Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02767-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02767-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02767-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
21 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02767-01
Accionante: AIR-E S.A.S. E.S.P.
Accionados: Tribunal Administrativo del Atlántico
Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del trámite del
recurso de insistencia
Decisión: Confirmar la decisión de primera instancia que negó el amparo
porque no encontró acreditados los defectos endilgados
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide las
impugnaciones formuladas por AIR-E S.A.S. E.S.P. y la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios contra la providencia del 26 de junio de 2025
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante la cual negó el
amparo.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El11 de septiembre de 2024, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios mediante las resoluciones SSPD-20241000531665 y SSPD-
20241000531665 ordenó la toma de posesión de bienes, haberes y negocios de
AIR-E, la separación definitiva de los cargos del gerente y sus suplentes, de todos
los miembros principales y suplentes de la junta directiva de la empresa, y la
designación de un agente especial interventor con el fin de que asumiera la
representación legal y administración de la compañía.
3. El 20 de enero de 2025, los accionistas de Latin American Capital Corp S.A. y
Energía Inversiones S.A.S presentaron una petición ante el agente especial
designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios consistente
en que les expidiera copia integral del informe diagnóstico de intervención elaborado
por el entonces Agente Especial Interventor Edwin Palma Egea, documento que fue
presentado ante dicha superintendencia y que constituyó el sustento de la
intervención.
4. Sin embargo, la solicitud fue negada mediante oficio del 4 de febrero de 2025, al
considerar que en su contenido había información que era considerada como
reservada, a la luz de lo previsto en el numeral 3 del artículo 322 del Estatuto
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Orgánico del Sistema Financiero.
5. Inconformes con lo anterior, el 26 de marzo de 2025, los accionistas de Latin
American Capital Corp S.A. y Energía Inversiones S.A.S solicitaron la remisión del
expediente al Tribunal Administrativo del Atlántico con el fin de que se tramitara el
recurso de insistencia.
6. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C mediante proveído del 21 de
abril de 2025 resolvió acceder al recurso de insistencia, al considerar mal denegada
la información solicitada por los accionistas porque la norma invocada no indicaba
de manera expresa la reserva legal del informe de diagnóstico rendido por el agente
especial interventor.
7. No obstante, la parte actora solicitó aclaración que fue negada por la autoridad
judicial accionada a través del proveído del 2 de mayo de 2025.
2.2. Fundamento jurídico
8. La parte actora señaló que en la providencia objeto de la acción de tutela se
configuró un defecto sustantivo por inaplicación de lo preceptuado en el artículo
337 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, disposición normativa
relacionada con la reserva de los informes que presentan los agentes especiales en
los procesos de intervención del Estado a las empresas que prestan servicios
públicos.
9. Lo anterior, teniendo en cuenta el numeral 3.° del referido artículo, del cual se
podía inferir que todos los informes de los inspectores y agentes especiales serán
comunicados confidencialmente y no podrán hacerse públicos.
10. De otra parte, alegó un defecto orgánico, pues, a su juicio, el Tribunal carecía
de competencia para admitir, tramitar y resolver el recurso de insistencia que se
originó en la negativa de la entrega de una información por parte de una persona
jurídica que se rige por el derecho privado. Por lo tanto, carecía de la naturaleza de
una autoridad, de que trata el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011.
11. En ese orden de ideas insistió que, si bien es una entidad que presta un servicio
público, lo cierto es que a pesar de que se encuentre intervenida por el Estado su
naturaleza jurídica no cambia.
2.3. Pretensiones
12. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…)
Primero: Que se deje sin efectos la providencia proferida el 21 de abril de
2025, por parte del HONORABLE TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SECCIÓN C, dentro del recurso de
insistencia promovido por Latin American Capital CORP S.A. y ENERGÍA
INVERSIONES S.A.S. en contra de AIR-E S.A.S. E.S.P. Intervenida,
radicado bajo el No. 08001-23-33-000-2025-00113-00.
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Segundo: Que como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la
providencia que resolvió de manera desfavorable la solicitud de aclaración
y adición, proferida el dos (2) de mayo de 2025.
Tercero: Que se prevenga a la entidad judicial accionada de no seguir
incurriendo en conductas violatorias de los derechos fundamentales. (Sic)
2.4. Intervenciones
13. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Sección Quinta mediante
auto del 14 de mayo de 2025 a través del cual se ordenó notificar al Tribunal
Administrativo del Atlántico como accionado y a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, Energía Inversiones S.A.S., a Latín American CORP S.A. y
al señor Edwin Palma Egea como terceros interesados en el resultado del proceso.
14. Asimismo, en dicha providencia se decretó medida provisional consistente en la
suspensión de los efectos de la providencia de 21 de abril de 2025 dictada por el
Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del trámite del recurso de insistencia
identificado con el radicado número 08001-23-33-000-2025- 00113-00, hasta que
se dicte la sentencia que resuelva la acción de tutela de la referencia.
15. El Tribunal Administrativo del Atlántico señaló que las decisiones
cuestionadas se encuentran debidamente fundamentadas, razonadas, las cuales
fueron proferidas bajo un trámite ajustado a las realidades del expediente.
16. Respecto del argumento según el cual carece de competencia, indicó que no es
cierto, pues, a pesar de que la parte actora sea un sociedad por acciones
simplificadas cuya naturaleza se rige por las normas del derecho privado, le resultan
aplicables las normas de la órbita del derecho público, en la medida de que también
es un particular que ejecuta una actividad encabezada por el Estado, consistente
en la prestación de servicios públicos domiciliarios, que, a su vez, requiere de
vigilancia y control estatal.
17. Sobre el particular, señaló que la petición radicada por el insistente, se encuentra
ligada a la función pública realizada por la accionante, en razón a la Ley 142 de
1994, cuya regla imperante, es la transparencia y la publicidad, aunado a ello, se
trata de la intervención realizada por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, en ejercicio de las funciones presidenciales de control y vigilancia de
la prestación de servicios públicos, sin que hubiere lugar, a negarse a recibir las
peticiones o cumplir con las disposiciones del CPACA, cuyo artículo 26, refiere al
recurso de insistencia.
18. En cuanto al presunto desconocimiento del marco normativo relacionado con la
intervención de las empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, manifestó que fue
considerado en el proceso. Sin embargo, llegó a la conclusión que la norma no
indicaba expresa e inequívocamente la reserva legal sobre la información solicitada,
pues dicha figura jurídica es excepcional y debe estar consagrada taxativamente, lo
cual no se advierte en el numeral 3° de los artículos 322 y 377 del Decreto Ley 663
de 1993.
19. Por lo expuesto, manifestó que no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional, en la medida que lo que pretende la parte actora con la interposición
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de la acción de tutela es una instancia adicional, razón por la que debe rechazar por
improcedente la acción de tutela.
20. Las sociedades Energía Inversiones S.A.S. y Latín American CORP S.A
solicitaron que se declare improcedente la acción de tutela por falta del requisito de
subsidiariedad porque no se agotaron los recursos ordinarios que tenían a su
disposición, particularmente, hizo referencia al medio de control de nulidad.
21. Señaló que no se acreditó el requisito de relevancia constitucional, en la medida
que el mecanismo constitucional no puede ser utilizado como una instancia
adicional para discutir los asuntos de «interpretación de la ley» en el marco de la
controversia judicial.
22. De otra parte, señaló que no se demostró la configuración de los defectos
endilgados a la providencia proferida por el Tribunal accionado
23. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitó coadyuvar
las pretensiones invocadas en la demanda de tutela, pues considera que la entrega
del informe diagnóstico elaborado por el agente especial vulnera el régimen legal
de reserva de información previsto para los procesos de intervención.
24. Así las cosas, estima que la decisión objeto de cuestionamiento adolece de un
defecto orgánico por falta de competencia del Tribunal para ordenar la entrega de
información sujeta a reserva legal. Así como también de un defecto sustantivo
porque se desconoció el régimen jurídico aplicable a los procesos de intervención
administrativo sobre empresas de servicios públicos.
25. El señor Edwin Palma Egea informó que renunció a su cargo de agente
especial el 4 de marzo de 2025. Asimismo, manifestó apoyar los hechos,
fundamentos y pretensiones de la presente acción de tutela
26. No se rindieron más informes.
2.5. Sentencia impugnada
27. La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 26 de junio de
2025 resolvió negar las pretensiones de la demanda de tutela, al considerar que no
se acreditaron los defectos endilgados. Asimismo, aceptó la coadyuvancia solicitada
por la Superintendencia de Servicios Públicos.
28. En cuanto al defecto orgánico indicó que no se configuró porque el Tribunal era
competente para conocer y resolver el recurso de insistencia previsto en el artículo
26 de la Ley 1437 de 2011, en la medida que la petición del 20 de enero de 2025
presentada por las sociedades Latin American Capital Corp S.A. y Energía
Inversiones S.A.S. se ejerció ante el agente especial designado por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para la toma de posesión de
la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P
29. Lo anterior, al entender que la función que cumplía la Superintendencia de
Servicios Públicos a través de sus agentes especiales en relación con la toma de
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posesión de las entidades que prestan dichos servicios era en calidad de autoridad,
sumado a que el derecho fundamental de petición y sus reglas de ejercicio, alcance
y protección incluyen la facultad de agotar el recurso de insistencia.
30. Respecto del defecto sustantivo, por la presunta desatención de lo establecido
en el numeral 3. ° del artículo 337 del Estatuto Orgánico Financiero, según el cual,
los informes de los inspectores y agentes especiales serán comunicados
confidencialmente y no podrán hacerse públicos, manifestó que tampoco se
configuró porque de dicha disposición normativa no se extrae que contenga una
reserva legal, en la medida que el término de confidencialidad allí utilizado no puede
entenderse como sinónimo de reserva.
31. En ese sentido, avaló el análisis efectuado la autoridad judicial accionada, en el
sentido de que la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P. intervenida por la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios no cumplió con el deber legal de justificar la
necesidad de tener bajo reserva el informe diagnóstico de intervención, a partir de
la sustentación sobre el fin de mantener la confianza del público en las instituciones
en estado de intervención y en la estabilidad de estas, puesto que, la reserva no
opera de manera automática en el caso concreto.
32. Así como tampoco encontró demostrado una vulneración al derecho fundamental
de igualdad, al considerar que la entrega de una copia del informe diagnóstico de
intervención a Latin American Capital Corp S.A. y Energía Inversiones S.A.S., es
una decisión garantista a partir de la cual se reconoció la necesidad de materializar
el goce efectivo del derecho de petición en toda su extensión frente a los particulares
que ejercen funciones administrativas.
2.6. Impugnación
33. La parte accionante después de insistir en los argumentos de la demanda de
tutela solicitó revocar la decisión de primer grado y en consecuencia se ampare los
derechos fundamentales invocados en protección. Asimismo, requirió que se
mantenga la suspensión provisional de la entrega del informe mientras se surta el
trámite de la impugnación.
34. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios coadyuvó la
impugnación presentada por la parte actora, al considerar que la autoridad judicial
accionada omitió aplicar adecuadamente las normas invocadas, incurrió en errores
de competencia y fundamentación, y vulnera derechos fundamentales al ordenar la
entrega de información sin evaluación previa de su contenido ni observancia de los
requisitos legales aplicables. Por lo tanto, requirió que se deje sin efectos la
providencia objeto de cuestionamiento.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
35. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
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3.2. Cuestión previa
36. La Sala aclara que, si bien en la demanda de tutela se menciona un defecto
procedimental absoluto, lo cierto es que los argumentos que expone son los mismos
para el defecto orgánico, toda vez que alega una presunta falta de competencia por
parte de la autoridad judicial accionada al haber dado trámite al recurso de
insistencia, a pesar de que la hoy accionante es una entidad que se rige por el
derecho privado, por lo que, a su juicio, no se le aplica lo contemplado en la Ley
1437 de 2011.
37. En ese orden de ideas, la Sala advierte que, en caso de superar los presupuestos
generales de la acción de tutela contra providencias judiciales se abstendrá de emitir
pronunciamiento de fondo en lo atinente al defecto procedimental absoluto y se
estudiaría bajo el defecto orgánico.
3.3. Problema jurídico
38. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos generales de la
acción de tutela contra providencias judiciales, si el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección C, al proferir la sentencia del 21 de abril de 20251, vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia,
defensa y contradicción, al incurrir en los defectos sustantivo y orgánico.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
39. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial
para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el
carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
40. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
1 Es de advertir que si bien, la parte actora presenta la acción de tutela contra la providencia del 2 de mayo de
2025 mediante la cual resolvió negar la solicitud de aclaración, lo cierto es que el reproche consiste en la
decisión del 21 de abril de 2025, por lo que, de conocer de fondo la Sala se pronunciara respecto de esta última
providencia.
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41. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.
De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
42. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto
ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la
presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad
procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues, no han transcurrido más de
6 meses desde que profirió la decisión cuestionada en sede de tutela, lo cual ocurrió
el 21 de abril de 2025 y la interposición de la acción de tutela se presentó el 9 de
mayo de la presente anualidad.
3.4.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, defensa y contradicción como
consecuencia de los defectos orgánico y sustantivo, los cuales se encuentran
fundamentados razonablemente.
43. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
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3.5. El defecto orgánico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
44. En lo que atañe al defecto orgánico, la Corte Constitucional sostuvo, en la
sentencia T-643-2017, que se refiere a un vicio relacionado a la competencia, es
decir que la autoridad que profirió la providencia cuestionada carece de
competencia para conocer del asunto a resolver. Tiene como fuente principal el
artículo 121 de la Constitución, el cual dispone que las autoridades del Estado solo
pueden ejercer las funciones que les asigna la Constitución y la ley.2
45. Al respecto, la misma Corte, en la sentencia SU 072-2018, precisó que se
configura en dos situaciones: (i) cuando el peticionario se encuentra supeditado a
una situación en la que existe una actuación consolidada y no tiene otro mecanismo
de defensa como es el caso de una decisión que está en firme y fue dada por un
funcionario que carecía de manera absoluta de competencia, y cuando (ii) en el
transcurso del proceso, el actor puso de presente las circunstancias de
incompetencia absoluta y dicha situación fue desechada por los jueces de instancia,
incluso en el trámite de recursos ordinarios y extraordinarios, validándose así una
actuación erigida sobre una competencia inexistente3.
46. Según la Corte Constitucional4, este defecto tiene un (i) carácter funcional cuando
los jueces desconocen su esfera de competencias y por el contrario interfieren en
ámbitos funcionales que no les corresponden de acuerdo a lo que dicta la
Constitución Política y la ley, y extralimitan su ejercicio quebrantando el derecho
fundamental al debido proceso; y un (ii) carácter temporal, cuando la autoridad a
pesar de contar con atribuciones para realizar determinada conducta, lo hace por
fuera del término consagrado para ello5.
3.5.1. Análisis de la presunta configuración del defecto orgánico en el caso
concreto
47. La parte accionante alega la configuración de un defecto orgánico, pues, a su
juicio, el Tribunal carecía de competencia para admitir, tramitar y resolver el recurso
de insistencia que se originó por la negativa de la entrega de una información por
parte de una persona jurídica que se rige por el derecho privado. Por lo tanto,
carecía de la naturaleza de una autoridad, de que trata el artículo 26 de la Ley 1437
de 2011.
48. Sobre el particular, se tiene que el artículo 23 de la Constitucional Política prevé:
«ARTÍCULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales»
49. Por su parte, los artículos 32 y 33 de la Ley 1437 de 2011 señalan:
«ARTÍCULO 32. Derecho de petición ante organizaciones privadas para garantizar
2 Corte Constitucional SU072 - 2018
3 Corte Constitucional SU072-2018
4 Sentencia T-267-2013
5 Sentencia T-267-2013 Corte Constitucional.
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los derechos fundamentales. Toda persona podrá ejercer el derecho de petición
para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin
personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones,
asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o
clubes.
Salvo norma legal especial, el trámite y resolución de estas peticiones estarán
sometidos a los principios y reglas establecidos en el Capítulo I de este título.
Las organizaciones privadas solo podrán invocar la reserva de la información
solicitada en los casos expresamente establecidos en la Constitución Política y la
ley.
(…)
ARTÍCULO 33. Derecho de petición de los usuarios ante instituciones
privadas. Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, a las Cajas de
Compensación Familiar, a las Instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral,
a las entidades que conforman el sistema financiero y bursátil y a aquellas empresas
que prestan servicios públicos y servicios públicos domiciliarios, que se rijan por el
derecho privado, se les aplicarán en sus relaciones con los usuarios, en lo
pertinente, las disposiciones sobre derecho de petición previstas en los dos
capítulos anteriores.»
50. Ahora bien, en cuanto al ámbito de aplicación de la Ley 1437 de 2011, se tiene
el artículo 2.° prevé:
«ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación. Las normas de esta Parte Primera del
Código se aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del
poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos
e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones
administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades.»
51. Aunado a lo anterior, el artículo 26 ibidem contempla lo siguiente:
«ARTÍCULO 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona
interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la
autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con
jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de
autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez
administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única
instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada.»
(Negrillas y subrayas de la Sala)
52. Del material obrante en el proceso, se observa que la autoridad judicial accionada
mediante providencia del 21 de abril de 2025 señaló:
«(…)
De los documentos emanados por el agente especial en funciones de
intervención de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios
De acuerdo a lo anterior, configurada alguna de las causales del artículo 59 de la
Ley Estatutaria 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios
públicos domiciliarios, se atiende a lo dispuesto por el artículo 121 ídem, que sobre
la toma de posesión de las entidades intervenidas, refiere:
(…)
Expuesto lo anterior, se deduce, que a efectos de la toma de posesión de las
entidades vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
debe atenderse a lo expuesto por el Decreto Ley 663 de 1993, mediante el cual, se
actualiza el Estatuto Orgánico Financiero, cuya normatividad, realiza especial
énfasis en autorizaciones, toma de posesión y facultades dentro del desarrollo de
las funciones de vigilancia, inspección y control, sobre las entidades a cargo.
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(…)
De acuerdo con lo señalado anteriormente, mediante la toma de posesión, se
determinará si la entidad en mención, podrá seguir desarrollando su objeto social, o
si por el contrario, resulta menester su liquidación, para lo cual, designará un Agente
Especial, que rinda la información de rigor que se le requiera, con los fines previstos
por la norma descrita.
(…)
Conforme a lo anterior, el artículo 9.1.1.2.2 del Decreto 2555 de 2010, indicó, que
los Agentes Especiales designados para la toma de posesión de las entidades
vigiladas, ejercerán funciones públicas transitorias, sin perjuicio de la aplicabilidad
de las reglas del derecho privado, cuando ello sea aplicable; destacando, que la
relevancia pública de las acciones por este realizadas, encuentran su fundamento,
en la necesidad inherente al Estado Social de Derecho, de proteger el interés
general y en especial, los derechos de los usuarios, constituyendo entonces, una
intervención clave de interés social, puesto que permite al Estado, evitar una crisis
empresarial que afecte la calidad de vida de las personas por él cobijadas,
garantizando la prestación de servicio con calidad, continuidad y la confianza del
público, en la institucionalidad estatal.»
53. Así las cosas, en criterio de esta Sala, la providencia cuestionada no implica la
vulneración de derechos fundamentales y menos aún una invasión de
competencias, como lo señala la parte demandante; contrario sensu, se advierte
como lo hizo el juez de tutela en la decisión de primer grado que el derecho
fundamental de petición del 20 de enero de 2025 se ejerció ante el agente especial
designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para la toma
de posesión de la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P., quien, en ejercicio de funciones
administrativas adquirió la calidad de autoridad, a pesar de que la entidad
intervenida se encuentre constituida por capital privado.
54. Ahora, no se puede desconocer que el informe diagnóstico de intervención a
partir del cual se determinó la necesidad de tomar en posesión a la sociedad AIR-E
S.A.S. E.S. que fue objeto de la petición del 20 de enero de 2025, fue expedido por
un agente especial designado por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios en ejercicio de funciones públicas administrativas que el Estado le
confiere, y este, a su vez, le delegó al agente especial.
55. En ese sentido, emerge con claridad que el Tribunal era competente para
conocer de la solicitud de insistencia, en la medida que resulta factible afirmar que
los agentes especiales también ejercen funciones públicas.
56. Así las cosas, resulta evidente que el Tribunal administrativo del Atlántico,
Subsección C no excedió el marco de sus competencias y menos aún quebrantó
los derechos fundamentales invocados en protección al conocer del recurso de
insistencia, de conformidad con los argumentos expuestos en precedencia.
3.6. El defecto sustantivo como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
57. La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha delimitado el campo de
aplicación de la violación al debido proceso por defecto sustantivo en los
siguientes términos:
«Cuando en una providencia se desconocen las normas que son evidentemente
aplicables al caso, cuando se realiza una interpretación de la normatividad (sic) que
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contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica y cuando omite la
aplicación de una regla definida por una sentencia con efecto erga omnes. En suma,
el defecto sustantivo se configura cuando la interpretación y aplicación de la
normatividad al caso concreto resulta contraria a los criterios mínimos de juridicidad
y razonabilidad que orientan al sistema jurídico»6.
58. En este sentido, dicha corporación ha identificado una serie de eventos en los
cuales se configura el defecto sustantivo como causal específica de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales:
«El defecto sustantivo como una circunstancia que determina cierta carencia de
juridicidad de las providencias judiciales, aparece, como ya se mencionó, cuando la
autoridad judicial respectiva desconoce las normas de rango legal o infralegal aplicables
en un caso determinado, ya sea por su absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida,
por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las
sentencias judiciales con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo
rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada.
En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por
el fallador.
(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para
los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente.
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la
jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos
precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada
respectiva”.
Frente a la configuración de este defecto, puede concluirse que si bien es cierto que los
jueces dentro de la esfera de sus competencias cuentan con autonomía e independencia
judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso
absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de
administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y,
principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual
Estado Social de Derecho».
«Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que el defecto sustantivo que
convierte en vía de hecho una sentencia judicial, opera cuando la decisión que toma el
juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse
en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i) porque
ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii) porque
ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, (iii) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv)
porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v) porque, a
pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la
cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos
a los expresamente señalados por el legislador»7.
59. Tal como se desprende de los apartes transcritos, hay lugar a declarar que se
presentó un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial desconoció las normas
que son aplicables al caso bien sea por realizar una interpretación que contraría los
postulados mínimos de razonabilidad jurídica, o porque se desconoció la normativa
6 Corte Constitucional, sentencia T-1143 de 28 de noviembre de 2003, magistrado ponente: Eduardo
Montealegre Lynett.
7 Corte Constitucional, sentencia T – 581 de 27 de julio de 2011, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
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aplicable o porque omitió tener en cuenta la ratio decidendi de una sentencia con
efectos erga omnes.
3.6.1. Análisis de la presunta configuración del defecto sustantivo en el caso
concreto
60. En el presente asunto, la parte actora alega que se incurrió en un defecto
sustantivo porque la autoridad judicial accionada por inaplicación de lo preceptuado
en el numeral 3.° del artículo 337 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, se
puede inferir que todos los informes de los inspectores y agentes especiales serán
comunicados confidencialmente y no podrán hacerse públicos.
61. Al respecto, se observa que la autoridad judicial accionada en la decisión objeto
de cuestionamiento, consideró:
«(…)
Ahora bien, cabe anotar, que en otro tanto, la entidad, pretende justificar la reserva
alegada, en el numeral 3 del artículo 337 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, que dispone:
“Todo inspector debidamente nombrado y posesionado bajo juramento, cuando
haya recibido para ello comisión del Superintendente, deberá sin demora revisar
la entidad designada en dicha comisión, y rendir al Superintendente un informe
jurado sobre el resultado de su examen. Todos los informes de los inspectores y
agentes especiales serán comunicados confidencialmente y no podrán hacerse
públicos.” (Subrayado y resaltado fuera del texto).
(…)
La demandada, con dicha norma, sustenta, que el informe presentado por el Agente
Especial, cuenta con reserva legal y que el mismo, no podrá hacerse público, frente
a lo cual, se advierte, una interpretación errónea de la teleología de la disposición
en cita, pues no puede obviarse, el interés público de la certeza en el estado de las
instituciones conformadas con el objeto de la prestación de servicios públicos
domiciliarios y el marco de legalidad, publicidad y transparencia, sobre el cual debe
interpretarse dicho artículo.
(…)
Luego entonces, se tiene, que si bien el artículo arguye a confidencialidad, la misma,
no puede entenderse automáticamente como lo equivalente a reserva legal, pues la
norma no está disponiendo de manera expresa e inequívoca, una reserva legal
sobre dicho informe, por lo cual no se encuentra viable el asidero en su aplicación
inmediata para con el demandante, sin perjuicio de la nominación del numeral en
mención, pues el contenido de la norma, no se encuentra dirigido de manera unívoca
al establecimiento de la reserva legal sobre dicha información, cosa diferente, a
como se ha expresado la reserva en otras disposiciones normativas, como el artículo
583 del Estatuto Tributario, donde se establece claramente, una reserva legal
respecto de las declaraciones tributarias, en los siguientes términos:
(…)
Corolario de lo anterior, cabe decir, que a mejor criterio, en caso de que llegare a
interpretarse, la confidencialidad respecto de dicho documento, se encuentra que la
expresión “confidencial”, no es lo análogo al carácter reservado, pues el uso de la
información, entre los sujetos aquí en discordia, para los fines mencionados por la
demandada, no implica per se, una falta a la confidencialidad de la información, pues
la misma, se advirtió, no pretende ser usada para su divulgación, sino para efectos
de defensa de intereses propios, sin perjuicio de que las Sociedades demandantes,
hayan demostrado, ser accionistas de la entidad demandada o no, pues la
legitimidad en causa y la legalidad de la Resolución No. 20251000004725 del 9 de
enero de 2025, escapa de la esfera del presente control judicial, pues el objeto de
estudio en el caso sub - examine, es si se encuentra ajustada a derecho, la negativa
de la demandada, en proporcionar la información solicitada por las Sociedades
actoras. »
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62. A partir de las transcripciones realizadas, la Sala considera que las conclusiones
a las que llegó la autoridad judicial accionada para acceder a las pretensiones del
recurso de insistencia no obedecieron a un capricho o arbitrariedad, ni se
fundamentó en su simple voluntad, sino que, por el contrario, correspondió a un
estudio lógico y plausible de lo previsto en el numeral 3.° del artículo 337 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero.
63. Al respecto, se observa que la autoridad judicial en la decisión que en sede de
tutela se cuestiona señaló que, si bien en el aludido artículo se menciona la
confidencialidad, lo cierto es que no puede entenderse como un equivalente a
reserva legal, en la medida que el contenido de dicha norma, no se encuentra
dirigido de manera unívoca al establecimiento de la reserva legal sobre la
información contenida en el informe objeto de la petición del 20 de enero de 2025.
64. Máxime cuando la expresión «confidencial» no es análogo al carácter reservado,
teniendo en cuenta que se advirtió que la información requerida no pretende ser
utilizada para fines de divulgación sino para efectos de la defensa de intereses
propios. De modo que, para el Tribunal el uso de dicha información no implicaba per
se una falta a la confidencialidad de la información.
65. Lo anterior teniendo en cuenta que la información solicitada no hacía parte
necesariamente del secreto comercial de que trata el numeral 6.° del artículo 24 del
CPACA8 y, en todo caso, si así llegare a considerarse, según el parágrafo ibidem9,
ese tipo de información podía ser solicitada por sus titulares, condición que llegan a
tener las sociedades Latin American Capital Corp S.A. y Energía Inversiones S.A.S
por ser accionistas de AIR-E.
66. Así las cosas, se observa que el análisis realizado en la decisión cuestionada
obedece a un estudio lógico de las disposiciones normativas aplicables al caso
concreto. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte
accionante con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no
conlleva la transgresión de derechos fundamentales.
67. En consecuencia, la Sala procederá a confirmar la sentencia de tutela de primera
instancia que negó el amparo constitucional reclamado por la parte accionante, al
no configurarse ninguna vulneración ius fundamental, de conformidad con los
argumentos expuestos en precedencia.
3.7. Otras decisiones
68. Es de advertir que a quo mediante proveído del 14 de mayo de 2025 decretó
medida provisional consistente en la suspensión de los efectos de la providencia de
21 de abril de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del
trámite del recurso de insistencia identificado con el radicado número 08001-23-33-
8 ARTÍCULO 24. Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las
informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en
especial:
(…)
6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los planes estratégicos de las empresas
públicas de servicios públicos.
9 PARÁGRAFO. Para efecto de la solicitud de información de carácter reservado, enunciada en los numerales
3, 5, 6 y 7 solo podrá ser solicitada por el titular de la información, por sus apoderados o por personas
autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información.
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000-2025- 00113-00, hasta que se dicte la sentencia que resuelva la acción de tutela
de la referencia.
69. Ahora bien, comoquiera que dicha decisión se mantuvo en el trámite de segunda
instancia, la Sala se procederá a levantar la medida provisional decretada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 26 de junio de 2025 proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva.
Segundo: Levantar la medida provisional decretada en el auto de 14 de mayo de
2025, conforme con lo dispuesto en la presente providencia.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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