Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02775-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-02775-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02775-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-02775-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
15 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., quince (15) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02775-01
Accionante: JUAN JOSÉ VALENCIA HURTADO
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra Presidencia de la República // Improcedencia por
falta de legitimación en la causa por pasiva // no se configuran los elementos para
agenciar derechos de terceros en los términos de la T-302 de 2017.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Antecedentes
1. El actor señala en su escrito de tutela que es residente del municipio de Puerto
Tejada (Cauca) y que enfrenta una crisis violenta armada con características
sistemáticas y estructurales. Este contexto de agresión se debe al aumento de las
bandas criminales y estructuras ilegales que crean fronteras invisibles en el
municipio y atentan contra sus residentes. Ello ha llevado a que Puerto Tejada sea
uno de los municipios con tasas de homicidio más altas del sur occidente del país.
2. El sector social más afectado es la juventud, pues son objeto del ataque de las
estructuras ilegales. Mencionó los últimos dos homicidios de jóvenes del municipio
ocurridos en marzo del 2025. El demandante indicó que las políticas nacionales de
atención a la juventud no tienen impacto suficiente y no cuentan con enfoque
territorial, motivo por el cual no protegen la vida y demás derechos fundamentales
de los jóvenes de su municipio.
3. Para el tutelante, la situación afecta los derechos a la vida, la integridad personal,
la igualdad, la paz, la dignidad humana y de los niños, niñas, adolescentes y los
derechos colectivos de la juventud como grupo poblacional en situación de riesgo.
4. Solicitó al juez de tutela que ordene al presidente de la república: (i) diseñar e
implementar de manera inmediata una estrategia integral de militarización e
intervención social en el municipio de Puerto Tejada, Cauca que incluya, la
presencia de la fuerza pública con enfoque de protección a la comunidad. La
ejecución de programas urgentes de salud mental, educación, empleabilidad juvenil,
cultura y deporte. Acompañamiento del ICBF, la defensoría del pueblo y el ministerio
del interior.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02775-01
Accionante: Juan José Valencia Hurtado
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
5. Además, que se ordene al gobierno nacional reconozca la situación excepcional
de vulneración masiva y sistemática de derechos fundamentales y consecuencia de
ello se establezca un plan interinstitucional de acción diferencia y se adopten
medidas cautelares urgentes consistente “en el despliegue de una fuerza de tarea
conjunta en puerto tejada mientras se diseña y ejecuta el plan estructural ordenado
por el juzgado.
Trámite de la acción de tutela
6. Luego de surtirse un trámite de impedimento, mediante auto de 20 de junio de
2025, el magistrado sustanciador del juez de primera instancia, Sección Quinta del
Consejo de Estado, admitió la acción de tutela y vinculó a la Presidencia de la
República, al Ministerio de Defensa Nacional, al Ministerio del Interior, al director de
la Policía Nacional, a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-
ICBF, a la Defensoría del Pueblo, al Departamento Nacional de Planeación, al
Ministerio de Educación Nacional, al Ministerio del Deporte, al Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al
Ministerio de Salud y Protección Social.
7. Se recibieron intervenciones del Ministerio del Trabajo (Índice Samai 24)
Departamento Nacional de Planeación (Indice Samai 23), Ministerio del Departo
(Indice Samai 31) Ministerio de Educación (índice samai 25), Presidencia de la
República (índice samai 33), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (índice
samai 27), Ministerio de las culturas, las artes y los saberes (índice samai 30), el
ministerio de Defensa (índice samai 32 y 24), y la Policía Nacional del departamento
del Cauca (Índice Samai 34 ). Con el fin de facilitar la exposición a continuación se
resumen las peticiones y sus fundamentos.
Tabla 1. Intervenciones del proceso de tutela
Num Tesis Entidad Petición
1 Carece de legitimación en la Ministerio del Declarar
causa por pasiva, pues la Trabajo improcedente por
petición de la tutela es la falta de legitimación
militarización de un municipio, y Departamento en la causa por
no tienen competencias respecto Nacional de pasiva
al manejo del orden público. Planeación
Ministerio del
Deporte
Ministerio de
Educación
2 No se demostró una vulneración Presidencia de la Declarar
concreta de un derecho República. improcedente por
fundamental de una persona, falta de legitimación
razón por la cual debe negarse el en la causa por
amparo. activa
3 Recordaron la oferta institucional Policía Nacional Negar el amparo
de atención a la juventud en el
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02775-01
Accionante: Juan José Valencia Hurtado
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
departamento del Cauca, y
concretamente en Puerto
Tejada, señalando que las
autoridades estatales están
haciendo esfuerzos por
garantizar la vida e integridad de
la juventud del municipio
4 Manifestó estar a disposición del ICBF Sin petición.
juez constitucional para atender
las órdenes judiciales
Sentencia de primera instancia
8. En providencia de 17 de julio de 2025, la Sección Quinta de la Corporación
declaró improcedente la acción de tutela, pues estimó que el actor no contaba con
legitimación en la causa por activa, al no evidenciarse una conculcación o
transgresión concreta a un derecho fundamental del cual sea titular, o actuar como
agente oficioso o representante o apoderado de las comunidades de Puerto Tejada
(Cauca). Se concluyó que, puesto que, el actor no es titular de los derechos
invocados con la presentación de la acción de tutela, y en atención a que no cuenta
con poder para representar a los habitantes del municipio de Puerto Tejada (Cauca)
ni actuar como agente oficioso de ellos, carece de legitimación en la causa por
activa.
Recurso de impugnación1
9. La tutelante indicó que cuenta con legitimación en la causa por activa, pues como
residente del municipio afectado, constituye un vínculo suficiente para establecer un
interés legítimo en la protección de los derechos fundamentales de la juventud del
municipio de Puerto Tejada. Además, indicó que es víctima del conflicto armado, lo
cual constituye nexo suficiente para acreditar el interés. Señaló que, según la T-302
de 2017, se debe interpretar flexiblemente el requisito de legitimación en la causa
por activa cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, como
son las víctimas del conflicto armado y los habitantes de zonas históricamente
marginadas.
10. Recordó los precedentes de la SU-069 de 2021 y la T-211 de 2015 en los cuales,
la Corte Constitucional aplicó un enfoque flexible a la legitimación en la causa por
activa. Así mismo, realizó peticiones dirigidas a que se declare un estado de cosas
inconstitucional debido a la crisis institucional y social del municipio del que es
habitante. Concluyó con la solicitud de revocatoria de la providencia de primera
instancia y requirió que se se ordene a las autoridades competentes adelantar un
análisis integral de la situación estructural denunciada en el municipio de Puerto
Tejada, con miras a establecer si se configura un Estado de Cosas Inconstitucional
– ECI, por la existencia de una violación masiva y continuada de derechos
fundamentales por acción u omisión del Estado. Además, que se adopten medidas
1 Índice Samai 46.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02775-01
Accionante: Juan José Valencia Hurtado
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
estructurales, correctivas e inmediatas encaminadas a garantizar el goce efectivo
de los derechos fundamentales afectados, incluyendo, si es del caso, la vinculación
de entidades del orden nacional, como la Unidad para las Víctimas, la Defensoría
del Pueblo, el Ministerio del Interior, el DNP.
CONSIDERACIONES
Competencia
11. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela, en
segunda instancia, conforme el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo
13 del Acuerdo 080 de 2019, reglamento del Consejo de Estado.
Problema jurídico
12. En primer lugar, se debe resolver si la acción de tutela satisface el requisito de
legitimación en la causa por activa, razón principal del sentido del fallo en primera
instancia. En caso de concluir que se satisface el requisito, se debe dilucidar como
segundo problema jurídico si se presenta una vulneración a los derechos
fundamentales invocados.
13. Con el fin de resolver el primer problema jurídico, de manera sucinta, la sección
reiterará el precedente constitucional sobre la legitimación en la causa por activa.
Legitimación en la causa por activa en acción de tutela.
14. El artículo 10° del Decreto 2591 de 1991 prescribe que están legitimados para
ejercer la acción de tutela, los titulares del derecho amenazado o vulnerado, el
representante del titular, a través de apoderado, o el agente oficioso. En el caso del
agente oficioso se ha indicado que se trata de un tercero que acude a la acción ante
la imposibilidad de que el titular lo haga.
15. La agencia oficiosa exige que el actor evidencie la imposibilidad del titular de
acudir ante el juez de amparo. Estos requisitos se han concebido para evitar “que
se tome o aproveche el nombre de otro, sin ninguna clase de advertencias, para
provocar decisiones judiciales con intereses reales distintos o contra la voluntad del
verdadero titular de los derechos que se invocan”2
16. La jurisprudencia constitucional, puntualmente en la Sentencia T-302 de 2017,
providencia invocada en el recurso de impugnación por el actor, ha señalado que,
en casos en los que, un tercero que no es titular del derecho que se invoca acude
a la acción de tutela, el requisito se flexibiliza cuando, se busca agenciar derechos
de niños, niñas. En efecto, en el fundamento jurídico 3.1.2., precisó la Corte:
“3.1.2. Sin embargo, tratándose de niños y niñas, la Corte también ha
advertido que los requisitos de la agencia oficiosa se flexibilizan. Ha
señalado que “cuando se agencian los derechos fundamentales de
menores de edad, la Constitución impone objetivamente la necesidad de
2 Corte Constitucional T-277 de 1997.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02775-01
Accionante: Juan José Valencia Hurtado
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
su defensa, y por tanto no interesa realmente una especial calificación
del sujeto que promueve la solicitud de amparo”, razón por la cual ha
concluido que “cualquier persona puede exigir de la autoridad
competente, la garantía de sus derechos fundamentales, sin requisitos
adicionales”. Esta regla se ha aplicado incluso en los casos en que se
solicita la protección de los derechos de un número múltiple de niños y
niñas que no han sido individualizados, como el caso en que se permitió
la actuación de un funcionario del Ministerio Público como agente oficioso
de todos los niños y niñas de Bogotá que usaban el sistema de transporte
masivo de la ciudad.
3.1.3. La posibilidad de interponer la tutela como agente oficioso de un
grupo de niños y niñas puede ponerse en duda si en el caso concreto es
posible que el derecho sea protegido de varias formas y no es claro que
todos los niños y niñas prefieran exactamente la misma forma de
protección. Sin embargo, cuando la protección solicitada
es “claramente beneficiosa”, es posible agenciar los derechos
ajenos en tutela, aun de un grupo de niños y niñas indeterminados
pero determinables” (negrillas fuera del texto)
17. Jurisprudencialmente resulta posible agenciar derechos de niñas y niños,
cuando la protección solicitada es claramente beneficiosa. Con base en la anterior
regla se verificará si en el caso concreto, el actor satisface el requisito de
legitimación en la causa por activa.
Análisis formal de la acción de tutela
18. El actor acudió al medio de tutela con el fin de buscar, principalmente, la
protección de los derechos de la juventud, y su pretensión principal es que el juez
de tutela ordene a las autoridades públicas “implementar de manera inmediata una
estrategia integral de militarización e intervención social en el municipio de Puerto
Tejada”.
19. El elemento principal de la acción de tutela es la petición de amparo de la
población juvenil y para ello solicita una medida de militarización. Dentro del escrito
también solicitó que como medida cautelar se “despliegue una medida de fuerza de
tarea conjunta” en Puerto Tejada. De lo anterior, la Subsección verifica que si bien,
el artículo 3 de la Ley 1098 de 2006 señala que se entiende por niño o niña a las
personas entre los 0 y 12 años, y adolescente a las personas entre los 12 y los 18
años, del escrito de tutela se desprende que el actor busca insistentemente la
protección de la juventud. Se lee en el folio 3 del escrito:
“En este caso, se configura una omisión grave y sostenida por parte del
Presidente de la República, en su calidad de máxima autoridad
administrativa, frente a la sistemática violación de los derechos de la
juventud de Puerto Tejada”.
(…)
“Esta obligación cobra aún mayor fuerza cuando se trata de poblaciones
en situación de riesgo, como los jóvenes de Puerto Tejada, quienes han
sido víctimas de homicidios, amenazas, desplazamientos, reclutamiento
forzado y exclusión estructural.”
(…)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02775-01
Accionante: Juan José Valencia Hurtado
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
“Todos estos elementos se encuentran presentes en Puerto Tejada. La
omisión prolongada del Estado ha normalizado una crisis que afecta el
derecho a la vida, la integridad y la paz de cientos de jóvenes, quienes
viven en un contexto de miedo, exclusión y muerte sistemática sin que se
adopten respuestas estructurales”.
20. Lo anterior se refuerza, cuando en los fundamentos jurídicos del amparo invoca
la Ley 1622 de 2013, estatuto de la ciudadanía juvenil. Además, como ya se explicó,
las peticiones de protección van dirigidas a que se ampare a la población juvenil.
21. En criterio de esta sala, en el escrito de tutela, el actor no busca proteger,
principal o accidentalmente a la niñez, sino a otra población, igual de importante y
fundamental, pero que, en todo caso, no se adecua a la regla jurisprudencial sobre
agencia oficiosa de terceros. Esto se debe a que se reconoce una mayor agencia
en la protección de sus derechos3. No se puede olvidar que la legitimidad en la
causa por activa en cabeza del titular del derecho constituye una garantía de la
dignidad humana, “en el sentido de que, no obstante las buenas intenciones de
terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus
propios intereses, es sólo la persona capaz para hacerlo”4. Sin embargo, la
normatividad aplicable establece algunos escenarios específicos en los cuales
terceros están facultados para solicitar el amparo de los derechos de otras
personas, presupuestos que no se presentan en la actual demanda.
22. Sumado a lo anterior, no resulta clara la manera en la que la petición de
militarización de Puerto Tejada impacta directamente en la población que se busca
proteger. En este aspecto, la Subsección debe ser especialmente clara y
cuidadosa. No existe ninguna parte del territorio nacional que esté vedado para la
fuerza pública. Y en esa medida, cualquier persona puede reclamar la presencia de
autoridades policivas o militares. Ello pues es el núcleo fundamental de sus
funciones constitucionales5. Sin embargo, en atención a la naturaleza de la violencia
que sufre el país, y específicamente las afirmaciones del tutelante conforme a las
cuales, la violencia del municipio de Puerto Tejada constituyen “una violencia
estructural y sistemática”, exige que la presencia de la fuerza pública sea resultado
de planes tácticos y estratégicos que no satisfacen inequívocamente la regla
jurisprudencial contenida en la Sentencia T-302 de 2017, conforme a la cual un
tercero puede agenciar derechos de niños y niñas cuando la pretensión claramente
plantea un beneficio.
23. Una vez se descarta que el actor pueda fungir como agente oficioso de la
juventud de Puerto Tejada, Cauca, se reiteran las razones de la sentencia de
primera instancia, conforme a la cual, del expediente de tutela no se verifica que
existan vulneraciones subjetivas y concretas de las cuales sea titular el
demandante. El escrito presenta un contexto de la situación delicada,
3 Corte Constitucional, Sentencia C-442 de 2021.
4 Corte Constitucional, sentencia T-899 de 2001 citada en sentencia T-072 de 2019.
5 Art. 217: “Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la
independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.” Por su parte, el artículo
218 “La Policia Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación,
cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los
derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.”
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-02775-01
Accionante: Juan José Valencia Hurtado
Accionado: Presidencia de la República
Referencia: Segunda instancia acción de tutela
indudablemente grave, del municipio de Puerto Tejada, pero no se muestra la
vulneración concreta del derecho fundamental de una persona determinada, y
mucho menos del demandante. En atención a que no se satisfacen las reglas
jurisprudenciales para poder concluir que el actor cuenta con legitimación en la
causa por activa, se confirmará la sentencia de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de julio de 2025, proferida por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, en cuanto declaró improcedente la acción
de tutela por falta de legitimación en la causa por activa.
SEGUNDO: INFORMAR, por secretaría, a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.