Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02767-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-02767-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02767-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02767-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
26 de junio de 2025
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
Tema: Tutela contra providencia judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por la empresa AIR-E
S.A.S. E.S.P. contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
Mediante escrito presentado el 9 de mayo de 2025, la empresa AIR-E S.A.S.
E.S.P.1 [intervenida] instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección C, con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y de
defensa y contradicción.
La vulneración de las referidas garantías constitucionales la atribuyó a las
providencias de: (i) 21 de abril 2025, a través de la cual el Tribunal Administrativo
del Atlántico determinó mal denegada la solicitud de información efectuada por
Latin American Capital Corp S.A. y Energía Inversiones S.A.S. mediante petición
1 Sociedad por acciones simplificada, de naturaleza privada, identificada con el NIT. 901.380.930-
2, constituida por documento privado de 20 de abril de 2020, inscrita en la Cámara de Comercio
de Barranquilla bajo el número 379.838 del Libro IX, con el nombre CARIBESOL DE LA COSTA
S.A.S. ESP y posteriormente, mediante reforma de 1. ° de octubre de 2020 cambió su razón social
a AIR-E S.A.S. E.S.P. Presta el servicio público domiciliario de energía en los departamentos del
Atlántico, la Guajira y el Magdalena, y respecto de la cual, Latin American Capital Corp S.A. y
Energía Inversiones S.A.S. son accionistas.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
de 20 de enero de 2025, ante la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P. [intervenida], y
ordenó la expedición de la copia integral del «informe diagnóstico de intervención,
expedido en ejercicio de sus funciones como Agente Especial, con ocasión de la
toma de posesión de AIR-E S.A.S. E.S.P. por parte de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios»; y (ii) 2 de mayo de 2025, que negó la solicitud
de aclaración y adición respecto a la anterior decisión. Las providencias
reprochadas se dictaron en el marco del recurso de insistencia identificado con el
radicado 08001-23-33-000-2025-00113-00.
1.2. Pretensiones
Las siguientes, son las peticiones de la solicitud de amparo:
Primero: Que se deje sin efectos la providencia proferida el 21 de abril de 2025,
por parte del HONORABLE TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SECCIÓN C, dentro del recurso de
insistencia promovido por Latin American Capital CORP S.A. y ENERGÍA
INVERSIONES S.A.S. en contra de AIR-E S.A.S. E.S.P. Intervenida, radicado bajo
el No. 08001-23-33-000-2025-00113-00.
Segundo: Que como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la providencia
que resolvió de manera desfavorable la solicitud de aclaración y adición, proferida
el dos (2) de mayo de 2025.
Tercero: Que se prevenga a la entidad judicial accionada de no seguir incurriendo
en conductas violatorias de los derechos fundamentales2.
De otro lado, manifestó lo siguiente:
Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, es evidente que a
consecuencia de los yerros en que incurre la providencia proferida el 21 de abril de
dos mil veinticinco (2025) por parte del HONORABLE TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SECCIÓN C, se solicita la
suspensión de forma provisional de la orden judicial de hacer entrega del informe
diagnóstico de intervención, mientras se tramita y decide la presente acción de
tutela.
La anterior solicitud se sustenta en el riesgo inminente revelar una información
reservada por mandato legal y que puede causar un perjuicio irremediable al
proceso de intervención, además de ser violatoria del artículo 322 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero.
1.3. Hechos
Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión
que se adoptará en la sentencia:
La parte actora informó que mediante las resoluciones SSPD-20241000531665 y
SSPD-20241000531665 de 11 de septiembre de 2024, la Superintendencia de
2 Transcrito del texto original con posibles errores.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión de bienes, haberes
y negocios de AIR-E, la separación definitiva de los cargos del gerente y sus
suplentes, de todos los miembros principales y suplentes de la junta directiva de
la empresa, y la designación de un agente especial interventor con el fin de que
asumiera la representación legal y administración de la compañía3.
Indicó que, desde que se adelanta la intervención, los accionistas separados de
la empresa accionante, esto es, Latin American Capital Corp S.A. y Energía
Inversiones S.A.S., han presentado alrededor de 30 peticiones de diferente índole
que se han respondido de manera oportuna, dentro de las cuales destacó la
solicitud de 20 de enero de 20254 consistente en que les sea expedida copia
integral del informe diagnóstico de intervención elaborado por el entonces Agente
Especial Interventor Edwin Palma Egea, documento que fue presentado ante la
referida superintendencia y que constituyó el sustento de la actual intervención.
Adujo que a la petición de 20 de enero de 2025 se le emitió respuesta mediante
oficio de 4 de febrero de 2025 en el sentido de señalar la «imposibilidad de hacer
entrega del informe solicitado, como quiera que en su contenido hay información
que es considerada como reservada, a la luz de lo previsto en el numeral 3 del
artículo 322 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero», norma según la cual,
la información relacionada con las operaciones de apoyo o salvamento que
desarrolle el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras en cumplimiento de
su objetivo gozan de reserva, en consonancia con el numeral 3. ° del artículo 337
ibidem que estipula que todos los informes de los inspectores y agentes
especiales «serán comunicados confidencialmente y no podrán hacerse
públicos». Finalmente, puso de presente que la divulgación de ese contenido
podría poner en riesgo el proceso de intervención y las acciones dirigidas a la
estructuración de una solución empresarial que garantice la prestación del
servicio público.
Inconformes con lo anterior, Latin American Capital Corp S.A. y Energía
Inversiones S.A.S., el 26 de marzo de 2025 solicitaron la remisión del expediente
al Tribunal Administrativo del Atlántico con el fin de que se tramitara el recurso de
insistencia, no obstante, la accionante indicó que se les requirió para que
aportaran el escrito del mencionado mecanismo y los soportes que enlistaron en
su comunicación, lo cual fue atendido el 28 de marzo siguiente.
Puntualizó que el 4 de abril de 2025 y con sujeción a lo dispuesto en el Acuerdo
PCSJA23-12068 de 16 de mayo de 2023 del Consejo Superior de la Judicatura,
AIR-E S.A.S. E.S.P. radicó ante el Tribunal Administrativo del Atlántico el recurso
de insistencia junto con el expediente de toda la actuación surtida en sede de la
empresa, a través de la ventanilla virtual y en forma física en la oficina de reparto.
3 Con fundamento en el incumplimiento de los numerales 1, 2, 3 y 7 del artículo 59 de la 142 de
1994.
4 Enviada vía electrónica el 21 de enero de 2025.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
Acotó que, con providencia de 21 de abril de 2025 el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección C resolvió el recurso de insistencia en el sentido de declarar
mal denegada la información solicitada por los accionistas en la petición de 20 de
enero de 2025 con fundamento en que la norma invocada no indica de manera
expresa la reserva legal del informe de diagnóstico rendido por el agente especial
interventor, luego de realizar las siguientes consideraciones:
(i) En relación con el marco normativo y jurisprudencial indicó:
• El derecho fundamental de petición faculta a los ciudadanos a elevar
peticiones a las autoridades para que suministre información sobre
situaciones de interés general y/o particular, así como acceder a
documentos públicos salvo los casos que exceptúe la ley. En el artículo 26
de la Ley 1755 de 2015 se establece que en el caso en que se niegue la
información requerida, el solicitante puede insistir ante la autoridad que
invoca la reserva y tal asunto le corresponderá al tribunal administrativo con
jurisdicción en el lugar en donde se encuentren los documentos.
• Una vez configurada una de las causales del artículo 59 5 de la Ley 142 de
19946, se atiende a lo establecido en su artículo 121, en el cual se regula lo
concerniente a la toma de posesión de las entidades intervenidas, y en
cuanto sean pertinentes, las normas relativas a la liquidación de
instituciones financieras. En ese orden, puntualizó que a efectos de la toma
de posesión de las entidades vigiladas por la referida superintendencia
debe atenderse a lo estipulado en el Decreto ley 663 de 1993.
• Informó que a través del Decreto presidencial 556 de 2000, se amplió la
remisión de que trata el artículo 121 de la Ley 142 de 1994, en el sentido
de que para estos menesteres no solo aplican las normas contenidas en el
5 «ARTÍCULO 59. CAUSALES, MODALIDAD Y DURACIÓN. El Superintendente de servicios
públicos podrá tomar posesión de una empresa, en los siguientes casos:
59.1. Cuando la empresa no quiera o no pueda prestar el servicio público con la continuidad y
calidad debidas, y la prestación sea indispensable para preservar el orden público o el orden
económico, o para evitar perjuicios graves e indebidos a los usuarios o a terceros.
59.2. Cuando sus administradores persistan en violar en forma grave las normas a las que deben
estar sujetos, o en incumplir sus contratos.
59.3. Cuando sus administradores hayan rehusado dar información veraz, completa y oportuna a
una comisión reguladora o a la Superintendencia, o a las personas a quienes éstas hayan confiado
la responsabilidad de obtenerla.
59.4. Cuando se declare la caducidad de uno de los permisos, licencias o concesiones que la
empresa de servicios públicos haya obtenido para adelantar sus actividades, si ello constituye
indicio serio de que no está en capacidad o en ánimo de cumplir los demás y de acatar las leyes
y normas aplicables.
59.5. En casos de calamidad o de perturbación del orden público;
59.6. Cuando, sin razones técnicas, legales o económicas de consideración sus administradores
no quisieren colaborar para evitar a los usuarios graves problemas derivados de la imposibilidad
de otra empresa de servicios públicos para desempeñarse normalmente.
59.7. Si, en forma grave, la empresa ha suspendido o se teme que pueda suspender el pago de
sus obligaciones mercantiles.
59.8. Cuando la empresa entre en proceso de liquidación».
6 Por la cual se establece el Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
Decreto Ley 663 de 1993, sino, también aquellas que lo desarrollen y las
relativas a la toma de posesión de instituciones financieras. Por ello, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público compiló la normatividad en materia
del sector financiero en el Decreto 2555 de 2010, que en su artículo
9.1.1.2.2. estableció que los agentes especiales designados para la toma
de posesión de entidades vigiladas ejercen funciones públicas
transitorias, sin perjuicio de la aplicabilidad del derecho privado en lo que
sea pertinente.
• Aseguró que en la sentencia C-985 de 2012, la toma de posesión de
empresas que prestan servicios públicos domiciliarios tiene dos finalidades:
«:(i) para administrar con el fin de garantizar la continuidad y calidad del
servicio y superar los problemas que dieron origen a la medida; y ii) para
liquidar, cuando no se superan los problemas que dieron origen a la medida,
la Superintendencia podrá ordenar que se liquide la empresa7.
• Explicó que el artículo 3228 del Estatuto Orgánico Financiero en principio
estipuló una reserva legal al señalar en relación con las prerrogativas y
limitaciones del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. No
obstante, de esta disposición fue declarada inexequible la proposición «En
general, el fondo gozará de reserva sobre sus papeles, libros y
correspondencia», en atención a que se advirtió que se oponía a la norma
superior cuyo derecho a la información y de acceso a documentos públicos
destacan por imperar como regla general, y no a la manera excepcional,
como lo sugiere la norma.
• Agregó que en la referida providencia se definieron las reglas especiales
para la aplicación de la figura jurídica de la reserva del artículo 322 del
Estatuto Orgánico Financiero condensadas en que «[l]a reserva de
información como deber del Estado, únicamente tiene sentido respecto de
informaciones que sean ajenas a la zona de interés público. Aún en este
caso, admite excepciones cuando así lo demande el ordenado desarrollo
de esta actividad».
• Como consecuencia de lo anterior, con el artículo 33 de la Ley 510 de 1999
se modificó el numeral 3. ° del artículo 322 del Estatuto Orgánico Financiero
7 Para llevar a cabo las referidas finalidades, la Ley 142 de 1994 prevé tres tipos de toma de
posesión: «(1) con fines de administración (para superar las causas que dieron origen a la
adopción de la medida); (2) con fines liquidatorios (implica medidas tales como la administración
temporal, la solución empresarial, la reestructuración, vinculación de un gestor, de un operador
especializado, o de capital); y (3) para liquidación, que implica que la empresa cesa su objeto
social y se da inicio a lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas
concordantes».
8 «Artículo 322º.- Prerrogativas y Limitaciones. (…) 3. Reserva de información. El Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras estará obligado a guardar reserva sobre las informaciones
que exija a las instituciones financieras inscritas, salvo los casos previstos en la Constitución y la
Ley. En general, el Fondo gozará de reserva sobre sus papeles, libros y correspondencia».
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
al dejarlo en la siguiente manera: «Artículo 33. El numeral 3 del artículo 322
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, quedará así: 3. La
información relacionada con las operaciones de apoyo o salvamento que
desarrolle el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras en
cumplimiento de su objeto gozarán de reserva, siempre y cuando ello sea
necesario para preservar la confianza del público en las instituciones objeto
de las medidas, así como la estabilidad de dichas entidades».
(ii) Al abordar el caso concreto, inició por destacar que la toma de posesión de
una empresa prestadora de servicios, con fines liquidatorios o de
administración, deriva de la obligación del Estado de intervenir por el bien
público respecto a la prestación de servicios públicos domiciliarios.
• De conformidad con el marco jurídico y judicial reseñado, precisó que la
aplicación de la reserva legal se encuentra reglada y señalada
taxativamente por la ley. Así, indicó que la entidad AIR-E S.A.S. E.S.P.
sustentó que la reserva alegada se encuentra en el numeral 3. ° del artículo
322 del Estatuto Orgánico Financiero9 modificado por el artículo 33 de la
Ley 510 de 1999 en el cual se dispone que «[l]a información relacionada
con las operaciones de apoyo o salvamento que desarrolle el Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras en cumplimiento de su objeto
gozarán de reserva, siempre y cuando ello sea necesario para preservar la
confianza del público en las instituciones objeto de las medidas, así como
la estabilidad de dichas entidades».
• No obstante, señaló que la referida norma condiciona la reserva a la
«necesidad de preservar la confianza en el público y la estabilidad de dichas
entidades [...] ello refiere, un requisito que la entidad debe justificar para
efectos de la aplicación de la figura de reserva legal, lo cual no se ha hecho
en debida forma por la demandada [...]». Además, aseguró que, no se
advierte que con la entrega de la información pedida se falte a esa
necesidad de preservar la confianza del público o en mantener la estabilidad
de la entidad objeto de la medida.
• Acotó que si bien en el numeral 3. ° del 33710 del referido estatuto señala
una confidencialidad, esta no puede entenderse automáticamente
significado de reserva legal en atención a que la norma «no está
disponiendo de manera expresa e inequívoca, una reserva legal sobre
dicho informe», como, por ejemplo, si ha sucedido en otros casos en los
cuales se ha señalado la reserva legal de manera expresa en otras
9 Decreto Ley 663 de 1993.
10 «3. Deberes de los inspectores y reserva de informes. Todo inspector debidamente nombrado
y posesionado bajo juramento, cuando haya recibido para ello comisión del Superintendente,
deberá sin demora revisar la entidad designada en dicha comisión, y rendir al Superintendente un
informe jurado sobre el resultado de su examen. Todos los informes de los inspectores y agentes
especiales serán comunicados confidencialmente y no podrán hacerse públicos».
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
disposiciones tales como el artículo 583 del Estatuto Tributario11, el artículo
3412 de la Ley 23 de 198113, o el artículo 7514 del Código de Infancia y
Adolescencia. Finalmente, declaró mal denegada la información y ordenó
la entrega de la copia integral del informe.
Advirtió que frente a la referida decisión AIR-E S.A.S. E.S.P. solicitó «aclarar si el
despacho verificó con la Secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico las
comunicaciones recibidas, no solo por parte de los accionistas, sino también las
respuestas emitidas por la empresa, las cuales fueron copiadas a dicha
corporación, y lo más importante, si se revisó en SAMAI, si existía en trámite algún
otro recurso de insistencia con los mismos hechos, objeto y partes15». También
solicitó adicionar la providencia en el sentido de imponer el deber a los
accionistas, de guardar la confidencialidad del informe y que en el caso de que
ello se viole, asuman el pago de los perjuicios que se llegasen a ocasionar tanto
a la empresa como al proceso de intervención y posterior solución empresarial
que está estructurando la Superintendencia.
Resaltó que el 2 de mayo de 2025 el Tribunal Administrativo del Atlántico negó la
aclaración al señalar que lo requerido no se encuadra en los supuestos fácticos
enlistados en los artículos 285 y 287 del Código General del Proceso, aunado a
que se concluyó que la providencia es diáfana y clara en relación con los
argumentos formulados en el recurso.
Agregó que el 6 de mayo de 2025 los accionistas solicitaron a la empresa AIR-E
S.A.S. E.S.P. el cumplimiento de la orden y realizaron advertencias sobre las
consecuencias de tipo penal si no acceden a la entrega de la información.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales con la
expedición de las providencias de 21 de abril de 2025 y 2 de mayo de 2025
11 «La información tributaria respecto de las bases gravables y la determinación privada de los
impuestos que figuren en las declaraciones tributarias, tendrá el carácter de información
reservada; por consiguiente, los funcionarios de la Dirección General de Impuesto Nacionales sólo
podrán utilizarla para el control, recaudo, determinación, discusión y administración de los
impuestos y para efectos de informaciones impersonales de estadística».
12 «La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un
documento privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previa
autorización del paciente o en los casos previstos por la Ley».
13 «Por la cual se dictan normas en materia de ética médica»
14 «Todos los documentos y actuaciones administrativas o judiciales propios del proceso de
adopción, serán reservados por el término de veinte (20) años a partir de la ejecutoria de la
sentencia judicial. De ellos solo se podrá expedir copia de la solicitud que los adoptantes hicieren
directamente [...]».
15 Frente a este argumento, el tribunal en la providencia de 2 de mayo de 2025 negó la solicitud
de aclaración al señalar: «a la fecha de esta ponencia, sobre la existencia de otro radicado en el
sistema de información SAMAI, con el No. 08001-23-33-000- 2025-00134-00, con identidad de
sujetos procesales, cuyo reparto corresponde a la Magistrada de esta Corporación, Dra. Carmen
Rosa Lorduy González; empero, tal asignación, se realizó, el 22 de abril de 2025, es decir, luego
de haberse proferido la decisión del sub - judice».
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
dictadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante las cuales declaró
mal denegada la solicitud de información por parte de la empresa AIR-E S.A.S.
E.S.P. y denegó la solicitud de aclaración sobre la anterior decisión.
1.4.1. Inicialmente, arguyó que la tutela supera cada una de las exigencias
generales de procedibilidad. Particularmente, resaltó que este caso reviste
relevancia constitucional y cumple con el requisito relativo a la existencia de
una irregularidad procesal, debido a que hay una relación directa entre las
providencias reprochadas y la transgresión de las garantías superiores al debido
proceso y de defensa y contradicción en la medida en que el tribunal «en la
providencia de 21 de abril de 2025, adelantó un trámite distinto al contemplado en
el artículo 26 del C.P.A.C.A.».
Aunado a ello, adujo que la autoridad accionada aplicó «un régimen consagrado
únicamente para “autoridades”, desconociendo la naturaleza jurídica de la
empresa», tal como lo reconoció la judicatura reprochada en otro recurso de
insistencia muy similar al que es objeto de atención, oportunidad en la cual
rechazó de plano la solicitud luego se realizar el siguiente análisis16:
Con arreglo en lo que antecede, se considera que la sociedad AIR-E, por regla
general, no tiene la connotación de autoridad, dado que se trata de una empresa
de derecho privado, cuya actividad se enmarca en la prestación de un servicio
público domiciliario, bajo el régimen jurídico previsto en el artículo 367 de la
Constitución Política, en armonía con la Ley 142 de 1994.
Según el artículo 14 del citado estatuto de los servicios públicos domiciliarios, la
«Empresa de Servicios Públicos Privada», es aquella que pertenece
mayoritariamente a particulares; y el artículo 32 ibidem, como regla general, señala
que sus decisiones estarán sujetas al régimen jurídico previsto en el derecho
privado. Empero, el artículo 33 ejusdem prevé que las facultades especiales se
someterán al control de legalidad de la jurisdicción contencioso administrativa.
A su vez, el artículo 154 de la referida ley de servicio público, establece que los
actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación son
susceptibles del recurso de reposición ante la empresa y en subsidio procederá la
apelación cuando la ley expresamente lo indique ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios. Es decir, por vía exceptiva, esas actuaciones de
las empresas de servicios públicos domiciliarios de capital privado, oficiales o
entidades públicas tendrán la naturaleza de actos administrativos.
A partir de una interpretación integradora de las preceptivas traídas a colación se
deriva que AIR- E, a pesar de ser una empresa prestataria de servicios públicos
domiciliarios, está sometida al régimen de derecho privado. No obstante, en los
eventos específicos ya referidos, podrá emitir verdaderos actos administrativos
susceptibles de control ante esta jurisdicción, lo cual en manera alguna se
extenderá a todas las demás actividades inherentes a la órbita y ejecución de su
objeto social. (...)
En ese contexto, resulta diáfano que el recurso de insistencia contemplado en el
artículo 25 de la Ley 1437 de 2011 no procede tratándose de la empresa de
16 Providencia de 8 de abril de 2025 dictada por el despacho 006 Sección B del Tribunal
Administrativo del Atlántico dentro del expediente 08-001-23-33-000-2025-00091-00.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
servicios públicos domiciliarios AIR-E, por cuanto carece de la calidad de autoridad
administrativa, según los parámetros de la Ley 1437 de 2011 y la Ley 142 de 1994,
pues lo requerido en el derecho de petición que originó esta insistencia (por su
extensión: ver expediente digital), está lejos de encuadrar en aquellos de naturaleza
administrativa, como son, los actos de negativa del contrato, suspensión,
terminación, corte y facturación.
Por consiguiente, el tribunal carece de competencia para tramitar y resolver el
recurso de insistencia impetrado.
Agregó que, en las sentencias C-591 de 2014 y T-487 de 2017 la Corte
Constitucional fue consistente en precisar que en los casos en que se alega la
reserva de documentos, fue voluntad del legislador que al derecho de petición
ante particulares no le aplicaran las reglas de la insistencia en caso de reserva
documental, en la medida en que este recurso es conocido por la jurisdicción de
lo contencioso administrativo y no se estableció un procedimiento para ello.
También reprochó que en la providencia de 21 de abril de 2025 se refiriera que,
al momento de resolver el recurso de insistencia, en la plataforma del sistema de
gestión judicial Samai no se encontraba registrada la remisión del mecanismo por
parte de AIR-E S.A.S. E.S.P., puesto que, con los documentos que se adjuntaron
con la posterior solicitud de aclaración se demostró que el 4 de abril de 2025 se
remitió a la autoridad judicial la insistencia.
1.4.2. Defecto sustantivo
El extremo actor alegó que se desconoció lo estipulado en el artículo 337 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, consistente en la reserva de los
informes que presentan los agentes especiales en los procesos de intervención
del Estado a las empresas que prestan servicios públicos, comoquiera que en la
providencia de 21 de abril de 2025 se indicó que dicha reserva opera respecto de
la «comunicación» que envía el mencionado agente a la entidad vigilante, y no se
predica del documento contentivo del «informe».
En ese orden, aseguró que en el numeral 3. ° del artículo 337 del referido estatuto,
el cual tiene por título «Deberes de los Inspectores y Reservas de Informes», se
concluye que todos los informes de los inspectores y agentes especiales serán
comunicados confidencialmente y no podrán hacerse públicos. Para tal efecto,
citó apartes de la sentencia de 24 de abril de 2019 dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro del expediente identificado con el
radicado 25000-23-41-000-2019-00304-00.
1.4.3. Defectos orgánico y procedimental absoluto
Según AIR-E S.A.S. E.S.P., su naturaleza jurídica corresponde a la de una
entidad privada que presta un servicio público, por lo tanto, pese a que
actualmente esté intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, es claro que la accionante no es una autoridad. En ese orden, al
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
señalar el artículo 26 de la Ley 1437 de 201117, resaltó que el recurso de
insistencia procede en el supuesto en que una autoridad niegue la entrega de la
información o de la documentación requerida y, por ello, es que el conocimiento
de dicho trámite se encuentra asignado por la referida norma al tribunal
administrativo con jurisdicción en el lugar en donde se encuentre lo pedido.
Aquel reparo propone que, una vez recibido el recurso por la autoridad judicial, lo
que correspondía era que este se rechazara o denegara por improcedente tal
como aduce que lo reconoció dicha corporación en la providencia de 21 de abril
de 2025, y, en esa medida, a tal solicitud de información únicamente le aplicaban
las normas que regulan el mencionado derecho de petición que, a su juicio, ya
había sido atendido de fondo y de manera oportuna con la respuesta a través de
la cual AIR-E S.A.S. E.S.P. informó que lo pedido tenía reserva legal.
En consecuencia, la parte actora alegó que el Tribunal Administrativo del Atlántico
carecía de competencia para admitir, tramitar y resolver un recurso de insistencia
que se originó en la negativa de la entrega de una información por parte de una
persona jurídica que se rige por el derecho privado y que, indudablemente carece
de la naturaleza de una autoridad.
Acotó que en la sentencia C-558 de 2001 la Corte Constitucional estableció que
las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios «cumplen funciones
administrativas al tenor de la vía gubernativa que asumen, esto es, en cuanto
conocen y deciden sobre las peticiones, quejas, reclamos y recursos presentados
por los suscriptores o usuarios(...) ese conglomerado de atribuciones, derechos y
prerrogativas de autoridad pública que pueden ejercer los agentes prestadores de
17 «ARTÍCULO 26. INSISTENCIA DEL SOLICITANTE EN CASO DE RESERVA. <Artículo
CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.
El nuevo texto es el siguiente:> Si la persona interesada insistiere en su petición de información o
de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo
con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades
nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata
de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o
parcialmente la petición formulada.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez
administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá
en los siguientes casos:
1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre
cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la
cual las reciba oficialmente.
2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga,
asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar
criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no avocar
conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo.
PARÁGRAFO. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la
diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella».
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
dichos servicios no tiene la virtualidad de convertir en función administrativa el
desarrollo ordinario de su objeto social».
Por ello, finalmente refirió que la petición que dio origen al recurso de insistencia
no está relacionada con asuntos concernientes a la negativa del contrato,
suspensión, terminación, corte y facturación, asuntos que sí encajarían en esa
esfera de la función administrativa que tendría AIR-E S.A.S. E.S.P.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con auto de 14 de mayo de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó tener
como autoridad judicial accionada al Tribunal Administrativo del Atlántico. En
calidad de terceros con eventual interés en las resultas del trámite constitucional,
se dispuso la vinculación de Latin American Capital Corp S.A., Energía
Inversiones S.A.S. y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
De otro lado, se accedió a la medida provisional elevada por la parte actora en el
sentido de ordenar la suspensión de los efectos de la providencia cuestionada de
21 de abril de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, con el fin
de que AIR-E S.A.S. E.S.P. pudiera abstenerse de entregar a Latin American
Capital Corp S.A. y a Energía Inversiones S.A.S. la información requerida
mediante petición de 20 de enero de 2025, en especial lo relacionado con la
expedición de una copia integral del «informe diagnóstico de intervención» hasta
que se resolviera la tutela de la referencia, por cuanto se encontraron acreditados
los criterios de necesidad y urgencia.
Finalmente, se requirió el expediente del recurso de insistencia y se ordenó a la
Oficina de Sistemas de la corporación realizar una publicación de la información
relativa a esta acción de tutela en la página web del Consejo de Estado.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con las
constancias visibles en el expediente digital obrante en el sistema de gestión
judicial Samai, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Mediante escrito presentado por el apoderado de la entidad, manifestó coadyuvar
las pretensiones formuladas en la tutela de la referencia por AIR-E – S.A.S. E.S.P.
De otro lado, informó que en el parágrafo del artículo 2. ° de la resolución SSDP
20251000004725 de 9 de enero de 2025 la superintendencia determinó que la
empresa AIR-E – S.A.S. E.S.P. continuaría ejerciendo su objeto social durante la
etapa de administración temporal, por lo tanto, hasta que la entidad no sea
liquidada, permanece su existencia legal y jurídica.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
Adujo que, la administración y representación legal de las empresas en toma de
posesión se encuentra en cabeza del agente especial o liquidador, quienes son
auxiliares de la justicia que, de conformidad con los artículos 291 y 295 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el Decreto 2555 de 2010, ejercen
funciones públicas transitorias sin que por ello se puedan reputar como
funcionarios de la superintendencia, ni de la empresa intervenida.
Agregó que el régimen legal aplicable a estos casos es el contemplado en la Ley
142 de 1994 y en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, así como las
disposiciones que lo modifiquen o adicionen como el Decreto 2555 de 2010. De
esa manera, refirió que en numeral 3. ° del artículo 322 del mencionado estatuto
establece la reserva de la información relacionada con las operaciones de apoyo
o salvamento que desarrolle el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras
en cumplimiento de su objeto social que, para el caso de los servicios públicos
domiciliarios es la mencionada superintendencia. Ello, en consonancia con el
artículo 337 del mismo estatuto que es del siguiente tenor:
3. Deberes de los inspectores y reserva de informes. Todo inspector debidamente
nombrado y posesionado bajo juramento, cuando haya recibido para ello comisión
del Superintendente, deberá sin demora revisar la entidad designada en dicha
comisión, y rendir al Superintendente un informe jurado sobre el resultado de su
examen. Todos los informes de los inspectores y agentes especiales serán
comunicados confidencialmente y no podrán hacerse públicos.
Así, puntualizó que una de las causales de intervención del artículo 59 de la Ley
142 de 1994, consistió en la contenida en el numeral 59.3 relativa a que los
administradores de la entidad se hayan rehusado a dar información veraz,
completa y oportuna a una comisión reguladora o a la superintendencia, razón
por la cual resalta la necesidad de guardar con reserva la información recaudada
en el proceso de toma de posesión y, en ese sentido, puntualizó que el hecho de
que los informes presentados por los inspectores y agentes especiales sean
comunicados de manera confidencial al ente de vigilancia sin que puedan hacerse
públicos refuerza el carácter de reservado de los informes con el fin de evitar
afectar la estabilidad de la empresa intervenida, la confianza pública en estos
procesos y la recuperación de las entidades de sector.
Finalmente, en relación con las providencias demandadas de 21 de abril y 2 de
mayo de 2025, manifestó:
En este punto es importante recordar que el derecho de acceso a la información
pública está expresamente consagrado en el artículo 74 de la Constitución Política,
el cual establece que "todas las personas tienen derecho a acceder a los
documentos públicos salvo los casos que establezca la ley". Esta disposición
establece una regla general de acceso a la información pública, pero también
reconoce la posibilidad de establecer limitaciones a este derecho, siempre y cuando
dichas limitaciones se encuentren debidamente fundamentadas y sean ajustadas a
las excepciones previstas por la ley, que, en el caso particular, están expresamente
contempladas en el régimen del Sistema Orgánico Financiero. Por su parte, la Corte
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
Constitucional en sentencia T-451 de 2011, ha reiterado que cualquier restricción
al acceso debe estar debidamente motivada, identificando la norma que justifique
la reserva, lo cual en este caso está claramente establecido en la legislación
financiera y en la remisión normativa de la Ley 142 de 1994
1.6.2. Latin American Capital Corp S.A. y Energía Inversiones S.A.S.
Por conducto de su apoderado judicial común, solicitaron que se declare la
improcedencia de la acción de tutela en atención a que consideran que no
cumplen con los requisitos generales y especiales de procedibilidad del
mecanismo constitucional. En su defecto, pidieron que se nieguen las
pretensiones de la solicitud de amparo con sustento en la inexistencia de la
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
En cuanto a los hechos, argumentaron que era necesario aclarar que de
conformidad con el artículo 291 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 9.1.1.2.2. del
Decreto 2555 de 2010 el agente especial cumple de manera temporal funciones
públicas independientemente de que la entidad intervenida sea de derecho
privado, y, en consonancia con el artículo 4. ° de la Ley 712 de 2014, se establece
el derecho de acceso a la información pública en posesión o bajo control de los
sujetos obligados como lo es el caso del informe solicitado y que dio origen al
recurso de insistencia.
Advirtieron que en la sentencia C-053 de 1995 se interpretó la reserva de los
informes expedidos por los agentes especiales y se estableció que esta no puede
ser simplemente invocada, puesto que le asiste el deber a la entidad de acreditar
los supuestos de hecho contenidos en los artículos 322 y 337 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, puesto que en el caso concreto, tal como lo
analizó el tribunal accionado, no se expusieron correctamente las razones de la
reserva y no se indicó el por qué era necesaria para preservar la confianza en el
público y la estabilidad de la entidad.
Cuestionaron que la mencionada reserva alegada por la empresa AIR-E S.A.S.
E.S.P. para evitar que los accionistas peticionarios accedan al informe expedido
por el agente especial no fuera igualmente respetada en otros escenarios los días
8 y 9 de enero de 2025, en tanto fueron divulgados los hallazgos del referido
documento en masivos medios de comunicación.
Precisaron que en este evento los accionistas no exigieron el cumplimiento de sus
derechos políticos porque es claro que fueron apartados de la administración de
la entidad intervenida, no obstante, ejercieron su derecho fundamental de petición
que les permite requerir información que a su juicio tienen derecho, es pública y
que el tenerla no afecta en absoluto el interés general ni el estado de la empresa.
Aclararon que el recurso de insistencia fue remitido al buzón electrónico del
agente especial que rindió el informe de interés, esto es, el señor Edwin Palma
Egea en fecha de 18 de febrero de 2025 y lo copió al tribunal en atención a las
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
acciones dilatorias de AIR-E S.A.S. E.S.P. en remitir el asunto a la autoridad
judicial. Al día siguiente, el tribunal les indicó cuál era el canal virtual oficial de la
oficina de reparto y que el recurso debía enviarlo directamente la entidad que
negó la información. Como transcurrió más de un mes, radicaron un impulso ante
la agente especial Diana María Bustamante Rueda con copia al tribunal y a la
Procuraduría. Finalmente, la empresa accionante presentó el recurso ante los
juzgados administrativos pese a que la norma es clara en señalar que debe ser
ante el tribunal contencioso administrativo, razón por la cual el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá le remitió el caso al Tribunal
Administrativo del Atlántico el 21 de abril de 2025.
Puntualizaron que, tal como lo advirtió el tribunal, ante la demora de AIR-E S.A.S.
E.S.P. en remitir el recurso, le dio trámite a este por la remisión que de ello
realizaron las entidades peticionarias el 18 de febrero de 2025, el cual le fue
repartido hasta el 31 de marzo de la misma anualidad.
Arguyeron que en efecto presentaron un escrito el 6 de mayo de 2025 mediante
el cual exigieron el cumplimiento de la orden dada en la providencia de 21 de abril
de 2025 en el cual señalaron las consecuencias de las actuaciones ilegítimas de
dilatar el acatamiento de lo dispuesto por la autoridad judicial, pero en el marco
del respeto y no con intenciones de intimidar.
Reprocharon que la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P. no manifestó dentro del trámite
del recurso de insistencia reparos frente a la legalidad, procedencia o legitimidad
del mecanismo, tampoco hizo uso de los medios procesales que tenía a su
disposición como la solicitud de nulidad de la providencia de 21 de abril de 2025.
En relación con los defectos que se plantearon respecto de la providencia de 21
de abril de 2025, indicaron que no se demostró su configuración. Particularmente,
en cuanto al yerro sustantivo manifestaron que la decisión reprochada se dictó
con sujeción a las normas vigentes y aplicables al caso, las cuales fueron
interpretadas conforme a la jurisprudencia constitucional pertinente, esto es, la
sentencia C-053 de 1995, por lo que el análisis realizado por el tribunal es claro,
congruente y adecuado a los postulados de la norma superior.
Frente al defecto orgánico aseguraron que este no se presentó comoquiera que
la autoridad judicial actuó en el marco de su competencia funcional. Además,
aludieron que en la providencia censurada se indicó con claridad que el agente
especial ejerce funciones públicas transitorias y por ello debe ser considerado
como una autoridad conforme a lo previsto en el artículo 9.1.1.2.2. del Decreto
2555 de 2010, el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el
artículo 2. ° de la Ley 1437 de 2011. Razón por la cual la actuación del referido
agente está sujeta al control que habilita el recurso de insistencia previsto en el
artículo 26 de la Ley 1755 de 2017 y el artículo 27 de la Ley 1712 de 2014.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
En lo concerniente al yerro procedimental absoluto, arguyeron que la judicatura
accionada no omitió etapas sustanciales del procedimiento ni se apartó del trámite
establecido en la ley. Así, resaltaron que la decisión de dar trámite al mecanismo
por la remisión que de este realizaron las entidades peticionarias al tribunal, fue
con ocasión de circunstancias específicas del caso que no afectó el derecho de
defensa y contradicción de las partes.
Por último, realizaron las siguientes peticiones:
a. INSTAR a la empresa accionante y, en especial, al agente especial a CUMPLIR
lo dispuesto por la providencia judicial atacada y, en particular, a EVITAR futuras
acciones dilatorias que vulneran los derechos constitucionales reconocidos por las
autoridades judiciales en el caso que nos ocupa.
b. COMPULSAR copias a la Fiscalía General de la Nación para que aquella
investigue sobre la configuración de los tipos penales de FRAUDE A RESOLUCIÓN
JUDICIAL (art. 454 Código Penal) y FRAUDE PROCESAL (art. 453 Código Penal),
con ocasión de los elementos acá evidenciados que puedan dar lugar a la
conguración de dichos tipos penales.
1.6.3. AIR-E S.A.S. E.S.P.
La agente especial de la entidad, en relación con el argumento esgrimido por los
terceros Latin American Capital Corp S.A. y Energía Inversiones S.A.S.,
consistente en que la acción de tutela es improcedente porque no cumple con el
requisito de subsidiariedad debido a que la accionante contó con la posibilidad de
solicitar la nulidad de la providencia de 21 de abril de 2025, aseguró que tal
planteamiento omite que en el escrito de tutela se puso de presente que no
conoció del trámite de la insistencia «ya que la empresa adelantó la remisión de
dicho recurso, a través de la plataforma web SAMAI».
Además, aseguró que si en gracia de discusión se aceptara que existía el
mencionado mecanismo ordinario y que se encontraba dentro de la oportunidad
para proponer la nulidad, lo cierto es que dicho medio no habría sido eficaz por
cuanto se tramita como un incidente y surte los efectos previstos en el artículo
129 del C.G.P., es decir, que no se suspende el curso del proceso y, en ese orden,
hubiese tenido que entregar la información peticionada, máxime, teniendo en
cuenta la presentación de quejas ante la Procuraduría General de la Nación y la
pretensión de remitir el asunto a la Fiscalía General de la Nación por la presunta
conducta antijurídica de fraude a resolución judicial. Por ello resaltó que la tutela
es la única vía judicial con la que contaba.
Sobre la competencia del tribunal, insistió en que en la providencia demandada
se le aplicó a la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P. un régimen previsto únicamente
para las autoridades desconociendo la naturaleza jurídica de la empresa, lo cual
fue reconocido por el mismo tribunal «que frente a un recurso de insistencia muy
similar al que se trata el presente proceso, reconoce que por disposición expresa
del legislador, las normas del Capítulo II del Título II de la Ley 1437 de 2011, tiene
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
aplicación restringida y circunscritas al ejercicio del derecho de petición ante
sujetos que ostentan la calidad de autoridades».
También se hizo énfasis en que el hecho de la intervención no se cambia la
naturaleza privada de la empresa según lo señalado en el artículo 14 de la Ley
142 de 1994 y porque pertenece mayoritariamente a particulares bajo el régimen
jurídico en el artículo 367 de la Constitución Política, lo que conlleva que no tenga
el carácter de autoridad salvo en los casos que expresamente señala la ley y la
jurisprudencia.
Recordó que según el artículo 154 la Ley 142 de 1994, solo por vía exceptiva son
administrativos los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte
y facturación al ser susceptibles del recurso de reposición ante la empresa y en
subsidio el de apelación cuando este proceda ante la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios. En los demás asuntos, la entidad está sometida
al régimen de derecho privado incluso lo concerniente al derecho de petición
como se indicó en la sentencia T-487 de 2017.
Iteró que de conformidad con la Ley 142 de 1994, a los procesos de intervención
se aplican la normas relativas a la liquidación de instituciones financieras siendo
el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero la norma especial que rige el asunto.
En consecuencia, la entidad ofreció la respuesta a la petición de los accionistas
vinculados en el sentido de alegar la reserva en virtud de los estipulado en el
numeral 3. ° del artículo 322 del mencionado estatuto, el cual establece que la
información relacionada con las operaciones de apoyo o salvamento que
desarrolle en cumplimiento de su objeto el Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras – para el caso, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios –, gozarán de reserva. Ello, en consonancia con el artículo 337 de
la norma ejusdem, que precisa que los informes de los inspectores y agentes
especiales serán comunicados confidencialmente y no podrán hacerse públicos.
Por último, recalcó que el tribunal incurrió en un error al señalar que la
confidencialidad se predica del mensaje a través del cual se entrega el informe, y
no de este documento. A su juicio, tanto el mensaje como el informe son
reservados según el mencionado estatuto y la sentencia de 14 de febrero de 2013
del Consejo de Estado.
1.7. Otras actuaciones
1.7.1. En providencia de 5 de junio de 2025 se ordenó la vinculación en calidad
de tercero con interés del señor Edwin Palma Egea, comoquiera que, en ejercicio
de sus funciones como agente especial designado por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios para la toma de posesión de la empresa AIR-E
S.A.S. E.S.P., expidió el informe diagnóstico de intervención objeto de la petición
elevada por Latin American Corp. S.A., Energía Inversiones S.A.S. el 20 de enero
de 2020, lo cual dio origen a la providencia demandada de 21 de abril de 2025.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
Al respecto, el señor Palma Egea allegó memorial el 16 de mayo de 2025 en el
cual indicó que renunció a su cargo de agente especial en fecha de 4 de marzo
de 2025 y, adicionalmente, en cuanto al fondo del asunto, apoyó los hechos,
fundamentos y pretensiones de la acción de tutela.
1.7.2. Con memorial de 9 de junio de 2025, el apoderado de Latin American
Capital Corp S.A. y Energía Inversiones S.A.S., Eduardo Montealegre Lynett,
manifestó su renuncia al poder conferido para representar a los mencionados
terceros con interés en el trámite de la referencia.
El 10 de junio de 2025, el señor Montealegre Lynett radicó otro memorial con el
cual refirió que le sustituyó el referido poder a la abogada Stefanía Arango Brito y
aportó el respectivo documento de sustitución.
El 12 de junio de 2025, el señor Montealegre Lynett allegó la constancia
electrónica de la misma fecha mediante la cual le comunicó al representante legal
de Latin American Capital Corp S.A. y de Energía Inversiones S.A.S.18 sobre su
renuncia al poder.
El 24 de junio de 2025, la abogada Stefania Arango Brito aportó los nuevos
poderes especiales conferidos por el representante legal de Latin American
Capital Corp S.A. y de Energía Inversiones S.A.S., para ejercer su defensa dentro
de la tutela de la referencia.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por la
empresa AIR-E S.A.S. E.S.P. contra el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sección C, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. En la acción de tutela se indicó que las providencias censuradas
correspondían a las proferidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico dentro
del recurso de insistencia identificado con el radicado 08001-23-33-000-2025-
00113-00, el 21 de abril y el 2 de mayo de 2025.
18 Gabriel Alberto Gómez Gutiérrez.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
Al respecto, esta Sala de decisión precisa que la acción de tutela se estudiará
únicamente frente a la providencia de 21 de abril de 2025, comoquiera que los
reparos en los que se sustentó este mecanismo constitucional se dirigen a
cuestionar de manera exclusiva dicha decisión del referido tribunal, consistente
en determinar mal denegada por parte de la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P., la
solicitud de información que elevaron el 20 de enero de 2025 las entidades Latin
American Capital Corp S.A. y Energía Inversiones S.A.S.
2.2.2. De otro lado, en cuanto a la pretensión de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, consistente en que se reconozca en este proceso como
coadyuvante de la parte accionante, la Sala anuncia que accederá a tal solicitud
de conformidad con lo estipulado en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991,
inciso 2º, en el cual se señala:
ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E
INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el
representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el
fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por
ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir
en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra
quien se hubiere hecho la solicitud19.
En ese sentido, se evidencia que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios presenta interés en este asunto tutelar, debido a que es el ente
estatal de vigilancia que tiene intervenida a la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P. y que
apoya la posición de reserva legal invocada por el agente especial que designó
para que ejecute el mencionado proceso de toma de posesión del ente
accionante, por lo tanto, es evidente que la decisión que se adopte en el asunto
de la referencia puede afectarle.
2.2.3. Frente a las pretensiones elevadas por los terceros Latin American Capital
Corp S.A. y Energía Inversiones S.A.S. en su memorial de intervención, relativas
a:
a. INSTAR a la empresa accionante y, en especial, al agente especial a CUMPLIR
lo dispuesto por la providencia judicial atacada y, en particular, a EVITAR futuras
acciones dilatorias que vulneran los derechos constitucionales reconocidos por las
autoridades judiciales en el caso que nos ocupa.
b. COMPULSAR copias a la Fiscalía General de la Nación para que aquella
investigue sobre la configuración de los tipos penales de FRAUDE A RESOLUCIÓN
JUDICIAL (art. 454 Código Penal) y FRAUDE PROCESAL (art. 453 Código Penal),
con ocasión de los elementos acá evidenciados que puedan dar lugar a la
configuración de dichos tipos penales.
19 Énfasis propio.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
Se advierte que, si bien dichas entidades fueron vinculadas a este trámite tutelar,
lo cierto es que ello se hizo en calidad de terceros por presentar interés en la
decisión que se adopte en el asunto de la referencia debido a que son las
peticionarias de la información denegada, lo cual, no implica que tengan la
facultad de elevar pretensiones de manera independiente a los extremos
procesales, tampoco solicitaron actuar en calidad de coadyuvantes. En ese orden,
esta colegiatura aclara que no se pronunciará sobre ello.
2.2.4. También, la Sala precisa que el cargo planteado en el marco de un yerro
«procedimental absoluto» realmente se circunscribe al defecto orgánico
comoquiera que se sustentó en la presunta falta de competencia del Tribunal
Administrativo del Atlántico, por haber dado trámite al recurso de insistencia pese
a que AIR-E S.A.S. E.S.P. es una entidad privada a la cual, a su juicio, no se le
aplican las reglas de la Ley 1437 de 2011 en materia del mencionado mecanismo.
En ese orden, esta colegiatura señala que, en el evento de superarse el estudio
de los requisitos adjetivos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial, el análisis del caso concreto recaerá sobre el defecto
sustantivo20 y el orgánico21. Finalmente, también se analizará la presunta
vulneración al derecho a la igualdad de AIR-E S.A.S. E.S.P., en tanto aseguró
que casos de similares supuestos fácticos y jurídicos, los Tribunales
Administrativos del Atlántico22 y Cundinamarca23 han determinado que los
informes de los agentes especiales son confidenciales y que la empresa
accionante es de naturaleza privada, por lo que no es objeto de las reglas del
recurso de insistencia.
2.2.5. Por último, se le reconocerá personería a la abogada Stefanía Arango Brito
como apoderada designada por Latin American Capital Corp S.A. y Energía
Inversiones S.A.S., en virtud de los poderes allegados el 24 de junio de 2025, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 76 del CGP.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la
vulneración de los derechos fundamentales alegados por la parte accionante con
20 Consistente en que la autoridad judicial accionada inaplicó el artículo 337 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero, en donde se establece la reserva de los informes expedidos por los
agentes especiales.
21 Por la presunta falta de competencia del Tribunal Administrativo del Atlántico para tramitar y
fallar el recurso de insistencia.
22 Providencia de 8 de abril de 2025 dictada por el despacho 006 Sección B del Tribunal
Administrativo del Atlántico, dentro del expediente 08-001-23-33-000-2025-00091-00.
23 Sentencia de 24 de abril de 2019 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro
del expediente identificado con el radicado 25000-23-41-000-2019-00304-00.
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
ocasión de la providencia de 21 de abril de 2025 dictada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección C en el trámite del recurso de insistencia
identificado con el radicado 08001-23-33-000-2025-00113-00.
Para resolver el problema planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, solo en el caso de encontrarse superados;
(iii) las generalidades de los defectos alegados; (iv) el derecho de petición,
recurso de insistencia y derecho de acceso a la información; (v) la función
administrativa; y (vii) el análisis del caso concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201224
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema25.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales26.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta
el momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 27, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
24 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de
Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
25 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
26 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
27 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
2.5.1. Para la Sala el requisito de relevancia constitucional se advierte
superado en el asunto de la referencia, marco en el cual la solicitud de amparo
elevada por la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P. cumple con las reglas establecidas
por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215 de 16 de junio de
2022, en atención a que el planteamiento sobre el cual se propone la discusión
radica en la presunta falta de competencia del Tribunal Administrativo del Atlántico
para conocer del recurso de insistencia ejercido por las empresas Latin American
Capital Corp S.A. y Energía Inversiones S.A.S.
Lo anterior implica la necesidad de analizar por parte del juez constitucional si se
incurrió en el yerro orgánico, el cual, a su vez, podría tener repercusiones de
índole procesal, puesto que la presunta falta de competencia supondría que la
autoridad judicial vulneró el derecho fundamental al debido proceso en la medida
que debió limitarse a rechazar el mencionado mecanismo en atención a que le
correspondía aplicar únicamente las reglas generales del derecho de petición
cuando se ejerce ante particulares.
Así, es claro que esta solicitud de amparo no se circunscribe a una simple
discusión meramente legal, sino que trasciende al debate desde una perspectiva
constitucional sustentada también en una posible tensión entre el derecho a la
información previsto en el artículo 20 de la Constitución Política y el derecho de
petición estipulado en el artículo 23 ibidem, con ocasión, precisamente, al
planteamiento de la carencia de competencia del Tribunal Administrativo del
Atlántico para tramitar la insistencia, lo cual conlleva la presunta configuración de
los defectos sustantivo y orgánico, así como el quebrantamiento del derecho al
debido proceso.
2.5.2. De otro lado, la acción de tutela de la referencia no se dirige contra una
sentencia de la misma naturaleza, puesto que la providencia judicial censurada
fue proferida al desatar un recurso de insistencia.
2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez es preciso señalar que la providencia
censurada fue proferida el 21 de abril de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico y se notificó vía electrónica el 22 de abril de 2025, Sección C; luego, la
solicitud de aclaración y adición respecto a esa decisión se resolvió y notificó el 2
de mayo de 2025; mientras que la solicitud de amparo se presentó el 9 de mayo
de la misma anualidad, de manera que, sin necesidad de establecer la fecha de
ejecutoria de la última providencia, se evidencia que transcurrió un término que a
juicio de la Sala es razonable.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 13, en
la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200514, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencias judiciales y, reiteró que seis (6) meses es el término prudente para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
vulnerados con estas.
2.5.4. En consideración al agotamiento de todos los mecanismos judiciales,
en el caso concreto, el proveído que se cuestiona es el proferido el 21 de abril de
2025 por el cual el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, mediante el
cual declaró mal denegada la información objeto del recurso de insistencia, la cual
fue objeto de solicitud de aclaración y adición que fue denegado mediante
providencia de 2 de mayo de 2025. En ese sentido, se advierte que contra la
providencia que se señala como vulneradora de derechos fundamentales no
procede ningún recurso ordinario o extraordinario.
Incluso, pese a que en una de las cuestiones previas se precisó que los
argumentos alegados por Latin American Capital Corp S.A. y Energía Inversiones
S.A.S., distintos a los planteados por las partes no serían objeto de
pronunciamiento por cuanto intervienen en calidad de terceros, la Sala considera
necesario señalar que no es procedente la nulidad en el caso de la referencia
debido a que el argumento relativo a que el tribunal accionado carecía de
competencia para conocer y resolver el recurso de insistencia no se encuadra en
ninguna de las causales enlistadas en el artículo 13328 del CGP, y, además, al no
tratarse de un proceso propiamente, no se contaba con la oportunidad proponer
excepciones.
Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin
perjuicio de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin
28 «ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente
en los siguientes casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de
competencia.
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso
legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o
de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su
apoderado judicial carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se
omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o
descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión
o la sustentación del recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a
personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas,
que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera
de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a
cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta
del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando
la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia,
salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.
PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se
impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece».
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial,
y la protección de derechos de terceros.
2.6. Generalidades de los defectos
2.6.1. Defecto sustantivo
La Corte Constitucional29, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando «la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o
deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que
contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica30».
Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente31 o porque ha sido derogada32, es inexistente33,
inexequible34 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador35.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma36.
c) La disposición aplicada es regresiva37 o contraria a la Constitución38.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición39.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma40.
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó
o justificó de manera insuficiente su actuación.
29 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio
Palacio.
30 Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de
marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco
Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del
24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre
otras.
31 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda
Espinosa.
32 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández.
33 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araújo
Rentería.
34 Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
35 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
36 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
37 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
38 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
39 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
40 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas.
23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia
de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han
presentado anteriormente.
2.6.2. Defecto orgánico
El defecto orgánico se ha entendido configurado cuando el funcionario que expide
una decisión particular carece de competencia absoluta para ello41.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-267 de 2013 señaló:
Jurisprudencialmente se ha determinado, desde los albores de esta corporación,
que se está en presencia de un de un defecto orgánico en aquellos eventos en los
que el funcionario que profiere determinada decisión, carece de manera absoluta
de la competencia para hacerlo. Se dice que se configura este defecto en aquellas
situaciones en las que: (i) El peticionario se encuentra supeditado a una situación
en la que existe una actuación consolidada y no tiene otro mecanismo de defensa
(por ejemplo cuando una decisión está en firme y se observa que el fallador carecía
de manera absoluta de competencia) (ii) Durante el transcurso del proceso el
accionante puso de presente las circunstancias de incompetencia absoluta, y dicha
situación fue desechada por los jueces de instancia, incluso en el desarrollo de
recursos ordinarios y extraordinarios, validándose así una actuación erigida sobre
una competencia inexistente.
(…)
La jurisprudencia constitucional ha establecido que el defecto orgánico tiene un
carácter: (i) funcional, cuando la autoridad judicial extralimita de forma manifiesta
el ámbito de las competencias otorgadas tanto por la Carta Política como por la ley;
o (ii) temporal, cuando los jueces a pesar de contar con ciertas atribuciones para
realizar determinada conducta, lo hace por fuera del término consagrado para ello.
Por lo anterior, cuando un operador judicial desconoce los límites temporales y
funcionales de la competencia, configura un defecto orgánico y en consecuencia
vulnera el derecho fundamental al debido proceso .
Lo anterior encuentra relación sustancial en el artículo 29 constitucional, en el cual
se fija la garantía superior del juez natural, mediante la cual se determina cuál es
el funcionario idóneo para conocer y resolver determinado asunto, pues, en primer
lugar, toda competencia debe ser reglada y, en segundo, este es uno de los
fundamentos del derecho al debido proceso.
2.7. Derecho de petición, recurso de insistencia y derecho de acceso a la
información
41 Sentencia SU-453 de 2019.
24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
En el artículo 23 superior el derecho fundamental de petición se define como la
posibilidad que tienen todas las personas de «presentar peticiones respetuosas a
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución». El mismo artículo precisa que el legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.
El referido tribunal constitucional, al resolver asuntos en sede de tutela, ha
establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este
derecho, en el sentido de indicar que: «[…] reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».
También se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la
petición. Frente a la oportunidad, por regla general, la Ley 1755 de 2015 establece
los términos para resolverla y, de no ser posible, antes de que se cumpla con el
plazo allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso,
la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el momento en el
cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del
tiempo será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de
dificultad o la complejidad de la solicitud.
Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de
petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema
semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución
entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas
ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello
implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de
manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información
adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta
puede significar una aclaración plena de la respuesta dada».
Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
[…] la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante».
En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la
Corte Constitucional ha explicado que:
(i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a
la participación política y a la libertad de expresión; (ii) su contenido esencial
25
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a
recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro
de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo
o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia
de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa
a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la
respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación
de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o
negativo.
Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
Sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho a
lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta,
cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.
En el Capítulo II de la Ley 1437 de 2011, en el cual se regula el derecho de petición
ante autoridades y se establecen las reglas especiales, el artículo 25 estipula que,
ante el rechazo de las peticiones por motivo de reserva legal, la autoridad está en
la obligación de motivar la decisión en el sentido de precisar las disposiciones que
impiden la entrega de la información o de documentos, y deberá notificarlo al
peticionario.
Contra la decisión denegatoria por motivo de reserva legal, en el artículo 26
ibídem, el legislador estipuló la posibilidad de insistencia del solicitante, ante el
tribunal administrativo con jurisdicción en el lugar en donde se encuentra lo
requerido, así:
ARTÍCULO 26. INSISTENCIA DEL SOLICITANTE EN CASO DE RESERVA.
<Artículo CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo modificado por el artículo 1
de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la persona interesada
insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que
invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el
lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales,
departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata
de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se
acepta, total o parcialmente la petición formulada.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al
tribunal o al juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días
siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos:
1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los
documentos sobre cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que
requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente.
26
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el
reglamento disponga, asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia
jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5)
días la sección guarda silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación
continuará ante el respectivo tribunal o juzgado administrativo.
PARÁGRAFO. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y
sustentado en la diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes
a ella.
En cuanto a la idoneidad del recurso de insistencia, en la sentencia C-951 de
2014, la Corte Constitucional explicó:
La jurisprudencia constitucional ha distinguido dos hipótesis de desconocimiento
del derecho fundamental de acceso a los documentos públicos que cuentan con
dos mecanismos de defensa judicial diferentes. En efecto, la primera consiste en
que la administración emita una respuesta negativa a la solicitud, aduciendo su
carácter reservado e invocando las disposiciones constitucionales o legales
pertinentes. En este evento, la Corte no ha dudado en afirmar que el recurso de
insistencia es el mecanismo judicial de defensa procedente, en tanto aquel
constituye un instrumento específico, breve y eficaz para determinar la validez de
la restricción a los derechos fundamentales en cuestión. La segunda hipótesis
consiste en la vulneración por falta de respuesta material o respuesta diversa al
carácter reservado de la información. En este supuesto, la jurisprudencia
constitucional ha enfatizado que es la acción de tutela el mecanismo idóneo para
obtener la protección de tal derecho fundamental42.
En ese orden, se tiene que el recurso de insistencia es la única alternativa con la
que cuenta la ciudadanía que tiene interés en acceder a información o
documentación pública frente a la cual la autoridad que la administra niega la
entrega al alegar una reserva estipulada en la ley. No obstante, el motivo de la
reserva debe estar sustentado de manera expresa en la norma a la que se alude
y en las razones por las cuales lo peticionado no puede hacerse público.
Ante la insistencia del interesado frente al acceso a la información o documentos,
al funcionario que invocó la reserva le corresponde remitir el asunto a la autoridad
judicial para que esta decida dentro de los 10 días siguientes, si estuvo bien
denegado lo pedido. Sin embargo, el referido término se podrá interrumpir: (i)
cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia de los documentos objeto
de la solicitud para analizar lo concerniente a su divulgación, o (ii) cuando la
autoridad que tramita el recurso solicite al Consejo de Estado asumir el
conocimiento de este debido a su importancia jurídica o con fines de unificación
jurisprudencial. En el evento en que transcurran 5 días en que la alta corte guarda
silencio o decide no avocar conocimiento, el mecanismo continuará ante el
respectivo tribunal o juzgado administrativo.
El mecanismo de insistencia tiene como objetivo garantizar el derecho
fundamental de acceso a la información pública consagrado en los artículos 2043
42 Cita de la sentencia T-466 de 2010.
43 «ARTÍCULO 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia,
ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de
27
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
y 7444 de la Constitución Política, desarrollado por la Ley 1712 de 201445. Dicha
garantía permite que un particular, al recibir una negativa basada en reserva legal,
insista ante la misma autoridad para que esta traslade el asunto al tribunal o juez
administrativo para que revise la decisión y determine si lo pedido está realmente
protegido por reserva o que su divulgación prevalece sobre esta.
Este recurso refuerza el control ciudadano y la rendición de cuentas, por cuanto
procura evitar que las entidades usen la reserva legal de manera arbitraria para
ocultar información de interés público y que, por el contrario, la justifiquen en
debida forma. En ese sentido, el medio judicial constituye una herramienta para
hacer efectivo el derecho de acceso a la información que en principio se ejerce a
través del derecho de petición.
En el artículo 2. ° de la mencionada Ley 1712 de 2014, se señala el principio de
máxima publicidad consistente en que «toda información en posesión, bajo control
o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada
sino por disposición constitucional o legal». De conformidad con la ley, esa regla
general es a partir de la cual se materializan otros principios como el de
transparencia, de buena fe, de facilitación, de no discriminación, de gratuidad, de
celeridad, de eficacia, de calidad de la información, de la divulgación proactiva de
la información y de responsabilidad en el uso de la información46.
Corolario, del derecho de acceso a la información pública se deriva la obligación
correlativa de difundirla en forma proactiva, responder a la solicitud de acceso con
sujeción al principio de buena fe, de manera adecuada, con veracidad y en tiempo
oportuno, lo que a su vez implica el deber de producir o capturar la misma 47.
Dichas obligaciones se encuentran en cabeza de todas las personas naturales y
jurídicas del sector público y privado, que presten función pública48.
2.8. La función administrativa
De conformidad con el concepto de 30 de julio de 2019 expedido por la Sala de
Consulta y Servicio Civil dentro del expediente identificado con el radicado 11001-
mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo
previamente definido en la ley.
La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de
las treinta y seis horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término
que establezca la ley.
En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de
seguridad imprescriptibles».
44 «ARTÍCULO 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos
salvo los casos que establezca la ley.
El secreto profesional es inviolable».
45 «Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones».
46 Artículo 3. ° de la Ley 1712 de 2014.
47 Inciso 2. ° del artículo 4. ° de la Ley 1712 de 2014.
48 Artículo 5. ° de la Ley 1712 de 2014.
28
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
03-06-000-2019-00051-00, la función administrativa fue definida en los siguientes
términos:
Corresponden en principio a actividades encomendadas al ejecutivo y dirigidas a la
aplicación de la Constitución, de la ley, y de los ordenamientos inferiores. En un
sentido más amplio y acorde con nuestra realidad institucional, por función
administrativa se entiende aquella que se ejerce por parte de los agentes del Estado
y los particulares expresamente autorizados por la ley, y que, excepto para las
supremas autoridades administrativas, se caracteriza por la presencia de un poder
de instrucción. Entonces, el género es la función pública y una de sus especies es
la función administrativa, de suerte que su primera característica es la de ser
inherente al poder del Estado. Así las cosas, la función administrativa es siempre
actividad del poder estatal, sea que se realice por órganos o autoridades públicas
o por particulares, con la finalidad de materializar los derechos y principios
consignados en la parte dogmática de la Constitución
En ese orden, la función administrativa es la actividad mediante la cual el Estado,
a través de sus agentes y de los particulares expresamente autorizados por la ley,
gestiona los intereses colectivos para garantizar el cumplimiento de sus fines.
Esta función se rige por principios constitucionales como la transparencia, la
eficiencia, la moralidad, la imparcialidad y la participación ciudadana (art. 209 de
la Constitución Política), a través de los cuales se procura asegurar una gestión
pública, ética y al servicio de la comunidad. Dichos principios se desarrollan en la
Ley 489 de 199849 y la Ley 1437 de 2011.
En Colombia, la función administrativa se materializa a través de actos, contratos
y servicios públicos, que incluyen desde la expedición de licencias y sanciones
hasta la ejecución de políticas sociales y de la contratación estatal. Además, se
concreta en la organización burocrática y en los mecanismos de control como la
acción de tutela, las acciones populares y los recursos que se ejercen en vía
administrativa que, facultan a la ciudadanía exigir sus derechos frente a la
administración. Así, la función administrativa no solo asegura el funcionamiento
del Estado, sino que también protege los derechos de las personas bajo los
principios del Estado Social de Derecho.
2.9. Caso concreto
2.9.1. En el asunto objeto de atención, la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P., en su
escrito de tutela, manifestó que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y de defensa y contradicción con la expedición de la
providencia de 21 de abril 2025, a través de la cual la referida autoridad judicial
determinó mal denegada por parte de la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P. la solicitud
de información efectuada por Latin American Corp S.A. y Energía Inversiones
S.A.S. E.S.P. el 20 de enero de 2025, y ordenó la expedición de la copia integral
del pluricitado informe diagnóstico de intervención.
49 Estatuto Orgánico de la Administración Pública.
29
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
Al respecto, indicó que en la providencia de 21 de abril del 2025 el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección C, incurrió en un defecto orgánico en
atención a que, según su criterio, la referida autoridad judicial carecía de
competencia para desatar el recurso de insistencia por cuanto este mecanismo
procede ante la negativa de una autoridad en entregar información o
documentación, y la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P. es un ente de naturaleza
privada al cual no le aplican las disposiciones de la Ley 1437 de 2011, en esta
materia.
En ese sentido, aseguró que en la sentencia C-558 de 2001 la Corte
Constitucional precisó que las empresas que prestan servicios públicos solo
ejercen funciones administrativas al conocer y resolver peticiones, quejas,
reclamos y recursos presentados por los suscriptores o usuarios, lo cual no varía
la naturaleza privada de la entidad. También, arguyó que en las sentencias C-591
de 2014 y T-487 de 2017 se indicó que no procedía el recurso de insistencia ante
particulares.
También alegó la configuración de un yerro sustantivo, por no aplicar a la
resolución del recurso de insistencia el numeral 3. ° del artículo 337 del Estatuto
Orgánico Financiero, según el cual, los informes de los inspectores y agentes
especiales serán comunicados confidencialmente y no podrán hacerse públicos.
Finalmente, la Sala interpretó que expuso la presunta vulneración al derecho a
la igualdad de AIR-E S.A.S. E.S.P., en tanto aseguró que en casos de similares
supuestos fácticos y jurídicos, los Tribunales Administrativos del Atlántico50 y de
Cundinamarca51 han determinado que los informes de los agentes especiales son
confidenciales y que la empresa accionante es de naturaleza privada, por lo que
no es objeto de las reglas del recurso de insistencia.
2.9.2. Por efectos prácticos, la Sala abordará en primer lugar el cargo sustentado
en el defecto orgánico comoquiera que, a través de este, se desconoce la
competencia del Tribunal Administrativo del Atlántico para resolver el recurso de
insistencia promovido por Latin American Capital Corp S.A. y Energía Inversiones
S.A.S. De la prosperidad de este argumento, depende el análisis de los demás
reproches.
2.9.2.1. Como primera medida, esta Sala de decisión investida como juez
constitucional precisa que el derrotero a observarse en este caso es que, por regla
general, la información es pública en virtud de lo estipulado en el artículo 2. ° de
la Ley 1712 de 201452, norma que es del siguiente tenor:
50 Providencia de 8 de abril de 2025 dictada por el despacho 006 Sección B del Tribunal
Administrativo del Atlántico, dentro del expediente 08-001-23-33-000-2025-00091-00.
51 Sentencia de 24 de abril de 2019 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro
del expediente identificado con el radicado 25000-23-41-000-2019-00304-00.
52 «Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones».
30
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
ARTÍCULO 2. Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda
información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y
no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de
conformidad con la presente ley.
Del precepto en cita, también se extrae que la excepción a la regla general opera
solo en los casos en que la ley determina que la información o documentación en
poder del sujeto obligado se encuentra protegida por reserva.
Ahora, el derecho fundamental de petición previsto en el artículo 2353 de la
Constitución Política constituye la vía a través de la cual se puede ejercer el
derecho de acceder a la información pública54, garantía que se debe sujetar a las
reglas previstas en el Título II55 de la Ley 1437 de 2011, norma mediante la cual
se positivizan los parámetros a partir de los cuales se debe procurar la
materialización de esa facultad constitucional.
En ese sentido, en el artículo 3256 de la referida ley se establece que «[t]oda
persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos
fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales
como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones
religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes. […]».
Lo anterior se encuentra en armonía con el artículo 33 ibidem, norma que
determina que a las instituciones privadas dentro de las cuales se enlistan
aquellas que prestan servicios públicos y servicios públicos domiciliarios que se
rigen por el derecho privado, también les aplican las disposiciones sobre derecho
de petición en sus relaciones con los usuarios. Así, según los textos normativos
abordados, se extrae con contundencia que el derecho fundamental de petición
se puede ejercer ante las autoridades y entidades de derecho privado [o
particulares].
En la sentencia T-726 de 2016, la Corte Constitucional reconoció que, con la
expedición de la Ley 1755 de 201557, el legislador concretó y legalizó las reglas
señaladas jurisprudencialmente sobre la procedencia del derecho de petición
53 «ARTÍCULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador
podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales».
54 «ARTÍCULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento
y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos
de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad. No habrá censura».
55 Título sustituido por la Ley 1755 de 2015. «Derecho de petición».
56 «ARTÍCULO 32. DERECHO DE PETICIÓN ANTE ORGANIZACIONES PRIVADAS PARA
GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. <Artículo modificado por el artículo 1 de la
Ley 1755 de 2015».
57 «Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
31
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
frente a particulares, y precisó que esta garantía opera de igual forma que lo hace
cuando se promueve ante las autoridades. Al respecto, en la mencionada
providencia de tutela se puntualizó lo siguiente:
Finalmente, hay que reconocer que la intervención del Legislador logró aclarar que
las reglas sobre la forma como opera el derecho de petición es idéntica tanto
en solicitudes formuladas ante autoridades, como en aquellas presentadas
ante particulares.
Ahora bien, en cuanto al artículo 33 de la Ley 1755 de 2015, es la expresión legal
de la primera regla establecida por esta Corte frente a la procedencia del derecho
de petición ante organizaciones privadas, la cual comprende las peticiones
presentadas a las entidades privadas que presten un servicio público o desarrollen
actividades que comprometan el interés general, dado que de una parte, la norma
enuncia de manera enfática a organizaciones privadas que desempeñan esas
labores “las Cajas de Compensación Familiar, a las Instituciones del Sistema de
Seguridad Social Integral, a las entidades que conforman el sistema financiero y
bursátil y a aquellas empresas que prestan servicios públicos y servicios públicos
domiciliarios” y de otro lado, esa concepción justifica que además de aplicarse las
reglas generales del derecho de petición ante autoridades, también se le
apliquen las especiales, pues como en razón de sus funciones son muy similares
a las entidades públicas, es factible que alguna información y documentos sean
susceptibles de reserva. En las hipótesis que regula el artículo 33 el derecho de
petición amplía su ámbito de protección en tanto no se limita a aquellos casos en
los que dicha garantía se ejerce como medio de protección de derechos
fundamentales, sino que en atención al tipo de actividades desarrolladas por los
particulares a los que se refiere dicha disposición, surge un interés de los
ciudadanos que puede resultar análogo al existente cuando se formulan
requerimientos ante autoridades públicas58.
En el mismo proveído se destacó que, pese a que en un primer momento se
presentaba un vacío normativo sobre la procedencia de la petición ante
organizaciones privadas, la Corte Constitucional se ocupó de definir los supuestos
en los cuales se permitía la materialización del derecho de petición, al señalar que
ello era posible cuando la solicitud se presentaba: (i) ante un particular que presta
un servicio público o que ejerce funciones de interés general, casos que se
asimilan a las reglas de petición ante autoridades; (ii) ante un particular que podía,
o no, desempeñar funciones públicas similares, siempre que se procurara la
protección de otro derecho fundamental; (iii) en eventos de subordinación o
indefensión del peticionario; y (iv) en los demás casos señalados por el legislador.
Parámetros que, como se indicó en líneas previas, fueron positivizados a partir de
la referida Ley 1755 de 2015.
El anterior criterio es una clara evolución de la jurisprudencia en materia
constitucional ante el vacío legal y desprotección de la garantía fundamental de
petición ante particulares, en tanto la postura contenida en la sentencia C-591 de
2014 consistía en que al derecho de petición ejercido ante organizaciones
privadas se aplicarían, en lo correspondiente, las disposiciones señaladas en el
58 Énfasis propio.
32
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
Capítulo I del Título II de la Ley 1437 de 2011, en lo compatible con la naturaleza
de las funciones que cumplen los particulares.
Ello implicaba el uso de las reglas generales en materia de petición ante
particulares y, por consiguiente, la exclusión del Capítulo II del Título II de la norma
ejusdem en donde se enlistan las reglas especiales, las cuales actualmente se
desarrollan entre los artículos 24 a 31 de la referida ley, y en donde se encuentra
previsto el mecanismo de insistencia del solicitante ante el rechazo de las
peticiones sobre información por motivo de reserva [art. 26]. Razón por la cual,
ante la carencia legislativa, el marco de interpretación del alto tribunal
constitucional en un primer momento consistió en precisar que los parámetros
especiales sobre derecho de petición no se ajustaban a los casos en los que la
naturaleza de la entidad que negara la solicitud de información correspondiera a
un particular.
Sin embargo, como se precisó previamente, con la sentencia T-726 de 2016 el
órgano de cierre en materia constitucional interpretó el artículo 33 de la Ley 1437
de 2011 en el sentido de extender la aplicación de las reglas especiales sobre el
derecho de petición ante autoridades, a las organizaciones privadas que prestan
servicios públicos y servicios públicos domiciliarios comoquiera que comprometen
el interés general por tratarse de una función social del Estado y, en razón de que
sus funciones presentan similitud con las de las entidades públicas.
Aunado a lo anterior, se resalta que en el artículo 2. ° de la Ley 1437 de 2011 se
estipula el ámbito de aplicación de las normas de la parte primera del CPACA en
el sentido de establecer que estas aplican «[…] a todos los organismos y
entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes,
sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los
particulares, cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará
el nombre de autoridades59».
De conformidad con lo anterior, esta colegiatura pone de presente que la norma
en cita señala de manera inequívoca que los particulares que ejercen funciones
administrativas también son sujetos receptores de las reglas establecidas en la
primera parte del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, apartado dentro del cual se encuentra el tópico objeto de atención
de la Sala, que se limita al mencionado Título II de la Ley 1437 de 2011 a través
del cual se desarrolla el ejercicio, alcance y protección del derecho fundamental
de petición, garantía de la cual se desprende el derecho de agotar el recurso de
insistencia ante el rechazo o negativa de la entrega de la información bajo el
argumento de reserva legal.
Es por ello que, el argumento elevado por AIR-E S.A.S. E.S.P., relativo a que
dicha entidad al ser de naturaleza privada carece del título de autoridad y, en
59 Énfasis propio.
33
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
consecuencia, no es pasible de las normas especiales que regulan el recurso de
insistencia, no tiene vocación de prosperidad en tanto es claro que en armonía
con lo advertido en el marco conceptual y jurídico expuesto en esta providencia,
no queda duda de que la función administrativa, subgénero de la función pública,
es entendida como la actividad del poder del Estado a través de sus órganos,
autoridades públicas o particulares con la finalidad de materializar los derechos y
los principios consagrados en la parte dogmática de la Constitución Política.
Así, es dable concluir en este punto del debate que, si bien el objeto ordinario de
la entidad AIR-E S.A.S. E.S.P., el cual radica en prestar el servicio público
domiciliario de energía en los departamentos del Atlántico, la Guajira y el
Magdalena, no tiene la virtualidad para modificar su esencia privada, lo cierto es
que no se puede perder de vista que el informe diagnóstico de intervención a partir
del cual se determinó la necesidad de tomar en posesión a la empresa accionante,
fue expedido por el agente especial designado en su momento por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en ejercicio de funciones
públicas administrativas que el Estado le delega al ente de vigilancia, y este, a su
vez, al agente especial.
Es decir, los agentes especiales e interventores nombrados por la referida
superintendencia con el objeto de tomar en posesión una empresa como AIR-E
S.A.S. E.S.P., ejecutan de manera transitoria la función intervencionista o de
vigilancia del Estado prevista en el artículo 2.° de la Ley 142 de 1994 60, por
tratarse de la prestación de servicios públicos domiciliarios que tienen incidencia
directa en la materialización de los fines sociales y por lo tanto repercute en el
interés general, lo cual se prevé en los artículos 365 a 369 de la Constitución
Política al señalar de manera principal que dichos servicios son inherentes a la
«finalidad social del Estado» y que es deber de este asegurar la prestación
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
A su turno, el artículo 29161 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero señala
los principios que regulan la toma de posesión y establece que le corresponde al
presidente de la República, entre otros aspectos, señalar la forma cómo se
desarrollará el proceso de la toma de posesión y, particularmente, cómo
procederá frente a la liquidación de los activos de la entidad, así como a realizar
los actos que se consideren necesarios a efecto de «colocarla en condiciones de
desarrollar su objeto social o [...] para obtener las mejores condiciones para el
pago total o parcial de las acreencias [...]».
Al revisar las reglas enlistadas en el referido artículo, se advierte que el numeral
6. ° refiere que los agentes especiales desarrollarán las actividades que le sean
confiadas bajo su propia responsabilidad y, en el numeral 8. ° se estipula que
dichos agentes «ejercerán funciones públicas transitorias, sin perjuicio de la
60 «Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones».
61 Modificado por el artículo 24 de la Ley 510 de 1999.
34
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
aplicabilidad, cuando sea del caso, de las reglas del derecho privado a los actos
que ejecuten en nombre de la entidad [...]62».
Así, se tiene que la señalada norma indica la calidad de los agentes especiales
que desempeñan las funciones asignadas en el marco de la toma de posesión de
entidades que prestan un servicio público, lo cual se corrobora con el contenido
del numeral 1. ° del artículo 295 del mismo estatuto que señala la naturaleza de
las funciones del liquidador en el sentido de precisar que «ejercerá funciones
públicas administrativas transitorias [...]63».
Lo anterior se encuentra en armonía con el Decreto 2555 de 2010, a través del
cual el Ministerio de Hacienda y Crédito Público compiló la normatividad en
materia del sector financiero, que en su artículo 9.1.1.2.2. expone que, de
conformidad con el mencionado artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, «[...] los agentes especiales ejercen funciones públicas transitorias»
sin perjuicio de la aplicabilidad de las reglas de derecho privado frente a los actos
que se ejecuten en nombre de la entidad, esto último, frente a lo cual, se entiende
circunscrito al giro normal del objeto social de la entidad.
En ese orden de ideas, a esta Sala de decisión le corresponde recalcar que el
informe diagnóstico de intervención fue emitido en cumplimiento de las funciones
públicas administrativas encomendadas por el Estado a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, en virtud de las cuales el agente especial profirió
el referido documento que fue objeto de la petición presentada por Latin American
Capital Corp S.A. y Energía Inversiones S.A.S. el 20 de enero de 2025, razón por
la cual, para el efecto, se entiende que actuó en calidad de particular autorizado
expresamente por la ley [art. 15 de la Ley 142 de 1994].
Por las razones expuestas se concluye, de un lado, que con la expedición de la
Ley 1755 de 2015 el legislador incorporó los supuestos que vía jurisprudencial la
Corte Constitucional había enlistado como eventos en los cuales procedía el
derecho fundamental de petición en toda su extensión y alcance ante particulares,
y, del otro, que si bien AIR-E S.A.S. E.S.P. es una entidad constituida por capital
particular, ello no incide en la naturaleza de las funciones administrativas
desempeñadas por el agente especial de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios en el marco de la toma de posesión, lo cual difiere de las
actuaciones relacionadas con el funcionamiento ordinario de la empresa respecto
a su objeto social que en principio se sujetan al régimen de derecho privado, por
lo cual, el documento peticionado fue expedido por un agente en su calidad de
autoridad.
2.9.2.2. Ahora, al revisar la sentencia C-558 de 2001 la Corte Constitucional, en
la cual, a juicio de la entidad accionante, se precisó que las empresas que prestan
62 Énfasis propio.
63 Énfasis propio.
35
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
servicios públicos solo ejercen funciones administrativas al conocer y resolver
peticiones, quejas, reclamos y recursos presentados por los suscriptores o
usuarios, lo cual no varía la naturaleza privada de la entidad, se observa que, en
efecto, dicho órgano de cierre en materia constitucional realizó tal precisión.
Sin embargo, omite AIR-E S.A.S. E.S.P. que dentro de las funciones que se
consideran administrativas por parte de una empresa que presta un servicio
público está la relacionada con conocer y resolver peticiones, es decir, se retorna
al punto inicial en el cual se estableció que el derecho a requerir información o
documentación aplica tanto a entidades públicas como privadas y, por ende,
recaen sobre estas las reglas previstas en la Ley 1437 de 2011, máxime, por
cuanto en este evento los accionistas Latin American Capital Corp S.A. y Energía
Inversiones S.A.S. presentaron su solicitud de 20 de enero de 2025 en ejercicio
de ese derecho fundamental.
En la referida providencia de constitucionalidad, se precisó lo siguiente:
Debe reiterarse lo sostenido por esta Corporación, en el sentido de que el
otorgamiento a las empresas de servicios públicos de una gama de facultades,
prerrogativas y privilegios propios de las autoridades públicas busca propiciar y
favorecer la organización, el funcionamiento, la continuidad, la eficiencia y la
eficacia del servicio, al amparo de la regulación, el control y la vigilancia que el
Estado se reserva para sí con exclusividad, en su tarea de asegurar la prestación
eficiente de dichos servicios a todos los habitantes del territorio nacional. Sentido
teleológico éste que a su turno implica un permanente examen sobre el acontecer
administrativo de quienes prestan servicios públicos domiciliarios, en el entendido
de que ese conglomerado de atribuciones, derechos y prerrogativas de autoridad
pública que pueden ejercer los agentes prestadores de dichos servicios no tiene la
virtualidad de convertir en función administrativa el desarrollo ordinario de su objeto
social64.
A partir de lo señalado por la Corte Constitucional, es diáfano que las actividades
que desarrolla la empresa que presta servicios públicos domiciliarios en torno a
su objeto social no tiene la virtualidad de convertir en función administrativa las
facultades y obligaciones de quienes prestan el servicio, empero, se insiste, en
este caso la expedición del informe diagnóstico es consecuencia del ejercicio de
la intervención del Estado a través de un agente especial designado por el
organismo que ejerce la vigilancia, lo que a su vez denota que no se trata del giro
normal del objeto social de la empresa, sino, de una función administrativa como
subgénero de la función pública estatal.
Además, AIR-E S.A.S. E.S.P. también arguyó que en las sentencias C-951 de
2014 y T-487 de 2017 se precisó que al derecho de petición ante particulares no
se aplican las reglas de la insistencia en caso de reserva documental, en la
medida en que este recurso es conocido por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo y en la Ley 1755 de 2015 no se estableció un mecanismo
administrativo o judicial para ello.
64 Énfasis propio.
36
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
Al respecto, esta colegiatura encuentra necesario iterar lo expuesto en líneas
previas, concerniente a que la petición ejercida el 20 de enero de 2025 por parte
de Latin American Capital Corp S.A. y Energía Inversiones S.A.S. se ejerció ante
el agente especial designado por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios para la toma de posesión de la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P., el
cual, al actuar en ejercicio de funciones administrativas adquiere la calidad de
autoridad pese a que la empresa intervenida sea una entidad constituida por
capital privado.
Al quedar sentado que la expedición del informe diagnóstico de la empresa AIR-
E S.A.S. E.S.P. se realizó en ejercicio de la función de intervención estatal, no
puede predicarse la privacidad de ese documento con sustento en que se trata
de una empresa de la misma naturaleza a la que no le aplica la norma de orden
público, y, a su vez, justificar esa decisión en la misma disposición que establece
la posibilidad de alegar reserva.
Por lo tanto, es claro que en el caso concreto sí aplican las reglas especiales que
regulan el derecho de petición ante autoridades contenidas en el Capítulo II del
Título II de la Ley 1437 de 2011, dentro del cual se estipula lo relacionado con el
recurso de insistencia.
2.9.2.3. Así las cosas, se concluye que, al entenderse que la función que cumple
la Superintendencia de Servicios Públicos a través de sus agentes especiales en
relación con la toma de posesión de las entidades que prestan dichos servicios
es en calidad de autoridad, sumado a que el derecho fundamental de petición y
sus reglas de ejercicio, alcance y protección incluyen la facultad de agotar el
recurso de insistencia, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, sí era
competente para conocer y resolver el mencionado mecanismo previsto en el
artículo 26 de la Ley 1437 de 2011, por lo tanto, no se advierte configurado el
yerro orgánico y, en consecuencia, el cargo será denegado.
2.9.3. En cuanto el defecto sustantivo, por la presunta desatención de lo
establecido en el numeral 3. ° del artículo 337 del Estatuto Orgánico Financiero,
según el cual, los informes de los inspectores y agentes especiales serán
comunicados confidencialmente y no podrán hacerse públicos, la Sala anticipa
que tampoco se configura como pasa a explicarse:
Revisada la providencia de 21 de abril de 2025 dictada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección C, esta Sala de decisión coincide con el
criterio expuesto por la referida autoridad concerniente a que, de la norma que se
alegó desatendida, no se extrae de manera inequívoca que contenga una reserva.
El numeral 3. ° del artículo 337 del mencionado estatuto dispone: «[t]odo inspector
debidamente nombrado y posesionado bajo juramento, cuando haya recibido
para ello comisión del Superintendente, deberá sin demora revisar la entidad
37
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
designada en dicha comisión, y rendir al Superintendente un informe jurado sobre
el resultado de su examen. Todos los informes de los inspectores y agentes
especiales serán comunicados confidencialmente y no podrán hacerse
públicos65».
Frente a esto, tal como lo aseguró el tribunal, la interpretación correcta de la
finalidad de la disposición se circunscribe a satisfacer el interés público sobre la
certeza en el estado de las instituciones, lo cual debe estar sujeto a los principios
de legalidad, publicidad y transparencia en materia de servicios públicos
domiciliarios a partir de los cuales se materializa uno de los fines sociales del
Estado y que, por ende, presenta un interés en la comunidad. Razones por las
cuales es claro que debe priorizarse la regla general consistente en que la
información es pública.
Esta postura se encuentra en armonía con lo señalado por la Corte Constitucional
en la sentencia T-103 de 2019 en la cual, al abordar el asunto relacionado con el
ejercicio de la garantía fundamental de petición ante particulares, precisó que el
derecho de inspección66 en el ámbito societario consiste en «[...] la facultad que
les asiste a los asociados de examinar, directamente o mediante persona
delegada para tal efecto, los libros y papeles de la sociedad, con el fin de
enterarse de la situación administrativa, financiera, contable y jurídica de la
sociedad en la cual realizaron sus aportes. Este derecho, de manera correlativa,
implica la obligación de los administradores de entregar la referida información
[...]».
Adicionalmente, refirió que tal facultad presenta algunos límites tales como el
secreto industrial y el detrimento de la empresa, así como la posibilidad de obtener
copias de los libros y papeles de la sociedad, por cuanto la atribución se limita al
examen de dichos documentos67.
65 Énfasis propio.
66 «ARTÍCULO 369. <DERECHO DE INSPECCIÓN DE LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA>. Los socios tendrán derecho a examinar en cualquier tiempo,
por sí o por medio de un representante, la contabilidad de la sociedad, los libros de registro de
socios y de actas y en general todos los documentos de la compañía».
En concordancia con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 222 de 1995:
«ARTÍCULO 48. DERECHO DE INSPECCION. Los socios podrán ejercer el derecho de
inspección sobre los libros y papeles de la sociedad, en los términos establecidos en la ley, en las
oficinas de la administración que funcionen en el domicilio principal de la sociedad. En ningún
caso, este derecho se extenderá a los documentos que versen sobre secretos industriales o
cuando se trate de datos que de ser divulgados, puedan ser utilizados en detrimento de la
sociedad.
Las controversias que se susciten en relación con el derecho de inspección serán resueltas por la
entidad que ejerza la inspección, vigilancia o control. En caso de que la autoridad considere que
hay lugar al suministro de información, impartirá la orden respectiva.
Los administradores que impidieren el ejercicio del derecho de inspección o el revisor fiscal que
conociendo de aquel incumplimiento se abstuviera de denunciarlo oportunamente, incurrirán en
causal de remoción. La medida deberá hacerse efectiva por la persona u órgano competente para
ello o, en subsidio, por la entidad gubernamental que ejerza la inspección, vigilancia o control del
ente».
67 No obstante, también se puntualizó que el derecho a presentar peticiones en el ámbito
societario, dentro del cual se procura la reserva comercial e industrial, «[...] no habilita a los
38
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
Así, el alto tribunal aseguró que el derecho a peticionar garantiza el efectivo
acceso a la administración de justicia, puesto que a partir de su ejercicio se
persigue la obtención de elementos de prueba que son necesarios para procurar
el derecho de defensa y sustentar las pretensiones que eventualmente se eleven
en vía judicial, tal como lo indicaron Latin American Capital Corp S.A. y Energía
Inversiones S.A.S. al solicitar la copia del informe diagnóstico de intervención.
Adicionalmente, esta colegiatura también encuentra coherente que el tribunal
demandado hubiese señalado que el término de confidencialidad usado en el
numeral 3. ° del artículo 337 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, no
puede entenderse como sinónimo de reserva.
Lo anterior encuentra sustento en el artículo 24 68 de la Ley 1437 de 2011 en el
cual se dispone que únicamente tendrán el carácter de reservados la información
y la documentación «expresamente sometidos a reserva por la Constitución
Política o la ley [...]». En ese sentido, al volver sobre el texto normativo aludido
como desatendido, el cual señala que los informes de los inspectores y agentes
especiales serán comunicados confidencialmente, se observa que no contiene
una manifestación expresa de reserva.
Además, en consonancia con el estudio realizado por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sección C, el numeral 3. ° del artículo 322 del referido estatuto
señala que la información «[...] relacionada con las operaciones de apoyo o
salvamento que desarrolle el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras en
cumplimiento de su objeto gozarán de reserva, siempre y cuando ello sea
necesario para preservar la confianza del público en las instituciones objeto de
socios para obtener copias de documentos que (i) tengan reserva de ley, (ii) contengan secretos
industriales, o (iii) incluyan datos que, al publicarse, puedan dañar a la sociedad; y en todo caso,
deberían ser utilizados única y exclusivamente para materializar otro derecho fundamental [...]».
Sin embargo, dicho escenario no es el que se analiza en el caso bajo estudio.
68 ARTÍCULO 24. INFORMACIONES Y DOCUMENTOS RESERVADOS. <Artículo modificado
por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Solo tendrán carácter
reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución
Política o la ley, y en especial:
1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.
2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones reservadas.
3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas
de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren
en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica.
4. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de crédito público y tesorería que
realice la nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los activos de la nación. Estos
documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses
contados a partir de la realización de la respectiva operación.
5. Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los términos de la Ley
Estatutaria 1266 de 2008.
6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las
empresas públicas de servicios públicos.
7. Los amparados por el secreto profesional.
8. Los datos genéticos humanos».
39
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
las medidas, así como la estabilidad de dichas entidades69».
Ante el evidente condicionamiento establecido en la norma en cita, y al contrastar
la respuesta expedida por AIR-E S.A.S. E.S.P. a la petición de 20 de enero de
2025 presentada por Latin American Capital Corp S.A. y Energía Inversiones
S.A.S., no se observa que se cumpliera con la carga argumentativa exigida a fin
de justificar la reserva alegada.
La sociedad actora se limitó a señalar que uno de los efectos de la toma de
posesión consiste en que el superintendente podrá designar o contratar a un
agente especial que se hará cargo de la administración como gerente general
temporal de la empresa [art. 9.1.1.2.4. Decreto 2555 de 2010], lo cual deriva en
que los accionistas son apartados y no pueden ejercer sus derechos políticos
como el de inspección para acceder al informe diagnóstico de intervención.
Además, aseguró que según los artículos 322 y 337 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, la información relacionada con las operaciones de apoyo o
salvamento de la empresa en cumplimiento de su objeto serán objeto de reserva,
y que los informes de los inspectores y agentes especiales se comunicarán de
manera confidencial. Por último, negó que al proceso de intervención le aplicaran
normas del procedimiento administrativo general por cuanto el artículo 121 de la
Ley 142 de 1994 remite por especialidad al mencionado Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, razón por la cual no era procedente acceder a la petición
teniendo a los accionistas en calidad de terceros.
Colofón de lo expuesto, esta Sección avala el análisis efectuado por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección C, en el sentido de que la empresa AIR-E
S.A.S. E.S.P. intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios no cumplió con el deber legal de justificar la necesidad de tener bajo
reserva el informe diagnóstico de intervención, a partir de la sustentación sobre
el fin de mantener la confianza del público en las instituciones en estado de
intervención y en la estabilidad de estas, puesto que la reserva no opera de
manera automática en este caso concreto, en el cual, el numeral 3. ° del artículo
322 establece tal condición de tipo argumentativo para poder ser alegada.
En ese orden, la Sala anuncia que este cargo también será denegado en atención
a que, como primera medida, fue evidenciado que, si bien el derecho de los
accionistas se limita a la inspección de los libros y documentos de la sociedad, lo
cierto es que, en la medida en que lo desentrañó el Tribunal Administrativo del
Atlántico, la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P. no cumplió con el deber de justificar la
necesidad de mantener la reserva de la información de la cual se requirió copia,
con el fin de preservar la confianza del público en las instituciones objeto de las
medidas, así como la estabilidad de la entidad.
69 Énfasis propio.
40
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
En segundo lugar, el caso concreto no se encuadra en los supuestos señalados
por la Corte Constitucional, en los cuales se procura la privacidad de la
información cuando:
(i) existe reserva de ley, lo cual se desestimó con sustento en el marco
normativo y judicial citado en líneas previas, a partir del cual quedó sentado
que la norma que invocó AIR-E S.A.S. E.S.P. no tiene una reserva expresa
respecto del informe expedido por el agente especial;
(ii) el documento solicitado contiene información sobre la situación financiera
de la empresa, los componentes técnicos sobre la calidad del servicio, los
procedimientos de limitación y suministro de la energía, aspectos comerciales
relacionados con el incremento o disminución del inventario de los usuarios del
servicio, la facturación, fallas y «cancelaciones de fronteras comerciales» en el
sistema de medición, el análisis de suscriptores beneficiarios del descuento y/o
exención tributaria, de conformidad con las causales de toma de posesión
previstas en los numerales 1, 2, 3 y 7 del artículo 59 de la Ley 142 de 1994,
tópicos que no corresponden con los secretos industriales o empresariales
según la definición referida en el artículo 260 de la decisión 486 de la
Comunidad Andina de Naciones70; y
(iii) como lo analizó el Tribunal Administrativo del Atlántico, no incluye datos
que al ser publicados puedan perjudicar a la sociedad, puesto que, por el
contrario, la prestación de un servicio público domiciliario es un asunto
relevante de interés general en atención a que con ello se cumple uno de los
fines sociales del Estado.
Finalmente, se constató que se cumplen los supuestos estipulados en el artículo
32 de la Ley 1437 de 2011 en torno a la procedencia del derecho de petición
respecto a particulares, y, como lo indicó la Corte Constitucional, en el asunto de
la referencia el ejercicio del derecho de petición en su máxima expresión
garantiza la materialización de otras garantías superiores como el derecho de
acceder a la información y de acceso a la administración justicia, por lo que la
posición garantista de esta colegiatura se concreta en que también le apliquen
sus reglas especiales. En consecuencia, el yerro sustantivo no presenta vocación
de prosperidad.
2.9.4. El último cargo que la Sala interpretó como una violación al derecho a la
igualdad, radica en que, a juicio de AIR-E S.A.S. E.S.P., en dos casos de
similares supuestos fácticos y jurídicos los Tribunales Administrativos del
70 «Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una
persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva,
industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero».
41
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
Atlántico71 y de Cundinamarca72 han determinado que los informes de los agentes
especiales son confidenciales y que la empresa accionante es de naturaleza
privada, por lo que no es objeto de las reglas del recurso de insistencia. Para
resolver, a continuación, se analizará cada una de las providencias citadas por la
parte accionante.
2.9.4.1. La primera providencia a revisar es la expedida el 8 de abril de 2025 por
el despacho 006 de la Sección B del Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro
del expediente 08-001-23-33-000-2025-00091-00.
En esa oportunidad, mediante auto de ponente se resolvió rechazar «por
improcedente» el recurso de insistencia promovido por la veeduría ciudadana
«Proceso Toma de Posesión AIR-E S.A.S. E.S.P.» contra AIR-E S.A.S. E.S.P.,
con ocasión de la negativa de esta última en suministrar la información y
documentación requeridas en petición de 20 de enero de 2025, con sustento en
que lo pedido tenía el carácter de reservado.
Sobre dicha decisión del despacho 006 de la Sección B del Tribunal
Administrativo del Atlántico, sería del caso estudiar si se quebrantó el derecho a
la igualdad de AIR-E S.A.S. E.S.P., de no ser porque, como primera medida, se
advierte que se trata de un proveído proferido por el magistrado al cual le fue
asignado el asunto para que decidiera sobre su admisión, lo cual deja al
descubierto que el auto de 8 de abril de 2025 no corresponde a una decisión de
la Sala de la corporación, puesto que solo uno de sus integrantes fue quien
expuso su criterio en la materia a efectos de sustentar el rechazo del recurso de
insistencia.
Adicionalmente, es necesario precisar que el auto de 8 de abril de 2025 no lo dictó
el Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico, autoridad que fue aquella
que conoció del recurso de insistencia que dio lugar a la tutela de la referencia,
razón por la que no podría reprochársele el desconocimiento del derecho
fundamental a la igualdad, en tanto el tribunal accionado está conformado por
secciones que, a su vez, las integran diferentes magistrados que en virtud de los
principios de autonomía e independencia judicial pueden tener opiniones disímiles
en derecho, lo cual no deslegitima la legalidad y constitucionalidad de las
decisiones que adopten en sentido distinto al de sus colegas.
2.9.4.2. Por último, frente a la sentencia de 24 de abril de 2019 dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del expediente identificado con
el radicado 25000-23-41-000-2019-00304-00, se indica que, corre con la misma
suerte de la providencia que se revisó en el numeral anterior. Es decir, no se
advierte la vulneración a la garantía superior a la igualdad comoquiera que la
autoridad que profirió la decisión que invocó como AIR-E S.A.S. E.S.P. como
71 Providencia de 8 de abril de 2025 dictada por el despacho 006 Sección B del Tribunal
Administrativo del Atlántico, dentro del expediente 08-001-23-33-000-2025-00091-00.
72 Sentencia de 24 de abril de 2019 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro
del expediente identificado con el radicado 25000-23-41-000-2019-00304-00.
42
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
antecedente, es un tribunal diferente al que constituye el extremo accionado en el
asunto de la referencia, motivo suficiente para concluir que al no tratarse de la
misma autoridad judicial, no es viable estudiar si hubo un tratamiento diferente
por cuanto, se itera, en estas condiciones prima el principio de autonomía e
independencia en el ejercicio del servicio de la administración de justicia.
Así las cosas, en relación con el cargo planteado por la presunta transgresión del
derecho a la igualdad, la solicitud de amparo será denegada debido a que no se
acreditó la configuración del aludido yerro.
2.10. De conformidad con todo lo expuesto, la Sala señala que con la decisión de
21 de abril de 2025 no solo se protegió el derecho de petición, sino el derecho
fundamental de acceder a la información que es un pilar fundamental del principio
de transparencia en Colombia y, precisamente, en el marco de los principios de
la función administrativa, este derecho adquiere una relevancia especial en
atención a que le permite a los ciudadanos conocer y participar en la toma de
decisiones que afectan en interés general de la sociedad.
Este derecho consagrado en la Constitución Política de 1991, específicamente
en los artículos 20 y 74, establecen que todas las personas tienen derecho a
recibir información veraz e imparcial y de acceder a los documentos públicos
salvo los casos que establezca la ley.
Por su parte, la Corte Constitucional ha destacado la importancia del derecho de
acceder a la información en la promoción de la transparencia y la eficacia de los
fines sociales del Estado en tanto se convierten en «una salvaguarda fundamental
de las personas contra la arbitrariedad estatal y en condiciones de posibilidad de
los derechos políticos73».
En ese orden de ideas, salta a la vista que el derecho de acceder a la información
es fundamental para: (i) promover la transparencia, en cuanto les permite a los
ciudadanos conocer las decisiones y acciones del Estado; (ii) fomentar la
participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan a la sociedad; y (iii)
garantizar la eficacia de los fines del Estado a través de la evaluación sobre la
efectividad de las políticas sociales.
Así, en el asunto de la referencia, se advierte que lo dispuesto en la providencia
de 21 de abril de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección
C, consistente en ordenarle a AIR-E S.A.S. E.S.P. la entrega de una copia del
informe diagnóstico de intervención a Latin American Capital Corp S.A. y Energía
Inversiones S.A.S., es una decisión garantista a partir de la cual se reconoció la
necesidad de materializar el goce efectivo del derecho de petición en toda su
extensión frente a los particulares que ejercen funciones administrativas.
73 Sentencia T-487 de 2017.
43
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
Lo anterior, incide de manera directa en el derecho de acceder a la información
pública por tratarse de un asunto de interés general y, frente a lo cual, Latin
American Capital Corp S.A. y Energía Inversiones S.A.S. son los directos
afectados con ocasión de la medida de intervención de la sociedad de la que son
accionistas, puesto que esa decisión se adoptó con sustento en el informe
requerido.
En ese sentido, también se protege el derecho de acceso a la administración de
justicia de los peticionarios, quienes argumentaron la necesidad de obtener una
copia del mencionado informe para efectos de elaborar su defensa ante el
eventual ejercicio de las acciones judiciales pertinentes.
2.11. Conclusión
Por los motivos señalados, la Sala negará la solicitud de amparo constitucional
promovida por AIR-E S.A.S. E.S.P. contra el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sección C, comoquiera que no se encontraron acreditados los defectos
sustantivo, orgánico y vulneración al derecho a la igualdad. En consecuencia, se
ordenará el levantamiento de la medida provisional de suspensión provisional de
los efectos de la sentencia 21 de abril de 2025, que ordenó el ponente a través
de auto de 14 de mayo de 2025.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: TENER en calidad de coadyuvante a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios
SEGUNDO: RECONOCER personería a la abogada Stefania Arango Brito como
apoderada de Latin American Capital Corp S.A. y Energía Inversiones S.A.S.
TERCERO: NEGAR la acción de tutela promovida por la empresa AIR-E S.A.S.
E.S.P. contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, en
consecuencia, LEVANTAR la medida provisional decretada en el auto de 14 de
mayo de 2025.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
44
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02767-00
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
(Con salvamento parcial de voto)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
45
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.