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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02769-01

Fecha
26 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-02769-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 17 de julio de 2025 por la Sección Primera del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02769-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

26 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-02769-01
Accionante: Enrique Eslava Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de reparación directa / DECLARA IMPROCEDENCIA –
Falta de cumplimiento de requisito de relevancia constitucional.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora en contra de
la sentencia proferida el 17 de julio de 2025, por la Sección Primera del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 9 de mayo de 2025, el señor Enrique Eslava Quintero, a través de apoderado
judicial, presentó acción de tutela1 con la pretensión de que se deje sin efectos la
sentencia de 31 de octubre de 2024 2 proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, dentro del proceso de reparación directa3 que promovió junto con otros4 en
contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
con el propósito de que se le declarara responsable por los perjuicios derivados de
la declaratoria de prescripción en el proceso penal en el que fueron reconocidos
como víctimas, y la consecuente extinción de la acción civil, lo que implicó la
imposibilidad de ser resarcidos económicamente aun cuando fueron sujetos pasivos
del punible investigado.

1 Invocó los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, y los principios

de primacía de la realidad sobre las formas y seguridad jurídica.
2 Notificada el 12 de noviembre de 2024.
3 Radicado: 73001-33-33-005-2018-00098-00/01.
4 Los señores Javier Willinton Torres Guzmán, Mariana Cárdenas Cortés, Roberto Sánchez Méndez, Blanca

Doris Benítez Gómez, Alba Lucía Cabezas Quiñonez, Adiela Arias Hernández, Ana Lucia Sánchez Casas,
Bernardo Abello Merchán, Juan Manuel Calderón Suarez, Trinidad Roa Rojas, Ramiro Andrés Aragón Meneses,
Martha Esperanza Palomino Bustamante, Wilson Mora Ocampo, Fabio Ramírez Reyes, Luz Marina Bedoya
Lozada, José Omar Jaimes y Rosalba Coca.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02769-01
Accionante: Enrique Eslava Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

2.
A través de la referida providencia se confirmó la sentencia de primera instancia5
que negó las pretensiones de la demanda. El Tribunal consideró que, a pesar de que
se probó la pérdida de oportunidad definitiva de los demandantes para obtener
reparación económica, en su calidad de víctimas de los delitos de abuso de confianza
calificado como delito continuado y falsedad en documento público, dada la
declaratoria de la prescripción de la respectiva acción penal, esto último no tuvo
como causa una mora judicial injustificada. La complejidad del caso a nivel probatorio
y el elevado volumen de trabajo de los despachos judiciales que conocieron del
asunto, justificaron la tardanza en la resolución del caso, circunstancias que el
demandante no logró desvirtuar.

3.
La parte accionante señala que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente, por las siguientes
razones:

4.
El Tribunal accionado matizó las actuaciones de los jueces penales y desdibujó la
mora judicial en la resolución de la causa penal. En la sentencia objeto de demanda,
si bien se reconoce el daño padecido por los accionantes, se consideró que la
demora de más de 5 años en proferirse decisión condenatoria de primera instancia
tuvo como causa que el caso era complejo.

5.
La Rama Judicial alegó la congestión que tienen los despachos judiciales
implicados como razón de defensa y aportó un informe estadístico sobre el particular.
Se afirmó que el accionante debió refutar dicha circunstancia con pruebas,
desconociendo que lo dicho por la demandada podía considerarse como una
“afirmación indefinida”, lo que implica la inexistencia de otro medio de prueba para
demostrar o no su veracidad.

6.
En el fallo objeto de tutela se desconocieron hechos notorios que rodearon el
proceso penal y la exigencia normativa que le era inherente y obligatoria a los jueces
que conocieron la causa, de fallar en los términos legalmente señalados.

7.
Resalta que de las pruebas allegadas al plenario, era evidente la “parsimonia
procesal” que imperó en los despachos que conocieron la etapa de juicio penal, al
igual que las situaciones extraprocesales no imputables al demandante que
causaron la prescripción de la acción penal, a saber: (i) dos cambios de despacho
luego de proferida la resolución de acusación; (ii) estos juzgados debieron estudiar
el expediente y preparar las actuaciones surtidas mientras conocían del asunto, pero
al no hacerlo, causaron dilaciones procesales; (iii) las únicas pruebas practicadas
ante esos juzgados fueron testimoniales, las demás se recolectaron y practicaron
durante 4 años por el ente investigador; (iv) aun cuando el expediente tenía
bastantes folios, las pruebas se condensaron en los dictámenes periciales que
realizó el CTI, en la resolución de acusación y la decisión proferida por la Fiscalía
Primera Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué, lo que facilitaba su estudio;

5 Sentencia de 11 de mayo de 2021, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial de

Ibagué.

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Accionante: Enrique Eslava Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

(v) en los dos primeros juzgados de conocimiento no se discutió la autenticidad de
los documentos, ni la procedencia de las pruebas recaudadas, sino la
responsabilidad subjetiva de los acusados en los hechos investigados, siendo
evidente su inactividad; y (vi) se presentó paro judicial del 11 de octubre de 2012 al
23 de febrero de 2013, en el mes de julio de 2014, de octubre de 2014 a febrero de
2015, y en enero de 2016, circunstancias no atribuible a las víctimas que causó la
demora en la resolución del caso.

8.
Pidió tener en cuenta que los accionantes fueron víctimas de un delito por el cual
han buscado el restablecimiento económico durante 21 años, en adición a que, en
aplicación del principio “nemo auditur propiam turpitudinem allegans”, los jueces no
pueden negar derechos justificándose en situaciones en las que han actuado con
dolo o culpa (como los paros judiciales), aprovechándose de sus propias omisiones.

B. Sentencia de primera instancia

9.
Mediante sentencia del 17 de julio de 2025, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional. Estimó que el debate planteado se dirige a cuestionar el
análisis probatorio efectuado en el proceso ordinario, sustentado en la simple
inconformidad del accionante, sin que se advierta que el Tribunal accionado haya
valorado indebidamente las pruebas.

C. Impugnación

10.
La parte actora señala que el a quo incurrió en error al considerar que los terceros
con interés vinculados al trámite de tutela no hicieron pronunciamiento alguno.
Reseñó que en el oficio en el cual se remitieron los poderes para ser representados
por el mismo apoderado del accionante, se indicó que se acogían a lo indicado en el
escrito de amparo.

11.
Enlista nuevamente las actuaciones procesales surtidas ante cada despacho
judicial que conoció de la causa penal a fin de denotar la demora injustificada en su
trámite. Citó fragmentos de algunas sentencias del Consejo de Estado en las que
presuntamente se declaró la responsabilidad estatal cuando se produce la
prescripción de la acción penal 6 y se cercena el derecho de las víctimas a ser
resarcidas, y en las que se indica que el derecho al acceso efectivo a la
administración de justicia tiene un desarrollo legal y supralegal7 (normas de derecho
internacional) que debe ser respetado en casos como el que se analiza.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 02 de mayo de 2016, Rad. 37111. M.P. Ramiro de Jesús

Pazos Guerrero; y Sección Segunda, Sentencia del 01 de febrero de 2011, Rad. 2008472. M.P. Luis Rafael
Vergara Quintero.
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 29 de abril de 2015, Rad. 25.327. M.P. Ramiro de Jesús

Pazos Guerrero.

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Accionante: Enrique Eslava Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

12.
Indica que no se plantea un simple debate probatorio, sino que se busca poner de
presente una evidente trasgresión a los derechos fundamentales del actor y los
demás vinculados al proceso, a fin de que se dicte una sentencia que evite premiar
la dilación injustificada en cuanto a la decisión de procesos judiciales y que premie a
quienes cometen delitos al eximirlos de la responsabilidad de pago a las víctimas.

II. CONSIDERACIONES

D. Competencia

13.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19918.

E. Análisis del caso concreto

14. La Sala anticipa que confirmará la decisión de declarar improcedente la solicitud

de amparo porque no satisface el presupuesto de relevancia constitucional. Los
reproches formulados, más allá de dar cuenta de una discrepancia respecto a lo
resuelto por el juez natural, no se perfilan como yerros con incidencia constitucional
que demanden de la intervención del juez de tutela.

15. En términos generales se advierte la intención de que se haga un nuevo estudio

probatorio del caso concreto, como si la tutela se tratara de una tercera instancia del
medio de control. Esa consideración se refuerza, al encontrar que los reparos que
se formulan contra la providencia no están acompañados con una carga
argumentativa que ilustre en forma clara la referida relevancia constitucional, y
algunos de estos, ya fueron alegados en el trámite del proceso ordinario.

16. Los presupuestos fácticos que determinaron la controversia en el proceso
ordinario, y que dan contexto al litigio constitucional, se circunscriben a la presunta
mora judicial de más de 9 años en expedir fallo en el proceso penal9 adelantado
contra José Armando Giraldo Vásquez, Héctor Hernán Barreto, José Domingo
Torres, Liliana Varón y Martín Emilio Varón, por el delito de abuso de confianza
calificado como delito continuado, captación masiva y habitual de dineros,
urbanización ilegal y falsedad en documento público, dentro del cual, el accionante
y los terceros con interés fueron reconocidos como víctimas. Se declaró la
prescripción de la acción penal y civil, lo que impidió que fueran resarcidos
económicamente aun cuando fueron reconocidos como sujetos pasivos del punible.

17. En concreto, se alegó que desde el 12 de agosto de 2010 la Fiscalía 12 Seccional

de Ibagué profirió resolución de acusación, confirmada el 12 de noviembre siguiente,
por la Fiscalía 1° delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué. El proceso fue
conocido inicialmente por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Ibagué ante el

8 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
9 Radicado: 73268-31-04-001-2014-00275-01

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Accionante: Enrique Eslava Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

cual se adelantó la audiencia preparatoria; después, en cumplimiento del Acuerdo
PSAA-12-9253 del 15 de febrero de 2012, fue sometido a reparto nuevamente y el
23 de abril de ese año, fue asignado al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de
Ibagué, que avocó conocimiento del caso, adelantó audiencia la etapa de juicio, y
estando el proceso para fallo, mediante auto dispuso el envío del expediente para
reparto ante los Juzgados Penales del Circuito de El Espinal; se asignó por tercera
vez al Juzgado Primero de dicho circuito judicial, que conoció del proceso desde el
16 de diciembre de 2014.

18. El 18 de agosto de 2015, el Juzgado Primero Penal del Circuito de El Espinal,

profirió sentencia mediante la cual condenó a los acusados, pero no dispuso emitir
condena relacionada con el pago de perjuicios. El 10 de noviembre de 2015, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué – Sala Penal modificó dicha decisión
judicial y condenó solidariamente a los implicados al pago de los perjuicios
materiales de aproximadamente 91 personas a las que no se les hizo la devolución
de lo invertido en el proyecto de vivienda de interés social. Sin embargo, el 21 de
enero de 2016, cuando corría el término para presentar recurso de casación y
habían transcurrido más de 9 años desde que se profirió resolución de acusación,
ese mismo Tribunal declaró la prescripción de la acción penal y a la vez, la extinción
de la acción civil derivada de la conducta punible, circunstancia que impidió de forma
definitiva obtener el reintegro de los dineros perdidos.

19. Esta situación motivó el ejercicio del medio de control de reparación directa dentro

de la cual, en sentencia del 11 de mayo de 2021, el Juzgado Quinto Administrativo
Oral del Circuito de Ibagué negó las pretensiones de la demanda al encontrar
probada la excepción propuesta por la parte demandada denominada “inexistencia
del daño antijurídico por presentarse una alta carga laboral en los juzgados”.

20. Contra dicha decisión judicial, se interpuso recurso de apelación en el que se hizo

la misma relación de las actuaciones realizadas en el proceso por los juzgados
penales que conocieron del asunto, esgrimida en el escrito de tutela, desde la fecha
de expedición de la resolución de acusación (6 de septiembre de 2006), a fin de
denotar la mora judicial en adoptarse una decisión de fondo, lo que motivó a que el
21 de enero de 2016 se declarara la prescripción de la acción penal. Resaltó las
pocas actuaciones surtidas en cada uno de los juzgados penales del circuito que
conocieron en primera instancia del caso. Acto seguido, expuso que si bien el a quo
tuvo en cuenta las pruebas documentales aportadas al proceso, hizo una indebida
valoración probatoria, pues no advirtió situaciones procesales relevantes (las
indicadas en la demanda de tutela). Finalmente, pidió tener en cuenta que los
demandantes no podían ser revictimizados e impedirles el derecho a obtener una
reparación económica.

21. El Tribunal, en sentencia del 31 de octubre de 2024, analizó cada uno de estos

reproches, reiterados en la tutela y la impugnación respectiva, y confirmó la decisión
adoptada en primera instancia.

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Accionante: Enrique Eslava Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

22. Al abordar el análisis del asunto, en perspectiva de un presunto defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, aclaró que el simple paso del tiempo
no era suficiente para concluir que se presentó una mora judicial injustificada, por lo
que debían analizarse las condiciones particulares del servicio de administración de
justicia.

23. Así, descendiendo al caso concreto, el Tribunal determinó que se acreditó que el

daño consiste en la pérdida de oportunidad para que los demandantes obtuvieran
una reparación de perjuicios por los presuntos daños que les ocasionaron unas
personas, porque se declaró la prescripción de la acción penal.

24. Luego, hizo un recuento de cada una de las actuaciones procesales surtidas ante

los diferentes juzgados penales del circuito que conocieron de la causa penal en
primera instancia y concluyó que la mora en la resolución del caso obedeció a la
complejidad del asunto, pues tal y como lo acreditaron los medios de prueba
aportados al proceso, fueron por lo menos 91 personas las que resultaron afectadas
con las conductas ilegales efectuadas por los enjuiciados, lo que implicó un gran
volumen de denuncias cuyo trámite debió concentrarse en una actuación; ello
conllevó que la mayoría de las víctimas se constituyeran como parte civil en el
proceso penal presentando múltiples demandas, y por consiguiente, que se
resolviera frente a ellas dicho trámite; igualmente, que se practicara prueba
grafológica para determinar que 89 escrituras públicas fueron objeto de falsificación,
además de practicarse dictamen pericial contable, que fue sujeto de aclaración, para
establecer el manejo financiero y contable de las finanzas de la constructora creada
para generar la estafa; adicionalmente, se practicaron varias declaraciones con el
propósito de esclarecer los hechos investigados.

25. La autoridad judicial hizo un recuento fáctico del trámite, a efectos de denotar que

la actuación jurisdiccional no fue dilatoria, caprichosa o de mala fe por parte de los
jueces de conocimiento, sino que obedeció a contingencias propias del desarrollo
del proceso penal, su complejidad y la congestión judicial ante el cambio legislativo
implementado en dicha época. Consideró que en todo caso, las conclusiones de la
sentencia de primera instancia no fueron debidamente refutadas por la parte
apelante, en tanto sus argumentos se ciñeron al solo transcurso del tiempo como
elemento suficiente para declarar la responsabilidad estatal.

26. Finalmente, descartó que debiera pronunciarse sobre el argumento referente a

que hubo paros judiciales que ocasionaron la demora en la solución del caso penal,
pues correspondían a cargos nuevos que no hicieron parte del fundamento de la
demanda inicial, y no se estudiaron por el a quo.

27. Para la Sala, es evidente que los argumentos esgrimidos en la acción de tutela a

fin de sustentar los defectos fáctico y sustantivo, fueron alegados dentro del proceso
de reparación directa y el estudio que hizo el Tribunal accionado sobre estos, fue
razonable acorde al material probatorio allegado por las partes. Es claro que el
accionante interpuso la solicitud de amparo a fin de que el juez de tutela volviera a

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Accionante: Enrique Eslava Quintero
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pronunciarse sobre la responsabilidad del Estado por la presunta mora judicial que
causó la prescripción de la acción penal, ante la discrepancia de criterio del
accionante, desconociendo que la tutela no es una instancia adicional al proceso
ordinario.

28. La parte accionante no presenta argumentos que perfilen alguno de los
escenarios en que se configura el defecto fáctico, simplemente pone de presente la
inconformidad con las conclusiones. Apreciación que riñe con el estudio acucioso
que hizo el Tribunal del expediente penal y de las circunstancias que rodearon el
caso, y que determinaron su decisión de negar las pretensiones.

29. Por último, sobre el desconocimiento del precedente judicial alegado en el escrito

de impugnación contra el fallo de tutela de primera instancia, se considera que este
reproche carece de carga argumentativa, pues la parte actora se limita a citar
fragmentos de sentencias que presuntamente son aplicables al caso concreto, sin
especificar las similitudes fácticas, de objeto y causa, que imponían haber aplicado
lo decidido en dichos casos.

30. En ese orden de ideas, el tutelante omitió presentar al juez de tutela una discusión

de contornos constitucionales, en tanto sus reproches carecen de la carga
argumentativa suficiente para acreditar la configuración de un yerro de esa entidad
que implique vulneración de derechos fundamentales, cuanto más si su objeto era
dejar sin efectos una sentencia judicial, para cuyo propósito resulta indispensable
que se acredite la configuración de una irregularidad de tal envergadura que atente
de manera abierta contra la Carta política.

31.
De conformidad con lo expuesto, se confirmará la decisión de declarar
improcedente la solicitud de amparo.

32.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 17 de julio de 2025 por la Sección
Primera del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-02769-01
Accionante: Enrique Eslava Quintero
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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