y el mérito de los aspirantes, principios que no podían
ser ignorados. Agregó que, el trámite de vinculación en propiedad para el
cargo de secretaria de circuito se agotó de acuerdo con la ley y los
principios orientadores de la carrera administrativa, en esa medida, solicitó
que se declarara improcedente la presente acción de tutela.
25. El Juzgado 29 Administrativo de Bogotá11 expuso que las sentencias
enjuiciadas fueron proferidas conforme a derecho, con apoyo en el
material probatorio allegado por las partes al expediente. En
consecuencia, concluyó que las pretensiones de la demanda ordinaria no
tuvieron vocación de prosperidad y, en esa medida, fueron negadas.
Aunado a lo anterior, solicitó que se declarara que dicha autoridad judicial
no desplegó ninguna conducta que conllevara a la vulneración de los
derechos fundamentales de la parte actora.
26. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura12 indicó que la acción de tutela no superó los
requisitos de inmediatez ni de relevancia constitucional, dado que se
pretendía reabrir un debate que había sido previamente surtido en
instancias ordinarias dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con lo cual, solicitó se declarara
improcedente la solicitud de amparo.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Metodología de estudio. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra acción u omisión de
autoridad pública. 2.4. Conclusión.
2.1. Metodología de estudio
27. De la revisión del escrito de tutela, logró entreverse que, de un lado,
la demandante cuestionó las sentencias judiciales proferidas en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-33-35-029-
2021-00133-00/01, lo cual se estudiará como acción de tutela contra
providencia judicial.
11 Índice 12 del aplicativo SAMAI
12 Índice 10 del aplicativo SAMAI
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02746-00
Demandante: María Félix Esquivel Fracer
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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28. Cabe precisar que, de cumplirse con los requisitos de procedencia,
la Sala centrará el análisis respecto de la Sentencia de 16 de octubre de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque,
aunque también se enjuició la decisión de primera instancia, lo cierto es
que, con ocasión del recurso de apelación, la decisión del Tribunal fue la
que resolvió el litigio. Aunado a ello, ante una eventual decisión favorable
a las súplicas de amparo, será la autoridad que resolvió la controversia en
segunda instancia, la encargada de dar cumplimiento a lo que se ordene.
29. De otro lado, se estudiará la aparente vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad por parte del Juzgado 17
Laboral del Circuito de Bogotá por el retiro del cargo que ocupaba en
provisionalidad, pues, dicha actuación, a su juicio, fue irregular y no
observó el procedimiento previsto en el artículo 133 de la Ley 270 de 1996,
además desconoció su estabilidad laboral reforzada al ser madre cabeza
de hogar. Dicho aspecto será analizado como acción de tutela contra
acción u omisión de autoridad pública.
2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
30. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, tras
evidenciar que, frente a la Sentencia de 16 de octubre de 2024, no se
satisfizo el requisito de relevancia constitucional.
31. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo
se convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter
legal. En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han
sido identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional13.
32. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental14.
13 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
14 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02746-00
Demandante: María Félix Esquivel Fracer
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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33. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia
de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo
expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción de
varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del accionante
que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez
de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el asunto15; (2) que la
solicitud de amparo no se presente con objeto de obtener una instancia
adicional al proceso ordinario16; y (3) que se trate de una controversia
sobre derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad17.
34. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que la parte
actora no cumplió con la carga argumentativa mínima y necesaria para
determinar los motivos por los cuáles, el aspecto bajo estudio tenía
trascendencia constitucional que ameritara la intervención del juez de
tutela, pues, no cumplió con la carga mínima necesaria que permitiera
evidencia o inferir, de manera clara y suficiente, las razones por las cuáles
consideró que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales, en tanto no endilgó ningún defecto ni reparo a
las providencias judiciales reprochadas. En esa medida, lo que se logró
advertir es que, si bien alegó la trasgresión de sus derechos, lo cierto es
que, se limitó a reiterar los antecedentes del proceso ordinario, pero no
explicó por qué el asunto era constitucionalmente relevante ni por qué era
necesaria la intervención del juez constitucional.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra acción u omisión de
autoridad pública
35. Frente a los reparos relacionado con la aparente vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso e igualdad por parte del
Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá al haberla retirado del cargo
que ocupaba en provisionalidad, con inobservancia del procedimiento
previsto en el artículo 133 de la Ley 270 de 1996, por no haberle permitido
realizar el inventario y traspaso de procesos, elementos y enceres a su
cargo ni la elaboración del acta de entrega, y con desconocimiento de
estabilidad laboral reforzada al ser madre cabeza de hogar. Así como, la
15 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El
primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el
asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
16 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia
procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
17 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02746-00
Demandante: María Félix Esquivel Fracer
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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exigencia de reparación de los daños antijurídicos derivados del retiro y el
pago de sus prestaciones sociales definitivas; la Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela por no satisfacer el requisito de
subsidiariedad, dada la existencia de otros medios de defensa judicial
idóneos y eficaces, para efectos de dilucidar la controversia aquí suscitada
por la accionante como pasará a explicarse:
36. La Corte Constitucional18 ha sostenido que es un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico
le otorga para la defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales.
37. En ese orden, la Sala evidenció que la señora Esquivel Fracer, tal y
como lo puso de presente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca19,
no demandó el acto administrativo tácito de insubsistencia derivado de la
Resolución No. 2 de 9 de mayo de 2017, mediante la cual se nombró en
propiedad a Nury Viviana Martínez Orjuela y, en consecuencia, la retiró del
cargo de secretaria. En esa medida, tanto el acto administrativo tácito,
como la resolución en la que se nombró en propiedad a la señora Martínez
Orjuela, eran susceptibles de ser demandados, a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho20, en el cual, además,
pudo solicitar el reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales
definitivas, previo agotamiento de la vía administrativa, e, incluso, de
perjuicios por la expedición de un acto administrativo ilegal. En
consecuencia, la Sala evidencia que no se agotaron en debida forma los
mecanismos de defensa judicial al alcance de la parte actora para
reprochar las decisiones proferidas por el Juzgado 17 Laboral del Circuito
de Bogotá.
38. Aunado a lo anterior, en caso de existir un fuero de estabilidad
laboral reforzada por su calidad de madre cabeza de hogar, durante en
trámite del proceso ordinario pudo solicitar que se declararan medidas
cautelares21, en aras de prevenir un perjuicio irremediable para la parte
actora.
39. Aunado a lo anterior, no se acreditó un perjuicio irremediable que
hiciere procedente la tutela como mecanismo transitorio, ya que (a) la
18 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
19 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca puso de presente que no se demandó el acto administrativo tácito
y agregó que (…)no es procesalmente aceptable en el caso de autos que, con peticiones elevadas 3 años
después de su retiro, se pretenda revivir los términos de caducidad claramente fenecidos para ejercer el
presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho expedito, como lo hace la apoderada de
la parte demandante, bajo el pretexto de actos fictos derivados de solicitudes posteriores. La parte demandante
presentó estas solicitudes con la finalidad de provocar un nuevo pronunciamiento por parte de la
administración, pese a que ya había un pronunciamiento previo y definitivo de su retiro cuyos hechos se
pretende el juzgamiento actual, esto es, la declaratoria de insubsistencia que aparece tácita como se ha
explicado (…)
20 Artículo 138 del CPACA.
21 Artículos 229 y siguientes del CPACA.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-02746-00
Demandante: María Félix Esquivel Fracer
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de Primera instancia
Decisión: Declara improcedente
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accionante no es un sujeto de especial protección constitucional; (b) no
existe ningún elemento que demuestre que ella no se encuentra en
condiciones de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
y; (c) el medio de control nulidad y restablecimiento del derecho, es el
escenario judicial idóneo y eficaz para obtener la protección de sus
derechos, dadas las particularidades del caso.
2.4. Conclusión
40. La Sala considera que se debe declarar la improcedencia de la
acción de tutela, por falta de relevancia constitucional respecto de la
Sentencia de 16 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, y por falta de subsidiariedad frente a las
pretensiones elevadas en contra del Juzgado 17 Laboral del Circuito de
Bogotá.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
María Félix Esquivel Fracer, por las razones señaladas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta deberá dirigirlo, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello22.
TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
22 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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