Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02780-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02780-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02780-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02780-00
Accionante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional del Valle del
Cauca
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho
Decisión: Niega el amparo de tutela porque no se acreditaron los defectos
endilgados
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela1 presentada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Regional del Valle del Cauca, quien actúa por intermedio de apoderado judicial en
contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por la presunta vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad; así como el principio
de seguridad jurídica, ocurrida con ocasión de la providencia expedida el 17 de
marzo de 2025 al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 76001-33-33-021-2019-00089-00.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. La señora Beatriz Eugenia Cardona Benítez en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho demandó la Resolución 10733 del 17 de
agosto de 2018 proferida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
mediante la cual dio por terminado el nombramiento provisional de la demandante
en el cargo de profesional especializado código 2028 grado 17.
3. El proceso correspondió al Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de
Cali, autoridad judicial que, mediante la sentencia del 27 de septiembre de 2021,
resolvió negar las súplicas de la demanda, al considerar que no se acreditó la
condición de pre pensionada.
4. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a través
1
Acción de tutela presentada el 9 de mayo de 2025.
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de la sentencia del 17 de marzo de 2025 revocó la anterior decisión y, en su lugar,
accedió a las pretensiones de la demanda, toda vez que se acreditó que la señora
Cardona Benítez era beneficiaria de la estabilidad laboral reforzada, pues le
faltaban menos de 3 años para cumplir con el número requerido de semanas para
acceder a la pensión de vejez.
2.2. Fundamento jurídico
5. La parte actora señaló que en la providencia objeto de la acción de tutela se
configuró un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, particularmente
hizo referencia al certificado del 22 de agosto de 2018, expedido por Protección
Pensiones y Cesantías en el que se informa que al momento en que se dio por
terminado el nombramiento en propiedad de la señora Beatriz Eugenia Cardona
Benítez tenía 876.43 semanas cotizadas.
6. Asimismo, indicó que no se valoró el oficio n.°12100- E-2018-382914-0101
de 2018, por medio del cual solicitó a la señora Cardona Benítez el reporte
actualizado y legible de las semanas cotizadas. Sin embargo, fue hasta el 3 de
enero de 2020, que Colpensiones realizó la corrección de la historia laboral, esto
es, 15 meses después de emitirse el acto administrativo objeto de cuestionamiento
en el proceso ordinario. De modo que, dicho acto se encontraba debidamente
motivado.
7. De otra parte, indicó que la decisión adolece de un desconocimiento del
precedente contenido en la sentencia de 31 de marzo de 2022 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado 85001-23-33-000-
2017-00068-01, relacionada con la estabilidad laboral reforzada de los servidores
públicos nombrados en provisionalidad en cargos de carrera.
8. Finalmente, manifestó que el Tribunal incurrió en el defecto de decisión sin
motivación, toda vez que el «sustento argumentativo o los motivos para dictar la
sentencia no son relevantes en el caso en concreto, de suerte que puede predicarse
que la decisión no tiene fundamentos jurídicos o fáctico»
2.3. Pretensiones
9. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…)
1 - Solicito comedidamente al HONORABLE CONSEJO DE ESTADO,
se tutele los derechos al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD y
SEGURIDAD JURÍDICA del ICBF vulnerado por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE M.P KATIA ALEXANDRA
DOMINGUEZ, y en tal virtud se deje sin efectos la sentencia No. 71
del 17 de marzo de 2025, por medio de la cual revocó la sentencia
140 del 27 de septiembre de 2021, que declaró nulo el acto
administrativo contenido en la Resolución 10733 del 17 de agosto de
2018, y condenó entre otros al ICBF a pagar salarios y prestaciones
a la actora entre el 12 de octubre de 2018 y la fecha en la que la
demandante fue incluida en nómina de pensionados por parte de
Colpensiones.
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2 – Como consecuencia de lo anterior, se le ORDENE al Despacho
Accionado, PROFERIR una sentencia nueva, donde analice en
conjunto y con apego a la sana crítica de la prueba todas las pruebas
decretadas y practicadas en las oportunidades procesales que
contempla el CPACA, pues se reitera que para la época de emisión
del acto administrativo declarado NULO la señora BEATRIZ
EUGENIA CARDONA BENÍTEZ, no demostró ostentar la calidad de
prepensionable.» (Sic)
2.4. Intervenciones
10. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 15 de mayo
de 2025 a través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca como accionado y al Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Cali,
a la señora Beatriz Cardona Benítez y a todos los demás vinculados al medio de
control previamente referido como terceros interesados en el resultado del proceso.
11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca manifestó que la decisión
objeto de cuestionamiento se encuentra fundamentada en las pruebas válidamente
allegadas al proceso, en los lineamientos jurisprudenciales vigentes y en la
normatividad aplicable al caso concreto.
12. De otra parte, indicó que la acción de tutela no es procedente, toda vez que
la discrepancia de la parte actora radica exclusivamente en la decisión adoptada
porque no comparte las consideraciones expuestas en la sentencia cuestionada.
13. El Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Cali solicitó la
desvinculación del presente proceso porque considera que los hechos que se
alegan como violatorios de derechos fundamentales no se originan en alguna
actuación u omisión por su parte.
14. No se rindieron más informes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
15. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
3.2.1. De la solicitud de desvinculación
16. Sobre el particular, se tiene que si bien el Juzgado Veintiuno Administrativo
del Circuito de Cali, solicita la desvinculación del presente proceso, lo cierto es que
esta Sala no encuentra mérito suficiente para acceder a dicha pretensión, toda vez
que su vinculación como accionado obedeció a que fue quien profirió la decisión de
primera instancia.
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3.2.2. Del defecto de decisión sin motivación
17. La Sala aclara que, si bien en la demanda de tutela se invocó una decisión
sin motivación, lo cierto es que la parte accionante no argumentó de qué manera la
autoridad judicial accionada incurrió en la referida causal específica de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, pues solo se limitó
a señalar de manera genérica una falta de «sustento argumentativo o los motivos
para dictar la sentencia (…) de suerte que puede predicarse que la decisión no tiene
fundamentos jurídicos o fáctico», pero no expuso de manera concreta las razones
por las cuales considera que la decisión cuestionada adolece de tal defecto.
18. Por lo tanto, la Sala considera que dichos reparos no tienen vocación de
prosperidad frente a un estudio de fondo, razón por la que se abstendrá de emitir
pronunciamiento al respecto.
3.2.3. Del defecto procedimental absoluto
19. Sobre el particular, se advierte que, si bien la parte actora manifestó que la
autoridad judicial incurrió en el defecto procedimental absoluto, lo cierto es que los
argumentos son los mismos que expone para el fáctico, por lo que de conocer de
fondo el presente asunto se pronunciará respecto de este último.
3.3. Problema jurídico
20. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la sentencia
del 17 de marzo de 2025, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso e
igualdad, al incurrir en el defecto fáctico y desconocimiento de precedente.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
21. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de
las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
22. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a
los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es
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susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando
desborda los límites que la Carta le impone.
23. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito
garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía
e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
24. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y
por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde que se profirió de la última providencia cuestionada, esto es, el 17
de marzo de 2025 y la interposición de la acción de tutela, es decir, 9 de mayo de
la presente anualidad.
3.3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental del debido
proceso e igualdad como consecuencia de los defectos fáctico y desconocimiento
de precedente, los cuales se encuentran debidamente fundamentados
razonablemente.
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25. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial
26. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional2 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa3, que ocurre cuando el juez niega o valora la
prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y
sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la
misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las
omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la
veracidad de los hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva4, que se presenta generalmente cuando el
juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la
providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
27. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del
juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen
defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos
interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde
determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más
convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»5.
28. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por
el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
3.4.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el asunto
bajo examen
29. La parte accionante sostiene que la decisión objeto de cuestionamiento
adolece de un defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio
allegado al proceso, particularmente hizo referencia al certificado del 22 de agosto
de 2018, expedido por Protección Pensiones y Cesantías.
30. Asimismo, manifiesta que no se valoró el oficio n.°12100- E-2018-382914-
0101 de 2018, por medio del cual solicitó a la señora Cardona Benítez el reporte
actualizado y legible de las semanas cotizadas.
2
Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567
de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
3
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
4
Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
5
Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
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31. Al respecto, se observa que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a
través de la sentencia del 17 de marzo de 2025 indicó:
«(…)
En el presente caso, mediante Resolución 10733 del 17 de agosto de 2018, notificada
el 11 de octubre de 2018, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) terminó
el nombramiento provisional a la demandante, fecha para la cual contaba con 58 años,
pues nació el 9 de abril de 1960, por lo que cumplía con el requisito de la edad mínima
para acceder a la pensión.
En cuanto al número de semanas cotizadas en pensiones, se evidencia en el reporte
expedido por Colpensiones que se aportó con reforma a la demanda, que para el mes
de octubre de 2018 «Fecha de retiro» la actora contaba con un total de 1.177,42
semanas, por lo que le faltaban 122,58 por cotizar al sistema general de seguridad
social en pensiones a fin de obtener el estatus de pensionada.
Es este momento es pertinente señalar que, si bien, con la solicitud de revisión de
estabilidad laboral reforzada elevada por la demandante ante el director de gestión
humana del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, solo se aportó el certificado
de semanas cotizadas emanado de la AFP Protección y se obvió allegar el
reporte respetivo expedido por Colpensiones, si se indicó a la entidad que para ese
momento se encontraba un pleito pendiente que era conocido por el Juzgado 16
Laboral del Circuito de Cali, en el que finalmente se declaró la nulidad del traslado de
régimen de la actora y se ordenó a la Administradora Colombiana de Pensiones
aceptar el regreso de la señora Cardona Benítez al régimen de prima media con
prestación definida, situación que no fue tenida en cuenta por parte del ICBF.
Con base en la decisión anterior, se actualizó el reporte de tiempo cotizado en
pensiones y se logra evidenciar que, a la fecha de terminación de nombramiento
provisional de la demandante en el ICBF, esto es, octubre de 2018, esta contaba con
un total de 1.177, 42 semanas.
(…)»
32. De las transcripciones relacionadas previamente se desprende que la
autoridad judicial accionada sustentó la decisión en un análisis probatorio integral
en consonancia con las reglas de la sana critica, lo que le permitió concluir que en
el presente asunto se debía revocar la decisión que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que se acreditó que
la señora Beatriz Eugenia Cardona Benítez al momento de la terminación del
nombramiento en provisionalidad era sujeto de especial protección constitucional
al ser beneficiaria del fuero estabilidad laboral reforzada dada su condición de pre
pensionada.
33. Sobre el particular, el Tribunal precisó que, si bien con la solicitud de revisión
de estabilidad laboral reforzada elevada por la demandante ante el director de
gestión humana del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, solo se aportó el
certificado de semanas cotizadas emanado de la AFP Protección, lo cierto es que
se le informó a la entidad que para ese momento se encontraba pendiente un
proceso de traslado de régimen de prima media con prestación definida que
cursaba en el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Cali, circunstancia que
desconoció el ICBF al momento de proferir el acto administrativo objeto de censura
en el proceso ordinario.
34. Al respecto, es de advertir que la decisión estuvo fundamentada en las
pruebas efectivamente decretadas y practicada, incluso con la que echa de menos
en la demanda de tutela. De modo que, lo que la Sala observa es una divergencia
en la apreciación de un mismo conjunto de pruebas, lo que no es suficiente para
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estructurar un defecto fáctico en punto de una indebida valoración probatoria,
puesto que para que ello resulte configurado es necesario que el juez de instancia
se separe por completo de los hechos probados, situación que no se muestra
evidente en este asunto.
35. En ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada sustentó la decisión
en un análisis probatorio integral en consonancia con las reglas de la sana crítica,
lo que le permitió concluir que en el presente asunto que la señora Cardona Benítez
demostró que gozaba de estabilidad laboral reforzada al momento en que se dio
por terminado su nombramiento en provisionalidad, hecho que no puede ser
calificado como violatorio de los derechos fundamentales, en respeto de los
principios de autonomía e independencia judicial.
36. Por lo expuesto, se puede observar un análisis íntegro del material probatorio
aportado al proceso a la luz de las reglas de la sana crítica, hecho que no puede
ser calificado como violatorio de los derechos fundamentales, sino respetuoso del
principio de independencia judicial, además que no se advierte que el estudio
realizado por la autoridad judicial sea contraevidente, arbitrario o caprichoso.
37. En ese contexto, se recuerda que el defecto fáctico se configura únicamente
en los eventos en los que se advierta que la valoración de la prueba fue arbitraria
o irracional, y en el caso concreto la argumentación de la providencia es razonable.
38. Por tal razón, no es posible considerar que se presentó un defecto fáctico,
sino que la parte accionante se encuentra inconforme con la interpretación
efectuada por la autoridad judicial accionada, situación que, dada la finalidad
prevista para la tutela, sale de la órbita de competencia del juez constitucional.
39. Al respecto, la Corte Constitucional ha recordado que la autonomía con que
cuenta el juez para valorar la prueba dentro de cierto grado de discrecionalidad,
cuando sus conclusiones están fundadas en una crítica objetiva fundada en la
lógica y en los principios de racionalidad jurídica que deben guiar los
pronunciamientos de la justicia, descarta la posibilidad de calificar su decisión como
violatoria de derechos fundamentales o constitutiva de algún defecto puesto que se
trata, simplemente, de la actividad ejercida de manera razonable al amparo de los
principios constitucionales de autonomía e independencia judicial6.
40. Es necesario recordar que el análisis que le corresponde realizar al juez
constitucional al estudiar la procedencia de tutela contra providencia judicial no es
de corrección sino de validez7, motivo por el cual solo habrá lugar a amparar los
derechos fundamentales en los eventos en los que se advierta que el razonamiento
es arbitrario o caprichoso.
41. En suma, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante
con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales, por las consideraciones expuestas en la
presente providencia.
6
Sentencia T-106 de 2000.
7
Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 6 de mayo de 2021, magistrado ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
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3.5. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
42. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 1896 8, precisó que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están
sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma
forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara
y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».
43. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-
590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte
del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.
44. Respecto del precedente vertical9, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
45. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso10.
46. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación11.
47. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.
3.4.1. Análisis de la presunta configuración del desconocimiento de
precedente
48. La parte accionante señala que la sentencia cuestionada adolece de un
desconocimiento de precedente contenido en la sentencia de 31 de marzo de 2022
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado
85001-23-33-000- 2017-00068-01.
49. Sin embargo, para la Sala no se encuentra configurado dicho defecto, pues,
8
Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
9
Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
10
Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
11
Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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si bien la providencia que se alega como desconocida aborda el estudio de
estabilidad laboral reforzada de los servidores públicos nombrados en
provisionalidad en cargos de carrera, lo cierto es que difiere del asunto en cuestión,
en la medida que en la sentencia del 31 de marzo de 2022 no se encontraba en
discusión la condición de pre pensionado porque la desvinculación laboral se dio
en el marco del concurso de méritos adelantado por la entidad en cumplimiento de
una orden judicial.
50. Así las cosas, por lo expuesto no es factible entender que se incurrió en un
desconocimiento de precedente y, menos aún, en una decisión arbitraria o
caprichosa, pues, lo que se observa es un simple desacuerdo de la parte accionante
con la conclusión a la que llegó la autoridad judicial accionada, que no conlleva la
transgresión de derechos fundamentales.
51. Por lo anterior, procederá la Sala negar el amparo, en la medida que no se
acreditaron los defectos deprecados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el Juzgado Veintiuno
Administrativo del Circuito de Cali, de conformidad con las consideraciones
anteriormente expuestas.
Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar Regional del Valle del Cauca, de acuerdo con
los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
www.consejodeestado.gov.co 10
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
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