Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02755-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02755-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02755-00
Consejero ponente: María Adriana Marín
11 de julio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02755-00
Demandante: Alejandra Pulido Piedrahíta y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02755-00
Demandante: ALEJANDRA PULIDO PIEDRAHÍTA Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente para discutir
la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada.
La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por los señores Alejandra Pulido
Piedrahíta, Miguel Pulido Álvarez, María Eufemia Piedrahíta Rivas, Ángela María Pulido
Piedrahíta y Yhenifer Pulido Rugeles contra la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 9 de mayo de la presente anualidad, los señores Alejandra Pulido Piedrahíta, Miguel
Pulido Álvarez, María Eufemia Piedrahíta Rivas, Ángela María Pulido Piedrahíta y
Yhenifer Pulido Rugeles interpusieron acción de tutela contra la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia, con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida, el 21 de marzo de
2025, en el marco del proceso de reparación directa con radicado 76001-33-33-008-
2013-0067-01. Formularon las siguientes pretensiones (transcripción textual, con
posibles errores incluidos):
(i) Declare sin efecto la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca del veintiuno (21) de marzo del año dos mil veinticinco (2025), bajo
radicado número 76001 3333 008 2013 00067 01.
(ii) Ordenar emitir fallo de reemplazo atendiendo las órdenes que se impartan con
ocasión al uso del precedente judicial que sigue el Consejo de Estado.
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Se advierte que el 13 de junio de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Demandante: Alejandra Pulido Piedrahíta y otros
2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. En ejercicio del medio de control de reparación directa, los señores Alejandra Pulido
Piedrahíta, Miguel Pulido Álvarez, María Eufemia Piedrahíta Rivas, Ángela María Pulido
Piedrahíta y Yhenifer Pulido Rugeles demandaron a la Nación – Instituto Nacional de
Vías (INVÍAS), con el fin de que se le declarara administrativa y patrimonialmente
responsable por las lesiones sufridas por la primera de las demandantes, con ocasión
del accidente de tránsito ocurrido el 23 de enero de 2011 en la vía Buenaventura – Buga
kilómetro 50+900 metros, sector de «La Guinea».
4. Según se narró en la demanda, el 23 de enero de 2011, la señora Alejandra Pulido
Piedrahíta, en compañía de la señora Nathalia Velásquez Suárez, se desplazaba hacia
el municipio de Cisneros, Valle del Cauca, en una motocicleta conducida por ésta última.
A la altura del kilómetro 50+900 metros de la vía Buenaventura – Buga, la señora
Velásquez Suárez perdió el control del vehículo tras tropezar en un hueco de la carretera,
lo que ocasionó el siniestro en el que resultó lesionada la demandante.
5. La parte demandante alegó que, producto del accidente, la señora Pulido Piedrahíta
sufrió lesiones físicas y psicológicas, que arrojaron una incapacidad definitiva de 12 días
y como secuelas una «deformidad física».
6. Según la demanda, la causa eficiente del daño padecido por la señora Pulido
Piedrahíta fue el mal estado en que se encontraba la carretera, circunstancia que, a su
modo de ver, configuraba una falla en el servicio atribuible a la entidad demandada, por
omisión en sus deberes de mantenimiento y señalización de la vía Buenaventura – Buga
y, puntalmente, del imperfecto que ocasionó el siniestro.
7. Al proceso se le asignó el radicado 76001-33-33-008-2013-00067-01 y correspondió,
por reparto, al Juzgado Octavo Administrativo de Cali, que, en sentencia del 20 de
septiembre de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En su
criterio, en el proceso se acreditó que el volcamiento de la motocicleta en la que se
transportaba la demandante se produjo como consecuencia directa de la falta de
mantenimiento de la vía en la que ocurrió el accidente, circunstancia que configuraba
una falla en el servicio imputable a la Nación – Instituto Nacional de Vías (INVÍAS).
8. En consecuencia, el juez de primera instancia condenó a la entidad demandada a
pagar, por concepto perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero: i) diez (10)
SMLMV a favor de la víctima directa y de los señores Miguel Pulido Álvarez y María
Eufemia Piedrahíta Rivas – padres de la víctima –; ii) cinco (5) SMLMV para Ángela María
Pulido Piedrahíta – hermana de la víctima –; y iii) dos coma cinco (2,5) SMLMV para
Yhenifer Pulido Rugeles – prima de la víctima –. Asimismo, ordenó el pago de diez (10)
SMLMV a favor de la víctima por concepto de daño a la salud. Sin embargo, negó las
demás súplicas de la demanda, relativas a los perjuicios por lucro cesante, daño
emergente, daño a la vida de relación, daño «al proyecto de vida» y medidas de
rehabilitación.
9. Inconformes con la decisión, las partes interpusieron recurso de apelación. La
demandante manifestó su inconformidad en relación con la tasación del daño moral
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realizada por el a quo, con su negativa a reconocer la causación de perjuicios en su
modalidad de lucro cesante, considerando que, aunque no se logró demostrar la
actividad económica que desempeñaba la señora Pulido Piedrahíta al momento de
ocurrencia de los hechos, lo cierto es que la jurisprudencia de esta Corporación ha
reconocido la existencia de dichos perjuicios, a partir de la aplicación de una presunción
de productividad económica.
10. A su vez, el INVÍAS argumentó que la providencia impugnada se fundamentó en el
Informe Policial de Accidente de Tránsito C756117 del 23 de enero de 2011, el cual fue
elaborado de acuerdo con la versión rendida por las propias víctimas, pues los agentes
de Policía que realizaron el croquis no encontraron rastro alguno de la ocurrencia del
siniestro ni de la motocicleta en la cual presuntamente se transportaba la víctima.
Adicionalmente, sostuvo que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta que el bache
en el que presuntamente se produjo hundimiento, se encontraba a una distancia superior
a un (1) metro de la berma, lo que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 94 del Código
Nacional de Tránsito, daba cuenta del actuar imprudente de la conductora del vehículo.
11. Por último, adujo que al expediente no se allegó ningún elemento de convicción que
demostrara que la llanta delantera de la motocicleta se dobló como consecuencia del
hundimiento, como lo afirmó la parte demandante, y expuso que lo que sí resultaba
plausible concluir en este caso era que «una persona que maneja una motocicleta a una
velocidad de 30 Km/h, por una vía con las características expresadas en este proceso,
con plena visibilidad tiene todas las posibilidades de observar las condiciones de la
misma y evitar la colisión u obstáculos que se presenten en la vía».
12. Mediante sentencia del 21 de marzo de 2025, la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. Para fundamentar su decisión expuso
que, contrario a lo sostenido por el a quo, en el proceso no se demostró que la causa
eficiente del hecho dañoso hubiera sido el mal estado en que se encontraba la vía
Buenaventura - Buga.
13. Así, luego de valorar las pruebas obrantes en el expediente, el ad quem concluyó
que, aunque se probó que la carretera por la cual transitaban las señoras Pulido
Piedrahíta y Velásquez Suárez se encontraba en mal estado en general, en el plenario
no existía prueba que demostrara que alguno de los huecos que aquella tenía hubiera
sido la causa eficiente del daño. Máxime cuando, como lo refirieron los testigos, los
referidos baches estaban llenos de agua, lo que daba cuenta de que eran fácilmente
perceptibles a simple vista.
14. Asimismo, advirtió que, pese a que los testigos fueron coincidentes en señalar que
momentos antes del accidente se habían puesto de acuerdo con las ocupantes del
vehículo en transitar a 30 Km/h, ello contrasta con la afirmación de dos de ellos que
indicaron que, debido a la alta circulación vehicular, tuvieron que transitar entre
vehículos2.
2 El testigo David Alejandro Zuluaga Veloza informó que la vía en la que ocurrió el accidente se encontraba
en mal estado en general, por lo que, sumado a la cantidad de tráfico que había el día del accidente,
«pasábamos de carro en carro».
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15. Por otra parte, indicó que el accidente pudo ser previsible y resistible, debido a la
anchura del carril y de la berma, y a las condiciones físicas en las que se encontraba la
vía –contaba con buena iluminación y las deformidades de la carretera estaban llenas de
agua–. Especialmente, si se conducía a baja velocidad y a un metro de distancia de la
berma.
16. Con fundamento en lo anterior, concluyó que resultaba razonable concluir que el
comportamiento de la motociclista Nathalia Velásquez Suárez el día de los hechos, era
un claro indicador de la impericia e inexperiencia que tenía para circular por una carretera
de las cualidades que ostenta la vía Buenaventura – Buga, pues no de otra manera podía
explicarse que, a pesar de tener por donde transitar, cayera en un hueco que se
encontraba en el centro de un carril de más de 4 metros de ancho y otro más de cuneta.
17. En el escrito de tutela, la parte accionante alegó que la providencia antes citada
adolece de los siguientes defectos: i) fáctico, por indebida apreciación probatoria y ii)
desconocimiento del precedente jurisprudencial.
18. En cuanto al defecto fáctico indicó que, aunque las diferencias en la valoración
probatoria no dan lugar a la configuración de dicho vicio, en este caso, la autoridad
judicial accionada arribó a una conclusión diametralmente opuesta a lo que evidenciaban
los testimonios rendidos en el proceso – puntualmente se refirió a las declaraciones de
Nathalia Velásquez Suárez, Nayibe Rivera Marín y Deiby Alejandro Zuluaga Velásquez
–, los cuales coincidieron en señalar que el mal estado de la vía y el alto flujo vehicular
hacían imposible evitar el siniestro. De igual forma, argumentó que, conforme a las reglas
de la experiencia, el mantenimiento de las vías y una adecuada señalización son factores
que reducen los riesgos inherentes a la conducción.
19. Asimismo, sostuvo que el deber de cuidado objetivo debe ser evaluado según las
circunstancias de cada caso, y que en este se demostró la imposibilidad de esquivar la
deformidad que causó el accidente.
20. En relación con el desconocimiento del precedente, adujo que la providencia
censurada pasó por alto la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la responsabilidad
Estado por daños generados con ocasión del mal estado de vías públicas, en virtud de
la cual se ha advertido que no resulta válido trasladar la carga del deber de protección al
ciudadano cuando el hecho dañoso es imprevisible e irresistible. Adicionalmente, señaló
que el Tribunal accionando no analizó el fenómeno de concurrencia de culpas
–estudiado en varias providencias de esta misma Corporación– y que, sin embargo, en
este caso, tal circunstancia no se configuró, pues la señora Velásquez Suárez
–conductora del vehículo– actuó con diligencia y prudencia, e insistió en que en el
proceso quedó acreditada la imposibilidad de evitar el hecho.
21. Finalmente, alegó que en el proceso que se adelantó bajo el radicado 76001-33-31-
018-2011-00275-01, promovido por la señora Nathalia Velásquez Suárez – conductora
del vehículo –, el Tribunal Administrativo de Descongestión con Sede en Bogotá confirmó
la decisión del Juzgado Noveno Administrativo de Descongestión de Cali, en virtud de la
cual se declaró responsable al INVÍAS por los daños causados a la demandante por la
omisión en su deber de mantenimiento y señalización de la vía Buenaventura - Buga,
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decisión completamente opuesta a la aquí cuestionada, lo que, a su modo de ver,
configura una violación a su derecho fundamental a la igualdad.
B. Trámite impartido e intervenciones
22. Mediante auto del 14 de mayo de 20253, el despacho sustanciador del proceso
admitió la acción de tutela contra los magistrados que integran el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, y vinculó al director (e) del INVÍAS, a los representantes legales de
las sociedades Conconcreto S.A., Estyma Estudios y Manejo S.A. CSS Constructores
S.A., a los señores Luis Héctor Solarte y Carlos Alberto Solarte Solarte, quienes
integraron el Consorcio ECC, así como al representante legal de la sociedad Segurexpo
de Colombia S.A., en calidad de terceros con interés. Asimismo, ordenó notificar a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
23. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca4 allegó copia digitalizada del
expediente del proceso de reparación directa con radicado 76001-33-33-008-2013-
00067-02, pero no se pronunció respecto de la solicitud de amparo.
24. El Juzgado Octavo Administrativo de Cali5 aportó las direcciones físicas y/o
electrónicas de las sociedades que conforman el CONSORCIO ECC y de la sociedad
Segurexpo de Colombia S.A.; direcciones que, según informó, extrajo del expediente de
reparación directa con radicado 76001-33-33-008-2013-00067-01.
25. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los demás vinculados en
calidad de terceros con interés no intervinieron, pese a que fueron debidamente
notificados del auto admisorio de la demanda.
II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
26. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991,
en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno
del Consejo de Estado).
D. Problema jurídico
27. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Solo en el evento de que se cumplan tales
exigencias, se abordará el fondo del asunto, con el fin de establecer si la providencia del
21 de marzo de 2025, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca adolece de los defectos por desconocimiento del
precedente jurisprudencial y/o fáctico y, por ende, vulneró los derechos fundamentales
3
SAMAI, índice 5.
4 SAMAI, índice 13.
5 SAMAI, índice 10.
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al debido proceso, a la igualdad o de acceso a la administración de justicia de los
accionantes.
E. Análisis de la Sala
F. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
28. Inmediatez. Se cumple este requisito, toda vez que la sentencia de censurada fue
proferida el 21 de marzo de 2025 y notificada el 27 de marzo siguiente, mientras que la
solicitud de amparo se presentó el 9 de mayo de 2025, esto es, dentro de los seis meses
siguientes a su expedición. Este término resulta razonable.
29. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
30. Subsidiariedad6. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio
de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración
de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y
eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo
contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir,
concederá el amparo impetrado.
31. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la
ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
32. El asunto que se estudia cumple el requisito de subsidiariedad, porque se agotaron
los medios disponibles en el proceso ordinario y porque las razones que sustentan los
defectos alegados no encajan en las causales previstas en la ley para la procedencia de
los recursos extraordinarios.
33. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar que el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar los derechos
fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se
requiere que la solicitud de amparo contenga i) una carga argumentativa mínima y ii) que
no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las
establecidas por el legislador.
34. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente7 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el
escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
6
En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta Corporación,
expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de junio de 2016
(expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia del 1º de junio de
2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).
7 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022
y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios
de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.
35. La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en
efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un
derecho fundamental.
G. Cumplimiento de la relevancia constitucional en el caso concreto
36. En el caso de estudio, la parte actora afirmó que la providencia censurada adolece
de los siguientes defectos: fáctico, por indebida valoración probatoria y
desconocimiento del precedente jurisprudencial en relación con i) la responsabilidad
del Estado en casos daños causados por la omisión en el mantenimiento y señalización
de las vías y iii) el análisis de la concurrencia de culpas o de la culpa exclusiva de la
víctima en los daños causados con ocasión del mal estado de las vías.
37. En cuanto al defecto fáctico, expuso que la prueba testimonial rendida en el proceso
fue valorada «salida de todo método de la sana crítica». Específicamente, transcribió
algunos apartes de las declaraciones de Nathalia Velásquez Suárez, Nayibe Rivera
Marín y Deiby Alejandro Zuluaga Velásquez.
38. Así, admitió que las diferencias en la apreciación probatoria no constituyen un defecto
fáctico; sin embargo, estimó que, en su caso, el «resultado de la apreciación del suceso
difiere diametralmente con lo expuesto por la Corporación accionada», en la medida en
que las tres versiones rendidas por los testigos detallaron la imposibilidad de evitar las
irregularidades de la vía a causa del mal estado de la misma y del alto flujo vehicular. De
ahí que «no se entienda que la Corporación cuestionada concluya que debió evitarlo,
pues ni los medios testificales o si quisiera las reglas de la experiencia pudiesen tolerar
su argumento».
39. En ese sentido, precisó que las reglas de la experiencia permiten discurrir que, si
bien la conducción de vehículos genera riesgos, lo cierto es que el adecuado estado de
las vías, la buena señalización y la toma de medidas preventivas, disminuyen las
probabilidades de que aquellos riesgos se concreten.
40. Además, argumentó que «la violación al deber de cuidado objetivo debe evaluarse
siempre dentro de un ámbito circunstancial, razón por la cual, una consecuencia
necesaria y lógica de la valoración probatoria en este caso era la imposibilidad o alta
dificultad de evadir el bache o hueco en la que terminó incrustada la motocicleta
conducida por Velásquez».
41. Por otra parte, afirmó que la sentencia del 21 de marzo de 2025 desconoce la línea
fijada «por el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo en asuntos de
responsabilidad patrimonial por daños generados por el mal estado de vías públicas» 8,
8 En la demanda se transcribieron apartes de las siguientes providencias: i) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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pues, si bien existe un deber de evitar el daño, por protección a la integridad física, tal
obligación sería predicable en un escenario predecible y resistible; no obstante, utilizarlo
como excusa para «trasladar la carga obligacional de la entidad al ciudadano» resulta
inadmisible.
42. También, manifestó que, en asuntos similares, esta Corporación ha analizado el
fenómeno de la concurrencia de culpas, es decir el grado de incidencia de la víctima en
la producción del daño, y citó varios pronunciamientos al respecto, para concluir que, en
este caso, tampoco se encontraba configurada ninguna de las circunstancias descritas
como con-causas o causas de exoneración, pues la conductora de la motocicleta actuó
de manera prudente. Sumado al hecho de que, en el proceso, insistió, se acreditó la
imposibilidad de evitar el acontecimiento.
43. Por último, resaltó que la providencia atacada vulnera su derecho fundamental a la
igualdad, porque la autoridad judicial accionada resolvió el asunto sometido a su
conocimiento de forma contraria a lo decidido en el proceso de reparación directa
promovido Nathalia Velásquez Suárez – quien conducía la motocicleta en la que iba la
aquí demandante el día de los hechos –; proceso que se adelantó bajo el radicado
número 76001-33-31-018-2011-00275-01, caso en cual, «el Tribunal Administrativo de
Descongestión con sede en Bogotá, Magistrada Ponente: Corina Duque Ayala, profirió
sentencia el veinticuatro (24) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), confirmando la
decisión de primera instancia del diecisiete (17) de julio de dos mil trece (2013) proferida
por el Juzgado Noveno Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali en la que
declaró administrativamente responsable al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), por los
perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de las lesiones padecidas
por Nathalia Velásquez Suarez».
44. No obstante, de entrada, la Sala advierte que los cargos formulados en la demanda
no están llamados a prosperar, por cuanto: i) se aprecian absolutamente incongruentes
en relación con las razones que condujeron al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
a negar las pretensiones de la demanda, y ii) carecen de relevancia constitucional, por
un lado, porque buscan reabrir el debate probatorio que ya se zanjó en el proceso
ordinario y, por otro, en la medida en que carecen de una carga argumentativa mínima
para desacreditar la validez de la sentencia censurada.
45. En efecto, los cargos parten de una premisa errada: que la autoridad judicial
accionada valoró inadecuadamente los medios de prueba que acreditaban que la vía se
encontraba en mal estado y que el accidente fue absolutamente imprevisible e
irresistible, pues la conductora del vehículo actuó de manera diligente. Sin embargo,
revisada la sentencia cuestionada, la Sala advierte que la decisión se adoptó bajo la
razón fundamental de que con las pruebas allegadas al plenario no fue posible establecer
que el mal estado de la vía hubiera sido la causa eficiente y determinante del accidente
de tránsito en el que resultó lesionada la demandante, veamos:
Sentencia del doce (12) de junio de dos mil trece (2013), radicación número: 76001-23-31-000-1998-01533
-01(27917), Actor: Jesús María Acosta Gómez y otros; y ii) Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, C.P. Dra. María Adriana Marín Bogotá D.C., sentencia del diecinueve (19) de marzo de dos
mil veintiuno (2021) radicación número: 68001-23-31-000-2011-00391-01(50791) Actor: María Eloisa
Bueno Lizarazo.
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Demandante: Alejandra Pulido Piedrahíta y otros
De las pruebas analizadas la Sala encuentra que está acreditado con los testimonios
rendidos por los señores Natalia Velásquez Suárez, Nayibe Rivera y David Alejandro
Zuluaga Veloza, el Informe policial de tránsito y las fotografías allegadas al proceso,
que siendo aproximadamente las 10:00 del 23 de enero de 2011, en la vía
Buenaventura – Buga, Km 50+900 metros – sector de La Guinea, los ocupantes de
la motocicleta de placas FRZ- 50ª, entre ellas, la señora Alejandra Pulido Piedrahita
como pasajera, cuando transitaban por el citado sector, el cual tenía varios
huecos.
NO obstante, no existe prueba que demuestre que uno de tales huecos hubiese
sido la causa eficiente del citado accidente y mucho menos de las lesiones que
padeció la actora Pulido Piedrahita, pues como puede inferirse de las citadas
declaraciones, tal y como se resaltó en su transcripción, todos son coincidentes en
afirmar que la tenía huecos en su extensión y que estaban llenos de agua por lo que
eran visibles a simple vista, aunque su profundidad evidentemente no era medible de
la misma manera, lo cual permite también concluir, que ellos eran evitables si los
conductores hubieran cumplido con la normatividad que les atañe en situaciones
como la indicada.
Al efecto encontramos que los 3 testigos son enfáticos en afirmar, que la vía tenía
huecos y que había mucho tráfico, en especial de vehículos pesados, y que por ello
se habían puesto de acuerdo momentos antes del accidente, en transitar a una
velocidad de 30 kilómetros por hora, sin embargo, ello contrasta con la afirmación
hecha por los mismos señores Nayibe Rivera y David Alejandro Zuluaga Veloza, al
efecto de que por el tráfico tenían que transitar entre los vehículos, así como que por
los citados huecos era imposible transitar por la vía y mucho menos evadirlos.
En adición resulta relevante para el caso, que en el informe policial de tránsito se
especificó que las dimensiones de ancho de la vía es de 8,25 metros y 1.35 el ancho
de la cuneta y que pese al ancho de la misma, es una vía de 2 carriles, con doble
sentido, asfaltada y sin ningún tipo de disminución visual, lo que efectivamente
permite el tráfico por ella de vehículos de carga pesada en ambos sentidos, o una
tractomula y un vehículo de menor tamaño como el velocípedo en el que se
transportaba la demandante, cuya conductora contaba con un poco más de 4 metros,
para pasar y evadir los huecos que en ella se fotografían.
Se verifica entonces que la vía en el sentido en que transitaba la demandante,
efectivamente tenía huecos, pero también se encuentra probado que debido al
ancho del carril y de la berma y, a las condiciones físicas de la misma el día de
los hechos, esto es, por iluminación y que las citadas deformidades por el agua
de que estaban llenas, hacían previsible su evasión, máxime si se conducía a
baja velocidad y a un metro de la acera, como lo afirman enfáticamente los testigos,
y es por ello que la versión de los testigos no resulta creíble para la Sala. (Se
destaca).
46. Nótese que, el Tribunal accionado no desconoció que la vía se encontraba en mal
estado y, menos aún, fundó su decisión en la falta de pericia o de diligencia de la
conductora. Por el contrario, la razón de la decisión fue que la parte demandante no
acreditó que la causa eficiente y determinante del daño hubiera sido el mal estado de la
carretera. Máxime, cuando del análisis del material probatorio concluyó que la versión de
los testigos no resultaba coherente en relación con las dimensiones y características de
la vía el día del accidente; circunstancias que, en su criterio, hacían previsible la evasión
de las deformidades presentes en la vía.
47. En tal sentido, la Sala precisó que el Informe Policial de Accidente de Tránsito
7623300 se allegó de forma incompleta al plenario. Asimismo, destacó que i) el mismo
fue elaborado a las 12: 30 del 23 de enero de 2011 – es decir, dos horas y media después
de que ocurriera el siniestro – ii) que allí se consignó que la vía se caracterizaba por ser
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curva, estar en pendiente, tener dos carriles de asfalto, con buena iluminación y con
huecos y iii) que la motocicleta fue «movida por personas aledañas al lugar del
accidente».
48. Por otro lado, indicó que, en la Constancia de Accidente de Tránsito, elaborada a las
13:30 del 23 de enero de 2011, el mismo agente de policía que suscribió el informe antes
referenciado anotó que, con fundamento en lo que se le informó cuando acudió al
hospital9, la causa del accidente era imputable a la vía, pues se debió a la caída de la
motocicleta en un hueco y a la falta de señalización del mismo.
49. Con fundamento en lo anterior, la autoridad judicial accionada encontró acreditado
que, en efecto, la vía por la que transitaba la demandante se encontraba en mal estado,
pero también consideró que no existía certeza en torno a las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en las que ocurrió el accidente, lo que impedía atribuir válidamente
responsabilidad a la entidad demandada. Sin embargo, al contrastar todo el material
probatorio, le llamó la atención que el siniestro no se hubiera evitado, considerando el
ancho del carril y de la berma y las condiciones físicas de la carretera el día del accidente
– la buena iluminación y la presencia de agua en las deformidades de la vía –, lo que lo
condujo a afirmar que, en tales condiciones, aquel era previsible y resistible, más aún,
cuando, como lo afirmaron los testigos, se conducía a baja velocidad y a un metro de la
cera.
50. Ciertamente, el Tribunal accionado a modo de obiter dictum – cuya inclusión en las
providencias, dicho sea de paso, no resulta vinculante como sí lo es la ratio deciendi -
expuso que era probable que la impericia e inexperiencia de la conductora de la
motocicleta hubiera incidido en el resultado dañoso, pues «no de otra manera se explica
que a pesar de tener por donde transitar, cayera en un hueco que se encontraba en el
centro de un carril de 4 metros de ancho y otro más de cuneta».
51. Así las cosas, la Sala observa que, aunque la parte accionante pretende hacerlo ver
así, para negar las súplicas de la demanda el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
no declaró la existencia de culpa exclusiva de la víctima, ni de un hecho de un tercero,
como eximentes de responsabilidad, sino que llegó a la conclusión de que resultaba
inviable atribuir el daño a la entidad demandada, porque no se logró establecer que la
causa eficiente y determinante del mismo hubiera sido el mal estado en que se
encontraba la carretera, dada la insuficiencia probatoria en torno a las circunstancias
fácticas en las que ocurrió el siniestro.
52. En tal sentido, el argumento de que la autoridad judicial accionada valoró de manera
contraevidente los testimonios de los señores Nathalia Velásquez Suárez, Nayibe Rivera
Marín y Deiby Alejandro Zuluaga Velásquez tendientes a demostrar: i) el mal estado de
la carretera y ii) la imposibilidad de evitar las irregularidades de la vía, resulta
absolutamente incongruente de cara a la ratio decidendi de la sentencia cuestionada.
53. En línea con lo expuesto, la Sala advierte que, en este caso, lo correspondiente y,
por supuesto, lo esperable era que la parte accionante atacara, mediante argumentos de
rango constitucional, el razonamiento efectuado por el Tribunal accionado que lo condujo
9 La Sala de conocimiento aclaró que en el documento no se precisó quién le proporcionó dicha
información.
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a denegar las súplicas de la demanda. En otras palabras, lo procedente era que
argumentara, por ejemplo, que al expediente sí se allegaron elementos de prueba
conducentes y pertinentes para demostrar que la causa eficiente del daño fue el mal
estado de la carretera.
54. Entonces, se tiene que, para esta Subsección, la intención de la parte demandante
es reabrir el debate probatorio que ya se surtió en el proceso de reparación directa,
pasando por alto que lo que debió atacar fue la deficiencia probatoria que halló el Tribunal
accionado al momento de atribuir responsabilidad a la entidad demandada. Circunstancia
que denota claramente que la presente acción de tutela no reviste trascendencia
constitucional alguna, pues este valioso mecanismo de protección de derechos
fundamentales no puede ser utilizado como un instrumento para que el extremo
accionante imponga su visión del litigio, ni para que provoque una instancia adicional del
proceso ordinario, con miras a obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.
Por tal motivo, el cargo por defecto fáctico en el caso de estudio se declarará
improcedente.
55. Siguiendo con el análisis de los cargos de la demanda, la Sala observa que la parte
accionante también alegó que el Tribunal accionado desconoció el precedente
jurisprudencial de esta Corporación «en asuntos de responsabilidad patrimonial por
daños generados por el mal estado de vías públicas»10; empero, se insiste, en este
caso, según se afirmó en la providencia cuestionada, no se demostró que el daño hubiera
devenido del mal estado de la vía en la que se produjo el siniestro. Ello quiere decir que,
en principio, las consideraciones expuestas en los pronunciamientos citados en la
petición de amparo no resultaban aplicables al caso bajo estudio, por disanalogía fáctica
y jurídica.
56. Por si fuera poco, esta instancia judicial tampoco encuentra que tal reproche se
hubiera motivado o sustentado debidamente. Al respecto, valga mencionar que, en
sentencia SU-304 del 25 de julio de 2024, la Corte Constitucional realizó importantes
precisiones sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
entre otras, la causal específica de desconocimiento del precedente en los siguientes
términos: i) la acción de tutela contra providencias judiciales solo procede de manera
excepcional contra providencias judiciales, lo que «implica que la procedencia de la
acción de tutela contra providencias impone a quien la interpone la carga de
evidenciar la configuración de un defecto que vulnera sus derechos
fundamentales», ii) la naturaleza de la autoridad judicial que profiere el precedente no
es un criterio válido para determinar si su violación configura un defecto por
desconocimiento del precedente o un defecto sustantivo. Todas las autoridades
judiciales, […], profieren providencias susceptibles de constituirse en precedentes frente
a casos futuros semejantes, iii) la violación de los pronunciamientos que no son producto
de un examen de validez, pero que fijan criterios hermenéuticos para la interpretación de
normas, se adecúa a la regla general del desconocimiento del precedente.
10 En la demanda se transcribieron apartes de las siguientes providencias: i) Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
Sentencia del doce (12) de junio de dos mil trece (2013), radicación número: 76001-23-31-000-1998-01533
-01(27917), Actor: Jesús María Acosta Gómez y otros; y ii) Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, C.P. Dra. María Adriana Marín Bogotá D.C., sentencia del diecinueve (19) de marzo de dos
mil veintiuno (2021) radicación número: 68001-23-31-000-2011-00391-01(50791) Actor: María Eloisa
Bueno Lizarazo.
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57. En suma, concluyó que «[s]e configura un defecto por desconocimiento del
precedente cuando se advierta la violación de la razón de la decisión de una
providencia judicial que cumple las condiciones para calificarse como precedente.
No obstante, el desconocimiento del significado reconocido o atribuido a las
disposiciones objeto de juzgamiento (ley, decreto, resolución, entre otras) en ejercicio
del control abstracto de constitucionalidad o legalidad, configura un defecto sustantivo».
58. Ahora bien, una sentencia constituye un precedente vinculante y aplicable al caso en
concreto cuando concurren las siguientes circunstancias: a) la razón de su decisión
contiene una regla aplicable a la situación a resolver, b) el problema jurídico que allí se
resolvió sea semejante al que ahora corresponde decidir; y c) las circunstancias fácticas
en ambos casos deben ser equiparables.
59. En vista de lo anterior, esta Sala concluye que, como se anticipó, en el caso bajo
estudio, la parte actora no cumplió con la carga de argumentar de manera clara y
suficiente en qué consistía el supuesto desconocimiento del precedente jurisprudencial.
Así, aunque afirmó que se pasó por alto el precedente relacionado con la
«responsabilidad patrimonial por daños generados por el mal estado de vías
públicas», no explicó por qué la razón de alguna decisión anterior resultaría aplicable al
caso concreto, ni sustentó que el problema jurídico fuera análogo al resuelto en otros
fallos, o que las circunstancias fácticas fueran realmente equiparables. En consecuencia,
su alegación carece del desarrollo argumentativo necesario para que el juez del amparo
analice si se presentó una infracción al precedente.
60. Simplemente, se insiste, la parte actora se limitó a afirmar que el Consejo de Estado
ha sido constante en declarar la responsabilidad del estado en daños causados con
ocasión del mal estado de las vías públicas, sin ofrecer argumentos o razones que
permitan al juez de tutela analizar la posible analogía fáctica y jurídica entre la sentencia
cuestionada y el precedente invocado, lo que da cuenta de que, en este punto, la
demanda también carece de relevancia constitucional, por inexistencia de una carga
argumentativa mínima del referido defecto.
61. Por otro lado, los accionantes señalaron que la sentencia del 21 de marzo de 2025
vulneró su derecho fundamental a la igualdad, en la medida en que pasó por alto que en
el marco del proceso de reparación directa promovido por Nathalia Velásquez Suárez –
conductora de la motocicleta - el Tribunal Administrativo de Descongestión con Sede en
Bogotá accedió a las súplicas de la demanda. A tal proceso, según afirmaron, se
allegaron idénticos medios de convicción y se narraron las mismas circunstancias
fácticas; no obstante, en este caso, la autoridad judicial accionada adoptó una decisión
diametralmente opuesta.
62. En este punto, la Sala advierte, por un lado, que en la sentencia cuestionada el
Tribunal accionado explicó las razones por las que no tendría en cuenta la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo de Descongestión con Sede en Bogotá en el
caso de la señora Velásquez Suárez, así:
Finalmente, y en lo que refiere a la sentencia dictada por el Juzgado Noveno
Administrativo de Descongestión de Cali en el proceso de reparación directa radicada
No. 76001333101820110027500, interpuesta referente al caso de la señora Nathalia
Velásquez Suárez contra el Invias y el Municipio de Palmira, con ocasión al mismo
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accidente base de esta providencia, y que fuera confirmada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca según se afirma en el fallo de primera instancia y
que sirviera de sustento para su decisión, se observa ausente del acervo probatorio
recaudado en el proceso, así que no hay lugar a pronunciamiento sobre el mismo.
63. Adicionalmente, es necesario precisar que la Corte Constitucional11 ha reconocido la
existencia de dos clases de precedentes, el vertical, fijado por una autoridad de mayor
jerarquía y el horizontal definido por el lineamiento dictado por el mismo juez o
corporación. No obstante, es importante mencionar que es absolutamente normal que
distintas corporaciones de la misma jerarquía tengan criterios diferentes sobre un mismo
asunto, por la razón primordial de que las autoridades judiciales gozan de autonomía e
independencia judicial.
64. De manera que, no resulta posible exigirle al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca que acoja la tesis del Tribunal Superior de Descongestión con Sede en Bogotá,
toda vez que, se insiste, cada una de dichas salas de conocimiento es autónoma para
adoptar su propia postura sobre un determinado punto de derecho.
65. Así las cosas, la Sala considera que la parte actora pretende que, por el solo hecho
de ser la tesis adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca contraria a sus
intereses, se le ordene a dicha corporación judicial que aplique la tesis adoptada por el
Tribunal Administrativo de Descongestión con Sede en Bogotá, situación que desborda
las atribuciones del juez de tutela, aunado al hecho de que, como se expuso, en aquellos
eventos en los que en una existan posturas encontradas entre corporaciones de la misma
jerarquía, debe privilegiarse la autonomía judicial que caracteriza el ejercicio de la función
jurisdiccional.
66. En el caso en concreto, lo que se observa es un desacuerdo de la parte accionante
con la providencia cuestionada, pero esa disparidad de criterios en torno a los elementos
debatidos no es una razón suficiente para que el juez de tutela se pronuncie nuevamente
respecto del fondo del asunto. Más aún, cuando no hay visos de irracionalidad,
arbitrariedad o capricho en la conclusión a la que arribó el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca en la sentencia del 21 de marzo de 2025.
67. Este instrumento constitucional, se insiste, no constituye una instancia adicional del
proceso ordinario para que la parte actora imponga su visión del litigio, tanto más si la
demanda está desprovista de razonamientos de estirpe iusfundamental que permitan dar
por superado el requisito de relevancia constitucional.
68. Conviene precisar que, en sentencia de unificación SU-215 de 2022, la Corte
Constitucional insistió en la relevancia constitucional, como un requisito necesario para
la procedencia de la tutela contra providencia judicial, a fin de impedir que se convierta
en instancia adicional a los procesos o se resuelvan aspectos legales sin trascendencia
constitucional:
[…]según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el
carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de
tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
11 Corte Constitucional, sentencia T-360 del 10 de junio de 2014, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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recurso adicional para reabrir debates meramente legales12. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales13. (Se destaca).
69. En suma, mientras la parte no ofrezca argumentos con real peso constitucional y
que sean coherentes con la decisión adoptada, habrá de concluirse que el contenido de
la providencia censurada es razonable, goza de presunción de acierto y se acompasa
con los principios de independencia y autonomía judiciales que no pueden ser
desconocidos por el juez de tutela. Por tanto, como se anticipó, la Sala declarará
improcedente la solicitud de amparo presentada por los señores Alejandra Pulido
Piedrahíta, Miguel Pulido Álvarez, María Eufemia Piedrahíta Rivas, Ángela María Pulido
Piedrahíta y Yhenifer Pulido Rugeles, por incumplimiento del requisito de la relevancia
constitucional.
70. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por los señores
Alejandra Pulido Piedrahíta, Miguel Pulido Álvarez, María Eufemia Piedrahíta Rivas,
Ángela María Pulido Piedrahíta y Yhenifer Pulido Rugeles, de conformidad con lo
razonado en la parte motiva.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
12 Cita original de la providencia: En la sentencia T-131 de 2021, “la Corte resumió los escenarios en los
que un asunto reviste relevancia constitucional, así: (i) se desconoce, a priori, el derecho fundamental al
acceso a la administración de justicia y al debido proceso en su faceta constitucional; (ii) no se emplea
como una tercera instancia judicial para reabrir el proceso; (iii) está orientado a resolver aspectos que
trascienden cuestiones legales; (iv) no tiene la pretensión de cuestionar el criterio de los árbitros para
decidir el caso; (v) pretende cuestionar la falta de aplicación de normas constitucionales; y (vi) busca evitar
la afectación del patrimonio público cuando se cumplen determinadas condiciones”.
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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